Si bien fue en los días finales de febrero de 1989 cuando se denunció que los contratos suscritos entre el Ministerio de Hacienda, Recadi y las empresas verificadoras internacionales eran clandestinos y atentaban contra la soberanía nacional -según los directivos de la Asociación de Agentes Aduanales (ASONAGA)-; estas compañías fueron también señaladas desde La Agenda Secreta de Recadi, a partir del miércoles 5 de abril, sobre la base de informes preliminares y confidenciales del Congreso de la República.

De acuerdo con los términos expresados en esos escritos, algunas de estas empresas verificadoras permitieron la sobrefacturación. Se escribió que << con la participación de las empresas verificadoras se legalizó la sobrefacturación fraudulenta contra el Estado Venezolano>> .

En efecto, las firmas internacionales Caleb Brett (norteamericana), Bureau Veritas (francesa) y la Société Générale Surveillance (suiza) y, posteriormente, la Chinesse National Import and Export Commodities Inspection Corporation (de la República Popular China), se encargaron de emitir certificados de verificación (report of findings) de todas las importaciones privadas desde el 25 de mayo de 1986, de acuerdo con el Decreto Presidencial No. 1.702 del 17 de abril del mismo año, publicado en la Gaceta Ofician No. 33.458.

La entrada de estas compañías, en principio, fue una consecuencia natural de la eliminación del pago al contado de las importaciones con dólares preferenciales, por lo que surgió como necesidad aparente, realizar una labor certificadora de preembarque, a los fines de constatar precios, calidades y cantidades de todas las mercancías extranacionales, cuyas especificaciones debían quedar plasmadas en los referidos reportes, para luego ser supervisadas en todas las aduanas de Venezuela, garantizándose así el buen uso de las divisas otorgadas.

Un informe del Congreso precisó que la actividad fundamental de Recadi fue servir como administrador de dólares preferenciales preconvenidos en los presupuestos de divisas correspondientes.

<< De tal modo que durante el gobierno de Jaime Lusinchi se instalaron en el país -dice el texto que se comenta- las empresas verificadoras, las que emitieron dos tipos de certificados: limpios y sucios, y se convirtieron en grandes fuentes, en consecuencia, de evasión de impuestos>> .

Argumentaron también las fuentes investigativas del Parlamento que << las empresas fueron contratadas para determinar las alteraciones, sin embargo, con los 30.000 millones de dólares que manejaron, -a los que se les debía aplicar impuesto de 1% -300 millones de dólares-, se pudo haber creado un equipo multidisciplinario de alto nivel técnico, de eficiencia, que permitiera un mejor control y seguimiento de las divisas preferenciales para importación y evitar así esta nueva forma de salida de poderosas sumas por concepto de verificaciones que, a la larga, se convirtieron en avales de operaciones ilícitas>> .

En consecuencia - se estimó-, << el Estado debe asegurar, clausurar y sellar los expedientes que tienen las verificadoras en sus archivos>> .

Se insistió en comentar que << el manejo que se daba entre las verificadoras y algunos importadores originó: certificados no limpios y sobrefacturación. Por ello se podrían pedir los documentos de exportación en los países de origen (de las mercancías), para determinar las operaciones fraudulentas>> .

Se agregó que << el gran negocio fue la compra de dólares baratos preferenciales para colocarlos en el exterior. Al margen de quienes resulten culpables o implicados en la investigación de Recadi y sus operaciones, << se debe declarar el caso Recadi como un problema de Estado. Se requiere la urgente aprobación de una Ley contra el Crimen Tecnificado o delitos económicos>> .

Otro aspecto digno de destacar en cuanto a las actividades de las compañías verificadoras en Venezuela es que, si bien las mismas manejaron un mercado anual de unos 8.000 millones de dólares en importaciones que tenían que ser certificadas, la revisión de sus estadísticas mostró un bajísimo nivel de emisión de certificados con salvedad, es decir, con observaciones que generaban la pérdida para el importador de su derecho al pago de los dólares preferenciales de determinada importación por parte del Banco Central de Venezuela y el pago de honorarios adelantado proporcionalmente a cualquiera de las empresas.

La respuesta que se dio en el Congreso fue la siguiente: o las empresas verdaderamente tienen una gran capacidad mundial y eficiencia operativa, o << realmente no verificaron absolutamente nada>> .

En materia de estadísticas revisadas por nosotros mismos, la empresa Caleb Brett -por mencionar sólo una- habiendo iniciado operaciones el 25 de mayo de 1986, con miles de conformidades de importación y manejando casi el 50% del mercado de certificación de mercancías, para el 14 de abril de 1987, apenas un año después -de acuerdo con sus recibos correlativos -sólo había emitido 12 certificados con salvedad. Así, cada una de estas empresas registró en sus archivos un número ínfimo de los denominados << non negotiable report of findings>> .

A mediados de 1986, en la víspera de la decisión oficial, la Asociación Nacional de Agentes Aduanales denunció que << la Ley Orgánica de Aduanas, en su artículo 45, atribuye directamente a los funcionarios de las aduanas del país la potestad de: verificar documentos, identificación, examen, peso, determinación de tarifas y restricciones, valoración, peso, medida y contaje de las mercancías a ser importadas. De allí se infiere que estas compañías transnacionales, sin duda, están usurpando funciones que son ejercicio irrenunciable de nuestra soberanía nacional>> .

Todas las operaciones de la empresa verificadora Caleb Brett, por manejar 46.691 conformidades de importación expedidas por Recadi con un valor FOB de 5.980 millones de dólares, posteriormente recibidas para generar certificados de origen con salvedad y sin salvedad, supuestamente, fueron ilegales y fraudulentas contra el Estado Venezolano y sus correspondientes 4.917 clientes importadores.

