Por María Consuelo Mejía[1]

Antes de empezar quiero hacer un reconocimiento especial a las organizadoras de este evento, que constituye desde mi punto de vista un esfuerzo meritorio por poner en práctica una de las recomendaciones más importantes de las Conferencias de El Cairo y Beijing: la interlocución entre organizaciones de la sociedad civil, las instituciones gubernamentales y las instituciones de cooperación internacional.  Lo que está siendo posible hoy, debería ser una práctica mucho más frecuente. Mis felicitaciones, pues a quienes tuvieron a su cargo las dificultades organizativas de esta serie de actividades.

Cuando en septiembre de 1995, se discutió en Beijing si los derechos específicos de las mujeres son derechos humanos, nos dimos cuenta de hasta donde puede llegar el empeño por desconocer la plena humanidad de las mujeres. Nos enojó la insensatez de quienes se opusieron a este reconocimiento, pero no nos soprendió si tomamos en cuenta que aunque las mujeres somos más de la mitad de la humanidad, hace apenas cerca de 50 años que a las mexicanas se nos otorgó la calidad de ciudadanas y cerca de 40 que los métodos anticonceptivos actuales se pusieron al alcance de las mujeres, abriendo con ello la posibilidad de independizar las relaciones sexuales de la procreación no deseada y vislumbrando una vida sexual más plena y libre de temores.

Estos avances políticos y técnicos han tenido consecuencias trascendentales en la vida de las mujeres. La posibilidad de participar en la elección de las autoridades políticas, de controlar la propia capacidad reproductiva y gozar de una sexualidad placentera, son aspectos esenciales para la autonomía de las mujeres. Cómo lo es también el reconocimiento de nuestros derechos económicos. Parece mentira que apenas a finales del siglo XX se esté reconociendo que el ejercicio de la autonomía de las mujeres es un ejercicio de derechos humanos y que no se haya reconocido plenamente el derecho a la herencia y a la propiedad de la tierra para las mujeres. Y aunque la defensa de los derechos humanos ha ganado legitimidad universal, hoy estamos enfrentando serios obstáculos para el ejercicio de nuestros derechos.

Los impedimentos son de todo tipo y están enraizados en el sistema patriarcal en el que estamos viviendo, que apenas empieza a presentar fisuras gracias a la nueva concepción del mundo que entraña la mirada feminista. Parafraseando a Gisela Espinosa Damián, quien ha tenido a su cargo la investigación del Foro Nacional de Mujeres y Políticas de Población sobre los recursos asignados a la instrumentación del nuevo enfoque de la salud reproductiva: “Hoy es lugar común reconocer la existencia y el potencial de la diversidad social; pero el cuerpo femenino ha sido universalmente un territorio expropiado, sea por razones culturales, mandatos religiosos, prioridades económicas, o políticas... Si la cultura y la religión indican que el hombre o Dios deciden los hijos que una tiene, la política y la economía intentan controlar el potencial y la capacidad instalada. Así, la autodeterminación de millones de mujeres sobre su cuerpo, sobre su vida sexual, sobre su vida, sigue acotada, disminuida, expropiada.”

“En los años sesenta de este siglo, cuando la “píldora” y otros recursos de la medicina extienden el uso de anticonceptivos a escala planetaria, el control de la fecundidad adquiere nuevas dimensiones. Si para algunas, los anticonceptivos abrieron la posibilidad de vivir una sexualidad más libre, para otras significaron una moderna tiranía, pues sus cuerpos se convirtieron en objeto privilegiado y laboratorio de bisturís, de artefactos  metálicos y de hormonas; las mujeres han sido conejillos de indias y víctimas de la ciencia aplicada a políticas poblacionales. La reproducción y, por efecto de arrastre, la sexualidad misma, rebasaron la privacidad y el dominio de las iglesias para colocarse en el centro de un debate secular, político y planetario. La tajante línea divisoria entre los asuntos públicos y lo que hasta entonces era considerado como un asunto de interés privado, se desdibuja entonces y, desde la óptica y estrategia de los grandes mandones, una política global –apoyada en los anticonceptivos- comenzó a invadir la privacidad de las parejas y el cuerpo de miles, de millones de mujeres.” [2]

Pero ese mundo de hombres que elaboran políticas y difunden enseñanzas morales que afectan nuestras vidas, sin tomar en cuenta nuestras experiencias y necesidades está empezando a cambiar. En la última década las propuestas de los movimientos de mujeres y feministas en torno a la búsqueda de democracia con equidad entre hombres y mujeres, han cobrado mayor fuerza, reconociendo las diferencias y pugnando en contra de las desigualdades.

