( La Asociación Americana de Juristas es una Organización No Gubernamental, con status Consultivo de la ONU, cuyos objetivos son principalmente: lucha por la autodeterminación de los pueblos, acción contra el imperialismo, el fascismo, el colonialismo y la discriminación racial, defensa de la paz basada en la coexistencia pacífica, defensa y promoción de los Derechos Humanos, movilización de los juristas de los países americanos a favor de la participación en los cambios estructurales de los respectivos países, etc.

Está integrada por todos los juristas de América que acepten los principios y Estatutos que defiende la organización.

La sede es rotativa y actualmente le corresponde a Nicaragua.

La Secretaría General se encuentra en Nueva York, actualmente la desempeña la Dra. Vanessa Ramos. El Presidente actual es el destacado jurista nicaragüense Dr. Alvaro Ramírez. La Tesorería General está en Montreal - Canadá y la desempeña el Dr. John Philbot.

La Presidencia de la Asociación Americana de Juristas, Rama Peruana, la ocupa actualmente el Dr. Juan Mariátegui, reconocido especialista en Derecho Internacional. ) .

Hace más de 2 meses que la OTAN, bajo la dirección del gobierno de los Estados Unidos, viene descargando una feroz acción de guerra contra la República de Yugoslavia. Ello ha provocado un número incalculado de muertos y heridos, la destrucción de viviendas, escuelas, hospitales, establecimientos industriales, gran parte de la infraestructura de servicios esenciales para la población civil ( agua, luz, calefacción, vías y medios de comunicación, etc. ) en toda Yugoslavia. Además se advierte el peligro de una hecatombe ecológica que se podría extender a los países de la cuenca del Danubio.

Kosovo ha sido la provincia más afectada por la aplicación de la política de tierra arrasada de la OTAN y buena parte de su población ha emigrado, especialmente centenares de miles de origen albanés, en muchos casos expulsados por las autoridades serbias. Por incapacidad material de los países receptores y falta de previsión de la OTAN, los refugiados carecen de las más mínimas condiciones de alojamiento, alimentación y asistencia sanitaria, con la aparición de enfermedades y epidemias. A ello se agregan las denuncias, no verificadas, de masacres, violaciones, etc. contra la población albano-kosovar imputadas a fuerzas armadas, policiales y parapoliciales serbias. Es decir que se ha producido, y en proporciones mucho mayores, precisamente lo que según la OTAN se pretendía evitar: una catástrofe humanitaria.

Las últimas noticias son más alarmantes: la OTAN se propone involucrar en la guerra a Albania, Eslovaquia, Hungría, Rumania y Bulgaria, es decir extender el conflicto a todo el sudeste europeo, con el peligro de una intervención de Rusia que implicaría el riesgo de una nueva guerra mundial.

Quebrantando sus propios Estatutos, cuyos artículos primero, segundo y tercero, establecen claramente que sus finalidades son defensivas, la OTAN viola -además de la Carta de las Naciones Unidas -, la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y los Convenios de Ginebra. Ni las funciones del Secretario General, ni las de los representantes de los gobiernos ante la OTAN -los cuales ni siquiera tienen status diplomático de Embajada-otorgan a estos la capacidad de decidir por su propia voluntad un ataque ofensivo, sea cual fuera el tipo de argumentos esgrimidos para ello. Ademas la OTAN viola sus artículos que disponen a no actuar en contradicción con los propósitos de las Naciones Unidas.

La represión por un lado y el radicalismo de un sector minoritario, el UCK, que plantea la independencia de Kosovo y su integración a una Gran Albania por el otro, hizo que se desatara un conflicto armado en el que ambas partes violan los derechos humanos de una manera inaceptable. La Comisión de los Derechos Humanos de la ONU, en el párrafo 90 de su informe, menciona incluso arrestos y ejecuciones de autonomistas kosovares moderados cometidos por el UCK.

El 12 de junio de 1991, los piases de la Comunidad Europea acordaron no reconocer países que se separaran unilateralmente de la Federación Yugoslava, hasta que no se hubiera establecido un marco jurídico apropiado y garantías satisfactorias con el aval de la comunidad internacional y, particularmente, de la Comunidad Europea, para las minorías en cada nuevo Estado, a fin de evitar los conflictos que finalmente se produjeron.

Alemania, históricamente interesada en los Balcanes, rompió el acuerdo en diciembre del mismo año reconociendo a Croacia y a Eslovenia, y a continuación lo hicieron otros países europeos temerosos de perder influencia en la región. La misma lógica es aplicada ahora los EE.UU. que lleva la iniciativa y los demás miembros de la OTAN lo siguen para no quedarse al margen.

