ES COMPRENSIBLE QUE LA VICTORIA DE Andrés Pastrana, entendida como una derrota del gobierno de Ernesto Samper, despierte la esperanza. Es comprensible que se vea como esa patada que pega en el fondo el ahogado que toca fondo, y que a lo mejor le sirve para volver a salir a respirar. Con Samper, en efecto, Colombia tocó un cieno muy parecido a lo que debe ser el fondo.
 
    Darle una patada a eso siempre anima. Es comprensible, más específicamente, que estén felices los vencedores. Esos cuya euforia ha hecho subir la bolsa y bajar el dólar. Esa—digamos—vigésima parte de Colombia a la que directamente afectan el curso de la bolsa y el precio del dólar, pero a la cual (no es una crítica, sino una descripción) importan más el dólar y la bolsa que las otras 19 partes de Colombia. Y, claro está, su satisfacción es en un primer momento buena para el país en su conjunto, puesto que los induce a no agravar aún más los problemas: no sacarán tantos dólares. Temo, sin embargo, que a más largo plazo su contento sea malo: no es sano, en una sociedad tan asombrosamente desequilibrada como es esta, que los ricos se sientan tan felices por lo que consideran su victoria. (Y entiéndase que no llamo aquí ‘ricos’ a los tres o cuatro archimillonarios que suele retratar esta revista, sino a los 300.000 ó 400.000 privilegiados que, en nuestro mar de miseria, tienen con qué comprar esta revista).
 
    Pero ojalá le vaya bien a Andrés Pastrana en su gobierno. Quiero decir: ojalá nos vaya bien a todos. Aunque no lo creo. Ni él, ni quienes lo acompañan, ni mucho menos quienes quieren acompañarlo ahora que tiene el poder para nombrar funcionarios y conceder contratos, me inspiran mucha confianza. Me parecen demasiado ligeritos, demasiado frágiles, demasiado miopes, demasiado oportunistas, demasiado egoístas, y en fin de cuentas demasiado tontos, como para enfrentar los problemas tremendos, estructurales, de este pobre país. Las guerras reales, la guerra ficticia, pero inmensamente dañina, de la droga, la corrupción, la ausencia de justicia. Todo eso sigue, y temo que seguirá agravándose en las manos frívolas de Pastrana como se vino agravando en las ineptas manos de Samper (y de ahí para atrás échele). Y tanto más se agravará cuanto que los teóricamente derrotados en las elecciones, o sea, el Partido Liberal y esa nube fugaz que, por lo visto, fue el noemismo, no quieren hacer oposición al nuevo gobierno de los mismos de siempre.  Quieren, por el contrario, colaborar.

Quieren puestos.
 El noemismo, ya digo, fue una nube fugaz, y probablemente no podía ser otra cosa.  Simple esperanza de gente desesperanzada que se aferra a un clavo ardiendo. En cuanto al Partido Liberal, no es un azar que sea el heredero directo de aquel que en el siglo pasado formó Florentino González bajo el prometedor nombre de ‘partido de los partidarios del gobierno’.  Nunca, salvo cuando a la fuerza ha sido expulsado del festín burocrático, ha querido el Partido Liberal hacer oposición: prefiere pedir puestos. (Lo mismo que el Partido Conservador, por otra parte: no en balde son idénticos). Por eso Horacio Serpa, que ahora habla de hacer oposición, se quedará completamente solo.  Y tal vez entonces se dé cuenta de lo mal acompañado que andaba; pero ya será tarde.
 
    Sin embargo yo pienso, me empecino en pensar, que lo que en Colombia hace falta es oposición política. Gobierno ha habido siempre, y siempre mal gobierno, porque nunca ha tenido oposición. Entre otras cosas porque a ésta, cuando ha intentado surgir, el gobierno de turno, con la colaboración ‘patriótica’ del partido contrario, la ha exterminado a tiros. En consecuencia sólo ha quedado campo para la oposición armada, que es la única que puede defenderse. Lo reiteraba en esta revista hace unos días Gabino, el comandante del ELN, cuando le preguntaban qué habría sido de su vida si no hubiera entrado en la guerrilla hace 35 años: “Habría sido asesinado”.
Aunque no, claro: a lo mejor, si hubiera entrado a colaborar, le habrían dado un noticiero.

Medellín, domingo 28 de junio de 1998
EL COLOMBIANO
Los movimientos civiles son la otra opción política
A la oposición la asesinan en Colombia

El asesinato de Bernardo Jaramillo Ossa, candidato presidencial de la Unión Patriótica, marcó un exterminio político cruel y sigiloso. Más de 4.000 dirigentes de esa organización han sido asesinados. Un precedente funesto para los movimientos de tercería.

Por Diana Losada Castaño EL COLOMBIANO-Santafé de Bogotá
“Las organizaciones sociales han surgido principalmente en la ilegalidad y los intentos de oposición política no han logrado mayor proyección y por lo regular han sido abiertamente rechazados”.
Esta conclusión de Alvaro Villarraga Sarmiento, ex dirigente de Esperanza, Paz y Libertad y de la Alianza Democrática M-19, pretende explicar por qué en Colombia no ha logrado surgir una oposición de izquierda, antes de que sus líderes caigan asesinados. El intento de la Unión Patriótica, UP, le costó su exterminio: cerca de 4.000 militantes asesinados.  Lo que ha dado paso, sin duda, a que la oposición armada crezca y cuente hoy con la posición victoriosa, que hace difícil -no imposible- la negociación de la paz.
Para el ex presidente Alfonso López Michelsen también está claro que la ausencia de posibilidades para un debate político llevó a “la aparición de alternativas distintas, en la selva, como lo son los alzados en armas”.  Villarraga explica que la UP fue un proyecto político de oposición. “Surgida de la tregua de las Farc a mediados de los años 80, se llegó a posicionar como tercer partido con importante presencia en el Parlamento y en varias regiones agrarias; se nutrió de algunos aliados valiosos pero no superó el ser una organización controlada por el Partido Comunista”.  Junto al hecho de que en el país no ha habido real oposición, Villarraga añade que tampoco la habrá ahora que Horacio Serpa la ha propuesto.  “El Partido Liberal no tiene coherencia. Algunos sectores puede que hagan oposición pero otros no. Además, aunque hubo diferencias, Serpa y Pastrana compartían algunos postulados”, dice.

Paz
Sobre este tema Villarraga añade que en un eventual proceso de paz no habrá oposición, pues deben unirse esfuerzos para lograrlo.  Analizando más el fondo de este asunto, el acádemico sostiene que mientras los movimientos sociales no tengan cabida en las decisiones de los gobernantes será muy difícil que la democracia funcione y con ella la oposición.
De modo optimista, agrega, que, aunque de forma lenta, el movimiento civil viene gestándose y augura un mejor futuro político para el país.  El voto de opinión y el voto por la paz son dos muestras cercanas del desarrollo urbano y comunitario que puede darle un vuelco al modo de gobernar y ser gobernados de los colombianos.
 

EL ESPECTADOR

EL ESPECTADOR
Junio 28 de 1998
La sociedad, fuente de inspiración para la paz

Por: ANA LUCÍA RAFFO FLÓREZ
Bogotá
Es indudable que la prolongada situación de violencia que padece el país desde hace más de 40 años ha generado el desarrollo de múltiples iniciativas encaminadas a encontrar caminos viables conducentes a la paz, y quien ha fortalecido esta ruta ha sido la sociedad civil, que pasó de ser simple participante a ocupar un papel protagónico en la reconstrucción de la Nación.
Iniciativas como el Mandato Ciudadano, las comisiones facilitadoras, el Frente Social Amplio, el Movimiento de Empresarios por la Paz y los buenos oficios de la Comisión de Conciliación ?que con su documento de reconciliación busca solidificar las bases de una política permanente de paz de Estado?, al parecer fueron, entre otras, la fuente de inspiración para fortalecer el programa de paz de la campaña del presidente electo, Andrés Pastrana Arango.  “Dije que en mi gobierno jugaré en la mesa de las negociaciones sin cartas marcadas y espero que la insurgencia haga lo mismo, por el bien de Colombia”.  Con estas palabras Pastrana Arango le manifestó al país el pasado 21 de junio que está dispuesto a encarar personalmente los diálogos con los diferentes grupos armados, con una agenda abierta y sin condiciones previas, y para ello ya cuenta con el aval de las Farc, el Eln y el Epl que, en sendas cartas, han expresado su interés en concertar directamente con él.
Según el criterio de algunos analistas, las partes involucradas en el conflicto ya se dieron cuenta de que la solución es política negociada y no militar; que es necesaria una política de paz permanente que trascienda los gobiernos de turno; el apoyo de países amigos como mediadores en el proceso es requerido ahora más que nunca, y urge un gran acuerdo en Derecho Internacional Humanitario y la participación de la sociedad civil.
Alejo Vargas, vicerrector de la Universidad Nacional, explica que el principal reto que le espera al nuevo presidente es la paz, porque “sin duda tiene que quemar su prestigio en este tema ya que se supone que las garantías para conversar están dadas, pero si no la logra concretar en los primeros seis meses de su gobierno, es probable que estemos cuatro años en blanco en materia de negociación e intensificación de la guerra”.
En el pasado la agenda de la paz comprendía sólo acuerdos para el cese al fuego, reinserción y desarme, pero ahora cobija más temáticas, como la reforma agraria, política, de las Fuerzas Militares, de la Policía y conceptos de la seguridad nacional que no fueron contemplados en la Constitución del 91, y ahora se abren camino para consolidar una estrategia de paz para el país.  Vargas señala que las F.M. deben empezar a reconstruir su legitimidad, “elaborar un proceso de reingeniería que las lleve a establecer otro tipo de relación con la sociedad para que ésta supere la desconfianza que tiene en ellas”.  Por su parte, el ex canciller y miembro de la Comisión de Conciliación Nacional, Augusto Ramírez Ocampo, reitera que el problema de la paz cobija a todos los sectores y, en esa medida, ya existe el consenso de la sociedad civil. Un claro ejemplo de ello son las declaraciones públicas de Horacio Serpa en el sentido de aportar a la consecución de la paz y las del propio Andrés Pastrana.  “Cuando  eran candidatos la Comisión les envió cartas para que se comprometieran en la solución política negociada apoyando al vencedor. Pastrana ganó y va a liderar el proceso directamente, y ya Serpa dijo ante la opinión que también colaborará, lo que demuestra que hay un gran consenso nacional”, anota Ramírez.  Si bien el desafío para el nuevo presidente, Andrés Pastrana Arango, estará enmarcado en una reforma política y en el plan de desarrollo, es fundamental que se tiendan puentes de confianza entre las partes para negociar sin condiciones y con miras a encauzar el proceso de reconciliación.
 

EL ESPECTADOR
Junio 28 de 1998
La paz se abre camino

Bogotá
El encuentro entre Víctor G. Ricardo y Manuel Marulanda Vélez ?Tirofijo? y Jorge Briceño, alias Mono Jojoy, dado a conocer pocos días antes de la segunda vuelta presidencial, despertó de inmediato el anhelo de paz de los colombianos, el cual se ha visto frustrado en múltiples oportunidades en los últimos años.  El hecho llevó a pensar a varios analistas que las Farc por primera vez en muchos años tenían candidato y que no estaban dispuestas a mostrarse neutrales o indiferentes entre los aspirantes Horacio Serpa y Andrés Pastrana. El comunicado, que se hizo público junto con la fotografía del encuentro, sirvió además para pasarle una cuenta de cobro a Serpa por las gestiones que este ha venido adelantando desde hace varios años en favor de la paz. Para las Farc, el ex ministro de Gobierno ha fracasado en todas estas gestiones.
La fotografía le dio la vuelta al mundo, pero sobre todo contribuyó de manera significativa a inclinar la balanza en favor de Andrés Pastrana. El primero en reconocer la importancia de ese encuentro fue el propio Horacio Serpa, quien aprovechó la ocasión para decir que quedaba claro de una vez por todas que él no era el candidato del Mono Jojoy. Y es que hasta ese momento, de los dos candidatos el más relacionado por la opinión pública con los grupos de izquierda era Serpa y no Pastrana. Por ello, la sorpresa fue mayor cuando en la fotografía apareció un delegado de Pastrana y no uno de Serpa.  El encuentro produjo todo tipo de reacciones. Desde las de los más optimistas, que piensan que la paz está a la vuelta de la esquina, hasta la de los más escépticos, que creen que la paz de Pastrana fue un cabezazo electoral para arrebatarle votos a Serpa, más que un proyecto político sólido.
 

EL ESPECTADOR
Junio 28 de 1988
El camino de la paz

Aunque unas cosas son las promesas del candidato y otras muy distintas las realizaciones del presidente, lo cierto es que en el caso de Andrés Pastrana las primeras reacciones han resultado alentadoras en lo que tiene que ver con un eventual proceso de paz.
Para empezar, ningún gobierno había recibido tantos mensajes de colaboración en esa materia como el del presidente electo. Desde Bill Clinton hasta Jacques Chirac, pasando por el propio Fidel Castro, han dicho que están dispuestos a darle una mano al gobierno en su deseo de hacer la paz con la subversión.  El líder cubano, quien siempre ha tenido gran ascendencia dentro de las organizaciones guerrilleras del país, aunque se mostró muy prudente en la reciente visita realizada por el presidente Ernesto Samper a la isla, manifestó sobre el tema que “Colombia vive un momento muy especial, que espero que sea exitoso”.  Pero los buenos augurios no han sido sólo de los mandatarios internacionales.  Los voceros de las Farc y el Eln también han manifestado su deseo de lograr un acuerdo de paz con el nuevo gobierno.
El caso del Eln es bastante significativo. Esa organización guerrillera, a diferencia de las Farc, ha sido renuente a buscar protagonismo en ese sentido. No se le midió al proceso de Belisario Betancur, tampoco les jaló a las ofertas de Virgilio Barco y sólo vino a hablar del tema con el gobierno de César Gaviria. Sin embargo, las conversaciones se rompieron en Tlaxcala (México) y el Eln no quiso hablar más del asunto. El nombre de esa organización guerrillera volvió a aparecer cuando trascendieron a la opinión pública los alcances del llamado acuerdo de Viana con el gobierno de Ernesto Samper. Ante la publicidad que se le dio al encuentro en España por parte de los medios de comunicación y la posibilidad de que el gobierno le sacara réditos electorales, los voceros del Eln dieron por cancelado el tema.
No obstante, el Eln rompió su silencio y la semana pasada uno de sus voceros, Francisco Galán, quien se encuentra detenido en la cárcel de Itagüí, habló a nombre de la organización y envió a Pastrana el siguiente mensaje: “Estamos abiertos a dialogar abiertamente con usted, señor presidente”.  Hasta los grupos paramilitares, a quien Pastrana les da un estatus especial en su programa de paz, estarían dispuestos a un acercamiento con el presidente electo.  Así las cosas, todo parece indicar que comienzan a conjugarse los elementos para ambientar lo que sería el proceso de paz del nuevo gobierno. Por lo menos hay buen clima.
 

EL ESPECTADOR
Junio 28 de 1998
Medio mundo tiene interés en alcanzar la paz en Colombia

Por: ELVIRA  CARMEN  APARICIO
Bogotá
Con la elección de Andrés Pastrana como presidente de Colombia quedó en evidencia que alcanzar la paz en este país es prioridad de medio mundo. Así lo indican los mensajes de felicitación de los gobiernos extranjeros que ha recibido el presidente electo. Además, es claro que la comunidad internacional tiene intereses particulares en que los colombianos alcancen la paz.  El primer ofrecimiento de ayuda que recibió Pastrana fue del gobierno de Estados Unidos. Las motivaciones son diversas: el narcotráfico dejó de ser la prioridad de la agenda bilateral, porque cada día cobra más importancia la paz y su preocupación por la recurrente violación de derechos humanos en el país. Por otra parte, Estados Unidos aspira a que el fin del conflicto armado constituya un aporte a la lucha  contra la droga ya que contribuiría a finalizar con el peligroso matrimonio guerrilla-narcotráfico. En el mismo sentido se pronunciaron los senadores Christopher Dodd y Bob Graham.

Algunos países europeos también manifestaron su interés

El presidente francés, Jacques Chirac, plantea la posibilidad en la nota de felicitación que le envió al mandatario electo. Lo mismo sucedió en el caso del mensaje del primer ministro británico, Tony Blair. El interés de Gran Bretaña está ligado a la empresa privada, especialmente la petrolera, que ha sido víctima de las acciones de los violentos.
En particular, las ofertas por parte de estos gobiernos europeos se esperaban, ya que como candidato Pastrana realizó una correría de lobby que incluyó reuniones bilaterales con los presidentes de Francia, Jacques Chirac, y de España, José María Aznar, y con el canciller de Alemania, Helmut Kohl.
Seguramente a España le corresponderá jugar un papel protagónico en vista de que el presidente Aznar es un cercano amigo de Andrés Pastrana, y los ibéricos han estado involucrados desde la época de Belisario Betancur en la pacificación de Colombia. Cabe recordar las palabras de Aznar cuando reafirmó recientemente en Nueva York, durante la cumbre antidrogas de la ONU, su disponibilidad para reactivar el preacuerdo de Viana: “en la medida en que España pueda colaborar, lo hará”. En ese momento hizo, además, un llamado al “cumplimiento de la responsabilidad de todas las partes. Los grupos subversivos deberán hacer el esfuerzo de dejar sus acciones”.
Se prevé que el gobierno alemán estará también dispuesto a colaborar, ya que no sólo ha seguido el conflicto muy de cerca sino también ha intentado llevar sus buenas intenciones a la acción, tal como se reveló cuando se conocieron los detalles que rodearon el sonado escándalo del súper espía Werner Mauss.
De otro lado, aunque en la conversación telefónica que sostuvieron el día de elecciones Pastrana y el Presidente Caldera no hablaron específicamente de paz, el interés del país vecino por la paz de Colombia está en el ambiente. No en vano “la paz de Colombia es la de Venezuela”, opinan algunos expertos.
Con esta avalancha de expresiones de buenas intenciones, no es de extrañar que en los próximos días otros países, que tradicionalmente han seguido de cerca el conflicto, expresen su interés de empujar a Colombia hacia el camino de la reconciliación.
Según los analistas, Costa Rica, El Salvador y Guatemala insistirán con sus ofrecimientos de buenos oficios, especialmente los dos últimos países que aportarían su experiencia. Además lo hacen en un claro acto de lealtad y solidaridad, ya que Colombia participó activamente en el Grupo de Países Amigos que hicieron posible el fin de la guerra en esas naciones.
Los violentólogos concuerdan en que las experiencias exitosas en materia de resolución de conflictos han demostrado que un proceso de paz no puede llegar a feliz término sin la intervención externa, que desempeña un papel vital, no sólo durante la negociación sino en particular ejerciendo una veeduría, para asegurar que las partes cumplan sus compromisos.
Hasta el momento se habla de la ayuda en calidad de facilitadores del diálogo que actuarían sólo a solicitud del gobierno colombiano.
¿Qué países van a componer el Grupo de amigos de la paz en Colombia? Es de esperar que la respuesta la den en común acuerdo las partes involucradas en el conflicto. Lo único claro es que hay una lista de naciones amigas que sólo esperan el llamado para entrar a participar en un proceso de paz que es el sueño de más de 30 millones de colombianos.

Miércoles  24 de junio  1998

Al menos ocho personas habrían muerto en una masacre perpetrada por paramilitares en el corregimiento de Villa Germania, zona rural de Valledupar. La matanza ?según las primeras versiones? ocurrió en la madrugada de ayer como resultado de una incursión paramilitar.

Hasta el momento las autoridades mantienen completo hermetismo al respecto, y no se ha establecido la forma como se pudo llevar a cabo el múltiple asesinato. Sin embargo, familiares de las víctimas que llegaron ayer a Valledupar indicaron que el sitio exacto de la masacre es la vereda La Luz, zona conocida como núcleo de operaciones de los paramilitares y de continuos enfrentamientos contra la guerrilla del Eln.
Los familiares informaron a la Cruz Roja de los hechos y solicitaron su inmediata presencia en el lugar. Padres y hermanos de las personas masacradas señalaron que un grupo de hombres armados llegaron hasta el caserío La Luz, sacaron a varias personas de sus casas y les dispararon en repetidas oportunidades.
En los hechos fallecieron: Jorge Villalba, de 50 años; Mairo de la Torre; Janeth Restrepo, maestra de 20 años; Francisco Pabón, de 56 años; Antonio Duarte Rojas, de 20 años; otra persona de sexo masculino de apellido Villazón y dos personas más sin identificar.
Los pobladores de La Luz manifestaron a las autoridades de Cesar y a la Cruz roja que es necesaria su intervención para frenar los enfrentamientos entre guerrilleros del Eln y los paramilitares, porque, según dijeron, son víctimas inocentes de los combates.

Amenaza de masacres
De otro lado, una llamada telefónica que un anónimo hizo al comando de la Policía en Santander puso en alerta a las autoridades sobre una posible incursión paramilitar en el municipio de San Pablo (sur de Bolívar).
La información la entregó el general Tobías Durán Quintanilla, comandante de la Policía en Santander, quien aseguró que ya se han tomado las medidas pertinentes al respecto. “Aquí hicieron una llamada para decir que los paramilitares se van a meter a San Pablo, pero no hay nada escrito. Es simplemente una llamada”, precisó Durán.
Explicó que, de todos modos, comentarios como éstos deben tener toda la atención de las autoridades respectivas.
 

Medellín, miércoles 24 de junio de 1998

Por AFP Roma
Algunos estados latinoamericanos como México y Colombia temen que la soberanía de cada país sea afectada si el Tribunal Penal Internacional actúa sin su consentimiento, una posición que divide a los estados y que traba los complejos debates que se desarrollan en Roma para la creación de la corte permanente.
Las discusiones culminarán el 17 de julio.
La posición de México y Colombia fue duramente criticada por los delegados de las Organizaciones No Gubernamentales presentes en la conferencia de Roma, que la definieron como “una cortesía para asegurarle a los Pol Pot (genocida camboyano) del futuro que serán debidamente consultados antes de cualquier acusación”.
En declaraciones a la AFP, Eduardo González Cueva, coordinador para América Latina del secretariado de la llamada “coalición”, formada por 250 ONG, denunció la posición de los países no alineados suscrita por México y Colombia.
La declaración de los No Alineados sostiene que la Corte debe activarse sobre la base del consentimiento de los estados interesados, para garantizar la soberanía nacional.
Si bien la mayoría de los 150 países representados formalmente apoyan la idea de que la Corte actúe como complemento de las justicias nacionales en caso de “incapacidad o falta de voluntad” de las instancias nacionales, resumida en el artículo 15 del proyecto de estatuto, muchos temen que la propuesta de México, de definir los casos de excepción, dificulte la actuación del Tribunal.
Si bien Francia, Rusia, Italia y Canadá son contrarios a una revisión del artículo, otros como Egipto, Sudán e Irán, apoyan la propuesta, mientras Estados Unidos informó que está a favor de una limitación de los poderes de la Corte con respecto a las justicias nacionales.

Conflicto interno
Otro punto de debate y fricción entre los países latinoamericanos es la de incluir la noción de conflicto armado interno dentro de la jurisdicción “inherente” (automática) a la Corte internacional.
“En países como Colombia, Perú y Guatemala no se ha querido dictar legislación sobre la desaparición forzada de personas, es un elemento que muestra la incapacidad de un sistema judicial interno para combatir ese delito, que forma parte de los crímenes de lesa humanidad”, subrayó Leonel Suárez Gil, del Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos, que señala que en esos casos la Corte internacional podría intervenir.
 

Medellín, miércoles 24 de junio de 1998

Colprensa-Santafé de Bogotá. El Partido Comunista Colombiano dijo que el triunfo de Andrés Pastrana en las elecciones es una manera de castigar la gestión del actual mandatario, Ernesto Samper.
“En ausencia de una alternativa democrática y popular avanzada, la gente castigó con el voto la política de escamoteo a la paz, la complicidad con el militarismo y el paramilitarismo, el modelo económico neoliberal y la escándalosa corrupción acumulada por el Partido y la coalición gobernante”, señaló el PC, mediante una declaración.
Así mismo, expresó que la masiva votación en favor de Pastrana en Antioquia es un rechazo a la política de violencia, a las Convivir “y la arrogancia de Uribe Vélez y otros voceros de la extrema derecha”.
También se manifestó en torno al voto en blanco, el cual fue calificado como un testimonio frente a la polarización forzada.
El PC atribuye el triunfo de Pastrana a su propuesta de diálogo inmediato con el movimiento guerrillero. “Hay que exigir que este propósito sea llevado adelante de modo consecuente y con disposición de propiciar los cambios democráticos de fondo que se imponen”.
Finalmente, invitó a trabajar “por la construcción de una oposición democrática con visión alternativa para los cambios democráticos que reclama a gritos la sociedad colombiana”.
 

Medellín, miércoles 24 de junio de 1998

Dice Marcos Calarcá
“Hoy la realidad es la guerra; estamos dispuestos a la paz”  “Esperamos que el nuevo gobierno tenga la voluntad y la capacidad para iniciar el proceso de construcción de la paz. Ahí están nuestras propuestas, esperamos respuestas”: Marcos Calarcá, vocero internacional de las Farc  “Desafortunadamente la guerra sigue. Todo el mundo tiene claro que hay que dialogar e iniciar la construcción de la paz en medio de la guerra”:

Por CARLOS ALBERTO GIRALDO M. Medellín
EL COLOMBIANO: El país conoció, la semana pasada, el concepto nada favorable de las Farc sobre las gestiones de paz de Horacio Serpa, pero ustedes en realidad qué piensan del presidente electo Andrés Pastrana y de su futuro gobierno?
Marcos Calarcá: “Insistimos en que no teníamos candidato y que, igual, seguimos denunciando el carácter antidemocrático y corrupto de las elecciones en Colombia. De todas maneras hay un elegido”.
¿Ese concepto cabe, incluso, al proceso electoral de este fin de semana?
“Claro. Es la posición que venimos sosteniendo desde octubre”.
¿Pero qué piensan de las garantías que Andrés Pastrana y su próximo gobierno representan para la iniciación de un proceso de paz?
“Ahora decimos que estamos listos. Es una propuesta que le enviamos a ambos candidatos. La conoce el país. Esperamos que este nuevo gobierno tenga la voluntad y la capacidad para iniciar el proceso de construcción de la paz.  Ahí están nuestras propuestas y esperamos respuestas.
“Ahora, sobre la eventual reunión que plantea el presidente electo con el comandante en jefe, Manuel Marulanda Vélez, no ha habido una respuesta por parte del Secretariado”.
¿Es posible decirle al país que las Farc tienen disposición absoluta de ese acercamiento con el nuevo presidente?
“Hemos demostrado nuestra voluntad de paz, lo que no hemos encontrado es respuesta. Esperemos que ahora sí y que iniciemos ese proceso que tanto esperamos los colombianos”.
¿El manejo de esos acercamientos se hará directamente con el Secretariado de las Farc, o usted ha recibido instrucciones para adelantar algún contacto a nivel internacional?
“Entiendo que eso se va a hacer a nivel del Secretariado. Hemos insistido en que es necesario hacerlo en Colombia. Seguro que será en el país”.
Aunque el presidente electo es Andrés Pastrana, el gobierno actual tendrá vigencia hasta agosto. ¿Qué puede esperar el país de las Farc hasta entonces?
“Seguimos nuestra política. Desafortunadamente la guerra sigue. Todo el mundo tiene claro que hay que dialogar e iniciar la construcción de la paz en medio de la guerra. Y pues eso seguirá, ¿no?”.
¿Por lo pronto la propuesta del despeje sólo se desarrollará en el próximo gobierno o podría comenzar a prepararse desde ahora?
“Esa propuesta del despeje de los cinco municipios, del desmonte del paramilitarismo, de la despenalización de la protesta social, de acabar con las recompensas por nuestros dirigentes y de moderar el lenguaje fue hecha a este gobierno desde octubre.
“Planteamos que, dadas esas condiciones mínimas, podíamos hablar con el Gobierno y éste, inmediatamente, dijo que no. Entonces no es responsabilidad nuestra. Esperemos que el próximo gobierno sí tenga la capacidad y la voluntad de avanzar en esos temas”.
¿Qué decirle al país para que no caiga en el optimismo extremo de que la elección de Andrés Pastrana ofrece una solución, en el corto o mediano plazo, a la guerra interna?
“Es claro: no podemos ser pesimistas ni tampoco demasiado optimistas. Hay que esperar que se vayan construyendo condiciones. Es un proceso muy complejo que requiere de la participación y el esfuerzo de todos sectores y voluntades para desembocar en un verdadero tratado de paz”.

¿Será que Juntos?
El ELN, al señalar coincidencias con las condiciones planteadas por ustedes para un diálogo, dejó entrever la posibilidad de que el proceso de acercamiento con el Gobierno sea conjunto; es decir, como Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. ¿Qué piensan sobre esa integración?
“Eso será producto del desarrollo de muchas conversaciones y entendimientos internos. Habrá que esperar”.
Pero las Farc encuentran diferencias marcadas con las propuestas de negociación del ELN o, por el contrario, ven afinidades que permitan esa negociación conjunta?
“Siempre hemos considerado la unidad como algo vital y estratégico y trabajamos duramente por ella. De manera que de nuestra parte no habrá nada contrario a la unidad”.
¿Ya hay, o hubo, contactos, discusiones sobre el proceso de diálogo o las posiciones son independientes?
“No ha habido ningún contacto”.

“Para” qué
Mientras ustedes plantean como condición al Gobierno el desmonte del paramilitarismo y una actitud decidida de combate a ese fénomeno, los voceros de esas organizaciones expresan que no se desmovilizarán hasta que el último de los guerrilleros haya entregado sus armas. ¿Valoran o no esas condiciones del paramilitarismo frente a su proceso de paz?
“Es claro, para todos, que el grueso del paramilitarismo es una extensión del Ejército, en desarrollo de su guerra sucia contra la población civil inerme. Eso es lo que consideramos que es necesario acabar, para que haya garantías cuando los colombianos nos sentemos a discutir cuál es el país que queremos”.
Pero ustedes, o usted, hacen alguna valoración sobre el significado de un proceso paralelo (independiente) de diálogo con las Autodefensas Unidas de Colombia. ¿No creen que eso será un aporte a la paz y a la seguridad futura de ustedes?
“No. Ninguna negociación con los paramilitares. Son producto, hijos legítimos del sistema, del Estado. Entonces, al establecer las condiciones y el proceso de reconstrucción y reconciliación nacional con el establecimiento los grupos paramilitares deberán desaparecer. Porque son el Ejército y los gobiernos los que hacen parte y mantienen y permiten la existencia de esos grupos”.

