Blanca Ibáñez, secretaria privada del ex-presidente Jaime Lusinchi, envió oficios a la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales, según nos confió Francisco Maldonado Cisneros en nuestro primer Viaje a Miami - efectuado a fines de abril de 1989-, << cumpliendo instrucciones del ciudadano Presidente>> , en favor de ciertas instituciones no suficientemente amparadas por la legislación cambiaria, como es el caso del Consejo Nacional de Seguros y la Cámara Venezolana de Distribuidores de Instrumentos Musicales, cuyas solicitudes igualmente, habían sido inicialmente rechazadas por las autoridades de Recadi.

De acuerdo con los relatos de Maldonado Cisneros, la dependencia adscrita al Ministerio de Hacienda recibió instrucciones de Miraflores para reconsiderar algunas peticiones rechazadas, sin embargo la mayoría de éstos no obtuvo después respuesta positiva de su parte.

- ¿Usted recibió presiones concretas de Miraflores?, preguntamos a Maldonado en Miami.

- Habría que definir la palabra presión. Por lo que tú preguntas, interpreto que habría alguien detrás de algo específicamente.

- La pregunta es: ¿Recibió presiones desde Miraflores, sede del gobierno central? ¿De quién?

- No. Por eso digo que vamos a definir qué es presión. Yo sí recibí llamadas de Miraflores, cuando Recadi presentaba un problema de opinión pública, cuando existía un problema que Recadi no había solucionado, o cuando se creaba un área de desabastecimiento. Había muchos particulares e instituciones que acudían a audiencias en Miraflores.

- ¿Cómo le llegaban las instrucciones de Miraflores en este sentido?

- Dije que los privados planteaban su problema a nivel de Miraflores. A mí me llegaba el material por varias vías: una directa, que consistía en que Miraflores, directamente, me enviaba los recaudos a través de la secretaria privada. Por ejemplo, un memo diciéndome: anexo envío exposición sobre un caso que tiene un problema gravísimo; favor tomar nota de esto y presentar solución.

- ¿Una comunicación de quién? ¿Acaso de la secretaria privada del Presidente?

- Sí. Una carta de la secretaria privada.

- ¿Cuáles eran las otras vías?

- Otra vía era que esas cartas iban directamente a Azpúrua. Cuando yo presentaba cuentas, él me remitía el documento.

- Por ejemplo, esta comunicación firmada por Blanca Ibáñez, cumpliendo instrucciones del Presidente Lusinchi, de fecha 27 de agosto de 1985, donde ella se dirige a Azpúrua y expone sobre una carta consignada inicialmente por el presidente del Consejo Nacional de Seguros, William H. Phelan, ¿es uno de esos casos?

- Exacto. Ese era el tipo de carta. Entonces según la interpretación de lo que es una presión, esto puede ser o no una presión. Aunque obviamente el documento está relacionado con un caso concreto. Yo lo consideré como una presión natural...

- Entonces, ¿hubo presiones de Blanca Ibáñez?

- No.

- ¿La secretaria privada le dio órdenes directas alguna vez?

- No . Eran básicamente los oficios con cosas específicas. Se preparaba completo, y al ministro de Hacienda (Azpúrua) se le ponía en cuenta de la respuesta.

- ¿Y el ministro no se preocupaba con tantas negativas suyas en relación a las comunicaciones de la secretaria privada, ordenadas por el Presidente?

- A mí nunca me manifestó esa preocupación, pero se le veía en la cara... El ministro muchas veces me dijo que me quedara tranquilo, que aguantara, porque las cosas se podían manejar. Pero el que daba la cara era yo, el que decía que no era yo.

- ¿Cree que en algún momento lo quisieron utilizar?

- (No hubo respuesta).

Este diálogo con Francisco Maldonado Cisneros, divulgado en La Agenda Secreta del viernes 5 de mayo, trajo como respuesta que Blanca Ibáñez enviara un escrito a la dirección de El Nacional, el cual fue publicado el sábado 6 de mayo. La ex-secretaria privada de la Presidencia de la República, en su extensa misiva, aseguró que las comunicaciones oficiales enviadas por su oficina a otros despachos, se hacían en fiel cumplimiento de una instrucción presidencial y que, << nada delictuoso o simplemente irregular pueden revelar>> . Sobre Recadi, afirmó que << nadie podrá demostrar jamás que ejercí presiones indebidas ni accioné trámites que no me correspondieran>> .

