Colprensa-Santafé de Bogotá.
La Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la paz exigió al Estado desmontar la justicia regional, reformar la justicia penal militar, tipificar el delito de desaparición forzada y proscribir todo vínculo de agentes estatales con el paramilitarismo.
 
    La Comisión Nacional de la Asamblea Permanente impulsará la creación de brigadas para acompañar a la población civil durante el despeje de los cinco municipios propuestos por las Farc y constituirá una comisión de seguimiento y cumplimiento al Derecho Internacional Humanitario en la mencionada zona.
 
    Esas son las principales conclusiones del primer encuentro de la Comisión Nacional de la Asamblea Permanente, que se reunió el sábado pasado para analizar las propuestas hechas en el encuentro de instalación. Allí se emitió una declaración en la que se expresó que esta primera sesión “tuvo como telón de fondo el luctuoso asesinato de la impulsora de la paz en nuestro país, la periodista Amparo Jiménez”.
 
    Se solicitó que todos los actores del conflicto atiendan las normas del DIH, para lo cual determinó crear una comisión para poner en marcha un mecanismo que verifique su cumplimiento y respeto. El mecanismo deberá ser independiente, imparcial y contar con garantías para su eficaz y adecuado funcionamiento, dice la declaración.
 
    También se saludó el acuerdo suscrito entre la sociedad civil y el ELN en Alemania. La Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz se instaló el pasado 30 de julio en la Biblioteca Luis Angel Arango.
Paz, asunto de todos
 
    El documento expresa la preocupación que asiste a la Asamblea por “los intentos que desde distintos ámbitos de la vida nacional se vienen haciendo para desconocer la presencia de la sociedad civil en la búsqueda de la paz”.
 
    Hizo un llamado para que se consoliden espacios de interlocución en los que la paz sea un asunto en el que puedan participar todos los colombianos.
 
    Solicitó respeto a la población civil y de todas las personas que no participan de las hostilidades.
 Dice que los recortes presupuestales no deben sacrificar la inversión social ni los intereses de los municipios y mayorías nacionales. Sobre la reforma política, la declaración señala que la Asamblea convocará un gran escenario para definir un consenso en torno a dicho tema.

EL COLOMBIANO
Medellín, martes 8 de Septiembre de 1998
Andrés Pastrana desmiente a CNN

COLPRENSA-Santafé de Bogotá. El Presidente Andrés Pastrana negó ayer que su gobierno haya asumido compromisos con la guerrilla a raiz de su encuentro con el jefe de las Farc, Manuel Marulanda, alias “Tirofijo”.
 Según el jefe de Estado, no es cierto que su gobierno se haya comprometido con las Farc a remover de su cargo a los funcionarios o miembros de la fuerza pública que obstaculicen el proceso de paz o que estén sindicados de paramilitarismo, ni a detener su lucha contra el narcotráfico.
 
    Pastrana se refirió a las declaraciones dadas por un miembro del partido comunista argentino a la cadena internacional CNN, en el sentido de que durante su encuentro con Manuel Marulanda, adquirió dichos compromisos con la guerrilla a fin de mostrar su voluntad de paz y acelerar el proceso de negociaciones propuesto durante su campaña presidencial.

    Pastrana fue categórico al afirmar que “eso es falso, porque la única promesa que hemos hecho es la de trabajar por la paz”.

Erradicación de cultivos
 La información difundida por la CNN aseguró que Pastrana habría adquirido el compromiso de no atacar los cultivos ilícitos de los narcotraficantes.
 
    El Presidente negó tales aseveraciones y recalcó que uno de los puntos básicos de su política de paz con las Farc consiste en que ninguna de las partes adquirió compromisos distintos a los de sentarse en la mesa de negociaciones, que se iniciaría antes del seis de noviembre.
 
    Por esta razón, el Presidente dijo que la erradicación de los cultivos ilícitos seguirá en pie, aunque destacó que está trabajando por darle un aire distinto, una nueva concepción que vaya más allá de la simple eliminación de los cultivos.
 
    Se trata del desarrollo alternativo, cuya postura implica que se ofrecerá a los campesinos una nueva opción para obtener recursos y desarrollar el campo, evitando que los sembrados de amapola y coca vuelvan a crecer en territorio colombiano.
 
    Esta idea fue propuesta por Pastrana al presidente Bill Clinton en su reciente visita a los Estados Unidos y tuvo acogida por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, que aportó 100 millones de dólares para la constitución de un Fondo Contra el Narcotráfico.

     La semana anterior esta iniciativa fue expuesta también a la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Agricultura y la ayuda Alimentaria -Fao-, que realizará un estudio en Colombia sobre las posibilidades de implementar cultivos nuevos que contribuyan a tal fin.

EL COLOMBIANO
Medellín, jueves 10 de Septiembre de 1998
Denuncian ONG y campesinos
Los “paras” golpean a Chocó

     Una racha de asesinatos, desapariciones y desplazamientos ocasionados por grupos paramilitares denunciaron las ONG sociales y de Derechos Humanos y los campesinos del departamento del Chocó.
 
    En un pronunciamiento público, respaldado por más de diez instituciones no oficiales y miles de ciudadanos afectados, se reclamó al Gobierno del presidente Pastrana y a sus Fuerzas Armadas una acción inmediata contra los comandos de autodefensas que operan desde el Alto hasta el Bajo Atrato.
 
    En el extenso documento, enviado además a organismos internacionales, los chocoanos exigieron que se investiguen los hechos violentos, el paradero de sus autores y se les someta a la ley. También que se revise la responsabilidad, por acción u omisión, de los contingentes militares y policiales asentados en municipios como Carmen de Atrato, Vigía del Fuerte y Bojayá.

Crueldad
 Las víctimas y los defensores de Derechos Humanos reportaron el azote al que tienen sometidos a Vigía del Fuerte y a Bojayá los paramilitares comandados por alias “el ovejo”, quienes, entre otros atropellos, asesinaron a una menor de seis años de edad, el pasado 5 de agosto, en el poblado San Martín de Porres.
 
    Desde Carmen, en el Alto Atrato, hasta Vigía, en la parte media del río, los “paras” tienen sometida a la población a innumerables amenazas: impusieron un tope máximo de 60 mil pesos en mercado, por familia, cada quince días.
 “La gente debe mercar en las cabeceras municipales y sus facturas son revisadas y firmadas por los paramilitares para que el mercado pueda salir.  El excedente de gastos o la no presentación de facturas hace que las Autodefensas de Córdoba y Urabá, ACU, decomisen el mercado y, si hay reclamos por parte del afectado, se le insulta y amenaza”.
 
    Los “paras”, que en la vereda Guaduas del Carmen también asesinaron a Rolando Bolívar, Regina Elvira Bolívar y su hijo Miguel Antonio y a Arvey Herrera Restrepo, controlan los cultivos de arroz, la explotación de madera y el consumo de gasolina. En Napipí, Bojayá, desaparecieron a José Luis Restan Díaz y Luis Enrique Areiza.
 
    “En la región del Medio Atrato, el control del orden público sigue en manos de las ACU, comandadas por ‘el ovejo’, bajo la mirada cómplice de los organismos del Estado tales como la Policía Nacional y las administraciones municipales, encabezadas por sus respectivos alcaldes, cuya autoridad es suplantada” por los paramilitares.
 
    Según los denunciantes, todas estas comunidades viven sometidas al imperio del terror y el pánico, mientras que numerosas personas deben abandonar sus parcelas y propiedades para buscar refugio en Quibdó, Medellín y otros municipios cercanos.

 
EL ESPECTADOR 15 SEPTIEMBRE 1988
Estado no puede garantizar D.H.
Bogotá 

     “El primer paso para construir una cultura de respeto a los derechos humanos en un país como el nuestro, tiene que ser necesariamente el de reconocer que nuestras instituciones no están aún en capacidad de garantizar en forma eficiente, eficaz y permanente su protección”.

    Con esas palabras, el vicepresidente de la República, Gustavo Bell Lemus, quien ayer asumió como alto consejero presidencial, reconoció que el Estado no está en capacidad de proteger y garantizar los derechos fundamentales de sus nacionales.

    En su discurso de posesión como responsable de la política gubernamental de derechos humanos y lucha contra la corrupción, el alto consejero presidencial manifestó que mientras se ignore y se le reste importancia a esa realidad, se estará aceptando implícitamente que la vigencia de esos derechos no son considerados indispensables para la vida colectiva del país.

     “Nuestro firme compromiso es proteger y promover los derechos humanos con todos los instrumentos que nos brindan nuestras instituciones”, expresó Bell Lemus.

    A juicio del vicepresidente, se requieren ampliar las estrategias que hasta ahora se han implementado en el país para proteger los derechos humanos, porque “éstos no sólo se violan en medio del conflicto armado sino en las calles de las grandes ciudades, en los hogares, en las escuelas, en el día a día. Necesitamos en este orden de ideas, y aunque a primera vista suene ingenuo y elemental, tenernos más simpatías los unos a los otros, más amabilidad en el trato rutinario de la vida”.

Asunto prioritario
A su turno, el presidente de la República, Andrés Pastrana Arango, quien presidió ?la tarde de ayer? el acto de posesión de Bell Lemus en la Casa de Nariño, dijo que la defensa de los derechos humanos es “un asunto prioritario en todas las agendas de los gobernantes mundiales, hasta el punto que su vigencia se confunde con la esencia misma de la democracia”.

    Según Pastrana Arango, con la proclamación de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en la Revolución Francesa y en la Independencia de los Estados Unidos, se inició en la historia de la humanidad una larga lucha que aún no termina por el reconocimiento y la vigencia plena de los valores inherentes e inalienables del individuo frente al poder, caso omnipotente, del Estado.

    El presidente de los colombianos manifestó que en el campo de la protección de los derechos humanos aún hay un largo camino por recorrer y “el país no puede cerrar los ojos y negarse a ver esas nuevas realidades, porque ello nos podría acarrear lamentables consecuencias”.

    Destacó la designación del vicepresidente Gustavo Bell como el responsable del tema de los derechos humanos y dijo que con ello su gobierno “quiere conferirle una altísima prioridad” a la protección y garantía de los derechos fundamentales. “Dada la enorme importancia que tiene para Colombia, en la actual coyuntura que vive la Nación, la aplicación de una política de Estado seria, coherente y eficaz para la defensa de los derechos humanos, política que debe ser manejada al más alto nivel, le he pedido al señor vicepresidente que la desarrolle y la ejecute”.

Combatir la corrupción
El presidente Pastrana también anunció la creación de un grupo especial de las más altas condiciones morales e intelectuales, para que en coordinación con la Fiscalía y la procuraduría, presenten las denuncias que sean necesarias y realicen un estricto seguimiento a los procesos por casos de corrupción.

     “La corrupción es sin duda uno de los problemas más graves que tiene el país, porque se roba la plata de los pobres, porque devora los recursos destinados a la inversión social e infraestructura y porque desmoraliza la sociedad y deslegitima la democracia”, dijo.

Urgen más garantías para los derechos humanos:defensor
Bogotá

    Durante el primer semestre de 1998 se presentaron por lo menos 800 enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla, un número indeterminado de
guerrilleros caídos en combates y cerca de 500 personas fueron secuestradas por causas políticas en medio de la guerra.

    Así consta en un documento de la Defensoría del Pueblo que contiene 100 propuestas para el nuevo Gobierno, encaminadas hacia la búsqueda de soluciones y caminos que conduzcan a mejorar la situación de violencia que vive Colombia y procurar por que el ejercicio en derechos humanos sea realidad.

    Nelson Caicedo, defensor encargado, señaló ayer que nunca antes como ahora el país se encuentra asediado por la violación a los derechos humanos, aspecto que claramente se refleja con la agudización de la guerra y el fenómeno de la pobreza, padecida por el 50% de los colombianos.

     “Necesitamos que a los individuos se les reconozcan sus principios básicos de convivencia y dignidad. Por eso la Defensoría con su experiencia y conocimiento, ha querido contribuir entregando este documento”, explicó Caicedo quien aseveró que frente al exagerado presupuesto de guerra, el Gobierno debe entender que lo que se quiere es la paz, más no la guerra.
 
Según el diagnóstico realizado por un equipo de trabajo de la Defensoría, la única forma de terminar con las “crueldades” que resultan del enfrentamiento armado es adelantando una efectiva política de acercamientos entre los actores, distensiones, búsquedas de la convivencia pacífica y creación de ambientes favorables para la paz.

    Por lo anterior, la Defensoría sugirió al Gobierno que se apersone del proceso de paz, “al tiempo que se abren canales para las acciones de buena voluntad de la sociedad civil y de las agencias estatales, en especial las que desarrollan las acciones humanitarias”.

    En este sentido también propuso eliminar la exclusión política, social, cultural y laboral que fueron, en gran parte, causantes de la guerra colombiana.

    Para darles fin a las masacres que, durante los últimos tres años, le costaron al país 3.356 muertos, se debe combatir decididamente a los paramilitares y realizar una reforma agraria en las zonas afectadas por la violencia. En cuanto a la situación de los defensores de los derechos humanos, la entidad admitió que a pesar de algunos esfuerzos del pasado Gobierno, los mecanismos adoptados no han sido suficientes para proteger su vida.

    De igual forma, comparte el criterio de la Procuraduría, sobre considerar la posibilidad de presentar un proyecto de ley que modifique disposiciones de los códigos Disciplinario Único, de Procedimiento Penal y de Justicia Penal Militar.

Respecto al tema del desplazamiento, los principales responsables son en su orden: paramilitares con 60%, guerrilla con 29% y Fuerzas Militares con  6%, razón por la cual la Defensoría solicitó una inmediata revisión de la  política estatal de atención humanitaria.

Tomando como referencia las 760 voladuras de oleoductos, que causan  graves daños al ecosistema, la Defensoría formuló un llamado a los grupos  alzados en armas para que cesen de inmediato estos ataques y los atentados
terroristas contra la infraestructura del país, como una manera de contribuir  al logro de la paz.

En el campo de la justicia, otra de las propuestas del organismo de D.H. se basa en la creación de mecanismos extrajudiciales que permitan participar al ciudadano en la vigilancia de los procesos y señalar las fallas procesales.
Además, fortalecer los instrumentos ordinarios de protección de derechos.

EL ESPECTADOR, Septiembre 15 de 1998
Sepultan a sacerdote asesinado
Popayán

     En medio del total rechazo y un clamor para que “se haga justicia”, se cumplió ayer en Popayán el sepelio del párroco de Puerto Caicedo (Putumayo), Alcides Jiménez Chicangana, quien fuera asesinado el pasado fin de semana por varios hombres armados que le propinaron 18 disparos cuando oficiaba una eucaristía.
 
    En las exequias, que se desarrollaron en la parroquia del Espíritu Santo, familiares y amigos del sacerdote aseguraron que la muerte del religioso “muestra una vez más que en Colombia los violentos ya no respetan a nadie”.
 El arzobispo de Popayán, monseñor Iván Marín López, quien realizó los oficios religiosos, expresó en su homilía que el sacerdote asesinado siempre fue una persona humilde y transparente, y que “ante todo se caracterizó por el amor que mostró hacia el prójimo”.

    A lcides Jiménez Chicangana se había ordenado como sacerdote en 1987 en el Seminario Mayor de Bogotá, y desde entonces estaba vinculado con labores religiosas en el departamento del Putumayo, trabajando en Villa Garzón, La Hormiga y finalmente en Puerto Caicedo.
 
    El religioso había nacido hacía 47 años en el municipio de Santa Rosa (Cauca), y según su madre, Dolores Chicangana, desde muy joven mostró interés en trabajar por los más desprotegidos.
 
    Su padre, Ricaurte Jiménez, recordó que en sus años de adolescencia, el sacerdote se destacó entre sus ocho hermanos porque realizó un sinnúmero de actividades en beneficio de la comunidad.
 
    Cientos de payaneses acompañaron el féretro del sacerdote asesinado hasta el cementerio Central de la capital caucana, y allí, agitando pañuelos blancos, les exigieron a los actores de la violencia que “respeten la vida de las personas que trabajan por la paz de Colombia”.
 
    Durante los meses que el padre Jiménez Chicangana estuvo en las parroquias del Putumayo adelantó diferentes campañas para que los campesinos abandonaran el cultivo de productos ilícitos y desarrollaran en sus tierras programas agrícolas con productos legales.
 
    Aunque aún no se ha establecido quiénes fueron los autores de este crimen, las primeras versiones de algunos habitantes de Puerto Caicedo indican que pudo tratarse de grupos paramilitares que desde hace algunos meses se encuentran en la región del Putumayo.
 
    Las autoridades civiles y policiales aseguraron que llevarán las investigaciones hasta las últimas consecuencias.
 

EL ESPECTADOR, Septiembre 15 de 1998
Una cultura de violencia e intolerancia
Por: ANA LUCÍA RAFFO FLÓREZ
Bogotá

 Las consecuencias de la cultura de violencia y la construcción de valores contrarios a una ética de derechos humanos en Colombia, han dejado en los últimos cinco años más de 120.000 muertes violentas, 8.000 secuestros, 1.200 víctimas de desaparición forzada y 708 masacres, reveló la Defensoría del Pueblo en el 5º Informe Anual al Congreso de la República.
 
    El estremecedor documento, al que tuvo acceso El Espectador, revela que como consecuencia de esa misma violencia, la juventud vive afectada por el riesgo de muerte traumática. Sobre el particular, las cifras hablan por si solas: del total de muertes violentas en 1994, 1995 y 1996 (40.046, 38.483 y 38.326), las cifras de víctimas menores de 26 años representan el 34.36%, 35.98% y 34.36% respectivamente.
 
    Como si fuera poco, y pese a que en el Congreso de la República se tramita un proyecto de ley que prohibe la vinculación de menores de edad a cualquier forma de conflicto armado, “se presume que entre el 60% y el 70% de la población guerrillera y el 50% de las autodefensas, son menores de 25 años”. Una tendencia que literalmente está destruyendo la familia, y aporta cambios en las pautas de crianza de la niñez.
 
    Adicionalmente, una de las expresiones más preocupantes es el aumento significativo en el número de masacres, la mayoría de ellas derivadas del conflicto armado Estado-guerrilla-par Si bien en 1995 se registraron 139 masacres, en 1996 la cifra llegó a 188, en 1997 se incrementó hasta 288, y hasta junio de 1998 ya se habían contabilizado 93. Si se suman las anteriores cifras, en cuatro años se han registrado en Colombia 708 masacres.

     En cuanto a las regiones, el estudio prueba que la violencia derivada del conflicto armado sigue causando sus mayores estragos en los departamentos de Antioquia, Cesar, Norte de Santander, Valle del Cauca, Bolívar y Cundinamarca. Aunque en varios episodios judicialmente las investigaciones no concluyen, se advierte que los grupos paramilitares son los mayores causantes de las masacres, y de otro de los fenómenos graves de la violencia: el creciente contingente de desplazados.

Exodo del terror
 Aunque estadísticamente es muy difícil entregar una cifra exacta de personas desplazadas, para la Defensoría del Pueblo el número se acerca a 1.200.000.  En cuanto al destino de este éxodo del terror, en informe describe que el 30.67% de los desplazados ha llegado a Bogotá. Le siguen en su orden los departamentos de Antioquia, Santander y Valle del Cauca.
 
    Las causas directas del desplazamiento forzado son las amenazas, el miedo, los asesinatos y masacres, los atentados, las desapariciones, los ataques aéreos y las torturas. Tan sólo en lo que va corrido de 1998, se estima que se han desarraigado de sus regiones más de 29.448 hogares, que en promedio corresponden a 148.240 personas. Además, en los últimos cuatro años de agravamiento del conflicto, deambulan por el país 676.346 colombianos.
 
    Capítulo especial en este sombrío panorama presentado por la Defensoría del Pueblo, lo constituye la certeza de que la impunidad y la ausencia de justicia en el país, es sin duda un acicate del crecimiento desbordado de los niveles de violencia. Agrava esta situación el hecho notorio de que los defensores de derechos humanos, son víctimas de la violencia cuando se atreven a denunciar las alarmantes estadísticas de la injusticia y la impunidad.
 
    Según la Defensoría del Pueblo, las causas más sobresalientes de esta denegación de justicia en Colombia son: la desconfianza ciudadana en el aparato judicial del país que empuja a la gente a resolver por otras vías sus conflictos, y la ineficacia e ineficiencia del sistema judicial en investigación, instrucción criminal, recaudo de pruebas e identificación de los responsables.

Conflicto armado
 En definitiva, la Defensoría del Pueblo reconoce en su informe al Congreso de la República que en los últimos años no solo es evidente el recrudecimiento del conflicto armado, sino el deterioro paulatino de las formas de lucha. La insurgencia cambió sus estrategia de guerra de guerrillas a guerra de movimientos; el Ejercito incursiona ahora con formas móviles de combate; y se advierte una preocupante tendencia al surgimiento y fortalecimiento de formas civiles de vinculación al conflicto armado, como actores directos del paramilitarismo de las Convivir, o a nivel de colaboración con los actores de la guerra.
 
    De igual modo, señala el informe, el mapa político del enfrentamiento armado en Colombia sería comprensible, sino fuera porque el narcotráfico, que ha atravesado toda la sociedad también ha tocado a los actores del conflicto, y esta circunstancia ha derivado en lesivas consecuencias sobre las autonomías de acción de la población inmersa en medio del conflicto.
 
    Para unos grupos el fenómeno del narcotráfico es el sustento económico para sostener capacidad armada y potencializar la acción militar; para otros, es la fuente que suministra sicarios para acciones militares; y en otros casos, es la posibilidad de obtener ingresos que no otorga el Estado por actividades de protección. Por su parte, el Estado concentra su análisis en aislar el flagelo del narcotráfico del conflicto con base en la fumigación generalizada de cultivos de coca y amapola.
 
    Este conflicto armado está modificando sustancialmente las cargas y roles de la red familiar, no solo por la muerte de múltiples jefes de grupo, sino porque niños o adolescentes están asumiendo responsabilidades de tipo económico, generando un dilema verdaderamente dramático: subsistencia o estudio. En este mismo orden de ideas, es la mujer quien está asumiendo la jefatura del hogar porque paradójicamente en el conflicto armado directo, la mujer tiende a ser menos blanco de ataques.

Desde el exterior
 Varias entidades internacionales se han pronunciado frente al problema del conflicto armado interno y la vulnerabilidad de los derechos humanos.
 
    Es así como el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, dependiente del Comité de Derechos Económicos y Sociales (Ecosoc) y la Comisión Interamericana de D.H. (Cidh) ONU han realizado varias visitas al país con el fin de dialogar con las diferentes autoridades y organizaciones sociales, con miras a examinar las causas reales de la violencia.
 
    Igualmente y por petición del propio Gobierno y organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, se instaló el siete de abril de 1997 la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, que dirige Almudena Mazarrasa, que se encarga de realizar observaciones sobre las violaciones a los D.H e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
 
    No obstante esta manifiesta preocupación internacional sobre la violencia colombiana, los derechos humanos en Colombia están seriamente afectados por múltiples violaciones al más esencial de los derechos: la vida. Y conexo con éste, el desconocimiento de toda forma de tolerancia, pluralismo y convivencia pacífica.
 

Medellín, martes 15 de Septiembre de 1998
Rechazan cátedra de Samper en España

AFP-Santafé de Bogotá. La ONG Red de Veedurías Ciudadanas rechazó ayer el nombramiento del ex presidente Ernesto Samper como responsable de una cátedra sobre Colombia en una universidad madrileña y pidió al presidente español, José María Aznar, de visita en Bogotá, negar cualquier “acogida o asilo” a políticos vinculados con el narcotráfico.
 
    Samper, quien admitió que dineros del narcotráfico financiaron la campaña presidencial que lo eligió presidente para el periodo 1994-98, partió el pasado domingo hacia España, donde dirigirá la cátedra Colombia en la Universidad Complutense de Madrid.
 
    Pablo Bustos, director de la Red de Veedurías, dijo que el hecho de que Samper haya admitido, al finalizar su mandato, el ingreso de dineros del narcotráfico para financiar su elección, lo hace responsable de “una oscura página de la historia nacional”.
 
    Así mismo, las ONG pidieron a Aznar negar cualquier posible solicitud de asilo a los 109 congresistas que interrumpieron en 1996 el proceso judicial que se le seguía a Samper por estos hechos y que actualmente son investigados por la Corte Suprema de Justicia por “prevaricato”.

Medellín, jueves 17 de Septiembre de 1998
El Papa condenó crimen de sacerdote en Putumayo

AFP-EL COLOMBIANO. El rechazo del asesinato del padre Alcides Jiménez, ocurrido el pasado viernes en Putumayo, también fue manifestado en El Vaticano.
 
    El Papa Juan Pablo II envió ayer un mensaje de pésame al arzobispo de Popayán, Antonio Marín López, en el que lamenta y condena el crimen del religioso, perpetrado cuando oficiaba misa en la localidad de Puerto Caicedo. Según el Ejército, el asesinato lo cometieron las Farc, pero este grupo subversivo dice que fueron paramilitares.
 
    En el telegrama, divulgado por la oficina de prensa de El Vaticano, el Sumo Pontífice “ofrece su sufragio al Altísimo por el eterno reposo de ese infatigable sacerdote, víctima de una violencia injustificada”.
 
    En la misiva, enviada a través del secretario de Estado de El Vaticano, cardenal Angelo Sodano, el Papa reiteró “su firme condena de esas acciones, contrarias a la vida y a la dignidad de las personas, especialmente en el cumplimiento de su misión evangelizadora”.

Excomunión
 Los representantes de la Iglesia en Putumayo y en el suroccidente colombiano también alzaron su voz de protesta.
 “En la muy larga cadena de homicidios que enlutan a nuestro departamento (Putumayo), este nuevo y detestable crimen reviste la especial gravedad de sacrilegio, por las circunstancias en que se cometió (durante la celebración del Augusto Sacrificio de la Misa, dentro del templo y en la “Semana de la Paz”). Los autores de este crimen incurrieron en la pena canónica de la excomunión.

     “Qué hizo, en efecto, el Padre Alcides con su santo ministerio sacerdotal, sino sembrar semillas de paz? El fue el apóstol de la ecología y de mejores condiciones de vida para sus queridos campesinos. Buscó incansablemente una paz fundada en la justicia, la verdad y el amor”, expresó el padre Alvaro Efrén Rincón Rojas, vicario General del Vicariato de Sibundoy, en nombre de la Iglesia en Putumayo.

     Por otra parte, “los Obispos de la Provincia Eclesiástica del Suroccidente colombiano, ante el horrendo y sacrílego crimen del que ha sido víctima el sacerdote Alcides Jiménez Chicangana, manifestamos públicamente nuestra enérgica voz de rechazo y condena.

     “Todo homicidio es un crimen que clama al cielo, y es más grave aún el asesinato cometido en la persona sagrada del Sacerdote del Señor. Se ha profanado un altar, se ha ofendido a un pueblo, se ha dejado a una parroquia sin Pastor”.

Hoja de vida
 El padre Jiménez, presbítero del Vicariato Apostólico de Sibundoy (Putumayo), nació en Santa Rosa, en el Cauca, en enero de 1949.
 
    Fue ordenado presbítero en 1976 y era párroco de Puerto Caicedo desde 1982.
 Se distinguió por la labor social que desarrolló en esa población, a la cual se entregó de lleno para sacarla adelante.
 
    A través de la Fundación Nuevo Milenio, creada por el sacerdote, se adelantaron programas de conservación del medio ambiente, se realizaron investigaciones sociales, se montó una cooperativa y se dio apoyo a las vuidas de la violencia.
 
    Uno de los mayores esfuerzos del padre Jiménez se centró en abrirle espacios a la mujer dentro de una sociedad muy marcada por el machismo.
 

Medellín, sábado 19 de Septiembre de 1998
EL COLOMBIANO
Por matanza de El Aracatazo, en Chigorodó
Comenzó indagatoria contra tres oficiales

COLPRENSA-Santafé de Bogotá. Tres años después de la serie de matanzas en el Urabá antioqueño entre paramilitares y guerrillas empezaron a producirse las primeras determinaciones de los organismos de control del país.
La Procuraduría General de la Nación comenzó una indagación preliminar en contra de tres oficiales de la Brigada XVII (su puesto de mando está en Carepa, Antioquia) y del Batallón Voltígeros porque estarían vinculados a la matanza de El Aracatazo.
El 12 de agosto de 1995, un grupo de hombres armados llegó hasta el sitio en mención, en pleno centro de Chigorodó, asesinó a 18 personas y dejó herida a otra.
Más adelante se pudo establecer que los asesinos hacían parte de los grupos paramilitares que durante mucho tiempo se enfrentaron con el EPL y más adelante con varios frentes de las Farc por el control de la zona.
La matanza ocurrió porque a muchos de los muertos los sindicaban de hacer parte de las redes de apoyo de las Farc en la región.
Con este múltiple crimen comenzaron una serie de ataques indiscriminados en contra de la población civil.
Implicados
Con respecto a la masacre de El Aracatazo, la Procuraduría vinculó al coronel ® Carlos Alfonso Velásquez Romero, de la Brigada XVII; a Heriberto Arias Murad, comandante del Batallón Voltígeros; y al cabo segundo Baudilio López Acevedo, comandante del retén militar de Idema adscrito al Batallón Voltígeros.
Velásquez Romero será investigado porque pudo incurrir en faltas disciplinarias al permitir y apoyar la conformación de grupos armados.
En relación con los integrantes del retén militar de Idema, se les abre investigación preliminar porque presuntamente no cumplieron con el mandato constitucional de prestar apoyo a la población civil en el lugar que se presentaron los hechos.
Las sindicaciones por las actuaciones irregulares de algunos militares de la Brigada XVII en Urabá provocaron una fuerte polémica entre el ex comandante de dicha unidad, brigadier general Rito Alejo del Río, y quien fue su subalterno al frente de la misma unidad, el coronel Velásquez Romero.
Los dos militares se han recriminado mutuamente por apoyo a las redes de paramilitares.
Pero no solamente a Velásquez lo han afectado las acciones de los entes de control. El general Del Río fue citado a rendir declaración preliminar por presuntamente apoyar grupos paramilitares.
 

