Luis Miguel Fuentes

REPORTAJE

Ley y trampa en la industria vitivinícola

Los bodegueros de Jerez y Sanlúcar arremeten contra la nueva ley de viticultura que está elaborando el Ministerio de Miguel Arias Cañete

LUIS MIGUEL FUENTES

JEREZ.- Jerez, el vino noble, Xera, Ceret, Seritium, Sherish, Xeres. El vino en Jerez tiene una cargazón de bronces fenicios, de romanos borrachos, de uvas místicas que traían los primeros dioses, de toda la historia como un arado, de una hidalguía de terratenientes y navegantes enredada en las verjas y en las iglesias. Los señoritos desaparecieron casi todos, ahora gobiernan los yupis y los hiperbóreos, pero el vino en Jerez, en su comarca, en su marco, es mucho más que una industria o un cobro, es un mito y una liturgia que tiene algo de arqueología y de monacato, de alquimia y de numismática. Quizás es por esto, aunque puede que haya otras razones menos poéticas, que el Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla de Sanlúcar, ha acogido como una blasfemia el borrador de la nueva Ley de Vitivinicultura que ha preparado el ministerio del señor Arias Cañete, ese jerezano entre cocinero y motociclista que se fue al Gobierno para "hacer una felonía", según están empezando a pensar por Jerez. Este nuevo borrador ha sorprendido porque resulta completamente diferente en espíritu al borrador anterior, que se empezó a elaborar cuando Loyola de Palacio era ministra. “No tienen ni idea de lo que es un Consejo Regulador”, dice, con su limpio acento norteño, J. Luis Bretón, de Fedejerez, asociación que reúne a las bodegas jerezanas.

No ha sido solamente en Jerez, sino que es una rabia que se está compartiendo desde el resto de consejos reguladores de las denominaciones de origen de los vinos españoles, de aquí a La Rioja. Reunidos en conferencia, los consejos reguladores vitivinícolas han rechazado este proyecto de ley, todavía en el horno, con incredulidad y disgusto. Según ellos, “atenta contra la singularidad, las características y la originalidad de los vinos de calidad”, “disminuye de forma importante las garantías ofrecidas a los consumidores y crea confusión”, “propicia el ejercicio de competencia desleal a partir de la flexibilidad de los controles”, “supone una dejación de la debida tutela administrativa” y “expropia el patrimonio atesorado por las actuales Denominaciones de Origen”. Se quejan los consejos reguladores de que “no se ha tenido en cuenta su opinión”, ya que ellos “constituyen la legítima representación democrática de viticultores y bodegas”, y acusan al Ministerio de haber cedido ante determinados grupos de presión, esto es, algunas empresas y comunidades autónomas que están fuera de las denominaciones de origen.Antonio de la Vega, presidente de la patronal Arjeman (Artesanos de Jerez y Manzanilla), habla seguro y rápido, como si estuviera en una oposición a notarías, pero permitiéndose cierta sorna: “El MAPA hizo unas jornadas en julio y tuvieron la amabilidad de no invitar a los Consejos”.

La separación del control y la gestión que contempla el borrador de la nueva ley es uno de sus puntos más conflictivos, pues llevaría a que órganos de certificación privados se encargaran de velar por el cumplimiento del reglamento. Antonio de la Vega explica que “esa ley permite a cualquier bodega someterse al control de una empresa que esté homologada, que lo mismo está en Munich, ¿y va a ser esta empresa la que controle a los camiones cuando entren en el lagar?”. José Luis Pomar, jefe de prensa del Consejo Regulador de las DDOO Jerez y Manzanilla, lo explica con un símil: “Lo que el Gobierno pretende es que la parte pague al juez”. Separar el control de la gestión, permitiendo que cada bodega contrate a su empresa “auditora”, sería, según ellos, despojar a los consejos reguladores de sus históricas atribuciones, algo “temerario”, ha declarado Luis García, presidente del Consejo Regulador, porque “son unas instituciones que han funcionado satisfactoriamente desde 1935”.

Otro punto peliagudo de la nueva ley es la creación de unas nuevas denominaciones “intermedias” para los vinos, los “vinos de calidad con indicación geográfica” y los “vinos de pago determinado”, cosa que a los consejos reguladores les parece que “lleva a la confusión” y permitiría a ciertas empresas “apropiarse del prestigio de una zona sin cumplir sus reglas”. “Es necesaria una nueva ley —asegura el presidente de Arjeman— porque el actual Estatuto de la Viña y el Vino data de 1970, pero esta está mal hecha”.