- En su edición de ayer, continuando la subliminal serie que ustedes llamas la << Agenda Secreta de Recadi>> -se leía en el encabezado de la carta de Ibáñez-, aparece a todo despliegue, titulado, ilustrado y manejado con especial intención una publicación que bien puede entenderse como dirigida a incriminarme una vez más en un asunto que no me compete en absoluto. Como lo es lo relativo al otorgamiento de dólares preferenciales a importadores durante el gobierno del Presidente Jaime Lusinchi. De todas las sistemáticas alusiones hechas a mi persona por su periódico, las más de las veces que soslayo o en ejercicio de forzado razonamiento, ésta es todo lo directa y malintencionada, que me permito un comentario también directo y la exigencia moral y legal de que se abra espacio para defenderme...

El mismo día tuvimos que responder a Ibáñez que << estamos acostumbrados a recibir de quienes ejercen o ejercieron el poder, ese calificativo tan manoseado y efectista de manipulador, en casos en que son tocados determinados intereses o la importancia personal de los funcionarios señalados>> .

Días más tarde, el 10 de mayo, publicamos un trabajo titulado << Miraflores intercedió dos veces en favor de la empresa Indiaca>> . Se insistió sobre el punto de las presiones veladas.

En resumen, la secretaria privada del ex-presidente Lusinchi, blanca Ibáñez, intercedió en dos oportunidades -en una lo hizo por instrucciones del ex-mandatario y en otra a título personal- en favor del otorgamiento de dólares preferenciales, por parte de Recadi, para las importaciones de la empresa Industria Nacional de Implementos Agrícolas (Indiaca), cuyo presidente era Jesús Armando Maya.

Esta compañía, de acuerdo con la lista alfabética computarizada y oficial de la Dirección de Informática de la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales del Ministerio de Hacienda, no figuró con cupo oficial otorgado en los presupuestos correspondientes a los años 1986, 1987 y 1988.

Sin embargo, la Industria Nacional de Implementos Agrícolas apareció varias veces recibiendo conformidades de importación autorizadas y anunciadas públicamente por Recadi en sus avisos de prensa, por 710 mil 628 dólares con 80 centavos en 1987 y por 712 mil 10 dólares con 70 centavos en 1988.

Aun así, la información que de esta empresa existía en poder del Banco Central de Venezuela, dio cuenta que en el período comprendido entre mayo de 1983 y mayo de 1987, la firma Indiaca hizo efectiva ante el Instituto Emisor la cantidad de 314 mil 322 dólares con 84 centavos, de los cuales 136 mil 832 con 14 centavos fueron financiados con cartas de crédito.

En tanto que, entre junio de 1987 y marzo de 1989, la Industria Nacional de Implementos Agrícolas recibió del BCV 482 mil 592 dólares con 8 centavos, de los cuales 481 mil dólares con 68 centavos también fueron financiados con cartas de crédito.

Las fechas de estas dos cartas enviadas por Ibáñez fueron las siguientes: una, el 27 de noviembre de 1986, dirigida a Manual Azpúrua Arreaza, aludiendo las instrucciones del Presidente Lusinchi, y la otra, el 18 de mayo de 1987, sin comentar la referencia presidencial, dirigida a Ana Teresa Herrera, directora encargada de Recadi. A ésta le pidió: << Altamente le agradeceré la atención que le dispense el caso tratado, e igualmente informar a esta Secretaría Privada, para hacerlo del conocimiento del interesado>> .

Un funcionario que ocupó el mismo cargo de Ibáñez nos analizó -y preferimos no divulgar su nombre por ahora- que el segundo texto excedió (<< de frente>> ) las redacciones normales para ese tipo de comunicación.

La empresa Indiaca, por ejemplo, que figuró en la rutina de los listados por cupo -podría ser considerada extra-cupo- entre 1987 y 1988, recibió 42 conformidades de importación por casi 2 millones de dólares preferenciales, según pudimos saberlo gracias a un servicio computarizado levantado por la firma bursátil Marino Recio y Asociados, que contrató El Diario de Caracas, precisamente, para divulgar estos listados en la serie paralela << Expediente Recadi>> . Se descartó el servicio por El Nacional, debido a lo costoso. Pero pudimos acceder en más de una oportunidad al mismo, gracias a la buena voluntad de Alejandro Recio.

El 15 de mayo de 1989, Ibáñez apareció en el programa de televisión de Adelso Sandoval (<< Sin Censura>> ) por el Canal 12 y allí denunció que << estaba sirviendo de chivo espiatorio en una campaña lanzada por personas e instituciones que intentan atacar a Lusinchi>> .

