La primera vez que la Ministro de Hacienda, Eglée Iturbe de Blanco, apareció mencionada en La Agenda Secreta de Recadi fue el 3 de abril de 1989. El diputado Douglas Dáger, presidente de la Comisión Especial del Congreso declaró lo siguiente:

• Cuando la señora ministro dice que el Estado no es una piñata, lamento que no hubiese dicho lo mismo y actuado con ese encomiable celo, cuando en el organismo que ella dirigía y fue Viceministro de Hacienda en el gobierno de Jaime Lusinchi, se produjo el más gigantesco saqueo a la Nación, como fue el manejo irregular de 30.000 millones de dólares desde Recadi.

Dáger había propuesto aplicar el artículo 30 de la Ley de Hacienda, según el cual existe la recompensa para quienes hagan denuncias que supongan el rescate de bienes y fondos de la Nación.

- La ministro no ha enfrentado mi criterio personal, sino el expresado en la Ley Orgánica de Hacienda. Por lo tanto, lo irresponsable es descartar a la ligera esta posibilidad que la ley consagra.

Eglée Iturbe de Blanco fue interpelada por la Comisión Especial el 14 de abril siguiente:

- Este despacho no es un tribunal -dijo Iturbe- pero recibió 83 denuncias relacionadas con la supervisión en las aduanas y 31 referidas al otorgamiento de divisas preferenciales... Siempre se está pensando que la motivación inicial de algo no es otra que la de cogerse unos reales...

En lo que constituyó la denuncia fundamental, casi personal, del Diputado Douglas Dáger, a lo largo de las investigaciones del caso Recadi, el también presidente de la Comisión Especial advirtió sobre << un robo mayor con las fianzas>> .

- El problema está referido a que existen en el Ministerio de Hacienda más de 26 mil expedientes sobre finanzas que por irregularidades cometidas por importadores con dólares preferenciales, le dan al Estado Venezolano derecho a ejecutarlas y de recuperar miles de millones de bolívares. La información que tenemos es que Hacienda, en lugar de ejecutar esas finanzas, las está entregando a los bancos comerciales y empresas de seguros, para que junto con los importadores subsanen las fallas en los referidos expedientes y de esta manera el Estado pierde.

Esta noticia se convirtió en otra bomba super explosiva y le añadió el Caso Recadi una arista par a investigar las actividades de la banca comercial en La Gran Estafa.

Eran 26.622 los expedientes llenos de solicitudes de liberaciones pendientes por ejecutar, de los cuales 6.067 correspondían a fianzas emitidas por empresas aseguradoras, por 542 millones 691 mil 218 dólares, y las restantes 21.055 fianzas expedidas por la banca, equivalentes a 1.615 millones 846 mil 604 dólares. Lo que representaba un gran total de 2.220 millones de dólares.

El alerta lanzado por Dáger se basó, a su vez, en un informe elaborado por Eva Morales, Directora de Aduanas y Liquidadora de Recadi, donde se le expuso a Eglée Iturbe de Blanco la situación de las fianzas por ejecutar y los pasos que los importadores tuvieron que dar para afianzar sobre los dólares entregados y los que tenía que dar el Ejecutivo para ejecutarlas.

- En virtud del considerable volumen de fianzas -escribió Eva Morales- se sostuvieron tres reuniones con representantes de la Asociación Bancaria, a fin de lograr establecer mecanismos que permitieran agilizar el proceso de análisis de los expedientes pendientes por liberación de fianzas y determinar efectivamente el número de fianzas pendientes reales, por documentación incompleta. Para lograr este fin, se planteó reducir el número de documentos para el análisis, pero siempre solicitando lo necesario para la comprobación de la correcta utilización de los dólares preferenciales.

