<<Investigar sobrefacturación de Importaciones ordenó el Presidente Pérez>>, fue el titular principal de primera página con el que El Nacional abrió su edición correspondiente al viernes 24 de febrero de 1989.

Nunca imaginamos que nuestra exclusiva, confirmada a última hora del jueves 23, se convertiría en pocas semanas en el detonante que luego destapó el más grande escándalo de corrupción que haya sacudido a la opinión pública venezolana.

Como la noticia más importante de aquel día, reportamos que el Presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, ordenó a los ministros de la Secretaría, Hacienda y Relaciones Interiores, << abrir una rápida, exhaustiva y determinante investigación sobre un posible fraude a la Nación, derivado de la sobrefacturación de importaciones con dólares preferenciales, autorizados por Recadi a varias empresas del sector privado durante 1988, y cuyo monto podía ascender a 2.500 ó 3.000 millones de dólares>> .

En fuentes confiables del ejecutivo se conoció que el trabajo indagatorio que coordinaron los titulares Reinaldo Figueredo Planchart, Eglée Iturbe de Blanco y Alejandro Izaguirre, se reforzaría con la intervención de la Contraloría General de la República, los Tribunales de Salvaguarda, la Policía Técnica Judicial y la Dirección de Inteligencia Militar.

La pesquisa solicitada por el Primer Magistrado fue consecuencia lógica de la cuantificación levantada por el Gobierno en materia de cartas de crédito pendientes, que hasta ese momento sumaban, por concepto de importaciones efectuadas en 1988, unos 6.800 millones de dólares.

<< Al gobierno le está llamando poderosamente la atención que, si bien el presupuesto de divisas para las importaciones del sector privado en 1988, fue aprobado por un monto determinante de 6.500 millones de dólares, se conozca ahora -revelamos- que el ejecutado fue próximo a los 11.000 millones de dólares. Es decir, que se está contabilizando un saldo contra las reservas internacionales superior a los 3.000 millones de dólares, con respecto a lo inicialmente pautado para el último año del gobierno de Jaime Lusinchi>> .

En ese momento El Nacional obtuvo información confidencial en el sentido de que las averiguaciones se concentraron en tres frentes específicos: investigación inmediata de las últimas gestiones cumplidas por los más recientes directores de Recadi, Ana Teresa Herrera Balduz y Edgalia Bastardo de Leandro; la administración de divisas para el Puerto Libre de Margarita; y la actuación de las empresas verificadores internacionales: Caleb Brett, Bureau Veritas y Société Généralé Surveillance.

Ante el anuncio oficial de una inminente unificación cambiaria, el eventual reconocimiento de aquellas cartas de crédito vencidas sobre importaciones causadas y en tránsito, aperturadas en 1988 con dólares preferenciales a 14,50 bolívares, era el centro de la discusión económica entre el gobierno y los empresarios, en esos días de febrero de 1989.

El 11, precisamente, se instaló en Miraflores una comisión mixta, con la finalidad de estudiar paliativos ante la necesaria eliminación del cambio controlado de Bs. 14,50 para las importaciones. Ese punto detuvo los anuncios oficiales contenidos en el nuevo paquete de medidas económicas del reelecto Presidente Pérez y afectó las conversaciones iniciales con el Fondo Monetario Internacional.

Seis días más tarde, el viernes 17 de febrero, Pedro Tinoco, presidente del Banco Central de Venezuela, anunció en rueda de prensa que serían financiadas las cartas de crédito y que se aplicarían diversos mecanismos tanto para las generadas por importaciones que se encontraban en inventario como para las que ha habían sido consumidas por la población.

Ante este cuadro, la dirección del periódico solicitó a la Sección de Economía profundizar detalles en torno a la orden impartida por el Presidente. Así que el viernes 24 de febrero, pasamos prácticamente todo el día buscando información adicional. Al día siguiente, El Nacional insistió sobre el tema de la sobrefacturación y, nuevamente en primera página, se presentó el titular: << La policía sobre Recadi>> .

Básicamente, se divulgaron a los lectores las primeras cuatro denuncias en contra de la siempre cuestionada Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales. Señalamos que había indicios ciertos que indicaban que en 1988, efectivamente, se sobregiró el presupuesto de divisas correspondiente a ése año, bajo la administración de Edgalia Bastardo de Leandro, sin que ésta tuviera facultades legales para hacerlo; que la unidad dependiente de Hacienda fue policialmente intervenida desde diciembre de 1988; que las empresas verificadoras registraron un comportamiento antinacional, al margen de la Ley Orgánica de Aduanas, amparadas en la firma de contratos clandestinos; y que la ex-directora Edgalia Bastardo de Leandro, comenzó a ausentarse del despacho en las últimas semanas, al punto, que no le entregó el cargo formalmente a su sucesora, Eva Morales, designada por la Ministro Eglée Iturbe de Blanco, como liquidadora de Recadi.