El 29 de abril de 1986, Michael E. DeArmond, presidente de un consorcio de dos empresas denominado Caleb Brett Intertek (The Inspection and Quality Control Specialist), ambas filiales de otro emporio corporativo denominado Inchape Inspection and Testing Services (IITS), con sede en Crechurch Lane, Londres, escribió al ex-director de Recadi, Francisco Maldonado Cisneros, una carta donde explicó que << sometemos a su consideración... los recaudos que acreditan a nuestra empresa como una de las pocas compañías a nivel mundial con amplia experiencia, trayectoria y reputación para realizar todas las labores pertinentes a la emisión de certificados de comprobación de los valores reales de las importaciones FOB que se realizan bajo el régimen de cambio preferencial, al igual que la inspección de la calidad y cantidad de los bienes importados antes de su embarque>> .

Agregó DeArmond en su misiva a Maldonado que << nuestra compañía reúne hoy en día una experiencia comprobada del Grupo Caleb Brett International LTD y de Intertek Services Corporation que, sumado a las 184 oficinas y laboratorios en 36 países y corresponsales en muchos otros, le permite mantener un personal directo o indirecto de más de 14.000 inspectores, ingenieros, químicos, maestros técnicos, con un promedio de 27 años de experiencia en inspecciones y certificación de materias primas y bienes de consumo, sirviendo a las empresas más importantes del mundo que se listan en la revista Fortune 500>> .

El 14 de mayo de 1986 Francisco Maldonado Cisneros le comunicó al Ministro de Hacienda, Manuel Azpúrua, en memorandum 049-86 la calificación de empresas que podían emitir certificados de origen a los efectos del cumplimiento del artículo 9 del Decreto 1.072 del 17 de abril del mismo año. Allí, el ex-director de Recadi planteó que se citaran a las diversas empresas especializadas, en número de 7 y << se recomienda, para comenzar, el sistema a Bureau Veritas, Caleb Brett y Société Générale Surveillance>> . De modo que se descartaron, por catalogarse en el tercer nivel, a Comitec (Inspectorate International), Inversiones Técnicas Financieras C.A. (Survey Associates Inc. Intefica), Investigaciones y Desarrollo (Indesca), y a Supervisiones e Inspecciones Venezuela C.A. (Control International).

Posteriormente, el 21 de mayo de 1986, el ministro Azpúrua retornó una misiva a Maldonado Cisneros, donde le anunció que << el Gabinete Sectorial de Asuntos de Política Económica y Financiera, en su reunión No. 38 del 15 de presente mes, acordó aprobar la recomendación de esa Oficina (Recadi) en su punto número 4, relacionada con la clasificación de empresas que pueden emitir certificados de origen para efectos del cumplimiento del artículo 9 del Decreto 1.072... en el sentido de iniciar el programa con tres empresas, las cuales en base a los criterios descritos son: Bureau Veritas, Caleb Brett y Sociéte Générale Surveillance>> .

Aprobada la anterior determinación por el gobierno de Jaime Lusinchi, Francisco Maldonado Cisneros dirigió comunicaciones, el 26 de mayo, a las empresas favorecidas por la decisión del 15 de mayo. En el caso de la Caleb Brett, que en los documentos oficiales no apareció como Intertek, ni como International LTD, ni como Venezuela C.A., el ex-director de Recadi expuso: << después de un amplio análisis realizado tomando en cuenta los elementos suministrados por varias empresas y luego de efectuadas diferentes reuniones con las mismas, esta oficina elaboró un informe en el que planteó las pautas para ser presentadas a consideración del Gabinete Económico>> .

Leído el documento genérico, dirigido a las tres seleccionadas, el señor Livio Pernetz, presidente de la empresa Caleb Brett Venezuela C.A., originalmente denominada Inspecciones Caribe, en sociedad con la empresa norteamericana Esperanza USA INC., firmó la resolución de Recadi en representación de Caleb Brett. En consecuencia, la notificación no la firmó Michael E. DeArmond, presidente de Caleb Brett Intertek, quien fue la persona que inició conversaciones con el gobierno de Jaime Lusinchi, por intermedio del Ministerio de Hacienda. Como tampoco lo hizo, en ese momento, René Villa, presidente en Venezuela de Caleb Brett International LTD, puesto que éste comenzó a ejercer las operaciones posteriores derivadas del manejo de las conformidades de importación, cuando tomó la presidencia de la denominación Caleb Brett International LTD, a partir de marzo de 1987.

Pero lo importante de este caso fue que la denominación Caleb Brett International LTD y la Caleb Brett Intertek, cuyas presidencias las ejercieron, como dijimos, René Villa y Michael E. DeArmond, respectivamente, no aparecieron en ningún registro mercantil de Venezuela. La única denominación que figuró fue la Caleb Brett Venezuela C.A., que presidió Livio Pernetz, a quien no reconoció René Villa sino como empleado de la Caleb Brett International LTD. Así quedó recogido en la entrevista que Fabricio Ojeda realizó a René Villa y que se publicó el 7 de abril de 1989. Pero se dio una circunstancia extraña: las oficinas de Villa y Pernetz eran contiguas y su trato indicaba una relación de socios y no de jefe a empleado.

Quiero aclarar -explicó Villa-, que en principio la empresa que salió descrita en El Nacional (Caleb Brett Venezuela C.A.) no es ni está relacionada con la compañía que él (Livio Pernetz) dirige en Venezuela. Se trata de una firma local, que después cambió de nombre y todo eso, pero que nada tiene que ver con el proyecto aprobado por el gobierno con esta verificadora.

