Luis Miguel Fuentes

REPORTAJE

La lucha de un barrio de Jerez por una vivienda legal

LUIS MIGUEL FUENTES

JEREZ.- Llegaron con cacharos y sirenas, con cencerros y garrafas de plástico, con pitos, pancartas y rabia, frente al Ayuntamiento de Jerez, esquinero con colegiatas y monjas. Fue hace poco. Eran vecinos de la barriada San Jerónimo-Las Flores: jubilados con gorra campera, señoras con la bolsa de Carrefour, la familia con niño en el cochecito, abuela pendenciera y sartén desconchada. Y Pedro Pacheco sufría la cacerolada.

 No era la primera vez que protestaban, y lo seguirán haciendo, dicen, pues una burocracia muy digna de papeles y agrimensores los mantiene todavía ilegales en su propia casa, en un barrio que construyeron ellos mismos cuando sólo había un camino de tierra y se juntaban los cuñados para poner los primeros ladrillos en la parcelita. Ahora, el Ayuntamiento les exige pagar 428 millones de pesetas por una reparcelación previa a la “legalización”. Casi 6.000 pesetas por metro. Además, el proyecto de una carretera exige tirar dos viviendas, apenas por centímetros. “Se tendrán que llevar por delante a todos los vecinos”, dice Miguel Romero, presidente de la asociación de vecinos.

Lejos de San Jerónimo-Las Flores, en la barriada rural Puente de la Guareña, a unos 12 kilómetros del centro de Jerez, varios vecinos viven con la angustia de un expediente de demolición. Una casa a medio hacer junto a un gallinero, el único hogar posible de una familia pobre que no tiene otro sitio, pequeñas naves para aperos de labranza al costado tierno de la huerta, esperan ser derruidas por el Ayuntamiento. Son construcciones “ilegales”, tal como recuerda a los vecinos llorosos, de vez en cuando, un inspector gordo y desalmado. Tanto en San Jerónimo como en La Guareña, viven pendientes de reglamentismos y planos de los que, en la paz de los campos, lejos de los despachos, sólo queda una obscenidad de injusticia y agravio.

Ahora, para llegar a San Jerónimo-Las Flores hay que pasar por las pirámides y tuercas amenas de Leroy Merlín; por la frondosidad de Monte Alto, zona residencial de lujo; por Hipercor y Gwyneth Paltrow balconera y gigante, con su verano de comprar sandalias, solamente a 500 metros de la barriada. Pero hace 30 años, todo aquello era sólo campo y gorriones. Fue entonces cuando la gente empezó a comprar allí su parcelita y a construir su casa a ratos, “con miles de fatigas”, dice Miguel Romero. “Compraron su terrenito y empezaron a hacer sus casas, cuando aquí no había nada, sólo un carril de barro. Antes, no se echaba cuenta de eso de la licencia de obras, y tampoco había facilidades para tener una vivienda de otra forma”, explica Juan Fernández, miembro de la junta de vecinos. “Las casas se hicieron como se pudo, los sábados, los domingos, con la familia ayudando”, cuenta. Luego, los mismos vecinos cedieron metros de su propiedad para las calles, pagándolas entre todos, y también construyeron el alcantarillado. “Hasta la carretera que va ahora de Hipercor aquí la pagamos entre los vecinos, la Junta y el Ayuntamiento”.

San Jerónimo-Las Flores es una barriada trabajadores, de gente de campo y albañiles, con calles con nombre de pájaro, casas desiguales cuadradas o en pico y huertas con tomateras, vides y limoneros. Ahora sus más de doscientas familias tienen bar, farmacia, guardería, campitos de fútbol para los chiquillos, levantados con su voluntad y su dinero. La barriada huele a tierra, a pienso, a talega y a ladrillo. Por la calle Paloma se oyen gallos y la bronca de un padre a un hijo camastrón que no ha querido ir a trabajar porque tuvo borrachera o pelea. La gente habla allí de su barriada con un orgullo de tierra conquistada y de comuna. Han ido domesticando el campo y trazando calles con sus propias manos, pero el Ayuntamiento les niega todavía un estatus de legalidad, a diferencia de otras barriadas jerezanas que ya lo han conseguido.

 “En el 85, Pacheco sacó aquello para la legalización de las viviendas ilegales, y nosotros echamos la solicitud. Todas las barriadas están ya legalizadas, pero la nuestra no –sigue contando Juan Fernández—. Pagamos impuestos, la contribución, y ahora, quieren que paguemos 6.000 pesetas por metro por una reparcelación, cuando está reparcelado por los propios vecinos. Después de eso, todavía tendríamos que pagar la legalización”. Más duro si cabe se muestra Miguel Romero, el presidente de la asociación de vecinos: “Los vecinos lo hicieron todo, lo pagaron todo, y cuando firmamos un convenio para la legalización ahora nos vienen con esta reparcelación, estos más de 400 millones que hay que pagar, no sabemos en concepto de qué. Serán 400 millones para comérselos ellos en langostinos...”.

En Jerez hay gente que sigue viviendo en casas prohibidas por los secretarios y familias acosadas por todos los señorones del urbanismo municipal, en una crueldad de derribar chamizos y gallineros de pobre difícil de entender entre grandezas de caballos y fiestorros. De momento, esta gente sólo obtiene la callada de la burocracia y el desprecio del alcalde, tan altivo.

Sólo por 80 centímetros

José Calvo, de 66 años, vive con su esposa al final de la calle Paloma en la barriada de San Jerónimo-Las Flores. A José, el proyecto de una carretera amenaza con derribarle el hogar en el que vive desde 1978, igual que ocurre con la casa de otro de sus vecinos de barrio. “Cuando vinieron los técnicos de Urbanismo a medir, me dijeron que la carretera me cogía 80 centímetros de la casa”, cuenta. 80 centímetros, aparte unos metros de terreno que tiene por detrás. “Que me quiten el terreno es lo de menos, pero que me tiren la casa, es un crimen”. José no deja de menear la cabeza y lamentarse por la injusticia: “Tenemos la casa desde el 78,  pagando todos los impuestos. Y todo esto lo hemos hecho todo nosotros, la calle, los bordillos, la madrona... Es una injusticia".