EL ESPECTADOR 20 Septiembre de 1998
Hilos invisibles de “paras”
Bogotá

     Un extraño individuo a quien se conoce en Necoclí (Antioquia) como “El alemán” impone la autoridad en esta zona del país, y aparece como uno de los líderes más acatados de las Autodefensas de Córdoba y Urabá, que han orquestado una cadena de masacres a lo largo y ancho del territorio nacional.
 
    Desde esta región, los denominados “masetos” han organizado sus legiones de mercenarios, que terminaron por imponer la ley de los gatillos en La Horqueta (14 víctimas), Barrancabermeja (25 desaparecidos), Pavarandó (12 personas muertas), y tres ataques del paramilitarismo en la zona de Mapiripán (Meta).
 
    Lo estremecedor es que más de 100 víctimas que han dejado las últimas masacres en el país, tienen origen común en las autodefensas de Carlos Castaño y alias “El alemán”, pues según la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, existe conexidad entre los diversos genocidios, y en ellos simplemente salen a relucir los hilos invisibles de la estructura paramilitar.
 
    Así se desprende de la providencia de la Fiscalía General de la Nación, mediante la cual, el 10 de agosto pasado, se les resolvió la situación jurídica a cinco personas que fueron capturadas en el municipio de Necoclí (Antioquia), el 17 de julio anterior.
 
    Para la opinión pública, los nombres de José Ramiro Villa Martínez, Jorge Mario Vanegas González, John Freddy Ceballos Rodas, Cecilia Inés González Betancourt y Martha Inés Chávez Sierra, seguramente no dicen mucho, pero para la Fiscalía estas cinco personas tienen un enorme valor a la hora de clarificar y hallar a los responsables de estos cinco homicidios colectivos.

Caso Pavarandó
Para la Fiscalía General de la Nación, la vinculación penal de estas cinco personas tiene su origen en la masacre de Pavarandó. La providencia hace así el resumen de los hechos de diciembre:
 
    “Los días 17 a 20 y 31 del mes de diciembre del año anterior y el 1° de enero de 1998, un grupo de sujetos de los llamados grupos de justicia privada, portando armas y uniformes de uso privativo de la fuerza pública, se desplazaron por las veredas Llano Rico, Puerto Lleras y Uradá, comprensión del corregimiento de Pavarandó, municipio de Mutatá..., donde procedieron a asesinar a más de 12 personas, desaparecieron a más de 15 y desplazaron familias hacia Pavarandó, generando una grave situación en el orden social y económico, que mantiene deprimida a la región”.
 Pero aquí viene lo más importante de la reseña de la Unidad Nacional de Derechos Humanos:
 
    “Se ha señalado que este grupo provenía de la población de Necoclí, Antioquia, donde tiene su base de operaciones y de la cual, en otras oportunidades, han salido para ejecutar masacres, tales como la de Mapiripán, Tocaima, Puerto Alvira y Murindó”.
 
    Según la Fiscalía General, los cinco procesados, quienes se encuentran recluidos en las cárceles Modelo y Buen Pastor, de Bogotá, fueron acusados por dos testigos bajo reserva de identidad, bajo las claves UR-01 y UR-02, quienes dijeron ante la Fiscalía que en Necoclí opera “un grupo de justicia privada, paraco o paramilitar, dirigido por alias El Alemán, sujeto éste conocido como jefe paramilitar de esta zona”.
 
    Del grupo de El Alemán hacen parte, entre otros, John Freddy Ceballos Rodas (alias El Duro), Cecilia Inés González Betancourt (alias La Dura), quien es propietaria ?junto con su hijo Jorge Mario Vanegas ?de almacenes y proveedoras que se encargaban de surtir a los “paras” en Necoclí. Les suministraban “los elementos necesarios para la comisión de sus delitos, como plástico y nylon con los que amarraban los cadáveres de sus víctimas”.

     Los testigos también identificaron a José Ramiro Villa Martínez (alias Barbas) y a Martha Inés Chávez Sierra, quien es propietaria de Residencias Caribe, donde se hospedan los “masetos”, y de una estación de servicio de la que se surten de combustible los integrantes de este grupo al margen de la ley.
 
    Con base en esta información, el 10 de julio de 1998 se dispuso la apertura de la instrucción y se libraron 19 órdenes de captura, lográndose la detención de los ya mencionados. Según la Fiscalía, durante los allanamientos realizados por el CTI y la Policía Antinarcóticos se logró también la incautación de importante documentación, que compromete a los encartados.

     Los testigos baja reserva de identidad recordaron que hacía 1991 llegó a Necoclí un hombre llamado Freddy Rendón, conocido con los alias de Mono o El Alemán y quien tras convivir maritalmente con Cecilia Inés González, se dedicó al negocio de cocaína y venta de armas, actividad en la que lo acompañaron un sobrino de ésta, conocido como El Flaco, y Juan Carlos Vanegas.
 
    Al arreciar la guerrilla en la región del Urabá, hacia 1993 hizo presencia en la zona un grupo paramilitar que llegó procedente del municipio de Pueblo Nuevo.  En Necoclí, el grupo de justicia privada fue encabezado por El Alemán, quien impuso su autoridad en la región, obteniendo la colaboración de los cinco sindicados.

La conexidad
“Este grupo es parte importante en esta región de las autodenominadas Autodefensas de Córdoba y Urabá, recibiendo órdenes alias El Alemán de Carlos y Fidel Castaño Gil, así como manteniendo relaciones e intercambio con los grupos paramilitares con asiento en Montería y en los límites de Córdoba y Antioquia”, sostiene la Fiscalía.
 
    El ente investigador asegura que el grupo de hombres al que pertenece El Alemán atacó en Mapiripán, La Horqueta ?donde resultó muerto Luis Carlos Mercado, jefe del grupo, y a quien le fueron hallados varios números de teléfonos de Necoclí?, Pavarandó, Caño Jabón (Guaviare) y Murindó.

     “Fueron los testigos bajo reserva de identidad quienes señalaron que para estas fechas los miembros de este grupo, que viene teniendo desde años atrás asiento permanente en Necoclí, bajo la mirada complaciente de las autoridades civiles y de Policía..., se desplazaron bien por avión o en panga por el río Atrato arriba, como en el caso de los hechos de Pavarandó”.
 
    El documento de la Fiscalía sostiene que miembros del grupo de El Alemán, como Manuel Enrique Vergara Salgado (alias Cepillo y Dayron Mendoza Caraballo (alias El Águila), fueron reconocidos como algunos de los participantes en estas masacres. Así se deduce de la versión de los testigos “y por la forma como se trataban entre sí cuando perpetraron los hechos...”.
 
    Además, en la libreta de Luis Carlos Mercado ?jefe del grupo de la Horqueta? fue hallado el nombre de El Alemán. Otro factor de conexión de estos homicidios colectivos es que el avión HK-3993P partió de la pista de Necoclí (sic) con destino a San José del Guaviare.  En esa aeronave y en un Antonov fueron transportados los hombres que incursionaron en Mapiripán (Meta).
 
    Igualmente, entre el 6 y el 8 de junio de 1998, fueron atendidas varias personas ?como alias Cepillo? con heridas de arma de fuego o con anemia en el hospital Marco Fidel Suárez de Necoclí. En ese lapso de tiempo fue perpetrada la masacre en la población de Murindó.

     El 17 de julio de 1998, día de la captura de los cinco procesados ya mencionados, la Policía Antinarcóticos, entre las 7:00 a.m. y las 11:00 a.m., interceptó varias comunicaciones de los paramilitares de la zona de Córdoba y Urabá.
 Allí ?según la Fiscalía? salió al aire alias 90 o 44, conocido también como Elías, quien, aparte de mostrar su preocupación por el operativo, les comentaba a sus compañeros de frecuencia “de la protección de los ‘paquetes’ que ‘ya habían sido movidos del sitio y se encontraban fuera de peligro’, en una clara alusión a paquetes de cocaína, lo cual ya había sido advertido por los testigos reservados cuando testimoniaron un mes atrás”.

Más sobre ‘El Alemán’
Cuando la Fiscalía entra a verificar los elementos probatorios para asegurar a los cinco procesados, hace consideraciones importantes que dan peso a lo testimoniado por los testigos UR-01 y UR-02.
 Por ejemplo, como ya se dijo, que el grupo es comandado por Freddy Enrique Rendón Henao (El Alemán), quien es secundado en sus acciones por su hermano, Jorge José Rendón Henao (alias J.J.).
 
    De John Freddy Ceballos ?procesado y señalado como cabecilla del grupo de El Alemán?, la Fiscalía estableció que nació en Salgar (Antioquia) en 1970.  Estudió hasta 2º de primaria y ejerce las profesiones de maderero y ganadero.
 
    Los testigos describieron morfológicamente a Ceballos “con gran precisión”, e indicaron que “por lo menos John Freddy tiene una Toyota de estacas blanca, modelo reciente”. Y la Policía agregó: “De este sujeto se observó que se moviliza en un vehículo de placas MMD-937 de Medellín, el cual se trata de un Toyota Land Cruiser, con cabina color blanco, estilo carevaca, con estacas, color madera natural”.
 
    Por lo anterior, la Fiscalía dictó medida de aseguramiento, sin beneficio de excarcelación, contra los cinco implicados, y busca afanosamente a El Alemán, pues a él se le sindica de ser el cabecilla del grupo paramilitar que perpetró las masacres que estremecieron al país.

 “Una mal llamada Convivir”
El informe de la Fiscalía sobre el grupo paramilitar de Necoclí, que habría perpetrado las masacres en Mapiripán, Pavarandó, La Horqueta, Murindó y Puerto Alvira, dice lo siguiente:

     “Se  dice que en principio el personal de la región ingresó al grupo paramilitar ?mal llamado Convivir? en Necoclí para recibir un sueldo, luchar por su tierra, su familia y su futuro, pero que en últimas se constituyó en un grupo paramilitar conformado por delincuentes, ex guerrilleros, ex militares y asesinos que atentan contra la misma comunidad, llegando al colmo de asesinar a sangre fría a cualquier muchacho porque se robó una yuca, una papaya o cualquier otra insignificancia, pero que su decir es que es para dar ejemplo de su autoridad y prevenir que nuevamente se meta la guerrilla”.

Mapiripán-La Horqueta
Por las masacres de Mapiripán y La Horqueta, la Fiscalía ya ha procesado a varias personas, y algunas de ellas se encuentran actualmente detenidas.

Mapiripán: Se encuentran vinculados a la investigación ?y detenidos? los sargentos del Ejército Nacional José Miller Ureña Díaz y Juan Carlos Gamarra Polo, así como alias René Cárdenas Galeano y su escolta, José Vicente Gutiérrez Giraldo, quienes fueron capturados hace un mes en las afueras de la ciudad de San José del Guaviare.
 
    El 1º de septiembre anterior, el CTI de la Fiscalía detuvo a dos hombres, quienes presuntamente fueron los encargados de pilotear los aviones que transportó al grupo paramilitar. Sus nombres son Juan Manuel Ortiz Matamoros y Helio Ernesto Buitrago León. Un tercer piloto, Jorge Almeira Quiroz, es buscado aún por las autoridades.

La Horqueta: El 27 de marzo pasado, el CTI capturó en la ciudad de Medellín a Mario Montoya Montoya, quien fue cobijado con medida de aseguramiento. Dos meses antes, en enero, la Fiscalía había detenido a otros tres hombres por la misma masacre. Sus nombres son Hernando Montoya Montoya, Luis Fernando Villegas Uribe y César Augusto Jaramillo.

EL COLOMBIANO  21 de septiembre de 1998
Ante ola de violencia contra la Iglesia
Gobierno brindará protección a sacerdotes

COLPRENSA-Santafé de Bogotá. El gobierno se declaró dispuesto a ofrecer protección a la Iglesia Católica y a sus pastores amenazados por la violencia que azota al país según anuncio del presidente Andrés Pastrana, ante los reclamos de los jerarcas de la iglesia que en los últimos días han visto caer asesinados a tres sacerdotes en diferentes regiones del país.

    El último caso ocurrió el pasado viernes a las nueve de la mañana en Lloró (Chocó), donde presuntos paramilitares asesinaron de un disparo en el pecho al seminarista bogotano de la Compañía de María, Miguel Ángel Quiroga.
Quiroga fue asesinado delante de unas 15 personas, entres ellas varios sacerdotes que adelantaban labores de evangelización en las comunidades negras de esa región del país.

    Desde 1980 han sido asesinados en el país unos 40 sacerdotes, incluido un obispo, y se tiene conocimiento de amenazas contra otros 40. Ayer, monseñor Alberto Giraldo Jaramillo, presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, se mostró alarmado por la inseguridad en que viven los pastores de la Iglesia y denunció que las amenazas contra los sacerdotes no solo llegan de paramilitares y guerrilleros, sino de otros movimientos.

    Moseñor Giraldo reclamó sensatez de los violentos que lanzan amenazas contra los pastores de Dios y reveló que varios sacerdotes han tenido que huir de zonas como Arauca, por los riesgos que corren sus vidas.

    El presidente Pastrana, antes de viajar ayer a Estados Unidos, compartió la preocupación de los jerarcas de la Iglesia y, al ser consultado sobre la solicitud de protección que ellos han elevado, manifestó que el gobierno está dispuesto a dárselas.

EL ESPECTADOR 23 de septiembre de 1998
Fiscalía acusa en el caso Cinep
Bogotá

     Un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación llamó ayer a juicio a cinco personas, quienes están siendo procesadas por el crimen de Mario Calderón, Elsa Alvarado y Carlos Alvarado Pantoja, funcionarios del Cinep asesinados en Bogotá el 19 de mayo de 1997.
 
    La medida del ente acusador afecta a Juan Carlos González Jaramillo (alias Colorado), como presunto coautor de los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio, porte ilegal de armas, hurto agravado y utilización ilícita de equipos de comunicación.
 
    También le fue dictada resolución de acusación a Walter José Álvarez Rivera, quien es señalado como cómplice de los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio, porte ilegal de armas y hurto agravado.  Así mismo, Álvarez Rivera aparece ante la Fiscalía como presunto coautor de los delitos de utilización ilegal de equipos transmisores y concierto para delinquir.
 
    La medida también afecta a Pablo Vanderley Vargas García, procesado como presunto cómplice de homicidio agravado, tentativa de homicidio, porte ilegal de armas, hurto agravado y utilización ilegal de equipos de transmisión.  Gabriel Jaime Álvarez Paniagua y Marina Carmenza Navarro Varela fueron también llamados a juicio como presuntos responsables de los hechos punibles de utilización ilícita de equipos transmisores y encubrimiento por favorecimiento, respectivamente.
 
    De los cinco acusados, tres están privados de la libertad en cárceles de Bogotá (Vargas García, Álvarez Rivera y Álvarez Paniagua); la señora Navarro tiene libertad provisional y González Jaramillo orden de captura vigente.

Medida de aseguramiento a los hermanos Castaño Gil
Por el mismo caso del Cinep, el fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos también profirió cuatro medidas de aseguramiento.
 
    Esta medida afecta a los hermanos Carlos y Fidel Castaño Gil ?fundadores de las llamadas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá? como presuntos determinadores (autores intelectuales) del crimen de los Calderón Alvarado.
 
    Así mismo, fueron asegurados Alexander Londoño (conocido con los alias de San Pedro, El Zarco y Álex) y Edward Melguizo Londoño, quienes están sindicados de ser presuntos coautores de los hechos que acabaron con las vidas de los investigadores del Cinep.
 
    A estas cuatro personas se les sindica de los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo y simultáneo con tentativa de homicidio, porte ilegal de armas de defensa de persona, hurto agravado y utilización ilícita de equipos de comunicaciones y transmisores.
 
    Sin embargo, vale la pena anotar que, aunque la noticia no ha sido verificada, Fidel Castaño Gil habría muerto durante enfrentamientos con la guerrilla en el municipio de San Pedro de Urabá (Antioquia).
 En el transcurso de la investigación también fueron detenidos en Medellín, en febrero de este año, Elkin de Jesús Mora Gil y Luis Fernando Gutiérrez Restrepo, quienes fueron cobijados con medida de aseguramiento por el presunto delito de concierto para delinquir. Al primero de ellos también se le dictó la medida como presunto cómplice de los tres homicidios del Cinep.

    A la investigación fue vinculado, igualmente, John Jairo Ossa Navarro, quien después de ser escuchado en indagatoria, la Fiscalía se abstuvo de asegurarlo.

La masacre en el 7º piso
Hacia las ocho de la mañana del 19 de mayo de 1997 varios hombres encapuchados irrumpieron en el apartamento de los esposos Calderón Alvarado, ubicado en el séptimo piso de un edificio del barrio Chapinero, de Bogotá, y tras violentar las puertas le dispararon a todo lo que se movía en su interior.
 
    Según los celadores del edificio, los asesinos se hicieron pasar como funcionarios de la Fiscalía. En el brutal ataque los criminales dieron muerte a Mario Calderón, Elsa Alvarado y Carlos Alvarado (padre de Elsa), e intentaron asesinar ?aunque sin lograrlo? a la señora Elvira Chacón.

     También se salvó de la masacre el pequeño hijo de los esposos Calderón Alvarado.  A cada una de las víctimas los sicarios le propinaron al menos ocho disparos

     El crimen de los investigadores del Cinep causó estupor en todos los organismos de derechos humanos, que veían en Mario y Elsa dos personas que siempre lucharon por una solución pacífica al conflicto armado de Colombia.

EL ESPECTADOR 25 SETTEMBRE 1998
Tregua indígena con “paras”
Bogotá

     Una tregua de 60 días aceptaron las Autodefensas de Córdoba y Urabá, respecto a acciones contra integrantes de comunidades indígenas, tras un acuerdo logrado entre el senador indígena, Francisco Rojas Birry, y el propio jefe paramilitar Carlos Castaño Gil, a instancias de la Cruz Roja Internacional y la Iglesia Católica.

     El senador Rojas Birry confirmó a El Espectador que el pasado sábado, en compañía del presidente de la Onic, Abadio Green, hizo presencia en el propio campamento de las Autodefensas de Córdoba y Urabá, y después de varias horas de discusión, se aceptó evaluar cuál es el papel que están cumpliendo las comunidades indígenas en el desarrollo del conflicto armado.

     Rojas Birry precisó que el jefe de las Autodefensas le explicó que la muerte de algunos indígenas, especialmente en los departamentos de Chocó y Antioquia, obedece a que en se han comprobado casos de colaboración con la guerrilla de las Farc, y mientras ello ocurra seguirán siendo objetivos militares de las autodefesas.
 Los líderes indígenas, quienes estuvieron acompañados por voceros de la Cruz Roja y de la Iglesia, insistieron en la independencia y autonomía de los resguardos frente al conflicto armado, e insistieron en que su interés es reivindicar la neutralidad de las comunidades nativas, a través de la defensa de los valores culturales autóctonos y la defensa del medio ambiente.

     El senador Rojas Birry indicó que durante su presencia en el campamento central de Carlos Castaño Gil, tuvo la oportunidad de presenciar cómo las autodefensas evaluaron la conducta de un joven indígena entre 14 y 15 años de edad, a quien se le acusaba de prestarse para hacerle mercado a la guerrilla. Al final Castaño entregó al muchacho a la comisión que hizo presencia en su campamento.

Dos puentes
 Durante la reunión entre las autoridades indígenas y los líderes de las Autodefensas de Córdoba y Urabá, se discutió la posibilidad de conciliar el regreso de los desplazados indígenas de la zona del río Atrato, siempre y cuando los nativos no se presten para que la guerrilla transite por la región y pueda concretar sus acciones de carácter militar.
 
    En particular se discutió el caso de la voladura de dos puentes sobre el río Atrato en la vía que une a las ciudades de Medellín y Quibdó, en la carretera de acceso a Carmen del Atrato. Los puentes fueron volados por las Autodefensas para impedir el tránsito de la guerrilla, pero estarían dispuestos a su reparación para favorecer a los indígenas.
 
    Lo cierto es que, según el senador Rojas Birry, hay en este momento 305 indígenas que no han podido regresar a su resguardo y deambulan por la zona del Atrato. Las Autodefensas se comprometieron a estudiar a fondo el problema, y acceder a una solución concertada, siempre y cuando no haya participación o control de la subversión.

Cifras de alarma
El objetivo del acercamiento entre la comunidad indígena con los líderes de las Autodefensas es contener las alarmantes estadísticas de crímenes entre la población indígena, especialmente en aquellas zonas donde se libra la guerra entre la guerrilla, los paramilitares y el Ejército. Tan sólo en el departamento del Caquetá, en pocos meses, han sido asesinados 20 indígenas de la etnia Korreguaje.

     Además, entre las estadísticas y balances presentados se advierte el acoso a los siguientes líderes indígenas: Edwin Domico, desplazado de Mutatá en abril pasado; Pascual Domico asesinado en Dabeiba en el mes de mayo; Vicente Domico muerto en Mutatá en junio y Carlos Édgar Duque, asesinado en Apartadó en julio de 1998.
 
    En ninguno de los casos antes referidos existe alguna sentencia de las autoridades, o siquiera un pronunciamiento de los actores armados para reivindicarse la acción criminal.  Peor aun, estas acciones incrementaron los niveles de desplazamiento indígena en la región de Urabá.

     Ayer, con los acuerdo parciales alcanzados con las Autodefensas, los indígenas no solamente buscan seguir defendiendo su neutralidad, sino apartarse totalmente del conflicto.

En la mira de los violentos
En los últimos 12 años se ha venido incrementando paulatinamente la violencia contra las comunidades indígenas en el territorio nacional. En particular, aquellos resguardos asentados en el departamento de Antioquia han sido objeto de una indiscriminada violencia por parte de las guerrillas de las Farc, el Eln y el Epl, y las Autodefensas de Córdoba y Urabá.
 
    Entre otros han caído los siguientes líderes: Tiberio Bailarín, asesinado por las Farc en Mutatá en septiembre de 1986; José Elias Suárez, asesinado por el Epl en “El Volao” en marzo de 1995; Arcadio Domico, muerto por las Farc en Mutatá en septiembre de 1997 y Jesús María Domico, asesinado por las Farc en Mutatá en octubre de 1997.
 
    Para la Organización Indígena de Antioquia se trata de sistemáticas y recurrentes violaciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de los actores armados del conflicto porque aparte de los homicidios registrados, se han presentado hurtos, intimidación, maltrato, bombardeos, retenciones y enfrentamientos en zona de los resguardos.

EL COLOMBIANO, martes 27 de Octubre de 1998
Asesinado presidente del sindicato de Indupalma

COLPRENSA-VANGUARDIA LIBERAL. Bucaramanga. En la Avenida Panamericana cerca al corregimiento de la Palma, fue asesinado ayer Jairo Cruz, de 43 años, presidente del sindicato de Indulpalma.
El crimen se cometió hacia las tres de la tarde cuando Cruz se dirigía a una reunión del sindicato en una motocicleta, siendo interceptado y baleado desde un vehículo.
Cruz recibió 7 impactos de bala, 5 de ellos en la cabeza, uno en el brazo derecho y otro en un glúteo. Según las autoridades, el dirigente sindical murió instantáneamente.
Cruz, quien se desempeñaba como supervisor y analista de mesa de control de Indupalma y era el presidente del sindicato, no había recibido ninguna amenaza seria de muerte , informaron sus familiares.
Con su muerte, son tres los líderes sindicales que han sido asesinados en el país en la última semana. El primero de ellos fue Jorge Ortega, vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, sucedido hace una semana en la la ciudad de Santafé de Bogotá.
 

EL ESPECTADOR, OCTUBRE  26  1998
Once muertos en ataque de “paras” a San Carlos

Por: ELIZABETH CAÑAS R.
Medellín
Por lo menos once personas muertas, 15 más desaparecidas, varias construcciones destruidas entre ellas las instalaciones de la Caja Agraria, es el saldo inicial de una toma que durante más de cinco horas realizó un grupo de las Autodefensas Córdoba y Urabá (Accu), en San Carlos, oriente antioqueño.
La incursión paramilitar, que al parecer comenzó a las ocho de la noche del sábado, para evitar una inminente toma de las Farc de esa población ubicada a 108 kilómetros de Medellín, estuvo precedida por un falso retén montado hacia las cuatro de la tarde, en la vía que comunica a los municipios de Puerto Nare, San Rafael, y San Carlos.
Tras el falso retén, los paras lograron llevarse un número no determinado de personas y conseguir varios camiones en los que se movilizaron e ingresaron a la población e San Carlos.
Según versiones de inteligencia, el retén permitió a los paramilitares movilizar pasajeros y vehículos hasta la vereda Holanda, donde se presume que reunieron a unas 600 personas en una hacienda, y al cabo de unos minutos liberaron a varias de ellas.
No obstante, las autoridades investigan la muerte de por lo menos 15 personas en dicha vereda, quienes habrían sido ajusticiadas por parte de las Accu, luego del retén.
Al respecto, el alcalde de San Carlos, Nevardo de Jesús Morales Marín, informó que sólo cuando se compruebe el paradero de estas personas se podrá afirmar que fueron ajusticiadas; solamente se pueden reportar como desaparecidas.
Desde la vereda Holanda, los paramilitares coordinaron la toma de San Carlos que quedó incomunicado ayer en la tarde tras la incursión. Minutos antes de llegar al centro del pueblo, miembros de las Accu detuvieron a tres vigilantes de la Atempi, un supervisor que laboraba en la Central Hidroeléctrica Playas y siete empleados de las EMP, quienes departían en al fonda Pisnky.

El pánico
En la toma a San Carlos, la primera ejecutada por un grupo de paramilitares a una población, participaron un centenar de hombres vestidos de camuflado, con brazaletes de las ACU movilizándose en cuatro volquetas.
Allí se enfrentaron a un subteniente de la Policía y 20 agentes más, quienes defendieron la población desde las instalaciones de la cárcel municipal, pues el puesto de Policía fue totalmente destruido luego de una incursión del Eln el 3 de agosto pasado, cuando dos agentes de Policía murieron, 13 resultaron heridos y ocho más fueron retenidos.
El director operativo de la Policía Nacional, general Alfredo Salgado Méndez dijo a El Espectador que el ataque se inició hacia la medianoche del sábado cuando al menos 100 hombres armados se replegaron en varios grupos. Unos atacaron a la Policía y otros se encargaron de destruir las instalaciones de la Caja Agraria con el fin de saquearla, pero la intervención de la Policía lo impidió.
Un tercer comando de asaltantes se dedicó a sacar a varias personas de sus viviendas, y luego acusarlas de ser colaboradoras de la guerrilla las asesinaron.  En el asalto se produjeron dos explosiones que averiaron algunas viviendas aledañas a la Caja Agraria.

Primeras identidades
A su paso por el pueblo, los asaltantes dejaron en las instalaciones de la morgue local los cuerpos de cuatro civiles y el de uno de sus compañeros muerto en el enfrentamiento con la Policía.
En las calles del pueblo se encontraron otros seis cadáveres, sumando así un total de 11 personas muertas.
Las víctimas fueron identificadas como: Raúl Abad Arias Cuervo, María Rocío Giraldo Castaño, Manuel Eduardo Salazar Sánchez y Jesús María Urrego Gómez, empleado del matadero municipal de San Carlos.
Durante el ataque también perecieron Mariano Velásquez, Carlos Serna Jiménez, Jaime Botero, a quien se le conocía en la población como Tarzán, Jorge Guzmán, conocido con el alias La Macueja, Graciliano Giraldo, Jesús María Cano y un NN quien sería el miembro del grupo de paramilitares.
El general Salgado Méndez aseguró que el asalto del sábado en la noche a San Carlos se constituye en el primer ataque de un grupo de autodefensas a una población y especialmente a miembros de la Policía.
A su vez, autoridades locales reportaron que las Accu pintaron en las paredes de las casas grafitos alusivos al bloque oriental de esa organización, y que se retiraron en dirección a la vereda La Esperanza, donde dejaron varios de los camiones y vehículos robados en el retén y huyeron hacia el Magdalena Medio.
El general Salgado Méndez dijo que en la zona se adelantan operaciones de rastreo para dar con el paradero de los miembros del bloque oriental de la Accu.  En la persecución a los atacantes participan unidades de contraguerrilla de la IV Brigada del Ejército con sede en Medellín, que llegaron a la zona en la mañana de ayer.
Las tropas del Ejército arribaron en helicópteros a San Carlos a eso de las 10:00 a.m. de ayer, cuando las condiciones climatológicas lo permitieron.
De momento, el gobierno departamental ha adoptado medidas de seguridad tendientes a reforzar la presencia de Fuerza Pública en la zona y evitar ataques a la infraestructura hidroeléctrica.
Así mismo, las vías que comunican a Medellín con el oriente antioqueño fueron militarizadas en gran parte, y para mañana se espera que las autoridades locales lleven a cabo un consejo de seguridad.
Finalmente, empleados de las Empresas Públicas trabajan desde ayer en la reparación de la planta telefónica de San Carlos ?averiada tras el ataque? con el fin de recuperar las comunicaciones entre esa localidad y el resto de Antioquia.