Entre nosotros surgió la siguiente interrogante: ¿Cómo un simple empleado de la Caleb Brett International LTD (Livio Pernetz) que tenía su oficina ubicada al lado de la René Villa, en el piso 7 de la Torre Extebandes (Avenida Tamanaco, El Rosal) y que figura en el registro mercantil como presidente de Caleb Brett Venezuela C.A., asociado con la empresa norteamericana Esperanza USA INC., que se rige bajo las leyes del Estado de Delaware y con oficina principal en Dallas, Texas, (¿fantasma?) y sin ninguna vinculación con Londres, firmó ante Francisco Maldonado Cisneros la recepción oficial de la delegación que se le entregó a la Caleb Brett Intertek que presidía para ese entonces Michael DeARmond, quien solicitó la asignación para su empresa Caleb Brett?

Esto fue lo que permitió concluir, sin lugar a dudas, que las operaciones de la empresa Caleb Brett International LTD tenían un origen fraudulento, por cuanto la firma comercial Caleb Brett Intertek que solicitó la designación como empresa verificadora, era distinta a la Caleb Brett Venezuela C.A. (la de Livio) que da conformidad a la asignación aprobada por el gobierno, pero quien dio la cara en la ejecución de las operaciones de verificación fue la de Villa, Caleb Brett International LTD.

La situación nos llevó a afirmar que había una participación fraudulenta en la función verificadora de todas las denominaciones Caleb Brett y, al mismo tiempo, se planteó una situación de negligencia administrativa por parte de Francisco Maldonado Cisneros, al no << verificar>> a la empresa solicitante contra la empresa receptora y la ejecutora, en su oportunidad. La rúbrica de Livio Pernetz figuró en la comunicación entregada por Maldonado a Caleb Brett, y se constató con la firma de Pernetz en varios documentos acuñados por él en diversos registros mercantiles de Venezuela.

En una comunicación (HRC-DG-049) enviada por Maldonado Cisneros al ministro Azpúrua, informó al superior inmediato respecto de << algunas consideraciones sobre las diferentes entrevistas realizadas>> con las siete posibles empresas verificadoras que están en capacidad de emitir certificados de origen.

En efecto, en esta misiva del 14 de mayo de 1986, Maldonado Cisneros comunicó a Azpúrua que la empresa Société Générale Surveillance planteó al gobierno que le otorgaran el monopolio exclusivo del negocio de la verificación y de emisión de certificados de origen de las importaciones venezolanas: << se debe trabajar con un sistema exclusivo con una sola empresa y que el Estado firme un convenio expreso. La elección debe ser bajo un proceso de licitación pública (era la posición confidencial de la Sociéte Générale Surveillance). Por cierto que quien nos aclaró la forma correcta de escribir Surveillance fue Manuel Caballero. Hasta ese momento se le venía mencionando como Sourveillance, porque en todos los documentos figuraba así, mal escrita por los funcionarios venezolanos. Caballero aleró en torno a que no existía ninguna palabra en el idioma francés que comenzara por sour...

Aclarado este punto idiomático y de acuerdo con el documento suscrito por Maldonado Cisneros, la clasificación establecida por Recadi dio un primer nivel de calificación a Bureau Veritas y Caleb Brett; en un segundo nivel a la Société Générale Surveillance y a las otras cuatro antes mencionadas una tercera categoría en importancia. << Las demás empresas -escribió Maldonado- señalan o una simple especialización, una dimensión reducida o simples representaciones>> , por lo que quedaron prácticamente descartadas las firmas Sivenca, Investigaciones y Desarrollos C.A., Inversiones Técnicas Financieras C.A., y Comitec.

Añadió que << cada una de esas empresas hizo una amplia exposición y entregó material de la presentación a los funcionarios presentes: Oscar Páez Bohórquez (Director de Operaciones) y Marbella Rotundo (Directora de Autorización de Divisas). Como producto de las entrevistas realizadas, surgieron las siguientes coincidencias entre los aspirantes: en lo referente al enfoque democrático y transparente del proceso de múltiples empresas, estuvieron de acuerdo que la modalidad era novedosa en el mundo; consideraron que no debían ser muchas las firmas participantes (mínimo 2 y un máximo de 5), y que no sólo debería certificarse precios, calidad y cantidad, sino también los aspectos legales de la operación>> .

Igualmente, señalaron los candidatos, que el nuevo mecanismo traería una reducción de las importaciones, debido a los controles pre-embarques, << a la vez que un aspecto disuasivo; recomiendan que se exija el certificado de origen para las importaciones del sector público (con la excepción de armamento) y las exportaciones del sector privado para evitar subfacturación y aprovechamiento indebido de los incentivos fiscales oficiales; coinciden en que al inicio habrá manifiestas quejas de los despachadores en el extranjero como de los importadores, pero que es indispensable la intensidad con la que el gobierno respalde la medida>> .

Las tarifas a aplicar por las empresas a los importadores para realizar las operaciones de verificación variaron entre 0,9 y 1,2% sobre el valor FOB de la mercancía inspeccionada e independientemente del resultado sin salvedad o con salvedad.

Finalizó esta parte de la comunicación de Maldonado a Azpúrua diciéndole que << se opina que por seriedad y tradición de las empresas en primero y segundo nivel, se debe comenzar el programa con estas tres empresas. Por el planteamiento de la Société Générale Surveillance, ésta no está dentro de los parámetros fijados>> .