Fue la oportunidad en que también dijo: << yo no tengo nada que ver con Recadi. Yo no sé ni qué es una carta de crédito>> .

Fue así como el nombre de la ex-secretaria privada, Blanca Ibáñez, quedó grabado en La Agenda Secreta de Recadi, y, como veremos más adelante, El Nacional y otras instancias investigativas, especialmente el Congreso, comenzaron a indagar una serie de bienes informalmente atribuidos a ella. Todo indicaba que aquellos << misteriosos vínculos>> detectados por el desaparecido detective Jiménez empezaban a tomar cierta forma en la realidad.

El 22 de mayo de 1989 Carlos Tablante envió un escrito a su colega Douglas Dáger, presidente de la Comisión Especial del parlamento, para que éste, a su vez, oficiara al director de la PTJ, Mauro Yánez Pasarella, y solicitara aclarar los propósitos de las cartas enviadas por Ibáñez a diversos funcionarios involucrados en las averiguaciones. Anexó 15 comunicaciones fechadas entre el 4 de julio de 1985 y el 26 de mayo de 1988, dirigidas por la ex-secretaria privada a Manuel Azpúrua, Edgalia Bastardo de Leandro, Ana Teresa Herrera Balduz, Francisco Maldonado Cisneros. Pero también consignó oficios originados en otros despachos y cuyos destinatarios fueron Héctor Meneses, Héctor Hurtado, Mariela Rey de Quintero y Eduardo Rafael Behrens Linares. Tanto en las de Ibáñez como en las otras, el propósito era reconsiderar los casos de las empresas Indiaca, Federaciones Agropecuarias, Cámara Venezolana de Distribuidores de Instrumentos Musicales, Pinova ABCD, C.A., Gases Industriales de Venezuela C.A., Coverplas y BPCA Tubulares petroleros C.A.

<< A mi despacho han llegado diversos documentos, en copias y originales, de comunicaciones enviadas por algunos exfuncionarios de la administración del ex-presidente Jaime Lusinchi como son Blanca Ibáñez y otros, cuyo contenido -escribió Tablante en el texto que solamente El Nacional publicó, aunque otros periódicos lo tenían (¿) - y propósito pidieran constituir irregularidades administrativas o ilícitos previstos y sancionados en la Ley Orgánica de Salvaguarda. Todo parece indicar que dichos funcionarios violaron los canales y los procedimientos administrativos regulares, al gestionar la obtención de dólares preferenciales, a favor de personas naturales y jurídicas, por vías distintas a las establecidas por el Estado en las resoluciones y decretos que constituían el marco jurídico y legal para la tramitación de conformidades de divisas preferenciales para importaciones>> .

En el archivo de quien fue una de las secretarias de Francisco Maldonado Cisneros, en Caracas, había por lo menos unas mil cartas de este tipo que, si bien no expresaban en su redacción ninguna presión anormal, los nombres de las mismas empresas en muchos casos se hacían cíclicos y cada seis meses circulaban. Por ejemplo, este fue el caso de la firma importadora Indiaca.

El diputado Enrique Ochoa Antich (MAS) pidió el lunes 29 de mayo a la Juez XXIII Penal, Carmen Figuera de Gómez, quien a su vez evacuó al VII Penal, a cargo de Olimpia Suárez de Algarra, que se investigaran los contratos suscritos entre familiares de Ibáñez y el Centro Simón Bolívar.

La ex-secretaria, con motivo de lo anterior, compareció el jueves 1 de junio al tribunal de Olimpia Suárez. Allí dijo a los periodistas que era inocente de todo lo que le achacaban.

- Basta de pantalleros en el país. La justicia será clara -sentenció firme la cuestionada secretaria.

Como de costumbre, el ex-presidente Jaime Lusinchi asumió la responsabilidad de las cartas firmadas por Ibáñez, su secretaria privada, el viernes 2 de junio.

- La doctora Ibáñez -escribió Lusinchi- cumplió bien y acertadamente la instrucción impartida por mí como Jefe de Estado y superior jerárquico... No entiendo los rebusques interpretativos para tratar de encontrar irregularidades o dolo donde no existe... por que mal podría quien interviene en juegos prohibidos declarar su intención o sus procedimientos ilícitos en un documento sujeto a circular, a ser archivado e, incluso, a ser fotocopiado para entregarlo maliciosamente a uno de esos enemigos gratuitos que todo el mundo tiene.

Blanca Ibáñez fue citada al tribunal de Recadi, a cargo del Juez La Riva, el lunes 5 de junio siguiente. Luego de unas seis horas de declaración dijo: << aquí existe una conspiración de la izquierda contra el sistema democrático>> . Como siempre, estuvo acompañada de su abogado Norka Sierralta de Villarroel.

