27 de septiembre * Elementos del Ejército, agentes federales y policías estatales y municipales encontraron ayer 8 toneladas 350 kilogramos de explosivos y 360 bengalas almacenadas clandestinamente en depósitos en un perímetro de 300 metros del sitio donde el domingo pasado estallaron una bodega de pólvora y tanques de gas, lo que provocó al menos 59 muertos y cientos de heridos.

El subsecretario de Seguridad Pública de Guanajuato, Sebastián Barrera Acosta, informó de un primer decomiso de 60 cajas y 50 bolsas con cohetes, realizado en la dulcería La Corona, ubicada en las calles de Antonio Plaza y Felipe Angeles, en la Central de Abasto, en tanto que el procurador general de Justicia, Felipe Arturo Camarena, confirmó la existencia de un resguardo clandestino más, con una tonelada de cohetes, propiedad de Ignacio Ojeda Ruiz, quien figura en la lista de los 59 muertos en el siniestro, 46 de los cuales han sido identificados. Entre ellos están tres socorristas, un bombero, un policía y un fotógrafo de El Sol del Bajío.

Testimonios de comerciantes y funcionarios municipales señalan que hace tres semanas hubo una explosión en la colonia El Zapote, pero no hay registros de heridos ni de averiguación previa.

Los hallazgos realizados por soldados y policías federales y locales revelan que las autoridades conocían de la existencia de las bodegas de pólvora y juegos pirotécnicos, y más aún, ponen al descubierto que los dueños de los almacenes ilegales, como el hombre fallecido, sobornaban a funcionarios municipales para continuar con su peligroso negocio.

Inspectores iban por su mordida

Según versiones de afectados, los inspectores "se arreglaban" semanalmente con los propietarios de depósitos clandestinos e iban por su mordida. Las quejas, dicen, habían llegado hasta el presidente municipal, pero "nunca nos hicieron caso".

Por su parte, el alcalde Roberto Suárez Inda responsabilizó a la Secretaría de la Defensa Nacional del control, vigilancia e inspección de las actividades comerciales realizadas con artificios y explosivos, con base en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Se deslindó de los hechos y aseveró: "tenemos una policía preventiva, pero no somos fiscalizadores". Sin embargo, reconoció que el gobierno municipal panista "había dado el visto bueno a cinco negociaciones para el expendio de juguetería pirotécnica, pero con el respaldo del permiso otorgado por la Sedena a los distribuidores".

Tres de ellos son José Carmen Medina, de Irapuato, y Gloria Urban Salas y José Reyes Sánchez, del Distrito Federal. Pero en la lista de los vendedores al menudeo, que no deben exceder de 10 kilos, no aparece Ignacio Ojeda, dueño de la Abarrotera Celaya, donde ocurrió el estallido inicial.

Mientras el procurador estatal, Felipe Camarena García, expresó que "lo peor en estos momentos de tragedia es caer en especulaciones sobre actos de corrupción", el gobernador interino de Guanajuato, Ramón Martín Huerta, aseguró que no se evadirán responsabilidades que sean comprobadas, si bien aclaró que la Procuraduría General de la República (PGR) se ha hecho cargo de las investigaciones. Sobre esto, al conocer las actuaciones de la PGR en el Distrito Federal, el mandatario cuestionó informes elaborados desde la ciudad de México, cuando "aquí está la tarea. No quiero contravenir la tarea del Ministerio Público Federal, pero que los comunicados estén apegados a la verdad y sean más objetivos, porque ese es el riesgo cuando se maneja la información a distancia", aseveró en entrevista.

José Medina Miranda, vicepresidente de la Unión de comerciantes de la Central de Abasto, enfatizó: "De que existe corrupción, la existe. No sé a qué nivel de gobierno, pero la hay, porque es un secreto a voces que hay muchos negocios de este tipo..."

Recordó que en julio de 1998 fueron decomisadas cuatro toneladas de cohetes en el mismo lugar donde ocurrió la explosión el domingo: la Abarrotera de Celaya.

Bruno Cruz, regidor del ayuntamiento, dijo que "la gente ha venido a presentar sus quejas, pero no fructifican. La última vez, el miércoles anterior, los comerciantes denunciaron la venta clandestina de cohetes y demás artefactos de pólvora. Incluso dieron nombres y direcciones".