Otros ataques en San Carlos
San Carlos, uno de los municipios de la región del oriente integrado, además, por las localidades de Granada, El Peñol, San Luis, San Rafael y Cocorná, había sido objeto de amenazas por parte de las autodefensas, quienes el pasado 26 de septiembre lanzaron desde un helicóptero volantes a esta región, calificando a los habitantes como colaboradores de la guerrilla.
Pero ésta no es la única acción de las autodefensas en ese sitio, donde se han realizado numerosos crímenes por cuenta de las AUC, supuestamente para neutralizar la influencia de la guerrilla de las Farc y el Eln.
Hace sólo una semana, en la vereda La Chapa del municipio Carmen del Viboral asesinaron a tres personas y se llevaron a otras tres; de las retenidas una de ellas fue hallada muerta, otra más está herida y se desconoce la suerte de la tercera.
Como se recuerda, el municipio de San Carlos fue uno de los más afectados cuando la insurgencia llevó a cabo una arremetida en todo el territorio nacional el pasado tres de agosto.
En esa ocasión la guerrilla incursionó en la población dejando como resultado dos policías muertos, 13 personas heridas y ocho agentes retenidos.
 

EL ESPECTADOR , OCTUBRE 25 1998
Coincidencias con las Farc
Por: ÓMAR ROBERTO RODRÍGUEZ
Bogotá

El pasado jueves 22, sin la presencia habitual de los mandos militares cuando se hacen definiciones sobre el orden público, el presidente Andrés Pastrana no dudó en reconocer varias coincidencias con las Farc y ligar la convivencia nacional a la puesta en marcha de una reforma agraria prioritaria. Tuvieron que pasar 34 años y 94 días, después de la fundación de las Farc, para que un presidente rompiera, con estos dos hechos, la tradición en los discursos de paz.
Hoy, en sus enunciados, el presidente y la organización subversiva tienen planteamientos que se cruzan. Esas coincidencias constituyen la construcción del llamado “espacio de confianza” para el diálogo. “Son el primer paso de una vía no tecnocrática” en la construcción de una política de paz. “Los tecnócratas definen tal política sin que nazca del acuerdo ni del diálogo”, precisa el comisionado Víctor G. Ricardo, compañero inseparable de Pastrana en estas lides.

Las cercanías
Después del discurso del jueves, cuando se presentó el Fondo de Inversiones para la Paz, es un hecho la cercanía entre el Gobierno y las Farc al caracterizar el régimen político.
Sin quedarse en lo conocido sobre bipartidismo y el esquema gobierno-oposición como los pilares del sistema, el presidente Pastrana abrió la posibilidad de un diálogo entre Estado y guerrilla “para construir un tercer escenario de democracia en Colombia”.
Esto es algo que las Farc han reclamado en sus ocho conferencias. En la más reciente, del 2 de abril de 1993, concluyeron la necesidad de luchar contra la exclusión política y propugnar por “un gobierno de reconciliación”.
Más recientemente, el 11 de febrero de 1996, expresaron: “La solución para los problemas del país está en la unidad nacional, que propicie cambios en la estructura del Estado (...) y se busque, sin engaños y con garantías la concertación civilizada con las fuerzas de la insurgencia”.

Coinciden en lo agrario
Pastrana, en presencia de Enrique Iglesias, presidente del BID, dijo que en Colombia “la expresión jurídica prioritaria de una democracia plena” es la realización de una “reforma agraria integral”. Esta necesidad también ha sido defendida por la organización guerrillera, desde el 20 de julio de 1964 cuando aprobó su Programa Agrario.
En esa ocasión, en un paraje montañoso de Marquetalia, Manuel Marulanda Vélez, Tirofijo, acompañado de 48 guerrilleros, ?bajo la guardia del ex sargento Miguel Pascuas, actual comandante en el bloque occidental de las Farc? aprobó dicho Programa, que en algunos de sus apartes dice:
“Se liquidará todo tipo de explotación atrasada de la tierra, los sistemas de aparcería, el arriendo en especie o en dinero. Se creará la unidad económica en el campo de acuerdo con la fertilidad y ubicación de los terrenos, con un mínimo de 10 a 20 hectáreas, cuando se trate de tierras planas y aledañas a poblaciones o ciudades y, en otras tierras, de acuerdo con su fertilidad y red de comunicaciones. Se anularan todas las deudas de los campesinos con los usureros, especuladores, instituciones oficiales y semioficiales de crédito”.
Por eso, quizás, el presidente Pastrana, validó los 30 y más años de lucha agraria del núcleo de fundadores de las Farc ?seis de los cuales sobreviven en armas? al decir:
“El Plan Colombia inducirá transformaciones económicas, sociales y productivas en las zonas periféricas desde donde se desplazan los asalariados de la narcoproducción. Porque el Estado, la sociedad y el modelo económico no les permite una alternativa de trabajo válida ni movilidad social donde se asientan sus familias, casi siempre centros demográficos densamente poblados con problemas de necesidades básicas insatisfechas”. Al respecto dicen las Farc: “La política agraria revolucionaria es condición indispensable para elevar verticalmente el nivel de vida material y cultural de todo el campesinado”.

No más “cartel de las Farc”
Otro abismo que cerró Pastrana, entre el Gobierno y las Farc, fue el referente al reconocimiento de las necesidades económicas y sociales de los raspachines.
En un desafío al discurso institucional que traía la Fuerza Pública, el presidente produjo un acercamiento con una de las más importantes bases sociales de la organización guerrillera. Pastrana reconoció la necesidad económico-social de la población que sobrevive del cultivo de la coca y la amapola.
Esa población que en el anterior gobierno se movilizó en marchas hacia Miraflores (Guaviare) y Florencia (Caquetá). Que protagonizó una protesta contra la fumigación, que fue criminalizada y produjo choques con la Fuerza Pública. Circunstancia que dio soporte a la ofensiva de las Farc contra instalaciones militares y dejó decenas de soldados retenidos en la base de Las Delicias.
Para el presidente Andrés Pastrana “las regiones que son hoy principales escenarios de nuestra confrontación se proyectan sobre la geopolítica regional, como una zona crítica de la narcoproducción y el narcotráfico, y en el inmediato futuro como una zona estratégica de las tendencias del desarrollo mundial”.
Por eso “es imprescindible reiterarle a la comunidad internacional, en un hecho absolutamente novedoso en la agenda del proceso de paz, la decisión de la insurgencia de desnarcotizar sus áreas de influencia a condición de no presentarla como un cartel terrorista, y de viabilizar la alternatividad productiva, que no es necesariamente la sustitución de cultivos, sino que además puede y debe ser la erradicación no contaminante ni destructiva”.
Por todo lo anterior, es un hecho que el discurso de Pastrana ha sufrido cambios. En 1992, como senador de la Nueva Fuerza Democrática, era partidario vehemente de la imposición del Estado de derecho, más no de una negociación que hiciera concesiones a la insurgencia.
 

EL ESPECTADOR 25 OTTOBRE 1998
El costo humano de la lucha laboral
Bogotá

Desde la Masacre de las Bananeras en 1929, la constante de los trabajadores sindicalizados en Colombia ha sido sobrevivir en el blanco móvil de una violencia selectiva que no perdona a los pregoneros de los derechos laborales.
La muerte y tortura de decenas de obreros que participaron en la huelga del 12 de noviembre de 1929 en la zona bananera, y la represión a los braceros del río Magdalena por la misma época, siguen repitiéndose en múltiples escenarios de las actuales luchas sindicales.
Wilson Borja, presidente de la Federación de Trabajadores Estatales (Fenaltrase), lo reconoce y lo asume: 3en este país ser sindicalista no es tarea fácil2. La mayor dificultad es la cultura antisindical que existe en numerosos sectores de la economía o la sociedad.  Y la intolerancia que se expresa en marginalidad política. 3Es un irrespeto al movimiento sindical que el Gobierno nos trate de minoría. En este país es mucho más fácil organizar un frente guerrillero que un sindicato2.  Sentencia de quien sabe de antemano que los sindicalistas permanecen en la mira.

Más allá de los intereses
Estas denuncias llevan muchos años, lustros, décadas, y la lucha obrera sigue sustentada en los mismos episodios que provocaron los discursos de Jorge Eliécer Gaitán y María Cano en las primeras décadas del siglo. Sólo que desde los años 70, se advierte un ciclo de violencia sindical de “ablandamiento” permanente, que secuencialmente cobra una nueva víctima con frecuencia aterradora.
Para Guillermo Rivera, presidente del Sindicato de Trabajadores del Agro (Sintrainagro), el problema básico es la política económica y el recrudecimiento del conflicto armado. “Se desconocen las garantías consagradas en el Código de Trabajo”, y la confrontación guerrilla-Estado-Par aporta una violencia que se recrudece facilmente contra a los sindicatos.
“Es un asunto cíclico originado por la recesión”, añade Wilson Borja, como una explicación económica de la violencia contra los trabajadores agremiados.
El ancestral enfrentamiento entre el Estado o el capital y los obreros, con la misma mecánica en que ninguno quiere ceder. Este fenómeno, para uno de los principales gestores del interminable paro estatal, genera la presión que se traduce en amenazas, desapariciones y homicidios.

Los bravos 70
A principios de la década de los años 70, las huelgas petroleras en Barrancabermeja dejaron como resultado una de las muertes más significativas para el movimiento sindical de la época en Colombia. El obrero Fermín Amaya murió dentro de la refinería de Ecopetrol a manos del Ejército.
De ahí en adelante los reclamos de los trabajadores petroleros, casi por tradición dejaron como saldo trágico la desaparición de más de 100 miembros de distintas agremiaciones obreras. Sindicatos como el de Noel en Medellín, Riopaila en el Valle y de electrificadoras como la del Tolima fueron reprimidos severamente por la Fuerza Pública ante sus constantes protestas y huelgas.
En septiembre de 1976, las asociaciones obreras bancarias originaron la huelga más prolongada que se conozca en Suramérica. Durante 90 días empleados bancarios suspendieron labores para exigir reivindicaciones y derechos laborales. A este movimiento se sumó la organización obrera de los médicos (Asmedas), que provocó una agitación sindical histórica.  Un año más tarde, este inconformismo popular por las políticas estatales, la situación económica del país y las protestas de los sindicalistas confluyeron en lo que se conoció como “El paro cívico popular de 1977”, adelantado en todo el país e inocultablemente liderado por algunos sectores políticos de izquierda.  Fueron duras jornadas de agitación sindical, que tuvieron rápidamente medidas de choque.
En 1978, durante el gobierno de julio César Turbay Ayala se creó el Estatuto de Seguridad con el fin de controlar el inconformismo popular.  Básicamente, quien fuera descubierto organizando o participando en mítines podría hacerse a seis meses de detención. Cualquier persona podía ser juzgada por escándalo público o agitación.

Cambio de estrategia
Durante la década de los años 80, los sindicatos se vieron marcados por la influencia del Partido Comunista, lo que llevó a muchos sectores de trabajadores a conformar organizaciones más fuertes ante el Estado.  Nuevamente la violencia arremetió contra los trabajadores. Esta vez con tintes de guerra sucia e intolerancia que acabaron la vida de buena parte de líderes sindicales y de izquierda.
Algunas de las agrupaciones que se constituyeron con fortaleza fueron la Unión Sindical de Obreros (USO), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Federación Nacional de Trabajadores Estatales (Fenaltrace), Asonal y tomó mucha más fuerza Fecode. Estas organizaciones continúan vigentes, aunque para algunos sea necesario cambiar de estrategia con el fin de mantener la funcionalidad.
El presidente de Sintrainagro asegura que hoy por hoy existen muchos elementos que han incidido en que el sindicalismo haya reducido su funcionalidad.
Más allá de la violencia, las grandes centrales obreras y sindicatos se han quedado sin alternativas ni propuestas. Para el movimiento obrero no hay ritmo de cambio, dice Rivera.
“El sindicalismo no se puede quedar simplemente negociando pliegos y organizando paros, sino que se necesitan políticas de acción y modernización con asesoría internacional”.
Actualmente, Sintrainagro adelanta políticas de fortalecimiento en ramas de industria. La idea es acabar con los sindicatos de base copiando modelos europeos.
Sin embargo, las tendencias adoptadas por las organizaciones nacionales e internaciones parecen no ser garantía de escapar a la violencia.  Hace diez años, el movimiento sindical sufrió el embate de los violentos, y cayeron sacrificados líderes de la talla de Jaime Pardo Leal, Gustavo Chacón o Leonardo Betancur Posada. Hace menos de una semana fue asesinado en los umbrales de su apartamento, el dirigente obrero de la CUT, Jaime Ortega.
Es la misma constante, el riesgo de aceptar que ser sindicalista es medírsele a la expectativa de la muerte, las amenazas o el exilio. Es otra prueba contundente de que la intransigencia constituye un obstáculo enorme para consolidar la paz de los trabajadores.
 

EL ESPECTADOR 23 OTTOBRE 1998
Pastrana desnarcotiza la paz
Por: ÓMAR ROBERTO RODRÍGUEZ
Bogotá

Con la presencia del uruguayo Enrique Iglesias, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), institución que acrecentará su programa de créditos para Colombia en US$1.600 millones, adicionados a los US$4.000 millones que hacen parte de la programación financiera con esta entidad, el presidente Andrés Pastrana, acompañado de su “gabinete de paz”, anunció ayer la creación del Fondo de Inversión para la Paz (FIP). La cifra supera con creces la inversión de US$96 millones en proyectos de paz específicos que hizo en los últimos años desde 1991.
Pastrana guardó el texto de 80 páginas dentro de una urna de cristal como símbolo de la “transparencia como se utilizarán esos dineros”, cuyo manejo de cuentas se hará por decreto ley y “sin personerías jurídicas” según expresó Augusto Ramírez Ocampo, quien será el presidente de dicho fondo y quien recomendó que se mantengan como parte del programa por la paz, el Fondo Nacional de la Paz que maneja la oficina del Alto Comisionado y el programa Plante para la erradicación de cultivos.  El FIP obrará como herramienta financiera y gerencial de apoyo al proceso de paz. Como parte de este programa de crédito, el BID desembolsará en la vigencia de este año la suma de US$1.100 millones.  Sus fondos permitirán impulsar y apoyar la negociación con la insurgencia y proveer obras de infraestructura para las zonas afectadas por el conflicto armado.  Su duración comprenderá la etapa previa de la negociación, la misma negociación y el posterior cumplimiento de los acuerdos.

Adiós a la “narcoguerrilla”
Al medio día, en el salón de gobelinos del Palacio de Nariño, sin la tradicional presencia de los altos mandos militares y de la Fuerza Pública ni tampoco con la participación de los asiduos asistentes a las “reuniones de paz”, ?realizadas en Palacio durante los últimos ocho años, en los gobiernos de César Gaviria y de Ernesto Samper?, incluso con varias sillas libres para invitados que fueron ocupadas por periodistas, el presidente Pastrana aprovechó la ocasión para presentar un nuevo enfoque sobre el conflicto armado y la caracterización de la guerrilla:
“Colombia padece dos guerras nítidamente diferenciables: la guerra del narcotráfico contra el país y contra el mundo y la confrontación de la guerrilla por un modelo económico, social y político que considera injusto, corrupto y auspiciador de privilegios”. Inició su discurso diciendo que “cuando, como presidente electo de Colombia cumplí la palabra empeñada de entrevistarme con la principal fuerza guerrillera, estábamos seguros de que ese hecho histórico contaría con el apoyo de la Nación y de la comunidad internacional” Con las anteriores palabras el Presidente dejó atrás la guerra verbal y de calificativos, el discurso gubernamental conocido en los últimos años. De esta manera, en el discurso de ayer, rompió con el enfoque castrense sobre la denominación de “narcoguerrilla” para la subversión y anunció que “con la insurgencia coincidimos en que era necesario construir una agenda compartida de apoyo internacional al proceso de paz, que fuera respetuoso de la iniciativa nacional, que se asumiera como parte del problema y se decidiera por lo tanto a ser parte de la solución”.  En su discurso, Pastrana mostró su decisión para diferenciar el conflicto y subrayó: “Mi gobierno no permitirá que la paz sea narcotizada ante el mundo, porque está firmemente convencido de que la prolongación del conflicto interno en Colombia beneficia en primer lugar a los capos de la droga. De allí que sean los narcotraficantes los más interesados en extender el conflicto e impedir la reconciliación”. Con estas palabras, el Presidente se mostró con el poder para desoír las consideraciones de sus correligionarios republicanos en el Congreso de los Estados Unidos.  Insistiendo en la diferenciación entre narcotráfico y guerrilla, Pastrana ?que recibió de Enrique Iglesias un respaldo por “su gestión” y una reafirmación de que “no hay paz sin justicia social”? expresó que: “Mi gobierno, en nombre de toda la Nación sabe que con el narcotráfico no existe ni debe existir diálogo ni entendimiento alguno”. Pero a renglón seguido aclaró que”sabe también mi gobierno, y así lo quiere el país, que con la guerrilla es posible dialogar para construir un tercer escenario de democracia que resuelva las principales contradicciones y ponga fin a la violencia política”.
El presidente Pastrana anunció a la comunidad internacional que el fondo de financiamiento facilitado por el BID y que el presidente denominó Plan Colombia, tendrá como objetivo la “transformación de las zonas donde se cultiva el 80% de la producción mundial de coca y de amapola, en desarrollos agrícolas económicamente rentables para nuestros campesinos, en santuarios ecológicos donde florezca el turismo que respeta la naturaleza y sean protegidos ecosistemas vulnerados por la narcoproducción”.

Erradicar sin contaminar
En una declaración que puede aparecer sorpresiva el Presidente reveló que la “guerrilla ha expresado su disposición programática para erradicar” los cultivos ilícitos “porque tiene claro que la narcoproducción como actividad económica principal en sus zonas de influencia es un grave riesgo para su proyecto político”.
Remarcó que “en Colombia la paz es una condición ineludible para el triunfo contra el narcotráfico” y dio otro viraje al propugnar por una erradicación “no contaminante ni destructiva”.
Finalmente, dijo que “de la coincidencia de mapas de narcocultivo y guerrilla surge la presunción del inextinguible compromiso de la guerrilla con el narcotráfico, lo cual no está demostrado. Pero puede afirmarse que dicha coincidencia obedece a la inaccesibilidad de las zonas, a la coexistencia de una forma de autoridad subversiva que convive con la narcoproducción sin ser un cartel y a la corrupción pública y privada que favorece esa coincidencia”.

Política integral antidrogas
El presidente de la República, Andrés Pastrana Arango suscribió ayer un convenio integral de cooperación para enfrentar el problema mundial de las drogas, y de paso presentó su política para enfrentar este flagelo.  En conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de las Drogas, el jefe del Estado expresó que se pondrán en marcha siete estrategias, entre las cuales se resalta una activa participación ciudadana y una organización gerencial de dicha política.  En el convenio suscrito, y en la política antidrogas, el desarrollo alternativo será un área prioritaria de cooperación, de tal manera que se pueda ofrecer al pequeño agricultor, propuestas integrales, sostenibles y competitivas para abandonar los cultivos ilícitos.  De igual modo, se advierte que deben elaborarse múltiples estudios para medir el impacto real del problema de las drogas ilícitas en la economía colombiana, atendiendo además varias áreas en el contexto de la prevención integral, de tal modo que se puedan priorizar acciones en favor de las comunidades más afectadas.
En síntesis, lo que pretende el Gobierno nacional es atender las directrices emanadas de la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico de Drogas, y las conclusiones de la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sin embargo, tales directrices deben adaptarse a la problemática colombiana.
 

EL ESPECTADOR, Octubre 22 de 1998
“Mis hijos no saben lo que pasó”
Bogotá

Jorge Luis (8 años) y Cristiam Camilo (7), tal vez no se enteren de que su padre, Jorge Ortega García, fue acribillado en Bogotá el martes en la noche, y que hoy será sepultado en San Jacinto, Bolívar.
Los dos menores y su madre, Nereida Arias, fueron enviados por el desaparecido vicepresidente de la CUT a Barranquilla, para protegerlos debido a las continuas amenazas de que había sido objeto en los últimos meses.
Jorge Luis y Cristiam irán hoy a Cartagena, pero se quedarán donde una tía, mientras se lleva a cabo el sepelio de su progenitor.
Nereida, en cambio, tan pronto supo la noticia del asesinato de su esposo, viajó desde Barranquilla y ayer acompañó el cadáver en todo momento, desde que lo entregó la morgue hasta que llegó al auditorio León de Greiff de Universidad Nacional, donde fue velado.
“Mis pequeños hijos todavía no saben lo que sucedió”, dijo entre sollozos la hoy viuda de Ortega, y se preguntó: “¿Cómo voy a explicarles que su padre, que siempre luchó por la libertad y la paz, fue asesinado en medio de la violencia y la intolerancia de este país?”.
No pudo pronunciar una palabra más. El dolor la invadió y las lágrimas mojaron las mejillas, mientras que una de sus hermanas intentó calmarla. “Debo darle las gotas para que se tranquilice”, explicó.
Pero cada vez que uno de los amigos de su cónyuge o de sus compañeros se acercaba al rincón donde se encontraba, nuevamente el llanto evitaba que por lo menos diera las gracias.

La marcha
El desfile de sindicalistas y amigos del asesinado vicepresidente de la CUT, por la funeraria Los Olivos, empezó muy temprano. La marcha que lo llevó al auditorio León de Greiff partió a las 12 del mediodía.
Lentamente fue recorrido el trayecto por representantes de los diferentes sindicatos y por una larga caravana de carros de la Empresa de Energía de Bogotá.
Nereida quiso hacer el recorrido a pie, pero las fuerzas no la ayudaron y debió abordar un vehículo. “Está destrozada”, comentó su hermana, quien siempre estuvo a su lado tratando de consolarla.
El féretro fue recibido por una multitud que le hizo calle de honor y al ingreso a la Ciudad Blanca las arengas, todas contra el Gobierno ?que fue responsabilizado del crimen?, aumentaron.
“Sí señor, cómo no, el Gobierno lo mató...”; “Pastrana, asesino...“, o “compañero Jorge Ortega, presente, presente, presente”; “por nuestros muertos ni un minuto de silencio, toda una vida de combate”, fueron los gritos de la multitud que se confundieron con el sonar de una sirena y de las bocinas de los carros que acompañaban la caravana fúnebre.
Tan pronto el féretro fue puesto en cámara ardiente, en medio de aplausos, Nereida se acercó, colocó una flor amarilla y se retiró a llorar su pena. Un agua aromática y un tinto fue todo lo que tomó. Lo demás fue llanto y sorpresa al ver que un grupo de encapuchados tras lanzar unas papas explosivas en las afueras, ingresó al recinto, arengó y se fue.

Viaje a San Jacinto
El cadáver de Ortega saldrá hoy a las 6:00 a.m. de la Universidad Nacional con rumbo al aeropuerto Eldorado, para ser trasladado a Cartagena, de donde será llevado a San Jacinto, su tierra natal.
Sus hijos no acompañarán a Jorge hasta su última morada, y, tal vez, hasta que tengan uso de razón no sabrán que su padre fue asesinado por los enemigos de la paz.

EL ESPECTADOR, Octubre 22 de 1998
Protección a defensores de los D.H.
Bogotá

La alta comisionada de la ONU Mary Robinson, se reunió ayer con los presidentes de las centrales obreras del país y diversas ONG para escuchar las denuncias que estas organizaciones tienen sobre violaciones de derechos humanos.
La alta comisionada ?quien se encuentra en Colombia desde el lunes pasado? condenó el asesinato del líder sindical Jorge Ortega, ocurrido el pasado martes, y lo calificó de doloroso.
Aseguró que el crimen de Ortega hace parte de “una serie de sucesos trágicos que ha realzado ante mí la gravedad de la situación de los derechos humanos en Colombia y el enorme trabajo que se necesita para resolverla”.
Luego de manifestar que los ataques y las violaciones contra los derechos humanos “evidencian que la paz es una necesidad urgente”, la señora Robinson mostró además su preocupación por los hechos ocurridos en Machuca (Antioquia), donde perdieron la vida más de 50 personas luego de una explosión ocasionada el fin de semana pasado en el oleoducto Central.
“El Gobierno no debe escatimar ningún esfuerzo para encontrar y castigar a los responsables del asesinato del señor Jorge Ortega y para garantizar la protección de quienes luchan para que los colombianos puedan disfrutar de todos los derechos humanos”, aseguró la representante de la ONU.
Así mismo, la alta comisionada presentó ayer varias recomendaciones para que el Gobierno nacional integre un plan coherente en defensa de los derechos humanos en el país.
Uno de los puntos planteados consiste en el apoyo para la ampliación de la oficina del alto comisionado existente en Colombia, en la que actualmente se desempeña la delegada Almudena Mazarrasa.
En reunión realizada en la sede de la CUT (Central Unitaria de Trabajadores), la señora Robinson se mostró de acuerdo con que la oficina de la ONU haga el seguimiento de las medidas acordadas por el Gobierno para proteger a los dirigentes sociales, sindicales y defensores de derechos humanos que han sido amenazados y que aseguró “tienen el derecho de ser protegidos”.
La funcionaria de Naciones Unidas también habló con el presidente Pastrana, y aseguró que se reunirá con el procurador general de la Nación, Jaime Bernal Cuéllar, para que coordine programas encaminados a determinar las violaciones que se cometen contra los líderes sindicales y defensores de D.H.

ANÁLISIS
La muerte se ensaña contra la paz
Por: ÉVER PALOMO LLORENTE
Bogotá

“¿Qué está pasando? ¿Qué nos pasa?” Fueron dos de las preguntas que se hizo la noche del martes el presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, monseñor Alberto Giraldo Jaramillo, al conocer la noticia sobre el asesinato del vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Jorge Luis Ortega García. Esas inquietudes son las mismas que nos formulamos cerca de 40 millones de compatriotas que anhelamos la paz, y para las que desafortunadamente no encontramos respuestas positivas, porque una muy mínima parte de la población está empeñada en seguir desangrando el país.
El fin de semana fue el Ejército de Liberación Nacional (Eln) el que dinamitó un tramo del Oleoducto Central (Ocensa) en Segovia, hecho que tuvo un trágico desenlace por el incendio de gran parte de la población de Fraguas o Machuca, donde 50 personas murieron quemadas y otras 70 quedaron heridas.
En la madrugada del martes ?al parecer? los paramilitares asesinaron al alcalde de Anorí, Héctor Emilio Piedrahíta; a la personera, Adriana María Casas, y al conductor de la alcaldía de ese municipio, Nicolás Piedrahíta Buriticá. Y ese mismo día, a las 7:30 de la noche, fue acribillado en Bogotá Jorge Ortega García.

¿Quién mató a Jorge Ortega?
Las hipótesis van hacia la extrema derecha, y las acusaciones de dirigentes sindicales como Hernando Hernández, presidente de la USO, y Luis Eduardo Garzón, presidente de la CUT, apuntan al Estado. Ellos no dudaron un minuto en responsabilizar al establecimiento por el homicidio de su compañero.
Pero, como lo manifestó Miguel Ortega, hermano de Jorge Luis, lo único claro es que el homicidio del vicepresidente de la CUT es una provocación al proceso de paz con la guerrilla y al paro que adelantan desde hace 17 días los trabajadores estatales. Provocación, porque Jorge Ortega era el vocero de la CUT ante el Mandato Ciudadano por la Paz, y porque a este hecho se suman los crímenes contra 13 sindicalistas en los últimos 10 años y de tres defensores de derechos humanos en lo que va corrido de 1998.
Lo que ha sucedido en esta última semana, después de manifestaciones de paz como la reunión del Eln con la sociedad civil en el Valle del Río Verde o la orden del Gobierno de despejar los cinco municipios del sur del país solicitados por las Farc y el reconocimiento político a las dos organizaciones guerrilleras, es un campanazo de alerta para el Ejecutivo y la sociedad en general sobre lo que puede venir durante el desarrollo del proceso de paz.
Por eso es necesario avanzar rápidamente en la suscripción de acuerdos humanitarios y dar mensajes muy claros de convivencia y voluntad de negociación por parte de los alzados en armas, para contrarrestar la desconfianza que generan los hechos de guerra de los actores armados o los magnicidios que cometen los llamados enemigos agazapados de la paz.

