La tesis de Castillo es que lo que realmente impide la democracia en la Iglesia es su organización. "Los problemas no provienen de que la Fe esté mal planteada, sino de que el ejercicio del poder eclesiástico funciona en contradicción con el Evangelio", dijo. Las consecuencias del modelo organizativo autoritario -el poder inapelable del Papa consagrado por el Código Canónico- es que "la Iglesia entera depende de un solo hombre" y, por tanto, "está organizada como una monarquía absoluta" en la que los obispos, cuya "condición indispensable es que sean hombres sumisos", tienen inevitablemente "la tentación de atender más a lo que interesa en Roma que a lo que interesa y necesita el pueblo". "Por eso la autoridad eclesiástica mantiene una postura intransigente en aquellos condicionantes de la vida de una persona que favorecen el sometimiento: dependencia económica y control de su sexualidad".

Castillo subrayó también que "una organización así tiende a ser androcéntrica y machista", y que "crece, por días, no sólo el éxodo de los que abandonan, sino el clamor de los que protestan".

 

Un millar de teólogos afirma que el despido de profesores viola la Constitución

Fraga declara que el derecho de los obispos 'no tiene discusión'
JUAN G. BEDOYA | Madrid
La voz de 1.200 teólogos católicos, procedentes en su mayoría de organizaciones eclesiales de base, se alzó ayer con severidad contra los obispos por su actitud 'inconstitucional' e 'intolerante' al no renovar los contratos a varias profesoras de religión. Por su parte, el portavoz oficial del PP, Rafael Hernando, dijo que respeta, pero no comparte, el comportamiento episcopal, y Fraga aseguró que el derecho de los prelados 'no tiene discusión'.

La declaración aprobada por el 21º Congreso de Teología de la Asociación Juan XXIII, que preside Enrique Miret Magdalena y ha reunido esta semana en Madrid a casi 1.300 teólogos y teólogas para debatir sobre Democracia y pluralismo en la sociedad y en las iglesias, reclama la revisión de los acuerdos del Estado español con el de la Ciudad del Vaticano, especialmente el relativo a la educación, que se considera 'inconstitucional' porque, para empezar, la no renovación de contratos a 'profesores de religión que vienen ejerciendo la docencia de dicha disciplina en colegios públicos desde hace varios años' les parece 'una violación de derechos fundamentales de la persona, reconocidos en la Constitución'.

El congreso de teólogos termina mañana con una declaración de conclusiones, pero ayer decidió dirigirse en un manifiesto de 42 líneas 'a la opinión pública y ante la comunidad cristiana' para proclamar que la actitud de los obispos con las profesoras despedidas en Almería, Málaga y Canarias 'limita el ejercicio del derecho a casarse libremente conforme a la legislación española vigente', 'atenta contra la igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanas', y 'constituye una injerencia en la vida privada de las profesoras y los profesores de religión y una violación de su intimidad'.

Los teólogos creen, además, que la actitud de la jerarquía 'transgrede la legislación laboral española común' porque 'vulnera el derecho a la estabilidad en el trabajo, garantizada en nuestras leyes laborales' y porque 'propicia el ejercicio de prácticas arbitrarias'.

Permanente inseguridad

La declaración cita más tarde las cláusulas de los contratos de los profesores de religión en centros públicos en que basa sus juicios, como la cláusula sexta ['la duración máxima del contrato será la del curso escolar y se extenderá desde el 1 de enero al 31 de agosto, en que quedará resuelto, sin necesidad de denuncia o preaviso'], y la séptima ['no obstante lo previsto en la cláusula anterior, el contrato se extinguirá a propuesta de la confesión religiosa cuando, según criterio de la misma, el trabajador haya dejado de reunir los requisitos de idoneidad que motivaron su contratación'], antes de concluir que [estas cláusulas] 'generan una permanente inseguridad laboral y económica tanto en los profesores de religión como en sus familias, así como inestabilidad en el funcionamiento académico de los centros docentes'. También juzgan 'intolerante y contraria a la actitud comprensiva y acogedora de Jesús hacia todas las personas con las que convivió, y profundamente respetuosa de sus formas de vida' la decisión de los obispos de no renovar el contrato sin alegar causas laborales'.

'Como cristianos y cristianas, ciudadanos y ciudadanas comprometidos en la defensa de los derechos humanos y de su ejercicio pleno en la sociedad y en las Iglesias, pedimos la revisión urgente de los Acuerdos del Estado con la Iglesia católica vigentes, y muy especialmente del Acuerdo en materia de educación, que está siendo utilizado de modo discriminatorio tanto por parte del Gobierno como de la jerarquía para propiciar comportamientos lesivos de los derechos humanos, y se encuentra en la base de las actuaciones de algunos obispos españoles', afirman también.

Las críticas contra los obispos tuvieron ayer una excepción en el presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga, para quien el derecho de los prelados a nombrar o destituir profesores de religión 'no tiene discusión'. En cambio, el portavoz oficial del PP, Rafael Hernando, declaró a Europa Press que su partido respeta la decisión del episcopado, pero no la comparte, y dijo lamentar 'profundamente' la situación en que se encuentran las profesoras por lo que denominó 'un acuerdo interestatal'.