Soldados retenidos
¿Qué va a pasar con los soldados en poder de las Farc, tanto por lo que esa liberación significaría dentro del proceso de acercamiento político como por la angustia misma de los familiares que, después de tanto tiempo, esperan a sus muchachos?
“Hasta  ahora no hay orientación sobre eso. Sabemos que están bien y que reciben buen trato. Y que, seguramente, se tratará de crear las condiciones necesarias para devolverlos con el nuevo gobierno”.
¿Entonces no serán devueltos durante lo que queda de este gobierno?
“Realmente la esperanza es lo último que se pierde, pero no tengo ninguna directriz al respecto”.
 

Medellín, miércoles 24 de junio de 1998

AFP-Washington. El departamento de Estado indicó ayer que seguirá negando la visa de entrada a Estados Unidos al presidente Ernesto Samper una vez que abandone el cargo en agosto próximo.
“Los rechazos de visa están basados en el hecho que no cumplen con los requisitos de la ley de Inmigración y Naturalización”, explicó el portavoz del departamento de Estado, James Rubin.
“Como en cualquier otro caso, una fallo de inelegibilidad permanente no es alterado por el hecho de que el postulante ya no ocupa un cargo público”, explicó el vocero.
Desde 1996, Estados Unidos prohibe la entrada de Samper a su territorio, tras acusarlo de haber financiado su campaña electoral con dinero proveniente del narcotráfico.
 

Medellín, martes 23 de junio de 1998
EL COLOMBIANO
Las Farc esperan primeros pasos para la reconciliación

AFP-México. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia aseguraron ayer que esperan que el gobierno del presidente electo Andrés Pastrana sea capaz de iniciar un “proceso de reconciliación nacional”, declaró su portavoz internacional en una entrevista televisiva.
En declaraciones a la cadena CNN en español, el portavoz internacional de las Farc, Marcos Calarcá, dijo que “esperamos que el nuevo gobierno colombiano tenga suficiente capacidad y voluntad de paz para iniciar el proceso de reconstrucción y reconciliación nacional que tanto necesitamos los colombianos”.
Consultado por la CNN sobre la promesa realizada por Pastrana de reunirse con Manuel Marulanda Vélez, Calarcá indicó que Marulanda aún no ha contestado esta iniciativa.
No obstante, afirmó que “esperamos lograr las garantías necesarias para que se lleve a cabo esta reunión y ayude a iniciar el diálogo en Colombia”.
En cuanto al papel que desempeñará la mediación internacional en estas negociaciones, Calarcá precisó que lo único que se ha definido es la importancia de “la participación de la comunidad internacional”.
El representante de las Farc en el extranjero declaró que aún no hay una decisión conjunta de su organización y del Ejército de Liberación Nacional para participar unidos en los diálogos de paz, aunque quizás algunos temas específicos seguramente serán tratados de esa manera.
El “comandante Calarcá”, cuyo verdadero nombre es Luis Alberto Albán, reside en México desde fines de marzo pasado, fecha en que fue expulsado de Bolivia.
 

Medellín, lunes 22 de junio de 1998

Andrés Dávila Ladrón de Guevara
Politólogo, director del Magister en Ciencia Política de la Universidad de los Andes
Por cuarta vez en este siglo, el candidato de oposición al partido que tenía un control hegemónico en el gobierno por varios períodos presidenciales, obtuvo el triunfo en las elecciones presidenciales. Al igual que Olaya Herrera en 1930, Ospina Pérez en 1946, y Belisario Betancur en 1982, el candidato de la Alianza por el Cambio recogió a su favor el desgaste del partido en el poder, especialmente por los problemas que afrontó el gobierno Samper, y el interés del electorado por probar con una alternativa diferente a la existente. Y al igual que los tres útlimos arriba mencionados, encontró la fórmula para, desde las toldas del conservatismo, imponerse al partido mayoritario electoralmente.
El triunfo de Andrés Pastrana rompe, así, lo que se constituyó en la última hegemonía partidista en este siglo, con los gobiernos liberales de Virgilio Barco, César Gaviria y Ernesto Samper. Al igual que Belisario Betancur, necesitó dos intentos para lograr el triunfo sobre el oficialismo liberal.  Adicionalmente, aprovechó la división del partido mayoritario y sus dudas y rupturas internas, para configurar un movimiento de estirpe conservadora, pero de conformación amplia, que inesperadamente obtuvo un triunfo incuestionable con una diferencia cercana a los 500 mil votos, en las elecciones de mayor votación en la historia de Colombia. Este triunfo, sin embargo, se dio dentro de unas características de incertidumbre y relativa confusión que es importante destacar.

¿UN RESULTADO SORPRESIVO?
Si se examina el resultado en perspectiva histórica amplia, el triunfo de Andrés Pastrana resulta totalmente previsible. Además de los factores señalados: desgaste del partido en el poder, hegemonía agotada, división del partido mayoritario, etc., resulta llamativa la forma como tendió a repetirse la historia de 1978 y 1982. En efecto, Belisario perdió con Turbay por escasa diferencia en el 78, al igual que Pastrana con Samper, aun cuando no existía la segunda vuelta. En el 82, el triunfo inicial de López en las elecciones para Congreso no pudo ser reeditado ante el repunte belisarista y el auge de Luis Carlos Galán. En esta ocasión, sin embargo, la existencia de una segunda vuelta introdujo en la coyuntura los elementos que hicieron del resultado una sorpresa, manifiesta especialmente en la casi nula capacidad de las encuestas para indicar los resultados que finalmente se dieron.
En efecto, en la primera vuelta Horacio Serpa consiguió un triunfo estrecho que contradijo las expectativas favorables a Pastrana, mientras Noemí Sanín irrumpía con especial fuerza como representante del rechazo, de todas formas minoritario, a los dos partidos. En la segunda vuelta, en un escenario incierto, con encuestas que hablaban de empate técnico pero de una leve ventaja para Serpa, el pastranismo de Andrés obtuvo un triunfo contundente en relación con lo esperado. Ese triunfo contundente se manifestó en una ventaja de alrededor de 500 mil votos en todo el país, casi un 5%, dentro de la elección que ha convocado al mayor número de colombianos.
Cuando se esperaba un duelo cerrado, a definirse por menos de un punto porcentual y por debajo de los 100 mil votos de diferencia, por lo cual la opción del fraude resultaba un tema de primera importancia, el resultado no dejó espacio para las dudas. Por ello, sin mayor problema culminó muy rápidamente el escrutinio, se relegitimó plenamente el procedimiento electoral y se escucharon las palabras tanto del candidato perdedor como del ganador reconociendo los resultados. No obstante la claridad en el triunfo, es importante relativizarlo para encontrar su verdadera dimensión.

¿POR QUE GANO PASTRANA?
Entre los argumentos esgrimidos para explicar el triunfo de Andrés Pastrana, sin reiterar los ya enunciados, cabe resaltar los siguientes. En primer lugar, consiguió incrementar en 2 millones y medio su votación, mientras Serpa apenas pudo aumentarla en 2 millones. Una lectura simplista diría que Pastrana recogió la votación que hace 20 días apoyó a Noemí Sanín. Empero, esto no explica el incremento en la votación por Serpa, que no se le puede atribuir exclusivamente a la maquinaria. Sería más acertado indicar que en un duelo de maquinarias en pleno funcionamiento, Pastrana -minoritario en este aspecto-, pudo apelar a un voto de opinión especialmente politizado e inesperadamente motivado en esta ocasión. Contra los pronósticos de una menor votación en la segunda vuelta, aparecieron 1 millón y medio de votos adicionales que en mayor proporción favorecieron al candidato de la Alianza por el Cambio. Esa votación influyó en la ventaja incuestionable que finalmente se consolidó. No sobra anotar, sin embargo, que la ventaja obtenida refleja la diferencia con la cual Andrés Pastrana venció a Serpa en Antioquia.
En segundo lugar, está el tema del cambio vs el continuismo. Con las salvedades necesarias, pues es el hijo de un expresidente y proviene como ya se dijo del Partido Conservador, Andrés Pastrana consiguió mostrarse como la alternativa frente a un candidato que por su lealtad representaba cuatro años más de un gobierno cuestionado y hondamente criticado. Aunque Noemí alcanzó a desplazarlo de esta posición, en la pugna cuerpo a cuerpo Andrés Pastrana recuperó su carácter, aun cuando hizo concesiones y desarrolló propuestas que abren algunos interrogantes acerca del perfil definitivo de su programa de gobierno. En todo caso, el tema de la corrupción, de la renovación de las costumbres políticas y de no repetir los errores asignados a la actual administración, terminaron por permitirle recoger el descontento, el cansancio y, en últimas, la polarización y politización de un electorado volátil.
En tercer lugar, está el tema del equipo vs el candidato, muy a tono con lo sucedido en Francia con la selección Colombia y la pugna entre la individualidad y el colectivo. Conocedor de sus debilidades como caudillo y líder político, la estrategia pastranista de mostrar la solidez y calidad de su equipo de campaña, enriquecida con el núcleo de liberales gaviristas que se unió a sus filas, jugó sin duda un papel central para aglutinar el voto de los sectores medios y altos preocupados ante todo por la conducción de la economía. En una reedición de las coaliciones bipartidistas que se han reiterado en la historia de Colombia, el desafío aquí es conseguir que el equipo mantenga su unidad y consiga gobernar de acuerdo con un programa coherente. O, en otras palabras, que tal reedición se constituya en una nueva forma de las coaliciones para el ejercicio del gobierno en las complejas condiciones internacionales y nacionales que se deben afrontar.
En cuarto lugar, aunque apenas a manera de hipótesis a estudiar, parece necesario indagar hasta qué punto favoreció a Pastrana y desfavoreció a Serpa su carácter de caudillo popular proveniente de fuera del establecimiento y con un discurso relativamente amenazante para los sectores que tradicionalmente han ejercido el poder en el país.

LA GOBERNABILIDAD Y LA AGENDA: AJUSTE ECONOMICO Y PAZ
Dos son los temas centrales de la agenda del nuevo gobierno: la paz y el ajuste económico. Para responder a ellos, surgen retos dentro del propio equipo de gobierno, pero también, de las condiciones de gobernabilidad.
Con respecto a lo primero, es aquí donde el equipo que acompañó el triunfo de Pastrana tiene sus principales retos, para mostrar la capacidad de gobierno, la posibilidad de encontrar un terreno común pese a posiciones diversas y la habilidad para sacar el máximo provecho del capital político acumulado con estos más de 6 millones de votos, que constituyen la mayor votación obtenida por candidato alguno. Cabe señalar, que el récord lo tenía Virgilio Barco con 4 millones doscientos mil votos, cifra superada por los dos contendores de esta segunda vuelta.
La capacidad de gobierno estriba, entonces, en aunar las calidades que se han destacado de los distintos miembros que seguramente conformarán el gabinete. No obstante, hay limitantes difíciles, provenientes de los síntomas recesivos de la economía y de un déficit fiscal que en cualquier caso implica decisiones políticamente costosas para aquellos sectores más afectados. Congeniar estas limitaciones, con soluciones al desempleo, a los sectores duramente afectados por el estancamiento y la crisis, es una tarea que implicará importantes acuerdos políticos y decisiones difíciles pero urgentes.
Pero también el orden público y la violencia imponen fronteras inexpugnables. Conducir las negociaciones sin excluir a los protagonistas de la violencia es, en realidad, un reto no superado por ninguno de los últimos gobiernos. Aquí es difícil imaginar como compaginar la propuesta de despeje militar de algunos municipios, con el apoyo de sectores reacios a cualquier concesión como el representado por el general Bedoya.
A estos limitantes hay que sumar las dificultades de un gobierno sin apoyo mayoritario en el Congreso. El impulso a una reforma política por la vía de un referéndum tiene que superar importantes obstáculos para modificar este escenario inicial. De lo contrario, generar condiciones de gobernabilidad propicias para sacar adelante las propuestas es, ante todo, un ejercicio de estrategia política para el mejor uso del capital electoral obtenido. En este punto es necesario agregar que, al carácter minoritario de su respaldo en el Congreso, se suma una ventaja suficiente para el triunfo, pero relativa para el ejercicio de gobierno. El país, en este sentido, está dividido en dos fuerzas muy semejantes y ello no se puede olvidar. De allí, obviamente, las palabras medidas y los reconocimientos al adversario derrotado, sin incurrir en triunfalismos innecesarios y con señales para aunar esfuerzos en pro de Colombia.

LA MAYOR VOTACION DEL SIGLO
El país, en medio de sus problemas y dificultades, vuelve a mostrar sus paradojas: en medio de la violencia y las dificultades de la economía, se desarrolló un ejercicio democrático que no se puede desconocer, con la mayor votación de su historia y con un índice de participación que por primera vez en la década supera el 50 por ciento, ubicándose además en uno de los picos altos en la historia electoral reciente. Aun con los escenarios difíciles y complejos que se han señalado y con las limitaciones reales para adelantar el cambio anunciado, el triunfo de Andrés Pastrana permite abrir un compás de espera, que todos esperan se convierta en un espacio para la esperanza.
 

Lunes, 22 de junio 1988 El Espectador.

Andrés Pastrana Arango, de la Gran Alianza por el Cambio, fue elegido ayer como nuevo presidente de los colombianos, con 6’082.912, votos, que correspondió al 50,45% de la votación, frente a Horacio Serpa que alcanzó 5’609.580 sufragios, el 46,48%, escrutado casi el 98% de la votación.
La diferencia fue de casi 500.000 votos, mientras la votación total llegaba anoche a los 12’260.005, con una abstención del 41,3%. Los votos en blanco alcanzaron los 372.628, el 3,09%
El candidato de la Gran Alianza por el Cambio ganó en 14 departamentos, en la capital de la República y en el exterior. Su rival, Horacio Serpa, fue derrotado en el total de la votación aunque ganó en 18 departamentos.
La diferencia en favor de Pastrana la marcó Antioquia, donde su triunfo fue abrumador. Entre tanto la Costa no le funcionó a Horacio Serpa como él esperaba
Los colombianos asistieron masivamente a las urnas. El total de votación de esta elección, escrutado el 98%, fue de 12’260.005 votos, en lo que se constituye en un registro histórico. Es la más voluminosa votación en toda la travesía de justas electorales en Colombia.

Análisis
El péndulo también existe en Colombia
Por qué ganó Andrés Pastrana

Por: RODRIGO PARDO

Cabalística o estadísticamente el triunfo de Andrés Pastrana en la elección de ayer demuestra que para llegar a la Presidencia de la República es prácticamente un requisito haber perdido la anterior.
La única excepción, la de César Gaviria en 1990, no lo habría sido si Luis Carlos Galán ?derrotado en 1986? no hubiera sido asesinado cuando todos los pronósticos lo favorecían. Samper, Barco, Betancur y López, todos tuvieron ?antes de llegar a la Presidencia? por lo menos un intento fallido.
Pero más allá de las anécdotas, Andrés Pastrana era el gran favorito para ganar las elecciones de 1998 si llegaba a la segunda vuelta, y las razones de ese favoritismo son las mismas que explican su victoria de ayer.
Ante todo, el contexto general de la política. Era más fácil para la oposición y propicio para que operara la ley del péndulo, por el ambiente pesimista y los deseos de cambio que tenía el electorado. La crisis política y el sentimiento contra las costumbres tradicionales hacían más fácil el diseño de una campaña para quien tuviera el papel de retador que para aquel que tuviera la obligación defender. De hecho, no hay muchos países en estos tiempos en los que un mismo partido haya ganado tres elecciones seguidas.
La estrategia de Andrés Pastrana también era la adecuada. El concepto de Alianza le sirvió para recibir el apoyo de un sector del liberalismo, al cual lo unía el enfrentamiento con el gobierno del presidente Samper, y servía también como paraguas para cobijar a los votantes que el Partido Conservador necesitaba agregar para poder ganar la elección.
Y también era correcto el mensaje: el cambio. El país lo quería, y estaba dispuesto a votar por él, igual que lo hizo en favor de Betancur en 1982 y de Barco en 1986, mandatarios que utilizaron el mismo lema para sus respectivas campañas.
El escenario favorable para Pastrana, la polarización frente a Serpa, solo se nubló cuando otros precandidatos le disputaron esa camiseta: Mockus, Valdivieso y Bedoya. Superarlos a ellos fue un sinónimo de despejar el camino.
Excepto por un fenómeno de última hora: Noemí Sanín, con su invitación al “verdadero cambio”, le dio una patada al tablero y obligó a que las cartas se barajaran de nuevo. Pastrana había alcanzado una ventaja de más de diez puntos sobre Serpa, que lo llevaron a pensar en la posibilidad de un triunfo en primera vuelta, pero el crecimiento inusitado de la tercería fue aspirando votos que llegaron prácticamente a comprometer el pasaje a la ronda definitiva de alguno de los dos rivales de mayor peso.
Lo más grave es que el discurso de Noemí revolvió las aguas para los dos candidatos, Pastrana y Serpa, hasta el punto que en los días posteriores al 21 de mayo para quienes habían optado por la tercería no era claro dónde estaba el cambio y dónde el continuismo. Serpa ganaba en las encuestas, ayudado además por una personalidad fuerte y atractiva, mientras la campaña pastranista se devanaba los sesos para tratar de entender por qué no se le deslizaban en forma automática los 2,8 millones de votos de Sanín.
Se necesitaron algunos días y varios empujoncitos. En primer lugar, una agresiva campaña de publicidad, acompañada de la estrategia en los debates por televisión para que Pastrana retomara la posición del representante del cambio y para volver a plantear el dilema de los votantes entre el presente y un futuro mejor. El segundo, la ayudita de las Farc, que le quitó el piso al mejor argumento que tenía Serpa a su favor: el de contar con las herramientas para hacer la paz.
Y el tercer elemento fue el guiño de Noemí, con su rueda de prensa con el procurador como espectador y con la adhesión a Pastrana de los principales lugartenientes de la tercería. Así se produjo el impulso para coronar una votación que en términos generales confirmó las fortalezas geográficas de cada uno, pero que en Antioquia ?con una mezcla de maquinaria y tradición azul? produjo el gran aporte: 400.000 votos de diferencia, casi la misma de la victoria final.
 
 

Medellín, sábado 13 de junio de 1998

Por DIANA LOSADA CASTAÑO-EL COLOMBIANO-Santafé de Bogotá
El pasado jueves, a las cuatro de la tarde, un grupo de 100 paramilitares entró a la población Cerro de Burgos, corregimiento de Simití, Bolívar, en donde asesinó a tres personas y advirtió a la población sobre una masacre en esa localidad y otra en el casco urbano de Simití.
Varios de los habitantes comenzaron a desalojar la región y la población civil busca una reunión urgente con las autoridades nacionales.
Según testimonios de varios pobladores, el jueves en la tarde el grupo paramilitar llegó a Cerro de Burgos, rodeó el pueblo, saqueó e incendió viviendas y preguntó por Andrés Molina.
Molina se escondió en su casa, lugar al que varios hombres llegaron a matarlo. El disparó con su escopeta y asesinó a dos de los individuos armados. Luego de algunos minutos, los paras le dieron muerte al lanzar una granada contra la vivienda.
Posteriormente, buscaron al comerciante Ermes Villamizar, a quien encontraron y amarraron. Su cuñada Olga Palencia intervino y fue asesinada y arrojada al Río Magdalena minutos después. Los paras hicieron lo mismo con Villamizar. Ayer, los testigos aseguraban que los cuerpos de estas dos personas aún no habían sido encontrados.
El argumento de los paramilitares para condenarlos a muerte se basa en la acusación de que son colaboradores de la guerrilla.
En la tarde de ayer, en la población de Simití se concentraron alrededor de 200 desplazados. Sus pobladores expresaron su miedo por la amenaza paramilitar e invitaron a las autoridades nacionales a una reunión para que les garantice la vida.
Cabe recordar que el Estado colombiano se suscribió a los Protocolos de Ginebra que garantizan la inmunidad de la población civil, advierten a los actores armados sobre la prohibición de atacarla y dejan abierta la puerta para juzgar estos crímenes de lesa humanidad en una Corte Internacional, que comienza a gestarse este mes en Roma.

EL ESPECTADOR

“Con Samper acerté como candidato, pero me equivoqué como persona”. Con estas palabras el escritor Gabriel García Márquez se refirió por primera vez a las críticas que recibió a raíz de su adhesión a la candidatura presidencial de Andrés Pastrana.
En conversación con El Espectador, el Nobel dijo que los comentarios publicados en días previos a las elecciones del 31 de mayo lo tienen sin cuidado. “Como decimos en la Costa, eso es quemar pólvora en gallinazos”, afirmó. Y aunque reconoció que algunas opiniones no fueron propiamente amables con él, aclaró que no es cierto que todas las veces los candidatos de sus preferencias han salido derrotados, y recuerda que, en su momento, tanto César Gaviria como Ernesto Samper contaron con su respaldo.  Pero con el actual presidente las cosas tomaron otro rumbo, hasta producirse el distanciamiento.
Sobre su propuesta educativa en un eventual gobierno de Pastrana, negó cualquier posibilidad de acceder a un ministerio. “La idea es trabajar sin sueldo en un comité asesor junto a Gustavo Bell y otras personalidades, para reformar a fondo el sistema educativo”.
El escritor colombiano también dijo que quiere colaborar en el tema de la paz, uno de los más graves problemas que tiene el país.
Al referirse a la segunda vuelta, el escritor dijo que es preferible votar por cualquiera de los dos candidatos que votar en blanco, “porque Colombia necesita salir del desierto en que se encuentra hoy en día”.
Gabo sorprendió a los electores colombianos antes de la primera vuelta presidencial, cuando anunció su apoyo al candidato de la Gran Alianza por el Cambio, Andrés Pastrana, en un mensaje enviado vía satélite desde México. En ese entonces apeló al lenguaje coloquial al afirmar que estaba “dispuesto a camellar con ellos por el imperio de la educación y la paz, sin sueldo ni domingos, y por los fueros del amor en esta familia desventurada donde ya no nos queremos ni a nosotros mismos”.
 

Aún se busca fosa de masacre en Barranca

Mientras en Barrancabermeja los familiares y amigos de las 25 personas asesinadas por un grupo paramilitar en algún lugar montañoso de Santander continúan esperando que aparezcan los cadáveres, con un velorio simbólico el Gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior y la Red de Solidaridad Social, anunció la construcción de un monumento en memoria de las víctimas.
El acto de solidaridad con las familias de los 23 desaparecidos tendrá lugar hoy a las cuatro de la tarde por las principales calles de Barrancabermeja. La programación fue diseñada desde el pasado 4 de junio, cuando familiares de las 23 víctimas y los barramejos en general recibieron la trágica noticia de la muerte e incineración de sus familiares y amigos.
El evento de solidaridad incluye una gran marcha que se cumplirá por las principales calles del puerto petrolero con la participación de todas las fuerzas vivas de la ciudad, representadas en estudiantes, obreros, Iglesia, universitarios y la ciudadanía en general.
A pesar de desconocer el sitio donde se encuentran los cadáveres, los familiares de las víctimas continúan a la espera de alguna información que los acerque a ese lugar. Entre tanto, los padres, hermanos, hijos y esposas asisten como de costumbre desde hace 22 días al sitio donde permanecen los féretros vacíos con las fotografías de las personas masacradas frente a las instalaciones de la Unión Sindical Obrera, USO.
Según Isaac Jiménez, secretario privado de la alcaldía, durante una reunión llevada a cabo en el despacho de la administración municipal con la coordinadora popular de Barrancabermeja, los voceros populares manifestaron que el acto simbólico se cumplirá de manera pacífica, cumpliendo un recorrido silencioso.
La marcha se iniciará en las instalaciones de la USO, seguirá hasta el parque infantil de la población, pasará por la alcaldía y culminará en el parque Camilo Torres, donde se ofrecerá una plegaria por la vida a cargo de monseñor Jaime Prieto Amaya, obispo de la diócesis de Barranca.
Respecto al sitio en donde podrían estar dichos cuerpos, el funcionario explicó que las autoridades adelantan investigaciones en lugares como Bajo Rionegro, Yarima, Peroles y las Montoyas cerca de Puerto Parra (Santander).
Finalmente dijo que la ciudad permanece militarizada ante la amenaza de alteraciones del orden público.

Medellín, sábado 13 de junio de 1998

Nada que ocultar
Por su parte, el comandante de las Fuerzas Militares, general Manuel José Bonett, dijo en relación con las investigaciones que se vienen realizando en el puerto petrolero que no le molestan y que al contrario sus hombres no tienen nada que ocultar.
“Nosotros los militares no tenemos nada que esconder y nada que tapar y sabemos que del problema de los derechos humanos está viviendo mucha gente y lo han politizado, siempre nos acusan a nosotros. Si tuviéramos algo que esconder, nosotros actuaríamos de otra manera. Si a mí me dicen que una comisión de fiscales va a inspeccionar mi oficina, pues yo no tengo ningún problema”, dijo.
El Comandante de las Fuerzas Militares se refirió en estos términos a la situación de Barrancabermeja durante una ceremonia organizada en el Campo de Paradas de la Escuela Militar, en donde fueron ascendidos varios coroneles y almirantes de Marina.
A su vez, el ministro de Defensa, Gilberto Echeverri, informó que la situación de orden público previa a las elecciones del domingo 21 de junio es más tranquila en relación con los comicios de marzo y mayo de este año, y octubre del 97.
El funcionario sostuvo que el Plan Democracia mediante el cual se garantizará la segunda vuelta presidencial está ajustado a las actuales necesidades y funcionando en todos los sitios, aún en aquellos considerados críticos en materia de orden público.
 

Medellín, jueves 11 de junio de 1998

COLPRENSA-Santafé de Bogotá.
Un representante de la Unión Sindical Obrera, USO, Javier Villanueva, dijo que hasta el momento la Comisión de la Verdad conformada a raíz del asesinato de 36 ciudadanos de Barrancabermeja cometido por paramilitares no ha funcionado ni ha logrado esclarecer qué fue lo que realmente pasó con los desaparecidos del puerto petrolero.
Por su parte, el director de Derechos Humanos de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Jesús González, anotó que ellos no creen en la Comisión de la Verdad que el Gobierno integró, según dijo, de forma unilateral.
“Nosotros creemos en una comisión que definitivamente tenga en cuenta a los sectores representativos de la sociedad ante todo barranqueña. Que tenga en cuenta la participación en esa comisión de los trabajadores y de las ONG.  Ahora resulta que el Gobierno aparece como víctima y engañado por los paramilitares, pero creemos que no son ni víctimas ni que fueron engañados”, agregó González.
Mientras tanto, el vicerrector general de la Universidad Nacional, Alejo Vargas, manifestó que José Noé Ríos no mintió cuando indicó que los paramilitares habían engañado al Gobierno.
“Se obró de buena fe tratando de iniciar un proceso de negociación, pero desafortunadamente el grupo armado evidentemente no obró con la misma buena fe”.
Afirmó que en ese sentido los paramilitares están perdiendo oportunidades para ganar algún estatus o justificación de sus prácticas.
En cuanto al tema de los desaparecidos, Vargas expresó su preocupación puesto que, según expresó, en general la desaparición forzada se mira como un problema marginal y de poca importancia.
“Hay una distorsión que me parece terrible y es creer que el problema es un problema de cifras, yo creo que un desaparecido es supremamente importante como lo son cien, mil o más”.

La USO, objetivo militar de los “paras”
COLPRENSA-Santafé de Bogotá.
Javier Villanueva, representante de la Unión Sindical Obrera, USO, reveló que Carlos Castaño, jefe de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), señala a esa organización sindical como objetivo militar.
“Eso nos pone en estado de alerta a toda la organización sindical y por eso estamos llamando a todos los colombianos para que se solidaricen con el pueblo de Barrancabermeja y con nosotros porque las autoridades no nos han dicho nada”, señaló el dirigente sindical.
 

EL ESPECTADOR

Sin demasiada publicidad, pero de manera eficaz, la Fiscalía General de la Nación viene adelantando diversas acciones contra el paramilitarismo, y prueba de ello es la medida de aseguramiento dictada ayer contra Jacinto Alberto Soto Toro, acusado del presunto delito de financiación y organización de grupos paramilitares.
Según el ente acusador, Soto Toro fue capturado por el CTI el pasado 30 de abril en el parqueadero Padilla de Medellín, donde funcionaba la oficina de contabilidad de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. En el operativo se encontró valiosa documentación relacionada con las finanzas de la organización, que ha permitido congelar múltiples cuentas corrientes de testaferros y colaboradores del paramilitarismo.
Con Soto Toro fueron capturadas Luz Helena Narváez Caicedo y Rosa Nubia Rodríguez Giraldo, a quienes también se les impuso medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación. Casi simultáneamente, en la vía Medellín-Santa Fe de Antioquia fueron aprehendidos José Alberto Cadavid Vélez, Boris Fernando Baena Rodríguez y John Jader Roldán Arango. Estos tres últimos también tienen auto de detención.
Entre tanto en el municipio de San José del Nus, gracias a información recaudada por las autoridades, fue detenido el ganadero Luis Alberto Villegas Uribe, gerente de una Convivir y presunto financiador de las Autodefensas de Córdoba y Urabá. A Villegas no se le ha resuelto su situación jurídica, pero le fueron encontrados seis revólveres con salvoconducto.
La comisión de fiscales encargada del caso ordenó la captura de María Patricia Trujillo Saldarriaga, alias Clara, presunta pagadora de las Autodefensas de Córdoba, y de su amigo Juan Santiago Gallón Henao, con el propósito de que rindan indagatoria en los mismos procesos penales.