En su Resolución 827 del 25 de mayo de 1993, el Consejo de Seguridad establece que el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia se crea para juzgar a los presuntos responsables de graves violaciones al derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la exYugoslavia a partir de 1991, cualquiera sea su cargo o jerarquía, incluído Jefes de Estado. Este Tribunal, a pesar de los reparos de ilegalidad por su origen, no ha sido utilizado por la OTAN para denunciar los delitos que imputa y le sirven de pretexto para desatar la guerra en los Balcanes.

Conforme al Protocolo Adicional referido a la Protección de las Víctimas de Conflictos Armados Internacionales, del que son signatarios todos los Estados integrantes de la OTAN y Yugoslavia, ello los obligaba antes de iniciar un conflicto armado a prever un dispositivo de ayuda humanitaria a la población civil, máxime cuando la escalada en el flujo de refugiados era totalmente previsible. Sin embargo, en ningún momento se procedió a tomar los recaudos que el Derecho Humanitario prevé. No existe atenuante para su incumplimiento.

En 1945 el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg declaró como "crímenes contra la Paz "en el art. 6.p.2 "la planificación,  preparación e iniciación de una guerra agresiva (war of aggression). La Asamblea General en su Resolución 3314/XXIX, del 14 de diciembre de 1974, en su art.5, establece: "Ninguna consideración, cualquiera sea su índole, política, económica, militar o de otro carácter, podrá servir de justificación a una agresión. La guerra de agresión es un crimen contra la paz internacional. La agresión origina responsabilidad internacional. Ninguna adquisición territorial o ventaja especial resultante de una agresión es lícita ni será reconocida como tal ".

En consecuencia, el Secretario General de la OTAN, los gobernantes y funcionarios que decidieron la acción militar ilegalmente, e incumplieron su obligación de prever las acciones humanitarias, deben responder por la inobservancia de la ley internacional, y por las muertes y los daños que esta conducta ha provocado y provocará, tanto por acción como por omisión.

La acción de la OTAN constituye un puro y simple acto de agresión de consecuencias imprevisibles, en violación abierta y flagrante de la Carta de las Naciones Unidas. Ante el avasallamiento de sus atribuciones, la ONU permanece silenciosa y al margen, en una nueva muestra de la hipocresía y la selectividad que rigen en este momento las relaciones internacionales. Puesta de manifiesto, entre muchos otros casos, en el tratamiento diferenciado que se hace con millones de kurdos, a los que se defiende si están en Irak y se deja masacrar si están en Turquía o el silencio ante la expulsión de miles de personas de origen serbio en Krajina, Croacia en 1995.

Es por ello, que la ASOCIACION AMERICANA DE JURISTAS reclama:

• Que cesen los ataques militares contra la República Federal de Yugoeslavia.

• El cese de toda persecución y discriminación contra la población de origen albanés en Kosovo.

• El reinicio de negociaciones entre el gobierno de Yugoslavia y los representantes de la población de origen albanés que restablezca una amplia autonomía de la provincia de Kosovo.

• Que se dote de medios suficientes al Comité Internacional de la Cruz Roja, a los países de acogida, con vistas a garantizar la asistencia a los desplazados y refugiados en la República Federal de Yugoslavia y en los países limítrofes, con cargo a los presupuestos militares de la OTAN y a los presupuestos regulares de los Estados que la integran, bajo el control del Parlamento Europeo.

• Que la Fiscal del Tribunal de La Haya para la exYugoslavia, conforme lo dispuesto por el art.18, inciso 1 del Estatuto del Tribunal, promueva la investigación de los bombardeos a la población y a objetivos civiles, que figuran como "violaciones a las leyes y costumbres de la guerra "en el art. 3, incisos b) y c) del mismo Estatuto.

• Que la misma funcionaria promueva la investigación formalmente de todos los actos violatorios del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, que hayan sido cometidos por autoridades yugoslavas, de la OTAN y de cualquiera de los paises implicados en el territorio bajo su competencia.

• Que se abandone la selectividad en la apreciación de las violaciones de derechos humanos, utilizando idénticos criterios con todos los Estados, incluidos los miembros de la OTAN, como es el caso de Turquía denunciada por el propio Parlamento Europeo, de violaciones sistemáticas de tal gravedad que justifican se suspenda su pertenencia a los organismos Europeos.

• Que la ratificación del Estatuto del Tribunal Penal Internacional por parte de los Estados que aún no lo han hecho, se concrete bajo la reserva de que entrará en vigencia cuando haya sido ratificado por los Estados Unidos, para que se respete la igualdad soberana de todos los Estados y garantizar la aplicación internacional de la legislación internacional humanitaria y de derechos humanos, incluido el delito de agresión.

• Se convoque a una reunión extraordinaria de la Asamblea General de la ONU, para considerar la situación existente en los Balcanes, a los fines de lo dispuesto por los arts. 11 y 14 de la Carta.