Septiembre 9 de 2003


Señor Comandante de las Fuerzas Militares, G. Jorge Enrique Mora Rangel,
Señor Presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez,
Señor Vicepresidente de Colombia, Francisco Santos,
Opinión Pública


Complementando mi derecho de petición del 26 de Agosto de este año del cual aún no he obtenido respuesta y acudiendo nuevamente al derecho de petición establecido en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, escribo para solicitarles humildemente:
  1. Me aclaren los conflictos entre la transcripción recibida de la rueda de prensa del 20 de Agosto sobre comunidades del Cacarica y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz1 con otras fuentes de información, como describo a continuación.
  2. De resultar falsa la información suministrada en la rueda de prensa, por el derecho al buen nombre que se haga una rectificación con el mismo despliegue y por los mismos medios en los que se difundió la noticia original2 o de ya exisitir tal rectificación que se me informe dónde ha sido publicada.
  3. Aprovecho para reiterar el derecho al buen nombre, y solicito nuevamente respuesta a esta carta de Febrero 26 de 2003:
    http://geocities.datacellar.net/v-tamara/cartas/uvelez-26feb2003.txt
En la rueda de prensa del 21 de Agosto la abogada habría dicho:
``tenemos pruebas documentales, pruebas de video, fotográficas, testimonios que no son meras especulaciones como las que acostumbra a hacer justicia y paz contra el estado y contra las entidades privadas que nos han apoyado y que han venido trabajando con nosotros en denunciar los hechos por las verdaderas violaciones de derechos humanos.''
En cuanto a las entidades privadas que los han apoyado solicito se me informe a cuales se hace referencia. Podría tratarse de Maderas del Darién o de Urapalma S.A. La primera se ha venido aprovechado ilegalmente las reservas forestales de la cuenca del Cacarica con apoyo de paramilitares y posiblemente de miembros del ejército: Por su parte Urapalma S.A está sembrando palma también ilegalmente en el territorio titulado colectivamente a los habitantes del Jiguamiandó, como lo confirman las medidas provisionales solicitadas por la Comisión interamericana de derechos humanos al estado colombiano el 6 de Marzo de 2003 (ver numeral 2.e de las medidas provicionales) y el informe de la defensoria (ver páginas 52 a 54).

Durante la rueda de prensa la abogada también diría:
``Entrando ya para hablar de lo de la pérdida del dinero el estado colombiano a través de la caja agraria en 1999 firma un contrato con justicia y paz quien era contratista y quien era la encargada de ejecutar y de responder por estos dineros para un proyecto de vivienda, se da un primer desembolso de 450 millones el cual prácticamente se perdió todo porque no se hicieron las casas el resultado fue mínimo, en el peritazgo que se hace para evaluar se dice que hay mas o menos 20 casas terminadas que son casas en madera y que el valor de cada una es de 300 a 400 mil pesos, hagan ustedes mismos la cuenta, prácticamente es un proyecto de autoconstrucción, donde la comunidad es la que construye y la que pone la madera, lo único que se compro con los 450 millones fue zinc, clavos y otros elementos que no alcanza a sumar yo creo que ni los 50 ni los 100 millones de pesos, o sea que estamos hablando de mas de 400 millones de pesos perdidos en manos de justicia y paz, sobre todas estas denuncias ya hay procesos en la fiscalía que están a punto de dar resultados ya a su debido tiempo estaremos transmitiendo cuáles son los resultados de esta investigación.''
Sobre este punto aún espero respuesta a un derecho de petición en el que solicite información a la Red de Solidaridad Social el 28 de Agosto de este año y una solicitud al Banco Agrario del 8 de Septiembre.

Por el momento sólo cito las respuesta a esta denuncia de: Deseo destacar que de acuerdo a un boletín de enfoque poblacional de la Red de Solidaridad Social, la comisión intereclesial de Justicia y Paz ha dado resultados positivos en trabajo conjunto con esa entidad del gobierno.

La abogada también diría:
``Respecto a las violaciones de derechos humanos y de nuestra constitución ellos han creado en estos asentamientos o comunidades de paz prácticamente paraestado, ellos mismos se gobiernan tienen su normatividad y sus principios para coordinar y para legislar entre ellos, no respetan las instituciones estatales, no respetan el ejército, la fiscalía, no respetan a los entes descentralizados como la alcaldía de Río Sucio y por el contrario lanzan acusaciones indiscriminadamente y a todos los denuncian por vínculos con las autodefensas,
No se trata de paraestados sino de comunidades inicialmente desplazadas por acción directa e indirecta de la fuerza pública. Para su retorno pactaron con las autoridades (como consta en la página 47 del informe de la defensoría del pueblo antes citado):
  1. ``El compromiso de las fuerzas militares de garantizar la seguridad en la región y de controlar el río Atrato, absteniéndose de realizar operativos en los asentamientos y en las zonas dedicadas a los cultivos de pancoger;
  2. ``El compromiso asumido por los integrantes de la comunidad de no ser parte del confilcto armado, a través de códgios éticos de conducta en los que, en ejercicio de su autonomía como población civil, se abstienen de participar directa o indirectamente en las acciones de los grupos armados.
  3. ``El acompañamiento de la Iglesia Católica, ONG nacionales y organismo internacionales y
  4. ``La presencia permanente de instituciones civiles del Estado (Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la Nación y Procuraduría General de la Nación), mediante la conformación de una Casa de la Justicia.''
Como se lee obviamente si respetan las autoridades del estado (aún cuando hasta donde sé, en el momento de este escrito sólo tiene presencia permanente de una delegada de la defensoría del pueblo).