A las empresas escogidas se les dictó un manual de operaciones constitutivo de 17 condiciones que iban desde que el << Estado no va a controlar los servicios, sino que determinará aceptación dentro de las pautas fijadas de los certificados de origen... hasta que los mismos no son negociables>> .

En el mismo documento enviado por Maldonado Cisneros a Manuel Azpúrua el 14 de mayo, donde se recomendó a los favorecidos, también se dio cuenta del proceso de descalificación de las solicitantes Conitec, Sivenca, Inversiones Técnicas Financiera e Investigaciones y Desarrollo, Indesca.

La firma Conitec, filial de Inspectorate International Services, presentó una oferta vendiendo una estructura de 42 oficinas, 1.300 empleados y relaciones similares con 47 gobiernos del mundo. De origen suizo.

En tanto que Sivenca, filial de Commodity Control Services, tenía sólo experiencia en el manejo de productos energéticos y ofreció servicios adicionales en las ramas agrícolas, alimentos, petróleo y consumo, con plataforma en Estados Unidos.

Inversiones Técnicas Financieras C.A., ofertó a nombre de la transnacional Survey Associates INC., de Miami, Florida, y estaba especializada en peritajes y ajustes a la propiedad en general y mercancías para determinar estados y valores.

La única empresa totalmente venezolana que ofreció servicios fue Indesca, conformada con participaciones de la Petroquímica de Venezuela S.A., Estireno del Zulia y Polímeros del Lago, filial de Pequiven. Se desarrollaba básicamente con experiencia en la supervisión de importaciones de equipos tecnológicos sofisticados. Esta empresa salió en el tapete un poco más tarde, como veremos adelante.

El lunes 11 de abril de 1989, El Nacional abrió edición anunciando que, por las denuncias hechas hasta la fecha, el Tribunal XXXVII Penal, del Juez La Riva, citaría a declarar a los directivos y ejecutivos de las empresas verificadoras que operaron en el sistema de supervisión de importaciones. En la lista de los requeridos para declarar estaban: René Villa y Livio Pernetz, de Caleb Brett; Richard Gautier de la Société Générale Surveillance, y Dominique Le Denmat, de Bureau Veritas. La solicitud estaba apoyada en un petitorio introducido por los Fiscales Ana María Padilla, José Gregorio Rodríguez (a quién después le dictaron auto de detención por chantaje) y Alberto Barroso.

Mientras tanto, en La Agenda Secreta del 17 de abril se denunció que dos diputados y un militar habían actuado en las conversaciones y negociaciones que realizaron Francisco Maldonado Cisneros, director de Recadi, y otros funcionarios de la Oficina de Régimen de Cambios Diferenciales en Ecuador, donde quedaba la sede principal para Latinoamérica de la empresa Société Générale Surveillance.

Se trató de los parlamentarios, en la época, Leomagno Flores, de Acción Democrática, Alejandro Rodríguez Cirimelle, del Partido Socialcristiano Copei y del Teniente Coronel de la Guardia Nacional, Orlando Hernández, adscrito al Servicio de Inteligencia y Resguardo Nacional de las Fuerzas Armadas de Cooperación.

De acuerdo con Francisco Maldonado Cisneros, << esta comisión se integró, además, con la Dirección de Operaciones (Oscar Páez Bohórquez), la consultoría Jurídica (Zhaidee Rivas Randert) y el propio director de Recadi>> .

Aunque Maldonado, en nuestra primera conversación en Miami, no lo nombró, el Teniente Coronel de las FAC, Hernández Villegas se incorporó al grupo que viajó a Quito en febrero de 1986. Ese último dato se obtuvo de una copia certificada firmada por Wilfredo Maduro Pernía, director encargado de la Oficina de los Servicios Administrativos del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia (el titular era Carmelo Lauría), quien autorizó el pago de una orden de viáticos por el equivalente a 22.500 bolívares (4.500 bolívares para cada viajero al tipo de cambio oficial de 7,50 bolívares por dólar) a los fines de << una misión ordenada por el despacho con motivo de evaluar el funcionamiento de la Société Générale Surveillance en la República de Ecuador....

Esta solicitud de viáticos fue, a su vez, convenida en el Consejo de Ministros realizado el 29 de enero de 1986, según comunicación posterior del 30 del mismo mes de la Dirección General del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia.

Sobre este viaje, Maldonado Cisneros nos dijo que << el Ministro de Hacienda (Manuel Azpúrua) me comentó que le había solicitado al Presidente del Congreso (Reinaldo Leandro Mora) que designara a los diputados que creyere conveniente para asistir y, efectivamente, fueron escogidos Alejandro Rodríguez Cirimelle y Leomagno Flores. El día del viaje, el diputado Rodríguez Cirimelle se excusó de ir por cuestiones de trabajo, pero el diputado Leomagno Flores si asistió con nosotros>> .

Oscar Páez Bohórquez, director de Operaciones de Recadi, nos diría el día que se reunió con Carlos Tablante, para ser interpelado, que tampoco asistió a Ecuador porque consideró, luego, que eran demasiados los funcionarios de jerarquía los que abandonaban la oficina. Fue en la oportunidad en que entregó a Tablante el famoso cuaderno con las llamadas importantes, donde figuraban las hechas desde Miraflores por el diputado de AD, Luis Guevara.

El ex-director de Recadi explicó en Miami que el movimiento a Ecuador generó una apretada agenda: se revisaron todos los aspectos legales, las opiniones de la empresa privada, la actuación de la empresa verificadora Société Générale Surveillance, y se pidieron las opiniones a nivel del sector oficial ecuatoriano, especialmente de las aduanas.

