Septiembre 9 de 2003
Señor Comandante de las Fuerzas Militares, G. Jorge Enrique Mora Rangel,
Señor Presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez,
Señor Vicepresidente de Colombia, Francisco Santos,
Opinión Pública
Complementando mi derecho de petición del 26 de Agosto de este año
del cual aún no he obtenido respuesta y acudiendo nuevamente al derecho de
petición establecido en el artículo 23 de la Constitución Política de
Colombia, escribo para solicitarles humildemente:
-
Me aclaren los conflictos entre la transcripción recibida de
la rueda de prensa del 20 de Agosto sobre comunidades del Cacarica
y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz1 con otras fuentes
de información, como describo a continuación.
- De resultar falsa la información suministrada en la rueda de prensa,
por el derecho al buen nombre que se haga una rectificación con
el mismo despliegue y por los mismos medios en los que se difundió la
noticia original2
o de ya exisitir tal rectificación que
se me informe dónde ha sido publicada.
- Aprovecho para reiterar el derecho al buen nombre, y solicito
nuevamente respuesta a esta carta de Febrero 26 de 2003:
http://geocities.datacellar.net/v-tamara/cartas/uvelez-26feb2003.txt
En la rueda de prensa del 21 de Agosto la abogada habría dicho:
``tenemos pruebas documentales, pruebas de video, fotográficas, testimonios
que no son meras especulaciones como las que acostumbra a hacer justicia y
paz contra el estado y contra las entidades privadas que nos han apoyado y
que han venido trabajando con nosotros en denunciar los hechos por las
verdaderas violaciones de derechos humanos.''
En cuanto a las entidades privadas que los han apoyado solicito se me
informe a cuales se hace referencia. Podría tratarse de Maderas del Darién o de
Urapalma S.A. La primera se ha venido aprovechado ilegalmente las
reservas forestales de la cuenca del Cacarica con apoyo de paramilitares
y posiblemente de miembros del ejército:
-
Como lo han denunciado los habitantes del Cacarica (ver comunicados
``A los humanos del mundo'') y comunicados de Justicia y Paz. Por ejemplo
en el Informe Ejecutivo 25 de 2003 de la Comisión Intereclesial de
Justicia y Paz dice:
``El oficial del ejército el Teniente GARCÍA, encargado de Derechos Humanos,
expresó a varios pobladores que se encontraban allí: ...
Nosotros necesitamos abrir y destaponar el río. Nosotros podemos ayudar,
si ustedes quieren. De todos modos vamos a llamar a la Empresa Maderas del
Darién, nosotros necesitamos el río abierto''
- Como se describe en detalle en el informe de la defensoría del pueblo
``Explotación de madera en el Bajo Atrato - Amicus Curiae''
de Agosto de 2002
``A lo largo de este documento se evidenciará como la explotación
forestal que, durante varios años, se viene realizando en el Bajo
Atrato por parte de la Empresa Maderas del Daríen, del
Consejo Menor de Balsita, de la Cooperativa Dios Proveerá y de
algunos miembros de la comunidad desconoce las normas constitucionales
y legales y los compromisos asumidos por
el Estado colombiano en lo referente a la protección del medio ambiente,
los recursos naturales y la diversidad étnica y cultural del país.''
- Explotación por la que la Procuraduría General de la Nación
sancionaría a miembros de
Codechoco en Diciembre de 2002, confirmando el fallo el 22 de agosto de 2003.
Por su parte Urapalma S.A está sembrando palma también ilegalmente en el
territorio titulado colectivamente a los habitantes del Jiguamiandó,
como lo confirman las medidas provisionales solicitadas por
la Comisión interamericana de derechos humanos al estado
colombiano el 6 de Marzo de 2003
(ver numeral 2.e de las medidas provicionales)
y el informe de la defensoria (ver páginas 52 a 54).
Durante la rueda de prensa la abogada también diría:
``Entrando ya para hablar de lo de la pérdida del dinero
el estado colombiano a través de la caja agraria en
1999 firma un contrato con justicia y paz quien era
contratista y quien era la encargada de ejecutar y de
responder por estos dineros para un proyecto de
vivienda, se da un primer desembolso de 450 millones
el cual prácticamente se perdió todo porque no se
hicieron las casas el resultado fue mínimo, en el
peritazgo que se hace para evaluar se dice que hay mas
o menos 20 casas terminadas que son casas en madera y
que el valor de cada una es de 300 a 400 mil pesos,
hagan ustedes mismos la cuenta, prácticamente es un
proyecto de autoconstrucción, donde la comunidad es la
que construye y la que pone la madera, lo único que se
compro con los 450 millones fue zinc, clavos y otros
elementos que no alcanza a sumar yo creo que ni los 50
ni los 100 millones de pesos, o sea que estamos
hablando de mas de 400 millones de pesos perdidos en
manos de justicia y paz, sobre todas estas denuncias
ya hay procesos en la fiscalía que están a punto de
dar resultados ya a su debido tiempo estaremos
transmitiendo cuáles son los resultados de esta
investigación.''
