Las víctimas invisibles de la Mano Dura

Presentación ofrecida por Roberto Barreto el 16 de febrero de 2005 en la UPR, Río Piedras.

Hoy se encuentran con nosotros varias familias trabajadoras, familias pobres que han perdido un ser querido a manos de la Policía de Puerto Rico. Están aquí para denunciar las muertes injustificadas de sus hijos, para explicarle al país las verdaderas circunstancias de estas muertes terribles, y para exigir de las autoridades que dejen de arrastrar los pies y lleven ante la justicia con prontitud a los policías responsables. Estos familiares se niegan a permanecer en el anonimato. Se rebelan contra la posibilidad de que las muertes de sus hijos caigan en el olvido público, y peor aun, en el olvido gubernamental.

Sus hijos forman parte de lo que hemos llamado "Las víctimas invisibles de la Mano Dura". Se trata de una larga lista de personas, en su mayoría de comunidades pobres, cuyas vidas han sido sacrificadas en nombre de la "Ley y el Orden" y los programas represivos de Mano Dura. Nos acompañan hoy los familiares de:

Jason López Otero del Residencial Luis Llorens Torres en San Juan

Michael Ortíz de Jesús del Residencial Aristides Chavier en Ponce

Luis Gabriel Cepeda Martínez del Residencial Sabana Abajo en Carolina

Juan Carlos Torres Olivo del Barrio Puente Blanco en Cataño

Miguel Vélez Lugo del Residencial Quintana en Hato Rey

Estos NO son nombres ampliamente conocidos como los de Arnaldo Darío Rosado y Carlos Soto Arriví. Estos son nombres desconocidos. Sus historias han sido invisibilisadas por la propaganda de la guerra contra el crimen. La memoria de sus trágicas muertes compartida tan solo por vecinos y familiares.

La Organizacion Socialista Internacional, junto a estos familiares, quiere dar a conocer ante la ciudadanía del país el verdadero carácter de los programas de Mano Dura. Se trate de la mal llamada "Mano Dura Contra el Crimen", la Mano Firme o el Castigo Seguro, todos son programas represivos que incrementan la violencia social en lugar de disminuirla. La Mano Dura es violencia, una forma de violencia estatal dirigida contra los pobres.

Se fundamenta en premisas falsas y discriminatorias. Asume incorrectamente que las comunidades pobres son el centro de la actividad criminal. Le achaca a los pobres ser los responsables de la violencia en nuestra sociedad. Ve como sospechosos a las personas de clase trabajadora y especialmente a los jóvenes, a los negros y a los inmigrantes. El Estado lejos de combatir la pobreza, la criminaliza; persigue a los más pobres, los violenta y los victimiza, a veces con resultados fatales.

La perdida de vidas durante los operativos policiacos es una consecuencia directa de la Mano Dura. Los operativos policiacos de Mano Dura incluyen a miles de efectivos utilizando técnicas de guerra contra una comunidad en su area de residencia. No se trata de policías que se excedieron individualmente en el uso de la fuerza, sino de operativos diseñados para ejercer control sobre una población entera. La criminalización, ocupación y cerco de toda una comunidad representan en sí mismo un exceso de fuerza. El colocar un pequeño ejército de unidades paramilitares en un área residencial armados con rifles de asalto y balas de guerra es de por si, un riesgo a la salud pública. El Estado no puede argumentar sorpresa cuando los resultados son la muerte de ciudadanos.

La Mano Dura se justifica como parte de la lucha contra el crimen. Pero existe una Doble Vara al definir el crimen. El Estado define las conductas que constituyen un crimen y que no serán tolerada. Así también define las conductas que no serán criminalizadas y si serán toleradas como algunas formas de corrupción de cuello blanco. El problema entonces no es la criminalidad, sino la violencia. La Brutalidad Policiaca, por ejemplo, es una forma de violencia que el Estado generalmente permite y justifica, es decir, es una forma de violencia no criminalizada. En nuestra sociedad las formas de violencia que afectan a los ricos son fuertemente criminalizadas, mientras que las formas de violencia que afectan a los pobres se castigan mucho menos y en algunos casos son toleradas y hasta propiciadas por el Estado, como en el caso de la Mano Dura.

