ASOCIACIÓN POR LA TOLERANCIA

Los síntomas de intranquilidad con que una parte de nuestra sociedad ha acogido el anuncio del contenido de una ley sobre el uso de las lenguas oficiales de Cataluña ponen de manifiesto la dificultad para legislar en esta delicada materia. En los últimos años, y desde posiciones muy diversas, se ha reconocido que el conjunto de la sociedad catalana ha realizado un notable ejercicio de convivencia civil. Hay que destacar y valorar especialmente la actitud abierta y tolerante de muchos ciudadanos a quienes los cambios lingüísticos les ha supuesto un notable esfuerzo de adaptación.
 

Los firmantes de este documento creemos que esta convivencia nunca debería ser puesta en peligro por una acción de los poderes públicos que podría crear problemas allí donde no los hay. El derecho de un ciudadano a utilizar una de las dos lenguas oficiales tiene como límite el derecho de otro ciudadano a utilizar, también, la otra lengua oficial. Sólo una legislación, y una aplicación de la ley, que haga compatible el ejercicio en igualdad de los derechos de todos podrá dar lugar a una sociedad auténticamente basada en los valores de libertad, justicia y pluralismo, que son el fundamento de toda convivencia democrática.
Han sido muchos los cambios que, en el terreno lingüístico, se han producido en nuestra sociedad desde la aprobación de la ley vigente. Esta tenía como finalidad principal garantizar el uso oficial del catalán y el castellano con objeto de asegurar especialmente los derechos lingüísticos de los ciudadanos catalanohablantes, derechos inexistentes en el régimen anterior. Se trataba, por lo tanto, de crear las condiciones y desarrollar los mecanismos adecuados para pasar a una situación de plena normalidad después de un período de grave excepcionalidad. Hoy se puede decir que la situación de excepcionalidad ha sido superada y que el catalán ha entrado en una fase de normalidad.
Este documento, suscrito por un grupo de ciudadanos de Cataluña preocupados por esta problemática y dirigido al Gobierno de la Generalitat, a los grupos parlamentarios y, en general, a la opinión pública catalana, pretende, sencillamente, señalar los presupuestos y los principios que, a nuestro entender, han de configurar una legislación democrática en este ámbito, así como también su interpretación y aplicación.

Presupuestos básicos
 

Cataluña constituye una comunidad de ciudadanos que, por razones históricas diversas, es socialmente bilingüe. En una correcta aplicación del principio de igualdad, nadie ha de ser discriminado por razón de lengua: ni en su relación con las instituciones políticas y administrativas ni en su vida social y laboral.
Según el Estatuto de Autonomía, el catalán es la lengua propia de Cataluña. Esto significa que la sociedad catalana tiene en la lengua catalana un elemento que la identifica, la especifica culturalmente y la diferencia de otras comunidades. El texto estatutario excluye, sin embargo, que el castellano sea una lengua impropia o jurídicamente subalterna respecto a la lengua catalana, ya que ello sería discriminatorio para muchísimos catalanes. La lengua castellana es la lengua materna y de identidad cultural de una parte sustantiva del pueblo catalán, y su uso es, obviamente, normal. La realidad cultural y la norma estatutaria no pueden diferir cuando se califica al catalán como una lengua propia de Cataluña : "propia" no quiere decir "única" ni "preferente", cosa que constituiría una evidente discriminación, sino lengua "diferenciadora" y "específica".
La finalidad primordial de cualquier nueva ley ha de ser que todos y cada uno de los ciudadanos catalanes puedan tener plena capacidad e igual facilidad para expresarse correctamente en las dos lenguas. Sin embargo, la consecución de esta finalidad no puede considerarse como un objetivo que se pueda alcanzar de manera inmediata, sino que requiere un plazo suficiente para que las personas de diferentes orígenes y clases sociales - en especial, en lo que respecta a los sectores sociales más marginados - puedan llegar a este conocimiento de las dos lenguas en un clima social sin crispaciones y sin discriminaciones de ningún tipo. Imprimir el ritmo adecuado y encontrar los instrumentos precisos para llegar a este objectivo es el elemento clave de una adecuada política lingüística.
 

Esta realidad bilingüe se ha de proyectar también a los poderes públicos, es decir, a las instituciones políticas y administrativas que son producto de la voluntad de los ciudadanos expresada democráticamente. Estas instituciones deben utilizar de igual forma ambas lenguas oficiales y deben atender a los ciudadanos también en las dos lenguas, única manera de no tratar discriminatoriamente a una parte importante de la población catalana.
En las relaciones entre particulares en la vida laboral y económica, los poderes públicos no tienen legitimidad para obligar a usar una u otra lengua.
La producción cultural en lengua catalana ha de ser objeto de una protección específica por parte de los poderes públicos, tanto estatales como autonómicos y locales. Las medidas que se tomen en esta dirección no han de afectar al principio de libertad de uso de las lengues sino que deberán ser medidas de fomento, necesarias para que todos los ciudadanos puedan acceder a los bienes culturales en igualdad de condiciones.
 