De regreso a Venezuela -dijo Maldonado Cisneros- acordamos que la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales iba a preparar un informe exhaustivo con las conclusiones de todas las reuniones y que se pasaría al Ministerio de Hacienda (Azpúrua). Ese informe se elaboró y se le envió una copia a los diputados. Posteriormente no hubo reuniones, sino la redacción del informe que se le envió a los diputados para que ellos hicieran sus observaciones. No se recibieron mayores objeciones y, en base al mismo, Recadi preparó una serie de pautas y pasos a seguir... A todas esas reuniones asistió el diputado Leomagno Flores, interviniendo en muchas oportunidades, para hacer planteamientos>> .

Con esta información en la calle, fue consultada la opinión el 18 de abril, del presidente de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, Armando Sánchez Bueno, de Acción Democrática. Su respuesta no pudo ser más elocuente:

- Creo que se debe a una confusión, por cuanto mal podría yo haber designado una comisión de diputados, ya que ésta es una función privativa de la Cámara de Diputados o del Presidente de la misma. En todo caso, ni Flores ni Cirimelle pertenecieron a la Comisión de Finanzas de Diputados.

En tanto que Leonardo Ferrer, presidente de la Cámara de Diputados para el momento de la realización del viaje, aclaró:

- Ni la Cámara ni su presidente designamos ese tipo de comisión a solicitud de Recadi. A pesar del sinnúmero de comisiones especiales que designa anualmente la Cámara de diputados, en cada caso existe el respectivo expediente y, por tanto, es fácilmente verificable la escogencia.

El jueves 27 de abril, el Juez Luis Guillermo La Riva, Instructor Especial del caso Recadi, dictó los primeros autos de detención basados en las investigaciones a la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales: la medida recayó contra Richard Ames François Gautier, presidente en Venezuela de Société Générale Surveillance; Livio Pernetz, presidente de Caleb Brett Venezuela C.A., y André Marcel Dominique Le Denmat, presidente de Bureau Veritas. Ese mismo día salieron autos para los chinos de las 19 empresas fantasmas denunciadas por Tablante: Ho Fuk Shum y Ho Fuk Wing. Fueron las primeras cinco medidas judiciales del caso Recadi.

Carlos Tablante y yo nos enteramos el viernes 28 de abril, al día siguiente, cuando nos dispusimos a abordar un avión de Viasa que nos trajo de vuelta a Caracas, luego de él haber interpelado en Miami a Maldonado y nosotros hacer una larga entrevista al ex-director de Recadi. Entre la interpelación y la entrevista -también escuchamos las preguntas del diputado y las respuestas de Maldonado- se invirtieron doce horas de conversación.

Al pie de la misma página de La Agenda Secreta de Recadi se informó, desde Punto Fijo, que Livio Pernetz había sido capturado por la Guardia Nacional en el aeropuerto de Las Piedras, cuando trataba de fugarse del país, rumbo a Curazao, en el bimotor BE-90, y fue puesto a la orden de la Disip para ser trasladado a Caracas. En realidad había salido desde La Carlota, pero una avería no programada obligó al piloto del avión donde viajaba Pernetz Janovitz a aterrizar en Punto Fijo. Ya Richard Gautier y Dominique Le Denmat se habían marchado del país.

Cuando Carlos Tablante vio las informaciones de El Nacional exclamó:

- !Qué vaina tan buena¡ Los de las verificadoras son presos tuyos y los chinos son míos.

Al presidente de Bureau Veritas, Dominique Le Denmat lo conocimos en la sede de la empresa ubicada en la Torre Las Mercedes de Chuao, por intermedio de la señora Evelyn Branger, su asistente. Sostuvimos un encuentro privado después del 15 de abril en el que nos dio información confidencial sobre las otras dos verificadoras: Société Générale Surveillance y Caleb Brett. De esta forma pudimos ponernos en las estadísticas de la competencia. La firma Bureau Veritas nos dio la impresión de ser la más decente de las tres verificadoras fundamentales. Sin embargo, levantó sospechas el robo y posterior incendio que ocurrieron en sus instalaciones el día 29 de abril al mediodía. El Juez La Riva ordenó custodiar las sedes de las empresas con efectivos de la Guardia Nacional y PTJ.

Con respecto a Livio Pernetz Janovitz, éste envió una comunicación a la Dirección de El Nacional, el viernes 9 de abril. Nunca lo tratamos, pero sí tuvimos que responderle públicamente porque en esta misiva afirmó a Franklin Whaite: << si bien son ciertos los señalamientos... Specialist Services International de Venezuela (S.S.I.), es una empresa nacional, distinta y diferenciada de la empresa verificadora Caleb Brett International LTD, empresa esta última constituida y existente de acuerdo a las leyes del Reino Unido, con capital accionario y directiva distinta a los de mi representada>> .

A pesar de lo dicho por Pernetz, respondimos desde La Agenda Secreta que << la última denominación registrada por Livio Pernetz, es decir la Specialist Services International de Venezuela (S.S.I.), es la misma que figura, junto con la de Caleb Brett, en las tarjetas personales de presentación de René Villa, presidente ejecutivo de Caleb Brett International LTD en Venezuela... La sigla SSI -en todo caso- se correspondía con una filial de la Inchape Inspection and Testing Services (IITS), que tenía sede en Londres y no en Estados Unidos, como informó Livio Pernetz en el Registro Mercantil>> .

De lo anterior nos dimos cuenta cuando analizamos las tarjetas de presentación de Villa y Pernetz, las cuales todavía conservamos en archivo.