Tradición, historia, prestigio, es algo que este Consejo Regulador exhibe continuamente en sus argumentos, y es que este sistema quizá tiene algo todavía de Tribunal de las Aguas o Consejo de la Mesta, viene de antepasados, consanguinidades, honores y herencias, con sus sillas de madera y cuero y su grave autoridad, aunque ahora tengan una ley autonómica rigiendo su funcionamiento y su elección. Fue en 1933 cuando se creó la denominación de origen de Jerez. Antes, en 1924, el Gobierno había concedido el uso exclusivo de la marca colectiva Jerez al Ayuntamiento de la ciudad, y es en 1935 cuando nace el Consejo Regulador y el primer Reglamento de la DO. El Consejo Regulador está formado actualmente por 18 vocales, 9 del sector productor (6 para viñistas y 6 para cooperativistas) y 9 del sector comercializador (8 para exportadores y 1 para almacenistas). Pero en los ambientes vitivinícolas se comenta mucho que esta distribución hace que, en la práctica, el Consejo Regulador esté dominado por las grandes empresas jerezanas, y es por esto que en algunos círculos (pequeños productores y viñistas, sobre todo) se le acusa de ser sólo un vocero de los intereses de aquéllas, algo que en el Consejo desmiente. Es también evidente e histórica la sensación en Sanlúcar de Barrameda de que, por esto mismo, el Consejo Regulador “margina” a la Manzanilla.

En las bodegas no se quiere hablar de la polémica del borrador de la nueva ley, ni sobre el papel siempre en entredicho del Consejo Regulador, y cada una, aun con su diferencia y con su estilo, remite a las asociaciones. 

Trago amargo para los pequeños viñistas

Los pequeños productores critican la actitud del Consejo Regulador y su apoyo "indisimulado" a las grandes bodegas de Jerez

Para ver otro punto de vista menos idílico que el que presenta el Consejo Regulador sobre la organización y la armonía de la industria vitivinícola, hay que ir al pequeño viñista, al mayeta, al que tiene cuatro o cinco aranzadas. En la mañana fría, sobre la tierra blanca de un cerro en el pago Los Tercios, en El Puerto, Pepe (no es su verdadero nombre) mira la leña seca de las cepas que piden ya la poda. Pepe tiene poco más de siete aranzadas, aunque la mitad están sin plantar aún. “Y ahora el Consejo dice que no quiere uva de viñas con menos de cinco años, a ver qué hago yo cuando plante...”, dice entristecido.

Pepe apura su ducados y menea la cabeza cuando se le pregunta por el Consejo Regulador. “Esos hacen lo que quieren los grandes bodegueros, y al productor pequeño le están dando siempre por el cuello. Todas sus normas les benefician a ellos y nos perjudican a nosotros”. Pepe se refiere, sobre todo, a los topes que el Consejo Regulador establece para la producción, y que obliga a que el sobrante se venda luego a un precio mucho menor, aun siendo la misma uva. Uva “descalificada” la llaman, y sólo debe destinarse, en teoría, a vino de mesa o a quemarse para alcohol. Pero esta es la teoría, porque Pepe cuenta otra cosa: “Ponen el tope según les salen a ellos las viñas, a cinco carretadas [una carretada equivale a 690 kilos] o a siete por aranzada, de manera que ellos no pierden pero nosotros, que producimos más, sí. Luego nos compran la uva a tres duros y hacen sus vinos con una uva que les ha salido regalada. Siempre ganan”.

En algunas cooperativas, se tiene la misma sensación. Un cooperativista que no quiere dar su nombre se queja de que “el Consejo está castigando al buen productor, al que produce mucho y bien, a ver qué cuidado por la calidad es ése”. Habla luego otro cooperativista de algo que se sabe desde siempre en el mundillo, pero que pocos se atreven a confesar, algo que han confirmado hasta en los más altos despachos de las bodegas. “Aquí las bodegas —cuenta— han llegado a traer mosto de fuera, más barato, de Extremadura, de Toledo, venían las cisternas por la noche, con un papel por si les cogía la policía, un papel que luego se llevaban otra vez si no pasaba nada, y que era siempre el mismo. Anda que no se ha puesto rica alguna gente trayendo mostos de fuera para éste y para el otro...”.

Más allá de los errores que pueda contener el borrador de la nueva ley, aun siendo ciertos los perjuicios que para el marco de Jerez, como para otros, pueda traer, quedan aún muchos puntos oscuros en la forma en que el mundo vitivinícola se organiza, dudas sobre el papel de los consejos reguladores, siempre con la sospecha de servir a intereses comerciales muy particulares. Parece urgente una reforma de la normativa vitivinícola, aunque este intento de ley, de momento, no ha sentado nada bien en el sector. Pero quizá quien pone delante a tanta historia y a tanto fenicio para defender este vino noble, en lo que está pensando es en sus números y en sus privilegios, como suele ocurrir casi siempre.