En conferencia de prensa, el gobernador guanajuatense precisó que de los más de 350 heridos, ayer por la mañana solamente quedaban 72 hospitalizados, 13 de ellos graves. En la tarde, un reporte del secretario de Salud, Carlos Tena Tamayo, informaba que el número de internados bajó a 64, siete de ellos delicados y 57 estables.

Huerta llamó a quienes sepan de bodegas clandestinas de explosivos a que denuncien a los dueños. Al efecto, anunció que solicitará al Ministerio Público Federal que instale un módulo en la presidencia municipal de Celaya para que reciba las denuncias.

A su vez, el subsecretario de Seguridad Pública estatal, Sebastián Barrera, dio a conocer que militares, agentes federales e integrantes de diversas corporaciones policiacas realizan un operativo de rastreo en toda la ciudad para detectar más almacenes ilegales de materiales explosivos.

Este lunes, decenas de personas recorrían los hospitales y el gimnasio Miguel Alemán, habilitado como anfiteatro, con fotos de familiares desaparecidos, para verificar las listas de víctimas.

En el área de los estallidos continuaban ayer sus actividades unos mil rescatistas. En toda una manzana, que comprende las calles Antonio Plaza, Felipe Angeles y José Rivera, proseguía el retiro de escombros en forma manual, "hasta que se tenga una certeza razonable de que no existe gente abajo, ni más materiales peligrosos". Y es que en la tarde de ayer fueron localizados dos cuerpos más: el de Consuelo Macías Agosto y Gabriel García Rojas, encontrados bajo la losa de Abarrotes Celaya.

Según testigos, la segunda explosión fue la más fuerte, y provino de tanques de gas impactados por la primera. Aproximadamente 50 inmuebles, entre casas y comercios, resultaron destruidos, y muchos de sus ocupantes sufrieron graves lesiones, que incluso requirieron amputaciones.

Algunos dicen haber escuchado cinco explosiones. Ahora se sabe que tres fueron producidas por pólvora y dos más por tanques de gas. La primera, a las 10:25 horas, la segunda diez segundos después; la tercera 10 minutos más tarde, y entre las 11 y 11:25 las últimas dos.

La directora del DIF estatal, Martha Aguilar Gómez, dio a conocer que el organismo se hará cargo de los gastos funerarios y del traslado de fallecidos. Pidió a los deudos no firmar ningún pagaré que ampare el costo de la inhumación.

Los gobiernos del Distrito Federal y de Querétaro, enviaron elementos y unidades de auxilio para apoyar las labores de rescate y resguardo de la zona de desastre.

27 de septiembre. Celaya amaneció hoy con la mayor tragedia de su historia. Y sus habitantes salieron a las calles a despedir y a llorar a sus muertos, y también a repudiar a los funcionarios que, ya sea por corrupción o negligencia, permitieron el almacenamiento de toneladas de pólvora en una bodega del Centro Histórico de esta ciudad de El Bajío.

Las explosiones del domingo reclaman explicación. Los celayenses exigen castigo. 59 muertos y 348 heridos, 72 de ellos de gravedad; seis manzanas del centro bloqueadas a la circulación, 500 comercios y la central de autobuses acordonados por elementos del Ejército Mexicano; 40 locales prácticamente inservibles, y cinco funcionarios arraigados desde anoche por su presunta responsabilidad en el origen del siniestro, son las huellas de esta tragedia.

Los celayenses no recuerdan nada parecido. Si acaso se remontan a las inundaciones de 1972 y 1973. Pero no, nada se puede comparar a lo que ocurrió el domingo. Y en su dolor reclaman, echan en cara a las autoridades: "se los dijimos, desde el año pasado ya se habían decomisado muchas toneladas de explosivos... pero nos mandaron al diablo, no nos hicieron caso", lamenta el señor José Medina, vicepresidente de la Unión de Comerciantes Mayoristas de Celaya.

Su recuerdo data precisamente de hace un año, cuando a principios de octubre, por la denuncia que los propios locatarios presentaron, se aseguraron más de 5 toneladas de artefactos explosivos. Aquella vez fue nota de primera plana en los periódicos locales y como secuela de ese escándalo a los pocos meses fue destituido el entonces director de Fiscalización del ayuntamiento, Antonio Amezcua.

Hoy, todo parece indicar que correrá igual suerte su sucesor, Francisco Villalobos Samudio, bajo custodia policiaca junto con cuatro inspectores de mercados y vía pública, por su presunta responsabilidad en actos de corrupción y negligencia.

