El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) ordenó la revisión de operaciones del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) por 72 mil 200 millones de pesos, y anunció la contratación de expertos contables ''de reconocido prestigio'' para determinar si se incumplieron las disposiciones legales; 42 mil millones de pesos están considerados como créditos ''relacionados'' y se fincarán las responsabilidades jurídicas y económicas que procedan.

El IPAB precisó que revisa minuciosamente el informe de Michael W. Mackey sobre la evaluación integral de las operaciones y funciones del Fobaproa y la calidad de la supervisión de los programas de 1995 a 1998, que incluye tres tipos de operaciones. En el Grupo 2 hay 380 registros de 15 bancos intervenidos o saneados que otorgaron financiamientos a personas que mantenían alguna relación o vínculo con la institución y que, de acuerdo con el informe, representan 42 mil millones de pesos.

En el Grupo 1 están las transacciones que no satisfacen los criterios originalmente establecidos para la adquisición de préstamos por el Fobaproa, a través del Programa de Capitalización y Compra de Cartera. La auditoría señala que en la mayoría de los casos el Fobaproa y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) convinieron modificar el contrato original para admitir dichas operaciones. Estos créditos representan 24 mil 700 millones de pesos.

La información proporcionada por el instituto señala que en el Grupo 3 hay 64 transacciones de siete instituciones que han sido o están siendo revisadas por las autoridades o bancos, porque se determinó que eran ilegales o porque pueden clasificarse como una violación a las leyes y reglamentos que afectan a las instituciones financieras mexicanas. El monto asciende a 6 mil millones de pesos.

Respecto a las operaciones del Grupo 1 que no fueron debidamente acordadas entre los bancos, la CNBV y el Fobaproa se revisarán los contratos establecidos ente las partes, así como los acuerdos suscritos por el Comité Técnico del citado Fondo. De acuerdo con el artículo quinto transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, ''se procederá inmediatamente a deslindar las responsabilidades a que hubiere lugar y los infractores asumirán su plena responsabilidad legal y económica''.

Según el informe de Mackey, en este supuesto del Grupo 1 hay créditos por poco más de 700 millones de pesos, sobre los cuales el IPAB ha iniciado el proceso de análisis, a fin de ajustarse a lo establecido por los convenios entre bancos, la CNBV y el Fobaproa.

Conforme a lo considerado en los acuerdos, el IPAB podría rechazar y regresar los créditos; los bancos deberán designar otros activos por un monto equivalente al de los préstamos devueltos. En caso contrario, se reducirá el monto respectivo del pagaré a cargo del instituto.

Respecto a las operaciones incluidas en los Grupos 2 y 3, el artículo séptimo transitorio de la legislación señala que el IPAB asume la titularidad de las operaciones de los programas de saneamiento diferentes a aquellos de capitalización y compra de cartera. La misma ley determina que a partir de las auditorías ordenadas por el Congreso de la Unión se deberán fincar las responsabilidades jurídicas y económi- cas que en su caso procedan.

En el caso de los 64 créditos del Grupo 3 que realizaron siete bancos, el IPAB informó que se allegará información para conocer el estado actual de los juicios para, en su caso, asegurarse que se proceda al fincamiento de las responsabilidades jurídicas y econó- micas.

Por último, el IPAB indicó que la legislación vigente señala que dictaminar sobre la legalidad de un hecho es facultad exclusiva de la autoridad judicial, y se comprometió a solventar en el menor tiempo posible los procesos, a pesar de que no existe ningún plazo en concreto.