Últimas acciones de paras
En los dos últimos meses el paramilitarismo ha protagonizado graves atentados contra el orden público y la población civil en los departamentos de Antioquia, Meta y Santander, y se le sindica de múltiples crímenes selectivos de defensores de derechos humanos.
La última semana de abril, en el municipio de Urrao (Antioquia), unidades de las Autodefensas asesinaron a 17 campesinos en las veredas El Maravillo y Encarnación. Una semana después hicieron presencia en la localidad de Puerto Alvira (Meta), donde asesinaron a otros 20 campesinos.
El pasado 16 de mayo irrumpieron en las comunas sur y nororiental de Barrancabermeja, masacraron a 11 personas y se llevaron cautivas a otras 25. Posteriormente informaron que los retenidos habían sido ajusticiados y sus cuerpos incinerados.
Además se sindica a las Autodefensas de los crímenes de los investigadores del Cinep Mario Calderón y Elsa Alvarado, y no se descarta su participación en los asesinatos de Eduardo Umaña y Jesús María Valle.
 

EL ESPECTADOR

Son 15 heridos
Hasta el momento se sabe que la Cruz Roja es la única entidad que ha permanecido cuatro días en la zona, la cual da cuenta de 15 heridos que están siendo atendidos en el hospital de Murindó y que fueron encontrados en las veredas La Guagua, La Isla y Delicia.
“No hemos encontrado ningún cadáver, pero la gente nos ha dicho que sí hay muchos”, precisó Jesús David Peña, coordinador operativo de la Cruz Roja Antioquia.
Por su parte, un vocero indígena aseguró que hasta ahora ninguna aerolínea ha querido ingresar a la zona, “a pesar de las reiteradas peticiones de los medios de comunicación para que los transporten. Por eso estamos muy preocupados, además porque son más de 700 los desplazados y nadie informa”.
La nueva comisión quedó integrada por el obispo de Quibdó, Jorge Iván Castaño; la delegada para minorías étnicas, Blanca Lucía Echeverri; Abadío Green, presidente de la Organización Nacional Indígena; Gerardo Jumi, presidente de la OIA; un periodista, un fotógrafo y un camarógrafo como representantes de los medios
 

Medellín, jueves 11 de junio de 1998

Por AFP-EFE Nueva York
La Cumbre Especial sobre Drogas de Naciones Unidas (NU) concluyó ayer con la adopción de una estrategia global para reducir “significativamente”, en 10 años, la producción y la demanda de estupefacientes, consumidos actualmente por 200 millones de personas en todo el mundo.
El plan de acción y la declaración política adoptados por los 185 Estados miembros de NU incluyen medidas para reducir la demanda -concentrada principalmente en los países industrializados- y programas de sustitución de cultivos para las naciones productoras.
La reunión sirvió además para mostrar la unanimidad a la hora de rechazar cualquier sugerencia de legalización de drogas duras o blandas, y para recalcar la necesidad de aumentar la cooperación y definir una estrategia común y realista de combate al narcotráfico, que respete la soberanía nacional.

Ausencias
La conferencia, convocada a propuesta de México y Colombia, tuvo una abrumadora presencia de jefes de Estado en la primera jornada, pero después bajó sensiblemente de nivel y en la clausura la mayoría de los oradores eran embajadores o jefes de misión.
Por ejemplo, el único presidente latinoamericano que intervino ayer fue el de Venezuela, Rafael Caldera, quien pidió que se preste más atención a la prevención del consumo de drogas, en lugar de centrar los esfuerzos en la represión. “Mientras más represión existe, más tentación para los jóvenes”, recalcó.
A su turno, el ministro de Exteriores de Alemania, Klaus Kinkel, afirmó que no hay que confundir las cosas y que los pobres agricultores no son criminales. “Los criminales son los barones de las drogas, los traficantes, los que blanquean el dinero, aquellos que manejan todo desde la sombra, aquellos que ganan mucho dinero”, recalcó.
En América Latina y Asia cerca de 700.000 familias de bajos ingresos, que representan a cuatro millones de personas, dependen de los ingresos provenientes del cultivo de coca y adormidera.

¿Y la financiación?
A pesar de sus ambiciosos objetivos, la cumbre no estableció claramente los mecanismos de financiación para alcanzarlos. El responsable antidrogas de NU, el italiano Pino Arlacchi, estimó en unos 500 millones de dólares por año el costo del plan de acción.
El encuentro permitió en todo caso que grandes países productores o de tránsito de drogas en América Latina, como Colombia, obtuvieran el reconocimiento internacional de que el flagelo del narcotráfico no se puede combatir únicamente desde una óptica represiva focalizada en la producción y el tráfico.
“Por primera vez en la historia de la lucha contra las drogas ilícitas, todo el mundo reconoció que la reducción de la demanda es tan importante como la reducción de la oferta”, destacó el vocero de Arlacchi, Sandro Tucci.
En América Latina y Asia cuatro millones de personas dependen de los
ingresos provenientes del cultivo de coca y la adormidera

Seis compromisos
AFP-Nueva York. La reunión extraordinaria de Naciones Unidas (NU) dedicada al problema mundial de la drogas condujo a la aprobación de las siguientes medidas:

1. Reducción de la demanda: Se fijó el año 2008 como meta para “lograr resultados importantes”. Inicialmente concentrada en el mundo industrializado, la demanda se ha extendido a otros países. Actualmente ocho millones de personas consumen heroína en el mundo, 13 millones cocaína, 140 millones cannabis (marihuana y hachís) y 30 millones anfetamínicos.

2. Eliminación de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo: Se acordó “formular estrategias con miras a eliminar o reducir considerablemente” el cultivo de coca, cannabis y amapola en los países productores, en un plazo de diez años.

3. Lavado de dinero: Se recomendó a los Estados que todavía no lo hayan hecho promulgar leyes y programas nacionales antes del 2003 para luchar contra ese fenómeno. El negocio de la droga representa actualmente unos 500.000 millones de dólares anuales.

4. Sustancias precursoras: Se trata de las sustancias utilizadas en la fabricación de drogas ilícitas. Se fijó el 2008 como meta para que los países eliminen o reduzcan “considerablemente” la fabricación y el tráfico ilícito de esas sustancias.
5. Estimulantes de tipo anfetamínico: Unos 30 millones de personas los consumen. Incluyen el éxtasis y las anfetaminas. Se acordó dedicar particular atención al fenómeno, y adoptar para el 2003 medidas legislativas y programas para combatirlo.
6. Cooperación judicial: Los Estados decidieron fortalecer la cooperación judicial y represiva mediante la adopción de medidas sobre extradición, asistencia jurídica mutua, traslado de procesos y tráfico ilícito por mar.
 

Medellín, jueves 11 de junio de 1998

Por ELIZABETH MORA-MASS Naciones Unidas-Nueva York
Expertos internacionales y miembros de organizaciones no gubernamentales de América Latina aseguraron que el programa antidrogas aprobado ayer por Naciones Unidas (NU) agravará más la violación de los derechos humanos, especialmente los de campesinos latinoamericanos y presos en los Estados Unidos.
“En toda América Latina, pero en especial en Perú y Colombia, la guerra contra las drogas ha servido para ayudar financiera y estratégicamente a dos de las fuerzas militares más abusivas del continente”, dijo Coletta Youngers, investigadora de la Oficina para Asuntos Latinoamericanos en Washington (Wola).
De acuerdo con Omayra Morales, secretaria de la Asociación de Pequeños Cultivadores de Coca, “la lucha contra las drogas en Colombia sólo ha servido para que violen nuestros derechos y las fuerzas del Estado cometan toda clase de atropellos”. Agregó que aunque NU apruebe la erradicación de los cultivos ilícitos, “muchos campesinos colombianos no vamos a dejar de plantar la coca”.

Ambicioso plan
El plan presentado por el Programa de Control de Drogas de Naciones Unidas (PNUFID), y que debía ser ratificado ayer en esta asamblea extraordinaria, prevé la eliminación de la producción mundial de coca y amapola en los próximos diez años, y les exige a los países productores que corran con el 50% de los gastos de erradicación y desarrollo alternativo.
“Pero también propone el uso de agentes químicos y biológicos que van a ser desastrosos para el medio ambiente”, dijo Hugo Cabieses, investigador del Centro de Estudios Sociales de Perú, para quien el uso de estos elementos no es peligroso solamente para las personas, sino también para la Amazonía, el santuario ecológico por excelencia del mundo entero.
Por su parte, Ricardo Vargas, quien investiga en Colombia el uso de herbicidas, dijo que los productos nuevos “son aún más dañinos. Además, la guerra entre el ejército y la guerrilla impide que las avionetas fumiguen a menos de diez metros de altura, como lo recomiendan los cánones, sino que tienen que hacerlo a mucha más altura, causando un mayor daño ecológico”.

Los derechos humanos
Otro punto discutido es el de los presos en Estados Unidos y las famosas sentencias mandatorias, por las cuales los pequeños traficantes de droga se benefician de rebajas de penas. “Con este plan de NU, creo que cualquier proyecto en este sentido va a desaparecer”, dijo Ninfa Smith, del Proyecto Familias contra las Sentencias Mandatorias.
El año pasado, la organización Human Rights America denunció al estado de Nueva York como violador de los derechos humanos de los pequeños traficantes de droga, especialmente de las denominadas “mulas”.
“En síntesis, en un país tras otro en América Latina, la guerra contra las drogas socava los esfuerzos por promover los derechos humanos, la democracia y la seguridad regional”, puntualizó Youngers.
“La guerra contra las drogas socava los esfuerzos por promover los derechos humanos y la democracia”, dijo Youngers
 

EL ESPECTADOR, Junio 7 de 1998

Tras conocerse que el Ejército no garantizaría la seguridad en la zona, una comisión conformada por el Gobierno departamental, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía tuvo que cancelar ayer el vuelo que los llevaría al municipio de Murindó, donde los campesinos han denunciado la muerte de por lo menos 30 personas.
La comisión había programado desde el viernes en la noche una visita a la zona rural de Murindó para constatar las denuncias de algunos indígenas sobre la incursión de un grupo armado que habría dejado como resultado al menos 20 muertos y varios caseríos arrasados.
Según versiones conocidas por este diario, la masacre se habría perpetrado entre el 27 y el 29 de mayo en los caseríos La Isla, Guaguas, Canal y Bartolo, situados en el río Murindó, por parte de un grupo de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, pero apenas el viernes se conoció la información en Medellín.
Aunque no hay confirmación del hecho, y el comandante de la Cuarta Brigada, Carlos Ospina Ovalle, confirmó sólo que se están registrando fuertes combates en los que no ha intervenido el Ejército, las autoridades están alarmadas, y por esta razón se conformó una comisión que verificaría lo que ocurre en esa localidad.
“Hemos escuchado rumores de muertos y enfrentamientos pero como el pueblo está incomunicado y el Ejército no tiene presencia en la zona desde hace un mes, ha sido realmente difícil”, expresó Néstor Hincapié, secretario de Gobierno de Antioquia.
Alarma indígena
La situación de los indígenas Embera-Katíos y demás pobladores de la región se agrava, toda vez que los combates no han dado tregua desde la semana anterior a las elecciones, y es la población civil la que está en medio de las balas. La cancelación del viaje se debió a que el Ejército no podía garantizar la seguridad a la zona.
No obstante, se aspira a que mañana, a primera hora, se desplace a las veredas de Murindó esta comisión, y también puedan desplazarse voceros de los medios de comunicación, que ayer trataron infructuosamente de viajar hacia la zona de los combates entre guerrilleros y paramilitares
El Espectador conoció que a raíz de la supuesta incursión y de los combates, 500 campesinos e indígenas han abandonado sus viviendas, y uno de ellos se desplazó a Medellín con una carta, en la cual se manifiesta que serían más de treinta las personas que fueron asesinadas en Murindó, después de una incursión paramilitar.
En tal sentido, el defensor del Pueblo (e) en el departamento de Antioquia, Gildardo Maya, indicó que tiene en su poder varias denuncias, donde “se manifiesta que hay una cantidad muy grande de asesinados, desaparecidos y heridos en la zona. La intención tanto de la Defensoría y la Procuraduría, como la de la comisionada de asuntos indígenas en Antioquia era precisamente verificar estas irregularidades.
Lastimosamente nos manifiestan ahora que las Fuerzas Armadas no garantizan el viaje. Consideramos que el viaje se requería era ayer para constatar unas denuncias para poder pedirle a las autoridades que garanticen la seguridad a los pobladores”.
El funcionario agregó que: “las denuncias que se han formulado son muy fragmentarias en el sentido de que un grupo armado conformado por paramilitares y hombres que vestían prendas de uso privativo del Ejército incurisonaron en la zona y asesinaron alrededor de 30 o 40 muertos, de 13 desaparecidos y de más de 10 heridos. La situación es caótica”, explicó.
En este sentido El Espectador acompañó ayer en las horas de la tarde al comandante de la Cuarta Brigada, general Carlos Humberto Ospina Ovalle, en un sobrevuelo que se realizó en la zona, considerada aun impenetrable por la gravedad de los combates que se registran desde hace más de 48 horas entre grupos de justicia privada y las Farc.
En la zona se conoció que la situación se complica luego que los paramilitares incomunicaran la región desde hace varios días sin que se haya podido establecer contacto alguno con las autoridades locales.
Este diario pudo confirmar que desde hace tres semanas un grupo paramilitar inició un bloqueo en el suministro de gasolina. El combustible ha sido retenido por los paramilitares evitando la circulación de lanchas por el río Atrato, único medio de transporte en toda el área. Así mismo, se ha restringido el ingreso de alimentos en la zona.
Finalmente, la Organización Indígena de Antioquia se abstuvo de precisar detalles sobre el hecho tras considerar que en reiteradas ocasiones ha sido violada su neutralidad frente al conflicto, ya que siempre son indígenas quienes caen víctimas de estas masacres y violaciones a los D.H.
Epicentro del conflicto
Murindó es una población del Urabá chocoano ubicado en el Atrato Medio, con una población no mayor a los 12.00 habitantes.
Las vías de acceso son fluviales, siendo la principal el río Atrato por donde se comunica con los municipios de Dabeiba, Pavarandó y Pavarandocito.
Voceros de los indígenas informaron que hacia esas poblaciones se habrían dirigido los cientos de desplazados que huyen por temor a ser víctimas de los enfrentamientos entre las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) y los frentes de la cuadrilla José María Córdova de las autodenominadas Farc.
Murindó posee una población pobre que subsiste de la pesca principalmente.

Últimas masacres
Las incursiones paramilitares en el país dejan hasta el momento más de 40 personas muertas.
La primera de ellas se registró el pasado mes de abril en las veredas Encarnación y El Maravillo, del municipio de Urrao (Antioquia), donde un grupo de más de 40 hombres armados masacraron a 17 campesinos.
En mayo, en la inspección de Puerto Alvira, jurisdicción de Mapiripán (Meta), las Autodefensas de Córdoba y Urabá asesinaron e incineraron a más de 17 personas, acusándolas de encubrir a la guerrilla.
Finalmente, la semana pasada 23 personas fueron asesinadas por las Autodefensas de Santander que retuvieron a sus víctimas por más de dos semanas.
 

EL ESPECTADOR, Junio 7 de 1998
GUERRA SUCIA EN BARRANCA
Una ciudad bajo la lupa de la subversión
Por: LIBARDO CARDONA M. y JULIO CÉSAR NIÑO O.

Enviados Especiales- Barrancabermeja
Lo que sucedió a Barrancabermeja fue espantoso. En menos de 20 días tuvo que reconfirmar las muertes de por lo menos 35 de sus habitantes, quienes fueron víctimas de la acción de los paramilitares del Magdalena Medio.
Pero lo más preocupante de todo es que los cadáveres de 25 barramejos no aparecen por ningún lado y sus dolientes siguen reclamando, aunque sea sus cenizas.
Ellos, a raíz de los pronunciamientos formulados por el Gobierno, tenían la firme esperanza de que los retenidos estuvieran con vida.  Pero no fue así. El jueves anterior se hizo pública la noticia de que los “paras” los habían ajusticiado, dizque por pertenecer a grupos de alzados en armas.
Y aunque los grupos insurgentes que operan en esta ciudad han negado tajantemente que los 35 masacrados fueran miembros de sus organizaciones, la verdad es que en Barrancabermeja nadie puede escapar a la influencia subversiva. Aquí la guerrilla está por todas partes. Es más, no es extraño escuchar que muchos de sus habitantes digan, sin pelos en la lengua: “aquí le creemos más a la guerrilla que a las autoridades”.
En otras palabras, seguramente los muertos no eran subversivos activos. El problema es que, según parece, para los paramilitares todos los barramejos son declarados objetivo militar.

En la USO
Por ahora, en la sede de la Unión Sindical Obrera permanecen 25 ataúdes blancos que aguardan las cenizas de las últimas víctimas de la violencia en Barrancabermeja.
Los familiares no paran de llorar y siguen indignados contra el Gobierno. Así le sucede a don Jaime Yesid Peña, el padre del único menor de edad que cayó en la masacre. Don Jaime es un hombre humilde, de unos 50 años de edad. Por lo general usa una pequeña gorra azul. Su acento es netamente santandereano, el mismo que utilizó para contarle a El Espectador cómo era su hijo de 16 años.
El menor también se llamaba como su padre: Jaime Yesid Peña Rodríguez. El segundo apellido, obviamente, es el de su madre, doña Marleny Rodríguez. “Jaime era todo alegría, muy sencillo e inteligente. Además muy católico. Se la pasaba del estudio (en el colegio John F. Kennedy) a la casa, y de la casa a la iglesia, donde integraba el grupo de danzas”, recordó don Jaime Yesid.
El padre también evocó los azarosos instantes de la noche del 16 de mayo pasado, cuando vio a su hijo por última vez con vida. Él recuerda que Jaime estaba sentado frente a su casa, en el barrio El Campín, con varios de sus amigos, cuando fue capturado por los paramilitares.

Vigilia en homenaje a los 25 masacrados
Barrancabermeja

Después de haber sido levantado el paro en Barrancabermeja el viernes pasado, sus habitantes realizaron ayer y hoy una especie de vigilia como homenaje a los 25 masacrados.

Son marchas solemnes con velas encendidas que tienen un solo objetivo: hacerle entender a los violentos que Barrancabermeja, como la mayoría de colombianos, quiere vivir en paz.
Mañana, la Coordinadora Popular de Barrancabermeja espera contar con el apoyo de la Central Unitaria de Trabajadores y del Frente Social Amplio, con el fin de definir si se persiste en la realización del paro cívico.

Habla José Noé Ríos
El consejero presidencial, José Noé Ríos, encontró explicable la indignación de las familias de los desaparecidos en Barrancabermeja.
“No podía ser para menos. Teníamos la esperanza de que íbamos a tener noticias relacionadas con la vida, y terminamos dando la más trágica de todas, pero pienso que en favor de la transparencia con que actuó la comisión, se hizo lo indispensable.
Obtuvimos las información el miércoles en la noche y la dimos a conocer el jueves. Ahora queda que los organismos competentes continúen con su labor investigativa y la búsqueda de los cadáveres, y seguir trabajando con el propósito de la paz.
Hay que cerrar los caminos de la confrontación violenta y abrir espacios de negociación, con espíritu dispuesto para ceder en posiciones cerradas, que hasta ahora han impedido abrir la agenda de diálogo”.
Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo y la Cruz Roja Internacional, continúan con la ardua labor de encontrar el sitio donde fueron enterrados los 25 cadáveres. De todas formas, los rumores que corren por las calles del puerto, aseguran que los cadáveres habrían sido enterrados en la zona del bajo Rionegro (Santander), más exactamente en el sitio conocido como San Rafael de Lebrija, o en la zona de Sabana de Torres.

 “Mi esposo sólo vendía lotería”: Zoraida
Barrancabermeja
Zoraida Gómez es una mujer valiente, que ya pasa de los 30 años de edad. Sin embargo, su rostro transmite una juventud de mujer de casa: trabajadora y hogareña.
Ella recuerda a su esposo, Carlos Alaixt Prada (uno de los 25 masacrados), todos los días, desde ese infortunado 16 de mayo, cuando llegaron a decirle que a su marido “se lo llevaron los paramilitares”.
Ella, al principio, no lo podía creer. Corrió hasta la casa del barrio El Campín, donde él iba a vender el chance. Allí le confirmaron la terrible noticia. A su esposo se lo llevaron las Autodefensas de Santander. Desde ese día Zoraida no ha podido dormir bien. Ella dice que cada vez que la vence el sueño, una voz como del más allá la llama, le repica en sus oídos, como un zumbido extraño, y entonces se despierta con la imagen de Carlos abrazando a sus tres hijos.
“Practicamente no he podido conciliar el sueño. Primero, porque se tenía la incertidumbre de saber dónde estaba retenido. Ahora, que dicen que está muerto, me paso pensando mucho más en él. Por eso ruego que me digan en dónde los botaron”, dijo Zoraida Gómez.
Aferrada a las oraciones de la Virgen María, a la que no deja de rezarle todos los días, Zoraida también le ha pedido al Divino Niño que por lo menos le entreguen los restos de su esposo, para poderle seguir llevando, cada vez que pueda, flores a su tumba.
“El lo único que hacía era vender lotería. Así se ganaba la vida, porque desde que lo conocí, Carlos ha sido muy responsable. Vendía también algunas rifas, pero jamás le hizo daño a nadie”, aseguró Zoraida. Más delgada que hace un mes, esta mujer tiene que asumir la responsabilidad de una familia que se había acostumbrado a tener la brújula del hombre de la casa. “Poquito o mucho, él respondía por mis hijos”.
Espera incesante
Como todos los demás familiares reunidos en la alcaldía y en la sede de la Unión Sindical Obrera, Zoraida Gómez clama justicia.
En ambos lugares, los familiares y sus conocidos tienen la esperanza de que por lo menos aparezcan las cenizas de sus familiares desaparecidos.
Zoraida aún no entiende como los paramilitares llegaron hasta su barrio, y se llevaron indiscriminadamente a todo el que quisieron. Incluso, ella recuerda como los vecinos le explicaron que hasta un anciano de 70 años, también fue obligado a subir a los carros de la muerte.
Arrodillada y sin poder controlar su llanto, junto al féretro vacío de su esposo, donde reposa una fotografía de él, Zoraida Gómez le pide a Dios que le de fuerzas para continuar en la lucha por vivir. “Quiero que mis hijos crezcan pensando que su padre fue un hombre bueno y justo”, sentenció.
 

Medellín, domingo 7 de junio de 1998

La masacre en la zona nororiental de Barrancabermeja le ha demostrado al país la presión de un pueblo adolorido, que se ha organizado contra la impunidad y que, ahora, clama por la devolución de los cuerpos sin vida de las víctimas. Este es es el triste desarrollo de los hechos:
16 de mayo: Un grupo armado incursiona en los barrios María Eugenia, El Campestre y El Campín -de la zona nororiental de Barrancabermeja- donde asesina a 11 personas y secuestra a otras 25.
17 al 22 de mayo: Barranca se paraliza para exigir la entrega, vivos o muertos, de las 25 personas, y las investigaciones respectivas. El Alto gobierno crea dos comisiones para la búsqueda de las personas y la supuesta responsabilidad, por acción u omisión, de las fuerzas militares en el crímen. El 22 de mayo se levanta el paro, que ya producía escasez de combustibles en el país.
28 de mayo: El presidente Ernesto Samper, y varios de sus ministros, visitan la región. Allí firman un acta de compromiso para la búsqueda de las personas y las investigaciones respectivas.
31 de mayo: Una bomba colocada supuestamente por la insurgencia al paso de un convoy militar, en plenas elecciones, en el sector nororiental de la ciudad, cobra la vida de tres víctimas civiles.
3 de junio: se tenía prevista una reunión a la que asistiría el gobierno para dar las pruebas de supervivencia de los desaparecidos, de acuerdo con las fotografías que los familiares de las víctimas habían entregado. La reunión no se efectuó porque el gobierno manifestó que la gravedad de la información que tenía ameritaba otra en Bogotá.
4 de junio: Se desplazan a Bogotá los representantes del Comité Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos), la Coordinadora Popular, la Unión Sindical Obrera (USO) y familiares de las víctimas, con el propósito de reunirse con el gobierno para recibir la información. Allí conocen el documento de las Autodefensas de Santander en el que informan que, luego de un juicio, los 25 retenidos fueron asesinados por sus vínculos con la guerrilla. Los barramejos inician un paro de 24 horas.
5 de junio: Se reúnen en la Alcaldía una delegación del gobierno, encabezada por el Alto consejero para la Paz -José Noé Ríos-, delegados de la Coordinadora Popular y familiares de las víctimas. El gobierno repudia la masacre, crea una nueva comisión de investigaciones y promete indemnizaciones para las familias de las víctimas. Se levanta la jornada de paro.
6 de junio: Se realiza una velación simbólica, con ataúdes vacíos, de las víctimas frente a las instalaciones de la USO. Además, hay marchas de vigilia con velas encendidas para pedir que sean devueltos los cuerpos de las personas asesinadas.

Medellín, domingo 7 de junio de 1998
EL COLOMBIANO
En Colombia. La guerra química, batalla perdida

La expansión del narcotráfico ha significado la destrucción de 1.074.500 hectáreas de bosque primario, principalmente de selva húmeda, y altos costos tanto económicos como en vidas de miembros de la fuerza pública destinados a la lucha contra la erradicación de los cultivos

Los expertos del Ministerio del Medio Ambiente calculan que las plantaciones ilegales del país cubrirán, en 1998, un territorio de 97.500 hectáreas, lo que significa la destrucción de 2.910 kilómetros cuadrados de bosque primario. Archivo
Por JOSÉ GUILLERMO HERRERA Santafé de Bogotá
A pesar de los esfuerzos del Gobierno colombiano y el apoyo de expertos estadounidenses para destruir los cultivos de hoja de coca, marihuana y amapola, las siembras ilegales se cuadruplicaron en Colombia desde 1974 y comprometen ya a 18 de los 32 departamentos del país.
Una evaluación del Ministerio del Medio Ambiente muestra que, al menos desde 1984, las siembras ilícitas reaparecen con tal rapidez que dejan rezagadas de forma continua las acciones gubernamentales de destrucción.
En los últimos catorce años, según el estudio, en Colombia se han descubierto 307.000 hectáreas sembradas de amapola, marihuana y hoja de coca. De ellas, 203.600 han sido fumigadas mediante la aspersión aérea de 509.250 litros de glifosato.
Antes de aprobar el uso de este herbicida, el Gobierno intentó la erradicación manual de la marihuana, tarea asignada al Ejército.
Pero tras la firma, en 1980, de un tratado bilateral de extradición y asistencia mutua, Washington presionó para que se utilizaran herbicidas.
Sin embargo, a partir de 1985 las siembras de hojas de coca, que surgieron a finales de los setenta, entraron en una fase de gran expansión que, por datos de la oficina de asuntos de narcóticos del Departamento norteameriacano de Estado, cubrieron en cuatro años un área de 27.000 hectáreas.
Mientras tanto, las siembras de amapola, cuyas primeras plantaciones fueron descubiertas en 1983, también avanzaban en las cumbres de los Andes colombianos.
Nuevas presiones estadounidenses, motivadas por el incremento en los cultivos de amapola, llevaron al Gobierno a autorizar, en 1992, la fumigación de estas siembras con glifosato.

Daño a la Amazonia
Washington al aprobar el uso, por aspersión desde el aire, del mismo herbicida para destruir cocales.
Tras recibir nuevas recomendaciones de expertos extranjeros, el CNE aprobó en 1997 fases experimentales con dos nuevos herbicidas, el imazaphir y el tebuthiouron, considerados más eficaces que el glifosato.
A la campaña de erradicación, que alcanza regiones con presencia de la guerrilla y que es acompañada de un programa de sustitución que no ha cumplido sus metas, el Gobierno integró una flotilla de aviones y helicópteros, en su mayoría donados por Washington, que también facilita técnicos y adiestramiento de policías.
De 1994 a 1998, según estadísticas oficiales, los aviones empleados en la lucha contra la erradicación de los cultivos han sido inutilizados por medio de disparos en 81 ocasiones y los helicópteros en 106, en tanto que tres aparatos del primer tipo y siete del segundo fueron derribados.
Pero el costo más alto de esta lucha ha sido el humano, con 47 miembros de la fuerza pública muertos, 85 heridos y cinco secuestrados en dicho lapso.
Los expertos del Ministerio del Medio Ambiente calculan que las plantaciones ilegales del país cubrirán, en 1998, un territorio de 97.500 hectáreas, lo que significa la destrucción de 2.910 kilómetros cuadrados de bosque primario.
En el caso de los cocales, la expansión ha alcanzado los departamentos del sur del país y pone en riesgo -o afecta ya- a la biodiversidad de la Amazonia colombiana.

El Espectador, junio 5 de 1998

Por COLPRENSA Santafé de Bogotá
Las protestas campesinas que se vienen organizando en el Sur del país y el paro
armado adelantado por el Bloque Sur de las Farc en ese territorio son una reacción a las operaciones desarrolladas contra el narcotráfico por la Fuerza de Tarea Conjunta .
De esta forma, el comandante de las Fuerzas Militares, general Manuel José Bonett, explicó a Colprensa los últimos sucesos presentados en los departamentos de esa zona, donde los campesinos han desarrollado una serie de protestas contra el abandono estatal y la presencia paramilitar.
Adicional a esto, las Farc llevan a cabo un paro armado que mantiene el comercio
cerrado en las poblaciones de Puerto Asís, Mocoa, Puerto Leguízamo, Orito, en
Putumayo; y Florencia, San Vicente del Caguán, Puerto Rico, Doncello y Curillo, en Caquetá.
También han sido quemados varios vehículos de servicio público, por lo que las compañías de transporte no están prestando servicios. Las carreteras de la región están completamente desoladas.