Ya fuera del país, Richard Gautier, presidente en Venezuela de Société Générale Surveillance, por intermedio del colega Enrique Castejón, profesor de la Escuela de Periodismo de la UCV, nos hizo llegar copia de una comunicación enviada el día anterior a los autos de detención dictados por La Riva, la cual dirigió a un espectro importante de dirigentes políticos de todos los partidos.

Así, Octavio Lepage, José Rodríguez Iturbe, Rafael Caldera, Freddy Muñoz, Douglas Dáger, Pompeyo Márquez, Teodoro Petkoff, Eduardo Fernández, Godofredo González, Gustavo Tarre Briceño, Carlos Canache Mata, Carlos Tablante, Rhona Ottolina, Vladimir Gessen, Andrés Velásquez, Alonso Ojeda, Gonzalo Barrios y Humberto Celli; pudieron leer: << para el momento en que la Société Générale Surveillance fue seleccionada por el gobierno nacional para verificar, junto a otras dos empresas las importaciones con divisas preferenciales, ya la SGS Venezuela S.A., había cumplido 18 años operando en el país. De tal modo que no se trata, como podría llegar a pensarse, de una compañía oportunista que sólo se interesó por la realidad económica venezolana en unos momentos específicos>> .

Desde Miami, el 4 de mayo siguiente, Francisco Maldonado Cisneros, especificó, al analizar la incorporación de las empresas verificadoras en el proceso de supervisión de las importaciones venezolanas, que había planteado en un informe al Gabinete Económico que el pago de 1% por parte de los importadores a la compañías de inspección tenía que ser al tipo de cambio del dólar libre.

No obstante, el gabinete sectorial resolvió lo contrario, es decir que el pago de los honorarios fuese al tipo de cambio preferencia de 14,50 bolívares, argumentando que el costo al dólar libre provocaría ciertos efectos inflacionarios en los productos de consumo importados. Sin embargo, los analistas de Recadi consideraron que << las unidades económicas>> , en tanto que estaban en plena operación productiva y de importaciones, podían absorber perfectamente un costo bajo al tipo de cambio en el mercado libre de divisas.

- La recomendación -explicó Maldonado- está en el informe correspondiente y fue cambiada al dólar preferencial. Pero el hecho de que no se haya aceptado es muy importante. Hay que estar muy claro en que Recadi, como oficina, realizó un sistema y propuso una serie de condiciones. Pero tampoco hay que despreciar el poder de decisión de un gabinete económico y después de un Consejo de Ministros que emite un Decreto Presidencial.

El 10 de mayo fueron interpelados, por separado, los parlamentarios Alejandro Rodríguez Cirimelle y Leomagno Flores. El primero confirmó que no había viajado al famoso itinerario de Ecuador, y que había criticado el sistema de verificación en una rueda de prensa. Flores, quien sí se trasladó a Quito, informó que lo hizo como profesor universitario y no como parlamentario.

- Los parlamentarios -dijo-, no nos peleamos por ir a un viaje. Mi interés fue como profesor de Derecho Internacional de la Universidad Católica Andrés Bello.

El martes 24 de mayo el Juez La Riva dictó otra medida de detención en contra de la ciudadana Nina Giovanna Caiazza, también funcionaria de la Sociéte Générale Surveillance, quien fue detenida el mismo día temprano por la mañana.

Carlos J. Ruíz Poleo, representante en Venezuela de la cuarta verificadora incorporada al sistema, Chinesse Import and Export Comodities Inspection Corporation -que en el pasado no había ofrecido servicios- consignó a El Nacional abundante información donde se dio cuenta de que a pesar de existir un convenio de cooperación bilateral entre Venezuela y China Popular, la Directora de Recadi, Edgalia Bastardo de Leandro, había marginado la incorporación de la misma al proceso. Sólo lo lograron, al cabo de dos años y medio, después de elevar una protesta al Ministerio de Relaciones Exteriores.

En mayo 30, desde La Agenda Secreta se dio cuenta de que las empresas verificadoras Société Générale Surveillance, Caleb Brett y Bureau Veritas, tenían antecedentes por corrupción en otros países.

Concretamente, la Asociación de Exportadores e Importadores del Sur-Este del Estado de Florida, en documentos exclusivos obtenidos por El Nacional en Miami, expresó que << nos sentimos complacidos y aliviados porque han terminado los continuos abusos y presiones del sistema de obtención de divisas preferenciales en Venezuela>> .

- No es casualidad -escribieron desde este gremio- encontrar que en todos los países donde se conocen las experiencias de verificación de precios para efectos de importación, tipo Bolivia, Paraguay, Nigeria o Ecuador, etc., aparece como denominador común en todos ellos las mismas empresas inspectoras o verificadoras de precios.

En este informe se apuntó que, << al revisar los casos de escándalos y de corrupción en todos estos países, se observa como la Société Générale Surveillance y Bureau Veritas, aparecen consistentemente en los expedientes. De hecho, de las tres empresas mencionadas se sabe en forma abierta que la empresa suiza Société Générale Surveillance es la esencia misma de este mecanismo de entrabamiento y corrupción>> .

- La empresa Société Générale Surveillance- afirmaron estos empresarios-, propiedad de diferentes grupos bancarios suizos, ha sido la creadora y principal promotora de estos mecanismos, a través de los Bancos Centrales y otras dependencias oficiales de los diferentes países afectados, actuando en muchos casos, como en Ecuador, el más reciente y sonado de todos los casos anteriores al escándalo venezolano, en forma de monopolio.

