La Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, consciente de que muchos sectores de la opinión pública esperan su propia versión y análisis de los hechos ocurridos el pasado miércoles 13 de mayo, cuando su sede fue allanada por miembros del Ejército y de la Fiscalía, quiere manifestar a ese respecto lo siguiente:
1. Ante todo agradecemos las manifestaciones de solidaridad y de firme repudio a este atropello, por parte de las más altas jerarquías de nuestra Iglesia Católica, por parte de representaciones diplomáticas acreditadas ante el Gobierno de Colombia y por parte de numerosísimas entidades y personas, tanto de Colombia como de muchos países del mundo.
2. Suscribimos en su totalidad el comunicado emitido por Monseñor Alberto Giraldo Jaramillo, Arzobispo de Medellín y Presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, quien luego de recibir y evaluar la información pertinente, denunció con valentía y firmeza las violaciones a la Constitución y a las leyes vigentes que allí se produjeron; demandó al Gobierno y a la Fiscalía las explicaciones más fundamentales y señaló las responsabilidades de las consecuencias que de estos hechos se pueden seguir. Igualmente nos identificamos con el comunicado emitido por la Junta Directiva Nacional de la Conferencia de Religiosos de Colombia, a la cual pertenecemos y con cuyos criterios y principios trabajamos.
3. Luego de reunirnos para reconstruir los hechos, paso por paso, y para tratar de leer sus significados a través de las actuaciones, comportamientos y expresiones de quienes practicaron el allanamiento, asÌ como a través de algunos antecedentes y de elementos del contexto nacional e internacional, hemos ido esclareciendo varios elementos que la opinión pública debe conocer:

A) Cómo se desarrollaron los hechos?
En el allanamiento, iniciado de hecho a la 1:00 P.M. aunque judicialmente a la 1:25 P.M. del miércoles 13 de mayo, participaron la Fiscal Consuelo Montañez o “Diamante 48”, perteneciente a la“Unidad de Terrorismo” de la FiscalÌa Regional de Bogotá, unos 20 miembros de las fuerzas militares partenecientes a la “Agrupación de Fuerzas Especiales” (que reune a oficiales de las diversas armas, fundada con ocasión de los hechos del Palacio de Justicia en 1985) y miembros del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación. Otros miembros de las fuerzas militares, cuyo número no fue posible establecer, controlaron los alrededores de la casa.
Los militares se presentaron sin ninguna identificación visible, portando cada uno varias armas, de corto y de largo alcance, éstas dotadas de miras con rayos infrarrojos, con abundante munición, con chalecos antibalas y con modernos aparatos de comunicación incorporados a su vestimenta, a través de los cuales se estuvieron comunicando con mandos militares de alta graduación. Fue evidente la presencia de varios militares en trajes civiles que tuvieron papel directivo en el allanamiento.
No hubo presencia de miembros del Ministerio Público. Cuando llegó un delegado de la Procuraduría, enviado por el Señor Procurador General de la Nación a petición de organizaciones no gubernamentales, ya eran las 3.30 P.M. y la diligencia se había dado por terminada. Antes se le había negado la entrada al delegado de la Defensoría del Pueblo, quien se había identificado plenamente, así como a la delegada de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en violación al Acuerdo suscrito entre la ONU y el Gobierno colombiano el 29 de noviembre de 1996 (art. 7, lit. c y g). También se le negó la entrada al delegado de la Conferencia Episcopal de Colombia, quien debía estar presente por tratarse de una entidad de la Iglesia Católica.
Dada la arquitectura de la casa-sede de nuestra Comisión, el operativo tomó caracterÌsticas diferentes en las diversas áreas del inmueble: los militares tomaron posesión y control de todas las instalaciones, pero concentraron sus principales efectivos en el área destinada al Proyecto NUNCA MAS, que guarda la memoria de los Crímenes de Lesa Humanidad. En dicha área, que solo fue visitada de paso por la Fiscal, los militares agredieron a las tres personas que allí se encontraban, quienes trabajan en la documentación y digitación de casos; las obligaron a ponerse de rodillas mientras apuntaban sus armas contra ellas, les sustrajeron sus documentos de identidad, las sometieron a exhaustivos interrogatorios, las trataron en todo el tiempo de “guerrilleros” y las filmaron minuciosamente. Sin control alguno de la Fiscal, los militares revisaron y leyeron documentos, abrieron computadores y filmaron sus contenidos, sin que tales filmaciones fueran entregadas a la Fiscal, aún más, ésta negó, al final de la diligencia, saber lo que había ocurrido en esa área y afirmó que no asumiría ninguna responsabilidad sobre las actuaciones de los militares.