Misión
La Fuerza de Tarea Conjunta fue creada hace dos meses por el alto gobierno para  repeler al secretariado general y al Bloque Sur de las Farc, luego del desastre militar del Caguán (Caquetá), donde murieron 62 militares y otros 43 fueron secuestrados.
Desde entonces y hasta la fecha, los movimientos de esa unidad especializada han sido encaminados a combatir el narcotráfico y la guerrilla en los departamentos de Caquetá, Putumayo y parte del Huila y Meta.
El general Bonett sostuvo ayer que los incidentes en los que la guerrilla ha quemado varios vehículos y ha instado a los campesinos a protestar son una respuesta que se preveía porque la Fuerza de Tarea Conjunta ha ingresado a un terreno que antes dominaban las Farc.
“Nosotros estábamos preparados para esa reacción. Sabíamos que los guerrilleros tratarían de hacer un paro armado”, dijo el oficial.
Simultáneamente con las protestas en el Sur del país y las actividades de la subversión, 321 representantes del mismo número de comunidades se encuentran en Bogotá para pedir al Gobierno que entregue una respuesta clara ante la presencia paramilitar en la región.
Los campesinos e indígenas exigen que el presidente Ernesto Samper se comprometa a atacar a los paramilitares y sacarlos de la región, o de lo contrario estarían dispuestos a empuñar las armas para defender su vida.
Así las cosas, los campesinos continuarán con la toma pacífica de las instalaciones de la Defensoría del Pueblo, de donde no saldrán hasta que reciban una respuesta clara del Gobierno Nacional

Espectador, junio 5 de 1998

Las 25 personas que fueron retenidas por las Autodefensas de Santander desde el pasado 16 de mayo en el puerto petrolero de Barrancabermeja fueron ajusticiadas y sus cuerpos incinerados.
Así lo dio a conocer ayer la Comisión Extraordinaria de Búsqueda, Localización e Investigación de los hechos, conformada por la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría, Defensoría, Oficina Presidencial del Zar Antisecuestro y la Consejería para la Paz.
A través de un comunicado que fue leído por el consejero José Noé Ríos, la Comisión señaló que recibió de manera escrita una información que actualmente reposa en la Fiscalía, y en la cual se afirma de manera textual: “Queda claro que los 25 retenidos el 16 de mayo en Barranca eran subversivos del Eln y del Epl. Los retenidos fueron escuchados y sometidos a juicio, y sus cadáveres fueron incinerados”.
Respecto a la identificación proveniente de las 25 fotos enviadas por los familiares de los desaparecidos, el viernes 28 de mayo, se indica que Robert Wells Gordillo y Oswaldo E.  Vásquez Quiñones “no se encuentran entre los retenidos”.
La Comisión enfatizó que la investigación penal continuará tal y como venía. La Fiscalía anunció que “se han recolectado importantes elementos de juicio, con los cuales se espera, en breve tiempo, tomar las medidas judiciales pertinentes en relación con los autores materiales e intelectuales”.
En razón a que surgieron versiones en torno a que el Gobierno ya conocía la suerte de los desaparecidos en Barranca, el consejero Ríos Muñoz expresó a El Espectador que personalmente, en Bucaramanga, el pasado miércoles, recibió un documento escrito a máquina, cuyo contenido es el mismo que dio a conocer ayer en la Defensoría.
Aun así, familiares de las 25 personas asesinadas manifestaron que tanto el Gobierno como el consejero Ríos Muñoz fallaron al decir que traían buenas noticias. “Ríos se comprometió a devolver a nuestros familiares vivos, para que ahora salga con éstas. Nos sentimos traicionados, nos falló”.

“Y pudieron más los paras”
Luego de conocerse la noticia de que las Autodefensas de Santander asesinaron a 25 personas de Barranca, que se encontraban en su poder desde el pasado 16 de mayo, familiares de las víctimas, en medio del llanto y la rabia, aseguraron que “como lo suponían varios de ellos: pudieron más los paramilitares”.
“Sólo quiero que por lo menos nos entreguen los cadáveres para enterrarlos y tener un sitio donde llorar a nuestros muertos”, dijo Trina Valdivieso, tía de uno de los “ajusticiados”.
Y como lo había pronosticado Osiris Bayter, defensora de derechos humanos, “las promesas de ayuda del Gobierno se hicieron muy tarde, cuando lo único que podíamos esperar era que los desaparecidos llegaran entre bolsas de polietileno”.

Tras larga espera, vino la tragedia
Bogotá
Mayo 16 de 1998: 11 personas son masacradas en Barrancabermeja (Santander) y por lo menos 30 personas son reportadas como desaparecidas. Autoridades atribuyen la masacre a los paramilitares.
Mayo 18 de 1997:Autoridades y habitantes de Barrancabermeja decretan un paro cívico promovido por la Unión Sindical Obrera (USO).
Mayo 22 de 1998: Noventa y seis horas después de haberse decretado el paro en Barranca, la Coordinadora Popular del puerto petrolero levanta el paro, y le da cinco días al Gobierno nacional para que presente un informe sobre las actividades de búsqueda de los retenidos.
Mayo 23 de 1998: El defensor del Pueblo encargado, Nelson Caicedo Rodríguez, solicita a los captores pruebas de supervivencia de los desaparecidos.
Mayo 26 de 1998:Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) confirman la autoría de la masacre por parte de las Autodefensas de Santander, y dicen que tienen en su poder a 25 personas de Barranca.
Mayo 27 de 1997:Miembros del alto Gobierno, encabezados por el presidente Samper realizan un consejo de seguridad en Barrancabermeja, donde establecen una comisión de búsqueda y localización de los desaparecidos.
Mayo 28 de 1997: La comisión de búsqueda recibe un mensaje de las Autodefensas en el que solicitan a las madres de los retenidos enviar las fotografías de sus hijos, con el fin de entregar en las próximas horas pruebas de su supervivencia. De inmediato las madres acatan la petición.
Junio 4 de 1998: A través de un mensaje enviado a la comisión de búsqueda, los paramilitares informan que ajusticiaron a los 25 barranqueños retenidos desde el pasado 16 de mayo, y que luego incineraron sus cadáveres. Agregan que no tienen en su poder a Oswaldo Enrique Vásquez y Robert Wells Gordillo, de los cuales se desconoce su paradero.

Nueva notificación de guerra
Bogotá

La masacre de 23 personas que fueron retenidas por comandos paramilitares el pasado 16 de mayo en Barrancabermeja no sólo es una violación del Derecho Internacional Humanitario, sino la clara muestra del desafío que deberá afrontar el Gobierno nacional a la hora de decidirse a iniciar un proceso de negociación con los grupos alzados en armas.
El asesinato, a sangre fría, de personas retenidas desborda cualquier consideración en un eventual proceso de paz y advierte la necesidad de que los grupos paramilitares sean atacados frontalmente por las fuerzas del Estado, como quiera que están demostrando con estos actos atroces que no buscan espacios políticos, sino imponer el terror entre la población civil.
El modus operandi que en su momento utilizaron los paramilitares en Barrancabermeja ?como en tantas otras regiones del país? de llegar por sorpresa a un sitio determinado y asesinar colombianos fue cambiado ayer por la frialdad demencial de quienes después de hacer “un juicio” decidieron asesinar a sus captores.
El mensaje con lo ocurrido en Barrancabermeja, otrora fortín de la guerrilla, es inequívoco: los paramilitares son una máquina de hacer la guerra, con un engranaje listo a destrozar a cualquier enemigo, incluso a la misma guerrilla y al propio Gobierno. Lo que quisieron plantear los paramilitares ayer es un desafío al país entero.
La estrategia para demostrarlo, a todas luces, la más equivocada.  Si en algún momento pensaron en la posibilidad de buscar un espacio político, con lo de ayer cerraron las puertas a cualquier negociación. El repudio colectivo expresado por todas las instancias del Estado y de la sociedad se verá reflejado, a corto plazo, a la condena que hará la comunidad internacional, porque el asesinato colectivo hace parte de los delitos de lesa humanidad.
La pregunta legítima que cabe aquí, desde el punto de vista militar del Estado, es ¿Quién protege a la población civil que está siendo atacada por los paramilitares? La respuesta es que nadie y es ahí cuando el Gobierno tiene la obligación de atacar de frente a estos grupos de extrema derecha, porque si no lo hace se volverá cómplice de sus acciones terroristas.
La notificación, por demás sangrienta, de los paramilitares es de guerra contra la guerrilla y contra el Gobierno y así se debe recibir, por duro que pueda aparecer.

Barranca pasa de la incertidumbre al dolor
Bogotá
Con un largo lamento de la sirena de Ecopetrol, los barramejos se enteraron ayer al mediodía de la atrocidad cometida por las Autodefensas Unidas de Santander y Cesar que asesinaron e incineraron a las 23 personas, en su mayoría jóvenes, que habían sido secuestradas el pasado 16 de mayo de los barrios nor y surorientales de la segunda ciudad de Santander.
Como en la década de los 80, cuando la violencia a diario se paseaba por sus calles, ayer sus habitantes, indignados por la masacre, optaron por resguardarse o irse a sus casas. A partir de la 1:30 p.m. se notó cierta disminución en el servicio de buses y taxis, así como el nerviosismo de gentes que tanqueaban sus vehículos y se aprovisionaban en los supermercados. Al caer la tarde también se hizo evidente el aumento del patrullaje de miembros del Ejército, la infantería de Marina y la Policía.
La Coordinadora Popular, que analizó la situación con los familiares de las víctimas, convocó un paro cívico de 24 horas que empezó a cumplirse a partir de las 6 p.m. de ayer. También citó para hoy una marcha por la vida y contra la impunidad, e invitó a la población a levantar barricadas en sitios neurálgicos de la ciudad, como la carrera 28 y el puente del nororiente. El sábado y domingo se realizará una velación simbólica de las víctimas en la sede de la USO, y el lunes se decidirá si se prorroga el paro cívico.
Anoche se temía la retaliación de la guerrilla, tal como lo había anunciado el miércoles el frente Capitán Parmenio del Eln, cuando anunció que conoce la identidad de los jefes paramilitares e incluso de algunos militares que los apoyarían.
El alcalde Elkin Bueno Altahona, quien se encontraba de licencia porque su esposa había dado a luz el miércoles, de inmediato reasumió el cargo e invitó a la población a manifestar pacíficamente su dolor.
La militarizada refinería de Ecopetrol implementó su plan de emergencia, consistente en que el personal directivo apoya la producción, para que el suministro de combustibles no se paralice.  A raíz del paro de hace 15 días en protesta por la violencia paramilitar, en ciudades como Bogotá se formaron largas colas en las estaciones surtidoras y escaseó la gasolina.
 

La primera madrugada de llanto en Barranca
Bogotá
El domingo 17 de mayo el puerto petrolero de Barrancabermeja amaneció estremecido por la incursión, la noche anterior, de un grupo paramilitar que asesinó a 11 personas y se llevó cautivas otras 25.
Los “paras” ?cerca de 50 hombres fuertemente armados? llegaron en cuatro camionetas a los barrios El Campestre, 9 de Abril, María Eugenia, Villarelys II, El Campín, El Paraíso y La Tora, ubicados en las zonas suroriental y nororiental de la ciudad, y a la vereda Patio Bonito, donde entre las ocho y las once de la noche sembraron el terror y la desolación.
Los testimonios de los familiares de las víctimas fueron dramáticos: “Ellos llegaron al barrio María Eugenia ?donde se realizaba un bazar popular destinado a la recolección de fondos para celebrar el Día de la Madre? con unas personas encapuchadas que fueron las encargadas de señalarles a quiénes se debían llevar. De allí sacaron varios jóvenes, y dos que se resistieron a subir a las camionetas fueron asesinados de inmediato, uno de ellos fue degollado con un machete”, narró un familiar que estaba en el lugar.
Lo inexplicable de la masacre es que la Policía y el Ejército estuvieron haciendo presencia en la zona minutos antes de los hechos.
Las patrullas de la Policía que buscaban a un suboficial de la Armada Nacional que había desaparecido fueron hostigadas hacia las ocho de la noche en la zona suroriental. Posteriormente entró el Ejército y también fue recibido a plomo resultando herido un soldado. Pero nadie se percató de los paramilitares, quienes entraron y salieron de uno de los sectores más difíciles del puerto petrolero sin ningún tipo de resistencia.
Una semana de tensión
El desconcierto y el caos se apoderaron del puerto petrolero. Los habitantes de Barrancabermeja, liderados por la Unión Sindical Obrera (USO), se lanzaron el lunes 18 de mayo a un paro cívico de 48 horas en protesta por lo sucedido.
El martes fueron sepultadas las últimas cinco víctimas en medio del llanto y dolor de sus familiares, y del repudio nacional, porque ese día (19 de mayo) se desarrolló en todo el país la Jornada Nacional por la Paz, en homenaje al primer aniversario del homicidio de los investigadores del Cinep Mario Calderón, Elsa Alvarado y el padre de esta última, Carlos Alvarado.
Ese mismo día se presentaron varios disturbios y un tiroteo entre la fuerza pública y supuestos milicianos de la guerrilla que dejaron como saldo una persona muerta.
El desespero e incertidumbre de las familias por la ausencia de sus seres queridos era mayor y la semana del 18 al 23 de mayo terminó en medio de una tensa calma por una posible alteración mayor del orden público en ese municipio.
Las súplicas y los rezos para que sus parientes regresaran a casa vivos y sanos, como se los llevaron, no fueron tenidos en cuenta por los paramilitares y ahora vendrá el otro drama en el proceso de identificación de los cuerpos calcinados.

El pueblo exige resultados
La Coordinadora Popular, la organización que lleva la vocería de la comunidad barrameja, inconforme con la actitud y las promesas del Gobierno nacional, le formuló ayer una serie de exigencias al presidente Ernesto Samper Pizano, que comprenden las garantías para que la Cruz Roja Internacional pueda llegar hasta el lugar donde se encuentre la fosa común donde están los 23 cadáveres incinerados por los paramilitares, y que allí se levante un monumento en memoria de las víctimas.
También lo conmina a que a través de la Fiscalía General de la Nación, se aceleren las investigaciones y que los culpables sean llevados ante los tribunales de justicia.
La Coordinadora Popular le pide al Gobierno las garantías suficientes para que el pueblo pueda organizar sus jornadas cívicas de protesta, así como para la integridad de los familiares de las víctimas, quienes deberán ser indemnizadas económicamente.
Por último, solicitan que una comisión del Gobierno se haga presente hoy en el puerto petrolero para que le de la cara al pueblo. Según se anunció en Bogotá, hoy arribará a Barrancabermeja el ministro del Interior, Alfonso López Caballero, quien deberá comprometerse a atender esta delicada situación.
La ciudadanía recibió con escepticismo el nuevo anuncio de Samper, quien ayer, como cuando estuvo en Barrancabermeja la semana pasada, declaró que el Gobierno pondrá todo lo que esté a su alcance para esclarecer los hechos, encontrar a los responsables y castigarlos.
 

El Espectador, junio 5 de 1998

Ante la aguda situación que viven los municipios del bajo Putumayo, debido al paro armado decretado por la Farc en esa zona del país hace una semana, el gobernador del departamento, Jorge Devia Murcia, el Comité Putumayense por la Vida y el presidente Ernesto Samper se reunieron ayer en Bogotá para encontrarle una salida a la crisis.
En la reunión, los habitantes del departamento que desde hace una semana se tomaron las instalaciones en Bogotá de la Defensoría del Pueblo, Ministerio del Interior, el Plante, Episcopado y la Oficina del Plan Sur, denunciaron ante el Gobierno la grave situación de derechos humanos del Putumayo.
Los miembros del Comité de Putumayenses por la Vida le manifestaron al presidente que los grupos paramilitares de la región operan con la complicidad de la fuerza pública, como lo han denunciado en varios foros y mesas de trabajos.
En concreto, los representantes del comité entregaron al primer mandatario “un documento atribuido a la Brigada 24 del Ejército”, y en el cual “aparecen organizaciones sindicales sindicadas de ser organizaciones subversivas”, según el acta de la reunión celebrada en la Casa de Nariño.
Luego de escuchar a los putumayenses, el presidente Samper reiteró que ordenará de manera inmediata las investigaciones respectivas de la Justicia Penal Militar y las otras que sean necesarias para esclarecer los hechos denunciados por el Comité.
Samper se comprometió también a activar la conformación e impulso de dos comisiones. La primera será una comisión para el seguimiento y evaluación de los procesos de investigación sobre las denuncias, y la otra una Comisión por la Defensa de la Vida, para garantizar la integridad y seguridad personal de los habitantes del Putumayo.
Paro armado
Con el encuentro entre el Gobierno y la Comisión de Putumayenses por la Vida, se espera ahora que el paro armado decretado por el frente 32 de las Farc sea levantado.
El secretario de Gobierno del Putumayo, Guillermo Rivera Flórez, dijo a este diario que los municipios más perjudicados por el paro son los de La Hormiga, Puerto Asís, San Miguel y Orito.
El funcionario confirmó que la escasez de víveres en esas poblaciones ha generado especulación en los precios de los alimentos básicos y que los actividades comerciales se encuentran paralizadas por la falta absoluta de transporte intermunicipal.
El paro armado fue ordenado por el frente 32 de las Farc el jueves de la semana pasada, y fue acatado por los transportadores para no ver quemar sus vehículos.

“Presencia de grupos criminales es evidente”
La administración pública de Orito, una de las poblaciones más afectadas por el paro armado del bajo Putumayo, envió una carta al presidente Ernesto Samper donde informa al primer mandatario sobre la grave situación de orden público que viven en esa parte del territorio colombiano.
En la misiva, firmada por el alcalde y todos los secretarios, se advierte: “La presencia de grupos criminales que vienen sembrando el terror y la muerte en el departamento del Putumayo son un hecho evidente, producto del cual han ocurrido las muertes selectivas que son de público conocimiento”.
Las autoridades de Orito se muestran además preocupadas por el trato dado a los campesinos del Putumayo que llevan una semana en cinco entidades gubernamentales en Bogotá, con el fin de protestar por la presencia paramilitar en la región.
“Nos preocupa sobremanera el hecho de que estos delegados sean obligados a permanecer en condiciones infrahumanas que son precisamente las causales de nuestros grandes males”, concluye el documento.
Para el gobierno municipal de Orito, la solución al conflicto generado por el paro armado estaba en manos del Presidente, que ayer se reunió con la Comisión enviada a Bogotá para denunciar la ola de violencia.
 

DEPARTAMENTO INTERNACIONAL

Asediados por el militarismo, 400 campesinos del Putumayo adelantan tomas en Bogotá

Cerca de 400 campesinos del departamento del Putumayo permanecen desde el jueves 28 de mayo en las instalaciones de la Defensoría del Pueblo en Bogotá demandando del gobierno soluciones concretas a la dificil situación de orden público que se vive en esta región del sur del país ante la presencia y el accionar de grupos paramilitares.
Voceros de los putumayences manifestaron que la decisión de trasladarse a la capital de la República se tomó ante la gravedad de la situación y el desinterés de las autoridades departamentales y nacionales frente a sus reiteradas quejas.  También insistieron en que no regresarán a sus sitios de origen hasta tanto el gobierno los escuche y se comprometa con medidas reales que conduzcan a la erradicación del paramilitarismo en la región.
En un documento dirigido al presidente Ernesto Samper señalan que la presencia de estos grupos en el Putumayo es un hecho conocido públicamente pese a la insistencia de los mandos castrenses y las autoridades militares y de policía por negarlo consintiendo su accionar. También indican que a partir de la denuncia (febrero de 1998) del alcalde de Puerto Asis, Nestor Hernández, sobre la presencia de los paramilitares en el Putumayo se vienen registrando muertes selectivas, sin que hasta el momento el gobierno haya tomado cartas en el asunto. Actualmente existe el temor de que se registren masacres como en otras regiones del territorio nacional.

Llegaron en un avión de la Fuerza Aérea
Los campesinos del Sur indican en su mensaje al primer mandatario que este problema se viene dando desde finales de 1987 cuando llegaron los “masetos” para masacrar a la población civil con la complicidad de los capitanes Cepeda y Galvis, comandantes de la policía de Puerto Asis. Recuerdan el terror que vivió el Putumayo a comienzos de la presente década cuando Elias Carvajal, alias “El Seis”, con sus hombres asesinaron a cientos de habitantes de la región en su accionar de todas las noches.
Mencionan el caso de otro paramilitar: “Pablito”, quien hizo de las suyas en Puerto Asis provocando la reacción del pueblo y su deseo de hacer justicia por su cuenta, al punto de que el mencionado sujeto tuvo que ser sacado escoltado por la policia del lugar. En su reseña citan otros casos como los registrado a comienzos del presente año:
“El 6 de enero llegó un grupo de paramilitares en un avión de la Fuerza Aérea a Puerto Leguísamo donde abordaron un helicóptero del ejército y luego fueron llevados en canoas escoltadas por las lanchas pirañas de la Fuerza Naval del Sur hasta Maratua, Sabanoyargo y Esperanza, sobre le río Putumayo. Este grupo, al mando de alias Gustavo Gómez, ha asesinado a campesinos e indígenas, ha obligado el desplazamiento de moradores de la la zona y viene anunciando masacres en Puñuña Negro, Puerto Vega, Puerto Ospina y Puerto Asis, entre otros”.
     Otro grupo entró vía terrestre por Mocoa ubicándose en el hotel Capri de Puerto Asis, a escasos metros del comando de Policía, donde tenían el centro de operaciones para fraguar los asesinatos bajo la celosa protección del Ejército y la Policía.
     El 3 de mayo, en el marco de la celebración del aniversario de Puerto Asis quedó al descubierto el maridaje antre los organismos de seguridad del Estado y los paramilitares cuando en la misma mesa departían fraternalmente militares y paramilitares.

Samper fue informado
Además, los dirigentes de la movilización hicieron un recuento de las diferentes ocasiones en que han denunciado estos hechos citando algunas de ellas:

     El 15 de febrero de 1997 en reunión con el Presidente Samper se informó sobre el plan paramilitar para el Putumayo: El gobierno se comprometió a tomar medidas pero a la fecha no ha hecho nada.
    En mayo de 1997 durante la realización de un Foro en Puerto Asis se denunció nuevamente el mencionado plan. El gobierno se comprometió a tomar medidas pero a la fecha no ha hecho nada.
     El 29 de abril de 1997 se celebró un consejo de seguridad en Puerto Asis con el fin de estudiar la situación generada tras las amenazas de muerte contra los alcaldes de Orito y Puerto Asis. Ante la denuncia del ex alcalde de Puerto Asis, Enciso Galvis (Q.E.P.D.) la Policía y el Ejército asumieron el compromiso de alenatar investigaciones y detener a los miembros de estas organizaciones criminales pero a la fecha no se ha hecho nada.
     El 4 de diembre de 1997 en reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Puerto Asis fue denunciado el plan de grupos paramilitares de apoderarse del departamento del Putumayo. Dias después el el Mayor Mejía, adscrito a la Brigada XIV, propuso definir una posción frente al problema de la violencia, porque según él lo que se venía era peror que los simples rumores.
     En enero de 1998 fue denunciado ante los Consejeros de Paz, Daniel García-Peña y José Noé Ríos, la Oficina de las Naciones Unidas en Colombia y organizaciones no gubernamentales la presencia paramilitar en el departamento y el conocimiento de los hechos por parte de los organismos de seguridad.
     En febrero del presente año el alcalde de Puerto Asis, Nestor Hernández, denunció publicamente los asesinatos selectivos que en menos de15 días sumaban más de 35 víctimas.  Altos oficiales, encadezados por el propio ministro restaron importancia a la denuncia pero han seguido los asesinatos, los desplazamientos, las amenazas y las intimidaciones.
Pese a la gravedad de las denuncias los putumayences que se encuentran en Bogotá no han encontrado respuesta a sus denuncias.  Por ello, y auque la movilización y la toma de la Defensoría del Pueblo en Bogotá se califique simplemente como la causa de un posible problema sanitario ellos están dispuestos a no desalojar el lugar hasta conseguir su objetivo: la erradicación del paramilitarismo y la paz para el Putumayo.
 

Medellín, martes 2 de junio de 1998

Por ELISABETH UNGAR BLEIER Y ANDRÉS DÁVILA LADRÓN DE GUEVARA
El resultado global de los comicios del 31 de mayo muestra una ceñida victoria del candidato liberal Horacio Serpa Uribe sobre Andrés Pastrana Arango y una muy importante votación de la candidata de Opción Vida, Noemí Sanín.
Estos resultados, que dejaron maltrechos los vaticinios de los encuestadores, se configuraron de manera muy diferente en las regiones.  ¿Dónde y cómo consiguió Horacio Serpa recortar la diferencia de que hablaban las encuestas previas? ¿Dónde y cómo se constituyó el fenómeno electoral de Noemí Sanín? ¿En qué lugares Andrés Pastrana mantuvo la ventaja prevista y en cuáles perdió frente a Serpa y frente a Noemí? A continuación se hace un examen de lo que sucedió en las distintas regiones del país y se compara con lo sucedido en la primera vuelta de 1994 para tener, al menos, este mínimo referente histórico en la perspectiva de intentar una mínima respuesta a lo sucedido.

El voto de opinión en las grandes ciudades
El voto de opinión fue uno de los fenómenos más significativos de la contienda electoral del domingo. Los cerca de 2.8 millones de votos obtenidos por la candidata Noemí Sanín (27% del total) ayudan a explicar la disminución de la abstención, pero también llaman la atención sobre el voto independiente. Este representa a un electorado independiente, volátil, sin vínculos partidistas fuertes y que tiende a votar motivado por factores relacionados con la coyuntura política.
Por las características socioeconómicas y culturales de los grandes centros urbanos, es en ellos donde el voto de opinión se expresa con mayor fuerza.  Las elecciones de ayer no fueron una excepción. En Bogotá por ejemplo, Noemí obtuvo el 41% de los sufragios, en Medellín el 45%, en Cali el 38% y en Cartagena, Bucaramanga y Barranquilla, el 28%, el 25% y el 20% respectivamente. Sobre todo en las tres primeras, esto refleja un desafecto hacia los partidos tradicionales y la búsqueda de opciones diferentes. En otras palabras, la creciente pérdida de capacidad de las dos colectividades históricas de responder a las expectativas del electorado. Adicionalmente, en la capital seguramente influyó la presencia del exalcalde Mockus como fórmula vicepresidencial de Noemí.

Los sacrificados del voto de opinión
Pero ¿quienes fueron los mayores sacrificados con el incremento del voto de opinión en estas ciudades? En Bogotá, Serpa y Pastrana disminuyeron su caudal electoral en proporciones similares (17.61% y 15.47% respectivamente). Sin embargo, dadas las características de la campaña pastranista, y teniendo en cuenta que dos de las grandes triunfadoras en las elecciones de marzo, Ingrid Betancourt y María Isabel Rueda, adhirieron al candidato conservador, no era demasiado aventurado esperar una votación mayor.
Igualmente sorprendentes son los resultados de Medellín, donde en 1994 Pastrana superó a Samper por 74.464 votos. El domingo, liberales y conservadores disminuyeron su votación con relación a 1994 en 21.51% y 19.14% respectivamente, pero sin duda el costo político parece haber sido mayor para los segundos, por tratarse de una ciudad de mayorías conservadoras y por la alta votación obtenida por el senador Fabio Valencia Cossio en marzo.
Los resultados de Cali y Bucaramanga muestran conclusiones contrastantes.  Mientras que en la primera los liberales disminuyeron en 25.51% su caudal electoral y los conservadores sólo en 5.83%, en la segunda los conservadores bajaron 14.83% y los liberales 3.58%.

Las miradas hacia la franja independiente
Lo que muestran todas estas cifras es que el voto de opinión desempeñó un papel muy importante en la definición de los resultados electorales del domingo. A la luz de la segunda vuelta, los candidatos muy seguramente van a dirigir buena parte de sus esfuerzos a ganar adeptos entre esta franja de electores independientes.
Sin embargo, su comportamiento no es fácilmente predecible y menos aún cuando nuevamente quedó demostrado que los votos no son endosables. Este factor de incertidumbre se hizo aun más evidente al conocer la decisión de Noemí Sanín de dejar en libertad a sus seguidores para la segunda vuelta.

El Espectador, junio 5 de 1998

Gobierno debe sacar a los “paras”: obispo

Putumayo seguirá sumido en la violencia hasta cuando el Gobierno decida sacar de este territorio a los paramilitares que, como lo denunció el alcalde de Puerto Asís, Néstor Iglesias, llegaron en helicópteros del Ejército a principios del presente. Así lo afirmó el obispo de Sibundoy, Favio de Jesús Morales, en entrevista con este diario.
El vicario apostólico de la jurisdicción eclesiástica de Putumayo criticó también severamente el proyecto de desarrollo alternativo Plante, al que calificó como “un cuento que ya no convence a nadie”, sino que, por el contrario, se ha convertido en símbolo del despilfarro de la burocracia oficial y del incumplimiento.
El alto prelado, al referirse a la situación actual de la región, manifestó que el paro armado es la continuación del que se suspendió la Semana Santa pasada, gracias a su intervención y la de los párrocos de la zona.
Monseñor Morales recordó que hasta ahora no se ha cumplido ni una mínima parte de lo que se estableció en el Acuerdo de Orito sobre inversión social, electrificación, vías, subsidios y créditos a largo plazo para remplazar cultivos ilícitos.
“No me cansaré de insistir en la necesidad de que el Gobierno debe exigir el retiro de los paramilitares o llevárselos de la misma manera como se dice que arribaron hace algunos meses al terminal aéreo de Puerto Asís”, afirmó el obispo.
El prelado hizo votos por el éxito de la comisión de líderes de la comunidad putumayense que se encuentra actualmente en Bogotá para demandar soluciones concretas contra la ola de violencia.
 

Medellín, miércoles 3 de junio de 1998
EL COLOMBIANO
Según The New York Times
Ayuda de E.U. a Colombia es para combatir a la guerrilla

Por AFP Nueva York
Por temor “al creciente poder de la guerrilla”, Estados Unidos está incrementando su apoyo militar a Colombia, aunque insiste en que no quiere intervenir en el conflicto interno de ese país, afirmó ayer The New York Times en un largo artículo de primera página.
Según el periódico, Washington dice que la ayuda a Colombia -la más alta recibida por un país de la región- está destinada a “frenar el flujo de drogas”, pero en realidad se orienta cada vez más hacia el combate contra la guerrilla.
El “equipo y entrenamiento militar” norteamericano busca apoyar las “deficiencias de táctica, de movilidad y de capacidad de fuego de los militares colombianos, en vez de respaldar el combate contra el narcotráfico”, dijo el diario, que cita a altos funcionarios estadounidenses.
Para hacer frente a una serie de victorias rebeldes, algunas de ellas “devastadoras”, los “generales de Estados Unidos se han embarcado en un ambicioso esfuerzo para reorganizar el ejército de Colombia”, sostuvo The New York Times, en su nota de más de una página.
De acuerdo con las fuentes citadas por el diario, el gobierno de Bill Clinton examina opciones que incluyen “entrenamiento militar y equipo más sofisticado”, así como la creación de un “centro de inteligencia” que “sería administrado por estadounidenses, en terreno colombiano”.

