A propósito de la sobrevaluación del bolívar frente al dólar norteamericano, del colapso de los precios petroleros, de la crisis de la deuda externa y de la fuga masiva de capitales, como ya sabemos, triunfó en el Consejo de Ministros celebrado en Miraflores la madrugada del lunes 28 de febrero de 1983 la tesis defendida por el Ministro de Hacienda, Arturo Sosa.

Ese día Venezuela amaneció con un régimen que rompió con la tradición última de libre convertibilidad de la moneda. En uno de los decretos ejecutivos dictados antes del amanecer, se instruyó la creación de la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales, Recadi, para que administrara las acreencias externas de la República y del sector privado. Se legisló sobre las remesas del sector público y de los poderes del Estado al exterior así como remesas a estudiantes y se congelaron los precios. Los integrantes de la Sección de Economía de El Nacional, no pudimos abandonar las instalaciones del rotativo hasta pasadas las tres y media de la madrugada, hora a la cual terminamos de redactar lo concerniente a la nueva estructura cambiaria y los términos de una rueda de prensa ofrecida en Miraflores por el Ministro de Hacienda.

Se corrió la bola de que Díaz Bruzual había renunciado, pero fue falso. Estaba << más caliente que plancha de chino>> en la sala de reuniones del directorio del Banco Central, esperando que los ministros del gabinete económico llegaran para firmar los primeros convenios cambiarios entre el Ejecutivo y la autoridad monetaria.

Así llegamos, un año después, al 2 de febrero de 1984. Desde que se creó hasta esta fecha (un año), la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales se vio acosada, interna y externamente, por las más variadas formas de ejercer el delito y la corrupción para acceder a los dólares baratos controlados por el sector oficial.

Durante ese año, El Nacional publicó 68 noticias e informaciones que dieron cuenta de los abusos y arbitrariedades que sobre el nuevo sistema cambiario se estaban desarrollando. Muchas de éstas fueron redactadas por nosotros, puesto que nos correspondió la cobertura informativa de la oficina desde que se creó.

El 2 de febrero de 1984, día de la transmisión de mando entre el gobernante saliente Luis Herrera Campíns, y el entrante Jaime Lusinchi, el diario publicó dos noticias vitales respecto de Recadi.

En una nota escrita por nosotros, abriendo la página D-7, titulamos: << En 6 meses el Banco Central absorberá gran parte de las Funciones de Recadi>> .

Conseguimos un informe, de manera exclusiva, elaborado por Guillermo Pimentel (personaje sobre el cual regresaremos más adelante) para Reinaldo Leandro Mora, presidente de las comisiones de enlace del partido gobernante Acción Democrática, donde se afirmó que << en un plazo no mayor de seis meses el gobierno entrante procederá a reestructurar en forma íntegra la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales, reduciendo al mínimo indispensable sus actuales atribuciones>> .

Agregó el papel, entregado a mí por el propio Pimentel, en su oficina que quedaba en la sede principal del después intervenido Banco de Comercio, que << dentro del redimensionamiento planteado, el Banco Central de Venezuela, máxima autoridad monetaria del país, absorberá el grueso de las que, en materia de política, se derivan del régimen de control de cambios implantado por el Ejecutivo el 28 de febrero de 1983; conjuntamente con la formulación y administración del presupuesto nacional de divisas>> .

Según el estudio elaborado por la comisión de enlace, curiosamente integrada solamente por Guillermo Pimentel -que supiéramos él era el único que acudía rutinariamente a reunirse con el primer director formal de Recadi, Miguel Rodríguez Molina-, << se define a Recadi, en los actuales momentos, como un despacho de programación cuya estructura administrativa interna arroja una dirección general, dos direcciones sectoriales y tres dependencias adscritas al director general>> .

Adicionalmente, informamos que << el nuevo gobierno reconoce que, desde un punto de vista formal, deberán formularse las recomendaciones finales y sugerencias acordes, para preservar todos los frentes de actuación de Recadi, mientras se procede al futuro reparto de funciones con el Banco Central de Venezuela>> .

Previamente, en La Ermita, la tarde del 5 de diciembre de 1983, apenas a dos días del triunfo electoral de Jaime Lusinchi contra Rafael Caldera, nos reunimos con José Ignacio Casal, asesor para las políticas económicas a desarrollarse durante el quinquenio 1984-1989. Casal nos declaró que la adscripción definitiva de la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales al Instituto Emisor era << una decisión irreversible del presidente Lusinchi. Lo que está planteado es adscribir toda la problemática cambiaria donde debe estar y, de seguir funcionando Recadi, estará adscrita al Banco Central de Venezuela>> .

Comentamos en esa oportunidad que << la idea que en torno a la administración del Régimen de Cambios Diferenciales maneja el equipo de asesores económicos que rodea a Lusinchi, contrasta con la expresada, apenas unos días antes, por Miguel Rodríguez Molina, actual director de Recadi, quien sugirió al nuevo gobierno que la misma debería seguir bajo la adscripción del Ministerio de Hacienda, ya que el volumen de divisas que hoy se maneja es mayor al que se controló desde el Banco Central de Venezuela en el período 1960-1964>> .

La otra información aparecida el 2 de febrero en El Nacional, estaba totalmente alejada del campo político y económico. En la página D-20 se recogieron otras declaraciones donde el director de Recadi, Miguel Rodríguez Molina, denunció que un empresario le había falsificado la firma, buscando que le reconocieran su deuda externa privada>> .

En realidad, la Oficina no estaba viviendo su mejor momento. En los días precedentes el propio Rodríguez Molina había resuelto intervenir la Dirección de Operaciones << hasta saber qué es lo que está sucediendo>> . Por otra parte, la Disip efectuó varios allanamientos que afectaron, incluso, hasta el personal de relaciones públicas y prensa. Este, entre otros muchos casos de corrupción administrativa, duró varias semanas más allá de la transmisión de mando, y dio como resultado que la Juez XIII Penal y de Salvaguarda, Morita Hernández (la La Riva de la época) dictara el 14 de febrero de 1984 doce autos de detención contra los funcionarios: Pedro Rafael Molina, Ada Marubo Planeta, Jean Carlos Ríos González, Daniel Benito Scalera Cabrera, José Novoa, Francisco Antonio Cariol, Roque Vicente Rojas, José López, Arando Herrera, Ricardo Mora, Orlando Rojas, Oscar Escalante, Juan Rosas, José Sagarmundi, Xiomara Antonetti y Carmen Alicia Morales.

De estos doce, diez autos fueron confirmados por el Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público el 27 de julio de 1984.

El mismo día que conseguimos el llamado << Informe Pimentel>> , comentado antes, nos llamó telefónicamente el director de Recadi, Miguel Rodríguez Molina, para confirmarnos (confidencialmente) que su sustituto al frente de la oficina sería Francisco Maldonado Cisneros, quien se venía desempeñando como Director de Deuda Externa, y a quien habíamos visto ya en algunas oportunidades. Esta otra información la reflejó también El Nacional en la primera página del 2 de febrero de 1984.