Todos los comentarios hechos por los miembros de las fuerzas militares durante la diligencia evidenciaron que su interés primordial era llevarse los archivos magnéticos que contenían información relativa a masacres, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y torturas. Sus expresiones revelaban que sabían muy bien cuál era la información que allí se guardaba y mostraban deseos desbordados de apoderarse de ella. Incluso manifestaron conocer de antemano a las personas que trabajaban en dicha área, con sus nombres y residencias, y sus actitudes, movimientos y expresiones, mostraban que conocían también de antemano los órdenes de información que guardaba cada computador.
Las filmaciones hechas por los militares se concentraron en documentos de denuncia, algunos escritos en papel, otros llamados a las pantallas de los computadores, como también en los códigos y thesauros mediante los cuales se sistematizan los datos, y en la estructura arquitectónica de la casa, con el fin, según ellos mismos lo manifestaron, de “hacer una maqueta de la misma”.
Entre tanto, en otras áreas de la casa la Fiscal y algunos miembros del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía revisaban lentamente, y sin mostrar mucho interés en lo que hacían, otros archivos físicos y magnéticos. En tres ocasiones, agentes del CTI manifestaron a miembros de Justicia y Paz que estaban en la sede, que el operativo era propiamente de los militares y que su presencia allí como miembros de la Fiscalía tenía como objetivo el evitar que los militares cometieran excesos. La impresión generalizada que quedó en quienes estaban en la sede, fue la de que los miembros de la Fiscalía cumplían formalidades inocuas en algunas áreas de la casa, mientras hacían tiempo para que los militares cumplieran sus objetivos primordiales en el área del Proyecto NUNCA MAS.
B) Qué motivó el allanamiento?
Tras el análisis y evaluación de todo lo ocurrido, nos preguntamos qué motivó el allanamiento; cuál era el real objetivo del mismo, pues al confrontar las explicaciones dadas por la Fiscal, por los miembros del CTI y por los propios militares, encontramos contradicciones evidentes:
1   La Fiscal, al llegar, señóaló que el allanamiento obedecía a informes de inteligencia militar, según los cuales, en dicho inmueble “habÌa un arsenal, explosivos y propaganda del ELN”.
2.   Luego, al dar inicio formal a la diligencia, la Fiscal leyó en reiteradas ocasiones al personal que se encontraba en el primer piso del inmueble, el INFORME DE INTELIGENCIA, en el cual se afirmaba que “se estaba buscando a dos personas que frecuentaban la casa desde agosto de 1997” y se hacía también referencia a “la constante visita de estudiantes de la Universidad Distrital que pertenecen al grupo ‘Poina’ que es un grupo urbano del ELN creado para desestabilizar al Gobierno e interrumpir las elecciones presidenciales”.
   3.   Al dar lectura a la RESOLUCION de allanamiento, la Fiscal afirmaba que el allanamiento se había fundado en un informe de inteligencia de la XIII Brigada, según el cual, “en la casa localizada en la calle 36 No. 15-39, de fachada crema, hay unos computadores con documentación secreta perteneciente al ELN y donde se cree que también hay volantes y material subversivo de distribución”, motivo éste relacionado con la presencia, desde el inicio del allanamiento, de técnicos del CTI expertos en sistemas, y con la posterior petición telefónica de la Fiscal, de que le fuera enviada una comisión de apoyo, pues “había muchos computadores en el inmueble”.
4.  Las versiones transmitidas por miembros del CTI, en diversos momentos y a distintas personas que estaban en la sede durante el allanamiento, convergían en que su presencia allí obedecía a acompañar el operativo militar y a procurar evitar desmanes o atropellos por parte de los miembros de las fuerzas militares. Estas versiones son coherentes con el desempeño descuidado y superficial de sus acciones durante toda la diligencia y con una expresión explícita de la Fiscal, quien manifestó: “tengo un apoyo en el cual no puedo confiar”.
5.   De igual forma, en diversos momentos y ante distintas personas que se encontraban en el inmueble, tanto los militares uniformados como los que llevaban trajes civiles, señalaron que el propósito del operativo militar era apoderarse de archivos con información sobre masacres, asesinatos, desapariciones y torturas, archivos “que eran financiados por el ELN”. En sus palabras textuales: “vinimos por esta información y no nos podemos ir sin ella”.