Gasto moderado
Sin embargo, “comparado con los miles de millones de dólares que Estados Unidos dió a Centroamérica en la década del 80, el centenar de millones que Washington gasta en Colombia sigue siendo relativamente modesto”, anotó el periódico.
Pero “esta situación podría cambiar”, ya que el gobierno ha empezado a describir a Colombia, y la supuesta alianza entre la guerrilla y los narcotraficantes, como un “grave riesgo estratégico”, que amenazaría con desestabilizar a “Venezuela y sus campos de petróleo, y a Panamá con el Canal, vital para Estados Unidos”, agregó el rotativo neoyorquino.
El diario percibe el “creciente debate” en el seno del gobierno de Clinton en torno a una mayor implicación militar en Colombia, estimando que la discusión se da en un “momento político particularmente delicado”, en vísperas de la elección del nuevo presidente colombiano.
Sobre este debate ronda “el fantasma de Centroamérica”, dijo el periódico, subrayando los numerosos casos en que unidades colombianas que recibieron entrenamiento antidrogas de parte de Estados Unidos fueron luego “vinculadas a serias violaciones de derechos humanos” en la lucha contra la guerrilla.
Pero la estabilidad de Colombia “es una responsabilidad a la que Washington no puede escapar”, alegan los funcionarios que defienden una mayor participación militar y que afirman que “Estados Unidos está casado con Colombia de por vida”.
 

Medellín, martes 2 de junio de 1998

POR HERNANDO LONDOÑO JIMENEZ
Todo mundo se escandalizó cuando el entonces Gobernador Alvaro Uribe Vélez sentó la extravagante tesis de que el señor Werner Mauss y su esposa se encontraban en flagrante delito de secuestro extorsivo de la señora alemana Brigitte Schöene, cuando los tres se hallaban en el aeropuerto José María Córdoba para tomar un vuelo cuyo destino final era Alemania. Tan burda y perversa teoría jurídica la hizo valer para que los esposos Mauss fueran capturados y acusados de dicho delito ante la justicia regional. Y desde entonces, agotó en su contra todo el léxico insultante para señalarlos ante el mundo como unos desalmados criminales, como unos bandidos internacionales que en nuestra patria andaban de aliados con los guerrilleros para el secuestro de ciudadanos extranjeros y luego participar del producto del delito. Hasta se fue al Congreso de la República para orquestar un debate contra el señor Werner Mauss, mostrándolo desde allí como un siniestro criminal que para cometer sus delitos simulaba estar cumpliendo misiones humanitarias.
Y ahora que con toda razón se les hizo justicia al declararlos plenamente inocentes de los delitos imputados, vuelve el doctor Uribe Vélez, desde su escondite en el extranjero, a llenar su boca de injurias contra unos inocentes, a expresar su indignación por el fallo favorable de la justicia, y a repetir contra el señor Mauss todas las calumnias con que lo cubrió cuando gobernaba nuestro Departamento. Y que en este caso abusó de su autoridad, lo comprueba la investigación penal en su contra por haber promovido, en forma arbitraria, violando todas las leyes, la captura de los esposos Mauss.
Por la autoridad que nos da el ser parte dentro de dicho proceso y conocer en detalle y profundidad sus miles de folios, podemos también acusar públicamente al energúmeno ex Gobernador. No hay derecho a que dadas las jerarquías que ha ostentado se atreva a insultar la justicia colombiana diciendo, con motivo del fallo favorable a los esposos Mauss, que “es imposible garantizar la paz si la financiación de la violencia se asimila a acciones humanitarias”. Es un hombre que, por ofuscado, no razona, que por altanero, se niega a mirar la verdad, que por violento, se empecina para no mirar el camino de la paz. Ese camino que él mismo minó, ese proceso de paz que él en su intrepidez temperamental interrumpió brusca e irresponsablemente, porque más que sus palabras llenas de odio y calumnia contra los absueltos, valen los miles de folios de una investigación que firmemente ratificó que los esposos Mauss estaban en un proceso de paz con el E.L.N., con el beneplácito de los gobiernos alemán y colombiano. Se iba a pactar un cese al fuego, ¡pero el iracundo Gobernador hizo encarcelar a quienes lo propiciaban!
De pronto tienen razón el señor Werner Mauss y sus defensores, al decir que tanta insolencia del ex gobernador fue porque los acusados lograron la liberación de la secuestrada, sin cobrar ellos, ni pagar su familia, un solo centavo.

Medellín, martes 2 de junio de 1998
EL COLOMBIANO
Mañana la convocan
Asamblea Regional de Paz en Antioquia

La Arquidiócesis de Medellín avanza en la convocatoria de la Asamblea Regional por la Paz, que se llevará a cabo el 16 y 17 de julio próximos.
Como antesala a esta cita se adelantó en la ciudad el Encuentro Regional de Iniciativas por la Paz, que se realizó en la UPB, el 31 de marzo y 1 de abril, en el cual participaron 150 representantes de más de 60 organizaciones e instituciones de los departamentos de Antioquia y Chocó.
“Resultado del Encuentro es la convocatoria a integrar la Asamblea por la Paz en Antioquia, proceso que se articula a la propuesta de Asamblea Nacional Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, promovida de manera conjunta por la Comisión Nacional de Conciliación y otras iniciativas ciudadanas de paz, y cuyo acto de instalación se cumplirá en Bogotá el 30 y 31 de julio y el 1 de agosto”.
A las nueve horas de mañana, la Arquidiócesis de Medellín realizará una rueda de prensa mediante la cual presentará a los medios de comunicación la convocatoria

Medellín, martes 2 de junio de 1998
EL COLOMBIANO
Desde hoy en todo el país Suramericana y Policía, unidos por el orden social

Empresa privada acepta su compromiso como generadora de paz

A las 11:00 de la mañana de hoy en el auditorio de las Empresas Públicas de Medellín, el director de la Policía Nacional, general Rosso José Serrano Cadena, y el presidente de Suramericana S. A., Nicanor Restrepo Santamaría, firmarán un acuerdo de cooperación institucional tendiente a recuperar el orden social en todo el país.
Con este convenio, el alto oficial de la institución armada y el representante del Grupo Suramericana se comprometen a desarrollar una campaña que busca concientizar al ciudadano colombiano sobre su responsabilidad con la ciudad y el entorno.
Según voceros oficiales de la empresa aseguradora, el programa de “Seguridad y Convivencia ciudadana” compromete tanto a la Policía Nacional como al Grupo Suramericana a generar climas de convivencia pacífica.
El acuerdo involucra, además, a diversas empresas filiales del grupo en todo el país, entre ellas las del sector financiero, seguros, seguridad social, productos alimenticios y textiles con campañas publicitarias dirigidas al público interno de cada entidad y a la ciudadanía en general.

Compromisos
Para el desarrollo de este proyecto, Suramericana conformó un grupo de personas de alto nivel, que incluye a presidentes, vicepresidentes y gerentes de las compañías filiales, para cooperar con la Policía Nacional en el desarrollo de una mayor sensibilización y compromiso de los empleados de las mismas.
Lo que se pretende, según fuentes del departamento de comunicaciones de Suramericana, es fomentar al interior de las compañías del Grupo conductas cívicas y solidarias en los directivos, empleados y sus familias. Para este fin se diseñará y pondrá en marcha un plan de promoción que promueva el respeto y el acatamiento de las normas de la Policía Nacional.
De otro lado, ese organismo busca con esta iniciativa vincular a la empresa privada para que participe con responsabilidad en procesos que aseguren un clima de paz, seguridad y convivencia en las comunidades donde esté presente.

Estrategias
El general Ramón Tarsicio Jaimes Zamudio, comandante de la Policía Metropolitana del Valle del Aburrá, precisó que las estrategias diseñadas para la comunidad implicará tres procesos: de sensibilización en conciencia ciudadana, formación de multiplicadores en prácticas cívicas y un concurso del barrio o la zona más segura y cívica.
“En lo que al público interno de las empresas se refiere, las dependencias de comunicaciones incluirán en sus medios de información conceptos básicos de limpieza, tránsito, vecindad y buenas maneras, como soporte para el éxito de la campaña”, explicó Jaimes Zamudio.

Medellín, jueves 30 de julio de 1998
EL COLOMBIANO
Política
“Para qué disculpas, si no hay castigo”
El Estado reconoció cinco violaciones de derechos humanos

La masacre de Villatina conmocionó a Medellín, pues la mayoría de víctimas
eran menores de edad y miembros del grupo juvenil de la parroquia del barrio. Tras ella surgió la Mesa de Trabajo por la Vida y un fuerte movimiento de defensa de la dignidad humana. A esos muchachos, aún no se los olvida.
Por DIANA LOSADA CASTAÑO EL COLOMBIANO-Santafé de Bogotá

     “Yo sí me arrimé y le dije: mire, no quedé contenta con sus disculpas. Yo quiero que se haga justicia con el asesinato de mi Johana y los otros muchachos. El Presidente me contestó que haría lo posible y se tomó una foto con mi Johana”.
 
    La mamá sostiene la fotografía de su niña en la mano, mientras repite que las 9 familias del barrio Villatina, de Medellín, llegaron a Bogotá a las 8:30 de la mañana para recibir unas disculpas simples del jefe de Estado.
 
    Otra madre atina a decir que cuando recibió la tarjeta de invitación a este homenaje sintió rabia. “Qué más puede sentir uno si los asesinos de nuestros hijos están libres”. Esta expresión resumió ayer el sentimiento de familiares que le reclaman al Estado la reforma del Código Penal Militar, para que en nombre del fuero no sigan quedando libres e impunes las matanzas y los asesinatos provocados por policiales y militares.

Nada nuevo
 A pesar de todo el dolor de las familias presentes, el Presidente Samper se limitó a disculparse y a reencauchar su discurso del 20 de julio, que en esta oportunidad le sirvió para volver a repetir qué leyes y convenios sobre derechos humanos firmó durante sus cuatro años de gobierno.

     “Les pido disculpas”, dijo Samper... Disculpas porque las Fuerzas Militares asesinaron el 7 de abril de 1991 a 17 campesinos en el corregimiento de los Uvos, Cauca. Disculpas, por los 20 indígenas paeces caídos en la Hacienda El Nilo, Cauca, el 16 de diciembre de 1991. Disculpas, por Faride Herrera y Oscar Iván Andrede, quienes viajaban de Cúcuta a Ocaña, el 13 de abril de 1992. Disculpas, por el asesinato de Roison Mora Rubiano, de 16 años, en Bogotá, el 22 de junio de 1993. Disculpas, por los ocho menores de edad y un adulto, baleados en Villatina, el 15 de noviembre de 1992.

Desagravio
 Estas disculpas fueron ofrecidas como acto de desagravio y reconocimiento de la responsabilidad del Estado en los cinco casos anteriores, que se tramitan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dada la imposibilidad de encontrar justicia en Colombia. Cuatro de ellos pasaron por la justicia penal militar en el país, quedando absueltos los militares responsables.
 
    Con respecto a Villatina, a seis años de la matanza, todavía no se ha juzgado ni condenado a los culpables, miembros de la Sijin, organismo adscrito a la Policía.
 
    Por eso, los familiares no pudieron más que contener la desazón que les provoca saber que tras las disculpas no pasa nada. “Porque cuando los militares se juzgan a sí mismos: siempre se sienten inocentes. Así maten a niños, jóvenes o campesinos. Y mientras se sigan juzgando así los crímenes, Colombia no tendrá justicia, por eso las disculpas del Presidente duelen y no significan mucho”, dijo una persona que sigue aguardando castigo para los homicidas de su hermano.
 

EL ESPECTADOR JUEVES 16 JULIO 1998
PROPÓSITO NACIONAL DE PAZ
Puerta del Cielo, camino de la paz

Aunque el entendimiento prevaleció, no faltaron los altibajos. EL ESPECTADOR presenta el texto completo del acuerdo de Mainz.
Tal como los grupos de justicia privada mantienen divido al país, entre vivos y muertos, entre desplazados y asentados, entre colaboradores y enemigos ideológicos, el tema tendió una brecha en el acercamiento que hasta ayer se había logrado en el encuentro de Mainz entre el Eln y la sociedad civil.
Ese fue el peor escollo que tuvieron que superar los participantes en la mesa de conversaciones.
Los protagonistas: el tercer comandante del Eln, Pablo Beltrán, y el presidente de Fedegán, Jorge Visbal Martelo.
Según trascendió ayer, el representante del gremio de los ganaderos se negaba a incluir en la declaración final y a contemplar durante las conversaciones, una condena contra los grupos de justicia privada que operan especialmente en la zona norte del país, donde se extiende esta actividad agropecuaria. La tesis de Visbal giró en torno a que los paramilitares son una respuesta casi obvia a la acción de la guerrilla, aunque no citó a un grupo en particular, en contra de los hacendados a través de prácticas como el secuestro, el boleteo y la extorsión.
La postura radical de Visbal exasperó los ánimos de Beltrán, quien sacó a relucir la financiación de los grupos paramilitares por parte de varios sectores de la sociedad. Finalmente, el procurador Jaime Bernal y otros invitados al encuentro lograron calmar la situación y el presidente de Fedegán terminó cediendo a que se incluyera el rechazo con la condición de que el tema fuera estudiado con mayor detenimiento en la Convención Nacional, convocada para octubre.
Otro momento crítico se sintió cuando por exigencia de Pablo Beltrán, el alto comisionado para la paz, Daniel García?Peña, fue excluido de participar en las conversaciones. La situación se tornó especialmente tensa si se tiene en cuenta que fue la propia oficina del comisionado, la que financió buena parte de los pasajes aéreos y el hospedaje de muchos de los invitados, a excepción de los que viajaron a nombre de los gremios.
El pasaje sobre la negativa del Eln de entrevistarse en Europa con el presidente electo, Andrés Pastrana, pasó prácticamente desapercibido pues los comisionados entendieron que se trataba de un asunto de exclusiva órbita de la jefatura del Eln.
No obstante, varios representantes de la sociedad civil trataron infructuosamente de lograr un encuentro.
El hermetismo guardado durante los tres días del encuentro indispuso también a varios delegados, para quienes el país tenía derecho a conocer los detalles en que se iba resolviendo la conversación. La Iglesia alemana había sido enfática: si colaboramos con la logística, ponemos las condiciones, nadie puede hablar con la prensa. Por ello se había preparado la conferencia, a la que sólo asistieron Pablo Beltrán, el padre Jorge Martínez, el procurador Bernal y Sabas Pretelt.

La participación de la sociedad civil
La primera alusión puntual del acuerdo de Puerta del Cielo, hace referencia al papel que juega la sociedad civil en el proceso de paz que se inició ayer.
Durante horas, desde el domingo, una de las grandes inquietudes en los representantes del Ejército de Liberación Nacional, giró en torno a la definición de lo que realmente representa la sociedad civil. Finalmente se aceptó que la representación que viajó a Mainz integra la mayoría de los sectores de la misma, pero se observa necesario aumentarla. Señala el acuerdo:
“2.  Reconocer y patrocinar la actuación permanente de la Sociedad Civil para conseguir la culminación del Proceso de Paz.
3. Propiciar un mayor trabajo en la investigación y propuestas sobre temas de Paz que busquen cambios estructurales o parciales en la vida de la Nación.
4. Provocar encuentros con distintos sectores para consolidar lo conseguido en el Proceso de Paz.
5. Promover la proyección del espíritu de este documento ante el Gobierno y continuar la acción en favor de la paz con la colaboración de la comunidad internacional.
6. Facilitar encuentros del gobierno con las comandancias del Eln y Epl. Al mismo tiempo, promover una reunión de quienes firman este acuerdo con la comandancia de las Farc, de la CGSB y de otros actores de la guerra. En ese sentido, saludar como valioso para el futuro de la paz el encuentro del presidente electo Andrés Pastrana Arango con la comandancia de las Farc.
7. Ponemos al servicio del gran movimiento nacional inspirado en el Mandato por la Paz, y que en procura del final de la guerra ha surgido en todo el país, promoviendo su ampliación y consolidación en eventos tales como la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la paz.
8. Procurar que la sociedad civil facilite y busque espacios con el Gobierno para exigir el cumplimiento de las garantías políticas y libertades ciudadanas amparadas por la Constitución en cualquier lugar del país.”

La humanización de la guerra
9. Condenar acciones hostiles y masacres de civiles financiadas desde distintos sectores y que se acrecientan por omisión o acción de algunos agentes del Estado.
10. El Eln se compromete a suspender la retención o privación de la libertad de personas con propósitos financieros, en la medida en que se resuelva por otros medios la suficiente disponibilidad de recursos para esa organización, siempre que mientras culmina el proceso de paz con este grupo no se incurra en su debilitamiento estratégico.
También, a partir de hoy (ayer), cesa la retención de menores de edad y de mayores de 65 años, y en ningún caso se privará de la libertad a mujeres embarazadas.
11. Exigir la superación real de la impunidad de crímenes de lesa humanidad, tales como las desapariciones forzadas, las masacres, el genocidio y la tortura, que responda integralmente al espíritu del ordenamiento internacional sobre la materia.
12. Con base en los conceptos de la ONU, estar atentos a que no se prorrogue la vigencia de la justicia regional más allá del actual mandato legal. Del mismo modo, se insistió en la urgencia de recuperar para la justicia su eficacia, prontitud, imparcialidad y garantías procesales.
13. En cuanto al grave problema de desplazados forzosos, fomentaremos y apoyaremos su organización e interlocución para la defensa de sus legítimos intereses y necesidades, en especial el retorno seguro, la titulación de tierras si fuere pertinente y su desarrollo integral y el de sus regiones.
14. Con el fin de sustraerlos de los ataques de los actores armados se procederá, con el liderazgo de la sociedad civil y la coordinación de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, a la identificación y demarcación de todos los bienes protegidos por el DIH, tales como acueductos y represas, escuelas, centros de salud humana y animal, hospitales, centros y medios de abastecimiento de la población civil; ambulancias, bomberos y vehículos de socorro; vehículos, naves y aeronaves de uso civil que no estén siendo utilizados en tareas militares; campañas de higiene humana, animal o de interés social; centros educativos, deportivos, culturales, recreacionales y para el culto religioso; infraestructura de transmisión eléctrica con destino a la población civil e instalaciones que contengan fuerzas peligrosas, como aguas represadas o material nuclear.
15. El Eln reafirma su acogimiento unilateral a las recomendaciones hechas por Amnistía Internacional para el movimiento insurgente en su informe de 1994 sobre Colombia.
Tales recomendaciones cuyo cumplimiento confirma son:
a. Tratar con humanidad a los prisioneros y heridos, y a quienes intentan rendirse, ya se trate de civiles o de miembros de las Fuerzas Armadas, no se les debe quitar la vida.
b. Están prohibidos los homicidios deliberados y arbitrarios de no combatientes en cualquier circunstancia.
c. No se utilizará a los cautivos como rehenes. Se identificará a las personas detenidas y se garantizará su liberación sanas y salvas.
d. No se utilizarán minas para matar o mutilar deliberadamente a civiles.
e. Se investigarán los presuntos abusos cometidos por los guerrilleros, con el fin de determinar responsabilidades.
f. Los guerrilleros sospechosos de haber cometido u ordenado abusos serán apartados de todo cargo de autoridad y de cualquier servicio que los coloque en condiciones de volver a cometer dichos abusos.

16. Impulsar con todos los actores armados y partes concernientes el respeto a la autonomía, creencias, cultura y derecho a la neutralidad de las comunidades indígenas y demás etnias y de sus territorios.
17. Reafirmar el compromiso de la Sociedad Civil y el Eln de respetar y hacer respetar cabalmente los Derechos del Niño, y esta organización no incorporará menores de 16 años para la fuerza militar permanente. Hacia el futuro esta edad será de 18 años.
18. Impulsar la ratificación por parte del Congreso de la Convención de Ottawa sobre prohibición del uso de minas antipersonales. Igualmente, se estableció el compromiso de no sembrar minas antipersonales en sitios de riesgo para la población civil, especialmente para los niños. Así mismo, exigimos el cumplimiento de la prohibición de bombardear bienes y áreas de uso de la población civil.
19. La reunión consideró que los prisioneros y detenidos de la insurgencia deben ser tratados con humanidad, y con respeto de su dignidad y su fuero como prisioneros políticos. Además se apoyará la no penalización de la protesta social.
 

Medellín, jueves 16 de julio de 1998
EL COLOMBIANO
Asistentes a Maguncia
Rechazan amenazas al padre Giraldo

Un rechazo unánime a las amenazas proferidas contra la población de Barrancabermeja y el padre Javier Giraldo, secretario Ejecutivo de la Comisión Intercongregacional Justicia y Paz, expresaron ayer todos los asistentes a la reunión de Maguncia, Alemania.
En un comunicado, los 40 delegados y las conferencias episcopales de Alemania y Colombia exigieron el cese de las acciones paramilitares, la protección de la población de Barranca y de la vida e integridad del padre Giraldo, así como “que se investigue la procedencia de dichas amenazas y sus autores para que sean sancionados y dichas circunstancias no se vuelvan a reiterar”.
Cabe recordar que en mayo pasado las Autodefensas Unidas de Santander y Cesar asesinaron a 36 personas, 11 en plena vía pública y 25 después, cuyos cadáveres no han aparecido, pero cuyo crimen fue confirmado por el grupo paramilitar.
 

Medellín, miércoles 15 de julio de 1998
EL COLOMBIANO
Denuncia la Iglesia en Alemania
Planean atentado contra el padre Giraldo

Enviado Especial JUAN CARLOS PEREZ SALAZAR Würzburg, Alemania
La Conferencia de Episcopal Colombiana, a través de la “Comisión Intercongregacional de Jusicia y Paz”, denunció que su secretario ejecutivo, el padre Javier Giraldo, ha sido declarado “objetivo militar” y “ya existe un operativo en marcha para atentar contra su vida”.
En un comunicado enviado a los medios de comunicación que cubren el encuentro entre el ELN y la sociedad civil colombiana en Mainz, por medio de la Conferencia Episcopal de Alemania, la Iglesia Católica acusa como presuntos autores a los grupos paramilitares y agentes del Estado, que se oponen a los procesos de diálogo abiertos por la población civil.
“Hemos conocido que altos mandos militares han expresado abiertamente su animadversión hacia el padre Giraldo”, subraya el comunicado.
La Iglesia afirma que los planes contra el sacerdote Giraldo les han sido comunicados, “de forma confidencial”, por varias fuentes, entre ellas “misiones diplomáticas.
Respaldo
Aunque el padre Giraldo había sido invitado a los diálogos con el ELN en Alemania, las amenazas en su contra le impidieron viajar para participar en este proceso, que cuenta con el apoyo total de las conferencias episcopales de Colombia y Alemania y la Santa Sede.
Como consecuencia de ese respaldo, los miembros de la Comisión “han recibido y siguen recibiendo amenazas”, precisa el comunicado que cita como ejemplo el “allanamiento” de la sede de Justicia y Paz en Santafé de Bogotá, el pasado día 13 de mayo.
“Es la primera vez en los diez años de existencia de la Comisión que nos encontramos maniatados por la aparente carencia de elementos objetivos que permitan denunciar tales planes criminales y emprender acción alguna, penal o disciplinaria, para evitar otro crimen de lesa humanidad decidido, diseñado y ejecutado por agentes del Estado o con su aquiescencia”, afirma la Iglesia.
En opinión de la Comisión de Justicia y Paz “la arremetida contra los defensores de los derechos humanos forma parte de una estrategia encaminada a impedir su activa participación en cualquier proceso de negociación del conflicto y garantizar de esta forma, que los miles de crímenes de lesa humanidad cometidos hasta ahora sean dejados en el olvido”.
En el documento la Iglesia colombiana recuerda que en los más de treinta años de conflicto armado y al amparo del fuero militar se han cometido 26.000 asesinatos políticos y hay más de 2.500 desaparecidos
 

Medellín, martes 14 de julio de 1998
EL COLOMBIANO
En Sabanalarga
Masacradas once personas

Autoridades civiles de la localidad temen por la situación de cerca de 250 personas que salieron de la zona afectada y huyen por las montañas
Once personas muertas, ocho de ellas ya identificadas, y un número de desplazados cercano a los 250, entre hombres, mujeres y niños, dejó el pasado fin de semana una incursión de presuntos paramilitares en zona rural de Sabanalarga.
El secretario de Gobierno de la localidad, Hernán Díaz Londoño, dijo que supo de los hechos gracias a dos lugareños de la región quienes el domingo anterior llegaron al corregimiento Oro Bajo y encontraron los cuerpos sin vida de seis labriegos.
“Según cuentan, el grupo armado llegó al amanecer del domingo a la vereda La Aurora y asesinaron a tres campesinos, tres de ellos identificados como Gildardo Arteaga, Enrique Rojas y Samuel Valencia”, aseguró Díaz Londoño.
Otras seis personas murieron horas más tarde cuando el grupo armado llegó al corregimiento Oro Bajo. Las mismas fueron identificadas como Virgilio Sucerquia, de 60 años de edad, y su hijo Rohelí, de 28 años; Bernardo Chancí, de 42 años; Luis Ángel David, de 23 años; Floro Chancí, de 50 años, Una más se encuentra como NN.
Según algunos pobladores, entre las veredas Novavá y Rebartín se hallaban otros dos cadáveres sin identificar.

Hay desaparecidos
La preocupación de las autoridades ayer, luego de conocer el múltiple homicidio, tiene que ver con la suerte que corrieron cerca de 130 personas que residen en Oro Bajo y las veredas cercanas.
“Los campesinos que trajeron la información no encontraron a ninguna persona en el corregimiento, sólo vieron los cadáveres; no sabemos qué pasó con los niños, las mujeres y los hombres del caserío. Pensamos que pudieron salir de allí, atemorizados, para refugiarse en la zona montañosa; desconocemos, además, si hay más muertos”, explicó Diaz Londoño.
Según el alcalde de la localidad, Francisco Holguín Flórez, los labriegos se estarían desplazando hacia el casco urbano debido al temor generado por la incursión armada.
Los hechos violentos se presentaron en una región montañosa que limita con Toledo y Peque, a doce horas de camino de la cabecera, por lo que ayer el mandatario local pidió ayuda a la Gobernación de Antioquia, la IV Brigada y a la Cruz Roja Colombiana para que faciliten una aeronave con el fin de llegar a la zona de la masacre, evacuar los cadáveres y verificar la real situación de la vereda La Aurora y el corregimiento Oro Bajo.
Sobre el particular, el secretario de Gobierno Departamental, Néstor Hincapié Vargas, dijo que hoy saldría una comisión oficial a bordo de un helicóptero para colaborar en la evacuación de los cadáveres y definir el tipo de ayuda que necesitaría para atender a los desplazados que llegarían a Sabanalarga.
Así mismo, sostuvo que recibió información de la Policía Antioquia, en la que se asegura que serían once las personas muertas en esa localidad del occidente antioqueño, ocho de las cuales están plenamente identificadas.

Otra más
Estas muertes enlutan una vez más las montañas antioqueñas y se suman a los recientes crímenes colectivos ocurridos en varios sitios del departamento, entre ellos Betania, donde murieron cuatro personas tras incursión armada de presuntos miembros de grupos de autodefensa; en Santa Rosa de Osos hace dos semanas, donde cinco personas fueron acribilladas, dos de ellas menores de edad y la ocurrida a finales de mayo en la vereda El Bartolo, de Murindó, donde fueron asesinados cinco labriegos.
 

Medellín, viernes 10 de julio de 1998
EL COLOMBIANO
Banco de información sobre desplazados

COLPRENSA Santafé de Bogotá
La Iglesia Católica lanzó ayer el primer banco de información sobre los más de 400 mil desplazados del país, que será alimentado por las 68 diócesis en el territorio nacional.
Los datos que la red manejará por familia son: ubicación geográfica, grupo étnico, procedencia, clase de tierra abandonada, documentos sobre la tierra, créditos financieros, capital, principales necesidades, actor de expulsión y composición e identificación del grupo familiar.
Una vez procesada la información, cualquier entidad pública o privada nacional o internacional tendrá acceso a los datos generales de desplazados por Internet, las bibliotecas nacionales, universidades, ONG y entidades oficiales. La información confidencial será manejada interinstitucionalmente.
Del proyecto no sólo hace parte el Episcopado. Este fue respaldado por la Comunidad Europea, la Organización Internacional de Migración (OIM) y la Consejería Presidencial para Desplazados.
“Esta información será de vital importancia para definir las bases de la solución que el país le debe dar a los desplazados. Convoco a todos los estamentos sociales para que la integren, como las administraciones seccionales”, dijo el consejero presidencial para Desplazados, César Manuel García.
“Porque la respuesta al fenómeno del desplazamiento en Colombia no se puede dar con simples consideraciones de buena voluntad ni exponiendo virtudes de caridad. Sólo la daremos con respuestas serias, soportadas en bases serias y sólidas como las que plantea este banco de datos”, subrayó el presidente del Episcopado, monseñor Alberto Giraldo Jaramillo, arzobispo de Medellín.

Foro de la Paz del Caribe
De otro lado, la Iglesia anunció la realización del Foro de Paz de la región Caribe para el 23 y 24 de julio en Barranquilla, según lo informó monseñor Nel Beltrán, obispo de Sincelejo, y en el que participarán los 8 departamentos del Caribe colombiano.
“Cada institución del Estado, incluido el Ejército; las organizaciones de derechos humanos, las universidades, toda la fuerza de la comunidad costeña, la guerrilla y los paramilitares, tendrán voz en el Foro del Caribe”, dijo el gestor de la idea, monseñor Nel Beltrán.
“Hay que sacrificarlo todo por la paz, pasar por encima de leyes si es necesario, de intereses económicos, políticos, territoriales. Son los costos culturales de la violencia y la paz. Lo que hay ahora es una cultura del miedo, conciencias anestesiadas que quieren que la paz les llegue sin arriesgar ni poner nada”, concluyó monseñor Nel Beltrán.