Se agregó que << no debemos dejar de mencionar que no existe ninguna duda de que el triste y empobrecedor proceso del cual Venezuela se viene percatando durante los últimos meses, está directamente e íntimamente relacionado con el caso de Ecuador. No cabe duda que es la empresa Société Générale Surveillance la que lo establece allí y es esta empresa, en combinación con el gobierno del Presidente León Febres Cordero, y el Ministro venezolano de Hacienda, Manuel Azpúrua Arreaza, quienes lo implantan en Venezuela, con apoyo de la banca suiza. Es absolutamente cierto que, al igual que en Ecuador, al inicio se estuvieron ejerciendo presiones para que solamente se le otorgara la exclusividad a la Société Générale Surveillance, pero debido a las características propios del caso venezolano, se decidió dar entrada a las empresas Caleb Brett y Bureau Veritas, con el fin de hacerlo más transparente ante la opinión pública>> .

Basados en el contenido de las regulaciones implantadas el 23 de octubre de 1984 por la Junta Monetaria (el Recadi del país suramericano), el 12 de marzo de 1985, Armando Tomaselli y Fabián Corral, director ejecutivo y del departamento jurídico de la Cámara de Comercio de Quito, respectivamente, oficiaron un documento económico-jurídico de 25 páginas al presidente del Banco Central de Ecuador, Raúl Clemente Huerta, donde expresaron ciertas inquietudes, << a fin de que rectifiquen los errores cometidos>> , luego de la decisión tomada que permitió a la empresa verificadora Société Générale Surveillance actuar en la emisión de los certificados pre y post-embarque de todas las importaciones y exportaciones desde y hacia esa nación.

- De los análisis... se concluye que no existe basamento jurídico suficiente para el cobro de la comisión a importadores y exportadores (1 y 2%) por los servicios prestados por la Société Générale Surveillance. Este costo debe ser absorbido por el Instituto Emisor... Los avisos de conformidad y no conformidad deben convertirse en elementos de juicio para que el Banco Central de Ecuador ejerza sus atribuciones. Una reforma del sistema parece imperiosa, para que la intervención de la Société Générale Surveillance no contraríe el esquema jurídico ecuatoriano.

La anterior historia resumida viene a colación, en tanto que un año después de comenzar actividades de supervisión de importaciones y exportaciones ecuatorianas -en medio de una gran pelea entre empresarios y funcionarios públicos- el gerente general de la Société Général Surveillance en Quito, Enmanuel Bonnet, aprovechó la presencia en Ecuador de Francisco Maldonado Cisneros, del diputado Leomagno Flores y del Teniente Coronel Orlando Hernández Villegas, para enseñar las virtudes y procedimientos impuestos en este otro país.

Siempre nos resultó importante tratar de determinar si los venezolanos que estuvieron en Ecuador, en enero de 1986, conocieron los cuestionamientos lanzados por el empresariado ecuatoriano en contra de las actuaciones de la Société Générale Surveillance: Enrique Orcés Jijón, Director de Aduanas: << actuaciones de SGS planteaban vicios reglamentarios>> ; Alfredo Gallegos Banderas (posteriormente denominado presidente de la Cámara de Comercio de Quito): << pagos de comisiones a la SGS son ilegales>> ; Emilio Parodi: << el contrato con SGS es oneroso y atentatorio de la dignidad nacional>> ; Rodolfo Kronfle, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil: << La SGS ocasiona un perjuicio irreparable a las empresas>> .

Es justo decir que el Ministro de Finanzas, Francisco Swett, advirtió al sector privado que el contrato suscrito entre del Banco Central de Ecuador y la Société Générale Surveillance << nació de la absoluta necesidad de lograr que el monto de las exportaciones e importaciones sea fidedignamente reportado y no se presenten problemas distorsionadores y de mala utilización de la reserva monetaria internacional>> .

La polémica está recogida en los diarios El Comercio, Hoy y El Universal, en sus ediciones comprendidas entre marzo y abril de 1985.

El 2 de julio de 1989 se informó en La Agenda Secreta que, a su vez el 26 de junio de 1986, Remigio Juan Apolloni, presidente de la empresa Supervisiones e Inspecciones Venezuela C.A., la única empresa nacional que fue descalificada como verificadora potencial por Recadi, con sede en Puerto Cabello, alertó al Presidente de la República de entonces, Jaime Lusinchi, en torno << al conflicto de intereses>> que representaría para el Estado Venezolano la participación de las empresas verificadoras Caleb Brett, Bureau Veritas y Société Générale Surveillance.

Efectivamente, denunció ante el Primer Magistrado nacional a la firma SGS, la misma que presionó el monopolio en Ecuador, cuestionada por los exportadores de Florida, Nueva York, Baltimore, Nueva Orleans y Texas y, por añadidura, acusada por soborno en Nigeria.

- Señor Presidente -escribió Apolloni-, respetuosamente solicitamos atienda nuestro llamado. Como venezolanos, exigimos que el Estado nos proteja y evite el monopolio y ventajismo que atenta contra la libertad de comercio según reza en nuestra Constitución y les prohiba tanto a estas empresas transnacionales como a sus filiales, que operen en el país por presentarse el mencionado conflicto de intereses. (El gobierno no estaría en condiciones reales de comprobar o verificar la imparcialidad y solvencia de estas empresas, actuando en los dos puntos, cargue y descargue). Esto ocasiona que la empresa certificadora en un momento dado pueda tener la libertad de tapar sus errores.