Pero el mismo sábado 25 de febrero, junto a lo anterior, El Nacional también publicó una nota de corte policial, en la que se confirmó toda la información disponible hasta ese momento, es decir, que había sido reabierta una investigación, a cuyo frente estaban la Policía Técnica Judicial y la Dirección de Inspección y Fiscalización del Ministerio de Hacienda.

Incluso, en esta misma edición se presentó el primer grupo de reacciones en torno a las denuncias tan graves que se comunicaron a la opinión pública. Como celebramos contactos con algunos de los directivos y gerentes de las compañías Caleb Brett, Bureau Veritas y Société Généralé Surveillance, difundimos su punto de vista: <<Queremos ser investigados>> .

Hugo Mijares Flores, presidente de la Asociación Nacional de Agentes Aduanales (Asonaga), aparte de confiarnos un espectro amplio de documentos enviados por su gremio al Ministro de Hacienda, Manuel Azpúrua, en 1986, insistió, tres años después, en que los contratos suscritos entre el despacho de las Finanzas Públicas y las empresas certificadores de precios, calidad y cantidad fueron firmados << de manera clandestina>> .

El ex-presidente de la Comisión de Contraloría de la Cámara de diputados, Paciano Padrón (Copei), declaró que << Recadi fue la fuente de corrupción más grande que tuvo la administración del ex-presidente Lusinchi. Millares de millones de dólares preferenciales fueron otorgados caprichosamente, atendiendo intereses de funcionarios o empresarios y a espaldas de la conveniencia nacional. Hace bien el Presidente Pérez al ordenar la investigación de este fraude que, por más de 3.000 millones de dólares, tiene su origen en la sobrefacturación de importaciones>> .

No obstante, el diputado copeyano alertó que era pertinente, junto a la oficial, abrir investigaciones paralelas en el Congreso, por intermedio de la Comisión de Contraloría, y por la vía judicial, porque <<no puede dejarse la misma sólo en manos del Ejecutivo, pues ello sería como despacharse y darse el vuelto>>.

El ex-presidente Jaime Lusinchi, la tarde del mismo viernes 24 de febrero, hizo llegar un fax desde la célebre Ermita a las redacciones de los medios, de modo que el sábado 25 todos los periódicos recogieron sus primeras impresiones sobre el caso <<Se ha llegado incluso a criticar por sí mismo el otorgamiento de conformidades de importación acordadas para garantizar el normal funcionamiento de la economía y se han manejado cifras que no se corresponden con la verdad. Confundiendo incluso lo solicitado con lo otorgado>>.

Agregó en la declaración escrita que <<Ausente como está del país el ministro de Hacienda de mi gobierno, doctor Héctor Hurtado, me parece conveniente precisar yo que las conformidades de importación se acordaron muy por debajo de las solicitudes que hacía el sector privado, pidiendo una mayor cantidad de divisas para sus necesidades ordinarias; que todas ellas fueron publicadas en la prensa nacional como fue norma y que el Estado estableció un sistema mediante el cual firmas internacionales especializadas debían verificar precios, cantidades y calidad de las importaciones>>.

Por último, en su breve nota, el ex-mandatario planteó: <<En consecuencia, responsablemente debemos decir, que cualquier otra conducta habría conducido a la paralización de la economía venezolana. No sin dejar de decir que soy el primer interesado en que se realicen todas las investigaciones necesarias para determinar si acaso hubo fraude de los importadores en la solicitud de las divisas, si hubo fraude de funcionarios públicos en el otorgamiento de las conformidades y si, como se ha afirmado, algunos importadores en complicidad con funcionarios del Estado y firmas verificadores, sobrefacturaron importaciones... Me atrevo a proponer que la Contraloría General de la República, organismo idóneo por todo respecto, instrumente los procedimientos indicados>> .

Como en las denuncias e informaciones de El Nacional de los días 24 y 25 de febrero se señaló directamente a la última directora de Recadi del pasado gobierno, Egdalia Bastardo de Leandro realizó una rueda de prensa en su casa de Club Hípico, donde negó absolutamente todo lo escrito por nosotros.

-No estoy desaparecida. Estoy en mi casa y dispuesta a que hagan las investigaciones que quieran sobre mi gestión -dijo a Florencia Tovar, redactora de guardia ese fin de semana.