Hoy paro nacional por muerte sindical
Bogotá y redacción nacional
El homicidio del vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Jorge Luis Ortega, radicalizó ayer la posición de la clase obrera colombiana, que hoy hará un paro nacional en protesta por el crimen.
Al paro estatal que hoy llega a su día número 17 se unieron los textileros, la industria metarúlgica, el campesinado, el sector farmacéutico, la industria automotriz, las cervecerías, el Instituto de Medicina Legal y el comercio informal.
Así lo informó el presidente de la Confederación General de Trabajadores Democráticos, Cgtd, Julio Roberto Gómez, quien hizo un llamado a cordura.
El sector bancario que venía realizando asambleas permanentes, desde el lunes pasado, también se vinculará al cese general de actividades por 24 horas.
Durante el día se realizarán marchas en todo el país.
En Barranquilla, los sindicatos de los sectores estatal y privado acogieron la orden y a ellos se unirán las delegaciones provenientes de la Costa Atlántica, entre ellos el de Trabajadores de la Electricidad de Colombia (Sintraelecol), al que pertenecía, Jorge Ortega.
Los sindicalistas y empleados marcharán por la calle 30, saliendo de la Ciudadela Universitaria, para llegar a la Plaza de la Paz. La manifestación se llevará a cabo entre las 10 de la mañana y la una de la tarde de hoy.
En Bucaramanga los trabajadores protestarán en caravana desde la Puerta del Sol hasta el sector de la Virgen, al norte de la ciudad.
Al parecer, el transporte en la capital santandereana estará restringido durante el tiempo de la marcha.
Los departamentos de Tolima, Huila y Caquetá también se unieron a las manifestaciones y en horas de la tarde llegarán a Bogotá centenares de empleados que ayer salieron de Ibagué, en las horas de la mañana.
Los trabajadores hicieron estación en Espinal (Tolima) para recibir otro grupo de marchistas provenientes de Huila y Caqueta.
Por otra parte, ayer en Tunja y Pasto, los trabajadores agitaron sus pañuelos blancos, mientras caminaron en silencio por las principales calles de las ciudades para protestar por el asesinato del líder sindical.
De igual manera, marchistas provenientes de Boyacá se tomarán hoy la capital de la República.
Ultimátum al Gobierno
En cuanto a las negociaciones entre el Gobierno y las centrales obreras, estas quedaron suspendidas, al parecer, hasta el viernes.
Así lo hizo saber el presidente de la Unión Sindical Obrera, Hernando Hernández. “El comando nacional de paro se vincula de conjunto al paro estatal como protesta y repudio al asesinato de Jorge Ortega, por tanto, las conversaciones con el Gobierno quedan suspendidas”, dijo Hernández.
Los líderes sindicales dieron su ultimátum al Gobierno y lo llamaron un “diálogo serio este viernes donde la negociación esté presente y se llegue a un acuerdo”.
Al respecto, Hernández agregó que esta noche se reunirá el comando de paro para definir las condiciones y la reanudación de las conversaciones.
“Muy probablemente, el viernes, en las horas de la mañana el comando de paro se va a hacer presente en la Conferencia Episcopal y vamos a tratar de ponerle fin a estas conversaciones”, agregó el presidente de la USO.
Al respecto, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Luis Eduardo Garzón, explicó que los condicionamientos que el Ejecutivo ha puesto a las negociaciones han impedido un acuerdo.
“Se parte de la base de que ningún acuerdo firmado durante la pasada administración es válido porque fue un gobierno ilegítimo. Con ese discurso nos tienen confundidos y en grave riesgo”, dijo Garzón.
El dirigente sindical agregó: “El Gobierno debe decidir qué cumple y qué no de las negociaciones con el pasado Gobierno, para saber qué va a pasar”.
Finalmente, rechazaron el argumento del Ejecutivo en el sentido de que el dirigente asesinado, Jorge Ortega, no quiso la escolta que se le brindó y manifestaron que no se utilizó porque no era de confianza.

“El Gobierno es culpable”: sindicatos de Bolívar
Cartagena

Las directivas de la Central Unitaria de Trabajadores, Cut, en el departamento de Bolívar culparon a las políticas del Gobierno nacional, por el asesinato del vicepresidente de esa organización, Jorge Ortega. Los sindicalistas aseguraron también, que este tipo de acciones antes que asustarlos, los anima a continuar luchando por los ideales del paro.
El Secretario de la Cut, Esteban Barboza, indicó que para sus compañeros no cabe duda que la muerte del líder obrero fue planeada y ejecutada por los grupos paramilitares “quienes están amparados por el manto de impunidad del Estado”.
Las protestas de los sindicalistas de Bolívar, de donde era oriundo Ortega, no se hicieron esperar y los trabajadores de Electrocosta ?que hasta ahora se habían mantenido al margen del paro nacional?, bloquearon durante varias horas la Avenida Pedro de Heredia, principal vía de Cartagena.
Concentrados en la puerta de la oficina principal de la entidad, llevaron a cabo un sepelio simbólico, a manera de protesta.
Además del sector energético, al cual estuvo vinculado Ortega por más de 20 años, los empleados de Telecartagena, pararon sus actividades, mientras que una delegación de 100 miembros de los diferentes sindicatos de la ciudad viajaron a Barranquilla para unirse a la gran marcha que se llevará a cabo hoy, con la participación de activistas de la Costa Atlántica.

EL COLOMBIANO, jueves 22 de Octubre de 1998
Alta comisionada de la ONU condenó asesinato
Pidió medidas al Presidente

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, convocó a una reunión urgente para expresar su repudio por el asesinato del vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Jorge Ortega.
Así mismo, se entrevistó con el Jefe de Estado, AndrésPastrana, para “que no escatime ningún esfuerzo para encontrar y procesar a los responsables del asesinato y para garantizar la protección de quienes luchan para que todos los colombianos puedan disfrutar de los derechos humanos”.  Ante los medios de comunicación y un grupo de defensores de derechos humanos de varios países de América Latina y Europa, la alta comisionada manifestó su desconcierto por la gravedad de los hechos ocurridos en Colombia.
“El asesinato perpetrado contra la vida del señor Jorge Ortega es el último de una serie de trágicos sucesos que han realzado ante mi la gravedad de la situación de derechos humanos en Colombia y el enorme trabajo que se necesita para resolverla”, señaló.
La señora Robinson se refirió además al atentado al oleoducto en Segovia y lo calificó de brutal por la muerte de alrededor de 50 personas y por la gravedad de los sobrevivientes.

Amenazas
De igual manera se mostró aterrada porque el seminario al que ha asistido sobre protección a los defensores de derechos humanos fue amenazado telefónicamente, “ayer hablé ante un seminario internacional sobre la protección de los defensores de derechos humanos en el cual los riesgos que corren estos valientes hombres y mujeres cotidianamente fueron parte central de la discusión. Sus temores no eran infundados. Me enteré con profunda preocupación esta mañana que el seminario había recibido amenazas de bomba en las cuales quien llamaba exigía que la reunión terminara inmediatamente”.
Además de la condena a los hechos violentos, la señora Robinson dijo haberle planteado al procurador general de la Nación, Jaime Bernal Cuéllar, su preocupación por los hechos que ocurren a diario en el país.  Por último, la alta comisionada insistió en la urgencia de hacer la paz y en la necesidad del pleno cumplimiento de los derechos humanos en el país.

EL ESPECTADOR 22 OTTOBRE 1998
Aumentan víctimas de Machuca
Medellín y Bogotá

A 56 se elevó ayer el número de víctimas de la tragedia ocurrida en la localidad de Machuca, en el municipio de Segovia (Antioquia), al registrarse ayer el deceso de seis personas que se encontraban recluidas en diversos centros asistenciales de la capital del departamento de Antioquia.  Ayer dejaron de existir María Elena Londoño Buriticá, Maybis Johana Bedoya Quiroz, Diomelina Ramírez Palacio, Nelly Mosquera Palacios, Rubiela Oquendo Hernández y un menor de 10 años que falleció en el Policlínico infantil de Medellín. “Es posible que el número de víctimas aumente”, anotó el director del Hospital San Vicente de Paúl, Guillermo Franco.  Muchos de los pacientes están con respirador por el intenso dolor que padecen, y en varios casos los médicos han tenido que recurrir a la morfina. “El pronóstico es bastante lamentable”, agregó el especialista. Entre tanto, la Gobernación de Antioquia dispuso al apertura de una cuenta en el Banco Popular para recoger ayudas económicas para las víctimas de la tragedia en Machuca.
Habla el Eln
A su vez, el Comando Central del Ejército de Liberación Nacional, a través de Francisco Galán instó al Gobierno y la sociedad civil, a que conjuntamente sometan al escrutinio de la Comisión Internacional de Encuesta, el análisis de lo sucedido en Segovia (Antioquia), pues insiste en que si bien el Eln dinamitó el oleoducto, no fue responsable de la tragedia.
En concreto, Galán aseguró que de acuerdo a investigaciones de la organización, el incendio se registró una hora y veinte minutos después de la explosión, y se pudo constatar que los militares se encontraban en la base de “Las Cenizas”, ubicada a dos kilómetros de Machuca, y no a 20 kilómetros como afirmó el general Fernando Tapias Stahelin.  Finalmente, trascendió que la comisión de paz del Senado manifestó que no suspenderá los contactos que ya tenía previstos con el Eln, antes de la tragedia en Machuca.
El próximo 7 de noviembre la comisión se desplazará a Itagüí para dialogar con los jefes del Eln a fin de mantener con firmeza la voluntad de buscar la paz permanente.

Atentados petroleros, historia de muerte
Bogotá
Desde el día en que se registró la tragedia de Machuca -que hoy ya cuenta 56 víctimas-, han sido muchos los sectores del país que piden una investigación para determinar qué fue lo que ocurrió y quiénes son los responsables de este hecho que sólo trajó muerte y dolor.
Precisamente ayer, el presidente de la República, Andrés
Pastrana Arango solicitó al fiscal, Alfonso Gómez Méndez y al procurador, Jaime Bernal Cuéllar, que adelanten una investigación a la mayor brevedad posible para esclarecer lo sucedido en el caserío de Segovia.  El primer mandatario aseguró que “mí próposito es clarificar en su totalidad esta situación, más aún cuando uno de los miembros del Eln aceptó que integrantes de su organización cometieron el atentado al oleoducto, aunque no aceptaron las consecuencias”.  Pastrana también aseguró que considera sin fundamento las acusaciones hechas por el Eln al Ejército en el sentido de que ellos son los culpables de los muertos en Machuca, pero dijo que esperara los resultados de la investigación.
La solicitud de Pastrana refleja la petición hecha por diversos organismos del país, entre ellos el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos que había pedido al presidente la gestión para conformar una comisión especial de investigación imparcial que establezca responsabilidades en lo que calificaron como “un hecho violatorio al Derecho Internacional Humanitario”.  De otro lado, la Comisión Accidental de Paz del Senado de la República, manifestó ayer que aunque no suspenderá los contactos que tenía previstos con el Eln desde antes de los hechos ocurridos en Machuca, le pedirá explicaciones sobre la voladura del oleoducto.  La comisión viajará a la cárcel de Itagüí el próximo 7 de noviembre a dialogar con los voceros del Eln, Francisco Galán y Felipe Torres, y en dicho encuentro les solicitarán que definan ampliamente su posición sobre temas como la no inclusión de población civil al conflicto armado, la voladura de oleoductos y los secuestros.
Con otras dimensiones episodios como el ocurrido la madrugada del pasado domingo en el caserío de Machuca, en Segovia (Antioquia), ya se han registrado en distintas zonas del país por donde cruzan las diferentes líneas y tramos de los oleoductos.
Uno de los hechos más graves ocurrió la noche del domingo 17de marzo de 1991. El frente 32 de las Farc activó una poderosa carga de 500 kilos de dinamita en el tramo del oleoducto Puerto Salgar-Bogotá, entre los municipios de Albán y Sasaima (Cundinamarca).  Luego de la explosión, el crudo provocó un incendio de más de 10 horas que dejó como resultado dos personas muertas y 28 gravemente heridas (varios menores de edad), habitantes de la vereda El Chimbe en la hacienda El Porvenir.
Además de las vidas humanas, el atentado dejó pérdidas por más de $500 millones. Más de tres decenas de casas resultaron averiadas y al menos 10.000 aves de corral perecieron.
Según el Ejército, durante 1992, 14 personas murieron en dos atentados al oleoducto Central (hoy Ocensa), perpetrados por el frente José Antonio Galán del Eln en el nordeste antioqueño.
El primero de ellos se produjo el 5 de septiembre en zona rural del municipio de Segovia, específicamente en el sitio Laureles. Allí, luego del incendio originado por la ruptura del oleoducto, dos personas murieron y cuatro más resultaron heridas.
Dos meses más tarde, en el sitio Martana, jurisdicción de Remedios, el mismo grupo perpetró un ataque con saldo trágico de 12 personas muertas y 3 heridas.
Sin embargo, los incendios originados por atentados al oleoducto no sólo han cobrado víctimas en la población civil.  El lunes 16 de abril de 1996, una compañía compuesta por 29 soldados y un suboficial del Ejército perdieron la vida a mano de los frentes 29, 32 y 48 de las Farc en el sitio El Páramo, jurisdicción de Puerres (Nariño).
En esa oportunidad las autoridades reportaron que el ataque de la guerrilla se produjo con granadas y rockets cuando los uniformados entregaban su turno de vigilancia al oleoducto Trasandino.
Tras la emboscada, los subversivos hicieron explotar el ducto, cuya conflagración calcinó los cuerpos de los soldados sin vida.

EL COLOMBIANO, 22 de Octubre de 1998
ELN solicita que investigue ONG

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) insistió ayer en que no es responsable de la tragedia humana ocurrida en Machuca, Segovia, causada por el incendio que se originó después del atentado que uno de sus frentes cometió contra el Oleoducto Colombia.
El ELN pidió que la Comisión Internacional de la ONG Encuesta investigue quiénes fueron los responsables del incendio y solicita que la investigación incluya otros dos hechos similares ocurridos en Laureles y Martaná y, además, el esclarecimiento del asesinato del dirigente sindical de la CUT, Jorge Ortega.
Estos hechos no pueden quedar en la impunidad y “por ello es indispensable que con responsabilidad se asuma una sensata investigación y no se concluya con la ligereza de los titulares de prensa”, indica un comunicado del ELN La declaración “¡Qué saludable! hubiese sido para la Nación que todas esas acusaciones que se nos imputan se hubiesen expresado después de una comisión imparcial que hubiese investigado lo ocurrido. No queremos que los acontecimientos de Fraguas queden en la impunidad y por ello es indispensable que, con responsabilidad, se asuma una sensata investigación y no se concluya con la ligereza de los titulares de prensa.
Decimos brevemente que hay otros incidentes como los de Laureles y Martaná donde también se prendió fuego al crudo derramado y se produjeron víctimas.  Entendemos que en ambos casos está implicado el Ejército. Después de investigaciones en curso, consideramos que en el momento son obligantes los resultados de esas investigaciones. Frente a los acontecimientos de Fraguas se ratifica que el incendio se produjo una hora y 20 después de la explosión y que, además, varios habitantes estaban recogiendo el crudo sobre el río cuando se produjo el incendio y que el Ejército se encontraba en la base de Los Cenizos, a escasos dos kilómetros de dicho lugar y no a 20 kilómetros como lo señaló el general Tapias.  El día 20 de octubre, a las siete de la noche, el Comité de Paro de los trabajadores terminó de reunirse con el presidente Pastrana, quien en tono amenazante hizo la advertencia de reprimir el movimiento. Media hora más tarde, cuando apenas se bajaba del vehículo que lo llevó a su hogar es asesinado el dirigente obrero Jorge Ortega. ¿Cómo se explica este nuevo crimen y quién responde por él? Ante este nuevo asesinado el Gobierno sigue con su política de impunidad al señalar que los responsables son las “fuerzas oscuras”. Por las graves anomalías que existen en la justicia colombiana, el ELN plantea al Gobierno Nacional y a la sociedad que la investigación de los dolorosos hechos de Fraguas, en Antioquia, y similares de Laureles y Martaná, así como el crimen del dirigente obrero Jorge Ortega lo asuma la Comisión Internacional de Encuestas y que esta institución pueda contar con todas las garantías en la búsqueda de un veredicto y la verdad.  El lamentable suceso de Fraguas se convirtió en el pretexto para descalificar y condenar al Ejército de Liberación Nacional alejando la posibilidad de una salida política al conflicto. De la misma manera, consideramos que el trato criminal y represivo dado por el Gobierno a los trabajadores muestra su carácter guerrerista y, por tanto, la tan anhelada solución política sólo queda en la palabrería de los que necesitan protagonismo. Por el Comando Central, Nicolás Rodríguez Bautista, Antonio García, Pablo Beltrán”.
 

EL ESPECTADOR, Octubre 21 de 1988
Asesinan vicepresidente de la CUT en Bogotá
Bogotá

Las posibilidades de llegar a un acuerdo entre sindicatos y Gobierno para levantar el paro quedaron ayer más distantes, después de conocerse del asesinato del vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Jorge Ortega, quien fue baleado en la carrera 6ª con calle 4ª sur, barrio San Antonio, de Bogotá.
Ortega también era miembro de la Unión Sindical Obrera (USO), el sindicato de los trabajadores de Ecopetrol.
Miembros de la CUT advirtieron anoche que el líder sindical, como tantos otros de las centrales obreras, había recibido amenazas de muerte y hace no menos de un mes su vivienda fue objeto de un allanamiento por personas que se identificaron como supuestos policías.
Ortega fue interceptado por hombres armados que le propinaron entre cuatro y cinco disparos en partes vitales del cuerpo.
La noticia de la muerte del líder sindical provocó el retiro inmediato de los negociadores de los sindicatos, que sobre las 7 de la noche estaban reunidos con el ministro de Minas, Luis Carlos Valenzuela, en la sede de la Conferencia Episcopal, en la capital de la República.
En esa reunión, pese a que hubo preacuerdos por sectores, en especial en el agrario y las telecomunicaciones, el Gobierno y las centrales obreras continuaban enfrascados en un tira y afloje que no garantizaba aún la firma de un acuerdo para levantar el paro estatal que hoy cumple 16 días.
Atendiendo las peticiones de las centrales obreras, ayer estuvieron presentes en las reuniones los ministros de Agricultura, Carlos Murgas; Trabajo, Hernando Yepes, y Educación, Germán Bula, al igual que el viceministro de Hacienda, Juan Mario Laserna.
Hacia el mediodía el ministro de Educación se retiró de la mesa de negociación y aseguró que se había dado un importante acercamiento con el sector educativo. “Hemos escuchado las posiciones y creo que tenemos puntos en común con las peticiones de los trabajadores”, aseguró.
Agregó que en el transcurso de la tarde elaboraría un documento en el que se explican los puntos del acuerdo con el sindicato de maestros. Sin embargo, al cierre de esta edición dicho documento no se había hecho llegar al mintrabajo.
Por su parte, el presidente de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), Tarcisio Mora, manifestó que el único punto en el que se había logrado un acercamiento fue en el manejo del pago de las pensiones de los maestros. “Es lo único que hemos tocado en común, porque en lo que se refiere a los traslados del situado fiscal y a los maestros departamentales no hay nada en concreto”, señaló Mora.
Al mediodía las negociaciones estuvieron a punto de estropearse por los incidentes que se presentaron en la Plaza de las Nieves, la Universidad Nacional y el centro de Bogotá, hechos en los cuales, según denuncias de los líderes sindicales, hubo varios heridos y detenidos. “No es justo que mientras nosotros estamos negociando con el Gobierno, la Fuerza Pública esté atropellando a los manifestantes”, expresó Wilson Borja, presidente de Fenaltrase.
En la tarde el diálogo estuvo centrado en los sectores de comunicaciones y agrícola.
La ministra de Comunicaciones, Claudia de Francisco, expresó que está dispuesta a escuchar las peticiones de los trabajadores, quienes se encuentran inquietos por una posible privatización de Telecom. La funcionaria dijo: “Hasta el momento no he presentado proyecto alguno de privatización, y sobre los otros puntos vengo a escuchar las propuestas”.
En cuanto al sector agrario, se acordó la creación de dos comisiones especiales para estudiar el pliego de peticiones de la Agraria. El único acuerdo que se logró en concreto fue el respeto al régimen prestacional, mientras que lo referente a salarios y ley 200 se discutiría internamente en dichas comisiones.
 
EL COLOMBIANO, 21 de Octubre de 1998
Había recibido amenazas de muerte
Asesinado vicepresidente de la CUT

COLPRENSA-Santafé de Bogotá. El vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Jorge Ortega, fue asesinado anoche por desconocidos que llegaron a su casa y sin mediar palabra lo acribillaron en la puerta.  El hecho, ocurrido hacia las 7:30 de la noche en la casa del dirigente sindical ubicada en la carrera sexta número 4-24 sur de la capital del país, se presentó en momentos en que los trabajadores estatales y el Gobierno, con la mediación de la Iglesia, adelantaban diálogos en la sede de la Conferencia Episcopal, buscando acuerdos que permitan levantar el paro indefinido que se inició el 7 de octubre pasado.  Al conocer la noticia, los trabajadores se levantaron estupefactos de la mesa de negociaciones y acto seguido lo hicieron los ministros y los miembros de la Iglesia, para enterarse en detalle de lo ocurrido.  De acuerdo con las informaciones entregadas por el presidente de Fenaltrase, Wilson Borja, el dirigente sindical había sido víctima de varias amenazas contra su vida, así como de requisas injustificadas en su residencia.
Varios de los sindicalistas que se encontraban en los diálogos en el Episcopado salieron de inmediato al sitio de los hechos, mientras que otros se quedaron en la sede eclesial, asegurando a los periodistas que temen por sus vidas y pidiendo la protección del Gobierno Nacional.  Los dirigentes de la CUT, Luis Eduardo Garzón, y Fenaltrase, Wilson Borja, exigieron del Estado garantías y protección para sus vidas, teniendo en cuenta que todos han recibido amenazas.

Que reine la calma
A pesar de la confusión generada por el hecho en la sede de las conversaciones, el presidente de Fenaltrase aseguró que los trabajadores colombianos y especialmente su dirigencia sindical deben tomar con calma el hecho, por lo que aseguró que continuarán en la mesa de negociación para solucionar el conflicto laboral que hoy cumple quince días.  Sin embargo, Borja exigió del Gobierno Nacional garantías y medidas de protección a sus vidas, teniendo en cuenta que la gran mayoría de los dirigentes sindicales del país se encuentran amenazados de muerte por parte de desconocidos.
Aunque no quiso entrar en detalles sobre los posibles autores del crimen, el presidente de Fenaltrase aseguró que le parece muy sospechoso que un mes antes la residencia de Ortega hubiera sido allanada por parte de desconocidos, que requisaron y desordenaron todos los documentos que Jorge Ortega tenía en su biblioteca.
El presidente del sindicato de la Caja Agraria, Jesús Bernal, aseguró que es el Gobierno el que debe responder por el asesinato y se mostró partidario de romper de inmediato las conversaciones e intensificar las acciones de protesta en todo el país.
Los trabajadores de la electrificadora de Bolívar, empresa para la cual laboró Ortega por 19 años, anunciaron para este miércoles una jornada de protesta pacífica.

Gestionaba su salida del país
Se conoció que Jorge Ortega estaba adelantando gestiones para salir del país, como consecuencia de las continuas amenazas de muerte que había recibido y, especialmente, por las injustificadas requisas que a su casa habían realizado grupos de desconocidos días antes del asesinato, y que había presentado denuncias sobre ello ante organismos internacionales y ante las mismas autoridades nacionales, solicitando protección para su vida.  El presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Alberto Giraldo, hizo un llamado a la serenidad y la cordura en estos momentos y aseguró que hoy es “cuando más nos necesita Colombia”.
Esto debe parar. Colombia debe gritar muy en alto que no resiste más violencia, dijo el alto prelado.
El presidente, Andrés Pastrana, convocó a un consejo extraordinario de ministros para analizar la situación y se preveía, al cierre de esta edición, una alocución a través de radio y televisión, en la que haría un llamado a la mesura de los colombianos.
El asesinado dirigente, quien asesoraba a la USO en su calidad de miembro de la CUT, había denunciado recientemente atropellos contra los trabajadores en el puerto petrolero por parte de grupos “paramilitares”.  De acuerdo con sus propios compañeros, Jorge Ortega quien llegó a la vicepresidencia de la CUT a través de la elección popular que realizara este organismo en 1996, se destacó como uno de los más firmes defensores de los derechos de los trabajadores colombianos, pero especialmente uno de los más grandes enemigos de las acciones violentas para alcanzar prerrogativas laborales.
El ministro de Minas, Luis Carlos Valenzuela, hizo un llamado a la mesura a todo el sector eléctrico, a los trabajadores de Barrancabermeja y a todo el país.
Hay que tener calma. Que no se exalten los ánimos, pidió Valenzuela.

Medellín, miércoles 21 de Octubre de 1998
EL COLOMBIANO
Fuerzas Militares repudian acusación del ELN

El General Fernando Tapias, comandante de las Fuerzas Militares, explicó que en Machuca no había tropas militares. Reiteró el apoyo de los militares a las iniciativas de paz del Gobierno y exigió muestras de buena voluntad a la guerrilla.
Por ANDREA DOMÍNGUEZ DUQUE Santafé de Bogotá
Con mapas y documentos en mano e indignados contra el ELN, los Altos Mandos militares explicaron ayer las razones por las cuales consideran “absurda” la acusación del grupo insurgente de que miembros del Ejército habrían provocado el incendio que consumió el caserío de Machuca, jurisdicción de Segovia, Antioquia, dejando 48 muertos y 70 heridos.  El Comandante de las Fuerzas Militares, general Fernando Tapias, explicó que: “es absolutamente imposible que un miembro de alguna de las tropas haya provocado el incendio en Machuca pues en el momento en que el ELN dinamitó el oleoducto -a tres kilómetros del caserío- las tropas se encontraban a 17 y 15 kilómetros de distancia, en Puerto Clarita y Segovia respectivamente, y sólo pudieron llegar al lugar de los hechos a las 10 de la mañana del día siguiente”.
El general Tapias aseguró que la tragedia que se desencadenó luego de la voladura del oleoducto era predecible pues hay antecedentes de situaciones similares y, por eso, repudió aún más el hecho cometido por la guerrilla.  “El 5 de septiembre de 1992 el ELN voló un oleoducto en Laureles, Segovia, y el resultado fue de dos civiles muertos; el 19 de noviembre del mismo año en Martaná, Remedios, también dinamitaron un oleoducto y en esa ocasión hubo 12 civiles muertos y tres heridos. Además, el 20 de septiembre del año pasado colocaron una carga explosiva también cerca a Machuca que ocasionó una abolladura en el tubo. Entonces hay antecedentes de que este tipo de atentados terroristas por parte del ELN pueden causar la muerte a civiles como en efecto sucedió el pasado sábado”, precisó el militar.

Comunicación interceptada
Por su parte, el general Néstor Ramírez, segundo comandante del Ejército, dio a conocer una comunicación radiotelefónica realizada a las 6:25 a.m.  del domingo 19 de octubre entre Nicolás Rodríguez -alias Gabino, uno de los principales comandantes del ELN- y Luis Guillermo Roldán -miembro del bloque José Antonio Galán- interceptada por el Ejército.  En un aparte de la conversación Luis Guillermo Roldán le dice a Nicolás Rodríguez: “Comandante, esto ya huele como a Martaná y Laureles por los adelantos que hay sobre eso, pero le confirmamos más en concreto para no andar ahí como abriendo la boca y después tener que echar atrás ciertas cosas”, lo que el general Ramírez interpretó como “el aviso a Gabino de que la voladura del oleoducto pudo desencadenar hechos similares a los de Martaná y Laureles, como la muerte de civiles”.
Técnica
De otro lado, el ingeniero Carlos Pardo, de la empresa Ocensa -operadora del oleoducto Central S.A.- fue invitado por los generales para explicar los aspectos técnicos de la voladura. “El crudo pasa a razón de 600 libras en el lugar donde fue detonada la carga explosiva. Al producirse la ruptura del tubo hubo un cambio de presión lo que hizo que el líquido se volatilizara y generara un ambiente altamente explosivo que pudo haberse activado al contacto con una mínima fuente -como una veladora o una estufa-. De acuerdo a los sistemas de seguridad a las cero y veintidos horas se produjo la explosión en el oleoducto y dos minutos después en Machuca”, explicó el Ingeniero Pardo.
Los Altos Mandos reiteraron su apoyo a las iniciativas de paz del gobierno Pastrana y el general Tapias enfatizó que: “el juicio lo debe hacer el pueblo colombiano para que evalúe quien tiene buena voluntad y quien no. El ELN, por su parte, debe recapacitar y repensar esas acciones y atentados terroristas”.
Con respecto a la propuesta de que surja una Comisión de la Verdad para que investigue lo sucedido, el General afirmó: “yo creo que la Fiscalía, la Procuraduría y las demás organizaciones del Estado son capaces de aclarar lo que pasó”.
 