6    Finalmente, según el boletín de prensa de la Quinta División del Ejército Nacional, fechado el 14 de mayo de 1998, “tropas de la Decimotercera Brigada realizaron operativos de control militar (retenes, patrullajes, allanamientos y presencia) con motivo del asesinato del Señor General Fernando Landazábal Reyes ... en desarrollo de los cuales se adelantó el allanamiento y registro al inmueble localizado en la calle 36 No. 15-39”.
A partir de estos elementos tan contradictorios,  cuál es nuestra interpretación?
Siendo tan claro que el allanamiento respondía a un interés del Ejército Nacional y particularmente de su XIII Brigada, la cual está hoy día comandada por el General Rito Alejo Del Río, no podemos dejar de tener en cuenta las difíciles relaciones que nuestra Comisión de Justicia y Paz tuvo con dicho General cuando ejercÌa la comandancia de la XVII Brigada con sede en Carepa, Urabá, a raíz de las reiteradas denuncias que tuvimos que hacer sobre las graves violaciones a los derechos humanos por parte de las unidades a su cargo y sobre sus evidentes relaciones de apoyo y patrocinio con el paramilitarismo de la región.
Tampoco podemos dejar de tener en cuenta que ha habido otros documentos confidenciales de inteligencia militar, hoy ampliamente conocidos, donde se reseña a la Comisión de Justicia y Paz en términos como los siguientes:
“Dirigida por el sacerdote Javier Giraldo Moreno, es activa partícipe en la guerra jurídica, ocupándose de impulsar los casos que contra oficiales de las fuerzas militares se presentan en la Fiscalía y en la Procuraduría.
Cuenta con una red internacional de ONGs similares.
Recientemente unió su banco de datos al del Cinep. Es especialmente activa en la promoción de la guerra jurídica, especialmente en zonas de influencia del ELN”. (Documento “La Diplomacia de la Subversión”, del Centro de Análisis Sociopolíticos. Conferencia dictada por Miguel Posada, octubre de 1996, actualizada en julio de 1997).
Igualmente el documento “Organizaciones No Gubernamentales y Derechos Humanos”, elaborado por los oficiales retirados del Ejército: General Manuel Jaime Guerrero Paz, Mayor General Juan Salcedo Lora, Brigadier General Adolfo Clavijo, y por los ingenieros Miguel Posada y Carlos Sierra, publicado en noviembre de 1997, hace reiteradas referencias a nuestra Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, así como a otras organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, calificándolas como agentes de la subversión “mediante el ataque sistemático al Estado de Derecho y a la vez mediante el apoyo directo o indirecto a la guerra política y militar que se desarrolla”.
Llama particularmente la atención, en esos documentos, la reiterada calificación de toda actividad de defensa de los derechos humanos como “guerra jurídica” o “guerra política”, con lo cual se termina por desconocer el carácter civil de dichas actividades y organizaciones, para presentarlas como “actores de guerra” u “objetivos militares”.

Es evidente, por lo tanto, a nuestro entender, que el allanamiento respondÌa a un interés explícito del Ejército Nacional, y particularmente de la XIII Brigada, de apoderarse de los archivos que guardan la memoria de los Crímenes de Lesa Humanidad, calificando dichos archivos como “material subversivo”; de criminalizar la denuncia de las violaciones a los derechos humanos por parte de la fuerza pública; de estigmatizar la actividad legítima, legal y humanitaria de nuestra Comisión de Justicia y Paz en defensa de las víctimas y, en general, de satanizar la solidaridad con las vÌctimas de tanto crimen, calificando la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la justicia, la solidaridad con las víctimas y la salvaguarda de su memoria, como “acciones de guerra” y como “actividades subversivas”.
Nos preguntamos: por qué tanto temor de los militares a la memoria de  las víctimas?
No han escapado a nuestra reflexión dos recientes acontecimientos: por una parte, el asesinato, en Guatemala, de Monseñor Juan Gerardi Conedera, obispo responsable del proyecto Recuperación de la Memoria Histórica -REMHI-, justo al dÌa siguiente de ser entregados a la opinión pública los cuatro volúmenes que guardan la memoria de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en ese país; y por otra parte, el asalto a la sede de las familias de los desaparecidos de Argentina, con el propósito de desaparecer los archivos que dan cuenta de los hechos y de los responsables de más de 30.000 crÌmenes.