Medellín, jueves 9 de julio de 1998
EL COLOMBIANO
Farc tendrá 4 observadores en Mainz

Cuatro observadores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) estarán presentes en la reunión de la sociedad civil con líderes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que tendrá lugar en la ciudad alemana de Mainz, aseguró “Radio Cadena Nacional” (RCN).
Los delegados de las FARC, el primer grupo rebelde colombiano, no intervendrán en ninguna sesión de trabajo y se limitarán a seguir con atención las discusiones, según la versión radial.
La cadena de radioemisoras no precisó la importancia que puedan tener estos observadores dentro de las Farc, la más antigua y numerosa guerrilla de Colombia.
“No expondrán ningún punto de vista”, dijo RCN, y apuntó que “solamente estarán atentos a lo que se discuta y tomarán nota”.
Los “comandantes” Milton Hernández, de la dirección nacional, y Pablo Beltrán, del comando central, son los delegados del ELN, que el pasado 28 de junio suscribió en la misma ciudad alemana la “Declaración de Maguncia” que abrió el paso a esta reunión amplia.
 

Medellín, jueves 9 de julio de 1998
EL COLOMBIANO
Habla Milton Hernández (V)
La paz se hará con la mano en el bolsillo: ELN
 
“La guerra no puede ser el destino de nuestros hijos ni nietos. Quien dice
que es feliz en la guerra es un bárbaro. No lo somos. No nos alegra la
guerra, porque no somos fanáticos ni fundamentalistas”: Milton Hernández,
vocero político del ELN.

Por Carlos Alberto Giraldo M. y José Guillermo Palacio.
“Terminar la guerra tiene costos económicos. Que nadie piense que sólo acuerdos políticos la resolverán. Hay que meterse la mano al bolsillo. No vamos a justificar que los gremios reporten 7 mil millones de dólares de ganancias anuales mientras el pueblo se revienta en la calle vendiendo cachivaches y se muere de hambre en los campos”.
Así describe Milton Hernández parte del fondo del diálogo político que el ELN pretende sostener en Mainz, Alemania, a partir del próximo domingo, con voceros de los gremios y otras instancias de la sociedad civil colombiana.
Observa que a partir de esas transformaciones que hagan más equitativa la distribución del ingreso en el país y de otros cambios sustanciales, el ELN tiene claro que la guerra debe acabar. En ella “perdemos todos. No nos alegra hacerla, porque no somos fanáticos ni fundamentalistas”.
Así mismo, Hernández plantea que el grupo guerrillero que representa asume los cambios políticos de un mundo globalizado. “Nada más equivocado que el dogmatismo, que nos estaría reduciendo a prácticas de hace 200 años que nadie podría entender en un mundo de realidades virtuales y políticas de marginamiento como las de hoy en el continente”.
En vista de los importantes planteamientos hechos desde Alemania por el vocero político del ELN, este diario amplió la extensión de la entrevista que concluirá mañana con la entrega que en principio ofrecimos para hoy: las propuestas y expectativas del ELN frente a la reunión de Mainz.

En Mainz se decide papel de los Mauss
Los Mauss terminaron en la cárcel porque, según quienes los denunciaron, negociaban secuestros con ustedes y participaban en otras transacciones fraudulentas en el país. Pero solo unos meses después de salir de prisión se restablecen los contactos con el ELN. ¿Si están ellos interesados en la paz, metidos en este proceso con la voluntad última de facilitar una negociación política del conflicto armado o quiénes son?
“El pensamiento oficial del ELN sobre los Mauss es que fueron facilitadores y gestores de los acercamientos que tuvimos con los episcopados de Colombia y Alemania, también con el gobierno alemán, en 1996.
Incluso después de ser penalizados y de ser satanizados por el ex gobernador de Antioquia, en su lamentable cautiverio, mantuvieron un espíritu abierto para que el proceso no se cancelara definitivamente. Desde la cárcel batallaron por mantener propuestas políticas. La señora Mauss desde el Buen Pastor y Werner Mauss se la jugó en Itagüí para demostrar quién era, pero había intereses políticos demasiado oscuros y fuertes para negarle sus derechos de ciudadano alemán que facilitaba un proceso de acercamiento.
Luego del fallo absolutorio por parte de la Fiscalía y a su salida de la cárcel se dieron a la tarea de restablecer los contactos con todos los participantes y facilitadores, dentro de los parámetros de discreción requeridos y exigidos. Su papel debe ser definido por las partes que iniciemos el diálogo de Mainz.
Queremos decir: el ELN reconoce en los Mauss a amigos de la paz con justicia social en el país y espera mucha generosidad frente a ellos de importantes sectores nacionales que fueron desinformados por la actitud guerrerista de algunos gobernantes y sus asesores en Antioquia”.
¿Ese acercamiento con los Mauss tiene en ustedes algún interés de estrechar lazos con la Internacional Socialista en el contexto del presente proceso de diálogo?
“Desconocemos contactos de ellos con otros partidos de la Internacional. Lo que sí sabemos es que son gente que tiene peso político en Alemania y que tiene buenos contactos y relaciones. Sabemos de su pensamiento altruista de europeos que se duelen de la situación de pobreza y desigualdad de nuestro pueblo. Ellos no son, bajo ninguna circunstancia, parte del Gobierno o el Episcopado alemanes, pero sí tienen espacios abiertos. Pueden abrir puertas para diálogos políticos y respetuosos”.

“Diálogo en Colombia”
Las Farc, según lo dijo su vocero Marcos Calarcá, pretenden que su diálogo con el gobierno y la Sociedad Civil sea en Colombia. ¿Ustedes por qué escogieron un escenario como Mainz, Alemania, para comenzar a hablar?
“Coincidimos con las Farc en que para un futuro exitoso de los diálogos debemos adelantar el proceso en nuestro territorio. Ahí haremos la exigencia del despeje, para hablar de manera más organizada y amplia, luego de los pasos que demos en el exterior.
Ellos también han interlocutado a nivel internacional, no han negado ese espacio, incluso en ese aspecto creo que tienen un diseño más elaborado y claro que el del ELN.
Buscamos la Convención Nacional en espacios regionales, pero ante las dificultades de desplazamiento, las amenazas, el estado del enfrentamiento, el paramilitarismo, entonces tocamos puertas internacionales, caso del Preacuerdo de Viana. Terminado ese proceso decidimos retomarlo en Europa, con el aval del Gobierno alemán y el apoyo de las conferencias episcopales de Alemania y Colombia, que participan con mucha neutralidad en los acercamientos.
Ensayamos este camino con la mediación de amigos y organismos interesados en la paz. Aspiramos a arrancar aquí. El abrigo y la presencia de la comunidad internacional es fundamental, porque hasta ahora ha sido ajena y ausente del conflicto en Colombia. La recibimos no con imposiciones sino con acompañamiento y mucha inversión.
Cuando la sociedad y el mismo proceso nos reclamen un cambio de escenario esperamos mudarnos. Lo de Mainz es transitorio y circunstancial”.
¿La Iglesia nacional e internacional que importancia tiene en los diálogos?
“Valoramos los nuevos desarrollos de la Iglesia sobre justicia social. A propósito, este 12 de julio se celebran los 30 años de la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Es un buen aniversario para avanzar en el proceso, alentados por el propósito de justicia que la Iglesia pregona hoy.  El Santo Padre ya bendijo estos pasos iniciales y cruciales para el país.  Con respeto y beneplácito recibimos esos mensajes y aspiramos a que se mantengan”.
“Revolucionarios, no dogmáticos”
¿Qué es el ELN hoy, en términos políticos e ideológicos, de cara a Mainz pero también de cara a la historia y sus cambios, de cara a la paz? ¿En qué estado de “ortodoxia” permanece vivo su ideario marxista, guevarista, camilista?
“Tenemos una gran ventaja: no somos hijos de ningún centro de poder socialista. Somos ajenos a la convocatoria revolucionaria de la Unión Soviética en su momento. De los chinos reconocemos su obra magnífica, pero esa es una cultura asiática ajena a la identidad latinoamericana y colombiana. Estamos ligados a la revolución cubana, pero ellos como isla también tienen un modelo propio de desarrollo político, económico y cultural.
Colombia es distinta. Basta con mirar su riqueza y diversidad regional, su patrimonio político. No estamos sometidos a modelos socialistas internacionales. En nuestro desarrollo político recogemos parte del marxismo clásico, pero también su capacidad de replantearse esquemas a partir de nuevas realidades. Somos una fuerza marxista y socialista, pero es un marxismo visto desde nosotros, entendido en la ligazón con nuestros propios procesos revolucionarios.
Hoy somos unos enamorados de Bolívar, de su visión integradora y soberana frente a los poderes coloniales e imperialistas. Seguimos siendo parte del torrente revolucionario del mundo, no a partir de sí estamos vencidos o no, sino en las razones en las que creemos que hay una confluencia de los pensamientos de Bolívar, Guevara y Camilo Torres, en la lucha por una reconstrucción nacional justa y democrática, sin exclusiones.
Estamos ante la realidad de un pensamiento globalizador. No estamos en los 60, 70 ni 80. Dejaríamos de ser revolucionarios si nos negáramos a los cambios, a los replanteamientos. El pensamiento marxista fue revolucionario porque entendió los cambios del siglo XIX. Nada más equivocado que el dogmatismo, que nos estaría reduciendo a prácticas de hace 200 años que nadie podría entender en un mundo de realidades virtuales y políticas de marginamiento como las de hoy en el continente”.

“Nadie es feliz en la guerra”
Hay una verdad elemental: el país está cansado de la guerra. ¿Ustedes también?
“Quien diga que la guerra es gran cosa miente o no ha estado en ella.  Nuestra fuerza está hecha de campesinos, profesionales, estudiantes o gente sin empleo alzada en armas. Irse a la montaña y cabalgar, dormir en el monte, caminar sin linterna o estar en el operativo militar... eso no es lo que se quiere. Somos humanistas y entendemos que esa es una circunstancia obligada por la historia de este país. Pero ese no puede ser el destino de nuestros hijos ni nietos. Quien dice que es feliz en la guerra es un bárbaro. No los somos. No nos alegra hacer la guerra, porque no somos fanáticos ni fundamentalistas.
No estamos cansados de la guerra en el sentido de convicción política y ética que nos alimenta. No. Estamos sí en el pensamiento de que con la guerra perdemos todos en el país. El país se nos puede escapar de las manos y hay muchos centros de poder ávidos de repartírselo.
Estamos en la trinchera porque no nos han dejado otro espacio. De verdad, queremos terminar con la guerra, pero eso tiene costos políticos y económicos. Que nadie piense que sólo acuerdos políticos resolverán el asunto. Hay que meterse la mano al bolsillo. Si así es, nos verán cultivando o enseñando en una escuela rural. Pero no vamos a justificar que los gremios reporten 7 mil millones de dólares de ganancias anuales mientras que el pueblo se revienta en la calle vendiendo cachivaches y se muere de hambre en los campos”.
 

Medellín, jueves 9 de julio de 1998
EL COLOMBIANO
Caldera admitió contactos con el ELN

AFP-Caracas. El presidente venezolano Rafael Caldera admitió ayer implícitamente que su administración mantuvo contactos con el grupo guerrillero colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN), pero no avanzó en las conversaciones porque éstas no fueron autorizadas por Bogotá.
El mandatario colombiano Ernesto Samper, en visita a Caracas de varias horas, agradeció a Caldera no haber mantenido contactos con la guerrilla colombiana sin la autorización de su administración.
Caldera puntualizó que “no hay ningún país que anhele más la paz en Colombia que Venezuela”, tras admitir que su gobierno ha recibido mensajes de la guerrilla, con la cual, aseguró, no se conversó porque el gobierno de Bogotá no autorizó los contactos.
El jefe guerrillero del ELN, Milton Hernández, levantó esta semana una polvareda en Bogotá y Caracas al declarar desde Maguncia (Alemania) al diario EL COLOMBIANO que su agrupación presentó hace seis meses a Venezuela una propuesta para firmar un “pacto de convivencia”.
El jefe guerrillero sostuvo que la mejor prueba de la existencia de la propuesta “es que el enfrentamiento ha sido desactivado”.
 

Medellín, miércoles 8 de julio de 1998
EL COLOMBIANO
Los retos e incógnitas de Maguncia
POR MARI-ANN AMAR Medellín

Los procesos de paz tienen un tiempo que nos hace preguntarnos ¿con qué sentido de la oportunidad jugó el ELN su carta de Alemania? ¿ Por qué ahora y no con el nuevo gobierno?.
La primera y más evidente respuesta es que cuanto antes se inicie un proceso de paz, mucho mejor. Sentarse a dialogar es positivo, distensiona y va construyendo confianzas, condición esencial para poder negociar.
La dinámica e iniciativa de la guerra, durante todo el gobierno de Samper la han llevado las Farc. Un proceso de negociación cierto tiene que partir del reconocimiento de esta realidad, asegurando que los otros factores que son parte integral de la solución sean efectivamente tenidos en cuenta, sin que se sientan tratados como secundarios, pero sin escamotear el papel de negociador a la fuerza con mayor capacidad militar y de violencia desestabilizadora. Nadie deja repartir sin su presencia el mercado que compró. El desafío es mantener el proceso de paz conjunto y unificado, haciendo que marche armónicamente.
Entonces, ¿por qué ese aparente apresuramiento del ELN?
En nuestra modesta opinión, tiene que ver con la emulación o competencia, no sólo militar y en terrorismo entre las fracciones de la guerrilla, sino también en sus pretensiones políticas y de liderazgo.
“Nos parece que es el mismo régimen municipal y regional el que permitiría dar satisfacción a otra de las demandas centrales del ELN, la del petróleo”
Miremos esa diferencia desde “el lado de acá”. Puede ser aprovechada por la sociedad y su gobierno, manejándola con responsabilidad. No se trata de dividir la guerrilla, sino de llevarla como los caballos de una troika, acompasados, aunque cada uno tire por su lado y siempre del mismo carruaje.  Puede ser la emulación por la paz.
Pero manejada con la vieja concepción militar de dividir para reinar, también puede darnos el resultado de que una les impide a las otras avanzar en el proceso mismo.

Viana es algo de ello.
Este análisis lleva implícito que la estrategia de negociaciones parciales y por separado ya alcanzó su nivel de ineficiencia, con resultados que terminaron potenciando a las fuerzas que quedaban en armas. La negociación es una, diferenciada y combinada con todos los actores de la violencia, aunque genere tratamientos legales distintos, particularmente en el caso de los paramilitares.
La experiencia de negociar por separado que inspiró al gobierno de Gaviria, nos parece hoy superado. Pretendió debilitar la fuerza guerrillera más potente, sustrayéndole la acción de las secundarias, pero el resultado fue que los vacíos dejados por esos núcleos armados de poder fueron rápidamente llenados por la acción de la guerrilla que quedaba en armas.
Digámoslo con claridad. Esa concepción estaba todavía en el campo de lo militar, prisionera de la lógica de la guerra, y no en el campo de lo político, como expresión condensada de lo económico-social. Y es este el terreno que hay que escoger para librar con resultados ciertos y justos la negociación de paz, abocando, como parte estructural de la misma, el problema del narcocultivo.
Esto es, en la formulación de una agenda y métodos que dinamicen el proceso. La sociedad y su gobierno deben apoyarse en la fracción más politizada, para cada caso, sin buscar romper el encadenamiento que las fuerzas de la insurgencia mantienen entre sí.
Intentemos mirar ahora esta misma situación desde “el lado de allá”. La guerrilla ha jugado con el nivel de tensión-división que hay en las fuerzas del establecimiento. Algo ya escribimos en pasado artículo al referirnos a cómo apostó las Farc también a la carta de cambio en el debate electoral.  Nos interesa ahora analizar la opción de Maguncia que juega el ELN. En nuestra opinión, al jugar así, no sólo intenta salirle por delante a las Farc, sino que utiliza las “diferencias en las alturas” del establecimiento para lograr su mejor reacomodo político.
Podríamos decir que es un buen cálculo de costo-beneficio, lograr la mayor ganancia con una inversión menor en costos de guerra, en hombres, armas y confrontaciones.

Pero es un cálculo riesgoso.
Fueron menores las acciones del ELN tanto en número como en resultados de guerra durante todo el gobierno de Samper, si se comparan con las Farc. De otra parte, las acciones del paramilitarismo le han quitado espacios importantes no sólo geográfica sino económicamente. De largo plazo, el grupo insurgente que más se vería afectado por las acciones del paramilitarismo sería, precisamente, el ELN, dado su carácter de mayor vinculación a la economía legal del país, tanto petrolera como regional. Por demás, las Farc se están acercando al “tubo”, particularmente en Arauca, restringiéndole su espacio.
Nos parece que se podría encontrar allí la “politización” que se ha venido expresando en las últimas manifestaciones de la dirección del ELN. Sin embargo, su accionar ha sido paradójico, pues, si bien la dinámica y dirección de las Farc no le ha permitido estrechar más su frente común, las acciones del ELN para reivindicar una autonomía, de contera legitimando el gobierno de Samper, con lo que exacerban su posible descalificación por la Farc. Esto sucedió con Viana. Puede suceder con Maguncia.
Si pensamos con el viejo esquema de la negociación por separado, podría ser útil.
Pero no lo sería, si reconocemos que el tiempo de una negociación es un “recurso escaso” para el país. Los niveles de la guerra nos afectan significativamente en lo económico, justo cuando la globalización y el desarrollo y crisis social nos imponen los mayores desafíos, y el carácter desestabilizador de la guerra favorece la extensión del narcotráfico en la región, internacionalizando el conflicto.
Resultan más paradójicas las posiciones del ELN, si tenemos en cuenta su aparente mayor “legitimidad” política -es menor su vinculación al narcocultivo y tiene una posición declarativa más categórica en su rechazo-Sus gestos son particularmente “coquetos” con el sector de la clase política más vinculado a la narcocorrupción, siendo la única organización guerrillera que les daba oxígeno a las propuestas “dialogantes” del gobierno de Samper.  Ellos sabían, como saben, que no tenía ninguna capacidad efectiva por su deslegitimación y pérdida frente a la sociedad y los demás factores de poder: la comunidad internacional, especialmente Estados Unidos, las Fuerzas Armadas, el empresariado y sus gremios. En una palabra, por su capacidad de hacer una política nacional de paz.
Su real sentido era aprovechar la debilidad del gobierno, beneficiándose por el camino de la política, mientras que las Farc lo hacía por el camino militar, con grandes éxitos que no dejaron de ser aprovechados por el propio ELN.
“Maguncia hay que atenderlo con realismo, con prudencia, sin protagonismos
ni ingenuidades”

Juego a la división-tensión
Pero, entonces, ¿por qué el ELN insiste en su propuesta, ya en las postrimerías de este gobierno? ¿No corre el riesgo de la impertinencia?  Aventuramos una opinión.
Ellos continúan jugando a la división-tensión de las fuerzas del establecimiento, tal vez, en el mismo terreno que, desde “el lado de acá” se jugaba a la negociación por separado. Este terreno podría pisarse en Maguncia.
Sin embargo, no queremos desestimular las bondades de este diálogo con la sociedad civil. Hay que precisar sus causas y objetivos. Al cambiar el escenario de España a Alemania hacen que se distancie del Preacuerdo de Viana, descalificado por las Farc.
Distanciamiento que no rompe del todo con el tejido que habían hecho en el gobierno de Samper y con su candidato.
Es un costo alto con el facilitador, España, el que más se ha jugado en profundidad.
Pero dejan en la Unión Europea y en su más fuerte eslabón, Alemania, el manejo principal de la variable internacional, tal vez la más decisiva en el largo plazo. La desaparición de Manuel Pérez contribuye a debilitar el papel de España.
Reconozcamos en el ELN una guerrilla más metida en la globalidad. Su carácter más “urbano”, ligado a una de las principales variables económicas del desarrollo, el petróleo; su líder, un español, le ha permitido esta inscripción con mayor manejo. Si bien, son mucho más pequeños y menos consolidados como ejército -son más un poblamiento de sus zonas- juegan niveles de influencia más allá de su propia consolidación militar.
La disposición es a dialogar con la sociedad civil, ni mucho menos, a iniciar una negociación, reiterando, no sólo con sus declaraciones sino con sus más recientes acciones, que va a ser en medio de un agudizado conflicto.  Demandan con ello su carácter militar, el alto costo que la sociedad tendrá que pagar por esta negociación y el que se mantienen en el terreno de los guerreros, con lo cual neutralizan las posibles descalificaciones de sus sectores más irreductibles y de las Farc.
Este es precisamente el mandato de su congreso de 1996 que señaló que la eficacia de las acciones de guerra sólo se obtenía plenamente al instaurar una comunicación con la sociedad civil que les diese su verdadero valor. Con esto lograron, además, unificar sus fuerzas.
Este reconocimiento puede resultarles pesimista a algunos miembros de la sociedad civil frente a sus expectativas de diálogo, pero sólo es así, si únicamente se tienen en cuenta los propósitos de los más irreducibles. El riesgo que para cualquier contendiente tiene iniciar unas conversaciones lo juegan en todos sus matices los del ELN: los “dialogantes” piensan que la dinámica desatada arrastrará por su inercia a los irreductibles de la guerra. Y viceversa: éstos piensan que será tal el nivel de exigencia, que los conciliadores quedarán derrotados por la dinámica de un diálogo insatisfecho y en medio de la agudización que ellos mismos propiciarán al conflicto.
Luego, la solución a este “impasse” no está en ellos. Como siempre, es la fuerza y dinámica que imponga la sociedad para aislar los fundamentalistas y estimular el realismo de los conciliadores.
El nivel de las demandas de la negociación parecería tener la resolución en un sentido o en otro, por lo que los interlocutores de la sociedad civil tienen que jugársela entero por el realismo de un proceso de diálogo que establece los límites de una agenda de negociación. Particular cuidado se debe tener con los representantes del “viejo país” que, liberados de los límites que impone el poder, juegan ya a la oposición reivindicacionista.
Cuando el en pasado analizábamos el caso de las Farc, tratábamos de diseñar la perspectiva de lo que podrían ser los réditos políticos y económicos que la insurgencia podría obtener haciendo cierta la negociación. Hacer lo mismo en el caso del ELN resulta más incierto porque su papel como guerrilla y fuerza social es también más difuso. Su destino está más al albur de su propia inscripción en la democracia.
Tenue y contradictoriamente -utilizando la violencia- han expresado el anhelo de una democratización de la vida municipal que corrija los niveles de corrupción en la base de la ejecución presupuestal. Sin duda, la movilización de la sociedad civil para incorporar al ciudadano en la base de la participación democrática, esto es el municipio y las regiones, establece el terreno en el cual se satisfacen de manera civilista estas demandas. Por tal razón, la reforma del régimen municipal y regional tiene un doble papel en el momento: contribuir a subsanar el déficit fiscal, promoviendo en la ciudadanía una actitud responsable frente a las finanzas municipales, tanto de contribución como de control a su ejecución. Al tiempo que puede ser incorporada a una agenda de negociación con el ELN, de modo que, obteniendo réditos políticos, le permite expresarse y ser parte constitutiva de esa nueva democracia municipal.
Nos parece que es el mismo régimen municipal y regional el que permitiría dar satisfacción a otra de las demandas centrales del ELN, la del petróleo.  Dando salida a su posición “nacionalista” en la época de la globalización y la alta competitividad, la solución a sus demandas tiene como terreno real la participación democrática de la sociedad en el ejercicio del gasto y distribución de las regalías petroleras, de modo que contribuyan al desarrollo social y regional. Tales pueden ser los réditos económicos, para el caso.
Resumiendo: Maguncia hay que atenderlo con realismo, con prudencia, sin protagonismos ni ingenuidades. Pensando que la guerra se supera, siempre y cuando se incluya también al principal contendor, allí presente en su ausencia, y estimulando este “riesgo” que el ELN ha jugado, sin pretender romper su ligazón con el resto de la insurgencia. Las Farc son ese observador de la partida de ajedrez que, si percibe su resultado como desfavorable, pegará el rodillazo por debajo de la mesa, dejando en tablas a lo jugadores para volver a empezar. La sociedad y el gobierno tienen que evitar esto para que los resultados sean favorables a la paz.
 

Medellín, miércoles 8 de julio de 1998
EL COLOMBIANO
Habla Milton Hernández del ELN (IV)

“En los próximos meses nos juntamos con Farc” “Ya nos estamos encontrando, hay contactos. Que Colombia tenga la certeza que Farc y ELN se van a juntar en los próximos meses. No habrá procesos de paz parcelados y los esfuerzos confluirán en un sólo propósito y propuesta”, dice el vocero del ELN Milton Hernández, quien se encuentra en Alemania para iniciar diálogos, a partir del domingo, con 42 representantes de la Sociedad Civil

Milton Hernández, líder político del ELN, reiteró lo que ya había dicho a este diario hace 15 días Marcos Calarcá, vocero internacional de las Farc: ambas organizaciones insurgentes confluirán, en los próximos meses, en un proceso conjunto de diálogo y negociaciones de paz.

Por CARLOS ALBERTO GIRALDO M. Y JOSE GUILLERMO PALACIO Medellín
En la perspectiva de que los diálogos avancen por buen camino y para que no haya una paz parcial, ¿piensan juntar sus propuestas y procesos con las Farc y el EPL, incluso con la intención de negociar como Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar?
“Ya nos estamos encontrando, hay contactos. Se sabe que las Farc proponen un gobierno de reconstrucción nacional y, en la posibilidad de la desmilitarización de cinco municipios, iniciarán un diálogo que descartaron con Samper, pero que están listos a iniciar con Pastrana. Es un hecho que las Farc reanudarán su proceso.
Con Farc tenemos muchas coincidencias, más de las que el país quiere reconocer en ocasiones. La propuesta de Nueva Constituyente no es de las Farc ni del ELN. Eso se trabajó en la primera cumbre de comandantes de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, en 1990.
¿Qué pasó? Es que el país desconoce u olvida nuestros esfuerzos: al presidente César Gaviria, cuando estaba abierta la discusión de la Constituyente del 91, desde La Uribe, la CGSB, en una declaración, le dijo que metíamos en el proceso de reforma a 20 representantes, para batallar con ideas democráticas en ese espacio. La respuesta de Gaviria y su ministro de Defensa fue el bombardeo a La Uribe.
Entonces, a pesar de que el país nos cree desunidos, las Farc por su lado y nosotros por el nuestro, tenemos el mismo objetivo. Ellos aspiran a conquistar su proceso en un diálogo bilateral en el área de despeje que proponen. Aspiramos a generar un espacio similar desde la Convención Nacional. Pero además de esos propósitos políticos también, seguramente, convergiremos con las Farc y el EPL en el diálogo con Pastrana.
Urgiremos el desarrollo de un proceso múltiple de interlocución con la sociedad colombiana para que, cuando se realicen los encuentros gobierno-guerrilla, la ciudadanía sea participativa y propositiva. Farc y ELN se van a juntar, que el país tenga esa certeza, en los próximos meses.
Ambas organizaciones convidamos al doctor Pastrana para que ejerza su liderazgo y nos diga: qué plantea en inversión social, qué papel tendrán las Fuerzas Armadas en el nuevo país que queremos, cuál es su propuesta de control fiscal, cuál es el plan nacional de educación en el que tendrá apoyo de García Márquez, cuál es su programa de reactivación industrial, qué se propone en materia de relaciones internacionales (no alineados, fronteras, etc.), qué hará con los cultivos ilícitos, qué posición fijará frente a los escuadrones de la muerte, qué hará con la corrupción...
Algo importante es saber qué estatus va a seguir dándole a la guerrilla, porque no toleraremos que mientras habla de procesos de diálogo y acercamiento, nosotros sigamos siendo criminalizados como delincuentes comunes y aparezcamos en la t.v. con recompensa por nuestras cabezas.
El delito político no existe, según la Corte Constitucional. Estamos legitimados en un proyecto político. ¿Cómo así que las muertes de soldados en combate con nosotros no son delitos políticos? Eso es un desafuero y un fallo infortunado de la Corte Constitucional.
Conocido ese plan de paz y reconocido el estatus político, inmediatamente pactaríamos un despeje de áreas que podrían ser parte de las que han pedido las Farc. A lo mejor vamos a un diálogo con ellos, un proceso conjunto. Casi que queremos garantizarle al país que no habrá procesos de paz parcelados y que los esfuerzos confluirán en un sólo propósito y propuesta”.
En cuanto al despeje de los municipios hay muchas dudas. Algunos sectores del país desconfían de la medida. Los más pesimistas, incluso, dicen que tanto ustedes como el gobierno no tienen claridad sobre lo que se concertará en ese aspecto y la utilidad que tendrá para las negociaciones...
“El país conoce que ha habido despeje para situaciones muy parciales, pero importantes, caso de Cartagena del Chairá en cuanto a las Farc y los soldados y, de otro lado, Santa Ana en Antioquia en cuanto al ELN y los observadores de OEA. Eso no es un invento. Es una posibilidad real de que cuando las partes desatamos la inteligencia y le damos razón a la cabeza y no a las armas, eso es posible. A pesar de un conflicto tan radicalizado se ha concertado. Por qué no poner la voluntad al servicio de una causa aún más noble que será el diálogo múltiple y participativo. Hace diez años Belisario Betancur lo hizo con relativo éxito. Sí hay claridad al respecto.
Lo del despeje no es tan complicado. Es algo hasta muy formal porque ahí hay partes que el Ejército no puede recorrer porque están en manos de las Farc.  Vistahermosa, La Uribe y otras zonas del Caquetá. A una hora de Bogotá, hacia el sur, hay retenes de la guerrilla y un control permanente de territorio. Entonces cuál es el orgullo de las Fuerzas Armadas al decir que no despejan zonas que hace años lo están. Las F.A. también deben reconsiderar su actitud frente al inicio de un proceso de diálogo y el presidente Pastrana no puede dejar esas decisiones en las cabezas calientes de algunos oficiales que son derrotados políticos y militares, caso del general Bedoya. Que el nuevo gobierno maneje las cosas con un criterio político que nosotros somos capaces de hacer lo mismo. Si damos ese paso podremos aspirar a que los problemas del país no los tengamos que hablar en el exterior. El escenario internacional es un complemento, pero un verdadero proceso de paz debe ser en el país, porque tenemos suficiente espacio. ¿Para qué venirnos a discutir la relidad nacional a 16 mil kilómetros y 3 mil dólares de camino?”.
 