- He venido acá... a cumplir con la citación del ciudadano juez. Vine efectivamente a declarar sobre las cartas que el diputado Tablante le entregó al diputado Douglas Dáger. Esas cartas no fueron estudiadas ni analizadas en el Congreso. Allí se me acusó a priori. Se están buscando chivos expiatorios donde no existen -insistió.

Un día después, el 6 de junio, La Riva pidió recabar en Miraflores los originales de las cartas firmadas por Blanca Ibáñez y por el Diputado Luis Guevara. Teníamos el dato, más no la confirmación. Conseguimos llamar al juez La Riva a su teléfono celular (la única vez que hablamos por teléfono con él) y éste confirmó que había oficiado.

Guevara fue nombrado por segunda vez en el caso Recadi, puesto que éste tenía un despacho muy cercano al de la secretaria privada. La primera fue cuando Oscar Páez Bohórquez dijo tener registradas llamadas telefónicas en su libreta de asuntos importantes, provenientes de Miraflores, y bajo la responsabilidad de Luis Guevara.

La Riva ofició al Jefe de Personal de Miraflores y nos dijo que la recaudación documental era clave.

Sorpresivamente, Blanca Ibáñez se presentó en el Congreso -donde no estaba previsto interpelarla todavía- dos días después del último acto de la Riva, el miércoles 7 de junio. Una vez que Henry Ramos Allup le cedió su propia silla, intentó explicar su conducta como funcionario. Fue el momento de la célebre frase << siempre he cubrido todos mis gastos>> .

Ante los miembros de la comisión especial que investigaba el Caso Recadi precisó que << los ingresos míos son los que he tenido de mis cosas particulares>> , muchas de las cuales se conocieron después.

Mientras ella estaba en el Congreso, en Miraflores no sabían nada del petitorio enviado por La Riva para recabar las cartas de Ibáñez y Luis Guevara. Según las reseñas de prensa, Pastos Heydra, jefe de la OCI, primero dijo que sí y luego que no habían recibido el memo de La Riva, en un evidente cambio de seña política.

Blanca Ibáñez abandonó el país y se residenció, fundamentalmente, en Miami, Estados Unidos, por sugerencia de los abogados Norka Sierralta de Villarroel y Morris Sierralta, padre de ésta.

De tal modo que el 18 de julio, habiendo sido citada por la Juez VII, Olimpia Suárez de Algarra, Blanca Ibáñez no se presentó, tras cuatro horas y media de espera por parte del Tribunal.

Pero fue, finalmente, el martes 25 de julio que los diputados Carlos Tablante y Luis Manuel Esculpi pidieron una cita a Silvestre Ortiz Bucarán, Enrique Sánchez Falcón y Carmen Alaide Mazzarri Mendoza, para denunciarla formalmente en el Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público.

Teníamos el dato adelantado y ese día, muy temprano, acudimos al bufete de Humberto Mendoza D´Paola, Tomás Mejías Martínez y Alfredo Rojas, autores del documento. Lo pudimos leer con antelación, y al rato se presentaron los diputados del MAS.

Tablante discutió telefónicamente con el secretario general del Movimiento al Socialismo, Freddy Muñoz, porque éste no conocía los términos de la denuncia, y la misma fue consignada por Tablante en Salvaguarda más tarde, porque << no me calo más retrasos burocráticos con el partido>> .

Luego de colgar el auricular, se trasladó al despacho de Ortiz Bucarán, totalmente decidido y escoltado por Luis Manuel Esculpi, quien había levantado un verdadero trabajo de hormiga sobre los bienes y relaciones de Blanca Ibáñez desde el ejercicio del poder.

El escrito, muy elogiado por diversos abogados litigantes, de unas 25 páginas y más de 300 en anexos, lo pudimos fotocopiar y divulgar de manera exclusiva por El Nacional (ya había finalizado, dos semanas atrás, La Agenda Secreta de Recadi, advirtiéndole a los lectores que se haría lo necesario sobre el caso cada vez que fuera indispensable, como ocurrió el 25 de julio).

Los denunciantes entregaron, sobre las once del mediodía, el dossier donde refirieron las irregularidades supuestamente cometidas por Blanca Ibáñez, en la relación que privó entre la Constructora Los Andes y el Centro Simón Bolívar y en la construcción y adjudicación de apartamentos en el Parque Residencial Juan Pablo II.