 EL ESPECTADOR, Octubre 19 de1998
Machuca ardió como bola de fuego
ELIZABETH YARCE OSPINA
Enviada Especial, Segovia (Antioquia)

Una tras otra fueron acomodadas las bolsas negras que contenían 34 cuerpos calcinados en el piso de la parroquia de Machuca, vereda del corregimiento Fraguas de Segovia (nordeste de Antioquia), que se convirtió ayer en una bola de fuego después de que explotara un tubo de conducción del Oleoducto Central de Colombia, al parecer por un atentado de la guerrilla.  El saldo de la tragedia es escalofriante: 42 muertos, 70 heridos, 40 casas destruidas y el río Popuré, que atraviesa el caserío, convertido en una corriente de crudo y cenizas.
A las 12:20 de la madrugada de ayer, cuando los aproximadamente 2.500 habitantes de este caserío se encontraban durmiendo, una explosión sacudió las camas, e inmediatamente los pobladores de Machuca empezaron a correr despavoridos luego de que comenzaron a caer bolas de fuego del cielo y de que una llama imparable arrasara las viviendas, ubicadas cerca del Popuré.  “Primero fue la explosión y luego empezaron a caer esas bolas de fuego.  Todo el mundo comenzó a correr hacia arriba, pero era mucho el fuego y a muchos nos alcanzó. Con tal de salir con vida, aunque estuviéramos muertos de dolor, corríamos porque no nos imaginábamos morir quemados”, expresó David Correa, minero de Machuca, mientras el personal de la Cruz Roja trataba de calmar el ardor de sus quemaduras en cabeza, manos y pies.  Mientras tanto, Libardo Muñoz relató: “Miré para atrás y vi a un niño con los pies prendidos y cuando iba a socorrerlo ya era muy tarde”.  Muchos habitantes de Machuca, pese al estruendo de la explosión, no pudieron despertarse y el fuego los sorprendió bajo las sábanas, mientras que otros, que intentaron salvar sus vidas, perecieron bajo los escombros.  “Yo no podía hacer nada y veía cómo don Víctor Murillo, El Cuchumpé, se revolcaba en un pantano tratando de calmar el dolor de las quemaduras. Él fue uno de los primeros a los que se les quemó la casa”, dijo Martha Ceballos, otra habitante de la zona.
Un grupo de matarifes, que caminaba a esas horas por la calle con unas reses para el matadero, tuvo que ponerlas como escudo. “La explosión hizo temblar la tierra, pero lo peor vino después con el fuego que disparaba ese tubo y de eso no se salvaron las reses detrás de las que nos escondimos...  las gallinas y los sapos también quedaron todos quemados”, dijo uno de los pobladores.

Un caserío minero
Machuca es un caserío minero a dos horas del casco urbano de Segovia, donde la mayoría de sus habitantes se dedica a la explotación aurífera artesanal.  Está enclavado en una espesa selva atravesada por los tubos de conducción del Oleoducto Central de Colombia.
Sus habitantes no descartan que la explosión sea un accidente pero, por las características, todo apunta a que fue un atentado. “Un tubo no se explota sólo así, porque sí. Alguien tuvo que hacer ese daño, pero no sabemos quién ni por qué.  Somos simples mineros que no nos metemos con nada”, consideró Luzmila Ramírez.
Según el informe de la XIV Brigada con sede en Segovia, la explosión se originó en el kilómetro 177 del oleoducto.
David Correa, otro habitante de la vereda, aseguró que “el incendio no lo produjo tanto el crudo, sino todos los gases que eso soltó y que al caer encima de nosotros se convirtió en fuego”.
Machuca ardió durante más de ocho horas y los sobrevivientes relataron que milagrosamente las parroquias católica y la evangélica no sufrieron daños .“Cuando salí de la casa vi cómo la parroquia estaba toda iluminada y el fuego no la quemaba mientras que la casa de en seguida se caía a pedazos”, señaló otro habitante de la población.
Igual suerte corrió la familia de Elaida Baloide, cuyos miembros sólo se enteraron de lo que había pasado con Machuca hasta las siete de la mañana.  “Yo duermo como una piedra, no me di cuenta de nada. Cuando abrí la puerta por la mañana me arrodillé y pregunté al señor: ‘¿Qué fue lo que pasó?’. Vi la casa de Cuchumpé en cenizas y a la gente de la Cruz Roja tratando de sacar los cuerpos de doña Marina y su niñito, todos quemados y no me explico cómo no escuché ni la explosión ni a la gente gritando y llorando.  Lo primero que pensé cuando vi lo sucedido fue que esto era Sodoma y Gomorra”, señaló la mujer de 59 años de edad.

El rescate
A las 4 de la mañana llegó a Machuca el primer cuerpo de socorro del municipio de Segovia, el cual alcanzó a sacar con vida a ocho personas.  Cuatro horas más tarde, en labor conjunta con la Cruz Roja, el hospital municipal, el programa aéreo de salud, el Ejército y la comunidad de Segovia, se inició el rescate de los heridos.
En helicópteros del Ejército, Bell 212 y MI-17, fueron trasladados los heridos de mayor gravedad y los restantes por vía terrestre.  A las 7 de la mañana comenzaron a llegar al Batallón Bomboná de Segovia, donde se improvisó un centro de atención, los heridos provenientes de Machuca, los cuales tenían quemaduras de segundo y tercer grado. “Están quemados por todo el cuerpo. No reconocen a la gente y piden a gritos ayuda. Una mujer embarazada, con su barriguita ardida, sólo pedía que le salvaran al bebé porque no creía poder resistir”, comentó una de las integrantes del grupo ecológico Paz Verde, quien colaboraba con la atención de los heridos en el Batallón Bomboná.
En medio de los desesperanzados gritos de Amanda buscando a su hijo, se buscaba identificar las víctimas de la tragedia, que serán sepultadas colectivamente, al igual que las 43 personas asesinadas en 11 de noviembre de 1988.

“No se ensañen con los inocentes”
El párroco de Machuca, Luis Fernando Franco, no podía creer que su iglesia se hubiera convertido en una morgue y aunque no afirmó que se trataba de un atentado, pidió respeto para la población civil. “No se ensañen contra las personas inocentes, no es justo que esto se le haga a los más indefensos”.  El sacerdote, en medio de las lágrimas, pronunciaba el réquiem a los cadávares amontonados en su parroquia, minutos antes que la Fiscalía iniciara el traslado de los cuerpos para hacer las respectivas necropcias en la morgue de Segovia.
“Allá los trasladarán y cuando todo esté listo los traerán a Machuca para darles cristiana sepultura a las tres de la tarde”, dijo el cura párroco.  La solidaridad de los habitantes de Segovia permitió que muchas personas afectadas por la explosión estén hoy con vida.
Desde muy temprano los habitantes de esta población minera se dieron a la tarea de donar sábanas, alimentos y frazadas para ayudar a los heridos.  Así mismo, las empresas de transporte pusieron a disposición los vehículos para el traslado de heridos y muertos, mientras que en una discusión en el concejo municipal se definía la manera como se dará sepultura a los cadáveres, pues se trata de familias muy pobres que no tienen cómo pagar un ataúd.
Los heridos, que en primera instancia fueron trasladados al hospital San Juan de Dios de Segovia, tuvieron que ser remitidos a Medellín debido a lo grave de sus heridas. Otros habían sido llevados a diferentes hospitales municipales.

El proceso de paz continuará: Pastrana
Oporto (Portugal)
Al expresar sus condolencias y solidaridad con los familiares de las víctimas del atentado en zona rural de Segovia, el presidente Andrés Pastrana Arango, dijo que el proceso de paz en Colombia continuará.  Pastrana Arango, quien se encontraba en la VIII Cumbre Iberoamericana de mandatarios en Oporto, Portugal, le pidió ayer a la guerrilla del Eln gestos completos de paz, sin precisar el motivo exacto de su declaración.  El primer mandatario señaló que el Gobierno y la sociedad civil seguirán trabajando para consolidar el proceso de paz que se está gestando con la guerrilla del Eln.
El presidente, quien se encontraba desde el viernes pasado en Portugal, insistió en la necesidad de que la guerrilla le exprese al país gestos completos de paz.
La reacción de Pastrana Arango se dio también en momentos en que los jefes de Estado y de gobierno de los países iberoamericanos reunidos en Oporto, expresaran su apoyo incondicional al proceso de paz en Colombia.
Declaración de Oporto
Los 34 mandatarios señalaron su voluntad de cooperación como complemento y ayuda a los esfuerzos emprendidos por nuestro país en esta materia.  La solidaridad con el país en cuanto a la paz, quedó contemplada en la llamada “Declaración de Oporto” ?documento final de la Octava Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno?, dada a conocer en la tarde de ayer.
En el documento de dos párrafos, los presidentes brindan un espaldarazo a la tarea de construcción de la paz en Colombia que busca una solución >definitiva a la confrontación armada mediante la reconciliación nacional.
Para el Gobierno es la primera vez que se incluye
expresamente la pacificación de Colombia en la declaración final de la

Cumbre Iberoamericana.
El texto de la Declaración de Oporto es el siguiente: “Los jefes de Estado y de gobierno de los países iberoamericanos reunidos en la ciudad de Oporto, Portugal, expresamos nuestro más firme e incondicional apoyo al proceso de construcción de la paz que ha emprendido el Gobierno de Colombia como tarea prioritaria y en desarrollo de la voluntad expresada por el pueblo colombiano, a fin de alcanzar una solución definitiva a la confrontación armada, mediante una agenda para la paz y la reconciliación nacional”.
“En este sentido manifestamos nuestra voluntad de cooperación como complemento y ayuda a los esfuerzos emprendidos por el hermano país”.  La solidaridad expresada por los mandatarios iberoamericanos se da en un momento coyuntural para el país, pues además de la preparación de agendas para conversaciones con las organizaciones Farc, el Eln y el Epl, los dos primeros grupos, por decreto, quedaron con status político.  Recientemente, los voceros del Eln presos en la cárcel de Itagüí, Francisco Galán y Felipe Torres, tras un compromiso de volver, viajaron a las selvas de Antioquia, donde junto con voceros de la sociedad civil, iniciaron los preparativos para la realización de una convención nacional.  El miércoles pasado el Gobierno abrió paso para que desde el 7 de noviembre se despejen 42.000 kilómetros en los Llanos Orientales, con el fin de iniciar conversaciones con las Farc.
La desmilitarización anunciada por el propio presidente Pastrana será en los municipios de San Vicente del Caguán (Caquetá), Uribe, Mesetas, Macarena y Vistahermosa (Meta), donde se supone las Farc ejercen su influencia.

Ocensa no acusa a nadie por la tragedia
Bogotá
La operadora del oleoducto Colombia, Ocensa, centró toda su atención ayer en la atención de las víctimas de la tragedia ocurrida en zona rural del municipio de Segovia (Antioquia).
Con los helicópteros de la compañía y los de otras empresas que decidieron colaborar, fueron evacuadas los 70 heridos a los diferentes centros asistenciales del departamento.
Igualmente, fueron enviados médicos y auxiliares a la vereda Machuca, corregimiento deFraguas, municipio de Segovia, para que allí se prestaran los primeros auxilios.
El ingeniero Jorge Suárez, quien trabaja con Ocensa, dijo que “para la empresa es una situación muy complicada y de difícil manejo, por la magnitud del hecho, pero dedicamos todos nuestros recursos a la atención de las víctimas”.
De acuerdo con lo expresado por Suárez, se logró la evacuación de los heridos y “estamos atendiendo la cuestión de los muertos, facilitando los ataúdes”.
Suárez señaló que en total fueron trasladados a diferentes hospitales 70 heridos y que las víctimas morales “están por el orden de las 43, aunque se habla de que hay desaparecidos, por lo que las cifras podrían aumentar.  “Lo importante es que seguiremos colaborando en cuanto sea necesario, hasta que se confirme que ya no hay más muertos o heridos en el lugar de la explosión”, dijo Suárez.

Las autoridades investigan
Confirmó el ingeniero Suárez que Ocensa, hasta entrada la noche de ayer no se había detenido en el estudio de detalles como las pérdidas por la explosión del oleoducto Colombia, en el sector de la vereda Machuca, corregimiento de Fraguas, municipio de Segovia.  “La parte de la investigación de los hechos en concreto corresponde a las autoridades. Ellas deben estar avanzando en ese aspecto.  Ocensa, por el momento, sigue preocupada es por las personas que resultaron afectadas en esta tragedia”, puntualizó Suárez.
Añadió que “nuestro personal técnico hoy empezará a hacer la valoración de los daños y a iniciar la reparación. No sabemos cuánto tiempo demoraremos en poner en servicio el oleoducto”.
Recordó que la situación de la zona donde ocurrió la explosión “es muy difícil y no será fácil realizar el trabajo de campo”.  Suárez, al ser preguntado sobre qué otro tipo de ayuda iban a dar a los damnificados, sostuvo que “Ocensa no puede hacer compromisos específicos.  Lo único que puedo decir es que estamos haciendo todo cuanto está a nuestro alcance, tenemos a disposición de la comunidad todos nuestros recursos, porque nos preocupa mucho la atención del problema social que se generó con el hecho”.
En total, “unas 150 personas están atendiendo la emergencia, desde el momento mismo en que tuvimos conocimiento de ella.  Absolutamente estamos preocupados por brindarle toda la atención a las víctimas, pero le reitero, no ha sido fácil por las condiciones de la zona donde ocurrió la explosión.  Por fortuna hemos contado con la colaboración de otras empresas”.  El funcionario de la empresa Ocensa expresó que “por el momento, no tenemos conocimiento qué pudo causar la explosión. Eso corresponde a las autoridades. Nosotros ahora entraremos a reparar el oleoducto y a cuantificar las pérdidas, a través de nuestro personal técnico”.  Al pedirle al ingeniero que relatara algo de la historia de este oleoducto, se limitó a responder que “toda la historia salió publicada en El Espectador de ayer (domingo). Ahí puede consultar todos los datos que requiera”.

Los ataques a los oleoductos
Bogotá
El Ejército Nacional envió ayer a los medios de comunicación una lista en la que detalla todos los atentados de los que han sido objeto los oleoductos Caño Limón-Coveñas, Colombia y Central ?siendo este último el epicentro de la tragedia que hoy conmueve a Colombia? durante 1998.  Como hecho importante, vale la pena recordar que el oleoducto Central fue volado ya una vez, el pasado 29 de enero en el sector de Aguazul (Casanare). Ese día, según el Ejército, el Eln fue el responsable del atentado dinamitero ocasionado en el kilómetro 16 de la construcción >petrolera.
En lo que va corrido del año, el tramo del oleoducto Central, que atraviesa el departamento de Antioquia, ha sufrido cuatro atentados. El último de ellos se registró el dos de febrero pasado, con el que se derramaron más de 1.500 barriles de crudo, luego de una acción atribuida también a un frente del Ejército de Liberación Nacional.
Los departamentos que más han sufrido ataques al oleoducto por parte de la subversión son Arauca y Putumayo. Más de 25 acciones dinamiteras en esas regiones del país en menos de un año han sido causantes de desastres ecológicos irreparables, en lo que se considera una de las zonas más ricas de Colombia en cuanto a fauna y flora, afectando seriamente los ecosistemas.  Hace menos de dos semanas, el oleoducto Transandino fue víctima de un ataque del que se responsabilizó a las Farc, y que fue perpetrado en jurisdicción del municipio de Santa Ana (Putumayo), donde 25 kilómetros del ducto petrolero sufrieron rupturas.
El oleoducto Caño Limón-Coveñas es el que más atentados ha sufrido a lo largo de la historia. Sólo en 1998 ha sido volado en 62 oportunidades. La primera del año se registró el 4 de enero, cuando el Eln lo rompió a la altura del kilómetro 34. De ahí en adelante, el Caño Limón-Coveñas ha sido golpeado en diversos lugares. Según el Ejército, de los 62 atentados al Caño Limón-Coveñas, 56 han sido obra del Eln y sólo 6 de las Farc.  Sin éxito alguno, este diario trató de comunicarse con Felipe Torres y Francisco Galán ?voceros del Eln, detenidos en la cárcel de Itagüí? pero fue imposible conseguir su reacción sobre el atentado que se le atribuye a esa organización.
En septiembre del año pasado el entonces ministro del Medio Ambiente, Eduardo Verano de la Rosa, presentó una propuesta para que la Comunidad Internacional considerara la voladura de oleoductos como delitos de lesa humanidad.
Verano también lanzó una campaña llamada con la que pretendía que la subversión se concientizara de los graves daños que con sus hechos sufre la naturaleza.
 

EL ESPECTADOR 18.10.98
Plan petrolero de guerra
Por: Ignacio Gómez G. y Michael Gillard
Bogotá y Londres

En junio de 1996 Roger Brown, un experto militar inglés, recibió en las oficinas de la British Petroleum (BPXC) en Bogotá una propuesta para garantizar la seguridad del nuevo oleoducto de Cusiana en el tramo Segovia-Remedios (Antioquia). Durante los seis meses siguientes Brown discutió la parte referente a un seminario que se implicaba el retorno al país del exagregado militar de Israel, Asaf Nadel, y otros dos “expertos” para planear “operaciones psicológicas” y de recoger información de inteligencia.
La situación del conflicto en la zona era la principal preocupación del autor de la propuesta, el judío-paraguayo Oscar Ricardo Zayas Marini, un traficante expulsado en tres ocasiones de Colombia e investigado por supuestos nexos con narcotraficantes de los Llanos.  A pesar de que es buscado por la justicia, en agosto pasado Zayas visitó el Palacio de Nariño y varios ministerios buscando infructuosamente que se le permitiera presentar su propuesta de “guerra psicológica” contra organizaciones de derechos humanos (según él, “brazo político de la guerrilla”).
Su proyecto anterior, para la seguridad del oleoducto, incluía la venta de helicópteros “fácilmente artillables”, “la provisión directa de munición y armas especiales antiguerrilla”, robots voladores para espionaje (Drones) y otros elementos de guerra de alta tecnología.
Los dueños del oleoducto admiten que entre Zayas y Brown se concretó la adquisición de 60 visores nocturnos que las petroleras de Cusiana donaron a la XIV Brigada.
La entrega de los visores y de otros elementos de “apoyo no letal” a esa Brigada, hizo parte del cumplimiento de un acuerdo que se firmó con el Ministerio de Defensa para la protección de la caravana de obreros, técnicos y maquinaria que pasó por su jurisdicción enterrando los tubos del nuevo oleoducto a dos metros de profundidad.  Efectivos de la misma Brigada están señalados como presuntos autores de la masacre de seis miembros del Comité de Derechos Humanos de Segovia y de actuaciones que pudieron haber permitido la acción de un grupo paramilitar en la zona, aunque más tarde, presionadas por las ong, también sus tropas capturaron a 11 miembros de la célula terrorista de derecha.  Durante tres meses de trabajo en equipo con el periódico The Guardian de Londres, El Espectador buscó documentos sobre la relación de Brown y Zayas y, al término de la pesquisa, el pasado 23 de septiembre, encontró a Brown en su oficina inicial, en la sede de la BPXC en Bogotá. Dos horas más tarde, luego de que la multinacional fuera informada sobre nuestros hallazgos, Brown fue suspendido en sus funciones mientras se investigan los negocios que hizo durante la construcción del oleoducto.  Sin embargo, Brown nunca ha sido empleado de la BPXC, ni de la empresa dueña del tubo, Oleoducto Central S.A. (Ocensa), sino que ha prestado sus servicios a las dos compañías como superintendente de empresa contratada por éstas para su seguridad, Defence Systems Limited (DSL) a través de su sucursal de ésta en Bogotá, Defence Systems Colombia (DSC).  Aunque la Fiscalía precluyó a la BPXC en la investigación que había abierto por actos de violencia presuntamente asociados a sus actividades en Casanare, mantiene un expediente abierto contra DSC, por 18 recibos de pago que encontró en los archivos de la XVI Brigada en Yopal.  Según los contadores de DSC, con ese dinero (US$310.000) se pagó por patrullaje, inteligencia, protección, seguridad y retenes realizados entre el 16 de mayo de 1996 y el 25 de agosto de 1997.
En reunión con un enviado de PIE, el segundo comandante del Ejército, general Néstor Ramírez Mejía, escuchó una narración completa de esta investigación y al final del relato consideró que “tales coincidencias en el espacio y el tiempo no necesariamente significan el involucramiento de una empresa, cuyo objetivo es el dinero, en la solución de un problema nacional”.
Según el general, todo negocio militar se enfrenta a la posibilidad de que entre sus promotores se encuentren posibles delincuentes y aclaró que, si DSC tiene registrados en su contabilidad pagos por “inteligencia”, debe haber un error porque los pagos de particulares por operaciones militares están prohibidos y tales dineros pasaron por controles estrictos del Ejército y organismos civiles de fiscalización.

Oro negro en zona roja
Desde que se fundó la Asociación Santiago de las Atalayas, la BPXC y sus socios (Ecopetrol, Total de Francia y Triton de Estados Unidos) conocían los problemas que acarrearía conectar por tubería sus pozos con los del vecino departamento de Arauca. Además de los frecuentes ataques, el oleoducto Caño Limón-Conveñas no tiene diámetro suficiente para sacar el crudo de ambos campos a la velocidad en que se tenía previsto hacerlo en Casanare a partir de 1996.
A mediados de 1995 la empresa Oleoducto Central S.A. (Ocensa), inició la obra en dos tramos, separados por el río Magdalena.  En Boyacá y Córdova, el oleoducto pasaría por zonas de actividad hegemónica de grupos paramilitares, pero en Antioquia había un tramo por territorio de confrontación entre éstos y la guerrilla, que había producido centenares de muertes en combate, secuestros, ejecuciones extrajudiciales y dos masacres de civiles (en 1981 y 1988), por la última de las cuales fueron sentenciados a prisión dos coroneles de la XIV Brigada. No obstante, la intensidad del conflicto había mermado al iniciarse 1996.  El 13 de julio de 1996, Oscar Zayas, envió desde Medellín un fax para “Roger Brown BPXC-Ocensa-DSC” urgiéndole “comenzar inmediatamente a tomar medidas para que los 115 kilómetros (del oleoducto) por Remedios y Segovia... cuenten con total seguridad contra ataques terroristas”.  Según sus cuentas, si un acto terrorista puede causarle un daño diario de US$18 millones a Ocensa y reemplazar o reparar la válvula actuante (de Zaragoza) le tardaría 30 días, la inversión en su proyecto de seguridad sería un ahorro.
Roger Brown respondió el 31 de julio siguiente después de una reunión con el vicepresidente de Ocensa que versó sobre “métodos de protección del oleoducto de una manera más eficiente, con un costo más efectivo y con menos relación con el Ejército”. La prioridades, dijo serían el entrenamiento en “inteligencia” y “gerencia de seguridad” y una “propuesta general de protección del oleoducto que incluya el uso razonable de drones (robots voladores,)”.

Un circo bajo fuego
“La caravana era como un circo: mucha gente de diversos oficios y muchas máquinas que se iban moviendo cada día al ritmo al que los ingenieros hacían el trazado, se abrían los huecos, se enterraba el tubo y se reforestaba el terreno”, explicó el vocero de Ocensa.  Según él, era necesario que la XIV Brigada los acompañara y que la tropa gozara de un bienestar que compensara la movilidad y el peligro que enfrentarían. Para ello suscribió un acuerdo con el Ministerio de Defensa con una clásula de confidencialidad que le impide a la empresa revelar sus detalles.
En el marco del contrato, según Ocensa, era viable darle visores nocturnos a la tropa porque éstos, además de ser “no letales”, servían para su protección y, consecuentemente, su bienestar. Pero la empresa niega que se hubiera realizado el “seminario de inteligencia y operaciones psicológicas” y admite que ni el acuerdo con el Ministerio de Defensa, ni la filosofía interna de la empresa, les permitían hacerlo.
El segundo semestre de 1996 fue la época de mayor cruce epistolar entre entre Zayas y Brown. El primero, como representante de la empresa Silver Shadow (del exagregado militar de Israel en Colombia, Asaf Nadel) consiguió 60 visores nocturnos. Brown, “gerente de seguridad del Proyecto Fase II de Ocensa”, logró que la XIV Brigada suscribiera los compromisos de uso final necesarios para que el Departamento de Estado de los Estados Unidos autorizara la entrega y exportación de los visores.  Otro rubro de la negociación fue el “seminario de inteligencia y operaciones psicológicas en la zona”. Según los documentos, éste debería iniciarse a finales de enero de 1997, cuando Asaf Nadel y otros dos “expertos” militares israelíes, presentaran un estudio sobre el “estado del arte de la inteligencia en la zona” y una “investigación interna de los empleados de la compañía”.
Los voceros de BPXC sostienen que en diciembre de 1996 la caravana salió de la jurisdicción de Segovia y Remedios y que durante el desarrollo de las obras el incidente más grave que reportó su departamento de seguridad fue el secuestró, atribuible al Eln, de uno de los vaquianos que negociaba con los campesinos a nombre de Ocensa.
Aunque la preocupación que reflejaban las cartas de Brown y Zayas era la actividad guerrillera en aquellos 115 kilómetros, el mayor problema de orden público lo protagonizaban las Autodefensas del Nordeste Antioqueño.  Sus miembros enmascarados ingresaron varias veces al casco urbano de Segovia para dejar volantes entre los escombros y los cadáveres de sus bombas, pintar las paredes de las casas y hasta la ambulancia del municipio para anunciar, desde septiembre de 1996, una masacre que en realidad fueron muchas.
En agosto de 1997, cuando murió el último miembro del Comité de Derechos Humanos, el párroco de Segovia dijo que sólo en el pueblo los asesinatos iban en 140.

Estrategias paralelas
Interrogado por The Guardian sobre el tipo de “operaciones psicológicas” que se pleneaban en Segovia, el consejero de BPXC, John O’Reilly, dijo que se trataba de entrenamiento en relaciones con la comunidad, no en espionaje.
Pero en Colombia es claro que se trata de dos departamentos diferentes.  Las facturas halladas en la Brigada de Yopal crean la sensación de que mientras la gente de Relaciones con la Comunidad trabaja en favor de los vaquianos, los de DSC espían con las “células de inteligencia” que (según fuentes de DSL, consultadas por The Guardian), siguen existiendo en Colombia.
Pero no existe explicación para que los militares israelíes se ocupen de las relaciones con la comunidad, máxime cuando, tal como lo recordó Sussan Lee, experta de Amnistía Internacional, al conocer nuestro reporte, “en el pasado las compañías de seguridad israelíes, actuando a través de su embajada, han proveído mercenarios israelíes y británicos para entrenar organizaciones paramilitares que operaban bajo el control de la XIV Brigada, quienes cometieron grandes atrocidades contra la población civil”.

Guerra del siglo 21
Los robots de la guerra no caminan a imagen y semejanza de sus inventores, vuelan como un insecto y a esa habilidad le deben su nombre de “drones” (zumbadores). El Depredador, un robot norteamericano, infiltró las líneas de ataque serbias en febrero de 1996 y transmitió información eficaz a los “cascos azules”, aunque desapareció después en cielo de Bosnia-Herzegovina.  Con su homónimo de la película de Arnold Swartzeneger, El Depredador de Bosnia y los demás UAV/Drones, comparten la capacidad de identificar objetos a grandes distancias por el calor o los rayos infrarrojos que éstos emanan y están en capacidad de cargar 150 kilos y descargar según las órdenes de sus controladores remotos.
El más moderno entre los Vehículos Voladores sin Nombre/zumbadores (Unnamed Aerial Vehicles/UAV/Drones) es el Global Hawk, cuyo prototipo es capaz de volar a 21.000 metros de altura y a 700 kilómetros por hora, controlado desde Washington a través de un satélite.
Pero para la venta solamente están disponibles los modelos desarrollados por la Israel Aircraft Industries y fabricados por la Silver Arrow, entre los que se encuentra el Hermes 450S (en la fotografía), que el gerente de seguridad de Ocensa, Roger Brown, planeaba usar contra el “frente compañero Tomás” del Eln en Antioquia.
El Hermes 450S, según sus anuncios promocionales en Internet, tiene una capacidad de carga de 150 kilos, una autonomía de vuelo de 20 horas y puede ser operado, vía microhondas, por “un comandante de misión, un observador y un enlace” o solamente por estos dos últimos.
Según la correspondencia de Brown a su proveedor intermediario (la empresa israelí Silver Shadow), la idea era que utilizándo “drones” se requeriría menos Ejército.

La propuesta
Con esta carta Zayas concretó su propuesta. En el resumen se advierte que se incluyen: “Examen a la propuesta relativa a la prevención de ataques de la guerrilla al nuevo oleoducto (aproximandamente 115 kilómetros). Panorama preliminar de seguridad. b. Proyecto girar la llave y procurar: patrulla de helicópteros de vigilancia al oleoducto convertidos en helicópteros antiterroristas si se requiere; provisión directa de armas y munición; indumentaria y equipos de comunicación y visión nocturna; UAV y/u otros equipos de vigilancia aérea. e.
Seminario de investigación e inteligencia”
 

EL COLOMBIANO, 17 de Octubre de 1998
Veinte mil labriegos camino a la capital
Marcha campesina acampa en las goteras de Cúcuta
Enviaron carta a Tirofijo para que medie ante Pastrana

Como si se tratara de aves del cielo, los labriegos se mueven en una masa compacta para tratar de llegar hasta el Estadio General Santander, donde discutirán su petitorio. Enviaron carta a Manuel Marulanda, máximo comandante de las Farc, a fin de que medie con el presidente Pastrana Enviado Especial JOSE GUILLERMO PALACIO. El Zulia, Norte de Santander El próximo martes la capital de Norte de Santander tendrá en sus calles a la más grande concentración campesina de su historia. Unos veinte mil labriegos, procedentes de la región del Catatumbo, avanzan desde hace un mes en busca de un objetivo concreto: instalarse en el Estadio General Santander para utilizarlo como escenario de diálogo sobre sus necesidades más sentidas.
El primer movimiento de los labriegos ocurrió el pasado cuatro de octubre, luego de que 5.000 campesinos llegaran de sorpresa al Parque Santander, corazón administrativo y financiero de la capital.  Llegaron a reclamarle al nuevo gobierno una promesa incumplida de desarrollo para sus comunidades, pactada en septiembre de 1996 con el gobierno Samper.
Para escuchar y buscar una salida negociada a la petición el Gobierno designó al viceministro del Interior, Jorge Mario Eastman, quien trataba de acomodarse en su despacho, no sin antes llegar a un acuerdo con los desplazados de Barrancabermeja.
Hace ocho días, al no encontrar una respuesta definitiva a sus peticiones, en el Catatumbo otros 15 mil campesinos abandonaron sus predios para sumarse a su avanzada en Cúcuta.
Los marchistas
Ser testigo del avance de este pueblo nómada resulta sorpresivo y desconcertante. En su gran mayoría son hombres jóvenes, entre los 15 y los 30 años de edad. Los acompañan ancianos, algunas de sus madres y esposas.  Las parejas más jóvenes andan con niños de la mano.  Los muchachitos, entre los tres y los siete años, quizás por el trajín del campo o por la misma marcha, adquirieron una forma de caminar de un paso muy largo y rápido. Da dificultad seguirlos.
En los rostros y formación de los cuerpos de los marchitas pueden contemplarse las marcas del subdesarrollo. Aunque son de contextura y carácter muy fuerte, sus miradas aparecen limpias y humildes.  Todos dan la impresión de ser hijos de un tronco común. Su piel blanca y cabello mono acompaña ojos que van desde el azul muy intenso hasta el muy claro. Igual puede observarse toda la carta del gris. Las duras jornadas bajo el Sol del Catatumbo terminaron por formar una mancha café que cubre la piel blanca. Sus manos, duras como almadanas, igual están revestidas con una áspera callosidad.

