por Marta Alanís

América Latina fue marcada desde su origen por la conquista y colonización por los imperios español y portugués, uno de cuyos elementos indisociables fue la evangelización católica. Sólo una perspectiva feminista empieza a restituir el lugar relevante que en ella cumplió, muy especialmente sobre el cuerpo de las mujeres, la imposición violenta de la moral católica, una moral "de abstención y negación"
La asimilación del sexo a lo pecaminoso, y de las mujeres a ese sexo pecaminoso, la maternidad y la servidumbre como la única redención posible para las mujeres, sustentan la característica y persistente doble moral latinoamericana, que celebra la promiscuidad sexual en el varón y su prepotencia sobre la mujer, obligada en cambio a la fidelidad y a la abnegación.
En las sociedades latinoamericanas, la Iglesia ha mantenido y mantiene un rol de interlocutor privilegiado de los gobiernos, y un destacado protagonismo en las áreas claves de educación, acción social y en todo lo referente a la sexualidad y reproducción a pesar de que en el Concilio Vaticano II se reconoce la libertad religiosa y la separación entre Iglesia y Estado, asumiendo de este modo actitudes que van en contra de sus propias enseñanzas.
En América Latina la cruzada del Vaticano se manifiesta en oposición permanente al aborto, multiplicando los movimientos Pro-Vida. Estos movimientos sostienen posiciones antiabortistas pero extienden su condena a los métodos anticonceptivos no naturales, al divorcio, a las parejas homosexuales, en una defensa a ultranza de la familia tradicional, bajo autoridad masculina, donde la mujer se define ante todo como madre transmisora de esos valores tradicionales.
Una de las principales consecuencia del accionar de estos grupos son los decretos del día del niño por nacer en Argentina durante el gobierno de Menem, que luego se decreta en Nicaragua, Panamá, Guatemala, Costa Rica, Honduras y recientemente en República Dominicana y está en proceso de aprobarse en varios países de la región, entre ellos Perú, haciendo evidente también la alianza de los gobiernos locales con El Vaticano. A excepción de Puerto Rico que legalizó el aborto decidido por la mujer y Cuba que actualizó la ley sobre aborto que databa de 1940, los restantes países latinoamericanos cuentan con legislaciones que datan de comienzos del siglo XX. En ellas el aborto es materia de código penal, y la prohibición que pesa sobre él se suspende sólo en circunstancias extremas: riesgo de vida para la madre, malformaciones del feto, embarazos que resulten de violación o incesto.
Las presiones ejercidas por la Iglesia católica combinadas en muchos casos con los criterios ultraconservadores de las dictaduras militares resultaron en que Colombia, Chile y El Salvador derogaron incluso las disposiciones que habilitaban el aborto terapéutico, de modo que en ellos, lo mismo que en Haití, República Dominicana y Honduras, rige una prohibición absoluta del aborto.
Esto ocurre en una región donde existe una altísima tasa de embarazos no deseados y por consiguiente de abortos clandestinos. Existe también una alta tasa de embarazo y maternidad adolescente.
La mayoría numérica de esos abortos clandestinos se realizan en condiciones sépticas. Se calcula que sobre los cerca de 4 millones de abortos anuales en la región se registran 6.000 muertes. El aborto inducido figura como una de las principales causas de muerte materna: ocupa el primer lugar en Argentina, Paraguay y Chile, el segundo en Colombia y Perú, el tercero en Brasil, Panamá y México.
La mayor parte de los debates sobre aborto en la región parten de la evidencia del grave problema de salud pública que plantean, antes que de los derechos personales de las mujeres. En efecto, se calcula que entre el 10 y el 30 por ciento de las camas de los servicios de ginecología y obstetricia de los hospitales públicos de la región están ocupadas por mujeres que padecen las consecuencias de un aborto realizado en malas condiciones.