Sobre este punto aún espero respuesta a un derecho de petición
en el que solicite información a la Red de Solidaridad Social el 28 de Agosto
de este año
y una solicitud al Banco Agrario del 8 de Septiembre.
Por el momento sólo cito las respuesta a esta denuncia de:
-
los habitantes del Cacarica en su comunicado
``A los
humanos del mundo 193'' (Julio 17 de 2003)
- y de los representantes legales de Justicia y Paz adjunta
a un Informe
Ejecutivo de Septiembre 6 de 2003:
Las dificultades de ejecución por las razones expuestas, llevaron al
Comité Operativo a proponer la liquidación del proyecto, a pesar de
haberse recibido solamente la mitad de lo prometido por el gobierno,
con el fin de rediseñar el proyecto teniendo en cuenta las dificultades
encontradas. En abril de 2001 el proyecto se había ejecutado, en cifras
globales, así: 223 millones en el contrato de materiales; 27 millones en
mano de obra de las comunidades; 81.6 millones en adquisición de
insumos; 33.2 millones en dirección de la obra y 69.5 millones en
interventoría. Tanto el Banco Agrario como la Red de Solidaridad Social
participaron en todas las decisiones y tienen en su poder todos
los documentos, actas y cuentas. Recientemente han manifestado estar
"tranquilos" y abiertos a cualquier escrutinio.
Deseo destacar que de acuerdo a un boletín de enfoque poblacional de la Red de
Solidaridad Social, la comisión intereclesial de Justicia y Paz ha dado
resultados positivos en trabajo conjunto con esa entidad del gobierno.
La abogada también diría:
``Respecto a las violaciones de derechos humanos y de
nuestra constitución ellos han creado en estos
asentamientos o comunidades de paz prácticamente
paraestado, ellos mismos se gobiernan tienen su
normatividad y sus principios para coordinar y para
legislar entre ellos, no respetan las instituciones
estatales, no respetan el ejército, la fiscalía, no
respetan a los entes descentralizados como la alcaldía
de Río Sucio y por el contrario lanzan acusaciones
indiscriminadamente y a todos los denuncian por
vínculos con las autodefensas,
No se trata de paraestados sino de comunidades inicialmente
desplazadas por acción directa e indirecta de la fuerza pública.
Para su retorno pactaron con las autoridades (como consta en
la página 47 del informe de la defensoría del pueblo antes
citado):
-
``El compromiso de las fuerzas militares de garantizar la seguridad
en la región y de controlar el río Atrato, absteniéndose de realizar
operativos en los asentamientos y en las zonas dedicadas a los cultivos de
pancoger;
- ``El compromiso asumido por los integrantes de la comunidad de no ser
parte del confilcto armado, a través de códgios éticos de conducta en los que,
en ejercicio de su autonomía como población civil, se abstienen de participar
directa o indirectamente en las acciones de los grupos armados.
- ``El acompañamiento de la Iglesia Católica, ONG nacionales y organismo
internacionales y
- ``La presencia permanente de instituciones civiles del Estado
(Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la Nación y Procuraduría
General de la Nación), mediante la conformación de una Casa de la Justicia.''
Como se lee obviamente si respetan las autoridades del estado (aún
cuando hasta donde sé, en el momento de este escrito sólo tiene presencia
permanente de una delegada de la defensoría del pueblo).
En cuanto a principios, efectivamente tienen 5, como ellos mismos expresan en
``Humanos del mundo 159''
``también construímos nuestro PROYECTO DE VIDA el cual está compuesto por
5 principios que son la Verdad, la Libertad, la Justicia, la Solidaridad y
la Fraternidad, proyecto a través del cual expresamos nuestro deseo de ser
una comunidad de Autodeterminación (nosotros y nadie más hará la historia
que nos corresponde vivir y hacer), una comunidad de Vida (nosotros
respetaremos la vida, la nuestra y la de la naturaleza) y una comunidad de
Dignidad (todos nosotras y nosotros sujetos de una historia donde todos
seamos reconocidos).''
principios que personalmente encuentro compatibles con mi fe en
Jesús, y principios que en mi humilde opinión los habitantes
de estas zonas humanitarias han podido mantener.