¿Cómo se unen?
“Ya le dije mi nombre. Pero, qué puede importar mi nombre a los paisas. Lo que importa es mi presencia y la de cuatro de mis hijos en esta marcha, todos varones gracias a la voluntad de Dios.
“Estoy aquí porque con lo desarrollado que está el país y con la forma arruinada como nosotros trabajamos, nada de lo que producimos le sirve a uno para comprar las cosas que necesita en el campo. Lo más grande de mi familia es la miseria, por eso estamos aquí, porque si el gobierno nos atiende, hasta podemos salir de ella”, dice don Luis, un hombre que por su apariencia física da la impresión de ser un anciano, que sólo puede valerse de dos o tres de sus piezas dentales para triturar sus alimentos. No dice lo mismo la edad de este señor, 45 años.
Pero cuáles son los tejidos sociales y culturales de estos veinte mil labriegos del Catatumbo que los lleva a movilizarse en masa como si se tratara de una sola persona o familia.
La fórmula es simple, pero demoledora: las acciones comunales (120 en la región), institución, de alguna manera, sepultada por innecesaria o por el abuso politiquero que se hizo de ella en las grandes ciudades, o a sangre y fuego en regiones donde el paramilitarismo ha entrado en disputa de territorios con la subversión.

Aves del cielo
Como se ha mencionado, hace dos años, unos 8.000 campesinos del Catatumbo marcharon sobre Cúcuta. Luego de un acuerdo con el gobierno regresaron a sus tierras.
“Allí esperamos y esperamos. Los hombres común y corriente como yo, que “descasamente” sabemos medio juntar letras y la suma y la resta la hacemos de cabeza, sin conocer los números, vimos que muy poquitico de lo acordado se cumplió.
“Entonces, empezamos a hacer reuniones por veredas y municipios para preguntarnos en qué había quedado lo del arreglo”, dice uno de los marchantes.
En la marcha están representadas trescientas veredas o comunidades del área del Catatumbo. Esta comprende los municipios de Tibú, El Tarra, Sardinata y la parte norte de los municipios de El Carmen, Convención y Teorama.  Existen comunidades del Catatumbo que para visitar a sus vecinos tardan hasta siete días de camino. Para ello combinan medios de transporte como la zandalia, el caballo y la canoa.
Las distancias resultan nulas al activarse las redes comunitarias. Luego de las reuniones por veredas, los labriegos aprovechan los domingos para realizar reuniones entre líderes de un mismo municipio. Los representantes de éstos, a su vez, convocan a los líderes de los otros municipios y en cuestión de uno o dos meses ya todas las veredas realizaron el encuentro respectivo.
Al final, hay una reunión general en la que toman las decisiones, comenta uno de los labriegos. Si se acuerda una marcha cada dirigente debe responder por los suyos.

Día señalado
El “día señalado”, valga la pena recuperar algo de la memoria del escritor paisa Manuel Mejía Vallejo”, los campesinos de todas las veredas del Catatumbo inician un éxodo que bien puede compararse con el despertar de una inmensa vandada de aves que levantan vuelo en una llanura en busca del cielo.
“Cuando salimos de mi vereda, localizada cerca al Río de Oro, éramos unos pocos. Pensé que nos habíamos equivocado de fecha, pero en la carretera apareció otro “poconón” de gente en camiones y nos recogieron a los que veníamos de a pie”.
Las autoridades de la capital de Norte de Santander no esperaban la primera gran avalancha. Cuando menos pensaron vieron transformado el parque central con centenares de hamacas, toldillos, plásticos y otros sistemas de vida transitoria. En las esquinas del parque las señales de humo daban cuenta al resto de la ciudad de que ya estaban cocinando allí.  En los campamentos de concentración la figura de la acción comunal desparece y comienza a funcionar el líder de fogón. Es decir, cada comunidad tiene un líder que organiza la alimentación y responde por el grupo ante cualquier dificultad.
El segundo remezón humano, activado el fin de semana del 10 de octubre encontró, en el sitio La Alejandra, del municipio de El Zulia, el freno oficial. Unidades combinadas del Ejército y la Policía Nacional habían montado una barricada con sus tanques cascabel y carros antimotines. Los labriegos, por su parte, atravesaron los 350 buses, camiones y otros medios de transporte en la vía, situación que llevó a un bloqueo total a todos los pueblos del occidedente del departamento, incluida la Provincia de Ocaña.  En esa región tienen su asiento 20 de los 40 municipios con que cuenta Norte de Santander.
En La Alejandra, sin agua potable, hecho que los obligaba a cocinar con las aguas negras de un caño, un importante número de marchistas enfermó, pero tampoco abandonaban el sitio.
El pasado miércoles, luego de numerosas conversaciones con el delegado del alto gobierno, las autoridades departamentales, la Defensoría y la Procuraduría, los cinco mil campesinos que están en Cúcuta aprovecharon la marcha de los trabajadores del Estado para sumarse a la misma. “En la redoma (glorieta) del aeropuerto, la policía intentó frenar la movilización”, comenta uno de los participantes en la protesta.  Ahí estalló una revuelta que obligó al gobernador, Jorge García Herreros, a implantar la medida extrema de toque de queda. Los daños en incineración de vehículos, ventanales, saqueos y destrucción de varios CAI sumaron 800 millones de pesos, según fuentes oficiales.
El choque con la fuerza pública y los 15 mil marchistas de El Zulia, quienes intentaron abrirse paso entre las barricadas oficiales, poniendo a los niños, mujeres y ancianos en la cabeza de la marcha, dejó dos personas muertas, entre ellas una bebé intoxicada con gases, denuncia que fue entregada al Defensor del Pueblo, José Fernando Castro.  La enorme cantidad de gases lanzada contra los labriegos los obligó a replegarse hacia potreros y zonas vecinas. Ante el hecho, las unidades policiales arremetieron contra los vehículos en que se transportaban provocando daños en más de 120 carros.
Los labriegos respondieron con la toma de la Alcaldía de El Zulia, de donde también fueron sacados con los gases.
Al final de varias horas de lluvias sucesivas de gases, bastones de mando, piedra, garrotes e insultos, las autoridades retiraron su barrera hasta el puente del Río Zulia, donde los labriegos por fin pudieron bañarse y armar un nuevo campamento para esperar la respuesta presidencial. Mientras ello ocurre, labriegos y soldados conversan amistosamente como si lo vivido hasta el momento fuera un sueño.
 
 

Oficialmente la Defensoría del Pueblo reportó la muerte de Alfredo Murcia, su sobrino José Pacheco Murcia (reportados el miércoles), José Domingo Pita Clavijo, Ana María Legarda, de 34 años, su hijo, Darwin Trigo Legarda, de 19 años, los hermanos Edgardo Orlando y Hernán Uriel Poveda Ortíz, de 38 y 25 años, respectivamente, Jorge Julio Parra, de 22 años y Florentino Castillo Acosta, de 24 años. El resto -al cierre de la noticia- se desconocía la identidad pues sus cuerpos no habían sido bajados a Ciénaga.

Las víctimas fueron sacadas de las veredas Mano de Dios y Pedregal y presentaban heridas con arma blanca y de fuego.

Lizeth Peñaranda Peña, titular de la Defensoría, dijo a EL HERALDO que recibió informaciones de que 10 campesinos que estuvieron atados de pies y manos durante varias horas fueron igualmente ajusticiados. La información sólo se basa en supuestos.

Otras versiones sobre la sangrienta toma a estas regiones del macizo intertropical provienen de campesinos que no han podido subir debido a que la carretera está bloqueada, pero a sus oídos han llegado las noticias de la incursión paramilitar y lógicamente, y con mucha más razón, otros tampoco han podido bajar.

Eran trescientos

Según se indicó, unos 300 miembros de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, Accu, debidamente uniformados llegaron a esta zona de la Sierra Nevada de Santa Marta y se dispersaron por las diferentes fincas de la zona; en ellas, hicieron cautivo a varios campesinos y los fueron matando; el grupo armado habría llegado en cinco camiones, se indicó.

La región escenario de los hechos está huérfana de autoridad militar y policiva. El territorio hasta hace poco estuvo “gobernado” por la guerrilla, incluso en el año 1996 una toma de las Farc dejó 4 policías muertos y otros tanto heridos.

Ayer grupos de soldados del Batallón Contraguerrilla Tayrona y el Gaula se desplazaron a la zona de los acontecimientos con la debida precaución del caso.
En la morgue del Hospital San Cristóbal de Ciénaga, la mujer de una de las víctimas dijo que “no tuvieron contemplación; llegaron con lista en mano y los sacaron de las casas amarrados”.
Los hermanos Poveda Ortíz eran oriundos del Municipio de Briceño en el Departamento de Boyacá. Así mismo Ana María Legarda y su hijo Darwin Trigo, eran naturales del Municipio de Aguachica, en el Cesar.

Consejo de seguridad

Estos hechos coincidieron con la visita a esta capital del Ministro de Defensa, Rodrigo Lloreda Caicedo y del comandante de las Fuerzas Militares, pero el acceso a éstos fue negado para la prensa debido a que su presencia en Santa Marta obedecía a asuntos de índole privada. Los altos mandos se reunieron con el Gobernador del Magdalena, Juan Carlos Vives Menotti en la sede de la Primera División del Ejército, quien le comunicó la preocupación.  Con ellos estuvo el resto de autoridades que integran el Consejo de Seguridad.

Consultada sobre la toma, la Defensora del Pueblo, Lizeth Peñaranda Peña, señaló que “he hecho lo que a mi deber compete, o sea, denunciar públicamente los hechos que he conocido conocido y reclamar la presencia de los organismos de seguridad del Estado”. Agregó que “subir al lugar podría ser un suicidio”.

“Nadie tiene conciencia de la gravedad que en materia de orden público vive el Magdalena. Este territorio es una bomba de tiempo. La población está amenazada”, alertó la Defensora del Pueblo.
 

EL ESPECTADOR 16 de OCTUBRE 1998
“Voy al Congreso de militar”: Tirofijo
Bogotá

La presencia de Manuel Marulanda Vélez, Francisco Galán, Felipe Torres y Francisco Caraballo en el Congreso de la República cobra cada vez mayor fuerza. La plenaria del Senado decidirá esta tarde, a las 3.00., si invita a los jefes de las Farc, el Eln y el Epl para que personalmente y en sesión informal, den sus puntos de vista sobre la reforma política y el proceso de paz.

“Los cuatro jefes guerrilleros ya dieron su sí a la invitación del Senado”, aseguró ayer la congresista liberal Piedad Córdoba, autora de la proposición que se debatirá esta tarde. “Marulanda Vélez puso tres condiciones: que no lo vayan a detener para meterlo a la cárcel, que le garanticen la vida y que se le permita entrar al recinto vestido con uniforme militar, porque él tiene rango de comandante”, agregó Córdoba.  La senadora relató que el uniforme para Marulanda Vélez es un hecho de vital importancia. “Por ejemplo, el día que fuimos a visitarlo los tres congresistas estuvimos conversando con él informalmente, pero cuando llegó el momento de tomar la foto para dejar constancia de la reunión él pidió permiso y mandó traer su uniforme para cambiárselo por la camisa normal que llevaba puesta”, dijo. A la pregunta de los congresistas de si esto era necesario, él no vaciló en afirmar: “Soy el comandante de un ejército”.  La senadora aseguró que estas condiciones fueron planteadas por Marulanda Vélez el domingo 4 de octubre, cuando ella visitó la comandancia de las Farc en compañía de los también congresistas Amylkar Acosta y Jaime Dussán.  En esa cita también estuvo presente, por parte del movimiento insurgente, Jorge Briceño, Mono Jojoy.
Previamente, el viernes 2 de octubre, cuando se realizó una teleconferencia nacional desde la cárcel de Itagüí, los jefes del Eln y del Epl ya le habían dado su respuesta afirmativa a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.

La jornada de hoy en el Senado se prevé especialmente movida.  Para las 10.00 de la mañana está citada la comisión accidental de paz que discutirá si es el momento oportuno para invitar a los jefes de los tres movimientos guerrilleros. “Vamos a realizar una reunión, a puerta cerrada, con el alto comisionado de la Paz, Víctor G.  Ricardo, y posiblemente el ministro del Interior, Néstor Humberto Martínez, porque nuestro propósito es que el proceso de paz se cumpla con una acción coordinada entre las diferentes ramas del poder público”, aseguró el senador Juan Manuel Ospina. La reunión de esta comisión se realizará en la oficina del presidente del Senado, Fabio Valencia Cossio.
Ospina aclaró que aunque él está de acuerdo con la presencia de los jefes de la guerrilla en el Senado, como parte del proceso de paz, éste debe ser un proceso que siempre esté bajo la batuta del presidente Pastrana. “La visita debe facilitar el trabajo en la búsqueda de la paz y no puede ser un acto aislado, de espectacularidad ni de protagonismo personal”, agregó.  Ospina aseguró también que el Estado debe mantener una línea coherente para poder firmar un verdadero proceso de paz.

Para la senadora Córdoba la visita de los jefes de la insurgencia es importante, porque abre un espacio más para que la paz sea “un proceso de Estado y no asunto de un Gobierno”. La dirigente antioqueña aseguró que su proposición está respaldada con la firma de 30 congresistas, por lo que da como un hecho su aprobación.
Fuentes de la presidencia del Senado, sin embargo, aseguraron que la decisión que se tome en la reunión de las horas de la mañana hoy será la que se ponga a consideración de la plenaria a partir de las 3:00 p.m. Para la senadora Piedad Córdoba lo importante es que los jefes guerrilleros vengan al Congreso, den sus puntos de vista y se siga avanzando en la búsqueda de mecanismos que permitan ponerle un punto final al conflicto armado.
 

El Colombiano
Medellín, jueves 15 de Octubre de 1998
A juicio dos personas por matanza en el barrio Policarpa, Apartadó

COLPRENSA-Santafé de Bogotá. La Fiscalía dictó resolución de acusación contra dos presuntos autores materiales de la matanza del barrio Policarpa, en Apartadó (Antioquia).
Al mismo tiempo, el ente acusador profirió medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación contra Marielsa Trujillo Quintero, alias “La Maye Salgado”, sindicada de homicidio agravado múltiple y paramilitarismo por la masacre de Media Luna (Cesar).
La primera resolución cobija a Aversio Miguel Espitia Agámez y Hanover Agualimpia Perea, por los delitos de homicidio múltiple y paramilitarismo.

Los hechos
La matanza en el barrio Policarpa, de Apartadó, ocurrió en el mes de abril de 1996 cuando varios hombres encapuchados llegaron hasta el salón de billares El Golazo y comenzaron a disparar indiscriminadamente contra los allí presentes.
Como resultado de la incursión, diez personas resultaron muertas y otras siete heridas. Los muertos fueron identificados como Marleny Borja, Gabriel Areiza, Willington Restrepo Sepúlveda, Abel Antonio Areiza Zapata, Rafael Antonio Usuga, Orlando Campo, Lisandro Oviedo, Antonio Zapata, una niña de diez años y un niño.
El barrio Policarpa era habitado por militantes del movimiento político Unión Patriótica, UP.

Media luna
En cuanto a la masacre de La Media Luna(Cesar), según las investigaciones, 3La Maye Salgado2 al parecer participó en la matanza de Media Luna(Cesar), ocurrida el 27 de octubre de 1996 donde seis personas fueron muertas mientras que otras cinco fueron secuestradas por los paramilitares.  En esa oportunidad, el ELN acusó y retuvo a ocho menores de edad por su presunta participación en la masacre por la que habrían recibido entre cincuenta y cien mil pesos de los paramilitares.
 

EL ESPECTADOR 15 de OCTUBRE 1998
Arranca despeje para diálogo con Farc
Bogotá

En un hecho histórico en la búsqueda de la paz, el presidente Andrés Pastrana Arango ordenó anoche el retiro inmediato de la fuerza pública de cinco municipios del sur del país … Vistahermosa, Uribe, Mesetas, La Macarena (en el departamento del Meta) y San Vicente del Caguán (en el Caquetá)? y le otorgó status político a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc.

“Esta medida estará vigente durante 90 días y tiene como finalidad facilitar los diálogos entre el Gobierno y las Farc, que puedan conducir a un proceso de paz consolidado y firme”, dijo en su discurso desde la Casa de Nariño el jefe del Estado.

“A partir de la fecha he dictado las medidas necesarias para que se lleve a cabo la instrumentación que permita a partir del 7 de noviembre y hasta el 7 de febrero de 1999 llevarse a cabo la verificación de la orden presidencial y el diálogo que conduzca a viabilizar la salida política al conflicto armado”, expresó en otro de los apartes del discurso el presidente Pastrana Arango.

El presidente Gobierno también reconoció a Milton de Jesús Toncel, Fabián Ramírez y Raúl Reyes como los negociadores oficiales de las Farc.  Pastrana manifestó que “con las Farc coincidimos en señalar la existencia de una Colombia donde hay injusticia, exclusión y desigualdades sociales.  Considero ello un punto de partida para iniciar los diálogos de paz”.  Así mismo, le hizo un llamado al secretariado de las Farc para que aprovechen esta oportunidad y “sin temas vedados le demos sentido al diálogo para convertirlo en una negociación sincera que conduzca a una paz verdadera y sostenible”.

Anunció que el despeje servirá para fortalecer las instituciones a través de las negociaciones de paz.

F.A. no se han rendido
El primer mandatario aclaró que la decisión no significa que las Fuerzas Armadas se hayan rendido, sino que ésta hace parte de la voluntad de avanzar en la reconciliación nacional. “Ningún colombiano, incluida la guerrilla, quiere que la paz se haga a espaldas de las Fuerzas Armadas.  Todo será compartido con ellas”, expresó.

Según Pastrana, la fuerza pública no puede ser vencida, “ni va a ser vencida en las negociaciones de paz, porque entonces el vencido sería el Estado. Lo que vamos a vencer es el abuso de la función pública que conduce a la ilegitimidad y al colapso de la democracia”.  El presidente solicitó el apoyo del pueblo colombiano en la búsqueda de la paz con las organizaciones alzadas en armas y dijo que “gobernar un país como el nuestro no es fácil”.
Las Farc es la organización guerrillera más antigua de América Latina y se calcula que cuenta con más de 40 mil militantes, que se distribuyen en 72 frentes en todo el país.

Con este anuncio, el presidente Pastrana cumple con su promesa de habilitar una zona de 42 mil kilómetros cuadrados para arrancar el diálogo de paz con las Farc, antes de cumplir los primeros 90 días de su mandato. Este compromiso fue adquirido por el jefe del Estado durante su campaña presidencial.
El reconocimiento del carácter político a las Farc y la aceptación de sus tres negociadores, es la segunda gran decisión de este tipo que la administración Pastrana toma en menos de una semana. El viernes anterior, a través de un decreto presidencial hizo lo mismo con el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y dio inició al diálogo con ese grupo.

Lo que dice la Ley 418
La Ley 418 de 1997 contempla las disposiciones para facilitar los diálogos y la suscripción de acuerdos por parte del presidente de la República, con organizaciones al margen de la ley y determina que la Fuerza Pública les debe brindar seguridad.

Dicha Ley en su capítulo I, parágrafo I, establece
que “el Gobierno nacional podrá acordar, con los voceros o miembros representantes de las organizaciones armadas al margen de la ley a las cuales se les reconozca carácter político, en un proceso de paz, y para efectos del presente artículo, su ubicación temporal o la de sus miembros en precisas y determinadas zonas del territorio nacional. En las zonas aludidas quedará suspendida la ejecución de las órdenes de captura contra éstos, hasta que el Gobierno así lo determine o aclare que ha culminado dicho proceso.  “La seguridad de los miembros de las Organizaciones Armadas al margen de la ley a las cuales el Gobierno les reconozca carácter político, que se encuentran en la zona, en proceso de desplazamiento hacia ella o en eventual retorno a su lugar de origen, será garantizada por la Fuerza Pública”.

Aciertos y yerros en tiempos de despeje
Bogotá
Desde los orígenes del conflicto entre el Estado y la guerrilla, zonas de distensión han sido el método usado para buscar diálogos de paz. El M-19 consolidó su desmovilización en Santodomingo, y demostró eficacia de esta estrategia.

Un pacto de paz y democracia
Después de tres lustros de desafiar el ordenamiento jurídico y al Estado colombiano, la guerrilla del M-19, a través del denominado Pacto Político por la Paz y la Democracia, emprendió a partir del dos de noviembre de 1989, su tránsito hacia la democracia, utilizando como escenario previo a la paz, una zona de distensión.  De común acuerdo con la administración Barco Vargas, y la consejería presidencial, entonces dirigida por Rafael Pardo Rueda, se eligió una zona rural de la localidad de Santodomingo (Cauca), como área de distensión para concentrar a los militantes del M-19 y facilitar su dejación de armas y reinserción a la democracia.  En cabeza del propio comandante, Carlos Pizarro Leongómez, el nueve de marzo de 1990 se suscribió el pacto de desmovilización, y por última vez se escucharon los fusiles del Movimiento 19 de Abril, M-19 que desde entonces participa en el debate político e ideológico en Colombia.  La experiencia de la zona de distensión en Santodomingo (Cauca), permitió demostrar que esta estrategia de desmilitarización fue eficaz para aclimatar la reconciliación.

Inequívoca vocación
Pese a diversas dificultades surgidas por la muerte de dos de sus negociadores en la antesala de la firma de paz, la Corriente de Renovación Socialista del Eln, en la localidad de Flor del Monte (Sucre), logró fortalecer y finiquitar su proceso de paz el nueve de abril de 1994.  Desde comienzos del proceso la CRS, a través de sus voceros, José Aristizábal, Fernando Hernández y Adolfo Bula, aceptaron el mecanismo de una zona de distensión, y después de un permanente diálogo con el consejero presidencial, Carlos Eduardo Jaramillo, prosperó la iniciativa y se firmó la paz.
La zona de Flor del Monte (Sucre), fue escenario de desarme, diálogo y reconciliación.

Dos delegados de OEA
Transcurría el mes de octubre de 1997. En Antioquia cumplían una gestión como veedores de las elecciones municipales, dos delegados de la Organización de Estados Americanos (OEA). Sin embargo, guerrilleros del Eln decidieron retenerlos con el propósito de entablar una negociación y dar a conocer sus fórmulas de paz.

Entonces prosperó la zona de distensión de Santa Ana, en área montañosa del departamento de Antioquia. Delegados del Gobierno y la sociedad civil lograron la liberación de los delegados de la OEA, y el Eln encontró el escenario propicio para dar a conocer su fórmula de una Convención Nacional de Paz como objetivo final de la negociación política.

Plataforma de las Farc
El 30 de agosto de 1996, el Bloque Sur de las Farc atacó la Base Militar de Las Delicias, y retuvo a 60 militares. Días después en el Chocó, hizo lo propio con 10 infantes de marina. Desde entonces, la guerrilla planteó un proceso de negociación para la entrega de los soldados, a través del despeje militar de una zona del sur del país.
Después de varias conversaciones y el evidente malestar de las Fuerzas Militares, se despejó una vasta zona del área del Caguán en el Caquetá, y el 15 de junio de 1997, en Cartagena del Chairá, fueron liberados los 70 retenidos. Ese mismo día, las Farc presentaron su propuesta de negociación política, sobre la base de despejar cinco municipios del Meta y Caquetá para hablar de paz.

El último esfuerzo
Con permisos especiales para que los líderes del Eln, Francisco Galán y Felipe Torres salieran por tres días de la cárcel de Itagüí, y la presencia activa de la sociedad civil, el pasado 11 de octubre, en una zona de distensión en el municipio de San Francisco (Antioquia), quedaron sentadas las bases del proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional.  El esquema de la zona de distensión obró sin novedades, el Ejército cumplió cabalmente con su compromiso de apoyar el proceso, y varios miembros del Comando Central del Eln, y autorizados voceros de la sociedad civil, dejaron esbozado el camino hacia la Convención Nacional de Paz propuesta por el grupo insurgente.

El texto
El gobierno nacional en ejercicio de sus Constitucionales y facultades legales y en especial de las que le confiere la Ley 418 de 1997, considerando:
1.Que la organización Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, ha expresado su propósito y voluntad de paz.

2. Que el Gobierno nacional atendiendo la voluntad expresada por los
colombianos en las urnas el 26 de octubre de 1997, en el Mandato por la Paz, la Vida y la libertad, ha iniciado conversaciones con la mencionada organización insurgente con el objeto de resolver pacíficamente el conflicto armado.
3. Que el Gobierno y los miembros representantes de las Farc acordaron
iniciar el proceso de diálogo dentro de los tres primeros meses del
Gobierno, el cual tendrá lugar en una zona de distensión comprendida entre
los municipios de Mesetas, Uribe, La Macarena, Vistahermosa y San Vicente
del Caguán, resuelve:

Artículo Primero: declarar abierto el proceso de diálogo con la organización Fuerzas Armadas Farc.

2 Reconocer carácter político a las Farc.

3. Establecer una zona de distensión en los municipios de Mesetas, Uribe, La Macarena y Vistahermosa en el Meta y San Vicente del Caguán, Caquetá,
durante 90 días a partir del 7 de noviembre hasta el 7 de febrero de 1999 con el propósito de realizar el diálogo.

La presenta resolución rige a partir de su promulgación.

Reconocimiento de voceros
Por la cual se reconoce a unas personas como miembros representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

El Gobierno nacional en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales y en especial de las que le confiere la

Ley 418 de 1997, considerando:
Que de conformidad con el parágrafo segundo del artículo 8 de la Ley 418 del 26 de diciembre 1997 la organización Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) ha designado a los señores Raúl Reyes, Fabián Ramírez y Milton de Jesús Toncel como miembros representantes de la mencionada organización para participar en los diálogos, negociación o suscripción de acuerdos con el Gobierno nacional o sus delegados, resuelve:
Artículo 1.- Reconocer a los señores Raúl Reyes, Fabián Ramírez y Milton de
Jesús Toncel como miembros representantes de las fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en el proceso de diálogo, negociación o firma de acuerdos que inicia esta organización con el presente gobierno.
La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición
 

EL ESPECTADOR 15 de OCTUBRE 1998
E.U. sólo avalaría los 90 días

Por: MARCELA SANCHEZ
Corresponsal, Washington
El gobierno estadounidense aceptaría, hasta por 90 días, el despeje de las zonas cocaleras que Colombia realizará para iniciar los diálogos de paz con la guerrilla.

Así se desprende del proyecto de ley Antinarcóticos del Hemisferio que el Senado de E.U. incluirá dentro del paquete presupuestal para el próximo año.  Aunque en el proyecto inicial del Congreso hablaba del condicionamiento de la cooperación hacia Colombia, los congresistas decidieron ahora ofrecer una alternativa al presidente Clinton para que acepte un despeje de máximo 90 días.

El Espectador conoció que la cláusula sobre Colombia, que condiciona la ayuda en caso que el despeje afecte las actividades antinarcóticos dice ahora que "si el gobierno de Colombia negocia o permite el establecimiento de una zona desmilitarizada... E. U. puede proporcionar asistencia antinarcóticos para el gobierno de Colombia por un período máximo de 90 días consecutivos, una vez el Presidente (Clinton) establezca que es en el interés nacional".
La nueva versión del proyecto determina a su vez un mecanismo de notificación: el Ejecutivo tendrá un plazo de cinco días para informar al Legislativo su decisión bajo dicha excepción.

El republicano Bill McCollum, quien presentó el proyecto en la Cámara, dijo que si el proceso de paz fracasa, E.U. no podrá "entrar a destruir todos los cultivos (ilícitos) en esa región". "La intención es proporcionar recursos y métodos pero no dictaminar qué debe hacer el gobierno colombiano", agregó.

En medio del debate sobre el presupuesto norteamericano los legisladores redactaron esta nueva versión del proyecto antidrogas que de todas maneras le asignaría a Colombia US$261 millones para la lucha antidrogas en los próximos tres años.