En este panorama en América Latina, Católicas por el Derecho a Decidir se propone, en el marco de la lucha por la promoción de los derechos de las mujeres con vistas a una sociedad justa e igualitaria, dar a conocer el derecho a decidir de las mujeres como agentes morales capaces y el derecho a disentir con las posiciones de la Iglesia que no han sido declaradas infalibles, como una opción ética. Defendemos el acceso a métodos anticonceptivos seguros y eficaces y al aborto como expresiones de la libertad de conciencia y como derechos humanos fundamentales de las personas.
Enfatizamos el valor de la libertad de conciencia en las decisiones porque si se actúa bajo coerción no existe libertad y no puede hablarse de responsabilidad moral. Si la libertad moral no existe no existe la posibilidad de la ética. Sólo cuando las personas tienen diferentes opciones y pueden elegir, hay lugar para tomar una decisión ética.
Nos apoyamos en la concepción de Iglesia del Concilio Ecuménico Vaticano II, convocado por Juan XXIII en 1962, entendida no ya como "estructura jerárquica, piramidal y monolítica", sino como "pueblo de Dios, formado por todos los bautizados". . Las mujeres, con sus opiniones y sus prácticas, incluidas las que recurren a anticonceptivos y las que abortan, que en su abrumadora mayoría se reconocen católicas, forman pues parte de ese pueblo de Dios.
Constatamos la fuerza del doble discurso en nuestras sociedades: las mismas personas que recurren a anticonceptivos y aun al aborto, suelen sostener en público un discurso que adhiere a las imposiciones del conservadurismo católico. Sostenemos que la profunda misoginia de la Iglesia no es inherente al Nuevo Testamento, sino resultado del análisis patriarcal. Es esa misoginia, y no la supuesta "defensa de la vida", lo que sostiene la oposición al derecho de las mujeres a una maternidad voluntaria.
La Iglesia intenta imponer al mundo su propia visión de la moral en sexualidad y reproducción, ejerciendo poder y con una visión alejada de los derechos humanos.
Las doctrinas de la iglesia católica cambian. Y hoy luego del Concilio Vaticano II, se considera que la conciencia individual es inviolable y debe ser seguida incluso en los casos de desacuerdo con la enseñanza de la Iglesia. La primacía de la conciencia es, de tal modo central, que debe seguirse aún en casos de amenaza de excomunión. El teólogo Richard McBrien, escribe: "Si después del estudio apropiado, reflexión y la oración, una persona está convencida de que su conciencia está en lo correcto, a pesar de estar en conflicto con las enseñanzas morales de la iglesia, la persona no sólo puede sino que debe seguir lo que le indica su conciencia, en lugar de la doctrina de la Iglesia".
La posición de la Iglesia en relación a temas como sexualidad y reproducción no es monolítica. Existen una gran cantidad de matices. La posición de la jerarquía es una posición más y la que menos consenso tiene entre católicas y católicos.
El escándalo que generaron las recientes denuncias de violaciones a religiosas por parte de sacerdotes en diferentes países del mundo pone al descubierto una vez más la doble moral de la Iglesia: los mismos que predican en los púlpitos en contra el aborto, la anticoncepción y a favor de la familia estable, monogámica, heterosexual y con autoridad masculina, que ven en el condón al peor enemigo, que condenan al infierno a homosexuales y lesbianas, ellos mismos violan a las religiosas, las embarazan y las obligan a abortar.
Desde hace dos décadas las mujeres latinoamericanas y caribeñas nos venimos reuniendo en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos y fue en el V Encuentro Feminista de Latinoamérica y El Caribe realizado en Argentina en 1990 que se declaró al día 28 de Septiembre como jornada de lucha por la despenalización del aborto y desde entonces Católicas por el Derecho a Decidir es parte de "La Campaña 28 de Septiembre".