En el conjunto de la denuncia, además de Blanca Ibáñez y sus hijos, Carlos Alfredo y Lorena Margarita García Ibáñez, y sus familiares Laura, Alexander y Mauricio Fazzolari Scurría (dueños de la constructora Los Andes -ella está casada con Carlos Alfredo García Ibáñez-) y Michele Fazzolari Faraco; figuraron el ex Ministro de la Defensa, Andrés Eduardo Brito Martínez; el de Desarrollo Urbano, César Quintana Romero; el ex-presidente del Centro Simón Bolívar, Arnaldo Morales Jatar; el arquitecto Jack Dornbusch; y el Diputado Alberto Finol y algunos familiares de éste.

Igualmente, el ex-presidente Jaime Lusinchi, Adolfo Ramírez Torre, ex-gobernador de Caracas; Américo Araujo, secretario general de AD en Zulia; y Luisa T. Pacheco de Chacón, ex-gobernadora del Estado Táchira.

No obstante todas las referencias, Tablante y Esculpi denunciaron a Blanca Ibáñez << como autora de los delitos de tráfico de influencia, enriquecimiento ilícito, ocultamiento de datos e informaciones, lucro y concierto de funcionarios.

Como coautores precisaron a César Quintana Romero, Arnaldo Morales Jatar (primo del abogado de Douglas Dáger, Braulio Jatar), Carlos Alfredo García Ibáñez y Jack Dornbush. Pidieron la detención de estos cuatro y de la ex-secretaria privada de Lusinchi.

Expusieron los parlamentarios que << obran en nuestro poder un conjunto de documentos e informaciones que constituyen indicios de responsabilidad penal contra la ciudadana Blanca Alicia Ibáñez Piña... por su participación en hechos ilícitos penados por la Ley Orgánica de Salvaguarda>> .

El país entero conoce el poder que esta señora concentró y usurpó dada su influencia con el entonces Presidente de la República, Jaime Lusinchi, expresado en hechos como: nombramientos, remoción y manipulación de funcionarios públicos; gestión de contratos, concesiones y regalías fiscales, obtención de cargos a allegados, ocultamiento fraudulento de informaciones sobre el patrimonio y el escandaloso crecimiento y ostentación del mismo.

Dentro del extenso escrito destacó un señalamiento en particular: tuvo 6 millones de dólares en varias cuentas corrientes abiertas en diversos momentos en el North Ridge Bank, propiedad del Diputado Alberto Finol y cuyo vicepresidente era Enrique Finol, hijo de Alberto Finol.

Igualmente, las otras acusaciones pasaban por sus declaraciones juradas de bienes enviadas a la Contraloría que, en consecuencia, eran falsas; había dirigido el tráfico de influencias desde Miraflores; había ocultado fechas al Presidente para entregar con privilegios muchos apartamentos de Juan Pablo II; y había favorecido al arquitecto del conjunto residencial, Jack Dornbush, entre muchas otras cosas señaladas por Tablante y Esculpi. Apartamentos, carros, algunas compañías, caballos, trabajos fáciles en la CANTV y la Disip para sus hijos, contratos a familiares y casas, salieron a flote con el documento.

El apoyo político sobre el que dudó inicialmente Freddy Muñoz (según Tablante, piensa las cosas mil veces, pero luego las hace muy bien) fue luego dado por el conjunto del MAS. Destacó la frase acuñada por Teodoro Petkoff el jueves 27 de julio: << Ibáñez es el símbolo de la corrupción de una época>> . Ese mismo día, el Diputado por Copei Oscar Yánez, pidió que le cancelaran a la ex-secretaria privada la Orden del Libertador que le impuso el presidente Jaime Lusinchi.

El lunes 31 de julio, cansada de esperarla, la Juez VII Penal, Olimpia Suárez de Algarra, ofició a la Policía Técnica judicial para que buscaran a Blanca Ibáñez y la llevaran a su despacho a declarar. Pero ya era demasiado tarde. Como apuntamos antes, se había marchado a Miami.

El día fue bastante movido. Su abogado, Norka Sierralta de Villarroel, acudió al despacho del Fiscal General, Ramón Escovar Salom y entregó un largo escrito con una serie de anexos y declaró a la prensa que las denuncias de Tablante y Esculpi contra Ibáñez eran falsas.

Entre los anexos figuraban varias declaraciones juradas del Presidente del North Rodge Bank, Peter McCormack, quien dijo bajo juramento que, efectivamente, Blanca Ibáñez había tenido una cuenta corriente cuyo saldo era inferior a 58.000 dólares cuando fue clausurada el 19 de diciembre de 1983, y que su hijo, Carlos Alfredo, abrió otra el 1 de marzo de 1989 con 44.051,54 dólares.