Despiden a sus muertos

Los celayenses no durmieron. Las tareas de rescate, el temor a nuevas explosiones y a que de la tragedia resultaran más víctimas, prácticamente los obligó a permanecer en alerta durante la madrugada de este lunes.

Desde temprano hubo misas en toda la ciudad y con el repicar de sus campanas la catedral de esta ciudad convocó al acto religioso en memoria de las víctimas, de las cuales hasta el cierre de esta edición cinco seguían sin ser identificadas en la morgue improvisada en el gimnasio municipal.

Víctimas mutiladas. Restos de cuerpos humanos, eran extraídos de entre los escombros todavía en la tarde de este lunes.

Cuerpos que fueron llevados a sepultar rodeados por miles de celayenses que formaron una caravana desde el centro hasta el panteón municipal. Lloraban unos, aplaudían otros, y los más, mujeres y niños, llevaban pequeños ramos de flores para despedir a quienes fallecieron la mañana de un domingo soleado. Acto que desbordó la emotividad cuando cruzaron las carrozas con los cuerpos del bombero Juan Manuel Segoviano, de 22 años, y de tres paramédicos: Jesús Revilla Sánchez (60), Cristina Camarena Castro (18) y Juan Rodríguez Corona (22), que perdieron la vida en la segunda explosión que se originaron en la bodega ubicada en el cruce de las calles Felipe Angeles y Antonio Plaza, a unos cien metros de la Central de Autobuses y a unos 500 de la Comercial Mexicana.

Y entonces, entre los elementos del Cuerpo de Bomberos surge la denuncia: la institución está integrada por 60 bomberos, cincuenta de ellos voluntarios ­como el joven fallecido­; su sueldo es apenas el mínimo; carecen de toda capacitación, y disponen de tres carros bomba, uno de ellos modelo 1984, el único que hasta ayer estaba en condiciones pero que se perdió al alcanzarlo el fuego de la segunda explosión. "Nos quedan dos carritos. Pero la verdad dan pena, uno es un modelo 1953 y otro 72", dicen los bomberos que escoltan a su compañero caído.

Narran que desde hace tiempo pidieron a las autoridades municipales, que encabeza el alcalde panista Ricardo Suárez Inda ­que ante la desgracia, soltó en llanto, en un gesto que más que aplausos le valió críticas por su impotencia manifiesta­, por lo menos un carro bomba nuevo, equipo y mejores salarios. Todo se les había estado negando hasta el sábado anterior, cuando les notificaron que tendrían una reunión "para ver cómo podían apoyarnos". El caso es que sí los iban a dotar de más y mejor equipo, pero la desgracia se les adelanto.

Los últimos cuerpos hallados

Soldados de la 14 Zona Militar mantienen acordonada una zona que comprende unas 15 calles y seis manzanas, donde se ubican las centrales de Abastos y de Autobuses, un tianguis, restaurantes y taquerías, una Comercial Mexicana y decenas de pequeños comercios de todo tipo. El área más afectada es precisamente la que rodea al edificio que albergaba una bodega y una tienda de juegos pirotécnicos, propiedad de Ignacio Ojeda, quien oficialmente falleció durante las explosiones. Aquí, apoyándose con palas mecánicas, efectivos militares y elementos de Protección Civil y Seguridad Pública del estado remueven escombros.

Aunque se tenía previsto dinamitar pesadas lozas para facilitar las tareas de limpieza, las versiones de que en el lugar se adaptó un sótano para almacenar ilegalmente pólvora ha impedido que las autoridades agilicen sus tareas. Asimismo, los peritajes para determinar los daños en edificios aledaños no se han podido realizar, pues aunque se espera que ya no aparezcan más cuerpos, oficialmente las tareas de rescate no han concluido, sobre todo porque esta tarde fueron hallados otros dos cuerpos.

Alrededor de las 17:00 horas, los rescatistas sacaron de entre los escombros dos cadáveres más. El de una mujer identificada como Consuelo Macías Agosto, y el de Gabriel García Rojas, de 68 años.

Sus cuerpos fueron encontrados luego de que se removió la loza principal de lo que fue la distribuidora Abarrotes Celaya. Hasta el momento no se tiene reporte de más víctimas encontradas en el lugar, pero las autoridades municipales y estatales ordenaron mantener la búsqueda, en la que colaboran ocho hombres topos venidos desde la ciudad de México y 10 perros adiestrados en estas tareas.