Desmintió que Recadi, posteriormente denominada Oficina General Sectorial de Divisas para la Importación, sobregiró el presupuesto de divisas correspondiente a 1988, que el despacho estuviera intervenido, y que hubiera sido removida del cargo.

No estuvimos de guardia ese fin de semana anterior a los graves sucesos que estallaron el lunes 27 de febrero. No obstante, fui localizado en Los Teques por el Jefe Encargado de garantizar las ediciones del domingo 26 de febrero y lunes siguiente, Amado Fuguet V., también responsable de la Sección de Economía de El Nacional, y nos trasladamos de urgencia a la sede del periódico.

Cuando llegamos a Caracas, nos enteramos de que Edgalia Bastardo de Leandro amenazó con emprender acciones legales en nuestra contra, frente a lo cual convinimos en hacer una reunión el lunes 27 de febrero -que nunca se pudo realizar por los sucesos que envolvieron el llamado Sacudón-, entre Amado Fuguet, Alvaro Benavides La Grecca, Jefe de Redacción, y este periodista, Sub-jefe de Información Económica, para fijar una nueva estrategia ante la actitud anunciada por la cuestionada ex-funcionaria.

De regreso a Los Teques, la tarde del domingo 26 de febrero, pensé y para ello trabajamos el resto del día -sin imaginar, por supuesto, lo que ocurriría a partir del lunes 27-, en la manera de profundizar, todavía más, las informaciones sobre el recién comenzado Caso Recadi.

A pesar de los cruentos sucesos de febrero de 1989, que demandaron un gran esfuerzo individual y colectivo a los periodistas de El Nacional, desde ese momento, hasta la Semana Santa siguiente, estuvimos realizando un trabajo de seguimiento, de contacto con ex-funcionarios de Recadi, ex-funcionarios de la recién finalizada administración Lusinchi, empresarios, políticos, funcionarios del gobierno y parlamentarios. Lo más importante que ocurrió fue que por todas partes comenzaron a aparecer documentos y datos, algunos confidenciales y otros no. Nos convencimos de que el hueso que teníamos en la mano, no se podía soltar bajo ningún respecto.

Los escritos, más una innumerable porción de testimonios claves y entrevistas confidenciales, sólo nos confirmaron los detalles que algunos venezolanos sabían, pero no se atrevieron a discutir públicamente.

Desde ese momento nos propusimos demostrar al país que el Régimen de Cambios Diferenciales implantado en Venezuela desde el 18 de febrero de 1983 hasta febrero de 1989, administrado por Recadi durante los gobiernos democráticos de Luis Herrera Campíns y Jaime Lusinchi -especialmente a lo largo de esta última administración-, fue un instrumento utilizado por funcionarios públicos, empresarios, políticos y particulares para traficar influencias, otorgar y recibir privilegios y ventajas económicas, evadir leyes y responsabilidades y lucrarse en grupo e individualmente, en detrimento de los intereses nacionales y de las mayorías populares.

Toda la suerte de desatinos cometidos en contra o desde la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales, rebautizada más tarde como Oficina General Sectorial de Autorización de Divisas para la Importación del Ministerio de Hacienda, para acceder por la vía más fácil a los dólares baratos controlados por el Estado, acentuaron la corrupción administrativa y la crisis moral general del país, hechos estos fundamentalmente estimulados y protagonizados por las clases dirigentes.

La Gran Estafa cometida en este lapso de seis años se desarrolló, además, en el período más crítico que ha sufrido la economía y en el tiempo más calamitoso vivido por los venezolanos, desde el punto de vista de los sacrificios personales.

Ello, en el marco de una política obcecada y, tal vez, exageradamente inconveniente, de honrar los compromisos externos con la banca acreedora internacional, y en un contexto de acentuado deterioro del mercado petrolero mundial.

Esta mezcla antipatriótica de corrupción generalizada y degradante, de quiebra de valores, de políticas de desarrollo equivocadas, de agotamiento de las reservas internacionales, de colapso en las finanzas públicas y de todo tipo de distorsiones en la economía constituyeron, sin duda, algunos de los elementos que luego condicionaron la concepción y posterior aplicación del programa económico de ajustes del actual gobierno, cuyos efectos y consecuencias sufre la población desde hace ya un año.

Mientras nos organizábamos para cumplir con nuestro propósito, las secciones de Economía y de Política asumieron la responsabilidad, obvia, de darle seguimiento a las denuncias iniciales.

Así, se continuó con el trabajo de divulgar las reacciones. En la edición del lunes 27 de febrero, nuestros lectores, muy temprano por la mañana y antes de que comenzaran las revueltas de Guarenas, Los Teques, Caracas y del resto del país por el aumento en los precios de la gasolina y de las tarifas de transporte interurbano, convenidos con el Fondo Monetario Internacional, pudieron leer en la página D-2 la primera petición política de enjuiciar al ex-presidente Jaime Lusinchi.