La abogada también habría dicho:
``no los dejan entrar a
los asentamientos sin un permiso previo y sin que les
cuenten a que va a ir y si no simplemente los sacan,
esto lo queremos denunciar porque nos duele, somos
colombianos y aquí no hay territorio vedado en este
país, aquí las autoridades tanto judiciales, militares
y administrativas pueden entrar perfectamente sin
pedirle permiso a nadie''
opinión contraria al artículo 12 de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos:
``Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia,
su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación.
Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales
injerencias o ataques.''
y al artículo 28 de la Constitución Política de Colombia:
``Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia,
ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado,
sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente,
con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.
...''
Personalmente tampoco deseo que alguien entre a mi domicilio sin
mi permiso o sin orden judicial (aún cuando sea el Presidente o
cualquier otro funcionario público).
La abogada habría complementado
``y perdón, queremos aprovechar
para hacerle un llamado al presidente para que realice
uno de los consejos comunitarios en la cuenca del
Cacarica y obviamente si lo dejan entrar a los
asentamientos porque como no dejan entrar a nadie a
ninguna autoridad por considerarlos actores armados y
que están poniendo en riesgo a todos los habitantes de
los asentamientos, hay que advertirle señor presidente
que tiene que pedir permiso antes de ir y contarles a
los coordinadores de justicia y paz y a los organismos
internacionales que operan en la zona que van a hacer
porque si no le pasa lo que le pasó al ejército en
mayo que ACNUR, la defensoría del pueblo delegada en
la zona y Brigadas de paz junto con justicia y paz y
los coordinadores no los dejaron asistir (...)''
Es falso que no puedan entrar autoridades civiles del gobierno.
Como la misma abogada lo confirma más adelante en su comunicación
hay presencia permanente de una delegada de la defensoría del pueblo.
(o ver por ejemplo página 47 del informe de la defensoría antes
citado)
Además estas zonas han sido visitadas entre muchos otros por:
Entiendo y comparto la renuencia de estas comunidades a aceptar la
entrada de actores armados a sus zonas, en particular a la entrada del
ejército, pues aún están en la impunidad los más de 85 asesinatos
y despariciones (ver ``A los humanos del mundo 196''), las torturas
y el desplazamiento que han sufrido, pudiendo ser responsables en varios casos
miembros del ejercito o paramilitares en complicidad con la fuerza pública.
En cuanto a una visita por parte del presidente de la república, solicito
humildemente cumplir con la visita que los habitantes del Cacarica esperaban
para el 23 de Mayo de este año por parte de representantes de la
Vicepresidencia, Procuraduria General y Ministerio del Interior en el
marco de una ``comisión de evaluación'' (ver
``A los Humanos del Mundo 188'').
La abogada habría concluído su comunicación con:
``También
queremos aprovechar para denunciar que dentro de los
asentamientos hay presencia constante de las milicias
de las FARC, que nunca han sido denunciadas ni
nacional ni internacionalmente por lo tanto los que
están habitando dentro de los asentamientos de
justicia y paz o comunidades de paz corren peligro
porque han sido amenazados constantemente por los
otros actores armados por considerarlos guerrilleros y
esto nunca ha sido denunciado ni por la defensora
delegada que permanece en los asentamientos ni por los
organismos internacionales que viven constantemente
ahí y se dan cuenta de la presencia constante de las
milicias de las FARC.''
Acusación que entra en contradicción con:
-
el proceso de estas comunidades (parcialmente consignado en
documentos de la Red de Solidaridad Social, de la Defensoría del Pueblo,
por comunicados de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y por los
propios actores en sus comunicados ``A los humanos del mundo''),
- la autosuficiencia que estas comunidades han logrado,
- sus propuestas educativas y los principios que viven,
- las visitas de varios funcionarios del
gobierno y la precencia continua de cuerpos internacionales de paz
(Brigadas Internacionales de Paz) y de la defensora delegada permanente.
Al respecto, adjunto el comunicado 869 de la Defensoría del Pueblo.
Me preguntó porque no he recibido respuesta a mi derecho de
petición del 26 de Agosto, ni al del 28 de Agosto enviado a la
Red de Solidaridad Social, ni a muchas de las cartas que he
enviado a funcionarios públicos:
http://geocities.datacellar.net/v-tamara/cartas
Me entristece haber encontrado contradicciones practicamente entre todas
las acusaciones hechas durante la rueda de prensa y documentos oficiales.
Me decepciona comprobar como funcionarios públicos están desprestigiando
el buen nombre de una comunidad de campesinos y de una
organización que los ha acompañado.