Casi en paralelo, la Directora de Aduanas y Liquidadora de Recadi, Eva Morales, el 8 de marzo de 1989 ofició a Fernando Pérez Amado, Presidente de la Asociación Bancaria Venezolana, para advertirle que << existe un procedimiento claro de liberación de fianzas en Recadi y que su liberación no exime al importador de la responsabilidad que pueda tener, de determinarse la incorrecta utilización de las divisas, ni de su obligación de reintegrarlas por el uso parcial de las mismas>> .

De manera que el 4 de mayo la Ministro Iturbe de Blanco, según Dáger, autorizó el flujo de documentos desde los archivos de Recadi a los archivos de los bancos y empresas aseguradoras.

En la carta enviada por Eva Morales a la Ministro de hacienda, se dijo: << Se acordó consultar con la Contraloría General de la República sobre los recaudos mencionados y a tal efecto se efectuó una reunión en la sede del organismo quien convino en someter a estudio esta solicitud, no habiéndose recibido respuesta>> .

Esta frase de Eva Morales indignó al Contralor General José Ramón Medina, quien desde La Agenda Secreta de Recadi respondió el 30 de mayo que << poco me atrae tener que hacer desmentidos por la prensa ni participar en la pugna diaria por alcanzar nivel publicitario por el trabajo institucional que se cumple en la Contraloría>> .

- En la referida reunión aprovechamos la oportunidad para manifestar desacuerdo con el procedimiento que se estaba utilizando de devolver los expedientes de solicitudes de liberación de fianzas a los interesados a través de los bancos tramitadores. Expresamos que se corría el riesgo del extravío de documentos y no se tenía la seguridad de que los mismos serían devueltos oportunamente y sin modificaciones.

La Ministro de Hacienda intervino en la polémica con el Contralor y con Dáger, y el 1 de junio señaló: << los expedientes no están saliendo del Despacho, sino que se le exige a los bancos verificar si la documentación está completa>> .

Según las estadísticas de Hacienda, un total de 93 empresas bancarias y de seguros tenían en sus manos la información para completar todos los expedientes.

El 20 de julio el Consejo de Ministros formó una comisión integrada por los titulares de Hacienda, Banco Central y Procuraduría General de la Nación, para hacer transparente el paso de la liberación de las fianzas aludidas por Dáger.

Antes, el 30 de junio, Carlos Tablante denunció a la Ministro Eglée Iturbe de Blanco ante el Tribunal Superior de Salvaguarda por negligente en el cumplimiento de sus atribuciones, primero como Viceministro de Hacienda durante el gobierno de Lusinchi y luego como Titular del despacho de Finanzas Públicas con la actual administración.

<< Iturbe, al no tramitar las denuncias interpuestas (contra las empresas fantasmas de los célebres chinos y varias en el sector automotor) y no paralizar la entrega de divisas, incurrió en el delito tipificado en el artículo 59 de la Ley de Salvaguarda, y es por ello que solicito se abra la correspondiente averiguación sumarial, en contra de la citada funcionaria, con la finalidad de determinar su responsabilidad criminal en este caso>> .

El episodio de las fianzas se canalizó con una mala noticia: la reapertura de las Oficinas de Recadi por espacio de ocho meses, para finiquitar la liberación o ejecución de las fianzas pendientes. El anuncio lo hizo El Nacional en la primera página del 26 de septiembre de 1989. Están todavía en la revisión de los 26.000 expedientes.

Cuando el Presidente del Tribunal Superior de Salvaguarda informó al país la decisión de dictar autos de detención a diez ex-funcionarios de la administración de Lusinchi, por malversar fondos públicos, varios reporteros preguntaron al magistrado sobre el destino de Eglée Iturbe de Blanco, a lo que éste respondió:

- No existen en el expediente indicios que comprometan la responsabilidad de esta ministro sino de los funcionarios a quienes se ha dictado auto de detención. Si en el curso de la averiguación surgieran indicios contra otras personas, se procederá en consecuencia....

Recientemente Eglée Iturbe de Blanco fue incorporada al Directorio de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y sustituida por Roberto Pocaterrra.