Apoyamos la despenalización del aborto porque el aborto inseguro es un grave problema de salud pública por su magnitud, debido a que en la mayor parte de nuestros países la legislación es restrictiva y aún en los casos permitidos por la ley los servicios no son accesibles. Se calcula que por cada 1000 mujeres en edad reproductiva (15-49 años) se practican 30 abortos inseguros y se estiman por año 4 millones de abortos inseguros en la región de América Latina y El Caribe. El 21 % de las muertes relacionadas con el embarazo, parto o posparto tienen como causa las complicaciones del aborto inseguro (OMS). Anualmente mueren 6.000 mujeres por complicaciones de aborto practicados en condiciones de riesgo. Se calcula también que por día, por lo menos 2191 mujeres y adolescentes son hospitalizadas en la región debido al aborto inseguro. Una parte importante de la prevención de los abortos inseguros consiste en la prevención del embarazo no deseado.
Apoyamos la despenalización del aborto porque el aborto inseguro es un problema de justicia social. El resultado práctico de las legislaciones restrictivas viola el principio de justicia en términos de equidad, género y estado socioeconómico. La legislación es doblemente restrictiva con las mujeres pobres ya que no sólo deben sortear las dificultades de la clandestinidad sino que asumen los riesgos de la mutilación, el dolor, el rechazo social y el de su propia vida.
Apoyamos la despenalización del aborto porque el derecho al aborto es una cuestión de derechos humanos. "El derecho a la igualdad y la no discriminación, a la autodeterminación, a la vida, a no ser sometido a torturas, a la libertad y seguridad personales, a no ser objeto de injerencias arbitrarias en la vida y la familia, a la libertad de pensamiento, conciencia y religión" (Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)
Apoyamos la despenalización del aborto porque el derecho a la decisión sobre un aborto es una cuestión de democracia. En el caso del aborto se ha comprobado que las legislaciones prohibitivas o restrictivas no reducen el número de abortos y sí incrementan la mortalidad y la morbilidad, a la vez que refuerzan los dictados sobre la minoría moral de las mujeres.
Afirmamos la capacidad moral de las mujeres para tomar decisiones sobre sus vidas y sus destinos, aspirando a una convivencia armoniosa de personas y grupos que no necesariamente tengan los mismos puntos de vista. La maternidad debe comprenderse como expresión de libertad, como decisión voluntaria de la conciencia, del deseo y de la responsabilidad. La maternidad no es concebible racionalmente si se establece por obligación o por equivocación.
Y porque defender la Salud, la Justicia Social, los Derechos Humanos y la Democracia es absolutamente coherente con las enseñanzas católicas y con el Evangelio.

DEBATES EN NACIONES UNIDAS

Durante los años 90 el aborto inseguro fue objeto de grandes debates en Naciones Unidas. A pesar de las tensiones y de las presiones conservadoras, el resultado final fue positivo, con un creciente reconocimiento de la despenalización del aborto como una cuestión legítima de derechos humanos:
• En 1994, en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo realizada en El Cairo, por primera vez en un documento intergubernamental al aborto inseguro se lo reconoce como un problema de salud pública (párrafo 825) haciendo cuatro afirmaciones sobre este tema:
- No debe promoverse el aborto como un método de planificación familiar
- Debería reducirse la incidencia del aborto mediante el acceso a la planificación familiar
- Donde es legal, el aborto debería ser seguro
- Donde es ilegal, deberían tratarse las consecuencias de los abortos ilegales/inseguros.
• En 1995, el documento firmado en la Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing, reafirmó el contenido del artículo 825 de El Cairo, agregando la recomendación de que los países revisasen las leyes que penalizan a las mujeres cuando se someten a abortos ilegales (párrafo 106K);
• En 1999 en la revisión de Cairo+5, el texto aprobado recomienda el entrenamiento de profesionales para atender a las mujeres en los casos en que el aborto sea legal, pese a que aún no se pudo incluir en el documento final la recomendación sobre la revisión de las leyes punitivas;
• En el 2000, el documento final de Beijing +5 incorpora integralmente el texto del párrafo 106 K de la Plataforma de Acción de Beijing, mencionando la necesidad de revisar las leyes que penalizan la práctica del aborto inseguro y recomienda, también, que los gobiernos implementen la indicación acordada en Cairo+5, acerca de que los profesionales sean entrenados y los servicios, equipados debidamente.
