La ex directora de Inspección y Fiscalización de Hacienda y encargada temporalmente de Recadi, Ana Teresa Herrera Balduz, y varios funcionarios a su cargo, fueron denunciados por algunos interventores de la aduana El Guamache del Puerto Libre de Margarita, por ocultar y participar, supuestamente, en actos reñidos con la ética del funcionario público, según constó en algunos documentos en poder de El Nacional.

En efecto, decía uno de los textos: << nos dirigimos a usted (el Contralor General de la República) en la oportunidad de remitirle por segunda vez a su digno despacho el cúmulo de denuncias introducidas en fecha de junio de 1987 ante la misma Contraloría, la Dirección de Inspección y Fiscalización y la Dirección General de Ministerio de Hacienda, y que recoge un paquete de denuncias relacionadas con innumerables irregularidades que se vienen cometiendo en la aduana El Guamache desde 1985>> .

Añadió esta misiva que << los protagonistas de estos actos ilícitos son: Arévalo Marín, administrador de Aduana; Santos Zapata, primer interventor; Augusto Alemán, técnico valorador. Como coprotagonistas mencionamos a Héctor Peinado, confrontador; Juan Méndez, administrador encargado de la aduana de Pampatar; Omar Peraza, abogado fiscal; y otros funcionarios bajo la dirección de la doctora Ana Teresa Herrera Balduz, Directora General de Inspección y Fiscalización>> .

Se argumentó que << estas denuncias fueron procesadas entre septiembre y octubre de 1987 por la Dirección de Inspección y Fiscalización del Ministerio de Hacienda, fecha en que la Contraloría General de la República mandó una comisión para investigar los casos. Pero la doctora Ana Teresa Herrera se interpuso, colocando funcionarios afines a ella en cada una de las empresas denunciadas, engavetando las pruebas fehacientes que inculpaban e involucraban a los funcionarios señalados>> .

Complementaron el informe confidencial advirtiendo que << la mano salvadora de la doctora Ana Teresa Herrera recibió dádivas, para mantenerlos en sus correspondientes cargos...>> .

Fue a partir de esta denuncia que las actividades de la ex directora de Inspección y Fiscalización comenzaron a ser investigadas desde el propio Ministerio de Hacienda y otras instancias, abriéndose un proceso que culminó con la destitución ordenada por el Presidente la República, Jaime Lusinchi, dentro del episodio de los teléfonos intervenidos en otras direcciones del despacho, incluídos los del Ministro de Hacienda, Héctor Hurtado. Todo en un contexto donde Ana Teresa Herrera, a su vez, hacía lo propio contra las actividades de la directora de Recadi, Edgalia Bastardo de Leandro, a propósito de un caso que hizo crisis: Interamericana de Aviación.

El 13 de abril de 1989, un día después que La Agenda Secreta publicó nuestro trabajo, por intermedio de una amiga común Ana Teresa Herrera nos mandó llamar por teléfono y nos dio una cita en su casa para entrevistarnos el 14 a las nueve de la mañana, en el Edificio Doral de Los Palos Grandes. Se mostró muy cautelosa porque ese mismo día, por la tarde, tenía que ir a una interpelación en el Congreso.

Las denuncias formuladas ante la Contraloría y la Fiscalía por el grupo de interventores de la aduana de El Guamache, en contra de Herrera Balduz, provocaron que ésta iniciara una investigación interna, de acuerdo con sus atribuciones específicas, que provocó la sospecha de ciertas anormalidades y vicios cometidos por funcionarios y empresas importadoras de Margarita.

Mientras por un lado Ana Teresa Herrera era atacada, incluso con anónimos, ella, por el otro, actuaba bajo instrucciones emanadas del Ministro de Hacienda, Manuel Azpúrua, en varias indagaciones.

El titular de la Finanzas Públicas, Azpúrua Arreaza, ofició a Herrera Balduz para que tomara en consideración un petitorio enviado por Paciano Padrón, presidente de la Comisión de Contraloría de Diputados, a los fines de constatar la veracidad de las imputaciones e irregularidades que se estaban levantado desde el Puerto Libre.

La instrucción de Azpúrua consistió en ordenar de inmediato una inspección en El Guamache. En paralelo, la Contraloría hacía lo propio.

Un primer paso ordenado por la Directora de Inspección y Fiscalización, fue instruir a la jefa de la División de Instrucción Fiscal, Carmen Hernández Antonini, para que reordenara a Víctor Droz y Amarilis Sánchez dar cumplimiento al mandato del Ministro, siempre basados en la comunicación de Padrón. El presidente de la Comisión de Contraloría sustentó el petitorio a Azpúrua en 37 folios anexos.

Un primer informe parcial de las actuaciones ordenadas por Ana Teresa Herrera dio como resultado que algunos factores como: falta de registros contables, empresas inexistentes, y la difícil ubicación de otras compañías, no habían permitido determinar << fehacientemente>> las presuntas irregularidades imputadas a la jefa de la oficina (Herrera Balduz) y los otros funcionarios aduanales mencionados en las denuncias.

En segundo lugar, el parte preliminar dio cuenta de que se habían detectado procedimientos administrativos viciados por parte de los funcionarios de la aduana El Guamache, en cuanto al desaduanamiento de mercaderías, por lo que se trataron de introducir algunos correctivos.