En cuanto a principios, efectivamente tienen 5, como ellos mismos expresan en ``Humanos del mundo 159''
``también construímos nuestro PROYECTO DE VIDA el cual está compuesto por 5 principios que son la Verdad, la Libertad, la Justicia, la Solidaridad y la Fraternidad, proyecto a través del cual expresamos nuestro deseo de ser una comunidad de Autodeterminación (nosotros y nadie más hará la historia que nos corresponde vivir y hacer), una comunidad de Vida (nosotros respetaremos la vida, la nuestra y la de la naturaleza) y una comunidad de Dignidad (todos nosotras y nosotros sujetos de una historia donde todos seamos reconocidos).''
principios que personalmente encuentro compatibles con mi fe en Jesús, y principios que en mi humilde opinión los habitantes de estas zonas humanitarias han podido mantener.

La abogada también habría dicho:
``no los dejan entrar a los asentamientos sin un permiso previo y sin que les cuenten a que va a ir y si no simplemente los sacan, esto lo queremos denunciar porque nos duele, somos colombianos y aquí no hay territorio vedado en este país, aquí las autoridades tanto judiciales, militares y administrativas pueden entrar perfectamente sin pedirle permiso a nadie''
opinión contraria al artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos:
``Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.''
y al artículo 28 de la Constitución Política de Colombia:
``Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. ...''
Personalmente tampoco deseo que alguien entre a mi domicilio sin mi permiso o sin orden judicial (aún cuando sea el Presidente o cualquier otro funcionario público).

La abogada habría complementado
``y perdón, queremos aprovechar para hacerle un llamado al presidente para que realice uno de los consejos comunitarios en la cuenca del Cacarica y obviamente si lo dejan entrar a los asentamientos porque como no dejan entrar a nadie a ninguna autoridad por considerarlos actores armados y que están poniendo en riesgo a todos los habitantes de los asentamientos, hay que advertirle señor presidente que tiene que pedir permiso antes de ir y contarles a los coordinadores de justicia y paz y a los organismos internacionales que operan en la zona que van a hacer porque si no le pasa lo que le pasó al ejército en mayo que ACNUR, la defensoría del pueblo delegada en la zona y Brigadas de paz junto con justicia y paz y los coordinadores no los dejaron asistir (...)''
Es falso que no puedan entrar autoridades civiles del gobierno. Como la misma abogada lo confirma más adelante en su comunicación hay presencia permanente de una delegada de la defensoría del pueblo. (o ver por ejemplo página 47 del informe de la defensoría antes citado)

Además estas zonas han sido visitadas entre muchos otros por: Entiendo y comparto la renuencia de estas comunidades a aceptar la entrada de actores armados a sus zonas, en particular a la entrada del ejército, pues aún están en la impunidad los más de 85 asesinatos y despariciones (ver ``A los humanos del mundo 196''), las torturas y el desplazamiento que han sufrido, pudiendo ser responsables en varios casos miembros del ejercito o paramilitares en complicidad con la fuerza pública.

En cuanto a una visita por parte del presidente de la república, solicito humildemente cumplir con la visita que los habitantes del Cacarica esperaban para el 23 de Mayo de este año por parte de representantes de la Vicepresidencia, Procuraduria General y Ministerio del Interior en el marco de una ``comisión de evaluación'' (ver ``A los Humanos del Mundo 188'').

La abogada habría concluído su comunicación con:
``También queremos aprovechar para denunciar que dentro de los asentamientos hay presencia constante de las milicias de las FARC, que nunca han sido denunciadas ni nacional ni internacionalmente por lo tanto los que están habitando dentro de los asentamientos de justicia y paz o comunidades de paz corren peligro porque han sido amenazados constantemente por los otros actores armados por considerarlos guerrilleros y esto nunca ha sido denunciado ni por la defensora delegada que permanece en los asentamientos ni por los organismos internacionales que viven constantemente ahí y se dan cuenta de la presencia constante de las milicias de las FARC.''
Acusación que entra en contradicción con: Al respecto, adjunto el comunicado 869 de la Defensoría del Pueblo.