Así mismo, el Parlamento de Cataluña ha de tomar las iniciativas legislativas pertinentes para promover que las leyes estatales y las instituciones generales del Estado respeten la pluralidad lingüística en España y, más concretamente, en Cataluña, instando a la modificación o derogación de las normas que la vulneren.
 

Principios configuradores
Partiendo de estos supuestos, toda política lingüística se ha de vertebrar de acuerdo con los siguientes principios :
Todo ciudadano de Cataluña tiene derecho a usar libremente cualquiera de las dos lenguas, tanto en sus relaciones con particulares como en sus relaciones con las instituciones políticas y con la Administración pública.
El deber de conocer las dos lenguas oficiales se hará efectivo de forma progresiva y los niveles exigibles serán proporcionales a la formación lingüística recibida por cada uno de los ciudadanos.
Las instituciones políticas y las administraciones públicas con sede en Cataluña están obligadas a atender a los ciudadanos, con igualdad de condiciones, en las dos lenguas oficiales, y no es legítimo considerar como propia de estas instituciones y administraciones públicas solamente una de las dos lenguas.
 

Las relaciones entre particulares están regidas por el principio de autonomía individual de las partes y, en consecuencia, se ha de aplicar el principio de libre uso de las lengues. Los poderes públicos sólo pueden incidir en ellas, si procede, por medio de medidas de fomento.
 

El objetivo de todos los centros de enseñanza, públicos y privados, en lo que respecta a la lengua, ha de ser que los alumnos, al final de los estudios obligatorios, utilicen de forma normal y correcta tanto el catalán como el castellano. Con esta finalidad, tanto la una como la otra serán lenguas vehiculares a lo largo de todos los ciclos de la enseñanza obligatoria. La proporción entre una y otra lengua será similar, pero podría variar en función del entorno lingüístico y cultural de cada centro escolar. En ningún caso los alumnos serán separados, en la escuela o los institutos, por razón de lengua.
 

El acceso a la función pública ha de ser en igualdad de condiciones y, por lo tanto, con independencia de la lengua materna del aspirante. En la asignación de lugares de trabajo, la exigencia del conocimiento de las lenguas será proporcional a las necesidades de la función desarrollada.
 

Sometemos este documento a la consideración de la sociedad catalana, con el afán de contribuir a un debate abierto y democrático sobre esta materia, un debate que creemos que es especialmente necesario en la Cataluña actual.

Els símptomes d'intranquil·litat amb què una part de la nostra societat ha acollit l'anunci del contingut d'una llei sobre l'ús de les llengües oficials de Catalunya posen de manifest la dificultat per legislar en aquesta delicada matèria. En els darrers anys, i des de posicions molt diverses, s'ha reconegut que el conjunt de la societat catalana ha realitzat un notable exercici de convivència civil. Cal destacar i valorar especialment l'actitud oberta i tolerant de molts ciutadans a qui els canvis lingüistics els ha suposat un notable esforç d'adaptació.
Els signants d'aquest document creiem que aquesta convivència no s'hauria de posar mai en perill per una acció dels poders públics que podria crear problemas allà on no n'hi ha. El dret d'un ciutadà a utilitzar una de les dues llengües oficials té com a límit el dret d'un altre ciutadà a utilitzar, també, l'altra llengua oficial. Només una legislació, i una aplicació de la llei, que faci compatible l'exercici en igualtat dels drets de tots podrà donar lloc a una societat autènticament basada en els valors de llibertat, justícia i pluralisme, que són el fonament de tota convivència democràtica.
 

Han estat molts els canvis que, en el terreny lingüístic, s'han produït en la nostra societat des de l'aprovació de la llei vigent. Aquesta tenia com a finalitat principal garantir l'ús oficial del català i el castellà per tal d'assegurar especialment els drets lingüístics dels ciutadans catalanoparlants, drets inexistents en el règim anterior. Es tractava, per tant, de crear les condicions i desenvolupar els mecanismes adequats per passar a una situació de plena normalitat després d'un periode de greu excepcionalitat. Avui es pot dir que la situació d'excepcionalitat ha estat superada i el català ha entrat en una fase de normalitat.
Aquest document, subscrit per un grup de ciutadans de Catalunya preocupats per aquesta problemàtica i adreçat al Govern de la Generalitat, als grups parlamentaris i, més en general, a l'opinió pública catalana, pretén, senzillament, assenyalar els pressupòsits i els principis que, al nostre entendre, han de configurar una legislació democràtica en aquest àmbit, aixi com també la seva interpretació i aplicació.