Otra vez en palabras de Gisela Espinosa, “a pesar de la vulnerabilidad de estas mujeres, el deseo de liberación y autonomía o simplemente la resistencia ante la imposición, gestaron múltiples protestas, reflexiones, propuestas, experiencias... Los sentimientos y voces de miles de mujeres indignadas confluyeron a veces con los ímpetus y exigencias de las feministas libertarias. Y un movimiento social surgido en muchísimos rincones del planeta aglutinó a feministas, a promotoras de salud, a activistas políticas y a mujeres enojadas. Muchos años habían pasado desde los primeros programas antinatalistas y la protesta y resistencia iniciales, la crítica radical o moderada, ya habían dado lugar a proyectos, propuestas, conceptos y utopías... La lucha por la autodeterminación de las mujeres, por decidir sobre su vida sexual, sobre sus cuerpos y sus maternidades, por algo que empezó a llamarse “salud reproductiva”, ha unido a miles de mujeres de la tierra.

Esta lucha ha sido nuestra respuesta a las construcciones culturales, religiosas y políticas que nos han impedido el pleno ejercicio de nuestra capacidad de tomar decisiones en todos los aspectos de nuestra vida. La persistencia y justeza de nuestro movimiento ha logrado que otros actores de la sociedad civil y política asuman algunas de nuestras propuestas. Este hecho nos llena de esperanzas. Una importante manifestación de esta suma de voluntades son las recomendaciones de las recientes Conferencias Internacionales de Población y Desarrollo y de la Mujer convocadas por las Naciones Unidas.

Las exigencias eran simples, en cierto sentido elementales: que la mujer sea considerada como humana, que no sólo se vean sus úteros y ovarios, que se pida su consentimiento para el uso de anticonceptivos y se le digan sus efectos, que los servicios de salud vean a la mujer toda, no sólo su capacidad reproductiva, que los varones se responsabilicen de sus actos sexuales, que haya más equidad entre los géneros, entre los grupos de distintas edades, entre los residentes rurales y urbanos, que no sólo se atienda la reproducción sino también la sexualidad, y que el placer de mujeres y varones, no sólo su función reproductiva, también se considere como un componente central de la salud.... La lucha por los derechos sexuales y reproductivos encuentra su raíz en desigualdades sociales y de género, y desde ahí proyecta, en positivo, una visión justiciera y feminista que toca puntos básicos pero fundamentales; es por ello que estos derechos se inscriben ni más ni menos que en el terreno de los derechos humanos. La idea de las mujeres, su utopía, se traduce en una propuesta alejada de la tecnocracia, del autoritarismo, del sexismo, es simplemente más libertaria, más placentera y humana.

Las Conferencias Internacionales de Población y Desarrollo y de las Mujeres que se realizaron en El Cairo y Beijing en 1994 y 1995, constituyeron  momentos propicios para convocar y articular a estas voces disidentes, críticas y propositivas, para exigir un cambio de perspectiva y de políticas de salud y población. Otra globalización se estaba construyendo desde abajo. Además de este pujante movimiento, la posibilidad de cambio fue favorecida porque si bien las políticas demográficas han tenido un fuerte impacto en las tasas de natalidad, los gobiernos reconocen que sus alcances han sido limitados, y que la disminución del crecimiento demográfico no ha traído una mejora en la calidad de vida de millones de personas; por el contrario, ha ido de la mano con un ensanchamiento de la pobreza y un peligroso deterioro del ambiente.

Entonces, se dijo en El Cairo y se ratificó en Beijing, no basta reducir la fecundidad para garantizar el desarrollo, se requiere de una nueva perspectiva, de un viraje. Esta confluencia de reflexiones y críticas creó un clima favorable al cambio. Y en El Cairo, por primera vez en un foro mundial de población, se decide no fijar metas de reducción demográfica, y poner por delante los derechos reproductivos de todo ser humano. El giro en el discurso es prácticamente de ciento ochenta grados.  Este giro esencial fue ampliamente ratificado en la Conferencia Mundial de las Mujeres y constituye un piso nuevo, una herramienta política para impulsar políticas y programas dirigidas a eliminar las brechas de la equidad entre los géneros y mejorar la calidad de vida de todas las personas.