El ex-ministro de la Secretaría, Carmelo Lauría, estaba en Miami y, según Tablante, fue el encargado de asesorar las peticiones de Ibáñez y su hijo a Peter McCormack, y que luego trajeron a Norka Sierralta a la Fiscalía y el mismo Lauría a un Comité Operativo de AD en La Casona. La prueba de esto último es que un personaje que llamaremos Alfa Policial a los fines de este recuento, hizo llegar a Tablante, con antelación y vía fax, las solicitudes hechas por Ibáñez y Carlos Alfredo García Ibáñez a Peter McCormack, antes de que Carmelo Lauría regresara a Caracas y Sierralta consignara las declaraciones juradas del presidente del North Ridge Bank ante el Fiscal Escovar Salom.

A Alfa Policial, como persona y como organización, lo conocimos en Miami, cuando realizamos el segundo Viaje a Estados Unidos oportunidad en la que Carlos Tablante denunció al North Ridge Bank ante diversas autoridades del Estado de Florida. De esto hablaremos más adelante.

Mientras tanto, Tablante y Luis Manuel Esculpi, apoyados ahora sí por Freddy Muñoz, respondieron en rueda de prensa celebrada en la primera Vicepresidencia de la Cámara de Diputados que << no polerizamos con los abogados de Ibáñez>> y ratificaron las denuncias introducidas en Salvaguarda. El mismo día que la Corte Suprema ordenó reponer el juicio de divorcio de Lusinchi, es decir el 2 de agosto de 1989, los abogados de Tablante: Humberto Mendoza D´Paola y Tomás Mejías Martínez, volvieron a la oficina de Silvestre Ortiz Bucarán, para responder el escrito de Norka Sierralta de Villarroel ante la Fiscalía, donde se argumentó la indefensión de Blanca Ibáñez.

De nuevo pudimos leer y obtener la respuesta con anticipación en el bufete de Mendoza D´Paola. Tablante declaró que << la confesión de Ibáñez está en el escrito de su defensa>> .

Hizo referencia a que se reconoció que sí existió una cuenta de Blanca Ibáñez en el North Ridge Bank y que la misma nunca fue reflejada en las declaraciones juradas de la ex-secretaria privada ante la Contraloría General de la República, cuando tomó o salió de los cargos públicos que ocupó desde que fue secretaria en el Congreso de la República.

-Haber ocultado a la Contraloría esta cuenta -señalaron- significa la primera comprobación de los delitos por nosotros denunciados.

El 4 de agosto siguiente, Douglas Dáger también hizo lo propio, y en el Tribunal VII Penal de Olimpia Suárez acusó a Blanca Ibáñez por malversación de fondos, puesto que se habían desviado más de 100 millones de bolívares del Instituto Nacional de Hipódromos, para financiar programas sociales de la Presidencia de la República, que al final resultaron para comprar 24 caballos, pagar refrigerios y gastos publicitarios para eventos especiales.

Este cuadro general de utilización perversa, maliciosa de los recursos públicos -justificó su acto Dáger-, en primer lugar contra un superávit financiero que no existía y en segundo lugar con un destino distinto al que tenían estas partidas, constituyeron un conjunto de irregularidades, de lesiones al patrimonio público y de malversación de fondos.

Un día más tarde, el 5 de agosto apareció en escena el hermano mayor de Blanca, José Roso Ibáñez Piña, con las sensacionales revelaciones hechas a nuestro colega Roberto Giusti. Una semana antes habíamos acudido a la oficina de Tablante para seguirle la pista a su denuncia contra la ex-secretaria privada. Encontramos un ambiente de misterio y preguntamos al abogado asistente, Alberto Quintero:

- ¿Qué es lo que pasa?>> .

- Adentro está un tipo que dice que es hermano de Blanca Ibáñez y está entregando documentos -respondió en la más estricta confianza.

Esperamos que saliera, dos horas después por lo menos, para verle la cara. Posteriormente, el sábado 6 de agosto dio una rueda de prensa en un hotel del Este y enseguida vino la serie titulada << Mi hermana Blanca Ibáñez>> , escrita por Giusti, a quien pusimos en contacto con Alberto Quintero para poder amarrar al familiar de la otrora poderosa secretaria. El primer contacto entre Giusti y José Roso ocurrió en la oficina de La Agenda Secreta de Recadi, ya en relativo desuso.

