1. Después del operativo militar ( allanamiento ) a la sede de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, el pasado 13 de mayo, han continuado las amenazas contra miembros de la Comisión que acompañan procesos de la población civil, en la afirmación de sus derechos en medio del conflicto, así como los procesos de condena y estigmatización de que ha sido objeto la Comisión en sus 10 años de vida.
2. Hemos recibido informaciones confidenciales que consideramos fidedignas, provenientes de personas que hacen parte de espacios religiosos, de medios de información, de representaciones diplomáticas e incluso de organismos de control del Estado, según las cuales, el secretario ejecutivo de Justicia y Paz, P. Javier Giraldo M. s.j., ha sido declarado objetivo militar , e incluso, que existe un operativo en marcha para atentar contra su vida. También, hemos conocido que altos mandos militares han expresado abiertamente su animadversión hacia el P. Javier Giraldo.
3. A pesar de conocer dichas informaciones y de tener la certeza de su veracidad, por primera vez en los diez años de existencia de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, nos encontramos maniatados por la aparente carencia de elementos objetivos que permitan denunciar tales planes criminales y emprender acción alguna, penal o disciplinaria -por estériles que hayan sido hasta ahora-, de cara a prevenir la comisión de otro crimen de lesa humanidad, decidido, diseñado y ejecutado por agentes del Estado o con su aquiescencia.
4. Constatamos una vez más con dolor y con horror, el perfeccionamiento de los métodos de guerra sucia y de los mecanismos de represión, que amplían su radio de acción a vastos sectores de la población; el refinamiento de los mecanismos tendientes a garantizar que los crímenes queden en la impunidad -desde antes de su ejecución-, a imposibilitar que la Verdad sobre esos crímenes se conozca y sirva de fundamento para la exigencia de Justicia y de Reparación, y obviamente, a prevenir la consumación de nuevos crímenes.
5. Nos asiste la convicción de que la arremetida contra los defensores de derechos humanos, hace parte de una estrategia encaminada a impedir su activa participación en cualquier proceso de negociación del conflicto, y garantizar de esta forma, que los miles de crímenes de lesa humanidad cometidos hasta ahora, sean dejados en el olvido, como si las víctimas nunca hubieran existido, y de otra parte, que los victimarios gocen de un perdón incondicional.
6. Los asesinatos recientes de Jesús María Valle y de Eduardo Umaña Mendoza dejan ver con nitidez la intención de exterminar a personas que por su trayectoria histórica y postura ético-política, se constituyen en garantía para no dejar impune todo lo vivido. Por eso, un posible atentado contra la vida del P. Javier Giraldo sería otro hecho que se enmarca en esta lógica de aniquilamiento. Se está atentando no sólo contra las personas, sino contra lo que representan: la lucha por poner al desnudo la impunidad de los crímenes, la denuncia de los poderes que los patrocinan, y la exigencia de garantías reales para el ejercicio de los derechos humanos, integralmente concebidos.
7. Por todo lo anterior, el P. Javier Giraldo, se ha visto obligado a adoptar medidas de precaución para salvaguardar su vida, viéndose afectada su labor cotidiana en solidaridad con las víctimas. Tampoco le fue posible participar de manera personal, en la reunión que desde el día 12 de los corrientes se realiza en Maguncia, Alemania, a la cual estaba invitado, a pesar de valorar de suma importancia este evento, por cuanto se constituye en una oportunidad histórica para visualizar desde la opción por la defensa de los derechos humanos-, los desafíos a tener en cuenta en un proceso serio de negociación política del conflicto interno armado que desde hace más de 30 años se desarrolla en Colombia, en el marco del cual se ha justificado el asesinato de casi 26.000 colombianos por motivos políticos, cerca de 2.500 desapariciones forzadas(1), al amparo del fuero militar, del auge del paramilitarismo y de la injusticia estructural de la justicia colombiana. Esto significa el silenciamiento del clamor de las víctimas, de sus familias, comunidades y organizaciones.
Como religiosos, religiosas y laicos comprometidos en
la defensa de la vida digna:
Ponemos en su conocimiento, no una denuncia
formal, sino la constancia histórica de la situación por
la cual estamos atravesando. No solicitamos a las instituciones estatales
ni gubernamentales, investigación alguna. No solicitamos tampoco
medidas de protección. Nuestra experiencia en estos diez años
nos ha evidenciado que estas vías no han evitado que los anunciados
crímenes se cometan.
Reafirmamos nuestra opción en defensa de
la vida digna, y por ello reiteramos que cualquier proceso de negociación
política del conflicto armado, debe basarse en la Verdad histórica
sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestro país,
tales como los homicidios políticos, el genocidio, la detención
desaparición forzada, la tortura y el desplazamiento forzado;
además, debe garantizarse el derecho a la Justicia, entendida como
el sometimiento a juicio de los responsables de los crímenes
y su castigo, y la Reparación Integral en relación con los
crímenes cometidos por los agentes estatales por acción u
omisión, o por los particulares bajo el patrocinio o tolerancia
del estado, para las comunidades étnicas, regionales o locales,
las organizaciones políticas o gremiales, los familiares y las víctimas
mismas, cuando sea posible.
En nombre de Jesús de Nazareth, de las víctimas
y de sus familiares, de la verdad oculta, de la justicia que clama al cielo
y de la posibilidad de un futuro con auténtica paz, les decimos
a los victimarios y a sus instigadores: ¡ay! de ustedes que
transforman las leyes en algo tan amargo como el ajenjo y tiran por el
suelo la justicia, ustedes odian al que defiende lo justo (...) y aborrecen
al que dice la verdad Amós 5,10.
Hacemos un llamado a toda la sociedad para no ser cómplice
de este posible crimen y de otros que estén siendo planeados, pues
el Padre me ama porque yo mismo doy mi vida y la volveré a tomar.
Nadie ha podido quitarme la vida sino que yo mismo la voy a entregar. Libremente
la entregaré, y libremente también la recobraré: Así
lo dispuso mi Padre Juan 10, 17-18.
Por la Conferencia de Religiosos de Colombia,
Hna. Silvia Vallejo V. O.D.N. Presidente.
Por la Comisión Intercongregacional de Justicia
y Paz,
Hna. Libia Duque A.C.I.
Hna. Nohemy Palencia O.P.
Clemencia Correa,
Hna. Isabel Gutiérrez, S.A.C
Hna. Maritze Trigos O.P.
Danilo Rueda
Iván Forero
Mauricio Llantén, s.j.
Santafé de Bogotá, Julio 10 de 1998