Después de casi 05 años de batalla para ser escuchada judicialmente, Leilani Muir, pudo por fin conseguir fecha y hora para la audiencia en el juicio por cobro de dos millones y medio de dólares contra el gobierno como indemnización y compensación por daños y perjuicios por habérsele esterilizado sexualmente. Por supuesto que fue mutilada sin su consentimiento y sin que tampoco se le informe, previamente, acerca de los alcances y consecuencias de una operación de tal naturaleza.

 Leilani ha sido una de las 2,832 personas que fueron mutiladas al amparo de la reciente ley de esterilización sexual. Ella tenía 14 años cuando la convirtieron en estéril para siempre, operándole las trompas de Falopio; ... de cuya operación ella sólo se enteró a- posteriori. La esterilización de Leilani ocurrió en un Centro Médico estatal al cual ella acudió confiada. Todo lo que ella necesitaba era que se le opere del apéndice. En el Centro Médico la clasificaron como “deficiente mental” e “incapaz de asumir una maternidad inteligente”. Su rango intelectual (IQ) alcanzaba los 64 puntos (En la escala respectiva, se considera normal el rango comprendido entre 85 y 115). Aunque, según se comprobó luego, esa deficiencia intelectual fue pasajera y ella recobró su nivel normal al poco tiempo.

 Durante los prolegómenos del juicio, quedó en evidencia el horror de los dramas de los pacientes y las familias que son sometidos a esterilizaciones “voluntarias”; horrores que muy pocos llegan a conocer. Más aún que los adultos, son los adolescentes y jóvenes los que más sufren con la aplicación de esta legislación ignominiosa. Con o sin incentivos para el personal encargado de la implementación de la ley, las vasectomías se realizan rutinariamente desde que el paciente “voluntario” cumple 12 años de edad. Se castra a los muchachos que padecen síndrome de Down y sus testículos son usados para experimentación. Éstas revelaciones dejaron perplejos a muchos de los que estuvieron atentos al séquito del juicio (aunque otros, todavía se empecinan en defender esas y otras prácticas nazis y se complacen públicamente de sus atropellos a la dignidad y al derecho de sus víctimas).

 No hay mucha información al respecto, pero la que se ha logrado captar revela que del total de esterilizados “voluntarios”, 64% son mujeres -- 60% menores de 25 años. Algo más del 25% son indígenas. El 25 de enero de 1996, la jueza Joanne Veit, en una sentencia que hará época, dispuso que el gobierno debe pagar a Leilani $740,780 por habersele esterilizado, bajo el patrocinio del Estado; y califica dichas acciones del gobierno como “injustas, ofensivas y ultrajantes”. Cuando quede firme la sentencia, Leilani debe recibir su cheque que, en algo compensará el daño irreversible que le ha inferido la “sociedad organizada”. Con el amparo judicial obtenido por Leilani, hay muchas otras víctimas que han encontrado el coraje para salir de sus escondrijos de frustración, vergüenza y dolor ante el daño irreparable y se aprestan a entablar demandas similares. Previendo las enormes dificultades y costos que supondrá responder a estas demandas masivas, el Ministro de Justicia se encuentra implementando transacciones extra judiciales con algunas de las otras víctimas de la esterilización.

 Mientras todo esto ocurre en Canadá, el Perú está diseñando otro tipo de sanciones en contra de los esterilizadores. Las sanciones consisten en regalarles pasajes y alimentos a todos los que promueven este increíble holocausto y demuestren su efectividad y el número de víctimas que han vejado.