José Vicente Rangel planteó que << la declaración del ex-presidente Jaime Lusinchi, quien admitió públicamente que la banca internacional lo engañó al no satisfacer las expectativas planteadas, debe ser el punto de partida para su enjuiciamiento. Es necesario determinar la verdad sobre este bochornoso proceso e investigar a todo el equipo económico negociador de la deuda externa, para establecer las responsabilidades, inclusive del propio Lusinchi>> .

Por su parte, el también ex-mandatario Luis Herrera Campíns, a propósito del tema anterior, ripostó con uno de sus célebres refranes llaneros: << que tarde piaste pajarito>> . Pero al abordar el caso Recadi, recién denunciado, precisó que << demando una investigación más exhaustiva, porque ahora el punto se plantea en un terreno más delicado>> .

En esta misma edición del lunes 27 de febrero se publicaron dos información más, originadas en la Contraloría General de la República. Una, titulada << El Contralor advirtió falta de Control en Recadi >> , basada en el informe correspondiente al año 1987, donde, en forma reiterada, hizo señalamientos sobre el mal funcionamiento de Recadi y precisó que se investigaban presuntos hechos irregulares en el otorgamiento de divisas preferenciales.

José Ramón Medina, por separado, reveló que << aún no hemos recibido oficialmente la solicitud de apoyo que requiere el Presidente de la República para investigar el organismo, pero adelantamos una investigación desde hace varios años que ha sido muy dificultosa de culminar, por cuanto Recadi resulta inauditable, debido al desorden que impera y que a todas luces parece deliberado>> .

Aún con el torbellino y la velocidad de los acontecimientos acaecidos desde el lunes 27 de febrero afectándonos, por lo que todos veíamos en las calles de Caracas y por las noticias que llegaban desde el interior del país, el periódico siguió informando sobre el caso Recadi.

En la página D-15 del martes 28 de febrero, independientemente de los acontecimientos callejeros, se confiaron al lector unas declaraciones del dirigente accióndemocratista Antonio Ledezma: << Hay que aclarar las irregularidades en Recadi>> . Argumentó que la Oficina << se convirtió en un tonel sin fondo, desde donde se cometieron hechos irregulares que ameritan ser esclarecidos>> .

Después que se calmó El Sacudón y antes de que comenzara La Agenda Secreta, también se divulgaron más y nuevos hechos. Actuando de guardia de fin de semana, el sábado 18 de marzo realizamos una entrevista exclusiva a la Ministro de Hacienda, Eglée Iturbe de Blanco, quien había preferido hasta ese día no abordar el tema Recadi públicamente. Sin embargo nos informó que el despacho a su cargo estaba investigando 300 denuncias de corrupción en la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales por parte de empresas importadoras, conjuntamente con la Policía Técnica Judicial. Ella informó que esos 300 expedientes -algunos de los cuales tuvimos en nuestras manos tiempo después- no significaban un universo muy grande de particulares, en tanto que el registro de importadores en Venezuela sobrepasó las 14.000 firmas.

<<En cuanto a las investigaciones sobre Recadi- nos precisó a una pregunta- quiero ser clara. No acepto, por definición, el cuestionamiento global de que las divisas se distribuyeron fundamentalmente por amiguismo, por favoritismo o cualquier otro criterio distinto al que estoy explicando y que era por cupos para cada empresa registrada en Hacienda y en el presupuesto de divisas. El sistema de cambios preferenciales, donde obtienes un producto que puedes incorporar a tu producción y vender con una sobreutilidad a precios del dólar libre o revenderlo, constituyó un incentivo muy grande para la corrupción. Era el propio sistema el que propiciaba esta situación. Por esto es que la unificación cambiaria tiene como uno de sus elementos importantes matar la discrecionalidad y te elimina un factor de distorsión moral en la sociedad venezolana...>>

Dos días después de la entrega de nuestra entrevista con la nueva Ministro de Hacienda, quien a su vez fue Viceministro del mismo despacho en los meses finales del gobierno de Lusinchi, el diputado Douglas Dáger, estrenándose como presidente de la Comisión de Contraloría de la Cámara Baja, anunció oficialmente, el 20 de marzo, que el Congreso investigaría a Eglée Iturbe de Blanco, y a todos los funcionarios de la anterior administración que tuvieron que ver con la autorización y otorgamiento de los dólares preferenciales. Comenzó a negociarse en el Parlamento, por parte de las diversas fuerzas políticas, la integración de una sub-comisión que, inmediatamente, se convirtió en una supercomisión interpeladora con plenos poderes otorgados por la Cámara de Diputados.

