A los cuestionamientos que se le venían haciendo al Fiscal General de la República, Héctor Serpa Arcas -incluido el inolvidable episodio de la Lolapol-, se añadió uno relacionado con el escándalo Recadi: negligencia.

Esta constituye una flagrante violación del artículo 41 de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Público, que establece multa entre 10.000 y 500.000 bolívares para los funcionarios públicos que, según el ordinal 8 del mencionado artículo, << dejen prescribir o permitan que desmejoren acciones o derechos de los organismos, por no hacerlos valer oportunamente o hacerlo negligentemente> > .

Este fue el estreno del Fiscal Héctor Serpa Arcas en La Agenda Secreta de Recadi, en su edición del 6 de abril de 1989.

Resulta que el 23 de agosto de 1988, la Contraloría General de la República -aun cuando lenta en sus procederes- envió una comunicación al Ministerio Público (específicamente al Fiscal), remitiendo documentación importante sobre << presuntos hechos irregulares> > que se habrían cometido en Recadi a lo largo de 1987.

El texto enviado por Marieli Marrero Santana, Directora General de Control de Administración Central de la Contraloría a Serpa Arcas, explicó que << de conformidad con el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, enviamos expediente conformado por cuatro piezas de 877 folios, contentivo de informes de fecha 18 de agosto de 1988 y documentación sobre presuntos hechos irregulares, determinados por esta Contraloría en el curso de una averiguación que se adelanta en relación con el otorgamiento de divisas al tipo de cambio preferencial por parte de Recadi> > .

El párrafo siguiente decía: << A los fines de la determinación de las acciones legales que procedan por parte del organismo a su cargo, por cuanto del contenido del referido expediente se deriva que particulares y presumiblemente funcionarios públicos, han incurrido en la comisión de hechos que pudieran haber afectado el patrimonio de la Nación> > .

Entre otras, a esta comunicación oficial el Fiscal Serpa Arcas no habría hecho ningún caso. En otras palabras, la Contraloría nunca recibió pronunciamiento o resultados de parte del Ministerio Público, a este respecto.

Durante la administración de Héctor Serpa Arcas, digamos, la Fiscalía General de la República no vivió su mejor momento. Al final del escándalo Recadi, se le denunció por haberse autojubilado con privilegios y primas que superaban los 140.000 bolívares mensuales, de por vida.

Pero volviendo al desarrollo de lo que fue la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales, el viernes 5 de mayo de 1989 Luis Beltrán Prieto Figueroa sentenció de la manera más categórica que << Recadi me ha tenido muy preocupado por ser señal de una corrupción generalizada en las funciones públicas y eso tiene que preocupar, a su vez, a todos los venezolanos, porque los empleados públicos son servidores públicos y si son corruptos la administración no marcha...El Fiscal General -se refería a Serpa Arcas- no hace nada contra la corrupción. Y si no hace nada para castigar a los culpables que abusaron de sus cargos para desfalcar a la nación, es un hombre inútil que no cumple con sus obligaciones...> > .

Fue el 11 de junio cuando Ramón Escovar Salom abandonó la embajada de Venezuela en Francia para sustituir a Serpa Arcas al frente de la Fiscalía General de la República. Este cambio de mando siguió llenando lo que antes describimos como el << vacío de justicia> > .

Una semana más tarde anunció al país que había resuelto incorporar a las investigaciones iniciales sobre Recadi a dos fiscales adicionales a los seis ya existentes.

-La incorporación de Emilia Estée y Néstor Contreras es para fortalecer y profundizar las investigaciones. Ordené a los fiscales que participan en el caso que se abstengan de dar declaraciones públicas sobre materias que están en proceso sumarial. En este asunto, como en cualquier otro, el Fiscal General de la República debe contribuir a que los jueces actúen sin presiones.

Pero la fuerza inicial que le imprimió la nueva administración de la Fiscalía, con Ramón Escovar Salom al frente y Antonio José Herrera en la dirección general, se vio derrumbada por el auto de detención dictado por el Juez XXXVI Penal, Frank Vecchionacce, al Fiscal LXIII del Ministerio Público, José Gregorio Rodríguez, el 22 de junio, por complicidad en tráfico de influencias, en perjuicio de la empresa Balgrés.

Este caso, a su vez, estaba ligado a una denuncia particular formulada por el presidente de la Comisión Especial del Congreso, Douglas Dáger, contra los ciudadanos José Antonio Zapata y Rosa Yajaira Santaniello Rosales, por pedir dinero a empresarios, bajo la promesa de eliminar las pruebas en su contra. A estos dos también el Juez Vecchionacce les dictó auto de detención el mismo día que al Fiscal Rodríguez.

Como para amortiguar el desprestigio al que sometió a la Fiscalía José Gregorio Rodríguez, Antonio José Herrera, director general de Ministerio Público, en rueda de prensa efectuada el miércoles 28 de junio, anunció la incorporación de 32 nuevos fiscales a la investigación Recadi. Así, sumaban 40 los representantes del Ministerio Público y la cantidad permitió adaptar a la Fiscalía al esquema sectorial manejado desde el Congreso y a la incorporación hecha por Salvaguarda de nueve jueces instructores especiales para completar diez, agrupados también por áreas investigativas.

Para el momento del anuncio de Herrera, ya estaban acumulados 62 expedientes diferentes y la capacidad de sustanciación de la Fiscalía había mermado considerablemente.

Sintetizó en tres las razones para tomar la medida: 1) en los actuales momentos existen 62 causas vinculadas al caso Recadi, que cursan ante el Tribunal XXXVII Penal y de Salvaguarda (el del Juez La Riva); 2) dada la estrategia procesal de La Riva, se prevé un incremento sustancial de expedientes; y 3) de todas las dificultades y limitaciones señaladas por el Juez de la causa para la instrucción de los numerosos y voluminosos expedientes, hay una a cuya solución puede contribuir efectivamente el Ministerio Público.

El Juez La Riva se reunió con el ejército de Fiscales designados el 3 de julio y comenzó a repartir los expedientes y causas, a un promedio de dos por cabeza.

El 17 de noviembre el Fiscal Ramón Escovar Salom, desde San Cristóbal declaró lo siguiente: << Recadi fue un caso de corrupción que traspasó las fronteras venezolanas y que llegó a todos los rincones del mundo. Precisamente por las dimensiones, es que no puede quedar en la nada, sino que deben adelantarse las gestiones y procedimientos para que los que aparezcan como responsables puedan ser castigados con todo el peso de la Ley. En lo que respecta a la Fiscalía, puedo asegurar que haremos todo lo que sea posible, todo lo que esté a nuestro alcance y en nuestras manos, para tratar de contribuir al esclarecimiento de ese bochornoso asunto>> .