La institucionalidad del BCV se vio afectadaLos informes atrás reseñados, elaborados por Gonzalo Pérez Hernández y Douglas Dáger, fueron públicamente adversados por Hernán Anzola, ex-presidente del Banco Central de Venezuela y bajo investigación por el Tribunal Superior de Salvaguarda, los días 29 de octubre y 5 de noviembre de 1989, respectivamente.

Fundamentalmente este funcionario, formado en el mundo petrolero (fue viceministro y varias veces ministro encargado de Energía y Minas) sostuvo la tesis de que los presupuestos nacionales de divisas son instrumentos meramente indicativos -cosa que también expresó Mauricio García Araujo en otro papel que le hizo llegar a Douglas Dáger- y que su interpretación como instrumento de trabajo, no puede ser la misma que la del presupuesto ordinario de la Nación, que obedece a una ley sancionada por el Congreso de la República. Aunque también discrepó de las cifras a las que habían llegado los informes del Congreso -siempre se cuidó Anzola de defender el pedacito de su gestión de año y medio-, su argumento principal fue el referido.

Al escrito de Pérez Hernández lo tildó el 5 de noviembre, desde El Nacional, como << superficial y confuso>> , mientras que al de Dáger de << carecer de rigor técnico>> , el 29 de octubre.

Sería para nosotros un absurdo y, además un abuso con nuestros lectores, seguirlos sobrecargando de cifras. En todo caso, las réplicas de Hernán Anzola refutan, una a una, las estadísticas de los textos parlamentarios.

Previamente, en una reunión sostenida entre nosotros y Hernán Anzola en la Jefatura de la Sección Económica de El Nacional, el ex-presidente del BCV -y el periódico también lo difundió en junio de 1988- entregó un largo documento titulado << En defensa de una institución y de mi gestión al frente de ella>> . La tesis central, apartando la supuesta responsabilidad personal y administrativa de Anzola, no es otra que precisar que el Instituto Emisor es una institución seria y respetable, por lo que no puede ni debe atacarse y se encuentra alejada de las situaciones irregulares detectadas en Recadi o Hacienda.

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