Me preocupa saber que las acusaciones levantadas contra CAVIDA y contra
la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (falsas hasta donde he
logrado comprobar), están poniendo en riesgo a estos hermanos en Cristo.
Aunque a diario me equivoco, no puedo hacer otra cosa que pedirles una
vez más, acudiendo a mi fe en Jesús: RESPETO y VERDAD. De acuerdo a mi fe
(que me parece es compartida por los destinatarios de esta carta) la
verdad es Dios y cualquier mentira es contraria a Él.
Un colombiano que quiere la paz de Dios
Vladimir Támara Patiño
Comunicado 869 de la Defensoría del Pueblo, disponible en:
http://www.defensoria.org.co/base_level2.php?Pageinfo=base_com§ion=comunicados&com=869
Bogotá, D.C., 21 de Agosto de 2003
Defensoría está haciendo presencia en asentamientos de familias
desplazadas
Defensoría pide poner fin a estigmatización de comunidades
desplazadas de la Cuenca del Cacarica, en Chocó
La Defensoría del Pueblo solicita al Gobierno Nacional garantizar la
seguridad de las comunidades desplazadas de la cuenca del Cacarica,
agrupadas en la organización comunitaria CAVIDA, quienes en 1999,
luego de permanecer dos años en el coliseo de Turbo y en la hacienda
El Cacique, en Bahía Cupica (Chocó) retornaron a su territorio,
previo acuerdos entre el Gobierno nacional y la comunidad, y el
acompañamiento de una Comisión Mixta de Verificación.
Debido a la persistencia en la región de los factores que originaron
el desplazamiento en 1997 (Autodefensas Campesinas de Córdoba y
Urabá y guerrilla de las Farc), las comunidades agrupadas en el
proceso CAVIDA decidieron voluntariamente conformar dos
asentamientos Esperanza en Dios y Nueva Vida , en donde
construyeron, a su alrededor, una cerca de alambre de púas para
evitar el ingreso de los actores armados a sus zonas de habitación y
cultivo, definidas como zonas humanitarias.
Dentro de los acuerdos contemplados por el Gobierno, las comunidades
y la Comisión Mixta de Verificación estaba la construcción de
viviendas, un proyecto productivo, el destaponamiento de los caños y
la presencia permanente de la Defensoría del Pueblo como parte de un
esquema integral de protección. La mayoría de estos proyectos han
sido ejecutados con recursos del Presupuesto Nacional y supervisados
por la Red de Solidaridad Social, el Ministerio de Transporte y el
Banco Agrario, entre otros.
Asimismo, tales familias optaron por acoger un reglamento interno de
convivencia en el que establecen permanecer al margen del conflicto
armado, y no dialogar con ninguno de los actores en confrontación.
No obstante, las recientes declaraciones del comandante del
Ejército, general Jorge Enrique Mora, según las cuales estos
asentamientos son centros de concentración de las Farc, preocupan a
la Defensoría del Pueblo por cuanto no corresponden a la realidad y,
por el contrario, podrían poner en riesgo a las comunidades que allí
habitan.
Las entidades gubernamentales que hacen parte de la Comisión Mixta
(Programa Presidencial de Derechos Humanos, Ministerio del Interior,
Red de Solidaridad Social, Defensoría del Pueblo, Procuraduría
General de la Nación, representantes de entidades internacionales y
ONG s, entre otras), han visitado en varias oportunidades tales
asentamientos, conocen la situación de sus habitantes y pueden
corroborar los compromisos adquiridos por las diferentes entidades
del Gobierno y por la propia comunidad.
Aunque algunas de las personas desplazadas en 1997 no se agruparon
en CAVIDA sino que se encuentran aún en Turbo, mientras que otras
retornaron por su propia voluntad, éstas últimas no hicieron parte
del proceso de las comunidades asentadas en Esperanza en Dios y
Nueva Vida , lo cual generó una división entre ellas debido a que la
ayuda estatal solo se encaminó a las familias de la organización
comunitaria CAVIDA.
La Defensoría formula un llamado al Gobierno Nacional para que
facilite un acercamiento entre ambos grupos de desplazados y
propicie las condiciones de seguridad que permitan a estas
comunidades vivir en un mismo territorio, en medio de la convivencia
pacífica.
Defensoría del Pueblo
Oficina de prensa
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Bogotá D.C. - Colombia
- 1
- Transcripción
que adjunte a mi carta del 26 de Agosto.
- 2
- De acuerdo al comunicado que adjunté a
mi carta del 26 de Agosto: Caracol Radio, Caracol Televisión,
RCN Radio, RCN Televisión, CMI, Noticias Uno, El Colombiano, La FM Radio.
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