Fue así como el 6 de enero de 1988, meses después, Daniel Antequera, Inspector General de Hacienda, ordenó a Eduardo Cuberos -ya había sido destituida Ana Teresa Herrera Balduz - que continuarán la investigación emprendida contra las empresas CVG Internacional, Bomacasa, Joyería Iván, José Mazzeo, Importadora El Oeste, Importadora El Sha, La Pirámide, Mi Lindo Sueño y El Gran Mayor. Las investigaciones continuaron abiertas, porque nuestras embajadas en el exterior no habían podido verificar los precios involucrados, cosa fundamental para poder constatar las operaciones en Margarita.

Uno de los aspectos fundamentales que provocaron discrepancias entre la Directora de Inspección y Fiscalización, Ana Teresa Herrera, y el Director General de Hacienda, Jorge García Duque, fue el trato jurídico que tenía que dársele a la empresa solicitante de divisas ante Recadi, Interamericana de Aviación.

Esta otra investigación fue ordenada por el entonces Ministro de Hacienda, Manuel Azpúrua Arreaza, a la doctora Herrera, << hasta sus últimas consecuencias>> . Así, la dirección de Inspección comenzó a indagar en la Empresa, logrando reunir suficientes recaudos que demostraban que se había hecho un mal uso de las divisas preferenciales asignadas y lo mismo con otros dólares para la compra de repuestos que nunca llegaron a Venezuela.

Incorporado García Duque al Ministerio, ya había llegado al despacho un escrito del Tribunal Penal a cuyo frente estaba el titular Pastor Laurens, quien opinaba que la averiguación no era competencia de la dirección de Inspección y Fiscalización y que el caso debía entrar en el ámbito de conocimiento del órgano tribunalicio, de manera exclusiva.

El Director General de Hacienda, García Duque, creyó conveniente que así se hiciera y, a partir de este momento, comenzó un pleito entre los dos funcionarios que culminó con la destitución de Herrera Balduz con un 211 ordenado por el Presidente Lusinchi.

El 16 de mayo de 1987 fue removida Ana Teresa Herrera de la Dirección de Inspección y Fiscalización del Ministerio de Hacienda. Fue enterada de la decisión del alto ejecutivo por la vía del Director de Personal del despacho. Son encontradas las versiones de lo que sucedió ese día en el cubículo de Herrera Balduz. Lo más confiable, aparentemente, es que ella firmó el 211 ordenado por Lusinchi, sin problemas. Pero condicionó la entrega del inventario para una hora diferente del mismo día.

Fue así como en la tarde del 16 de mayo formalizó el traspaso a Jorge García Duque, quien había reunido a la escolta del Ministerio y todos armados subieron al piso 6 de la Torre Norte, mientras arriba varios funcionarios, también armados y afectos a Herrera Balduz esperaban al Viceministro. No hubo nada que lamentar, aparte de la tensión y las llamadas de Miraflores y la Casa Nacional de Acción Democrática, desde donde salió otro contingente para evitar una guerra entre las facciones en pugna.

García Duque se encargó temporalmente de la dirección. Posteriormente se firmaron las actas y los inventarios, donde de paso, estaban incluidos los equipos de grabación y detección de voces, con los que ella supuestamente había intervenido los teléfonos de las otras autoridades del Ministerio.

| Según versiones recogidas entre funcionarios, aparentemente, se trataba de equipos que existían desde la época de Fulvio Parodi, los cuales fueron colocados para grabar las denuncias orales y telefónicas y que, después, fueron utilizados con otros fines inconfesables.

Al acudir al citatorio del Congreso, Ana Teresa Herrera dijo, el 14 de abril, que << su casa fue allanada por la Disip y una vez que llamé a mi cuñado (un militar de las fuerzas navales que le dio la protección) la trasladaron a la sede de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, primero en La Guaira y posteriormente a Caracas, donde fui recluida en un calabozo... Ese calabozo estaba sucio, habia una cama y dos mujeres. Una de ellas me dijo, es mejor que confieses porque si no te pueden arrancar un brazo>> .

A duras penas admitió que había sido amenazada de muerte en varias oportunidades.

Por cierto que el caso Interamericana de Aviación fue cerrado intempestivamente por el cuestionado Tribunal Superior de Salvaguarda integrado por Guillermo Urbina Cabello, Luis Marcel Urosa Savino y Angel Betancourt Ríos.

El expediente, abierto en 1987 por presuntas irregularidades en la importación de aeronaves con dólares preferenciales (eran tres y sólo llegó una en situación de inoperabilidad), fue protestado por el Fiscal del Ministerio Público, Jofré Marín, porque la decisión primaria del Juan Alberto Pérez Marcano, XXXV Penal, había sido mal instruida y faltaban algunas diligencias de suma importancia que habían sido solicitadas, más no materializadas.

En el interín, el presidente de la empresa, Julio Mendoza Silva, se comprometió a devolver los dólares colocados (1 millón 850 mil), más una fianza que originó una multa por 68 millones de bolívares) que, según el Diputado Douglas Dáger tampoco se concretó.