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El Partido Popular y el Partido Socialista
Obrero Español, decididos a reforzar su unidad para hacer plenamente
efectivas las libertades y acabar con el terrorismo, entienden que es su
responsabilidad ante la sociedad española adoptar el siguiente acuerdo:
El retorno de ETA a la violencia terrorista,
tras el cese temporal anunciado en septiembre de 1998, ha puesto dramáticamente
en evidencia la situación en el País Vasco. Con ello, ha
quedado también de manifiesto el fracaso de la estrategia promovida
por el PNV y por EA, que abandonaron el Pacto de Ajuria Enea para, de acuerdo
con ETA y EH, poner un precio político al abandono de la violencia.
Ese precio consistía en la imposición de la autodeterminación
para llegar a la independencia del País Vasco. La estrategia de
ETA no puede ser más evidente: tratan de generalizar el miedo para
conseguir que los ciudadanos y las instituciones desistan de sus principios,
ideas y derechos y así alcanzar sus objetivos que, por minoritarios,
excluyentes y xenófobos, no lograrían abrirse camino jamás
con las reglas de la democracia.
El abandono definitivo, mediante ruptura
formal, del Pacto de Estella y de los organismos creados por éste,
por parte de ambos partidos, PNV y EA, constituye una condición
evidente y necesaria para la reincorporación de estas fuerzas políticas
al marco de unidad de los partidos democráticos para combatir el
terrorismo. La recuperación plena de esa unidad para luchar contra
el terrorismo debe llevarse a cabo en torno a la Constitución y
el Estatuto de Guernica, espacio de encuentro de la gran mayoría
de los ciudadanos vascos. Asimismo, la ruptura del Pacto de Estella y el
abandono de sus organismos constituye, para el PP y el Partido Socialista,
un requisito imprescindible para alcanzar cualquier acuerdo político
o pacto institucional con el Partido Nacionalista Vasco y Eusko Alkartasuna.
Desde el acuerdo en el diagnóstico y en las consecuencias políticas
que del mismo se derivan, el PP y el PSOE queremos hacer explícita,
ante el pueblo español, nuestra firme resolución de derrotar
la estrategia terrorista, utilizando para ello todos los medios que el
Estado de Derecho pone a nuestra disposición. Queremos, también,
reforzar nuestra unidad para defender el derecho de los vascos, el de todos
los españoles, a vivir en paz y en libertad en cualquier lugar de
nuestro país.
Acuerdo
1. El terrorismo es un problema de Estado.
Al Gobierno de España corresponde dirigir la lucha antiterrorista,
pero combatir el terrorismo es una tarea que corresponde a todos los partidos
políticos democráticos, estén en el Gobierno o en
la oposición. Manifestamos nuestra voluntad de eliminar del ámbito
de la legítima confrontación política o electoral
entre nuestros dos partidos las políticas para acabar con el terrorismo.
2. La violencia es moralmente aborrecible
y radicalmente incompatible con el ejercicio de la acción política
democrática. Quienes la practican, quienes atentan contra la vida
de aquellos que no piensan como ellos sólo merecen la condena y
el desprecio de los partidos políticos democráticos y del
conjunto de la sociedad. No existe ningún objetivo político
que pueda reclamarse legítimamente en democracia mediante coacciones
o asesinatos. El único déficit democrático que sufre
la sociedad vasca, el verdadero conflicto, es que aquellos que no creen
en la democracia ejercen la violencia terrorista para imponer sus objetivos
a la mayoría. Por ello, el PP y el PSOE nos comprometemos a trabajar
para que desaparezca cualquier intento de legitimación política
directa o indirecta, de la violencia. Por eso, también, afirmamospúblicamente
que de la violencia terrorista no se extraerá, en ningún
caso, ventaja o rédito político alguno.
3. Durante más de dos décadas
de democracia, el pueblo vasco ha desarrollado su capacidad de autogobierno
en el marco de la Constitución y del Estatuto de Guernica. Ese marco
ha permitido la expresión política, cultural y social de
la pluralidad que alberga la sociedad vasca. Cualquier discrepancia política
existente entre vascos puede y debe plantearse en ese marco institucional.
Cualquier proyecto político, incluso aquellos que pretenden revisar
el propio marco institucional, debe respetar las reglas y los procedimientos
en él establecidos. El diálogo propio de una sociedad democrática
debe producirse entre los representantes legítimos de los ciudadanos,
en el marco y con las reglas previstas en nuestra Constitución y
Estatuto y, desde luego, sin la presión de la violencia. La paz,
la convivencia libre y el respeto a los derechos humanos son valores no
negociables.
4. La defensa de los derechos humanos y de
las libertades públicas corresponde, en primer lugar al conjunto
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: Guardia Civil, Cuerpo
Nacional de Policía y, en su ámbito, la Ertzaintza. De su
capacidad y eficacia depende que se erradique en el País Vasco y
en el resto de España la violencia, las amenazas y los chantajes
de los terroristas y de quienes los sostienen. Por ello, reiteramos nuestra
confianza en su trabajo y apoyaremos su dotación adecuada de medios
humanos y materiales para desarrollar la labor que tienen encomendada.
Es una confianza, un apoyo y un compromiso que queremos hacer extensivo
a Jueces y Fiscales, a todos los que trabajan al servicio de la Justicia
para asegurar nuestra convivencia libre y pacífica.
5. Los delitos de las organizaciones terroristas
son particularmente graves y reprobables porque pretenden subvertir el
orden democrático y extender el temor entre todos los ciudadanos.
