por Roberto Barreto

Han sido muchos los momentos en que la barbarie de la Pena de Muerte ha motivado a las personas a resistirla, a levantar su voz de protesta y a oponerse a ella con sus actos. Así, muchas ejecuciones fueron detenidas y eventualmente se ganó la abolición de la Pena Capital, demostrando el valor de la resistencia.

La Pena de Muerte ha sido utilizada por las clases dominantes como instrumento represivo para asegurar su poder y su riqueza mientras mantienen al resto de la población oprimida. En Puerto Rico se utilizó desde el siglo 16 para combatir la resistencia taína, luego para reprimir las rebeliones esclavas, y para prohibir las prácticas de la sodomía y la brujería, esto es, cualquier práctica contraria a los dogmas católicos dictados por la Iglesia de la época. (Ver Jalil Sued-Badillo, La Pena de Muerte en Puerto Rico)

Tan temprano como el 1582, un grupo de religiosos dominicos de origen criollo trató de impedir la ejecución por garrote de una mujer. El grupo intentó,“rescatarla forzosamente para asilarla en la iglesia” a Luisa García, una mestiza condenada a muerte por alegadamente ser parte en el asesinato de su esposo. Los religiosos lucharon a los puños con los soldados para tratar de liberar a García pero no lo lograron.

En 1868 siete de los participantes en el Grito de Lares fueron condenados a muerte. Cientos de personas participaron en una campaña para que se les perdonara la vida. Según José Pérez Moris en su Historia de la Insurreción de Lares:

“Siendo éste el primer caso en que un ejemplar castigo se iba a hacer en Puerto Rico en personas civiles por traición, la idea de que se ejercitara con ellos un acto de clemencia no halló oposición...Numerosas instancias en demanda de perdón cubiertas de centenares de firmas de señoras se elevaron de la mayor parte de las poblaciones de la Isla... Después de varios trámites, el capitán general Pavía indultó a cinco de los reos...” Al final ninguno fue ejecutado.

Luego de la invasión estadounidense a Puerto Rico la Pena de Muerte se utilizó contra 28 personas, la gran mayoría negros y mulatos y todos trabajadores pobres. El garrote fue sustituido por la horca.

En 1907 Rosendo Matienzo Cintrón propuso que se aboliera la Pena de Muerte del Código Penal. Se le opuso el renombrado abogado y legislador José de Diego quien además de oponerse al voto para la mujer y de ser un proponente de varias legislaciones anti-obreras, fue un fiel defensor de la Pena de Muerte. De Diego le preguntó a Matienzo: “¿qué haría su señoría, con el asesino de su hija?” Matienzo, quien creía en “la regeneración del asesino” le contestó: “Lo perdonaría y con más razón si el asesino de mi hija fuera su hijo”. El proyecto no fue aprobado.

Mientras tanto el sentimiento contra la Pena de Muerte seguía generalizandose en Puerto Rico y en Estados Unidos. Durante la Era Progresista, entre 1907 y 1917 Kansas, Minnesota, Washington, Oregon, Norte y Sur Dakota, Tennessee, Arizona y Missouri abolieron la Pena de Muerte. Para el 1921, sin embargo, Tennessee, Arizona, Washington, Oregon y Missouri la habían vuelto a restablecer. Lo mismo sucedería en Puerto Rico.

En 1911 aparece un panfleto contra la Pena de Muerte escrito por Edelmiro Huertas Zayas que afirmaba: “...Ni los crímenes durante el tiempo que se está castigando con la pena de muerte se han extinguido; ni los deudos alguna vez han sido compensados de la perdida sufrida; ni la sociedad por ese medio se ha lavado... No es la Pena Capital la llamada a extinguir el crimen... Luchemos sin cesar por la abolición de dicha pena...”

En 1912 se celebró una protesta en la Plaza de Ponce para pedir la conmutación de la sentencia de muerte de Alberto Román . “Miles de personas asistieron al mítin [y] el acto fue reseñado en la prensa.”

En 1917 hubo significativa agitación en Puerto Rico a favor de la abolición. Jacobo Córdoba Chirino informa que la ejecución en 1917 de Rufino Izquierdo produjo “una ola de sentimiento, justo y humanitario, contra el sistema penal vigente”.

Según el senador socialista Moisés Echevarría: “La pena de muerte siempre fue repudiada por el pueblo, y constantemente cada vez que se reunía la Legislatura, se enviaban peticiones y memoriales a ambas Cámaras solicitando se pasara una ley aboliendo la pena capital...” Dos ejemplos de estas comunicaciones que llegaron a la Novena Asamblea Legislativa en 1917-18 leen: “De la Logia ‘Amor y Trabajo’ de Añasco, solicitando de que sea abolida la pena de muerte y que se creen escuelas correcionales para delincuentes.... Del señor Cirilo Cedeño, en nombre de los espiritistas de Juana Díaz, solicitando la abolición de la pena de muerte.”

Ante el peso y la militancia de estos reclamos se aprobó la abolición temporera de la Pena de Muerte en el 1917 que sería válida hasta el 1921, año en que volvió a estar vigente. En 1921 y 1923 se sometieron proyectos para su abolición que no se logró hasta el 1929 como producto directo de las campañas llevadas a cabo por grupos cívicos, uniones obreras, logias masónicas, grupos religiosos y partidos socialistas, junto a cientos de personas comunes.

Durante la Asamblea Contituyente en la cual se redactó la Constitución del Estado Libre Asociado de 1952 se dió un debate sobre si se debía prohibir la pena de muerte de forma absoluta, o si por el contrario, se debía permitir una excepción para casos extraordinarios. El delegado Gelpí propuso añadirle a la parte que leía “no existirá la pena de muerte” la siguiente enmienda: “excepto cuando la Legislatura, a virtud del aumento de la criminalidad, y como uno de los medios de coerción moral contra los criminales, la estableciere...”

El millonario líder del Partido Republicano, Miguel Angel García Méndez, defendió la enmienda. El empresario Luis A. Ferré, el fundador del Partido Nuevo Progresista, en esa época miembro del Partido Republicano y delegado de la Asamblea Constituyente también defendió la Pena de Muerte para algunos casos. Ferré señaló que: “...Las naciones más adelantadas del mundo tienen consignada en sus códigos la pena de muerte.” También añadió: “Acuerdense bien, compañeros, solamente ha de tenerle miedo a la pena de muerte el criminal.”

En oposición a Ferré, el delegado Barreto Pérez argumentó: “Le tengo miedo a la pena de muerte, a que se establezca en la Constitución... precisamente pensando en los hombres desvalidos de Puerto Rico que son a la postre los que van al cadalso...los hombres humildes... que no tienen influencia política...[ni] económica...”

La enmienda fue derrotada y quedó absolutamente prohibida la Pena de Muerte por la nueva Constitución en 1952. Ese derecho quedó plasmado en la Constitución por la misma historia de luchas que había llevado a su abolición en 1929, no por causa de legisladores ilustres sino por las acciones de la gente común que los había precedido, quienes reconocieron que se trató de un castigo cruel creado por los patronos para mantenerlos oprimidos. Se organizaron y le pusieron fin. Su éxito nos queda hoy como una valiosa lección para combatir los intentos federales de restablecer la Pena Capital en la Isla.