C)   En contravía de la Ley
Los elementos anteriores nos llevan a evaluar en que medida fueron respetadas la Constitución y las leyes. Como ya lo consignó el Presidente de la Conferencia Episcopal en su comunicado, los tratos inhumanos y degradantes a que fueron sometidos los operarios que se encontraban en el área del Proyecto NUNCA MAS, constituyen
afrentas a la dignidad humana y violaciones al artÌculo 12 de la Constitución Nacional, así como de múltiples tratados internacionales de Derechos Humanos suscritos y ratificados por Colombia.
La actuación de las fuerzas militares durante el allanamiento, al hacer interrogatorios, revisar documentos, abrir computadores, filmar sus  contenidos, elaborar maquetas fÌlmicas de la sede, grabar las imágenes de quienes fueron interrogados y de las personas que se hicieron presentes frente a la sede, fue abiertamente violatoria de los artÌculos 113 y 116 de la Constitución, donde se establece la separación de poderes y se prohÌbe a las autoridades administrativas adelantar la instrucción de sumarios. Es violatoria igualmente del artÌculo 310 del Código de Procedimiento Penal que señala cuales son los servidores públicos que pueden ejercer funciones de policía judicial. Estos procedimientos que se sitúan fuera y en contra de la ley, fueron más graves aún al actuar las fuerzas militares sin la identificación que de acuerdo a la Ley deben portar, lo que los convierte en agentes anónimos que gozan de condiciones objetivas para ocultar o eludir su responsabilidad. Aun más grave e ilegal fue su proceder al realizar sus ilícitos con prescindencia del control de la Fiscal, quien se presentó como responsable de la diligencia de allanamiento y explicó que había solicitado la presencia de los militares “como apoyo”, ante la eventualidad de que allí se ocultaran miembros de grupos armados, pero quien al final de la diligencia se declaró “no responsable” de lo que hubiesen hecho los militares.
Todo esto nos plantea graves interrogantes sobre el papel jugado por la Fiscalía. La lectura integral de todos los comportamientos y expresiones explícitas de quienes participaron en el allanamiento, nos evidenció que la Fiscalía cumplía conscientemente un papel “de fachada” o de “Caballo de Troya”, tendiente a cubrir con apariencias de acción judicial un operativomilitar que tenía objetivos inconfesables, toda vez que carecían de toda juridicidad y eran violatorios de múltiples derechos y normas. No solo es claro en nuestro ordenamiento constitucional que las fuerzas militares no pueden intervenir en la rama judicial si se exceptua la Justicia Penal Militar, prevista taxativamente para juzgar a militares por delitos cometidos en el desempeño de su oficio- sino que cualquier filosofía jurídica se basa en el principio de la imparcialidad, y nada más ajeno a la imparcialidad que el accionar de agentes o instituciones relacionados estructuralmente con la lucha armada o el manejo de armas.
Pero si ya es extremadamente grave que la Fiscalía sea manipulada de esa manera o que se preste para servir de fachada o para cubrir acciones a todas luces contrarias a la ley, es más grave aún que admita como
procedimiento legal el sustentar acciones como allanamientos o detenciones en “informes de inteligencia” que no son sometidos a la más elemental de las verificaciones, como sería la de enterarse al menos de que entidad funciona en el sitio denunciado.
La Fiscal afirmó repetidas veces que “ignoraba” que allí funcionara una organización no gubernamental de derechos humanos o una entidad de la Iglesia, mientras militares y agentes del CTI preguntaban, al entrar, a varios de los moradores de la sede, “si la casa era de los jesuítas”, y mientras leían en la puerta y en todas las paredes el nombre de Justicia y Paz. Más extraño aún es que al final del operativo la misma Fiscal
afirme que “suspendió la diligencia al descubrir que se trataba de una ONG”, cuando quienes la recibieron identificaron con nombre, objetivos y actividades a la entidad cuya sede se disponía a allanar.
No es la primera vez que nuestra Comisión censura los “informes de inteligencia” como fundamento de actuaciones judiciales. En nuestro acompañamiento a centenares de víctimas de violaciones a sus derechos
fundamentales, hemos sido testigos de como los “informes de inteligencia” son una fuente inagotable de arbitrariedades e injusticias. La explicación es que estructuralmente se prestan para ello: agentes formados para combatir y que concentran en su espíritu el odio y la emotividad del combatiente, elaboran acusaciones contra sus supuestos enemigos ideológicos o contra quienes denuncian sus conductas ilícitas, de quienes fabrican “contendores bélicos”, sin necesidad de hacerse responsables de sus acusaciones, puesto que éstas, o no son piezas procesales, o lo son pero con el amparo del anonimato. Si acusaciones así elaboradas no son sometidas a serios procesos de verificación antes de causar daños irreparables a las personas o entidades señaladas, es evidente que tal procedimiento no tiene sustento alguno de legitimidad y es absolutamente repudiable como mecanismo judicial.
