HECHOS
El día de hoy, 13 de mayo de 1998, en horas
de la tarde vienen siendo objeto de allanamiento las sedes de la Comisión
Intercongregacional de Justicia y Paz y la Corporación Minga, organismos
dedicados a la defensa, promoción y protección de los derechos
humanos.
Actualmente desde estas organizaciones se viene
apoyando al Proyecto Nunca Mas, el cual es una iniciativa de diversas organizaciones
sociales y ONGs de derechos humanos encaminado a esclarecer la responsabilidad
de los crímenes de lesa humanidad cometidos en colombia en los últimos
treinta años. Dicho proyecto cuenta con una base de datos en la
cual se registran los hechos objeto de la investigación.
Esta situación se suma a las recientes acciones contra proyectos
similares en otros países del contienente como lo ocurrido Guatemala
donde fue asesinado Monseñor Gerardi coordinador del Proyecto de
Recuperación de la Memoria Histórica sobre graves violaciones
de los derechos huamnos en dicho país, dos días después
de darse a conocer el informe final que evidenciaba la responsabilidad
del Estado guatemalteco.
Según informaciones obtenidas en los allanamientos,
estos hechos hacen parte de una acción dirigida contra veinte organismos
de derechos humanos aún no determinados y se realizan con fundamento
en informes de inteligencia de la Brigada XX de inteligencia militar que
indican que en estos lugares se encontraría documentación
perteneciente a la organización insurgente ELN.
Estas acciones contra organizaciones de derechos
humanos se desatan luego que varios Generales de las Fuerzas Armadas declararan
que el asesinato del General Fernando Landeazabal es el resultado de las
denuncias hechas por violación de derechos humanos a nivel nacional
e internacional y dentro del contexto de graves pronunciamientos públicos
que dan cuenta del compromiso de la Brigada XX de inteligencia militar
en actos de guerra sucia, a los que varios agentes del Estado han contestado
señalando a los medios de comunicación y a organismos de
Derechos Humanos como “aparatos de la guerrilla”.
En tales condiciones demandamos una acción
decidida de las Organizaciones nacionales e internacionales a fin de urgir
al Gobierno Colombiano para que cese de inmediato la acción represiva
y de criminalización contra los defensores de los derechos humanos
y organizaciones sociales.
Suscriben,
Corporación Jurídica
Libertad, Corporación Sembrar, Procuradores Comunitarios.
Asociación Campesina de Antioquia, Comité de derechos humanos
del Nordeste y Bajo Cauca, Comité de derechos humanos de Oriente,
Federación Unitaria de Trabajadores de Antioquia FUTRAN, Comité
de Solidaridad con los Presos Políticos Sec Medellín, Asociación
de Familiares de detenidos desaparecidos ASFADDES Sec Medellín,
;Comunidades Eclesiales de base, Asociación Nacional de Ayuda Solidaria
ANDAS Sec Valle de Aburra