 Allí se admitió por primera vez que las mujeres somos protagonistas de las políticas de población y que un desarrollo justo y humano no puede lograrse sin nuestra participación activa. El empoderamiento de las mujeres se aceptó como condición para lograr cabalmente los objetivos de este tipo de desarrollo, al cual todas las personas tienen derecho. Al establecer la eliminación de la pobreza, el acceso universal a la educación, el impulso al empoderamiento de las mujeres, la participación de los hombres en las tareas de la reproducción social y la eliminación de la discriminación contra las niñas, como condiciones para lograr la salud reproductiva, El Cairo convoca a una auténtica revolución de valores dirigida a lograr la equidad en las relaciones de género poniendo énfasis en los derechos de las mujeres.

Poniendo los derechos humanos de las personas en el centro de las políticas de desarrollo, El Cairo se propuso atacar las inequidades entre países ricos y pobres, entre personas y sectores que en cada país están en desventaja, y también las que existen entre mujeres y hombres. Allí se reconoció que las políticas de población no pueden desvincularse de las decisiones que toman las mujeres en cuanto a su sexualidad y su reproducción y que su salud reproductiva es pieza clave de un desarrollo económico y social sustentable. Así mismo, se aceptó que la perspectiva de género y el ejercicio de los derechos reproductivos son esenciales para elevar la calidad en la prestación de los servicios de salud reproductiva, desde una perspectiva integral, humanista y respetuosa de las decisiones de las personas.

Un aspecto más de estas Conferencias impactó el trabajo de las mujeres organizadas para la defensa de nuestros derechos: el llamado a los gobiernos a colaborar estrechamente con las organizaciones no gubernamemantales (partnership en inglés) y la necesidad de que tanto gobiernos como ONG rindan cuentas a la población acerca de los compromisos asumidos en los escenarios internacionales.  El Cairo abre pues una nueva etapa de trabajo para estas ONG, exige asignar los recursos necesarios para convertir en realidad lo escrito en el papel, crear los mecanismos para una colaboración con las instituciones gubernamentales en condiciones de igualdad y modificar los marcos legislativos y normativos que permitan la instrumentación de las medidas acordadas.

Pero ¿cómo convertir en realidad estos compromisos, estos deseos, estos sueños? En lo que tiene que ver con la salud de las mujeres, los documentos producto de estas Conferencias recomiendan a los gobiernos medidas de acción muy concretas para la insrumentación de este nuevo enfoque de la salud reproductiva cimentado en el respeto a los derechos reproductivos de todas las personas. Además de la creación de mecanismos para la asociación efectiva y equitativa con las organizaciones de la sociedad civil, se recomienda asignar los recursos necesarios y suficientes para echar a andar este nuevo enfoque, cuya pieza esencial es la integración de la perspectiva de género a la prestación de los servicios de salud con el objetivo de elevar la calidad de esta atención.

Integrar la perspectiva de género se dice fácil, pero desde nuestro punto de vista entraña un profundo cambio de valores. Tiene que ver con el rompimiento de los estereotipos de género, con la eliminación de la coerción, el engaño y el abuso de poder en las relaciones entre prestadores de servicios y usuarias, con el respeto a sus opiniones y decisiones. Es una tarea ardua y de mucho tiempo que aunque no requiere una inmensa inversión de recursos económicos, si requiere de la voluntad política para que la capacitación no se limite a unos cuantos talleres, pues implica cambios de conducta y actitud. Requiere de un cambio radical en los criterios de evaluación del desempeño profesional de los prestadores de servicios de salud. Requiere campañas masivas de información y orientación para que la ciudadanía conozca sus derechos reproductivos y los pueda defender.

Más importante para nosotras, la integración de la perspectiva de género entraña el reconocimiento de las desigualdades basadas en la diferencia sexual y de la relatividad histórica y cultural de los papeles de género. Asociada a esta perspectiva está por lo tanto, la necesidad de desconstruir las construcciones simbólicas que asignan a las mujeres un lugar de subordinación y un destino único e inevitable: el de ser madres. La posibilidad para las mujeres de opinar, de decidir, de elegir en materia de sexualidad y reproducción y de no ser objeto de políticas trazadas y aplicadas sin su consentimiento está en la letra del nuevo enfoque de la salud reproductiva basado en los derechos y en el impulso al empoderamiento y a la autonomía de las mujeres.   