Cuando Carmelo Lauría regresó de Miami, un lunes -no recordamos la fecha exacta- se celebró en La Casona una reunión especial del denominada Comité Operativo de AD. El ex-ministro de la Secretaria de la Presidencia hizo una defensa contundente de Blanca Ibáñez y presentó a los asistentes, entre los cuales estaba Luis Piñerúa Ordaz - quien en el pasado le había dicho públicamente barragana a Ibáñez y ello le constó a ambos llegar al nuevo Congreso como Diputados-, las declaraciones juradas firmadas por Peter McCormack, basadas en las peticiones de la familia García Ibáñez y que Lauría mismo había asesorado.

Piñerúa Ordaz se quedó mudo ante el cerro de papeles enseñado por Lauría. El día del aniversario número 46 de El Nacional, una asistente del ex-candidato presidencial y miembro del CEN confió a un colega de la redacción que Piñerúa no tenía argumentos con qué rebatir la presentación de Lauría ni los alegatos de la abogada Norka Sierralta de Villarroel, apoderada de Ibáñez.

El punto nos fue comentado y contribuimos, en los días siguientes, a construir un correaje informativo entre los archivos de Carlos Tablante y de El Nacional con los de Piñerúa Ordaz, a quien se le dotó de todos los papeles importantes que existían en ese momento y que hacían referencia a Blanca Ibáñez. El terco dirigente adeco volvió a respirar con tranquilidad.

Previamente, el primero de agosto, Blanca Ibáñez, en Nueva York, otorgó amplios poderes a Norka Sierralta de Villarroel, para que la asistiera y representara en todos los actos derivados de las denuncias de Tablante y Dáger.

El acto ocurrió en el Consulado de Venezuela en Nueva York, con la participación del Cónsul Guillermo Herrera, quien habilitó la unidad de Servicios Públicos, fuera del horario normal, y con la asistencia del Cónsul Claudio Osorio y el funcionario Carlos Croes, hijo del ex-ministro de la Secretaría que lleva el mismo nombre.

El 8 de agosto, como fue su costumbre, Blanca Ibáñez mandó por fax sobre las seis de la tarde, a la redacción de los periódicos, un escrito donde planteó que se le quería << ajusticiar al estilo revolucionario>> .

Quienes conspiran para desestabilizar el sistema -la tesis de siempre- los falsos conversos que venían engañando a mucha gente, ahora enloquecidos después de los sucesos de febrero, son los mismos que pretenden hacerme víctima de una especie de juicio revolucionario pidiendo mi detención sin proceso y bajo la amenaza de no ser juzgada por mis jueces naturales... Desde que tuve uso de razón -agregó-, este señor que se presenta como mi hermano y nunca le pareció, le ha dado por hacerme daño...

El jueves 31 de agosto el recién constituido Tribunal de Etica de Acción Democrática, por boca de su presidente Gastón Vera, anunció al país la expulsión de Blanca Ibáñez de las filas del partido, por << tener la convicción de que la compañera Blanca Ibáñez ha quebrantado normas de carácter ético>> .

Desde Miami, una vez más utilizó el fax y respondió que se trataba de una decisión << cobardona, írrita, que vulnera la Constitución Nacional>> . En los corrillos adecos quedó la sensación de que el texto había sido escrito por Lusinchi, como había ocurrido en el pasado con otras declaraciones.

Una vez expulsada, siguieron los procedimientos judiciales, primero en el tribunal VII Penal, de Olimpia Suárez, quien fue denunciada por Douglas Dáger por << preparar la absolución de Blanca Ibáñez>> , a lo que respondió la magistrada, el 4 de octubre, que el presidente de la Comisión de Contraloría le había amenazado con << destruir mi carrera>> .

Y luego, en el Tribunal Superior de Salvaguarda que, estaba estudiando si acumulaba los tres expedientes contra Blanca Ibáñez en uno solo. En todo caso, todavía hay decisiones pendientes a favor o en contra de la polémica ex-secretaria privada.

Ultimamente, en una interpelación de la que fue objeto el actual Ministro de Educación, Gustavo Roosen, colateralmente salió el tema de investigar la legalidad del título de bachiller de Blanca Ibáñez y si, efectivamente, cumplió con todos los requisitos académicos para egresar como abogado de la Universidad Santa María, curso que adelantó coincidiendo con el ejercicio de la Secretaría Privada del la Presidencia de la República. El caso fue posteriormente denunciado, el 23 de marzo de 1990, por el Diputado del MAS, Vicente Martínez, con buenos indicios.

