Desde mayo de 1989 el Juez Instructor del caso, Luis Guillermo La Riva López, comenzó a investigar a todas las ensambladoras de automóviles, sector que consumió el más alto nivel de divisas preferenciales. Aproximadamente unos 6.000 millones de dólares, según el Diputado Leonardo Montiel Ortega. Aunque el Presidente de la Cámara Automotriz de Venezuela, Germán Pérez Díaz, aseguró que la cifra estaba en el orden de los 3.716 millones de dólares, consumidos por los afiliados: Toyota, Fiat, Ford, General Motors, Renault, Mack, Jeep y Cif-Diasa.

El grueso del expediente sectorial en manos de La Riva estuvo sustentado en el hecho de que el comportamiento operativo de las ensambladoras en los últimos años, supuestamente no correspondía, en principio, con el sacrificio fiscal -entiéndase aprobación de divisas preferenciales- que el Estado Venezolano hizo por la industria importadora de partes y repuestos.

Pero, ¿en qué se basaron las diversas denuncias que reposaban en el XXXVII Penal? El Magistrado Luis Guillermo La Riva tenía en sus manos tres tipos de documentos.

1) Los referidos a una presunta sobrefacturación global en el sector por el orden los 125 millones de dólares.

2) Los que advertían sobre una supuesta posibilidad de que las empresas ensambladoras no hubieran cumplido exactamente con el programa de unidades de exportación sustentado en la importación de CKD (armazones) con dólares preferenciales.

3) Los que referían en torno a una posible falta de correspondencia entre la política automotriz, con el esfuerzo fiscal del Estado y la escasez de repuestos, la ausencia de unidades producidas suficientes para cubrir el mercado y el aumento desbordado de los precios de los automóviles.

El otro aspecto que quería clarificar el Juez La Riva fue el concerniente a un conjunto de datos que apuntaban a los funcionarios que, desde el Banco Central de Venezuela, manejaban directamente la entrega de divisas a las empresas ensambladoras. Algunos de éstos renunciaron y otros fueron despedidos del Instituto Emisor con prestaciones dobles, casualmente. Pero el conjunto dependió de la Gerencia de Administración Cambiaria, al frente de la cual estuvo Carlos Hernández Delfino, funcionario denunciado por el diputado de Ora, Jorge León Díaz.

El caso sectorial comenzó a tomar calor cuando el Juez, el 26 de abril prohibió salir del país a Joseph W. O´Neill, presidente de Ford; John Werner, presidente anterior de Argenis Gamboa de la General Motors; Carlos Siso Paván, presidente de Tocars; y Bernardo Brum, gerente general de Fiat.

Un día después Cavenez publicó un remitido en todos los periódicos de circulación nacional donde se afirmó que << las empresas ensambladoras afiliadas a esta Cámara, operan en Venezuela desde hace más de dos décadas, con cuantiosas inversiones y sus transacciones de importación han estado siempre bajo la más rigurosa supervisión de los organismos gubernamentales, desde mucho antes de que fuese decretado el Régimen de Cambios Diferenciales (Recadi). En ningún caso se trata de negocios establecidos con el objeto de beneficiarse, indebidamente, de los mecanismos cambiarios... Queremos manifestar nuestra preocupación por el manejo precipitado e indiscriminado que pudiera darse a esta situación, lo cual perjudicaría la imagen de seriedad de las empresas integrantes de esta Cámara y de las personas que las dirigen>> .

- Los dólares preferenciales que se dieron a la industria -declaró el 22 de mayo Germán Pérez Díaz en el Tribunal XXXVII Penal- fueron para favorecer a los consumidores. Los precios y su estructura están bien claras, las tiene el Ministerio de Fomento.

El sábado 3 de junio se corrió la bola de que La Riva iba a dictar autos de detención a directivos y ejecutivos importantes de todas las empresas automotrices. Ello no ocurrió.

El Diputado Leonardo Montiel Ortega se apareció muy temprano en la mañana del martes 6 de junio en la Policía Técnica Judicial, donde el Juez estuvo varios meses despachando por la huelga de los trabajadores tribunalicios, consignando un documento donde rebatió las cifras de Cavenez.

- El congreso también es culpable de no haber tomado en cuenta mis denuncias del 7 de mayo de 1986, cuando reclamamos y denunciamos que Recadi era un foco de corrupción y todavía se podía corregir. Escribí a Lusinchi poniéndole una ley contra los ilícitos cambiarios. Las ensambladoras, que recibieron más de 6.000 millones de dólares preferenciales no le pagaron un centavo de impuesto sobre la renta al Estado.