En la misma edición del 2 de julio, se denunció que la Société Générale Surveillance tenía antecedentes por soborno en Nigeria. La prensa de este país y de Inglaterra, como el Daily Times, The Punch, National Concord, New Nigerian y Lloyd´s List, informaron, entre febrero y diciembre de 1982, sobre el soborno a casi todos los miembros de la Comisión de Finanzas. Un señor llamado Dassonville, segundo vicepresidente de la Société Générale Surveillance a nivel mundial entregó, por equivocación, un sobre en 1981 con 120.000 dólares a Ernest Allison, sub-jefe de la embajada nigeriana en Berna, el cual estaba originalmente destinado a comprar al Presidente de la Comisión de Finanzas, Ralph Obioha y otros integrantes del comité parlamentario de diputados.

Según el relato escrito por el periodista nigeriano Raymond Okiti del National Concord, el 23 de febrero de 1982, la situación fue más o menos de la siguiente manera:

- Un funcionario de la embajada nigeriana en Suiza, Frederick Allison, confirmó ayer que le entregaron por error 120.000 dólares en el aeropuerto de Ginebra, destinados a la comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados. Dijo que él acompañó a los diputados integrantes de la comisión después que ellos inspeccionaron las instalaciones de la SGS en Ginebra... Allison dijo que preguntó a Dassonville qué contenía el sobre y que el funcionario de la SGS le respondió que eran dólares estadounidenses. Dijo que fue a un baño, en donde abrió el sobre y tomó nota de su contenido. Conté, conté, conté, ¡coño! Son 120 mil dólares, gritó agitado.

Esta otra historia viene a colación porque, si bien no fue rigurosamente confirmada la información, el mismo señor Dassonville estuvo en Caracas a mediados del mes de marzo de 1986, quién sabe con qué intención. De esto informaron varios empleados de Recadi, que siempre pidieron no ser nombrados públicamente. La presencia de este personaje fue escasamente quince días antes de que el gobierno de Jaime Lusinchi decidiera incorporar a las empresas verificadoras de importaciones.

Es necesario precisar que la intención inicial fue la de establecer unos supuestos controles para evitar sobrefacturaciones, (objetivo que por supuesto nunca se logró, por el contrario se estimuló con la pésima administración de los presupuestos de divisas), las importaciones del sector público no tuvieron ningún tipo de control porque el sistema, expresó, no fue concebido para calibrar gastos, mucho menos precios, calidades y cantidades de las importaciones del sector oficial.

Solamente Petróleos de Venezuela venía trabajando en el despacho de barriles petroleros con la firma Bureau Veritas, pero a raíz de las investigaciones y del escándalo sacaron a esta certificadora del registro de proveedores << hasta nuevo aviso>> .

El 17 de agosto de 1989, el presidente del Tribunal Superior de Salvaguarda, ordenó investigar las actuaciones de la Cónsul venezolana en París, Ana Cristina Anzola, porque esta funcionaria otorgó un poder al exilado presidente de la Bureau Veritas, Dominique Le Dem Matt, con un auto de detención en Venezuela, al abogado defensor Jorge Sosa Chacín, contra lo que estipula el artículo 92 de la Ley de Salvaguarda. El punto de la discordia fue que como Le Dem Matt no se puso nunca a derecho, le correspondía al Tribunal de Salvaguarda designarle un defensor público.

Más tarde, el viernes 2 de septiembre, el Tribunal Superior de Salvaguarda ordenó revocar los autos de detención que el Juez Instructor La Riva había dictado cinco meses atrás por aprovechamiento de fondos públicos. La magistrado encargada de hacer el anuncio fue Carmen Alaide Mazzarri Mendoza: -la revocatoria de los autos de detención se hace- informó a los periodistas de la fuente- porque el delito no aparece plenamente probado en el expediente. Pero por eso mismo, también se ordenó proseguir las averiguaciones.

El expediente bajó a las manos de la Juez Luisa Doris Castellanos, del XXXIII Penal, quien luego de La Riva se encargó de seguir las investigaciones sobre las empresas verificadoras. Ello significó que el único preso importante por este caso, Livio Pernetz Janovitz, recuperó la libertad luego de varios meses bajo sombra. Seguramente se marchó del país también.

Pero fue casi un mes y medio después, el 22 de septiembre, cuando la Subcomisión Especial del Congreso que investigó también las empresas certificadoras emitió su condena política. Señalaron Carlos Tablante, Nelson Chitty La Roche y Liliana Hernández, sus integrantes, que el ex-ministro de Hacienda, Manuel Azpúrua Arreaza, y el ex-director de Recadi, Francisco Maldonado Cisneros, << cometieron presunta comisión de delito en el proceso que incorporó a las empresas en la certificación de importaciones hacia Venezuela>> .

Recomendaron una nueva indagación judicial para establecer las responsabilidades penales. Este informe sectorial, a su vez, fue absorbido por el Informe presentado por el Presidente de la Comisión Especial, Douglas Dáger, a la consideración de todo el comité investigador parlamentario.

- La actividad de las empresas verificadoras -se lee en este otro documento-, fue costeada , es cierto, por los propios importadores, pero con dólares preferenciales, constituyendo este mecanismo el establecimiento de una curiosa relación según la cual el vigilante devino en asalariado del vigilado, con los resultados fácilmente imaginables... Está evidenciado que las verificadoras permitieron la sobrefacturación. El entendimiento y la comunidad de intereses entre las verificadoras y algunos importadores, dieron lugar a certificados no limpios y sobrefacturación.

Este caso, prácticamente cerrado, demostró que la verdad de la prensa siempre estuvo por delante de la verdad procesal o judicial, de manera que rápidamente se olvidó que alguna vez cuatro empresas verificadoras internacionales operaron en Venezuela.