Por eso existe una diferencia abismal en la reacción social cuando es asesinado un rico y cuando es asesinado un pobre. En Puerto Rico cuando matan a un rico, interviene La Fortaleza directamente. Así sucedio con la muerte de José Jaime Pierluisi en 1994, la muerte de Nicole Muñiz en 2003 y de la familia Barceló en 2004. Esas fueron muertes trágicas, es cierto. Pero igualmente trágicas han sido las muertes de los cinco jóvenes aquí representados, y de innumerables víctimas de clase trabajadoras cuyas vidas no valen menos por ser pobres. Pero el gobierno no nombra 21 investigadores para aclarar estas muertes, ni se colocan carteles gigantes junto a Bellas Artes con sus nombres y sus rostros para denunciar las consecuencias de la violencia.

Es también por esta Doble Vara que las Urbanizaciones Cerradas no son ocupadas por la Policía. Sin embargo, una comunidad como La Perla en San Juan no solo es ocupada y sitiada, sino que se le violan los Derechos Civiles masivamente a sus residentes. En 2002 la policia acordonó La Perla, estableció controles de acceso en que se le pedía a las personas que enseñaran la licencia de conducir y la registración del vehículo y que explicaran el propósito de su visita. Luego tenían que abrir el baúl para ser inspecionado antes de que los dejaran pasar. Las personas también eran inspecionadas y se registraban bultos, alimentos y hasta los pañales de los bebes eran sometidos a registro! En La Perla la Policia se apoderó de viviendas vacías y las convirtió en sus cuarteles. Entraban a todas las casas con una sola orden de allanamiento, lo que es ilegal. Robaron y destruyeron las posesiones de los residentes. Desconectaron la electricidad del parque y rompieron juguetes de los niños para que éstos no salieran a jugar y se mantuvieran en las casas. En resumen, como argumentaron los abogados de derechos civiles en aquel entonces, a los residentes de La Perla se les suspendieron sus garantías constitucionales. Todo esto sin que nadie tenga que responder ante la justicia o dar explicaciones.

Otra expresión de esta Doble Vara del Estado ante los pobres es la Impunidad. En Puerto Rico los policías violan la ley, violentan derechos civiles, falsifican evidencia y hasta asesinan seres humanos sin tener que responder ante la justicia que supuestamente defienden y representan. Rara vez los fiscales someten cargos contra los policías. En las pocas instancias en que ésto sucede, muy pocos jueces encuentran causa contra un agente. Aun cuando se prueba responsabilidad civil en algunos casos, los policías que cometieron los asesinatos continúan sus vidas sin ser responsabilizados criminalmente.

En el caso de Anthony Hernández, joven de 17 años que la Policía mató en Monte Park, los testigos declararon que al joven se le plantó un rifle AK47. Ninguno de los oficiales ha tenido que enfrentar cargos ni por la muerte del joven, ni por la alteración de la escena.

En el caso del cumpleaños de Loiza en que un video demonstraba lo que realmente sucedió, los policías si enfrentaron cargos y varios resultaron culpables. Sin embargo, recibieron sentencias suspendidas y no tuvieron que pasar ni un solo día de carcel. No es que creamos que la carcel es la solución, de hecho, no creemos en las cárceles. Es que mientras a los pobres los hechen a la carcel, debemos exigir igual trato para los policías. Debemos exigir igual trato como una manera de combatir la discriminación.