Medellín, miércoles 8 de julio de 1998
EL COLOMBIANO
Antioquia envía propuesta a Mainz

El gobernador de Antioquia, Alberto Builes Ortega, anunció en Bogotá que enviará una propuesta de paz para su departamento al encuentro entre la sociedad civil y el ELN en Mainz, Alemania, a realizarse el próximo domingo.
“Ya se han dado acercamientos entre los miembros de la Comisión de Paz e integrantes del ELN y es por eso que vamos a enviar una propuesta a través de Antonio Picón, director regional de Fenalco Antioquia, que consiste en solicitar a los insurgentes un cese al fuego, a los atentados a las redes de energía eléctrica y al secuestro a cambio de inversión social, lucha contra la corrupción administrativa e impulso a las condiciones de seguridad necesarias para que en el futuro se pueda dar una reinserción de los insurgentes”, afirmó Builes.
El Gobernador explicó que el compromiso de su administración para lograr la paz se basa en la inversión social y dijo que la propuesta la enviaba abierta a la opinión pública, pues el caso antioqueño podría servir como una especie de piloto para aplicar en otras regiones.
“Si las personas que participan en esas conversaciones trabajan de manera transparente, de la reunión de Mainz puede salir la agenda para un proceso de paz con el ELN, la primera piedra para construir la paz”, afirmó Builes.
Así mismo, enfatizó que no se puede hablar de paz sin que se haga una verdadera reforma agraria que incluya igualdad de condiciones para que los campesinos puedan vender bien sus productos sin que se vean afectados por las importaciones.
 

Medellín, miércoles 8 de julio de 1998
EL COLOMBIANO
Investigan tres masacres en Meta
Iglesia alerta por presencia de “paras” en Landázuri

Por COLPRENSA Villavicencio y Santafé de Bogotá
El departamento del Meta habría sido escenario de otras tres masacres, en las que habrían perdido la vida no menos de 25 personas.
Los crímenes, que se les atribuye a paramilitares, habrían tenido ocurrencia en las localidades de Puerto Trujillo y Puerto Oriente, en el Río Planas, y en inmediaciones de Puerto Gaitán.
Las informaciones suministradas a la regional de la Cruz Roja Colombiana y que, según su director, “desafortunadamente parecen ser ciertas”, indican que en Puerto Trujillo los cadáveres de 10 víctimas fueron arrojados al río para desaparecer cualquier rastro que delatara los crímenes.
En Puerto Oriente, también sobre el Río Planas, habrían sido asesinados una señora, dos niños, dos conductores de planchones fluviales y dos hombres que se encontraban en una tienda a orillas de ese río.
La tercera masacre tuvo, aparentemente, como escenario las afueras el municipio de Puerto Gaitán, en el Río Manacacias y en límites con Casanare, donde habrían perdido la vida brutalmente 9 personas.
Según la Cruz Roja, los cadáveres de esas personas fueron observados por el conductor de un camión, quien dio cuenta del hecho.
Las versiones conocidas indican que los paramilitares se movilizan en volquetas y que sus hombres lucen prendas militares.

“Paras” en Landázuri
De otro lado, la presencia de por lo menos 300 paramilitares en el municipio de Landázuri, Santander, fue denunciada ayer por la Iglesia Católica.
La denuncia fue hecha por el obispo de El Socorro y San Gil, monseñor Leonardo Gómez Serna, quien precisó que hasta el momento no ha tenido conocimiento de que los paramilitares hayan cometido crímenes.
“Pero están identificando lista en mano a las gentes que viven en el municipio”, dijo el prelado, quien participa en Bogotá en la reunión ordinaria del Episcopado Colombiano.
Agregó que el temor que ha creado la presencia de esas personas armadas entre la población civil ha provocado el éxodo de por lo menos 200 familias, en particular de las que vivían en las veredas El Peñol y Bolívar.
El prelado invitó a las autoridades militares de la zona para que protejan efectivamente a los campesinos de Landázuri tanto en sus vidas como en sus bienes.
 

Medellín, martes 7 de julio de 1998
EL COLOMBIANO
Listas bases para reunión de Mainz

Todo está listo para que, a partir del próximo 12 de julio, delegados del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y la sociedad civil colombiana, inicien un diálogo abierto en la ciudad alemana de Mainz, con el objetivo de buscar una solución negociada al conflicto armado que azota al país.
Las bases del encuentro por la paz fueron definidas entre representantes del ELN y la sociedad civil, quienes se reunieron ayer en la Cárcel de Itagüí.  Al final del acto, Francisco Galán, vocero del grupo en armas, leyó el siguiente comunicado.
“Preámbulo de la reunión de Mainz, Itagüí 6 de julio de 1998. Los voceros del Ejército de Liberación Nacional y los delegados del Comité Nacional de Paz, reunidos en Itagüí en desarrollo de la declaración conjunta de Mainz, teniendo en cuenta los fundamentos ya propiciados en avance de esta dinámica hacia la paz, manifiestan:
1. Señalar la importancia de las iniciativas de paz que ha precedido a la declaración de Mainz como el Mandato Ciudadano por la Paz, la Vida y la Libertad, la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, así como el Acuerdo de Viana, pues las acciones y contenidos de todas ellas, han coadyuvado a construir la dinámica actual.

2. Valorar la propuesta de Convención Nacional por la Paz, la cual ha sido una constante que representa el deseo del ELN de orientar a los distintos sectores de la sociedad colombiana hacia el logro de la paz.

3. Resaltar el valor que el país le ha otorgado a la iniciativa conjunta de conformar un amplio escenario de diálogo nacional, tendiente a la búsqueda definitiva de la convivencia pacífica entre los colombianos.

4. Agradecer las opiniones expresadas con relación a este esfuerzo, así como la aceptación casi unánime de los invitados, el beneplácito de los gobiernos entrante y saliente, la actitud positiva de los medios de comunicación y de la Fuerza Pública, el apoyo y disposición de la comunidad internacional y las expectativas del pueblo colombiano.

5. Se ha dado inicio a la construcción y desarrollo de una nueva concepción y método, para la resolución de los conflictos armado y social, con la construcción de espacios democráticos de la sociedad, del diálogo directo de la insurgencia.

6. Este proceso que se ha iniciado sólo será viable mediante el ejercicio de una ética, entendida como una vocación de servicio incondicional a la paz y a la justicia social. No son acordes con esta filosofía, los falsos protagonismos que compiten con el servicio a los demás y la falta de compromiso con la causa de la paz.

7. Para lograr la paz y la transformación de la sociedad, debemos concurrir a los diálogos con transparencia, comprometidos con la verdad, el respeto, el crédito a la palabra empeñada y la búsqueda de la unidad nacional.

8. Este proceso requiere del esfuerzo colectivo de todos los factores de poder: el empresariado, los trabajadores, la insurgencia, el Estado, los medios de comunicación, la Fuerza Pública, la academia, las iglesias y las distintas formas de organización de la sociedad, para elaborar un nuevo lenguaje, unas nuevas relaciones entre los actores del conflicto y para construir la cultura ciudadana orientada hacia un claro compromiso con el país.

9. En un país confundido y con la verdad embolatada, conviene reclamar de los medios de comunicación, objetividad y respeto frente a este proceso, por ello rescatamos el valor planteado en las palabras de un conocido periodista cuando afirma “para el medio de comunicación, la paz es una entre las numerosas noticias diarias, para la sociedad es un asunto de vida o muerte, son dos visiones que se excluyen y que sin embargo deben armonizarse.

10. Todas las condiciones favorables para este encuentro ya están dadas. A los participantes les espera un arduo trabajo de análisis profundo del conflicto y de la búsqueda de salidas imaginativas y concretas de solución.  Sabemos que este es sólo el inicio de un complejo proceso de construcción nacional de la paz. El país entero queda a la espera de los resultados y de los compromisos”.

Participantes
Por el Ejército de Liberación Nacional: Francisco Galán y Felipe Torres.
Por el Comité Nacional de Paz: Jaime Bernal Cuéllar, Procurador General de la Nación; Sabas Pretelt de La Vega, Presidente de Fenalco; Daniel García-Peña, Alto Comisionado para la Paz, Secretario técnico del Comité Nacional de Paz; Mario Gómez Jiménez, asesor Comité Nacional de Paz;
Hernando Angarita Figueredo, asesor secretaría técnica Comité Nacional de Paz.
Testigos: Francisco Caraballo, comandante del Ejército Popular de Liberación y Francisco Santos Calderón, miembro del Comité de Coordinación del Mandato por la Paz.
 

Medellín, martes 7 de julio de 1998
EL COLOMBIANO
Habla Milton Hernández (III)
Comienza investigación humanitaria Gobierno-ELN

En la entrega de hoy, desde Alemania, Milton Hernández, vocero del ELN que participará en los diálogos de Mainz con 42 voceros de la Sociedad Civil, anuncia que está próxima a iniciar, ya en Colombia, la investigación de la Comisión Internacional Humanitaria de Encuesta, CIHDE, sobre 10 casos concretos de violaciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas por el Estado y ese grupo guerrillero.
También manifiesta que la creación de una comisión de la verdad, integrada por colombianos imparciales de diferentes organismos, es un paso clave que se debe definir en las conversaciones de Mainz, entre el 12 y 15 de julio próximos, para que el ELN pare los secuestros, bajo la exigencia de que se investiguen desapariciones y masacres y se revisen 2.000 casos de presos políticos en Colombia.

Por CARLOS ALBERTO GIRALDO M. Y JOSE GUILLERMO PALACIO Medellín
-¿Qué piensan de la humanización del conflicto, de frenar acciones inhumanas o crueles contra civiles y entre combatientes (violaciones sexuales, descuartizamientos, masacres, desapariciones, secuestros, reclutamiento de niños, actos terroristas)?
“La guerra es dura. Va larga. No queremos que sea más larga de lo que efectivamente está siendo. Mientras que dure, que es el drama que tenemos, hemos propuesto desde hace cuatro años que queremos firmar ya, inmediatamente, un convenio por la vida, que humanice el conflicto, que preserve a la población civil de los horrores del mismo.
Aspiramos a que en Mainz, que significará el inicio del proceso de Convención Nacional, concretemos con la sociedad el impulso de la creación de una `comisión de la verdad’ que investigue los crímenes de guerra cometidos en el enfrentamiento, que penalice a los escuadrones de la muerte que asolan montañas y ciudades masacrando ciudadanos inermes, que investigue las violaciones del DIH por parte de las Fuerzas Armadas y de los casos de este tipo en que la insurgencia, en este caso el ELN, haya incurrido.
Estamos dispuestos a dejarnos investigar por una comisión imparcial de patriotas, de gente proba, a este nivel, que también defina los parámetros de un estricto y obligatorio cumplimiento por el Estado y la insurgencia.
Este asunto es vital para nosotros en torno a las posibilidades ciertas de comenzar a conquistar espacios de solución política. En esa medida estamos abiertos a que se revisen temas como el secuestro, que no lo tenemos vedado para nadie, que lo podemos llevar y entregar a esa comisión. Tenemos unas justificaciones que presentarle al país, que son difíciles de entender, pero estamos dispuestos a renunciar a ello si la comisión de la verdad investiga los crímenes de lesa humanidad, las masacres de los escuadrones de la muerte, si falla en derecho el caso de los 3.000 desaparecidos en el país, si mira el problema de nuestros presos políticos: tenemos más de 2.000 hombres en las cárceles del país, insurrectos unos líderes y sociales y sindicales otros, todos penalizados por oponerse al Estado y a sus normas.
Esos asuntos son motivo de diálogo y concertación, de humanización, sin necesidad de que termine la guerra. No sabe el país con cuanto beneplácito la dirigencia del ELN vería la posibilidad de un acuerdo inmediato sobre esos temas, porque así la guerra será más clara, más contundente, más diáfana en cuanto a los sectores que estamos en ella.
La población no debe sufrir más, no puede ser más la víctima de las tropelías de ningún bando. Nos duele cuando algún mando nuestro, cuando algún frente comete tropelías quemando carros indiscriminadamente o atentando contra las torres de energía. En muchos casos hemos sancionado mandos cuando han violentado los códigos y estatutos internos del ELN.  Estamos buscando que nuestra gente humanice y desarrolle un conflicto no vengativo, que no tengamos la idea de estar prestos es a dar candela o a dinamitar. Queremos manejar un concepto de la guerra respetuoso de la gente, basado en su definición ética y humanista”.
Viene la CIHDE
* Además de esa comisión de la verdad, ¿qué avances hay en el acuerdo con el presidente Samper para que intervenga en el país la Comisión Internacional Humanitaria de Encuesta, CIHDE, con el fin de investigar violaciones al Derecho Internacional Humanitario por parte del ELN y las Fuerzas Armadas.  ¿En qué punto se encuentra el proceso?
“Con la CIDHE, presidida por el profesor holandés Frits Kalshoven (docente Emérito de la Universidad de Leyden), venimos hablando desde hace tres años.  Ellos hablaron con el Estado para que aceptara su intervención (tal como se confirmó mediante sendas cartas de intención del ELN al Gobierno y del presidente Samper a la CIHDE). Entonces cada parte entrega cinco casos, secretos (no se pueden revelar) de violación al Derecho Internacional Humanitario, DIH, para que la Comisión investigue. El Estado, que es autónomo, podrá entregar los casos que considere violatorios del ELN. A la vez, nosotros, que también aceptamos la intervención, entregamos cinco casos de violaciones flagrantes del DIH por parte del Estado.
En estos días nos entrevistaremos con los integrantes de la CIHDE para entregar nuestros casos de denuncia y hacer un balance del proceso. Ya el Gobierno entregó los casos contra nosotros y luego llevaremos a los integrantes de la Comisión al país para que adelanten una encuesta (investigación) independiente e imparcial. Irán a nuestras zonas y hablarán con la gente afectada. Así sacarán sus conclusiones y habrá que respetar las condenas que resulten contra el ELN o el Estado.
Ese será un ejemplo `didáctico’ de cómo podemos ir poniendo de parte y parte para humanizar el conflicto. Si nos acusan nos sometemos al juicio imparcial de la comunidad internacional y, seguramente, vendrán resoluciones según las cuales, si hemos fallado, habrá que aceptar, con respeto, las responsabilidades y decisiones del caso. Eso, contrario a lo de Viana, no está en veremos ni congelado”.
* Sabemos que la intervención de esa Comisión Internacional Humanitaria debe ser pagada, según las normas establecidas, por las partes solicitantes. En el caso de Colombia, que es un conflicto interno, ustedes estarían obligados a financiar el 50% de la investigación. Pero sería contradictorio que lo hicieran con dinero que, a la luz de la realidad de la guerra, proviene en parte del secuestro, la extorsión, las vacunas... ¿cómo sortearon ese escollo?
“Eso nos parece muy poco ético. Ese aspecto ha retrasado la intervención de la Comisión. No lo vemos procedente, porque, como los buenos negociantes paisas, el que pone la plata pone las condiciones. Entonces no creemos ético que el ELN financie la investigación porque eso puede predefinir el rumbo de las investigaciones y conclusiones. Igual nos parece con el Estado.
Hemos dialogado sobre el particular con la CIHDE, y aunque el mecanismo obligado por la comunidad internacional para guerras entre Estados es ese, no lo es, según una cláusula interna, para guerras civiles y conflictos internos como el de Colombia.
Así las cosas, ellos están dispuestos y la Comunidad Europea cuenta con buenos recursos para tal propósito. Hasta donde sabemos harán su propia financiación; es decir, harán una investigación independiente del Estado y el ELN. Además, tampoco tenemos plata”.
Pasos del acuerdo
El desarrollo del proceso de aceptación del Gobierno y el ELN para que la Comisión Internacional Humanitaria de Encuesta, CIHDE, intervenga en el país, es el siguiente:
* Entre 1994 y 1995 se dan los primeros acercamientos del ELN con la CIHDE para analizar la posibilidad de su intervención futura en el conflicto armado colombiano e investigar violaciones de las partes al DIH.
* Entre el 9 y el 24 de marzo de 1998, el presidente de la Comisión, el holandés Fritz Kalshoven, y uno de los 12 miembros de la misma, el chileno Hernán Salinas Burgos, visitan Colombia y, para tal efecto, sostienen contactos con las partes.
* El 24 de marzo de 1998 el Comando Central del ELN formaliza su solicitud a la CIHDE y envía una carta de intención al Gobierno para que éste, a su vez, la remita al organismo internacional.
* El sábado 18 de abril, el presidente Samper, desde Chile, donde se celebra la Cumbre de Las Américas, mediante un comunicado de prensa, pone en conocimiento de la opinión pública nacional e internacional los avances del proceso.
* El 3 de julio de 1998, Milton Hernández, vocero político del ELN, ratifica a EL COLOMBIANO los logros del acuerdo y el inicio, en las próximas semanas, de la investigación de los 10 casos, en una visita de la CIHDE a Colombia.

¿Que es la CIHDE?
La Comisión Internacional Humanitaria de Encuesta, CIHDE, es un organismo creado para investigar violaciones al Derecho Internacional Humanitario, DIH, que es la normativa que regula los comportamientos de los ejércitos en las guerras entre naciones o en conflictos internos como el que sufre Colombia desde hace 40 años.
El organismo fue creado, oficialmente, en 1991, como resultado de un pacto entre las naciones del mundo para “velar por la aplicación y la observancia del DIH en tiempo de conflicto armado”.
Entre sus tareas fundamentales, la Comisión investiga, sólo bajo el consentimiento conjunto de las partes en guerra, cualquier hecho que haya sido “alegado como violación grave tal como se define en los Cuatro Convenios de Ginebra de 1949” y en los protocolos I y II (adicionados a los Convenios en 1977) que rigen, respectivamente, los conflictos internacionales (entre naciones) y las guerras internas (entre un Estado y alzados en armas de la misma nación).
“No basta con establecer las normas. En consecuencia, los convenios y protocolos exigen, otras medidas”, para que los ejércitos y sus combatientes sepan que, si se acogen a las disposiciones del DIH y comportan con rigor una ética de guerra, habrá “enjuiciamiento y castigo de los individuos que infrinjan las normas”.
En síntesis, la CIHDE en Colombia investigará, tal como se anunció, 10 casos (5 del ELN y 5 del Estado) de acciones militares o crímenes crueles contra los civiles o entre los mismos combatientes: masacres, violaciones sexuales, privaciones de alimentos e insumos indispensables para la supervivencia de los civiles, ataques a militares desarmados o fuera de combate, entre otros.
El acuerdo incluye “la aceptación de la investigación internacional de casos concretos y sobresalientes de violación del DIH por las dos partes y acuerdos de alcance parcial de aplicación inmediata de normas humanitarias internacionales”, precisó el presidente Samper el 18 de abril pasado.
Reseña
La Comisión cuenta en la actualidad con 15 miembros elegidos el 29 de octubre de 1996. Hay representantes de Italia, Argelia, Suiza, Polonia, Holanda, Nueva Zelanda, Rusia, Austria, República Checa, Rumania, Brasil, Hungría, Chile, Suecia y España.
Hasta hoy 53 países han aceptado, ante el gobierno Suizo, la jurisdicción y competencia del organismo para que intervenga, si se le solicitan sus servicios, en la Encuesta (entiéndase investigación) de casos atentatorios contra el DIH. Colombia adoptó el convenio el 17 de abril de 1996.
Se contempla que una sala compuesta por siete miembros inicie la investigación. Cinco de ellos no son nacionales de ninguna de las partes enfrentadas y los otros dos son escogidos, de manera equitativa, por el Presidente de la Comisión.
Los interesados presentan sus casos y pruebas y la Comisión emprende una investigación, imparcial y en el terreno, basada en esos datos. Una vez terminada la recolección de pruebas somete a las partes a la lectura del informe y de las recomendaciones del caso. “La Comisión no puede hacer públicos sus informes a menos que las partes den su conformidad”.

Julio 6 de 1998, Edición 844

LA HERENCIA QUE LE DEJA A SU sucesor el presidente Ernesto Samper es catastrófica en todos los aspectos: físicos y morales, políticos y económicos, y hasta cosméticos: esa ‘imagen’ que tanto nos cuesta, pese a lo cual es cada día peor.  Un Estado en quiebra, una clase política corrompida, un orden público salido de madre, una miseria agravada, un territorio destruido, una soberanía entregada. Y el odio. Samper ha sido, sin ninguna duda, el más nefasto de todos los gobernantes que ha tenido esta tierra de malos gobernantes que es Colombia. El explica que se va fuera del país porque su vida corre peligro. Hombre, sí: corre peligro la vida de todos los colombianos. Y en buena medida es por culpa del gobierno inepto, corrompido y corruptor, de Ernesto Samper.  A su sucesor, el gobierno del presidente electo Andrés Pastrana, le tocará pechar con el horror, sin beneficio de inventario, de semejante herencia.

Claro que ese horror no es creación personal de Samper, como a veces parecen pensarlo (y lo dicen sin cesar) sus enemigos. El no hizo otra cosa que agravar lo que había: acentuar la corrupción, soltar del todo las riendas de la que violencia, someterse a los dictados egoístas del gobierno de Estados Unidos, favorecer el enriquecimiento de los más ricos, abandonar a su miseria a los más la pobres, completar la destrucción del campo, terminar de desmantelar las de  instituciones. Pero todo eso venía de atrás. No voy a remontarme hasta el licenciado Gonzalo Jiménez de Quesada, primer gobernante de este país acusado formalmente de corrupción y mal gobierno: pero no cabe duda de que, por lo menos en el último medio siglo (desde la llamada ‘Violencia’ para acá) cada gobernante sucesivo no ha hecho otra cosa que agravar los problemas creados por su predecesor, sin resolver ninguno. Creados por su predecesor con la ayuda de muchos: sus colaboradores, e incluso sus adversarios.  La destrucción de Colombia ha sido una empresa colectiva de la cual somos responsables los colombianos de varias generaciones, incluyendo a quienes no hemos hecho otra cosa que denunciarlas sin haber conseguido evitarla. Denunciar: qué tontería. ¿Acaso el propio Samper no denunció, cuando era su turno de hacerlo, cosas terribles? Creo recordar que denunció incluso, en algún periódico o revista, o en el Concejo, o quizás en el Congreso, el horror (económico, moral y estético) de la Troncal de la Caracas construida en Bogotá por su hoy sucesor en la presidencia Andrés Pastrana cuando fue alcalde Bogotá.
La destrucción de Colombia ha sido, digo, una empresa colectiva. Su reconstrucción tendría que serlo también, a diferencia de lo que parecen pensar quienes le piden al nuevo presidente Andrés Pastrana que “la salve”. (Un presidente de Colombia no es todopoderoso, como lo muestra el hecho de que Samper no haya podido hacer que su candidato ganara las elecciones). Pero en esa empresa colectiva es importante la elección de los colaboradores; y, por lo que hemos visto anunciado, los convocados por Pastrana no son los más apropiados para una tarea de salvación, y sí, más bien, para una de degüello. No hablo de nombres propios (ministros y asesores), sino de grandes fuerzas: los que él ha llamado “los amigos de la banca internacional”, a quienes piensa pedirles un ‘plan Marshall’ para recuperar la economía colombiana desestabilizada por los narcocultivos y el narcotráfico; y el gobierno de Estados Unidos, al que ha declarado “invitado de honor” para lograr la paz con la insurgencia política.
Pregunto: ¿cree de verdad Pastrana que ‘los amigos de la banca internacional’ son amigos? Y ¿cree de verdad Pastrana que el gobierno de Estados Unidos puede colaborar --o quiere—en la paz de Colombia?
Ojalá me equivoque: pero mucho me temo que dentro de cuatro años yo mismo—o inclusive el ex presidente Ernesto Samper—esté escribiendo un artículo lamentando la espantosa herencia que habrá dejado el gobierno de Andrés Pastrana.
 

Julio 6 de 1998, Edición 844
REVISTA SEMANA
Mauss, el milagrero
Por Roberto Pombo

APARTE DE LAS MULTIPLES FACETAS que en los últimos días ha mostrado tener el controvertido Werner Mauss, aparece una nueva que puede ser la más sorprendente entre todas sus virtudes: el célebre espía alemán le devuelve la vista a los ciegos.
Lo digo porque bastó apenas que Mauss reapareciera como intermediario de la paz entre los gobiernos alemán y colombiano, las conferencias episcopales de allá y de acá y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) para que todos quienes lo calificaron en su momento como un secuestrador que tenía negocios con el gobierno colombiano pasaran de la noche a la mañana a verlo como un hombre sacrificado que renunció incluso a su libertad para contribuir con la paz en nuestro país.
El tema me interesa mucho porque, el hecho de haber afirmado en esta columna hace año y medio que había que tener cuidado con el análisis del episodio de su captura en Antioquia me hizo objeto de toda suerte de descalificaciones, por considerarse que era evidente que se trataba de un bandido amparado por el gobierno de Ernesto Samper.
El asunto fue que como había una relación aparente entre Horacio Serpa, Werner Mauss y la empresa Siemens, los acusadores de se  oficio del gobierno asumieron que había que fusilar mientras llegaba la orden. Y ayer así se hizo. El tema quedó reducido a uno más entre la abundante literatura sobre corrupción, y la gente cerró los ojos ante las evidencias posteriores de que la cosa era muy distinta y mucho más compleja.
Quienes en ese momento se negaron a ver lo que era evidente, hoy tratan de interpretar el asunto como un episodio en el que los protagonistas decidieron ocultar la realidad, y justifican su ceguera con explicaciones que siguen siendo acusaciones a quienes en aquella época estaban manejando ese proceso de paz.
La realidad es que desde hace más de un año es un hecho público que Werner Mauss era el enviado especial del gobierno alemán para hablar con la cúpula del ELN; que él mismo llevó al comando central de esa organización a Alemania; que allá se reunieron con los enviados especiales del gobierno colombiano; que las conferencias episcopales de los dos países estaban participando en el proceso con el aval expreso del Vaticano, y que Mauss había sido detenido cuando buscaba la liberación de una ciudadana alemana secuestrada en Colombia, porque ese hecho había trancado el desarrollo de las conversaciones.
Esa versión de los hechos fue publicada en detalle en algunos medios colombianos (en esta columna, entre otros), aparte de que el comportamiento de los gobiernos alemán y colombiano frente a la detención de Mauss dejaba claro que ambos estaban sobre el asunto. Ni Colombia protestó porque Mauss tuviera cuatro pasaportes expedidos por la cancillería alemana, ni Alemania abrió la boca frente a la detención de su enviado especial.
Desde entonces ha pasado mucha agua debajo del puente—la elección de Andrés Pastrana, por ejemplo—y ahora vuelve a aparecer la misma escena de la película con los mismos protagonistas pero un año y medio después: la Iglesia Católica, Alemania, Colombia y el ELN se vuelven a reunir en tierra europea para seguir hablando de la paz gracias a las gestiones del señor Werner Mauss. La única diferencia es que ahora se produjo el milagro de que los ciegos de entonces están empezando a ver.
Lo cual no tiene nada de malo: siempre es mejor ver que no ver. Lo grave es que sean las conveniencias políticas de cada cual y no el beneficio del país lo que esté determinando que mucha gente considere malo primero y bueno después un mismo episodio ocurrido con muy poco tiempo de diferencia.
Todo esto viene a cuento porque lo único que se puede tirar el ambiente positivo que se respira en materia de paz es que se pierda la cabeza fría para estudiar las situaciones. En todo proceso de paz hay muchos momentos delicados, y lo peor que podría pasar es que quienes antes todo lo consideraban malo ahora empiecen a respaldar cuanto se haga, y que las víctimas de las descalificaciones de ayer comiencen a hacer lo propio con lo que se haga a partir de ahora.
Estoy seguro de que la hoja de vida de Mauss debe ser de infarto. Supongo que ni el propio gobierno alemán pone la mano al fuego por el hombre. Pero donde empecemos a pedir antecedentes de los protagonistas de la violencia para ver si se pueden sentar a hablar de paz, se van a quedar solos los curas, charlando en sus abadías.
 

 Medellín, sábado 1º de agosto de 1998
EL COLOMBIANO
En las afueras de Bogotá
“Paras” atemorizan a campesinos de Usme
Por CECILIA GONZÁLEZ Colprensa-Santafé de Bogotá

 “Allá se ve mi finquita, qué tristeza”, alcanzó a decir Juan Díaz con la voz quebrada por las lágrimas y la mirada perdida entre los matorrales que separan su finca de la de Camilo Rodríguez, uno de los desplazados de Usme, en las afueras de Bogotá.
 
    Atrás quedaban las verdes fincas sembradas de papa y abandonadas por sus dueños. Hombres y mujeres que desde el lunes de esta semana no han podido dormir en paz por culpa de unas llamadas anónimas que han alterado sus nervios de personas aguerridas, acostumbradas a trabajar y arrancarle los frutos a una tierra bendita, hoy olvidada por Dios y el Gobierno.

     “Nosotros estamos aterrados porque aquí eso de amenazas nunca había pasado.  Lo único que queremos es que nos dejen en paz, que nos dejen trabajar nuestra tierra porque lo único que tenemos son deudas que pagar”, expresó desconcertado Darío Castro, propietario de otra de las parcelas de la vereda Las Mercedes.
 Sí, deudas es lo único que tienen porque debido al fenómeno de El Niño muchas cosechas de papa se perdieron y varios agricultores tuvieron que adquirir créditos con la Caja Agraria para sembrar nuevamente.
Nueva amenaza

     Hoy, no es el fenómeno natural el culpable de la ruina de los campesinos de Usme. El responsable de su desgracia y el que los tiene al borde de la desesperación porque deben responder ante la Caja Agraria es el desplazamiento ocasionado “por unas cobardes voces” que por teléfono los intimidan para que abandonen sus tierras.
 
    Desde el pasado lunes, cuando las amenazas volvieron a repetirse, los campesinos de las veredas Las Mercedes, Las Margaritas, La Unión y El Destino; comenzaron su huida hacia el casco urbano de Usme y a Bogotá, donde algunos tienen familiares. Los demás tuvieron que soportar a la intemperie las más bajas temperaturas propias del Páramo de Sumapaz.
 
    El temor se apoderó de todos en esta región. Temor de no poder volver nunca más a sus parcelas, temor de ser masacrados como ha ocurrido en Barranca, Puerto Alvira y Mapiripán, entre otros tantos lugares del país en donde las matanzas fueron anunciadas con días de anticipación.
 
    Por su parte, el alcalde la localidad de Usme, Nelson Cruz Duarte, aseguró que su despacho ya pidió el apoyo del Ejército con el fin de que vigilen las veredas amenazadas y así evitar el éxodo de los campesinos. Sin embargo, el mandatario local reveló que aunque él, la Policía y la Personería municipal ya se comprometieron con los campesinos a brindarles algunas condiciones de seguridad, ellos continúan desconfiando porque antaño se presentaron graves enfrentamientos entre el Ejército y personas de la zona rural del municipio.
 
