Esta es la página de divulgación científica del
DERECHO ARGENTINO
perteneciente al
Escriben: Alfredo A. Eguiazú y Gustavo D. Eguiazú
Ya con media sanción en la Cámara de Senadores de la Nación y con mucha resistencia de las cámaras de comerciantes, legisladores y jueces en lo penal económico, la DG.I. lleva adelante un proyecto de ley en el cual se preveé la posibilidad de clausuras automáticas a los comercios en infracción y aún más, si Ud es un consumidor que adquiere bienes y no tiene una boleta que acredite su compra lo podrían multar por ello. Una barbaridad!!
Primero, otorgarle poder de policía a la D.G.I. para poder clausurar sería excesivo.
Es bueno aclarar que hasta ahora las clausuras las hacían ante una infracción y basados en la Ley de Abastecimiento, invocando por ello una competencia desleal. En realidad era la única herramienta legal para asustar a los comerciantes, que aparte de luchar contra la situación económica, tenían que temer la aparición de los inspectores, que ante la más mínima irregularidad los multaban y clausuraban.
Con esta ley se le posibilitaría a la D.G.I. clausurar entre tres y treinta días y multar a los comerciantes con un mínimo de diez veces el monto de la infracción detectada.
Por supuesto esta norma viciaría normas constitucionales, ya que un empleado de la D.G.I. estaría facultado para cerrar un comercio y afectar sus derechos conststitucionalmente protegidos a ejercer industria lícita, ejercer el comercio y el derecho a la propiedad, aunque después le dé la oportunidad de recurrir a la Justicia.
Ni que hablar de las prerrogativas que se le otorga a increpar a cualquiera de nosotros a la salida de un negocio y requerirle una boleta so pena de multarlo. ¡Qué obligación tenemos de guardar papeles cuando compramos algo para mostrarselo a alguien que ni conocemos y que no tenemos ningun deber de exhibirle documentación que acredite qué compramos y por qué monto!. ¿Y el derecho a la intimidad? ¿Y nuestra dignidad?. Si tuviéramos alguna obligación fiscal, en todo caso se darán a conocer los montos en las declaraciones juradas si conrrespondiere, pero, en el medio de la calle mostrarle a alguien lo que adquirimos y el precio? Nos parece que los 18.000 empleados de la D.G.I. y los 1.000 millones de presupuesto anual no alcanzan ynecesitan que los 33 millones de argentinos le facilitemos el trabajo.
Pero quédese tranquilo, remedios legales si Ud. es comerciante o consumidor existe ante estos atropellos, nuestra constitución es sabia. Pero no sería mejor que la Cámara de Diputados de la Nación evite que un proyecto de estas carácterísticas llegue a ser ley. ¿No sería mejor que evitemos las enfermedades cuando tenemos un remedio impidiendo despertar los virus?
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