Este debate ha enfrentado a la Casa Blanca, que tiene como prioridad el tema educativo, y al Congreso, que quiere reforzar el presupuesto de defensa. En ese último aspecto, los republicanos han recordado su interés de priorizar la lucha antinarcóticos. Según McCollum, la importancia quedó demostrada con la inclusión del proyecto en la ley final de presupuesto que debería votar el Congreso entre hoy y mañana y que Clinton no vetaría.  Hasta ayer, sin embargo, no era claro el monto que se destinará al esfuerzo antidrogas este año fiscal. Fuentes del Congreso hablan de US$600 a US$700 millones.
 

EL ESPECTADOR 15 de OCTUBRE 1998
Trabajadores Estatales en huelga
Bogotá

El paro de trabajadores al servicio del Estado continuó ayer en su octavo día sin muchos contratiempos y una toma masiva de la capital del país, en la cual los sindicalistas llegados de distintas regiones del territorio nacional?rechazaron las declaraciones del presidente Andrés Pastrana, en el sentido de que el Gobierno no va acceder a las peticiones de las centrales obreras.

A la marcha de los sindicatos de la salud, educación, centrales obreras y telecomunicaciones, se unieron empleados de la Registraduría, Contraloría, Bienestar Familiar, Medicina Legal y campesinos desplazados por la violencia.
“Estas son las minorías de las que hablaba el señor presidente. Las minorías son con las que se está negociando la paz; nosotros somos las mayorías de este país”, dijo a El Espectador Wilson Borja, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado (Fenaltrase), antes de subir a la tarima central, empapado por una corta pero intensa lluvia que cayó sobre la Plaza de Bolívar.

Borja informó que el cese de actividades continuará. "El señor Pastrana va a convertir el paro en infinito", agregó el dirigente, aunque se mostró dispuesto a dialogar, si el Gobierno los llama a negociar.  Del discurso que el primer mandatario pronunció la noche del martes, a los trabajadores lo que menos le gustó fue el calificativo de minorías que, según ellos, empleo Pastrana para referirse a los sindicalistas.  Julio Roberto Gómez, secretario de la Confederación General de Trabajadores Democráticos (Cgtd), afirmó al respecto que 3el presidente ahora nos puede contar, después que dijo que éramos sólo cuatro sindicalistas en el país.  Pues hoy, esos cuatro nos hemos clonado en 100.0002.
Para los integrantes del comando central del paro, las declaraciones del Presidente fueron arrogantes y atentaron contra el movimiento sindical. 3Si el doctor Pastrana quiere declararnos la guerra, nosotros le aceptamos el desafío y tendrá cuatro años de conflicto2, manifestó Gómez.

Habla el Gobierno
Mientras los trabajadores estatales marchaban hacia la Plaza de Bolívar, el ministro del Trabajo, Hernado Yepes Arcila, recibía en su oficina los reportes del paro de todas las regionales del país.  Allí, Yepes Arcila permaneció atento al desarrollo del paro y a la espera de reanudar el diálogo con los sindicalistas.
“Seguimos en disposición de diálogo y de concertación.  Nuestra política no ha cambiado”, expresó el Ministro, al tiempo que explicó que ayer no se dieron acercamientos concretos porque los representantes de los trabajadores estaban preparando la toma de Bogotá.

“Hemos  conversado por teléfono, estamos en contacto y creo que después que se terminen las marchas nos podremos sentar a dialogar nuevamente”, dijo Yepes.
Sobre la suspención de las conversaciones ?luego de la alocución radio-televisada del presidente Pastrana la noche del martes?, Yepes Arcila aseguró que no hubo rompimiento, porque no se trataba de una negociación sino de dar a conocer las posiciones de las dos partes.

“Yo sabía que el Presidente iba plantear la posición del Gobierno y de la ley. No hubo ruptura y no debió haber sorpresa por la intervención del presidente, porque era un episodio esperado”, dijo el ministro.
Ilegal paro en Telecom

El titular de la cartera del Trabajo, Hernando Yepes, firmó ayer la resolución que declara ilegal el paro en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom.

Al respecto, el director de la entidad, Eduardo Pizano, dijo que se sancionarán a los empleados que no han acudido a su trabajo. “Simplemente no se pagarán los salarios de los días no laborados, lo que en muchos casos puede representar hasta el 20% del sueldo mensual”.

Agregó que no habrá despidos porque la posición del Gobierno es de concertación.

Por su parte, el ministro de Defensa, Rodrigo Lloreda Caicedo, anunció ayer que el Gobierno denunciará ante organizaciones internacionales la utilización de niños y mujeres embarazadas en las protestas.

Según el funcionario, este hecho es una violación flagrante de los derechos humanos y exigió una sanción, si no jurídica, al menos moral.
 

Aguacero mojó la toma a Bogotá
Bogotá

La lluvia les salió al paso a los manifestantes que al medio día llegaron al centro por la carrera décima y subían por la avenida Jiménez. Las arengas de adelante se confundían con las de atrás y las de en medio, mientras pesaba en el ambiente la carga húmeda y tensa de las hileras de los vociferantes, alineados por los escudos de la Fuerza Pública y los caballos de los carabineros.

El ronco vuelo de dos helicópteros acompañó cada paso de la toma a Bogotá, hecha por miles de trabajadores estatales que se desempacaron en la madrugada, provenientes de diferentes departamentos, como Guaviare, Leticia, Tolima, Arauca, Yopal, Medellín, Santander. El cupo era de cinco por municipio, y al final entre 200 y 400 por departamento, más los de Bogotá, se fueron acumulando unos tras otros, con sus pancartas contra el presidente Pastrana por oligarca, y contra su política económica por neoliberal. Los del norte del país y de Bogotá, salieron del colegio Manuela Beltrán, sobre la avenida Caracas con 57; los del centro, del colegio de La Merced, en la calle 13 con 41, y los del Sur en la Asociación Distrital de Educadores (ADE), en la carrera 10ª con calle 1ª.  Eran tantos los manifestantes que los del sur desviaron por la carrera 8ª, porque la 7ª ya estaba ocupada por los que venían del norte.

Así se llenó cada cuadro adoquinado de la Plaza Mayor de la Ciudad. Pancartas instaladas, grupos de estudiantes, madres con niños, pitos en la boca, sombrillas en la mano, capas en la espalda, termos con tinto, se negaban a abandonar la causa que se empantanaba en el aguacero del medio día.  “Pastrana fantoche, repita lo de anoche”, gritaban con ánimo beligerante, haciendo referencia a la alocución presidencial de la noche anterior, en la que el primer mandatario catalogó como una minoría a los participantes de la toma a Bogotá. “No al 14% de ajuste salarial. No a la privatización de la educación y no al carnet del Sisben como requisito para recibir un cupo en un colegio distrital. El pueblo unido, jamás será vencido”.

La lluvia cedió y tibió los ánimos que se negaban a empantanarse.

Estruendo en el costado izquierdo del Palacio de Justicia; otro par por la décima, y otro tanto por la carrera séptima alertaron a los manifestantes, que por instinto corrieron hacia cualquier lado. 3Papas explosivas, pero no hay que dejarse contagiar, porque son incitadores, tanto como lo son los guardias que golpean el escudo con el bolillo y los caballos rozando los hombros de la multitud2, dicen unos.

Dos horas sin lluvia, son buenas hasta para dormir sobre la pancarta en plena plaza de Bolívar; ir a una tienda a desaguar, con la sorpresa de que casi todos lo locales colocaron un lamentable aviso: 3baño fuera de servicio2, y eso que ya le habían hecho el gasto. Pero bueno, toca ver qué se hace.

“Pero no nos dejaremos sacar, compañeros, dormiremos acá si es necesario”, y cuando varios ya se hacían a la idea de quebrantar la orden distrital y no desalojar la Plaza de Bolívar a las 4:00 p.m., el cielo desgranó un torrencial aguacero. La multitud hizo fuerza, se cobijó con las pancartas, juntas y firmes las personas parecían resistir, pero era demasiado para un solo día, el grupo se fue descomponiendo y lo mejor era concluir, luego de treinta minutos de digna resistencia, con una cita para mañana a las 9.00 a.m. El himno nacional y marcharon los últimos trabajadores.

Gremios respaldan al presidente Pastrana
Bogotá
Los gremios dieron ayer su espaldarazo al presidente Andrés Pastrana, rechazaron enérgicamente el paro indefinido que adelantan los trabajadores estatales e hicieron un llamado a la cordura y sensatez.  Gustavo Tobón Londoño, presidente de Fedemetal, dijo que el paro es inoportuno, injustificado e ilegal. “Las peticiones de los trabajadores son exageradas y con esa actitud lo que van a hacer es empeorar la situación económica”.

Una reacción similar expresaron los exportadores agremiados en Analdex. Su presidente, Javier Díaz, manifestó que no es justo para el país que en medio de la crisis económica se dé un cese de actividades que lo único que deja son pérdidas, y por ello apoyan a Pastrana.  El presidente de Acopi, Jaime Alberto Cabal, indicó que un segundo paro en sólo dos meses de Gobierno no tiene coherencia y afecta tanto al sector público como al privado.

Sostuvo que la parálisis del sector estatal tiene tintespolíticos, pues varios sindicalistas en la campaña presidencial pasada estuvieron adheridos a la candidatura de Horacio Serpa, hoy líder de la oposición. Sin embargo, aclaró que esto no quiere decir que Serpa esté detrás del paro.  A juicio de Cabal, no hay razón para que los trabajadores continúen en cese de actividades, porque las peticiones se pueden negociar en la mesa, con la participación de los gremios, sin necesidad de afectar los servicios públicos.

Por su parte, Eugenio Marulanda Gómez, presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio, afirma que el país no resiste más paros. “El país no puede ser viable cuando las cifras muestran que el paro estatal le cuesta al país por lo menos $45.000 millones diarios”.

El paro es justo

Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación de Trabajadores Democráticos, CGTD, aseguró que los dirigentes gremiales tienen una doble moral. “Hace 18 meses los señores de Andi, Acopi y Fenalco nos pidieron que hiciéramos un paro para derrocar a Samper y que ellos nos daban todo su apoyo, y ahora que Pastrana se está congraciando con todos ellos, se les olvidaron los problemas de los trabajadores y nos tildan de hacer oposición”. Y agregó: “Si el presidente fuera Serpa el paro hubiera sido más fuerte, pues no hay que olvidar que su candidato al Ministerio de Hacienda, César González, afirmó que los salarios debían estar en 12%, y además el contralor, Carlos Ossa Escobar, puesto por el Partido Liberal, dijo que los salarios debían congelarse”. En tanto, el ex ministro del Trabajo, Carlos Bula Camacho, afirmó que el paro “es justo, y no sólo reivindica a los trabajadores sino a toda la población colombiana. Calificó las afirmaciones del presidente como peligrosas y tendenciosas.  Un presidente no puede hablar así. Como no tiene razón en lo que dijo, yo dirigí una carta a la Comisión de Televisión para reclamar el derecho a réplica”.

“Nada frena a trabajadores”
Por su parte, el comando central del Eln, a través de un comunicado frente a la protesta nacional de los trabajadores, manifestó que los procesos de paz iniciados por el movimiento guerrillero no pueden ser utilizados por el Gobierno como escudo para acallar y hacer la guerra al conflcito social.  Según el movimiento insurgente, la crisis del modelo económico no la pueden pagar los trabajadores. “Que la paguen quienes concentran la riqueza y quienes son responsables del hambre del pueblo”, asegura el Eln.  El comando central de la organización guerrillera aseguró categóricamente que sin justicia social y sin un nuevo orden económico no podrá haber paz en Colombia.

Así mismo el Ejército de Liberación Nacional afirmó que la represión a la protesta social y la negativa del Gobierno a resolver los reclamos de los trabajadores sólo reproduce más violencia y agudiza el conflcito. “Ni con el garrote ni las detenciones ni las tanquetas ni el toque de queda, el Gobierno va a frenar la lucha de los trabajadores”, concluyó el Eln.
 

EL ESPECTADOR 15 de  OCTUBRE 1998
La cárcel no doblega la ideología revolucionaria
Por: EDWIN ANDRÉS MARTÍNEZ
Bogotá

Yesid Arteta Dávila, considerado uno de los principales presos canjeables de las Farc, habló con El Espectador desde la cárcel Modelo sobre su experiencia de 15 años en la guerrilla y su paso por la prisión.  Este guerrillero, nacido en Barranquilla hace 39 años, fue capturado el dos de julio de 1996 en Remolinos del Caguán cuando hacía parte del Bloque Sur de las Farc. Para él, quien integra la mesa de trabajo de los reclusos de la Modelo, la paz sólo se puede lograr con una profunda transformación económica, social y política.

¿Cómo se inició en la guerrilla?
Empecé a militar en la Juventud Comunista desde que tenía 15 años, cuando terminaba mi bachillerato. Luego, cuando se inició el plan sistemático de eliminación de dirigentes de izquierda, consideré que no había condiciones para realizar una actividad revolucionaria sin correr el riesgo de ser eliminado, y en 1983 ingresé a las Farc porque era el movimiento armado más organizado política y militarmente.

¿Cuál fue su experiencia como militante de las Farc?
Cuando ingresé a las Farc, yo fui un guerrillero común y corriente.  Inicialmente pasé por un curso en el que vi todos los estatutos y normas de comando y después estuve en una fase de entrenamiento militar sobre tácticas de combate. Luego me enviaron al Cauca donde operé durante muchos años sobre la Cordillera Central en el 8° frente. También fui comandante del frente 29 en Nariño, y uno de los fundadores de las Farc en esa región con el Bloque Occidental. En los últimos años estuve con el Bloque Sur.

¿Cómo fue el día de su captura?
A mí me capturaron el 2 de julio de 1996 en Remolinos del Caguán en un operativo en el que desembarcaron helicópteros de las Fuerzas Especiales.  Se trabó un combate de varias horas y fui herido con tiros de fusil. En ese momento trabajaba con el Bloque sur en las comunidades del Río Caguán.  ¿De qué delitos está acusado?
Estoy sindicado de los delitos de rebelión, secuestro extorsivo y otro tipo de conductas relacionadas con la lucha armada aquí en este país.

¿Desde que usted está en la cárcel Modelo ha cambiado su mentalidad guerrillera?
No, por ninguna razón. Es que si uno se ha incorporado a la lucha armada es porque hay motivaciones éticas e ideológicas, y el estar privado de la libertad sólo hace parte de una situación de carácter circunstancial. La cárcel, al igual que la muerte, recibir heridas, torturas y tropiezos, son situaciones propias de una lucha que se está librando en nuestro país y por ninguna razón doblega la ideología revolucionaria, sino que por el contrario es una prueba y otro espacio de lucha.

¿A usted por qué lo quieren las Farc libre?
No, yo pienso que las Farc quieren libres a todos sus combatientes y prueba de ello es que pasó una lista de todos los guerrilleros que hay en las cárceles de Colombia. Las Farc no han hecho una discriminación de ninguna naturaleza, porque tenemos perfectamente claro que los aportes de la lucha no se miden por la jefatura, sino que igual derecho tienen para ser protegidos por la organización un comandante de bloque como un combatiente.

¿Qué hace usted como guerrillero en la cárcel?
Bueno en el caso de los prisioneros de las Farc, ya como movimiento armado desarrollamos nuestro propio perfil de combatientes, nuestras tareas políticas, educativas e ideológicas. Mantenemos lo que es la formación militar dentro de la cárcel, con el impedimento que da el régimen carcelario, pero en lo posible tratamos de mantener el régimen disciplinario de las Farc.

¿Cómo empezó a hacer parte de la mesa de trabajo de la Modelo?  Hago parte de la mesa de trabajo del penal a partir de un motín que se desarrolló en la Modelo en la Semana Santa del año pasado, y desde ese momento hemos venido desarrollando un trabajo por la reivindicación y la defensa de los derechos humanos de los presos.  Las mesas de trabajo son estructuras muy plurales y no como algunos medios trataron de insinuar, de mala fe, que este tipo de grupos tenían una marcada presencia guerrillera. Están compuestas tanto por perseguidos políticos como por presos sociales.

¿Cómo se puede explicar entonces el hecho de que en las mesas de trabajo haya varios guerrilleros?
Lo que sucede es que los guerrilleros de alguna u otra manera son luchadores sociales y simple y llanamente han procurado aprovechar la experiencia organizativa y política que han tenido dentro de la lucha social, para hacer sus aporte en favor de los presos colombianos.  Concretamente, ¿qué ha logrado la mesa de trabajo de la Modelo?  En primer lugar ha dado un vuelco radical al manejo de los asuntos carcelarios, ha logrado mostrar que los reclusos crean, sugieren y presentan alternativas a sus problemáticas, y ha servido para mejorar las relaciones de los internos a través de la resolución pacífica de los conflictos.

¿Cómo ve el proceso de paz con las Farc?
El manejo del proceso de paz está centrado en el secretariado de las Farc, y ellos han dado a conocer un grupo de voceros autorizados para representarnos dentro de las eventuales negociaciones que se puedan dar.  Por eso, aunque considero que para lograr la paz se debe hacer una profunda transformación económica, social y política, ese es un tema que al igual que el canje y el despeje deben ser manejados exclusivamente por el secretariado.

¿Quién es Arteta?
Yesid Arteta Dávila, quien utilizaba el nombre de “Joaquín Posada” dentro de las Farc, perteneció al frente 29 de esta organización subversiva, y fue ideólogo del bloque sur que hoy dirige “Joaquín Gómez”.  Nacido el 30 de diciembre de 1959 en Barranquilla, Arteta Dávila ingresó a las Farc en 1983, y ocupó el quinto puesto en el Estado Mayor del frente octavo del grupo insurgente.

Fue capturado en Remolinos del Caguán (Caquetá) el dos de julio de 1996, y actualmente se encuentra recluido en el pabellón de máxima seguridad de la Modelo en Bogotá, donde coordina la mesa de trabajo por la reivindicación de los presos.

El siete de octubre de 1996 la Fiscalía Regional de Cali le profirió orden de captura por los presuntos delitos de homicidio, rebelión y secuestro extorsivo.

Arteta, de padre comerciante y madre profesora, estudió tres años de derecho en la Universidad Libre de Barranquilla. Luego fue expulsado porque supuestamente infringió normas disciplinarias, y finalmente culminó estudios en la Universidad del Atlántico en 1985.  Fue miembro activo del Partido Comunista Colombiano, en donde ejerció como coordinador departamental de la Federación Juvenil Obrera.

 
EL COLOMBIANO, miércoles 14 de Octubre de 1998
En primera instancia
Sancionados cinco uniformados por paramilitarismo

COLPRENSA-Santafé de Bogotá. Por su presunta participación en la conformación de escuadrones de la muerte en el Magdalena Medio, la Procuraduría impuso una sanción en primera instancia contra cinco militares.  Un coronel y un mayor de la Armada Nacional, dos mayores del Ejército y un suboficial de la Armada recibieron la sanción en primera instancia por la Procuraduría General de la Nación.

El Ministerio Público impuso la sanción de represión severa porque los militares serían responsables de formar, promocionar, patrocinar, organizar, dirigir y fomentar acciones tendientes al ingreso de personas a los grupos armados que tenían como objetivo asesinar en Barrancabermeja y otros lugares del país a más de cincuenta personas, entre ellas sindicalistas de la Unión Sindical Obrera (USO), miembros de los grupos de defensa de los Derechos Humanos (DD.HH.) y simpatizantes o miembros de grupos subversivos.

La determinación, que puede ser revocada o ratificada por el Procurador General de la Nación en segunda instancia, vincula al teniente coronel de Infantería de Marina Rodrigo Alfonso Quiñones Cárdenas, el mayor de la misma fuerza Jair Osorio Morales, los mayores del Ejército Walter Hurtado Morales y José Fernando Lee Uribe y el suboficial tercero (cabo primero) de la Armada Carlos López Maquillón.

Entre los cargos formulados contra estas cinco personas también figura el atentado contra la vida de Saulo Palacios y el homicidio de Rodrigo Alonso Acosta.

El pliego de cargos reseña que los autores materiales de los crímenes incurrieron en homicidio múltiple y porte ilegal de armas y explosivos. Su accionar estuvo dirigido al exterminio de grupos sociales en Barrancabermeja, Bahía Solano y en general el Magdalena Medio.  Su trabajo estuvo apoyado, dirigido, financiado y auxiliado, al parecer en forma permanente y reiterada por los funcionarios investigados.  Estas muertes ocurrieron en Simití, Puerto Parra, Aguachica, Sincelejo, Puerto Boyacá, Puerto Gaitán, San Rafael de Chucurí, Campo Capote desde finales de 1993 y hasta noviembre de 1994.

En el mismo proceso, se les absolvió por la desaparición forzada de Wilson Moncaleano y la muerte del capitán Juan Carlos Alvarez, puesto que no se presentaron pruebas de la participación de los cinco militares en estos hechos.
Además, se declaró la prescripción del proceso disciplinario que seguía contra el capitán de Infantería de Marina Rafael Alfredo Colón Torres en un caso en el que se le vinculó por unos hechos acontecidos en Bahía Solano y se le absolvió por otros cargos al no encontrarlo responsable de los mismos.
 

EL COLOMBIANO, martes 13 de Octubre de 1998
Reconoce director de la Policía Nacional
"Paramilitares están aliados con grupos de narcotraficantes"

Por JUAN DIEGO RESTREPO E Medellín

El próximo 22 de octubre, el general Rosso José Serrano Cadena, director de la Policía Nacional, recibirá en Luisiana, Estados Unidos, la distinción como el mejor policía del Mundo.

El premio se debe, según él, al rescate de la credibilidad de la Policía ante la opinión pública nacional e internacional; la aplicación de un proceso anticorrupción drástico y, de manera simultánea, haber desvertebrado el cartel de Cali como producto de ese proceso.

Además, de darle mejores condiciones de vida al policía y tecnificarlos, especialmente en el área de inteligencia, aspecto en el que se han invertido 20 millones de dólares, aplicando tecnología de punta en esa actividad, que es prioritaria para la institución.

A continuación, el general Serrano Cadena respondió algunas inquietudes de EL COLOMBIANO en materia de narcotráfico.
EL COLOMBIANO: En la lucha contra el narcotráfico, la Policía Nacional ha tenido logros importantes pero ha sufrido, igualmente, golpes en contra. En ese sentido, ¿cuántos uniformados han muerto en la lucha contra el ilícito?
Rosso José Serrano Cadena: “Hemos sufrido golpes muy graves contra oficiales y personal de base. El promedio de policías muertos en los últimos 20 años, periodo en el cual la institución asumió la responsabilidad de esta lucha, es de 3.000 hombres, una cuota muy alta. Pero yo creo que la sangre de esos hombres es la que ha germinado dentro de nosotros un espíritu de trabajo, de compromiso, para seguir luchando contra ese flagelo, el peor que ha podido aparecerle a la humanidad de este siglo”.
La Policía Nacional desarrolla desde hace tres años un proceso de transformación cultural con miras a modernizar la institución. Resultado de ello es el retiro de 8.000 policías pero ¿cuántos de ellos por estar involucrados en el problema de narcotráfico?
“El proceso de anticorrupción es importante. En Cali, por ejemplo, retiramos 600 policías y cayó el cartel de Cali. Otros más fueron retirados por corrupción de narcotráfico y otros por ineficiencia e ineptitud. De ahí que el plan que hemos llevado a cabo está siendo tomado como ejemplo en algunos países de Latinoamérica y otras instituciones del país lo quieren aplicar porque es un plan que conjuga el palo con la zanahoria”.
Guerrilla, paramilitares y coca
Constantemente, los analistas afirman que la participación de los grupos subversivos en el negocio del narcotráfico sólo se remite a cuidar los cultivos y a cobrar un impuesto. ¿Usted comparte esa visión o tiene elementos para decir que la participación de los insurgentes va más allá?
Con el impuesto que cobra la guerrilla, que es más o menos entre el 25 y el 30% del negocio, no necesita ir más allá porque no invierten un sólo dólar pero si reciben millones de dólares. Además, han logrado canjear de alguna manera esas ganancias por buenas dotaciones de armas. Así que la guerrilla, con el sólo hecho de cuidar cultivos y cobrar por el paso de precursores químicos, kilos de producción, cuidado de pistas clandestinas y hectáreas sembradas, tiene un río de dinero que es el que las ha fortalecido”.
Los analistas también precisan que la participación de grupos paramilitares va más allá y señalan que ellos buscan manejar producción, tráfico y comercialización. ¿Usted qué opina?
“Creo que los paramilitares están aliados, más bien, con organizaciones de narcotraficantes. Ellos reciben beneficios del narcotráfico para que peleen de plano con la guerrilla. Ese es el enfoque que he visto con los paramilitares aunque en algunas zonas tienen laboratorios y esa droga es vendida a las mafias, por la que reciben su recompensa”.
¿Usted cree que es posible entonces ganarle la guerra al narcotráfico en las actuales condiciones del país, sobre todo teniendo en cuenta la participación de diversos actores armados existentes y el grado en el que se encuentra el conflicto armado?
“Esta guerra se gana más fácil si la guerrilla se separa del narcotráfico. Me acuerdo que cuando empezamos a fumigar los cultivos de amapola, en el año 1991, no se le disparaba a los aviones ni a los helicópteros. Cuando la guerrilla descubrió que podían tener unas buenas entradas cuidando cultivos empezaron a dispararle a las aeronaves. Hoy hemos perdido en esos ataques siete helicópteros y tres aviones de fumigación”.
En el estado actual del problema en el país, ¿cuáles serían las principales necesidades para ser más eficaz en la lucha contra el narcotráfico?
“Necesitamos desarrollar las leyes de extinción de dominio, el lavado de dinero y fortalecer el sistema carcelero para que la gente que llegue a las cárceles sepa verdaderamente que cometió un delito grave que afectó la dignidad nacional y desprestigió al país”.
Menos sola que antes
En materia de ayuda internacional, ¿cómo le ha ido al país?, ¿cree que es suficiente el aporte que han hecho los países desarrollados, en particular Estados Unidos, o se requiere más para frenar la producción de las drogas ilícitas?
“Estados Unidos ha sido el principal aliado en la lucha contra el narcotráfico. La Policía Antinarcóticos funciona, básicamente, con esa ayuda. Nos hemos desarrollado en la parte aérea, de interdicción, erradicación, control de aviación y de persecución, así como de precursores químicos. La ayuda recibida ha sido muy importante, tanto material como moral; así que los medios que nosotros recibimos son bien utilizados. Uno quisiera más pero creo que el esfuerzo que el gobierno y el pueblo americano han hecho es importante para ganar, como lo estamos haciendo, esta guerra”.
¿Lo anterior quiere decir que Colombia se encuentra menos sola que antes en la lucha contra el narcotráfico?
“El país ha logrado convocar la conciencia internacional. Hoy ya no somos los malos del paseo. En ese sentido, los demás Estados han entendido que el narcotráfico es un problema de connotación internacional y para acabar el problema todas las naciones deben reconocer sus culpas y no señalar con el dedo indicador a Colombia”.
Usted habla constantemente de que las acciones de erradicación de cultivos ilícitos deben complementarse con programas sociales, ¿de qué tipo de programas habla?
“Creo que el programa alternativo y la sustitución de cultivos son soluciones concretas pero bien programadas y planeadas. Desafortunadamente la gente que siembra coca no es de la región por lo que no hay arraigo de los campesinos”.
“Creo que los programas y la prevención se deben hacer antes de que el campesino llegue a las zonas afectadas por los cultivos ilícitos. Esa es una visión que siempre he expuesto por mi experiencia en la lucha; además, hay que educar también a la gente para que sepa que sembrar coca o amapola es un delito y que no le deja nada beneficioso. Sabe una cosa, en esas zonas el campesino se empobrece más”.
¿Cuál es la proyección de fumigación en este año y cuáles han sido los principales problemas que han tenido para ello?
Esta es una tarea muy dispendiosa. Nosotros tenemos más de tres mil hombres dedicados a esa actividad que creo que es necesaria. Este año aspiramos a erradicar unas 60 mil hectáreas, entre coca y amapola, pero desafortunadamente tuvimos inconvenientes con los helicópteros UH y tuvimos que parar 27 unidades para ser revisadas. Confío en cumplir con esa meta y ojalá pudiéramos erradicar todos los años más pero se requieren otras soluciones como la ayuda del campesino, programas de educación y de prevención”.
¿De qué forma agencias internacionales, en especial de los Estados Unidos, participan en operativos contra el narcotráfico en Colombia?
Los agentes de la DEA, la CIA, el FBI, en particular, solamente participan con nosotros en el intercambio de información. La Policía Nacional, por su experiencia, tiene capacidad para operar sola; sin embargo, es tan importante el intercambio de información que ello justifica la presencia de estas agencias que han sido solidarias, que han aprendido con nosotros y que ,muchos de los resultados se deben a ese conocimiento, a ese trabajo continuo, persistente y con credibilidad.
 

EL COLOMBIANO  lunes 12 de Octubre de 1998
Crisis económica amenaza a D.H.

De acuerdo con el secretario general de la organización Amnistía Internacional (AI), Pierre Sane, la crisis financiera global avivará una crisis de los Derechos Humanos en todo el mundo, en la medida en que los pobres se unirán para protestar por el impacto de la recesión y las medidas de austeridad que se tomen en cada uno de los países.

Las tempestades económicas que empezaron el año pasado han obligado a Rusia y varias naciones de Asia a devaluar sus monedas y buscar paquetes de rescate de instituciones multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En los últimos meses la crisis llegó a América Latina, provocando severas fugas de capitales extranjeros en Brasil, la potencia industrial de la región, y ahora, de acuerdo con varios analistas, amenaza con sumir al mundo entero en la recesión.