    De todas maneras, las 85 familias desplazadas de la zona rural de este municipio, cerca de Bogotá, seguirán hacinadas en el teatro parroquial a la espera de que alguien les brinde las mejores condiciones de seguridad que les permitan regresar confiados a sus parcelas.

Medellín, miércoles 5 de agosto de 1998
EL COLOMBIANO
Ataques en 17 departamentos

Cúcuta. Dos carros-bomba hicieron explosión la noche del pasado lunes en Cúcuta. El primeroexplotó frente a las instalaciones del DAS y cobró las vidas de dos escoltas del director de esta institución. El segundo estalló frente al Consulado de Venezuela causando cuantiosos daños materiales.

Por EL COLOMBIANO-COLPRENSA-REUTERS Santafé de Bogotá y Medellín
 La escalada de violencia ejecutada por la guerrilla al comenzar la semana en 16 departamentos del país, fuera de Antioquia, deja hasta el momento un saldo de 18 muertos, entre militares, policías y civiles; más de 25 heridos y 22 miembros de la fuerza pública retenidos en Guaviare.
 
    La oleada terrorista afectó instalaciones militares, de policía y gubernamentales; así como entidades financieras y la infraestructura petrolera y energética.

     Las acciones guerrilleras, que ocurren a pocos días de la transmisión de mando presidencial y en el aniversario del Ejército Nacional, afectaron principalmente a Norte de Santander, Bolívar, Valle del Cauca, Cauca, Risaralda, Tolima, Putumayo y Guaviare.
 
    Se registraron 30 ataques simultáneos, perpetrados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Farc.
La escala violenta de la guerrilla se resume así:

Bolívar
 El ataque del Frente 37 de las Farc contra el municipio de Córdoba dejó un agente y tres civiles muertos, así como tres personas desaparecidas y otros cinco uniformados heridos. Los tres civiles fallecieron tras el hostigamiento de la guerrilla contra la casa de la familia Méndez, considerada por la subversión como colaboradora de los paramilitares. Los desaparecidos también pertenecen a esa familia. Además, los guerrilleros retuvieron a dos ex alcaldes y a un comerciante.
Norte de Santander
 En Cúcuta, entre la noche del lunes y la madrugada de ayer, se registraron hostigamientos contra las instalaciones del Grupo Mecanizado No. 5 Maza del Ejército y contra la penitenciaría Nacional Modelo.
 Además, estallaron varios petardos en diversos puntos de la ciudad. Algunos de estos artefactos fueron dirigidos contra el cuartel de policía de San Mateo, en Cúcuta, muriendo un agente y resultando heridos tres más.
 En un retén en el aeropuerto murió un uniformado y tres resultaron heridos.
 También se registró la explosión de dos carros bomba, uno al frente de las instalaciones del DAS y otro aparcado cerca del Consulado de Venezuela en la capital nortesantandereana. En la primera de dichas acciones murieron dos escoltas del director del DAS.
 En el corregimiento de Campodos, jurisdicción de Tibú, se presentó un hostigamiento al puesto de policía, con saldo de un policía muerto.
 Ayer, cinco carros bomba fueron desactivados en distintos puntos de las vías Cúcuta-El Zulia, Banco de Arena-Puerto Santander y en el puente García Herreros.
 Ante la ola de violencia, los alcaldes de Cúcuta y demás municipios del área metropolitana (El Zulia, Villa del Rosario y Los Patios) ordenaron la restricción del tránsito vehicular entre las ocho de la noche de ayer y las cinco de la mañana de hoy.
Valle
 Las Farc hicieron presencia, por primera vez, en Buenaventura y atacaron un puesto de vigilancia policial, acción que dejó un oficial y dos agentes muertos, y heridos un uniformado y dos civiles. La guerrilla también atacó un depósito de munición militar. En el corregimiento de San Antonio, comprensión de Sevilla, fue atacada la estación de policía.
Risaralda
 En el corregimiento de San Antonio de Chamí, jurisdicción de Mistrató, se registró una incursión guerrillera que comenzó el lunes en la noche y finalizó en la mañana de ayer. Murieron cuatro uniformados y otros dos resultaron heridos. La fuerza pública abatió a dos alzados en armas.
Magdalena
 De acuerdo con el comandante de la Policía de Magdalena, coronel Octavio Grajales, un grupo de guerrilleros, al parecer del ELN, intentó tomarse el corregimiento de Minca, jurisdicción de Santa Marta, pero agentes del cuartel policial repelieron el ataque. El señor Alonso Parra Ospino murió y cuatro agentes resultaron heridos.
Tolima
 En la vía que de Castilla conduce a Natagaima fue emboscada una patrulla policial. Siete agentes resultaron heridos.
Meta
 La guerrilla atacó el puesto de Policía de La Uribe. No se reportaron heridos o muertos.
Huila
 En el sitio Las Palmitas, limítrofe con Tolima, un oficial de la Policía falleció, después de que la patrulla que comandaba acudía a reforzar a los agentes que repelían el ataque guerrillero en Natagaima. Un agente resultó herido.
Cauca
 El cabo Luis Torres, del Batallón José Hilario López, indicó que ayer se había restablecido la calma en el municipio de Cajibío tras el hostigamiento guerrillero del lunes pasado. Durante el ataque, perpetrado por subversivos de las Farc, fueron heridos un menor de edad y un agente. Así mismo, el grupo guerrillero dinamitó el peaje El Mango sobre la carretera Panamericana. En total, se reportaron ataques contra cinco municipios del Cauca.
Putumayo
 Se informó que baterías y tanques de almacenamiento de la petrolera Argosy Energy International, en los departamentos de Putumayo y Cauca, fueron blanco de fuertes ataques. “Está afectada la producción de 3.500 barriles diarios”, dijo una de las fuentes, tras advertir que murió un soldado que cuidaba los campamentos de Argosy. Pese a la información anterior, el portavoz de la empresa, Alvaro Camacho, dijo que no tenía detalles de la ofensiva guerrillera.

Medellín, miércoles 12 de agosto de 1998
EL COLOMBIANO
Sin esperanzas de retorno

Desde todos los lugares. Los más recónditos y los más cercanos, los desplazados llegan a la ciudad. Atemorizados, sin horizontes, van recorriendo las calles con un morral de sinsabores y la esperanza de recuperar lo que los violentos les han arrebatado.
Por Gloria Luz Gómez Ochoa Medellín

 De continuar la violencia en el país, la problemática de los desplazados será un asunto de nunca acabar. Tras ser expulsados de sus tierras, ellos llegan a la ciudad en busca de una oportunidad, pero lo único que encuentran es un cúmulo de necesidades insatisfechas.
 
    Se estima que más de 35 mil personas desplazadas se encuentran en Medellín, aunque otras informaciones hablan de 60 mil. En su mayoría vienen de la región de Urabá, del nordeste, occidente y algunos del suroeste del departamento.
 
    Margarita vivía en la vereda La Mica, de Angelópolis, en una finca dedicada a actividades de pan coger, “allí todo era calmado y pacífico, pero los paramilitares le dijeron a un campesino que nos teníamos que ir y si no: nos quemaban los ranchos. Hasta ahí llegó nuestra tranquilidad”, afirma.
 
    La situación aporrea de manera dramática a esta población. Para lograr su sustento algunos tienen que recurrir a la mendicidad y a las ventas callejeras, pues no están recibiendo ninguna colaboración por parte del Estado ni del gobierno municipal y, en ocasiones, las promesas no son cumplidas. Según, monseñor Darío Monsalve, “el Estado no ha cumplido con los $70.000 mensuales, para el alquiler y un mercado semanal, que prometió para los desplazados que se alojaron en la Veracruz”, los mismos que ahora están en diferentes albergues que les ha proporcionado la Iglesia.

No son culpables
     Más que víctimas son vistos como una amenaza, estigmatizados y juzgados, en ocasiones, como otro actor más del conflicto. La solución al problema es lejana, “ellos no tienen la posibilidad del retorno porque han perdido todos sus bienes y enseres, o las zonas donde vivían siguen bajo el control de los violentos”, asegura monseñor Monsalve. Incluso, se sabe que muchos de los que han regresado fueron asesinados, comenta Humberto Londoño, coordinador de Derechos Humanos y Desplazados de la Asociación Campesina de Antioquia, ACA.
 
    Según datos de esta ONG, de los 35 mil desplazados que hay en Medellín, 380 familias están en el barrio El Pinal; 180 en El Picacho, 1000 en Vallejuelos, de los cuales 500 son desplazados; 43 en Bello Oriente, que a pesar de ser uno de los mejores lugares carece de servicios públicos; 250 en El Pinar del Cerro y 100 en la Mano de Dios. Mientras cada día el problema crece, algunos improvisan lugares para la vivienda, otros duermen en la calle. “Los niños están sufriendo las peores consecuencias. Hay altos índices de desnutrición y falta de atención en salud, lo que está provocando muchas muertes”, dice Humberto Londoño.

Algunas alternativas
 Sin embargo, gracias a las gestiones de la Arquidiócesis de Medellín y ONG nacionales e internacionales, algunos desplazados serán ubicados en terrenos más seguros. Pero la falta de recursos económicos, como es el caso del asentamiento de Bello Oriente, tiene estancados los proyectos.
 
    La situación de los desplazados es cada vez más grave y compleja, “porque no se despeja una voluntad por parte del gobierno. A donde vamos, lo único que nos dicen es qué plata no hay para ayudarnos. Sólo nos engañan con libras de lentejas y arroz, que es lo único que hemos recibido”, dice Mauricio, líder de los desplazados alojados en el Albergue de la Alegría.

Un pueblo errante camina sobre Antioquia
Por ISOLDA MARÍA VÉLEZ H. Medellín

    Mientras que la Asociación de Campesinos de Antioquia habla de 300 mil personas desplazadas en este año en el departamento, la Consejería Presidencial responsable del tema y la Gobernación calculan que el número está cerca de 65 mil.
 
    La diferencia parece subsistir en el hecho de que muchas personas no registran de manera oficial su situación de desarraigo porque llegan donde sus familiares en otras regiones o no buscan asistencia estatal por desconocimiento o por el temor a posibles represalias.

    Lo cierto es que la situación en Antioquia tiende a empeorar, según los cálculos de la Asociación de Campesinos. “Creemos que habrá nuevos éxodos debido a la construcción de macroproyectos en diferentes zonas como el Oriente. Además se habla de una nueva toma de la guerrilla en Urabá y de las movilizaciones silenciosas que vienen ocurriendo en algunos municipios del Suroeste”, explicó Gabriel Humberto Londoño, coordinador de Derechos Humanos y Desplazados en esa organización.
 
    Para el dirigente, la confrontación entre guerrilla y paramilitares es sólo un sofisma de distracción, pues en algunos puntos del departamento ni siquiera hay presencia insurgente “lo que nos lleva a deducir que se trata de un asunto de fondo político, pero especialmente con un alto tinte económico”.
 
    Este año se han presentado movilizaciones de campesinos en municipios en los cuales no hay clara confrontación armada, según dijo. Se trata de regiones como el Suroeste, específicamente en Angelópolis, Betulia, Pueblorrico, Tarso e incluso Barbosa, en el Valle del Aburrá.
 
    El director del Dapard, Clímaco Lopera, manifestó que de los 125 municipios de Antioquia, 54 tienen problemas de desplazamiento.

Ayuda humanitaria
 Frente al fenómeno, el consejero Presidencial para los Desplazados en Antioquia, José Fabio Naranjo, reconoció que el problema sólo ha sido abordado desde una perspectiva de ayuda humanitaria, de una asistencia puntual con muchas deficiencias, en algunos casos.
 
    “La Consejería obtuvo recursos irrisorios del gobierno anterior. En un mes y 10 días, por ejemplo, sólo recibimos $40 millones, de los cuales $20 millones estaban ya comprometidos. Pedimos $500 millones, pero no hubo respuesta positiva”, indicó Naranjo.
 
    El funcionario afirmó que mientras el tema de los desplazados no se aborde en el marco de un proceso de paz será imposible cualquier solución para estas personas.
 
    Un preanálisis de la situación en Antioquia señaló que para la atención de 65.000 personas se requeriría, por lo menos, de presupuesto de $100 mil millones. “El año pasado se destinaron $62.000 millones para todo el país.  Esto ya da una idea de que lo que se hizo anteriormente fue una intervención puntual”, precisó.
Para el director del Dapard, en el departamento se ha logrado dar asistencia humanitaria en todas las zonas objeto de desplazamiento.
 
    “El montaje de los comités para los desplazados en los municipios nos ha dado buenos resultados. Con ellos hemos logrando contener movilizaciones en las cabeceras, con resultados incluso positivos como el de Granada”.
 El gobernador de Antioquia, Alberto Builes Ortega, recordó que no se puede garantizar el desarrollo integral de los desplazados “si ellos no asumen el compromiso de regresar a sus parcelas, pues no existen los recursos para pensar en otro tipo de opciones que garanticen una vida digna”.

Un largo camino de regreso
No se cumplen las condiciones para el retorno
Turbo. El pasado mes de febrero los desplazados del Bajo Atrato que llegaron a Turbo recordaron la arremetida paramilitar que los desterró de sus veredas y, por primera vez, lloraron a sus muertos sin temor.

Por ALEJANDRO BAENA JIMÉNEZ Medellín
 Seis meses después de que el gobierno asumió un compromiso con las comunidades desplazadas de Pavarandó para el retorno a sus tierras, según los campesinos y las ONG involucradas en las negociaciones se ha cumplido muy poco.
 
    Confiados en promesas de educación, alimentación, seguridad y empleo los campesinos crearon seis asentamientos provisionales cercanos a sus veredas en Villahermosa, Domingodó, Cañoseco, Montaño, Clavellino y Nueva Esperanza.  Allí se instalaron hasta que se les brinden las condiciones para el retorno.
Sin embargo, la ayuda se quedó corta, y a excepción de aspectos como el de evitar la presencia de la fuerza pública en las zonas de asentamiento, el gobierno parece desentendido del problema.

     “Podríamos decir que la atención a estas personas ha sido bastante insuficiente tanto en la ayuda de emergencia como en los proyectos más globales de salud, educación y alimentación, mientras tanto en Pavarandó aún quedan 806 personas que llevan 7 meses sin ningún tipo de ayuda”, afirmó Omar Hernández, investigador del Cinep.

     La situación no es mejor para las 25 comunidades de la Cuenca del Cacarica -450 familias, alrededor de 2.800 personas- que desde hace 18 meses se encuentran en Turbo y Bocas del Atrato, quienes firmaron un acuerdo parcial con el gobierno que aún no permite el retorno.

En el papel
 Los acuerdos contemplan aspectos de infraestructura básica cuya aprobación total depende de la adjudicación de recursos.

    Según una evaluación técnica se necesitan aproximadamente 750 millones de pesos, de los cuales la Red de Solidaridad Social sólo ha aprobado 400 millones, para soluciones de vivienda.
 
    En cuanto al problema del dragado de los ríos, para abrir el acceso a las poblaciones abandonadas, la valoración del Ministerio de Transporte sugiere una inversión de cerca de 850 millones de pesos y el gobierno saliente manifestó que no cuenta con los recursos.

     “El destaponamiento de las cuencas es indispensable, no sólo para el ingreso a la región de las familias, sino que significa volver a reactivar la economía de estas comunidades”, según voceros de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz.
 
    Ahora, están a la expectativa sobre la actitud que tomará el gobierno de Andrés Pastrana frente a su situación. “Luego de su elección se le han enviado dos comunicaciones -afirman los voceros- y hasta el momento no ha habido respuesta alguna”

Medellín, jueves 13 de agosto de 1998
EL COLOMBIANO
Ayuda de E.U.: ¿todo para la guerra?
Por ELIZABETH MORA-MASS EL COLOMBIANO-Washington

     De acuerdo con Adam Isacson, investigador del Centro para la Política Internacional y miembro del Latin America Working Group, dos entidades con sede en Washington y especializadas en América Latina, Colombia es uno de los grandes beneficiados con la ayuda del Departamento de Defensa de los Estados Unidos.
 
    En su libro Sólo los Hechos, publicado hace dos semanas, Isacson asegura que Colombia fue el segundo beneficiario continental de la ayuda del Control Internacional de Narcóticos (INC) en 1997; y el tercero en 1996. “Pero esta ayuda va a incrementarse notablemente este año”, dijo.
 Junto con Perú, Colombia recibirá “asistencia especial antinarcóticos” a través del presupuesto de defensa, en el renglón conocido como Sección 1033, entre 1998 y el 2002.

     En ese sentido, el presidente Andrés Pastrana, fue enfático en su reciente visita aquí en que no sólo es bienvenido el apoyo y la cooperación en la lucha antidrogas, sino también la necesidad de avanzar en una especie de Plan Marshal (semejante al dispuesto por Estados Unidos para ayudar a Europa tras la segunda guerra mundial) de corte social y alternativo.

La ayuda
 De acuerdo con Isacson, durante 1997 (a pesar de la descertificación) “Colombia fue el primer país que recibió ayuda antinarcóticos a través de la Sección 1004 del Departamento de Defensa”. El estimado es superior a 25 millones de dólares para este año, pero la cifra podría aumentar.
 Otro incremento vendrá por la vía del entrenamiento de las fuerzas de seguridad del Estado. “Este año y en los venideros, sin la obligación que la descertificación imponía para recibir entrenamiento y educación militar, la ayuda va a subir sustancialmente”, aseveró.
 
    Mientras que en 1997 no había en Estados Unidos ningún estudiante colombiano en formación militar a causa de la descertificación, este año hay 100 recibiendo capacitación. El año entrante irán 80 a adiestramiento especial.
 “Es sólo dinero para la guerra”, dijo Joy Olson, coautora del mencionado libro y directora del Grupo de Trabajo sobre América Latina. “No hay un solo dólar para ayudar a la justicia o para hacer los programas de sustitución de cultivos, financiación que sí está incluida para programas en Perú y Bolivia”.

Más dinero para la guerra
 Aunque las anteriores cifras son de respeto, la ayuda financiera hacia Colombia podría aumentar sustancialmente. En este momento, en el Congreso de Estados Unidos se tramita un proyecto de ley que incluye un presupuesto de 2.6 billones de dólares para cambiar la estrategia antidrogas.
 
    “Si este presupuesto es aprobado, Colombia será el país más beneficiado”, dijo Isacson.
 La razón es que un 10% de ese dinero sería destinado a Colombia. “Estamos seguros de que en Colombia se va a detener la producción de narcóticos”, explicó uno de los asistentes del senador Jesse Helms, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.  Informó que unos 580 millones de dólares se destinarían a la compra de 20 aviones de patrullaje tipo P-3B y otros 300 millones serían para la construcción de una base antidrogas en algún lugar de América Latina, seguramente en un país andino.
 
    De ese presupuesto, 290 millones de dólares serían para comprar nuevas naves de patrullaje para la Guardia Costera “con el objeto de instalar radares a lo largo de la costa del Pacífico”, manifestó el asistente de Helms.
 La misma propuesta contempla seis millones de dólares para hacerle mantenimiento a los helicópteros de la Policía de Colombia y renovar los sistemas de protección de la cárcel La Picota de Bogotá.

     Según Olson, “los colombianos tienen que pedir que también les den ayuda para la paz. Que les ayuden a financiar programas sociales como la creación de fuentes de trabajo y entrenamiento para la mujeres y los jóvenes”, agregó. “Los colombianos también tienen que pedir ayuda para la paz”

Medellín, jueves 13 de agosto de 1998
EL COLOMBIANO
 “Periodistas, hablemos”: guerrilla

COLPRENSA-Santafé de Bogotá. Las Farc y el ELN están dispuestos a participar en un gran encuentro de paz con los medios de comunicación, para definir unos puntos básicos de respeto a la verdad y a la realidad del conflicto armado en nuestro país.
 
    Así lo manifestaron en un conversatorio organizado por la Corporación Medios para la Paz, entre periodistas de todos los medios y dos voceros de esos movimientos.
 
    Tanto el vocero del ELN, Francisco Galán, desde Itagüí, como Marcos Calarcá, de las Farc, desde México, aseguraron que lo más importante para contribuir a la construcción de la paz en Colombia, es que periodistas y medios de comunicación no se dejen reclutar por ninguna de las fuerzas en conflicto y que su único compromiso sea con la verdad y la realidad de la confrontación armada.
 
    En tal sentido fue el vocero del Ejército de Liberación Nacional quien propuso que la responsabilidad de informar sobre los hechos de guerra y las iniciativas de paz, conozcan no sólo la realidad coyuntural de la guerra sino también las causas históricas del propio conflicto.

Posición
 Galán invitó a los periodistas a que definan una posición específica frente al conflicto y al mismo tiempo mantengan su neutralidad ante los actores del mismo, porque considera que lo más dañino para cualquier proceso de acercamiento, de diálogo o de negociación, es que las verdades sean acomodadas, dichas a medias o simplemente dejadas de decir.
 
    Así mismo, consideró que un buen comienzo es la apertura de espacios permanentes de reflexión sobre la forma como los medios de comunicación dan informaciones de la confrontación, porque considera que la primera sacrificada en la guerra ha sido la misma verdad sobre ella.
 
    En tal sentido, aseguró que el afán de la “chiva” y la constante presión por la búsqueda de noticias en la que los medios tienen a los periodistas se convirtió en el principal factor de desequilibrio informativo en el que han caído la mayoría de los profesionales de la comunicación.
 
    El vocero de las Farc, Marcos Calarcá, señaló que lo primero que se debe hacer es diferenciar a los periodistas de los mismos medios de comunicación, es decir concientizarse de la necesidad de separar el pensamiento de la persona que cubre los hechos y elabora las noticias, de los intereses de los dueños de los medios.
 
    Coincidió con su homólogo del ELN, al asegurar que los medios y los periodistas contribuirían de manera significativa a la consolidación de un proceso de paz en la medida en que conozcan y manejen las causas del conflicto armado y la realidad en el desarrollo del mismo.

    La propuesta de los voceros de los dos grupos subversivos se suscribe a tres puntos: 1- Realizar un inventario de categorías y calificativos de las diferentes acciones de guerra. 2- Desarrollar un diagnóstico de la posición de los medios frente al conflicto armado en todo el país y 3- Que el lenguaje utilizado para dar a conocer las acciones propias del conflicto refleje la realidad.

EL ESPECTADOR, Agosto 30 de 1998
PROPÓSITO DE PAZ NACIONAL
Investigarán 9 miembros de la Fuerza Pública
Bogotá

     La Procuraduría General de la Nación abrió ayer investigación formal contra nueve miembros de la Fuerza Pública por su presunta actuación omisiva, el pasado 16 de mayo, en la masacre de por lo menos 11 personas en el puerto petrolero de Barrancabermeja.
 
    Así lo dio a conocer la Comisión de la Verdad, con el fin de precisar si se adoptaron o no las medidas pertinentes con relación a un uniforme de inteligencia, considerada una de las pruebas para adelantar la investigación, y mediante el cual se advertía la inminencia de una incursión de grupos paramilitares en el sector nororiental de Barranca.
 
    Después de una reunión que se prolongó por seis horas, los integrantes de la Comisión entregaron a los medios de comunicación el resultado del informe, que señala enfáticamente que hay dos presuntos autores materiales individuales ya identificados, uno de los cuales ya tiene orden de captura vigente, y un miembro de la Fuerza Pública que se encuentra actualmente privado de la libertad.
 
    Según el informe y de acuerdo a las indagaciones practicadas hasta la fecha, la Fiscalía General de la Nación decretó apertura de investigación formal contra un servidor de la Fuerza Pública “por su presunta participación directa en los hechos del 16 de mayo de 1998 en Barrancabermeja, persona que se encuentra privada de la libertad”.
 
    Además, la Comisión reseña que existe la posibilidad de que estén vinculados en la masacre un grupo de personas pertenecientes a las Autodefensas de Santander y sur del Cesar (Ausac), como supuestos autores materiales de los hechos. “La individualización e identificación de los mismos le permitirá tomar a los cuerpos de investigación decisiones en corto tiempo”.

     En diálogo con El Espectador, Volmar Pérez, de la Defensoría del Pueblo y uno de los integrantes de la Comisión, afirmó que el país debe entender que hay un avance en las investigaciones desarrolladas por la Procuraduría y Fiscalía, y reiteró que “le pediremos al presidente darle continuidad a las labores que hasta ahora viene cumpliendo la Comisión, dentro del propósito de buscar mayor afinidad a las investigaciones en curso”.
 
    Agregó que “después de la práctica de algunas diligencias, hay suficientes motivos fundados para decretar el inicio o apertura de investigación formal que hoy en día está encabezada por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía y la Procuraduría”.

Recomendaciones
 Para llevar a efecto las correspondientes investigaciones, tanto en el campo penal como en el disciplinario, se han adelantado visitas e inspecciones judiciales en las instalaciones de la Fuerza Pública, con sede en Barranca, y se han recaudado declaraciones de personas que, de acuerdo al informe, podían suministrar información sobre la identificación de los presuntos autores materiales y el comportamiento de los uniformados.

     El informe observa que la Comisión ya recibió información acerca de los trámites y procedimientos que se han formalizado para hacer efectiva la ayuda humanitaria ofrecida por el Gobierno, a través de la Red de Solidaridad Social, a las familias de las víctimas.
 
    Considerando estos planteamientos, la Comisión decidió solicitarle al presidente la conformación de un cuerpo operativo que apoye el proceso de búsqueda y localización del grupo de personas desaparecidas. Además, sugirió modificar el decreto 2895 de 1997, con el fin de que el bloque de búsqueda tenga carácter permanente y ejecute las órdenes de captura vigentes contra miembros de grupos paramilitares y de autodefensa.
 
    Igualmente, pidió al primer mandatario garantizar la vigencia efectiva de los derechos fundamentales de los habitantes de la comunidad barrameja, a fin de restablecer la confianza entre la ciudadanía y las instituciones del Estado.
 Finalmente, el informe de la Comisión de la Verdad manifiesta que a pesar del escaso tiempo para adelantar las labores de esclarecimiento de los acontecimientos de Barranca, se considera un hecho positivo la agilidad con que actuaron los diferentes organismos de investigación del Estado, mediante el recaudo de pruebas.

Lo que pasó la noche del 16 de mayo en Barranca
Bogotá
 La noche del 16 de mayo pasado, hacia las diez, un grupo de hombres armados incursionó en las comunas sur y nororiental de Barrancabermeja. Llegaron hasta un bazar e hicieron parar la música. A mucha la pararon contra la pared y le preguntaron sus nombres.
 
    Nadie entendía lo que estaba pasando. Minutos después, el grupo armado empezó a asesinar a los que hacían preguntas y a los que se negaban a subirse a varias camionetas. Algunas de las víctimas fue degolladas; otras, murieron a punta de bala.  “Por fortuna no trajeron la motosierra, que es lo que acostumbran los paramilitares”, han dicho los pobladores de Barrancabermeja.
 
    Al día siguiente la noticia estremeció al país. El resultado de la incursión era escalofriante: 11 muertos y 35 secuestrados.
 
    Dos días después se realizaron en Barranca las honras fúnebres de los primeros masacrados, y el pueblo entró en un paro cívico organizado por la Coordinadora Popular de Barrancabermeja. La parálisis duró 96 horas y el país estuvo al borde de una crisis de hidrocarburos. Pero lo más diciente de todo es que el pueblo del puerto, el de verdad, quería llevar su protesta hasta las últimas consecuencias.

     Barranca lloró sin consuelo, y eso que no sabía que sobre sus hombros venía una tragedia mayor. A principios de junio, el Gobierno nacional, a través del consejero para la paz José Noé Ríos, hizo saber a Colombia y al mundo que las 35 personas secuestradas habían sido masacradas y posteriormente incineradas. El motivo de la demencial acción: “porque eran (los muertos) militantes o auxiliadores de la guerrilla.
 
    Con la tragedia encima, con la gente llorando por sus calles y con una ira inmensa hacia el Gobierno ?que según los barramejos “nos engañó”?Barrancabermeja volvió a parar. Sus habitantes reclamaban, al menos, la cenizas de sus seres queridos. Pero hasta ahora no han aparecido.
 
    Así y todo, los habitantes del puerto petrolero no se dieron por vencidos y un día después de confirmarse la nueva masacre, ubicaron en la sede nacional de la Unión Sindical Obrera (USO) 35 féretros vacíos. Era un entierro simbólico y un gesto sincero de esperanza porque sus seres queridos aún estuvieran vivos. “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, han repetido hasta el cansancio los habitantes de Barrancabermeja.
 
    Hoy, el puerto no para de llorar. Los barramejos saben que los “paras” están al acecho y que no se descarta que ellos vuelvan a rondar por sus calles. Sólo Dios paz detendrá esa demencial acción.

Claman justicia
 “El Gobierno nos tiene que dar una solución y de paso se tiene que comprometer con nosotros el entrante presidente para esclarecer todos los hechos”.
 
    Con estas palabras, María Pérez, madre de Daniel Campos Pérez, uno de los campesinos desaparecidos el pasado 16 de mayo en Barrancabermeja, expresó ayer su dolor por la no existencia de pruebas que demuestren si su hijo permanece o no con vida, y afirmó que “si el Gobierno no nos dice nada en concreto, nos tendremos que quedar aquí aguantando frío y hambre, y durmiendo en la calle”.

     Por lo menos 22 familias se desplazaron el martes 27 de julio a la capital para reclamarle al Gobierno justicia por sus 25 familiares desaparecidos que, según un comunicado pasado firmado por las Autodefensas de Santander y sur del Cesar (Ausac), fueron asesinados y posteriormente calcinados.

     En carta dirigida a la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil, familiares de las víctimas de Barranca le exigen al Gobierno que ordene “a los militares y policías cómplices del cabecilla paramilitar Camilo Morantes, que opera en Santander y sur del Cesar, que no obstruyan las investigaciones penales y disciplinarias”.
 
    “Nos dijeron que los habían masacrado e incinerado, y esta es la fecha que no hay muertos, ni cuerpos, ni cenizas, ni huesos, ni nada. Ojalá los representantes del Gobierno nos digan una realidad, no una mentira como tantas que nos han repetido”, aseveró María Pérez quien, junto a otros barramejos, está dispuesta a permanecer en Bogotá hasta tener certeza sobre el paradero de su hijo.