Queremos solicitar a la Fiscalía que reflexione sobre la utilización de procedimientos tan absurdos con miras a eliminarlos de sus prácticas, al mismo tiempo que le exigimos que al autor de tan fantasioso “informe de inteligencia” se le haga responsable del daño que causó y se le exija repararlo.
Tanto la Fiscalía como el Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares, esto es, el Presidente de la República, son responsables en adelante de consecuencias muy graves que estos hechos pueden tener, y más probablemente en el horrendo contexto que vivimos: si bien los militares recibieron orden, a última hora, de no sacar nada de la casa, ya habían violado los computadores y archivos y habían filmado archivos, personas y lugares, elementos que no pusieron en manos de la Fiscalía y sobre los cuales la Fiscal afirmó que no asumiría ninguna responsabilidad, pero que aunque con posterioridad sean entregados a la Fiscalía ya habrín sido copiados y la Fiscalía misma jamás podrá tener control sobre esas copias. Nos preguntamos: qué preparan con ese material?,  acaso centenares de casos del pasado no nos autorizan a imaginarnos lo peor?

D) Quienes somos y que hacemos? Nadie duda de que uno de los objetivos de toda acción represiva, arbitraria e ilegal, es causar un daño en la imagen o reputación de las personas o entidades afectadas. No es la primera vez que se trata de causar un daño moral a nuestra Comisión. En ocasiones anteriores lo hicieron el diario El Tiempo, el diario La Prensa, el periodista Plinio Apuleyo Mendoza secundado por la cadena RCN, el General Harold Bedoya y el General Alvaro Valencia Tovar, en todas estas ocasiones como censura a denuncias que hicimos sobre crímenes horrendos que involucraban a miembros o a unidades de las Fuerzas Armadas. Todos ellos esgrimieron la tesis, explícita o implícitamente, de que si denunciábamos crímenes de Estado era porque nos identificábamos con la subversión. El poder de todas estas personalidades y Medios sobre el manejo de la opinión pública nos colocó siempre en situación de indefensión, pues siempre se negaron a rectificar y a reparar el daño causado. No obstante la cadena de estigmatizaciones, nuestra identidad se mantiene inmodificable y debe reafirmarse cuando hechos como estos nos ponen en la mira de una “opinión pública” casi siempre manipulada.

La Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz es un Organo de la Conferencia de Religiosos de Colombia, creado en 1988. En su Consejo Directivo participan los Superiores y Superioras Mayores de 60 Congregaciones Religiosas. Atiende cuatro grandes áreas de trabajo: la información y denuncia sobre crímenes de lesa humanidad; la asistencia jurídica a víctimas o familias de víctimas; la asistencia humanitaria, particularmente a grupos de desplazados; la educación en derechos humanos. Entre los proyectos que desarrolla cabe destacar el PROYECTO NUNCA MAS, cuya administración está a su cargo pero cuya dirección es compartida con otras 14 organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y sociales, contando con el apoyo y financiación de entidades no gubernamentales de 8 paÌses.

Este proyecto busca recuperar la memoria de los Crímenes de Lesa Humanidad perpetrados en los últimos 30 años, uniendose a un movimiento continental que busca los mismos objetivos en la mayoría de los países de América Latina. Sus fines se inscriben dentro de las recientes perspectivas de la Organización de las Naciones Unidas, de afirmar el derecho de los pueblos a salvaguardar la memoria de sus sufrimientos: como condición ineludible para la conquista de la verdad, de la justicia y de la reparación;  como camino obligado para la erradicación de la impunidad, como mecanismo necesario, tanto para que los crímenes no se repitan en el futuro, como para que la sociedad del futuro no quede atrapada en los efectos destructores de los crímenes del pasado.
Si bien nuestra Comisión ha denunciado desde su origen las violaciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas por grupos insurgentes, está convencida de que las violaciones de los derechos humanos por parte de agentes del Estado revisten una gravedad mucho mayor, dado que desnaturalizan la instancia que debería ser garante del respeto a esos derechos y destruyen la fuente originante de legitimación del Estado de Derecho; por eso, en toda su trayectoria, nuestra Comisión le ha dado prioridad a este último tipo de denuncias.