Catalunya constitueix una comunitat de ciutadans que, per raons històriques diverses, es socialment bilingüe. En una correcta aplicació del principi d'igualtat, ningú ha de ser discriminat per raó de la llengua: ni en la seva relació amb les institucions polítiques i administratives ni en la seva vida social i laboral.
Segons l'Estatut, el català és la llengua pròpia de Catalunya. Això significa que la societat catalana té en la llengua catalana un element que la identifica, l'especifica culturalment i la diferencia d'altres comunitats. El text estatutari exclou, però, que el castellà sigui una llengua impròpia o jurídicament subalterna respecte a la llengua catalana, ja que això seria discriminatori per a moltíssims catalans. La llengua castellana és la llengua materna i d'identitat cultural d'una part substantiva del poble català, i el seu ús és, òbviament, normal. La realitat cultural i la norma estatutària no poden diferir quan es qualifica el català com a llengua pròpia de Catalunya : "pròpia" no vol dir "única" ni "preferent" cosa que constituiria una evident discriminació, sinò llengua "diferenciadora" i "específica".
 

La finalitat primordial de qualsevol nova llei ha de ser que tots i cadascun dels ciutadans catalans puguin tenir plena capacitat i igual facilitat per expressar-se correctament en les dues llengües. Tanmateix, la consecució d'aquesta finalitat no pot considerar-se com un objectiu que es pugui assolir de manera immediata, sinò que requereix un termini suficient per tal que les persones de diferents origens i classes socials - en especial, per tot allò que afecta als sector socials més marginats - puguin arribar a aquest coneixement de les dues llengües en un clima social sense crispacions i sense discriminacions de cap mena. Imprimir el ritme adequat i trobar els instruments precisos per arribar a aquest objectiu es l'element clau d'una adequada política lingüistica.
Aquesta realitat bilingüe s'ha de projectar, també als poders públics, és a dir, a les institucions polítiques i administratives que són producte de la voluntat dels ciutadans expressada democràticament. Aquestes institucions han d'utilitzar de forma igual ambdues llengües oficials i han d'atendre els ciutadans també en les dues llengües, única manera de no tractar discriminatòriament una part important de la població catalana.
En les relacions entre particulars en la vida laboral i econòmica, els poders públics no tenen legitimitat per obligar a usar una o altra llengua.
La producció cultural en llengua catalana ha de ser objecte d'una protecció específica per part dels poders públics, tant estatals com autonòmics i locals. Les mesures que es prenguin en aquesta direcció no han de afectar el principi de llibertat d'ús de les llengües, sinò que hauran de ser mesures de foment, necessàries per tal que tots els ciutadans puguin accedir als béns culturals en igualtat de condicions.
Així mateix, el Parlament de Catalunya ha de prendre les iniciatives legislatives pertinents per promoure que les lleis estatals i les institucions generals de l'Estat respectin la pluralitat lingüística a Espanya i, més concretament, a Catalunya, instant a la modificació o derogació de les normes que la vulnerin.

Partint d'aquests supòsits, tota política lingüística s'ha de vertebrar d'acord amb els següents principis :
Tot ciutadà de Catalunya té dret a usar lliurement qualsevol de les dues llengües, tant en les sevas relacions amb particulars com en les seves relacions amb les institucions polítiques i amb l'Administració pública.
El deure de conèixer les dues llengues oficials és farà efectiu de forma progressiva i els nivells exigibles seran proporcionals a la formació lingüística rebuda per cada un dels ciutadans.
Les institucions polítiques i les administracions públiques amb seu a Catalunya estan obligades a atendre els ciutadans, amb igualtat de condicions, en les dues llengües oficials, i no és legítim considerar com a pròpia d'aquestes institucions i administracions públiques només una de les dues llengües.
Les relacions entre particulars estan regides pel principi d'autonomia individual de les parts i, en conseqüència, s'hi ha d'aplicar el principi de lliure ús de les llengües. Els poders públics només hi poden incidir, si és el cas, per mitjà de mesures de foment.
 

L'objectiu de tots els centres d'ensenyament, públics i privats, pel que fa a la llengua, ha de ser que els alumnes, al final dels estudis obligatoris, utilitzin normalment i correctament tant el català com el castellà. Amb aquesta finalitat, tant una com l'altra seran llengües vehiculars al llarg de tots el cicles de l'ensenyament obligatori. La proporció entre una i l'altra llengua serà similar, però podria variar en funció de l'entorn lingüístic i cultural de cada centre escolar. En cap cas els alumnes seran separats, a l'escola o als instituts, per raó de llengua.
 

L'accés a la funció pública s'ha de fer en igualtat de condicions i, per tant, amb independència de la llengua materna de l'aspirant. En l'assignació de llocs de treball, l'exigència del coneixement de les llengües serà proporcional a les necessitats de la funció que es desenvolupa.
 

Sotmetem aquest document a la consideració de la societat catalana, amb l'afany de contribuïr a un debat obert i democràtic sobre aquesta matèria, un debat que creiem que és especialment necessari a la Catalunya actual.