La oportunidad es propicia para contar lo siguiente. En la denuncia interpuesta por los diputados Tablante y Esculpi contra Blanca Ibáñez, en la página 2 se menciona una quinta llamada La Guacharaca, cuya propiedad se le atribuyó a la ex-secretaria en principio.

El Nacional tuvo conocimiento de un dato similar que, previamente, comenzó a ser investigado desde mucho antes que los parlamentarios del MAS también la refirieran en el escrito dirigido después a Ortiz Bucarán.

Se trató de una construcción inscrita en el registro correspondiente el 12 de diciembre de 1967, bajo el permiso de construcción 19.762, y de habitabilidad número 9.448, de un piso y de una superficie total de 346,45 metros cuadrados, pero plantada en un terreno de 3.089 metros cuadrados, localizada en la Calle Mirador de la Urbanización alto Hatillo.

Desde aquella fecha hasta el 9 de septiembre de 1987 tuvo una cierta evolución y pasó por los siguientes propietarios: Rodolfo G. Duberstadt Kagerah compró a José H. Amadeo Nigagkioni en 1960, quien a su vez había adquirido el terreno de la Sociedad Urbanización Alto Hatillo C.A. en 1960. El 9 de octubre de 1987 Duberstadt y un socio venden la parcela Nº 7 y la casa La Guacharaca a Inversiones Catálisis, constituida por el abogado Pablo Manuel Arráiz Santana y la señorita Mercedes Elena Contreras Arrieche. Inversiones Catálisis es una empresa de compra-venta de bienes inmuebles.

| De un valor inicial de 115 mil bolívares en terreno y de 278 mil bolívares en construcción se fue revalorizando, hasta que Inversiones Catálisis pago 8 millones de bolívares en efectivo, con una inicial de 1 millón y al final de la operación los últimos dos millones de bolívares. Inversiones Catálisis fue constituida con 20.000 bolívares, el 15 de septiembre de 1987, un mes antes de la compra.

Durante los meses que duró La Agenda Secreta de Recadi, la casa estaba siendo objeto de una remodelación del tenor de los 40 millones de bolívares adicionales. Hecho el seguimiento en los archivos legales, el 31 de mayo de 1989, Fabricio Ojeda, compañero de equipo, usó un carro de lujo del periódico, tomó un chofer, y se trasladó, sobre el mediodía, a la calle El Mirador de El Alto hatillo.

Se hizo pasar por un comprador potencial, y pudo constatar dentro de la quinta el proceso de remodelación que desarrollaban tres obreros colombianos, que le dijeron que su propietario era un señor Riverol, quien no aparece en ninguno de los documentos por nosotros revisados. Nunca pudimos confirmar que se tratara de Alfonso Riverol, buen amigo de Blanca Ibáñez. Por otra parte tampoco existía ningún escrito que diera cuenta de que Inversiones Catálisis le hubiera vendido la casa ni el terreno. El terreno mencionado en la famosa interpelación a José Angel Ciliberto, en el caso de los jeeps, donde llevaron los rústicos antes de ser repartidos en Miraflores, pertenece a Riverol y está localizado también en el Alto Hatillo. ¿Casualidad?

Dos días después Ojeda se llevó a la colega fotógrafo Sandra Bracho y ésta pudo fotografiar el inmueble y dejar testimonio interno de la remodelación. Sólo esperábamos una mudanza que nunca ocurrió.

El día que Norka Sierralta de Villarroel, apoderada de Ibáñez, acudió a la Fiscalía negó que esta propiedad fuera de su defendida, Blanca Ibáñez, pero, paralelamente, el equipo de investigación de Luis Manuel Esculpi consignó información como para que la quinta La Guacharaca fuera incluida en la demanda contra la ex-secretaria privada.

La empresa contratada para instalar, simultáneamente, aire acondicionado y calefacción, es propiedad de un hermano de Héctor Soucy, ex-presidente de Bauxiven, quien fue investigado en el sonado caso del Informe Espinoza contra la C.V.G.

El diputado del MAS, Luis Manuel Esculpi, denunció recientemente, el viernes 16 de febrero de 1990, que Ibáñez estaba vendido sus propiedades en Venezuela.

En la edición de El Nacional del 4 de agosto de 1989, la columnista Ana Teresa Arismendi Melchert (primahermana del editor de El Universal, Luis Teófilo Núñez Arismendi) dejó entrever que Blanca Ibáñez tenía, además de las atribuidas a ella en el North Ridge Bank en Miami, otras dos cuentas, número 38-6611142 en el Federal Reserv Bank de Mónica, y la 110-1148999 en el Irving Trust International Bank de Bahamas.