Me preguntó porque no he recibido respuesta a mi derecho de petición del 26 de Agosto, ni al del 28 de Agosto enviado a la Red de Solidaridad Social, ni a muchas de las cartas que he enviado a funcionarios públicos:
http://geocities.datacellar.net/v-tamara/cartas

Me entristece haber encontrado contradicciones practicamente entre todas las acusaciones hechas durante la rueda de prensa y documentos oficiales. Me decepciona comprobar como funcionarios públicos están desprestigiando el buen nombre de una comunidad de campesinos y de una organización que los ha acompañado. Me preocupa saber que las acusaciones levantadas contra CAVIDA y contra la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (falsas hasta donde he logrado comprobar), están poniendo en riesgo a estos hermanos en Cristo.

Aunque a diario me equivoco, no puedo hacer otra cosa que pedirles una vez más, acudiendo a mi fe en Jesús: RESPETO y VERDAD. De acuerdo a mi fe (que me parece es compartida por los destinatarios de esta carta) la verdad es Dios y cualquier mentira es contraria a Él.

Un colombiano que quiere la paz de Dios

Vladimir Támara Patiño


Comunicado 869 de la Defensoría del Pueblo, disponible en:
http://www.defensoria.org.co/base_level2.php?Pageinfo=base_com&section=comunicados&com=869

Bogotá, D.C., 21 de Agosto de 2003

Defensoría está haciendo presencia en asentamientos de familias desplazadas Defensoría pide poner fin a estigmatización de comunidades desplazadas de la Cuenca del Cacarica, en Chocó

La Defensoría del Pueblo solicita al Gobierno Nacional garantizar la seguridad de las comunidades desplazadas de la cuenca del Cacarica, agrupadas en la organización comunitaria CAVIDA, quienes en 1999, luego de permanecer dos años en el coliseo de Turbo y en la hacienda El Cacique, en Bahía Cupica (Chocó) retornaron a su territorio, previo acuerdos entre el Gobierno nacional y la comunidad, y el acompañamiento de una Comisión Mixta de Verificación.

Debido a la persistencia en la región de los factores que originaron el desplazamiento en 1997 (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y guerrilla de las Farc), las comunidades agrupadas en el proceso CAVIDA decidieron voluntariamente conformar dos asentamientos Esperanza en Dios y Nueva Vida , en donde construyeron, a su alrededor, una cerca de alambre de púas para evitar el ingreso de los actores armados a sus zonas de habitación y cultivo, definidas como zonas humanitarias.

Dentro de los acuerdos contemplados por el Gobierno, las comunidades y la Comisión Mixta de Verificación estaba la construcción de viviendas, un proyecto productivo, el destaponamiento de los caños y la presencia permanente de la Defensoría del Pueblo como parte de un esquema integral de protección. La mayoría de estos proyectos han sido ejecutados con recursos del Presupuesto Nacional y supervisados por la Red de Solidaridad Social, el Ministerio de Transporte y el Banco Agrario, entre otros.

Asimismo, tales familias optaron por acoger un reglamento interno de convivencia en el que establecen permanecer al margen del conflicto armado, y no dialogar con ninguno de los actores en confrontación. No obstante, las recientes declaraciones del comandante del Ejército, general Jorge Enrique Mora, según las cuales estos asentamientos son centros de concentración de las Farc, preocupan a la Defensoría del Pueblo por cuanto no corresponden a la realidad y, por el contrario, podrían poner en riesgo a las comunidades que allí habitan.

Las entidades gubernamentales que hacen parte de la Comisión Mixta (Programa Presidencial de Derechos Humanos, Ministerio del Interior, Red de Solidaridad Social, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, representantes de entidades internacionales y ONG s, entre otras), han visitado en varias oportunidades tales asentamientos, conocen la situación de sus habitantes y pueden corroborar los compromisos adquiridos por las diferentes entidades del Gobierno y por la propia comunidad.

Aunque algunas de las personas desplazadas en 1997 no se agruparon en CAVIDA sino que se encuentran aún en Turbo, mientras que otras retornaron por su propia voluntad, éstas últimas no hicieron parte del proceso de las comunidades asentadas en Esperanza en Dios y Nueva Vida , lo cual generó una división entre ellas debido a que la ayuda estatal solo se encaminó a las familias de la organización comunitaria CAVIDA.

La Defensoría formula un llamado al Gobierno Nacional para que facilite un acercamiento entre ambos grupos de desplazados y propicie las condiciones de seguridad que permitan a estas comunidades vivir en un mismo territorio, en medio de la convivencia pacífica.

Defensoría del Pueblo
Oficina de prensa
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Fax. 6915100

Internet: www.defensoria.org.co
correo electrónico: algarcia@defensoria.org.co
Bogotá D.C. - Colombia

1
Transcripción que adjunte a mi carta del 26 de Agosto.
2
De acuerdo al comunicado que adjunté a mi carta del 26 de Agosto: Caracol Radio, Caracol Televisión, RCN Radio, RCN Televisión, CMI, Noticias Uno, El Colombiano, La FM Radio.

This document was translated from LATEX by HEVEA.
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