• En noviembre del 2000 el Comité Internacional de Derechos Humanos, en oportunidad del análisis de los informes presentados por Argentina y Perú, recomienda a estos Estados que se dicten leyes que permitan el aborto en casos de violación.
El marco que nos brindan los acuerdos internacionales son favorables pero insuficientes para cambiar la realidad de nuestra región. La política, Gag Rule, impide a todas las organizaciones que reciben fondos de los Estados Unidos destinados a la planificación familiar, utilizar sus propios fondos (que no provienen de Estados Unidos) en los siguientes casos:
- La provisión de servicios de aborto
- La consejería sobre aborto
- La remisión de pacientes para aborto
- El lobby a los gobiernos orientado a la legalización o despenalización del aborto.
Esta regla prohibe entregar dinero proveniente de los Estados Unidos a organizaciones que trabajan por la legalización o despenalización del aborto, no prohibe la transferencia de recursos hacia aquellas que luchan en contra del aborto, los grupos fundamentalistas Pro-Vida, haciendo que se fortalezcan todas aquellas actividades que están en contra del derecho a decidir de las mujeres con respecto a su sexualidad, imponiendo una concepción antidemocrática y moralista.
Cada año Estados Unidos entrega 425 millones de dólares para programas de planificación familiar en 52 países, de los cuales en 29 el aborto es legal o es posible en ciertas circunstancias correspondiendo a más del 40% del total de la ayuda de los países ricos a la promoción de la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Estas restricciones significan una reducción concreta que condicionan aún más el limitado cumplimiento de los compromisos acordados en las conferencias internacionales.
La aplicación de las políticas de ajuste estructural, como condición necesaria para la adaptación de este modelo económico neoliberal, implica una reducción de las condiciones y calidad de vida de las grandes mayorías en la región y en el mundo. Las brechas entre los países desarrollados y los del tercer mundo aumenta progresiva y escandalosamente. El 86% de la riqueza está concentrada en el 14% de la población o sea que el 86% de la población solo tiene el 14% de la riqueza y si a estas cifras le aplicamos una mirada de género los porcentajes serían aun más escandalosos . Mientras avanzamos en conquistar leyes en favor de las mujeres, se desmontan progresivamente los sistemas de protección, especialmente aquellos vinculados a los derechos económicos, sociales y culturales: la flexibilización laboral, la privatización de la sociedad y la deserción de los estados en lo referente a asegurar justicia y bien común.

Cuáles serían desde nuestra perspectiva los desafíos pendientes:

• Trabajar incansablemente por una sociedad no-represiva, con equidad y justicia para todas y todos. · Denunciar en los espacios internacionales la política conservadora de Estados Unidos como antidemocrática porque viola los derechos humanos de las mujeres y el derecho a la soberanía de los países en desarrollo; · Impulsar acciones urgentes en los niveles legislativos, ejecutivos y judiciales, así como en los medios de comunicación;
• Elaborar estrategias que despierten la solidaridad de la sociedad y una visión más humanitaria sobre la práctica del aborto en cada país; el derecho a decidir tiene que llegar a ser una demanda de las mayorías;
• Salvar todas las barreras culturales, políticas y religiosas que impiden el acceso a la información amplia, veraz y objetiva sobre el uso de todos los métodos anticonceptivos;
• Es urgente que desde el movimiento de mujeres se promueva la separación Iglesia-Estado y se trabaje para erradicar la doble moral que existe en nuestras sociedades. El laicismo es una condición imprescindible para el ejercicio de los derechos en una sociedad diversa y plural. Las creencias religiosas no pueden influir la labor pública.