Nuestra Comisión ha incorporado, desde su origen, el trabajo de los laicos, y mantiene relaciones con organizaciones nacionales e internacionales que buscan la promoción y defensa de los derechos de las personas y de los pueblos, sin restricciones de ideologías o credos. Su fuente de inspiración, sin embargo, así como sus criterios fundamentales de acción y de interpelación permanente, los extrae del Evangelio y de la tradición cristiana. Recoge en su dinamismo y en su horizonte de inspiraciones, los carismas de numerosos fundadores y fundadoras de congregaciones religiosas que hicieron del pobre, del oprimido y de la víctima del poder, así como de la búsqueda de la verdad, de la justicia y de la solidaridad, el centro y el criterio rector de su acción apostólica, proyectando así en sus vidas y en  las de sus familias religiosas la veta que consideraron más sagrada y fecunda del Evangelio.

E) Consecuencias previsibles de estos atropellos
Al evaluar lo ocurrido y al pensar en sus efectos y consecuencias hacia el futuro, nos asaltan preocupaciones y dolores muy hondos:
La violación de los archivos magnéticos del NUNCA MAS y su filmación, hoy en manos de las fuerzas militares, cuya responsabilidad en numerosísimos de esos casos nadie ignora, nos duele profundamente. Gran parte de esa información nos fue confiada por familias y personas psíquica y moralmente destruídas por esos crímenes y presas del terror. Lo hicieron porque confiaron en nosotros, en nuestros valores y en nuestros principios, y porque creyeron que en nuestras manos esa información sería manejada con cautela, sin ponerlos de nuevo a ellos en alto riesgo. La violencia ejercida, absolutamente contra la ley, tocó, pues, la zona más sagrada de nuestra relación con las víctimas: la confidencialidad.
Ninguna imagen más patética podría revelar lo que hoy sentimos como la de la violación carnal, cuando la fuerza bruta rompe y pisotea el santuario sagrado de la intimidad, donde se elaboran y despliegan los más delicados dinamismos de lo humano que bordean el misterio de la vida.
Pero tal golpe brutal a la confidencialidad nos lleva a preguntarnos: cómo puede una organización dedicada a la salvaguarda de los derechos humanos más fundamentales cumplir su tarea, sin que el principio de la confidencialidad sea respetado? , cómo es posible que los mismos victimarios tengan atribuciones para apoderarse de la información
aportada por las víctimas, amparados en el simulacro de una “diligencia judicial” y encubiertos por una institución supuestamente gestora de “justicia”?

Esto nos revela la profundidad del abismo en que nuestro país se encuentra, donde no se dan siquiera las condiciones y garantías más elementalespara ejercer el DERECHO A DEFENDER LOS DERECHOS. Nuestras preocupaciones se dirigen también a la seguridad de quienes fueron filmados e intimidados y de quienes continúan trabajando en el proyecto NUNCA MAS. Acaso no es consciente el país entero de las estrechas relaciones existentes entre las Fuerzas Armadas y los grupos paramilitares? Acaso la estrategia paramilitar no mira justamente a garantizar la circulación de información entre militares y paramilitares, para que éstos ejecuten lo que aquellos no pueden sin ilegitimar profundamente al Estado?
Nos preguntamos también qué objetivo puede tener el elaborar una maqueta fílmica de un inmueble. Para qué otra finalidad puede servir, si no es para preparar asaltos o atentados? Nos preguntamos si la Fiscalía tendría consciencia de lo que estaba haciendo. Cómo podrá ahora reparar los daños causados y evitar que los temidos efectos se lleven a cabo? Es su responsabilidad que ahora no puede eludir.
El país y el mundo sabrán que cualquier efecto nefasto de esta irresponsable e ilegÌtima acción, ya sobre las familias de las víctimas que aportaron información, ya sobre los operarios del NUNCA MAS, ya sobre los miembros de las demás organizaciones vinculadas a este proyecto, ya sobre quienes fueron filmados en los exteriores de la sede, ya sobre la sede misma, tienen responsables concretos: las Fuerzas Militares y la Fiscalía.
Dios y la Historia se lo demandarán.

P. Javier Giraldo M., S.J.
Hna. Isabel GutiÈrrez S.A.C.
Hna. Libia Duque A.C.I.
P. Carlos Julio Rozo  C.M.F.
P. Ulrich Kollwitz S.V.D.
Hna, Nohemy Palencia O.P.

Santafé de Bogotá, mayo 18 de 1998.