Otro caso reciente lo es el de Guillermo Gil Díaz, el hijo del fiscal federal Guillermo Gil Bonar, atrapado con drogas durante las Fiestas de la Calle San Sebastián junto a un amigo. Estos jóvenes comparecieron a una vista preliminar en donde la jueza no encontró causa para juicio a pesar del testimonio de los policías. Se nos quiere hacer creer que la jueza no tomó en cuenta quien era el papá del acusado. Supuestamente hubiera actuado de igual manera con cualquier residente de un barrio o residencial público. Es claro que en Puerto Rico se aplican las leyes de forma selectiva, dependiendo de la posición social del acusado.

Las drogas son una de las grandes razones para justificar las políticas de Mano Dura. Las drogas son criminalizadas y su uso y abuso se tratan igualmente como un problema de justicia criminal. Esto hace imposible solucionar el problema de salúd pública que constituye el abuso de drogas. El acercamiento punitivo de la Mano Dura es inefectivo, es tiempo de que se sustituya por un acercamiento salubrista orientado a la prevención, el tratamiento y la rehabilitación, incluyendo medidas de medicación y despenalización de las drogas.

La violencia también constituye un problema de salúd pública. En vez de tratar de evitar las tensiones que llevan a guerras por el control de los puntos de drogas, las autoridades con sus medidas policiacas, exaservan esas tensiones, produciendo aumentos en el número de asesinatos. En 1994 la mobilización de la Guardia Nacional aumentó la competencia por los puntos de drogas. Las autoridades no tienen reparos en admitir que sus medidas antidrogas aumentan la violencia. Se sienten justificados porque para ellos el problema es uno de justicia criminal, no de salúd pública. Imponen la ley sin importar de su costo social.

A pesar del gran caudal de evidencia que demuestra que los programas de Mano Dura no funcionan, el gobierno se obstina en continuar y extender las políticas represivas. Han nombrado a Pedro Toledo Superintendente de la Policia con la intension de repetir una receta que fracasó. Hablan de volver a ocupar los residenciales. No han aprendido nada del pasado. Proponen poner cámaras de video en los residenciales, detectores de metales en las escuelas, toques de queda para los menores de 15 años, grabaciones telefónicas. Ninguna de estas medidas detendrá la violencia, todo lo contrario, son medidas que en si constituyen formas de violencia y solo pueden aumentar el problema.

La discriminatoria política de perseguir y criminalizar a los pobres debe cesar. En su lugar hacen falta servicios sociales adecuados. Menos dinero para policías y más fondos para mejores escuelas, viviendas y hospitales. Sobre todo debemos exigir del gobierno un intento serio por eliminar la pobreza, lo que no se hace con programas cosméticos, sino creando empleos y aumentando los salarios significativamente. En lugar de fomentar la marginalidad, se debe fomentar una redistribución de las riquezas.

Ya que el gobierno ha escogido el camino de la represión, nosotros debemos organizarnos para luchar por el respeto a nuestros derechos civiles. Recordemos que los derechos que tenemos no nos fueron regalados, sino que se ganaron en lucha en las calles. Si no es retada, la Mano Dura continuará produciendo muertes injustificadas en las comunidades pobres. En la medida en que el gobierno tolere estas muertes, criminalize a las víctimas y justifique a los policías, podemos hablar de Ejecuciones Extrajudiciales. Es decir, el gobierno le esta dando al policía la discresión de decidir quienes son indeseables que deben morir, esto es una Licencia para Matar. A ésto es a lo que equivale la Impunidad de la que los policías gozan. ¡Esto no se puede permitir!

Estas familias están aquí exigiendo justicia. Las muertes de sus hijos no representan casos aislados. Son producto directo de la política pública del Estado para con las comunidades pobres. Exigen que los policias tengan que responder por sus actos, para que así se les dificulte continuar matando personas y aterrorizando comunidades. Solicitan que se respete la dignidad y los derechos civiles de las comunidades pobres. Quieren paz para la memoria de sus seres queridos y el fin de la violencia policial. Escuchemos lo que tienen que decir.