El domingo 26 de marzo, el diputado por el Movimiento al Socialismo, Carlos Tablante, primer vicepresidente de la Cámara Baja y quien en poco plazo se convirtió en uno de los grandes protagonistas del caso, hizo su primera denuncia pública: << 26 millones de dólares otorgó Recadi a empresas fantasmas>> , reproducida por El Nacional en la D-1 de un domingo << calichoso>> como lo fue el 27 de marzo de 1989.

Señaló directamente a las empresas Distribuidora Nueva Zelandia, C.A., Maquinarias Royal, C.A., Maquinarias Europa, C.A., Maquinarias Victoria y Maquinarias Onix, << todas pertenecientes a los ciudadanos chinos Ho Fuk Shum y Ho Fuk Wing, ambos con domicilio social falso y actividades comerciales totalmente desconocidas>> . En la misma oportunidad se refirió a la sobrefacturación de importaciones de Manufacturas de Papel Manpa -caso que aclaró públicamente después, por haberse dejado engañar por unos abogados que quisieron aprovechar la confusión para cobrarle una cuenta pendiente a Manpa-, Xerox (cuyo expediente todavía conservamos en nuestro archivo) e Isanova S.A.

Los dos ciudadanos chinos fueron los primeros particulares denunciados en público por cualquiera de las instancias que investigaba, incluido El Nacional. Tiempo después el Juez Instructor Especial del Caso Recadi, el carismático Luis Guillermo La Riva, les dictó auto de detención y uno de los asiáticos, Ho Fuk Wing, fue apresado por un policía de tránsito en Valencia, cuando cometió infracción en un semáforo de la urbanización El Trigal. El agente -no recordamos su nombre- encabezó la Marcha de Los Pendejos, realizada en Caracas el 15 de Junio de 1989, inspirada en un concepto acuñado por Arturo Uslar Pietri en una entrevista que con respecto al desborde de la corrupción, concedió al programa Primer Plano moderado por Marcel Granier.

Carlos Tablante nos llamó por teléfono a El Nacional -primera vez que hablaba con él- y nos dio una cita en la sede de la Primera Vicepresidencia de la Cámara de Diputados. Por el hilo no quiso decirnos qué quería. Cuando llegamos al despacho, dos horas después, nos confió que se había equivocado con la empresa Manpa, y nos explicó la jugada del grupo de abogados. Finalmente, luego de revisar juntos los papeles disponibles, nos preguntó: ¿qué debo hacer?

-Decir la verdad -respondimos-. Me parece que si mencionaste a Manpa en una rueda de prensa, debes aclarar la situación de la empresa en otra rueda de prensa lo más pronto posible, conjuntamente con sus autoridades y hacer que la empresa admita también en público la situación creada por los abogados.

Así fue. Tablante, político hábil y de riesgos calculados, se reunió con la gente de Manpa, dio ruedas de prensa en Caracas y Maracay, buscó apoyo de los industriales de Aragua y salió airoso de su primera y única metida de pata.

La misma inquietud se la planteó telefónicamente, desde su recién adquirido (prestado) teléfono celular a José Vicente Rangel, la sombra asesora que acompañó a Carlos Tablante a lo largo de todo el proceso de investigación y denuncias.

El martes 28 de marzo, en una página antecedente de la Agenda Secreta, titulada El Escándalo Recadi, se dio cuenta en una información corta de que << el cogollito de Acción Democrática, reunido ayer en La Casona, decidió apoyar hasta sus últimas consecuencias las investigaciones que adelanta la Contraloría General de la República en torno a supuestos fraudes cometidos contra la Hacienda Pública, por la vía del otorgamiento discrecional de dólares preferenciales en Recadi>> .

Al día siguiente del apoyo al que las circunstancias obligaron al partido de gobierno y al propio gobierno, como consecuencia del curso que tomaron los acontecimientos asociados a Recadi, especialmente los divulgados desde El Nacional, el Fiscal 61 del Ministerio Público, Ramón Iglesias, solicitó por intermedio de la PTJ la nómina completa de todos los empleados de la extinta Oficina y anunció que se habían comenzado a instruir los primeros nueve expedientes.

Aunque las primeras denuncias fueron divulgadas el viernes 24 y el sábado 25 de febrero, fue un mes más tarde, el viernes 31 de marzo de 1989, cuando se inició la serie La Agenda Secreta de Recadi, que duró sistemáticamente unos tres meses y, con el trabajo previo y posterior (desde febrero hasta diciembre de 1989), un lapso de diez meses.