Nuestro sistema penal ofrece una respuesta jurídica adecuada para
reprimir esos delitos. No obstante, si nuevas formas delictivas o actitudes
y comportamientos que constituyeran objetivamente colaboración o
incitación al terrorismo exigiesen reformas legales, nos comprometemos
a impulsarlas en el marco del mutuo acuerdo. La política penitenciaria
forma parte de la estrategia de persecución contra las bandas terroristas
y, por tanto, se sitúa en el marco de acuerdo entre ambos partidos
y con el Gobierno. Dentro de nuestro ordenamiento jurídico, la legislación
penitenciaria ha de aplicarse asegurando el más completo y severo
castigo a los condenados por actos terroristas. La política penitenciaria
contemplará las formas de reinserción de aquellos que abandonen
la organización terrorista y muestren actitudes inequívocas
de arrepentimiento y voluntad de resocialización tal y como establece
nuestra Constitución.
6. La experiencia de las actuaciones policiales
ha puesto de manifiesto reiteradamente la importancia que tiene la cooperación
internacional para la lucha antiterrorista. Los partidos firmantes del
presente Acuerdo nos comprometemos a trabajar para reforzar nuevas iniciativas
de cooperación, singularmente con Francia y en el marco de la Unión
Europea. A tal efecto, ambos partidos creemos necesario mantener una actividad
informativa permanente, a escala internacional, en el ámbito de
las instituciones y de las organizaciones políticas y ciudadanas.
7. Las víctimas del terrorismo constituyen
nuestra principal preocupación. Son ellas quienes más directamente
han sufrido las consecuencias del fanatismo y de la intolerancia. Sabemos
que la democracia nunca podrá devolverles lo que han perdido, pero
estamos dispuestos a que reciban el reconocimiento y la atención
de la sociedad española. La Ley de Solidaridad con las Víctimas
del Terrorismo ha sido una expresión unánime y cualificada
de su reconocimiento moral y material. Pero nuestras obligaciones no han
terminado. Debemos esforzarnos por preservar su memoria, por establecer
un sistema de atención cotidiana y permanente. Su colaboración
con la sociedad española en la batalla contra el terrorismo sigue
siendo necesaria ya que nadie mejor que las víctimas para defender
los valores de convivencia y respeto mutuo que quieren destruir aquellos
que les han infligido tal sufrimiento. Para promover esa colaboración,
ambos partidos nos comprometemos a impulsar, junto con las asociaciones
de víctimas, la creación de una Fundación en la que
estén representadas dichas asociaciones que coordinará sus
actividades con las fundaciones ya existentes.
8. Pero la definitiva erradicación
de la violencia terrorista en España no es una tarea exclusiva de
los partidos políticos democráticos. Exige el compromiso
activo de todos, instituciones, gobiernos y ciudadanos en la afirmación
constante de los valores cívicos y democráticos. PP y PSOE
reafirman su determinación de impulsar y apoyar la movilización
de los ciudadanos en contra de la violencia terrorista y en repudio de
los asesinos. Ambos partidos expresan su apoyo a los medios de comunicación
y a los profesionales que en ellos trabajan y subrayan la importancia de
su función para transmitir los valores que garantizan la convivencia
entre los españoles y que aparecen recogidos en nuestra Constitución.
La libertad de expresión y el pluralismo informativo constituyen
un patrimonio democrático esencial frente a la coacción,
la amenaza y la imposición del silencio buscada por los asesinos
y sus cómplices. En este Acuerdo, queremos dirigir un llamamiento
especialmente a los jóvenes. Son ellos los que deben protagonizar,
de una forma singular, la rebelión contra la violencia. Es a ellos
a quienes corresponde principalmente extender la ética de los valores
democráticos y de la convivencia. ETA debe perder toda esperanza.
Y esa esperanza la perderá con la respuesta firme unida y democrática
de los ciudadanos vascos y del conjunto de los españoles a cada
una de sus vilezas. Nuestro compromiso es poner en España y singularmente
en el País Vasco, toda nuestra energía de partidos democráticos
para conseguir un gran impulso cívico al servicio de la salvaguarda
de las libertades y de los derechos de todos los ciudadanos. Éste
no es un compromiso coyuntural. Queremos dar a nuestro acuerdo eficacia
de presente y proyección en el futuro. Para ello trabajaremos conjuntamente
para que los valores y principios plasmados en este acuerdo alcancen el
máximo apoyo social y de las instituciones, en las que ambos partidos
nos comprometemos a defenderlos.
9. El objetivo de este Acuerdo, impulsar conjuntamente
las libertades y la política contra el terrorismo, exige una colaboración
permanente entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español,
que implica el intercambio de información, la actuación concertada
en los ámbitos recogidos en el presente Acuerdo -reformas legislativas,
política penitenciaria, cooperación internacional, movilización
ciudadana e instituciones- y la búsqueda de posiciones conjuntas
ante todos los acontecimientos que afecten a la política antiterrorista.
A tal fin, se creará una comisión de seguimiento que se reunirá
periódicamente y en la que se integrarán representantes de
ambas fuerzas políticas y, con el acuerdo del Gobierno, representantes
de éste.
10. Con la firma del presente Acuerdo PP y
PSOE queremos ratificar públicamente nuestro compromiso firme de
trabajo en común, para la defensa del derecho a la vida y a la libertad
de todos los ciudadanos españoles. Ambas formaciones políticas
coincidimos en los principios que deben inspirar la lucha antiterrorista
y, en los términos aquí recogidos, en la política
que debe desarrollarse. Queremos, finalmente, convocar a las demás
fuerzas democráticas a compartir estos principios y esta política,
convencidos como estamos de que son un cauce adecuado para expresar su
voluntad de colaboración en el objetivo de erradicar la lacra del
terrorismo.
En Madrid, a ocho de diciembre del dos mil.