El concepto de salud reproductiva aprobado en la Conferencia de El Cairo y ratificado en la de Beijing habla de la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y de la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia.  Y habla de derechos: del derecho de todas las personas a obtener información y acceso a métodos seguros eficaces, asequibles y aceptables y de su derecho a elegir los que más les convengan para la regulación de su fecundidad, así como del derecho a recibir servicios adecuados de atención a la salud que permitan los embarazos y los partos sin riesgo y proporcionen a las parejas las máximas posibilidades de tener hijos sanos. (Programa de Acción de la CIPD, párrafo 7.2)

Este concepto representa  un importante avance en relación con los enfoques tradicionales de salud materno-infantil y de planificación familiar.  El énfasis en enfoques no coercitivos, asegurando una amplia gama de opciones anticonceptivas, y el ofrecer servicios para otras necesidades de la salud reproductiva de las mujeres tales como la prevención y el tratamiento de las infecciones del tracto reproductivo y de las enfermedades de transmisión sexual, los tratamientos a la infertilidad y al deseo de no tener hijos, pusieron en evidencia que la meta principal de los programas de salud reproductiva es la salud de las mujeres y no el control del crecimiento poblacional.

El concepto también incluye explícitamente la salud sexual. La salud sexual, dice el documento, está encaminada al desarrollo de la vida y de las relaciones personales y no meramente al asesoramiento y la atención en materia de reproducción y de enfermedades de transmisión sexual. Este hecho marca una ruptura al reconocer que la sexualidad va más allá de la procreación y que incluye el placer sexual. Y aunque en el marco de estas Conferencias la sexualidad se ha tocado en la medida en que se asocia a la reproducción o a la enfermedad, en la Conferencia de Beijing se reconoció que los derechos humanos de las mujeres incluyen el derecho de las mujeres a controlar su sexualidad y a decidir libremente respecto de estas cuestiones, sin verse sujetas a la coerción, la discriminación o la violencia.

           

Otro beneficio del concepto es que estimula los esfuerzos conjuntos entre programas que antes estaban separados y que incluso llegaban a competir entre sí. La salud reproductiva provee un foco de intervención alrededor del cual los programas de cuidado prenatal, de planificación familiar y de control de ETS -antes paralelos- pueden converger, llevando a mayor eficiencia en la provisión de servicios, y más importante aún, a una mejor calidad de servicios para las mujeres.  El concepto de salud reproductiva se aparta explícitamente del énfasis en servicios-meta que era tan popular en la salud internacional de los 80, y evita particularmente centrarse en el embarazo como el principal punto de contacto entre mujeres y servicios de salud.

           

La salud y los derechos sexuales y reproductivos se consideran entonces  parte integrante del desarrollo y de los derechos humanos: especialmente el derecho de las mujeres a asumir el control y a tomar decisiones respecto de su cuerpo y su sexualidad. Una buena salud sexual y reproductiva, que va más allá del enfoque demográfico y la planificación familiar, es un requisito previo para lograr el progreso socioeconómico y el desarrollo sustentable.

Hay quienes afirman que desconocemos la forma de encarar la salud reproductiva en el plano de los programas o que no podemos actuar hasta que contemos con mecanismos e indicadores para poder evaluar los resultados de los programas. También hay quienes aducen que las estructuras existentes de servicios de salud y planificación familiar simplemente no pueden incorporar enfoques más amplios de salud reproductiva debido a que no tienen suficiente financiación o personal y se basan en sistemas de atención primaria de la salud frágiles y en proceso de erosión. No obstante, la recomendación de las Conferencias de El Cairo y Bejing fue cambiar esas circunstancias. Se cuenta con una buena base de la cual partir, si se aprovechan en forma más eficiente los recursos existentes.

Para llevar a la práctica el concepto de salud reproductiva, las metas prioritarias de los gobiernos que firmaron los compromisos del Cairo y Beijing  deberán incluir las siguientes medidas:

·          Movilizar los recursos técnicos y financieros necesarios para que el giro radical en el discurso se aplique en las políticas y programas, en especial para educación y salud, reordenando las prioridades y utilizando más eficazmente los recursos disponibles.

·          Garantizar la participación de las ONG comprometidas con los derechos de las mujeres en el diseño, ejecución y seguimiento de los programas, particularmente de quienes hemos estado participando en los procesos de las Conferencias.