Una vez más, el 12 de junio, La Riva renovó la prohibición de salida del país a los jefes de las compañías automotrices, pero específicamente a los presidentes de Ford, General Motors y Tocars, Cornelio Koreman, Argenis Gamboa (ex-presidente de Sidor y de la Corporación Venezolana de Guayana en el anterior gobierno de Carlos Andrés Pérez) y Alfredo Behrens Dala Costa.

El Diputado Carlos Tablante denunció a la empresa Tocars por haber sido favorecida con la entrega de dólares preferenciales, en detrimento de las demás ensambladoras.

El caso involucró a Héctor Meneses, ex-ministro de Fomento; Eduardo Rafael Behrens Linares (director de operaciones de Recadi); Ana Teresa Herrera Balduz, directora de Recadi, por tráfico de influencia.

Alfredo Behrens Reverón, director de la empresa Tocars-Toyota luego de aclarar que nada tenía que ver familiarmente con el legendario Eduardo Rafael Behrens Linares (de quien nunca se supo si había sido Director de Operaciones o Director General de Recadi, o ambas cosas a la vez), precisó el 14 de junio que Tocars estaba obligada << a actuar de manera transparente frente al país>> , porque era la única cien por ciento venezolana.

Guillermo Zuloaga, primo-hermano de Nicomedes Zuloaga y vicepresidente de ARS Publicidad a quien habíamos conocido en el pasado reciente, agencia que llevaba la cuenta promocional de Toyota, propició un encuentro entre Alfredo (Boro) Behrens Reverón y este redactor en su oficina. Allí escuchamos una larga presentación del ejecutivo de Tocars en la cual rebatió, desde su punto de vista, la denuncia interpuesta por Tablante en su contra.

Se argumentó que la acción no tenía fundamento, porque la conformidad de importación número 1724-055411 del 25 de noviembre de 1984, autorizada por Héctor Meneses y cuyo monto ascendió a 8 millones de dólares preferenciales, sí fue descontada del presupuesto de divisas correspondiente a 1987. El punto de discordia fue ése: había sido o no descontado el adelanto que se convino con las ensambladoras en general.

Tablante, por su parte, señaló varias veces que no había ningún papel oficial en Hacienda o Recadi que dijera que el descuento por anticipo se hubiera efectuado.

El Presidente de General Motors, Argenis Gamboa, acudió a declarar ante La Riva el 21 de junio. Antes lo hizo por haber sido presidente de Jeep de Venezuela.

El jueves 3 de julio, el Juez La Riva dictó auto de detención a los directivos de Ford: Cornelio Koreman, José Bisogno, Emmanuel Cassigena y Alfredo Guadarrama, ya había abandonado el país. Estaban en Aruba y Curazao.

Desde la ensambladora, ubicada en Valencia, el 5 de julio se emitió un comunicado, donde se expresó que << la Ford no puede hacer comentarios sobre el contenido de la decisión judicial del Juez Luis Guillermo La Riva, contra directivos de la empresa... En todo caso las cuentas de la Ford están completamente claras. Naturalmente que los resultados exigen una explicación judicial, la cual hasta el momento desconocemos. Ford Asumirá la defensa responsable y sin duda alguna, la situación será aclarada por cuanto nada tiene que temer y ocultar>> .

Como después el Juez la Riva cayó en desgracia por el caso de Nicomedes Zuloaga, a partir del 17 de julio el Juez XXVIII, Efraín Medina, se encargó de todos los expedientes industriales, menos laboratorios y medicinas. Nunca se supo que tomara alguna decisión que profundizara esa del Juez La Riva.

En el informe preliminar entregado por el diputado Douglas Dáger al Congreso, al abordar el sector automotor se señala lo que a continuación revelamos:

- Durante el desarrollo de las actividades de revisión y análisis se pudo determinar la existencia de facturas por concepto de adquisición de material de Ensamble Importador (MEI) procedente de Canadá, Estados Unidos, Brasil, que incluyen gastos denominados: logística de importación, fletes internos o cargos por manejo, conceptos éstos extraños a los previamente solicitados y convenidos en las órdenes de compra emitidas por la empresa y que sirvieron de base a Recadi para expedir las correspondientes conformidades de importación. Asimismo, constituyeron el elemento para establecer el parámetro limitativo entre el valor FOB, el número de unidades objeto de importación y las demás condiciones establecidas para cada caso en particular. Consecuencialmente, los precios unitarios resultaron alterados e incrementados en la misma medida en que las divisas otorgadas fueron utilizadas para atender gastos que se encontraban incluidos en el valor FOB de la mercancía... todo lo cual configuraría un sobreprecio, resultante de importar realmente una cantidad menor de material CKD en contraposición a los volúmenes que indicaban en la cotización o factura pro-forma.