Esto no es Acteal ni San Juanico: Martín Huerta

Y en medio de la tragedia, las autoridades estatales hacen esfuerzos, aunque sea en el discurso, por disminuir el impacto.

En una de las varias conferencias de prensa que dio durante el día el gobernador interino Ramón Martín Huerta, pidió no magnificar el siniestro, ni compararlo con otros que hayan ocurrido en otras partes del país. "Esto no es Acteal, esto no es San Juanico... esto es Celaya que hoy tiene un problema, lamentable sí, pero exactamente determinado (quizás quiso decir limitado o focalizado o ya controlado, vaya usted a saber), si hubo fallas de alguien pues esto es una emergencia y en las emergencias hay fallas; no hay ninguna actuación dolosa y en las fallas detectadas ayer, pues ya se han subsanado".

Según Martín Huerta "la situación toma mayores visos de normalidad", y ante la puesta en marcha del plan de emergencia DN-III por parte de la Defensa Nacional, dijo que "ya se analiza cuándo se levanta".

Por ciento aquí era esperado, tal como él lo anunció, el ex gobernador y candidato presidencial del PAN, Vicente Fox Quesada. Sin embargo, hasta las 23 horas no había aparecido públicamente. Por la mañana, en conferencia de prensa en la sede del PAN en la ciudad de México, dijo que lamentaba la tragedia que viven los celayenses y pidió a medios de comunicación y partidos políticos "no politizar" la situación de emergencia que se vive en este municipio.

El delegado en Venustiano Carranza, Iván García Solís, descartó que en la zona de La Merced pueda ocurrir una explosión similar a la registrada en la ciudad de Celaya, Guanajuato, aunque admitió que sí es latente el peligro de un siniestro en el lugar.

El funcionario dijo no tener la certeza de que no existan bodegas clandestinas, por lo que se redoblará la vigilancia en los mercados de La Merced y Ampudia.

En entrevista, destacó la necesidad de modificar la Ley de Explosivos y Armas de Fuego, ya que la actual no es suficiente para controlar la venta de cohetes y juegos pirotécnicos.

Advirtió que a raíz de los operativos en La Merced, la venta de cohetes se descentralizó y muchos de los expendedores se trasladaron a otras delegaciones como Iztapalapa y Cuauhtémoc.

"Lo que sucedió en Celaya nos indica que es necesario redoblar esfuerzos y, sobre todo, se requiere la actuación de la la Cámara de Diputados para reformar la ley en la materia, a fin de especificar, en el caso de los juegos pirotécnicos, el control del gramaje (cantidad de pólvora), las normas de elaboración de los productos y una severa penalización contra el contrabando", indicó.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Protección Civil de la Asamblea Legislativa, Pablo Jaime Jiménez Barranco, exhortó ayer a las autoridades capitalinas a intensificar las medidas de vigilancia en mercados y zonas de esta ciudad, que por años han sido centros de almacenamiento de pólvora y cohetes.

Indicó que en esos centros de abasto se concentra además una cantidad importante de tanques de gas ­el de La Merced, el de Sonora y la Central de Abasto don un ejemplo claro­, por lo que un descuido podría provocar una tragedia como la de Celaya.

En entrevista, el legislador panista consideró que "la pólvora y el gas son una bomba de tiempo y los efectos de una contingencia serían más graves en la ciudad de México, por la alta concentración poblacional".

Citó el decomiso reciente, en La Merced, de cerca de media tonelada de pólvora, lo que revela que la inspección en el manejo de ese tipo de materiales es muy laxa, por lo que debe prestarse más atención, en especial cuando se avecina la temporada decembrina, en la que aumenta la demanda de fuegos artificiales.

Jiménez Barranco comentó que a la par, en los 312 mercados del Distrito Federal existen locales de venta de comida que utilizan cilindros de gas con instalaciones "hechizas" o en mal estado, y cualquier distracción o mal manejo de los tanques podría ocasionar una conflagración.

Es necesario, dijo, que la Dirección de Protección Civil de esta capital adopte medidas preventivas frente a la magnitud del riesgo en la ciudad. El organismo deberá vigilar las 16 demarcaciones, pero también la Secretaría de la Defensa Nacional está obligada a mantener bajo estricto control el otorgamiento de permisos para el manejo de pólvora.