·           Movilizar a la opinión pública a través de campañas educativas en los medios de comunicación dirigidas a sensibilizar a la población acerca de sus derechos reproductivos, de la atención preventiva de la salud y de la perspectiva de género.

·          Prestar servicios integrales y de buena calidad de salud sexual y reproductiva que propicien los derechos de las usuarias y fomenten su autonomía, asegurando al mismo tiempo que los hombres asuman responsabilidad por su propio comportamiento sexual, por su fecundidad y por el bienestar de sus compañeras, hijas e hijos y garantizar el acceso universal a estos servicios.

·          Salvar todas las barreras culturales y políticas que impiden el acceso universal a la información amplia, veraz y objetiva sobre el uso de todos los métodos anticonceptivos. Las políticas de población y los programas de planificación de la familia deben apoyar los principios de elección voluntaria e informada y no imponer medidas coercitivas que violen los derechos humanos fundamentales, especialmente de las mujeres, integrando el consentimiento informado a todos los servicios de salud sexual y reproductiva.

·          Establecer servicios de Consejería que verdaderamente fomenten la autonomía de las mujeres. Una Consejería así, aseguraría que las mujeres comprendan sus opciones para la regulación de la fecundidad y puedan actuar eficazmente a partir de sus decisiones. La Consejería deberá ayudar a las mujeres a comprender el funcionamiento de sus cuerpos y a  mejorar sus negociaciones con su pareja. De la misma manera, deberá incluirse la información relacionada con las posiciones católicas alternativas que rescatan el valor del cuerpo y del placer y que hablan del derecho que tienen todas las persons, a disfrutar de una sexualidad placentera que no tenga como fín la procreación y de su capacidad para tomar decisiones autónomas en asuntos morales --entre ellas el uso o no uso de métodos anticonceptivos modernos--, sin que ello les signifique estar en el pecado, romper con su fe o dejar la Iglesia Católica.

·          Crear, mediante procesos de participación, programas de información y servicios especiales para adolescentes, que respeten la confidencialidad y la privacidad de las y los usuarios y que incluya la Consejería.

·          Reconsiderar la gama apropiada de opciones anticonceptivas que se están ofreciendo. Deberá ofrecerse siempre el condón, o bien como método anticonceptivo primordial o en combinación con otro método. Y asignar la máxima prioridad  en los programas de investigación sobre regulación de la fecundidad al desarrollo de métodos de barrera que las mujeres puedan controlar a fin de protegerse de las ETS y del VIH, tengan o no un efecto anticonceptivo.

 

·           Aumentar sustancialmente los ensayos y las inversiones en programas dirigidos a los hombres, a fin de que la utilización del condón sea una opción real y atrayente para las parejas. Además deberá asignarse alta prioridad a crear más opciones anticonceptivas para los hombres y aumentar también los servicios de vasectomía y la educación al respecto.

Es cierto que todos estos propósitos van a contravía de las políticas de ajuste estructural cuyos recortes afectan primordialmente a la salud y la educación y de los procesos de privatización de estos servicios que conlleva el modelo económico vigente. Es responsabilidad de los gobiernos frenar el avance de las tendencias económicas que no facilitan el cumplimiento de los compromisos asumidos en las Conferencias de El Cairo y Beijing. Y tienen en sus manos la posibilidad de hacerlo. Falta una mayor voluntad política que permita salvar las barreras que la derecha organizada está poniendo cada vez con más empeño a estos avances. Y es responsabilidad de las agencias multilaterales aportar los recursos necesarios para poner en práctica estos compromisos.

En México se ha avanzado. A pesar de la evidente reducción en los recursos financieros asignados se han hecho esfuerzos importantes por integrar estos principios a la prestación de los servicios de salud. Y se han librado batallas para defender estos derechos en el ámbito internacional. Pero el camino es largo y espinoso y todavía queda mucho por hacer. Las recientes denuncias de violación de los derechos reproductivos de indígenas y el caso de Paulina así lo demuestran.

El desafío es grande y nosotras asumimos el reto de continuar vigilantes, de contribuir con nuestra perspectiva y experiencia y de nunca, nunca abandonar nuestra capacidad crítica y nuestros ejercicios de presión. El nuevo enfoque de la salud reproductiva está basado en los derechos. A las instituciones gubernamentales les toca facilitar las condiciones, a nosotras nos corresponde impulsar y defender los derechos sexuales y reproductivos que a todas y todos nos son comunes.

México, D.F., abril 20 de 2000

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