"La preocupación de todos los gobiernos en el mundo debería ser la de satisfacer los derechos fundamentales de la población. A los gobiernos debería preocuparles garantizar la precedencia de los derechos elementales
socioeconómicos sobre las decisiones económicas", dijo el funcionario de AI.

"Si una política económica no da prioridad a satisfacer el derecho a la educación, la comida y la vivienda, en un contexto en el que se respeten los derechos políticos y ciudadanos, entonces ese gobierno tendrá problemas dentro de 10 a 15 años", advirtió Sane.
 

EL COLOMBIANO, jueves 8 de Octubre de 1998
Señaló Human Rights Watch
Colombia, sin garantías para organismos de DH

Gobierno Samper jamás garantizó apoyo: José Miguel Vivanco

COLPRENSA-Bogotá. El anterior gobierno jamás materializó medidas para garantizar el ejercicio de las organizaciones de Derechos Humanos, aseguró el presidente de la firma Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.

Vivanco, quien se reunió ayer con el presidente Andrés Pastrana, indicó que se apresta a entregar el informe denominado "Colombia, Guerra sin Cuartel", donde hace una evaluación sobre la conducta de todos los actores que tienen que ver con el conflicto armado en el país y sus incidencias en la violación de Derechos Humanos.

A juicio del presidente de la organización, promover y defender los Derechos Humanos en Colombia es una tarea muy riesgosa, por lo que se están buscando medidas especiales que garanticen esta actividad, por lo que en el informe hay una serie de recomendaciones al respecto.

"El Gobierno debe tomar las medidas necesarias, aquellas que fueron ofrecidas incluso por el anterior gobierno y que nunca se materializaron para proteger a las asociaciones de los Derechos Humanos", sostuvo Miguel Vivanco.

El informe, que será presentado este jueves en la Universidad Javeriana por el presidente de Human Rights, contiene varios aspectos que tienen que ver con la impunidad, la violencia interna y sobre todo la conducta interna de los agentes estatales, de los grupos subversivos y de autodefensa que vinen atentando contra los derechos humanos.

Análisis al informe

El vicepresidente de la República, Gustavo Bell Lemus, quien participó del encuentro con José Miguel Vivanco, señaló que el informe será analizado cuidadosamente para emitir posteriormente un concepto oficial sobre su contenido.

Según el dignatario, este es un informe factual que recoge cuál ha sido la situación del Derecho Internacional Humanitario de los últimos dos años en el conflicto que se vive en Colombia.

Admitió el vicepresidente que como lo señaló Vivanco, la situación de los Derechos Humanos sigue siendo crítica y que como lo ha venido reiterando el Gobierno, el primer paso para mejorar es reconocer la gravedad de la misma.

"No hemos querido entrar a calificar cuál fue la acción del Gobierno anterior en esa materia. Entendemos que se hicieron grandes esfuerzos por mejorar la situación, pero que sin embargo la intensificación, profundización y generalización del conflicto, definitivamente está significando una alta violación de los Derechos Humanos", sostuvo Bell Lemus.

Consideró el vicepresidente, que el informe será una excelente herramienta dentro de los trabajos que se vienen realizando para diseñar la estrategia de protección de los Derechos Humanos para los próximos años.
 

EL COLOMBIANO, martes 6 de Octubre de 1998
Sigue conflicto de competencias en caso del general Millán.
CSJ rechazó propuesta de pasar el caso a la justicia penal militar

COLPRENSA-Santafé de Bogotá.
La ponencia que pedía la entrega a la Justicia Penal Militar del proceso que se adelanta contra el comandante de la V Brigada del Ejército, general Fernando Millán, fue rechazada por el Consejo Superior de la Judicatura.

La propuesta inicial, que había sido presentada por el magistrado Edgardo José Maya Villazón, fue rechazada por la mayoría de miembros del Consejo de la Judicatura. Por tal motivo, fue nombrado nuevo ponente para el caso, aunque su nombre no ha sido dado a conocer hasta ahora.  Miembros del Consejo manifestaron que el proyecto rechazado pide que el caso del general Millán sea atendido por la Justicia Penal Militar (JPM) y no por la justicia ordinaria.
El conflicto se presentó cuando el oficial fue citado a rendir indagatoria por la Fiscalía debido a sus presuntos vínculos con grupos de autodefensa del departamento de Santander.

Sin embargo, el anterior comandante del Ejército, general Mario Hugo Galán, planteó un conflicto de competencias porque consideró que la actuación de Millán en el caso investigado se había presentado en el cumplimiento de su deber, por lo que el proceso tenía que ser asumido por la jurisdicción militar.
Pero el vicefiscal General de la Nación, Jaime Córdoba Triviño, respondió que la conducta por la que se investiga a Millán no tiene que ver con las funciones que la Constitución le asigna.

El oficial está sindicado por su presunta participación en la conformación de un grupo de justicia privada que operó en Lebrija (Santander).  Según las investigaciones adelantadas por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, una Asociación de Seguridad Rural (Convivir) que fue creada con el auspicio de Millán, terminó convertida en una organización delictiva.  Las Colonas, nombre de dicha Convivir, fue montada a partir de la estructura de una junta de acción comunal presidida por un finquero y a partir de allí tomó una estructura militar bajo el mando de un sargento del Ejército.

Nueve de los integrantes de esta Convivir fueron capturados el año pasado, y presentaron sus respectivas declaraciones en el proceso, con las que habrían comprometido seriamente al general Millán y a un coronel del Ejército
 

EL ESPECTADOR    6 OCTUBRE 1998
Paras, fuera de control estatal
Bogotá

La creación de bloques de búsqueda o grupos especializados de las Fuerzas Militares y de Policía para hacer frente al paramilitarismo en Colombia es un anuncio que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, pero cuyos resultados han brillado por su ausencia.

Desde la aparición de las Milicias de Civiles Armadas, Comités Cívicos de Seguridad y Vigilancia, y las Juntas de Autodefensa en las décadas de los años 50 y 60, hasta las hoy denominadas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) son muchos los colombianos que han sido masacrados por estos grupos de justicia privada y muchos los intentos de los gobiernos de turno por controlar sus 3engendros2, que a todas luces se les salieron de las manos.  El 1 de mayo de 1984, un día después del asesinato del entonces ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, el presidente Belisario Betancur expidió el decreto 1038 por medio del cual se declaró turbado el orden público y el estado de sitio en todo el territorio nacional.

A través de esa decisión el jefe de Estado quiso contar con medidas de excepción para hacer frente a la insurgencia y a las distintas modalidades de criminalidad realizadas por los llamados escuadrones de la muerte, bandas de sicarios, grupos de autodefensa o de justicia privada, estos últimos estrechamente vinculados con el narcotráfico, pero el estado de sitio no fue suficiente y el paramilitarismo siguió en aumento.  Al final del gobierno Betancur y comienzos del gobierno Barco (1985, 1986 y 1987) la historia de guerra sucia y derramamiento de sangre en Colombia continuó con el extermino de la Unión Patriótica (UP), grupo que surgió como alternativa política y que era el brazo ideológico de la guerrilla de las Farc.

Barco tampoco pudo
La guerra sucia y la arremetida terrorista del narcotráfico obligaron al presidente Virgilio Barco Vargas a crear una Comisión Coordinadora y Asesora para combatir los grupos paramilitares.  Con la expedición del decreto 813 del 19 de abril de 1989, por medio del cual 3se dictan disposiciones tendientes a combatir los escuadrones de la muerte, bandas de sicarios o los grupos de autodefensa2, el Gobierno quiso contrarrestar su arremetida, pero los resultados de esa comisión nunca se vieron.

A juicio de Jaime Zuluaga Nieto, analista e investigador del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri) de la Universidad Nacional, ninguna de estas medidas ha funcionado por la estrecha relación de algunos miembros de las Fuerzas Armadas en la conformación de grupos paramilitares o de autodefensa.
Bloque de Samper

El presidente Ernesto Samper Pizano también anunció una lucha frontal contra el paramilitarismo en diciembre del año pasado.

Luego de la masacre de 14 personas en La Horqueta
(Cundinamarca), ocurrida a finales de noviembre de 1997, Samper Pizano expidió el 3 de diciembre ?de ese mismo año? el decreto 2895 "por el cual se crea el Bloque de Búsqueda de los grupos de justicia privada", que estaba integrado por delegados de Fiscalía, Procuraduría, Fuerzas Militares, Policía, DAS y Consejería Presidencial para la Defensa y Seguridad Nacional, y presidido y coordinado por el ministro de Defensa o su delegado.

El Bloque de Búsqueda se reunió no más de cinco veces y al cabo de un mes quedó prácticamente inactivo, según confirmó uno de los integrantes de dicho Bloque.

Los resultados jamás se vieron y el 5 de enero de este año la Fiscalía General de la Nación expidió un boletín de prensa donde informó que "hasta la fecha se han librado más de 200 órdenes de captura contra personas sindicadas de pertenecer a grupos paramilitares o de autodefensa", las cuales no se habían hecho efectivas.
Eso motivó la reacción del entonces comandante de las Fuerzas Militares, general Manuel José Bonett Locarno, quien de inmediato recopiló los operativos de las Fuerzas Armadas contra los grupos de autodefensa.

Los propósitos de Pastrana
El presidente Andrés Pastrana Arango, quien tomó posesión el pasado 7 de agosto, entró pisando fuerte en el tema del paramilitarismo y en sus dos meses de mandato se ha referido en varias ocasiones a la decisión de su Gobierno de combatir los grupos de justicia privada.  El acuerdo firmado el domingo con los desplazados del sur de Bolívar y Valle del Cimitarra que se habían concentrado en Barrancabermeja desde hacía más de 100 días, muestra ?en el papel? una disposición clara de lucha contra estos grupos armados   Sin embargo, según el analista Jaime Zuluaga, hay que plantear dos cosas sobre una verdadera política estatal en contra de los paramilitares: “Una cosa son las decisiones del Gobierno y su capacidad para ponerlas en marcha y otra es el hecho inocultable, que ha sido denunciado en múltiples oportunidades, de que existen sectores de las Fuerzas Armadas, especialmente del Ejército, vinculados a los grupos paramilitares”.

Sostiene que el problema que se plantea es muy grave, porque “el Gobierno puede tomar la decisión, pero si quienes deben realizarla tienen un vinculo con los paramilitares, las medidas se pueden quedar en el papel”.
Sólo el tiempo y los hechos que ocurran de aquí en adelante en la lucha contra los paramilitares podrán demostrar la efectividad del Bloque de Búsqueda de Pastrana y la decisión de la cúpula militar de combatir estos agentes generadores de violencia.

Los jefes de las autodefensas están en la mira de la Fiscalía Bogotá Los principales jefes paramilitares están en la mira de la Fiscalía General de la Nación, entidad que este año ha capturado 111 presuntos integrantes de esos grupos armados, entre ellos a Víctor Carranza Niño, Rafael Antonio Aceldas Beltrán (segundo cabecilla de Los Masetos) y Fernando Zapata, alias El Zarco.

Según la Fiscalía, actualmente hay por lo menos otras 600 órdenes de captura contra miembros de estos grupos de justicia privada, entre las que se cuentan varias contra Carlos Castaño Gil y su hermano Fidel ?las autoridades no han confirmado su muerte?, Hernán Giraldo Serna, Ramón Isaza y Luis Eduardo Cifuentes Galindo (alias El Águila y jefe de las autodefensas de Yacopí, quien en tres oportunidades ha escapado a los operativos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), entre otros.  Fuentes del ente acusador manifestaron que las órdenes han sido distribuidas entre las distintas instituciones de las Fuerzas Armadas, pero advirtieron que hasta ahora es poco lo que se ha hecho por parte del Ejército e Infantería de Marina para hacer efectivas esas medidas.  Inclusive, la Fiscalía tiene información en el sentido de que el listado de las 600 órdenes de captura se encuentra en poder de jefes paramilitares como Carlos Castaño Gil y Ramón Isaza.

F.M. tienen sus cifras
Aunque el reporte oficial de la Fiscalía indica que los organismos distintos del CTI han capturado sólo a 15 presuntos paramilitares este año, la oficina de operaciones del comando de las Fuerza Militares informó que durante 1998 en distintas operaciones contra grupos de autodefensa se han aprehendido a 80 miembros de estas organizaciones y se han dado de baja a 20 más.

El director del departamento de Operaciones, general Eduardo Santos, explicó que las acciones contra los grupos de delincuencia organizada son persistentes, ya que las F.M.  combaten a todos los agentes armados fuera de la ley.
En el informe presentado por la oficina en Colombia de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Almudena Mazarrasa, se señala que "en enero de 1998 el Comando de las F.M. dio a conocer el documento Estrategia general de las Fuerzas Militares, en el que se recogen compromisos para enfrentar el paramilitarismo.  "Sin embargo la Oficina tiene conocimiento de que cerca de 400 órdenes de captura contra miembros de grupos paramilitares han sido emitidas por la Fiscalía General de la Nación sin que la fuerza pública haya hecho efectiva la aprehensión de los requeridos", expresa el informe de la ONU.
 

EL COLOMBIANO, lunes 5 de Octubre de 1998
Crean Bloque de Búsqueda contra el Paramilitarismo
Por COLPRENSA. Santafé de Bogotá

El gobierno creó ayer el Bloque de Búsqueda contra el Paramilitarismo para combatir a los grupos paramilitares que se han instalado en la región del Magdalena Medio, generando muerte y zozobra entre las masas campesinas, especialmente.

El Bloque de Búsqueda contra el Paramilitarismo, que tendrá jurisdicción operativa en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Bolívar, Cesar, Santander y Sucre, fue diseñado para perseguir y capturar a las personas involucradas en esos grupos al margen de la ley, así como para el recaudo de pruebas. Además, brindará apoyo a las autoridades judiciales en el desarrollo de investigaciones.

En el decreto firmado por el presidente Andrés Pastrana se explica que para la creación del Bloque de Búsqueda se tuvo en cuenta que las agrupaciones paramilitares han venido realizando actos violentos contra la población civil en el Magdalena Medio, violando los derechos humanos.

El Gobierno es categórico al advertir que se debe prevenir y combatir la participación en esos grupos irregulares y sancionar la conducta de los servidores públicos que por acción u omisión atenten contra los derechos humanos.
Aunque inicialmente el Bloque de Búsqueda contra el Paramilitarismo actuará en seis departamentos del Magdalena Medio, el decreto especifica que su ámbito de acción podrá hacerse extensivo a otras regiones cuando las circunstancias así lo requieran para la continuidad de operaciones contra esas agrupaciones irregulares.

Funciones
El Bloque de Búsqueda contra el Paramilitarismo en el Magdalena Medio tendrá las siguientes funciones:
1. Perseguir, combatir y neutralizar a los grupos paramilitares en el Magdalena Medio.
2. Perseguir y capturar a quienes organicen, dirijan, fomenten, promuevan, instiguen y financien grupos paramilitares, así como a quienes integren, se vinculen o hagan parte de los grupos paramilitares en la región.
3. Apoyar a la Fiscalía en la ejecución de las órdenes de captura que se dicten contra tales personas o integrantes de dichos grupos paramilitares.
4. Coordinar los recursos disponibles, las actividades de inteligencia y las operaciones necesarias para combatir a los grupos paramilitares.
5. Desarrollar investigaciones sobre las finanzas de tales grupos e instaurar e iniciar las acciones pertinentes.
6. Proponer a los consejos de seguridad departamentales y municipales la adopción de medidas de control de armas, de vehículos, de transporte de bienes y de comunicaciones para combatir a estos grupos.
7. Evaluar periódicamente los resultados de las acciones destinadas a combatir a los grupos paramilitares en el Magdalena Medio y adoptar los correctivos necesarios y rendir de manera periódica informes al Presidente de la República

EL ESPECTADOR, Octubre 5 de 1998
Vice trazará políticas contra paramilitares
Bogotá

Las políticas de Estado contra los grupos paramilitares deberán ser formuladas en un término de tres meses por el vicepresidente Gustavo Bell.

La tarea le fue encomendada por el presidente Andrés Pastrana, luego de firmar el acuerdo con los desplazados del sur de Bolívar, para que a partir de hoy emprendan el regreso a sus hogares.

El mandatario indicó a Bell que “en su condición de Alto Consejero Presidencial, con el apoyo de los Ministerios del Interior, Relaciones Exteriores, de Justicia y de Defensa, preparará para discusión en la Comisión para el análisis y asesoramiento en la aplicación de las recomendaciones formuladas por los organismos internacionales de Derechos Humanos, un proyecto que defina la política estatal permanente contra los grupos paramilitares, dentro de los tres meses siguientes a la expedición de esta directiva”.

Como parte de la agenda de discusión sobre las acciones que deberá contener esta política, serán incluidas las propuestas elaboradas por la Mesa Regional del Magdalena Medio de Trabajo por la Paz, con la que el mandatario firmó ayer el acuerdo en Barrancabermeja.

Al Ministerio de Relaciones Exteriores le corresponderá impulsar el estudio de la ratificación del tratado que crea la Corte Penal Internacional, “para lo cual integrará una Comisión que aborde su análisis a la luz de la Constitución Política y revise la pertinencia de su presentación al Congreso y su adopción en el orden interno”, establece la directiva presidencial.

Los Ministerios del Interior y de Justicia “impulsarán y harán seguimiento permanente a los proyectos de ley que en materia de tipificación del delito de desaparición forzada de personas se presenten al Congreso”.
El decreto que crea la comisión especial de impulso, coordinación e información de las investigaciones sobre derechos humanos ?la cual estará integrada por la Procuraduría y la Fiscalía General?, debe ser expedido por el Ministerio del Interior.

La directiva presidencial dada a conocer en desarrollo de la firma del acuerdo para que los campesinos desplazados que se encontraban en Barrancabermeja regresen a sus lugares de origen a partir de hoy, contempla también la necesidad de que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada establezca mecanismos para desmontar, “en forma inmediata”, las cooperativas y demás organizaciones que violen los derechos y libertades fundamentales de la comunidad o que sirvan de instrumento para la realización de actividades de grupos paramilitares.

El Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares, la Policía y el DAS, tendrán que intensificar sus acciones y “mostrar resultados inmediatos y contundentes en contra de los paramilitares”, y la Fuerza Pública deberá adelantar operaciones tendientes a lograr la captura de los miembros de estas organizaciones.

El jefe de Estado se comprometió, igualmente, a que cuando existan evidencias “contundentes y manifiestas de grave violación de derechos humanos por parte de servidores públicos, el Gobierno nacional dispondrá, con observancia de la Constitución y las Leyes, el retiro o la insubsistencia del ejercicio del cargo”.

Además, el mandatario anunció ayer la expedición del decreto por medio del cual se crea el Bloque de Búsqueda contra el paramilitarismo en el Magdalena Medio, el cual tendrá jurisdicción operativa en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Bolívar, Cesar, Santander y Sucre, y de ser necesario, su accionar se extendería a otras regiones del país.

El otro punto del acuerdo tiene que ver con el compromiso del Gobierno a invertir recursos “necesarios y suficientes” para la formulación y ejecución del Plan de Desarrollo y Protección Integral de los Derechos Humanos del Magdalena Medio, del cual la mesa regional será la coordinadora e interlocutora válida ante el Ejecutivo.

El presidente Pastrana anunció, también, que “el Ministerio del Interior, el Incora y otras entidades gubernamentales del orden nacional, se comprometen con el éxodo campesino a darles salidas de manera temporal o definitiva, a las familias que por motivos de seguridad no puedan retornar a sus sitios de origen”.

El viernes se realizará la reunión del ministro del Interior, Néstor Humberto Martínez, con el Comité de Regulación para estudiar caso por caso y establecer las medidas de protección “de conformidad con los diferentes niveles de riesgo y grado de amenaza”.

En declaraciones formuladas al término del acto, que concluyó con la firma del acuerdo, Pastrana invitó a los actores generadores de violencia a darles una oportunidad al país y “a todos los que creen poder tener una Colombia en paz con justicia social, para que contribuyan a lograrla”, a tiempo que dijo que “estamos enviado un mensaje claro y es que a través de la palabra vamos a lograr la paz y no a través de las balas”.

Alegría y algo de temor
La idea de retornar a sus hogares generó entre los desplazados del sur de Bolívar, concentrados en Barrancabermeja, una mezcla de temor y alegría.

Felicidad porque “volvemos a lo nuestro, a donde hemos pasado la mayor parte de nuestras vidas y forjamos algunos de nuestros sueños”, según manifestó Vicente Guaitero.

Además, “porque atrás quedarán los sufrimientos que significaron los más de dos meses que estuvimos hacinados en Barranca o los días amargos que vivimos en Bogotá, donde nos bañaron a la una de la mañana”.
El temor nace en “lo que vamos a encontrar. El Gobierno nos prometió seguridad, pero no sabemos qué pueda suceder. Eso sí, si se presenta una masacre, nos devolvemos y le pedimos al presidente que saque a las Fuerzas Armadas de por allá, nos dejen solos y nosotros nos defendemos”.

Guaitero, quien es propietario de billares en Monterrey y San Pablo, es consciente de que los días difíciles no terminarán con el regreso “porque lo que nos van a dar no es mucho y creo que no alcanza para jugar”.
 

EL ESPECTADOR, Octubre 5 de 1998
¡Viva, campesinos vuelven a casa!
Por: JULIO CESAR NIÑO
Enviado especial, Barrancabermeja

El éxodo campesino más extenso en la historia del Magdalena Medio llegó a su fin tras la firma de un acuerdo y tras cumplir 104 días fuera de sus tierras, huyéndole a una violencia que les impidió seguir cultivando sus parcelas o atender sus negocios.

Fue durante 44 días que los desplazados ?10.000 campesinos del sur de Bolívar y el Valle de Cimitarra?, y el Gobierno nacional se sentaron por primera vez en una mesa de trabajo denominada del “Magdalena Medio permanente para la paz” en Barrancabermeja, teniendo como sitio de diálogo la biblioteca Alejandro Galvis Galvis.

Desde el 20 de agosto pasado, trece días después de la posesión del presidente Andrés Pastrana, el Gobierno acudió al llamado e instaló la mesa de trabajo, no sólo por la presión ejercida por el éxodo, sino por el clamor del pueblo del puerto petrolero de Barrancabermeja, que vio cómo su ciudad fue invadida por campesinos llegados del Magdalena Medio.

Durante la firma del acuerdo final, ayer, sobre las 10:00 de la mañana, estuvo presente el mandatario de los colombianos, el ministro del Interior, Néstor Humberto Martínez Neira; el defensor del Pueblo, José Fernando Castro Caicedo; el procurador Jaime Bernal Cuéllar; el fiscal Anfonso Gómez Méndez; el gerente de la Red de Solidaridad, Carlos Medellín; monseñor Jaime Prieto, obispo de Barranca; el alcalde Elkin Bueno y el gobernador de Santander, Miguel Jesús Arenas.

La biblioteca estuvo rodeada de campesinos que esperaron pacientes la llegada del presidente, sus palabras y la firma del acuerdo. “Gracias a Dios vamos a poder regresar a nuestras tierras, que tanta faltan nos hacen”, dijo Dionisia Agudelo, una anciana del éxodo, quien añadió que “es como volver a nacer, porque vamos a tener más tranquilidad y seguridad en nuestras tierras”.

El presidente Pastrana, tras la firma del acuerdo ?del cual es garante y testigo?, recordó que muchas veces las conversaciones entre los voceros y los funcionarios del Gobierno fueron lentas, pero no por capricho de alguna de las partes, sino por la necesidad de hacer las cosas bien.

“Nuestro deseo era que ustedes no fueran engañados por el Gobierno y sus ministros, aceptando unas peticiones que después no se fueran a cumplir. El propósito de mi administración no ha sido el de sentarse a resolver los problemas de una manera fácil para que al poco tiempo pudiéramos tener de nuevo los mismos problemas”, expresó el mandatario.

Indicó que “vamos a garantizar como gobierno el regreso de todos y cada uno de ustedes a sus hogares, y en eso quiero ser claro, no vamos a ahorrar esfuerzos”.
Para el jefe de Estado, el regreso a casa debe ser tranquilo, sin sufrimientos, pues “ya están los recursos para elaborar el plan de desarrollo que ustedes esperan”.

Explicó a los campesinos que el Gobierno ha propuesto un fondo para la paz con el cual no sólo se beneficiarán las zonas marginadas del país, como la del Magdalena Medio, sur de Bolívar, sino otras zonas donde aflora la pobreza.
Al final, los campesinos aplaudieron y sólo se quedó a la espera de que la comisión verificadora arribe al puerto, pero los mismos voceros del éxodo lo ratificaron: desde hoy, los primeros desplazados viajarán a San Pablo, en busca de un horizonte más claro.

Édgar Quiroga, quien fue uno de los negociadores, afirmó que la economía quedó acabada en la zona y por eso durante el acuerdo, el Gobierno se comprometió a entregar, en primera instancia, un subsidio de retorno de $$280.000 mensuales, a cada una de las 1.700 familias.
Volver a casa, según Quiroga, por la cantidad de personas que involucra, demorará varios días.
 

EL ESPECTADOR, Octubre 5 de 1998
Gobierno sí dialogará con las autodefensas
Bogotá

El Alto Comisionado para la Paz, Víctor G. Ricardo, afirmó ayer que el Gobierno dialogará con los grupos paramilitares en una mesa separada de la guerrilla, y les pidió a éstos grupos que respeten el proceso de despeje adelantado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

Durante una visita al municipio de Puerto Asís (Putumayo), el funcionario respondió a las inquietudes de la comunidad a raíz de unas declaraciones del segundo jefe de las autodefensas, Ramón Isaza Arango, sobre la posibilidad de sabotear el despeje si no se le da a esta organización el mismo tratamiento que a la subversión.
Víctor G. Ricardo, quien se reunió con importantes autoridades, delegados de la iglesia y de la comunidad de esta región del país, señaló a este diario que los diálogos y negociaciones serán iniciadas con todos y cada uno de los grupos insurgentes: Farc, Eln y Epl.

“También se ha dicho con claridad que los grupos paramilitares no estarán en la mesa de negociación con los grupos alzados en armas, pero a través de los instrumentos propios del Estado los convocaremos para que la paz sea una realidad de los colombianos”, señaló el Comisionado.

Alianza contra el delito
Esa es la expectativa que tiene el Gobierno, dijo Ricardo, quien aseveró que no se puede lograr la paz si no existe una verdadera voluntad, y si no se desarman los espíritus por medio de los caminos de la negociación. Agregó que el logro de la paz sólo depende de que los colombianos reconozcan y entiendan que hay injusticia social, y “que tenemos que actuar para crear las condiciones de un proceso serio”.

En el mismo sentido, Ricardo lanzó una convocatoria dirigida a todos los colombianos denominada “Gran Alianza contra el Delito”, que permita crear los mecanismos para derrotar la corrupción, las masacres y “lograr a través de ella, basándose en la justicia, los caminos del sendero de la paz”.

¿Posible división?
Ayer se conoció que presuntamente existiría cierta división al interior de los grupos paramilitares, a raíz de las declaraciones del segundo líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), Ramón Isaza, al señalar que sabotearían el despeje de los cinco municipios.

Al parecer, el máximo comandante de las Auc, Carlos Castaño Gil, rechazó tales afirmaciones argumentando que su grupo no pretende entorpecer o torpedear el proceso para despejar los municipios solicitados por las Farc: Vista Hermosa, Mesetas, Uribe y La Macarena (Meta), y San Vicente del Caguán (Caquetá).

Por el contrario, lo que le preocuparía a Castaño de las Auc, según versiones difundidas por varios medios de comunicación, sería el eventual canje de soldados retenidos por guerrilleros presos.

Como se recordará, el pasado sábado el líder paramilitar Ramón Isaza Arango declaró que el Gobierno está arrodillado ante la guerrilla y, en este sentido, es difícil encontrar la paz.
Ante esta situación, se espera que en próximas horas las Autodefensas divulguen un comunicado.
No obstante, al cierre de esta edición aún no se conocía el mencionado pronunciamiento.

Gobierno definirá salvoconductos
Bogotá

En esta semana el Gobierno nacional expedirá los salvoconductos para los dos voceros del Eln, Francisco Galán y Felipe Torres, recluídos en Itagüí (Medellín), quienes fueron ratificados por el Comando Central (Coce) de esta organización subversiva para adelantar las conversaciones de paz.

A pesar de que el presidente Andrés Pastrana anunció que aún no se ha definido tal mecanismo, este diario conoció que en próximos días el Gobierno debe dar respuesta a la solicitud del Comando Central del Eln, para definir el instrumento que permita a Galán y Torres acudir a la reunión con los representantes de la sociedad civil.

Aunque la información no fue confirmada, ayer trascendió que Galán y Torres se desplazarían el próximo viernes, en un helicóptero, hacia algún lugar de las montañas de Colombia en donde opera el Eln, para efectos de reunirse con los miembros del Comando Central. Luego, se dispondrán a organizar los preparativos para la llegada de los integrantes del Comité Operativo de la Convención, prevista para el próximo lunes 12 de octubre.

El objetivo de este encuentro es definir con exactitud el lugar donde se efectuará la Convención y el número de participantes que representarán a la sociedad civil, aspectos que se darán a conocer al final en una rueda de prensa.
Una vez se terminen de ultimar detalles de estas gestiones, los voceros del Eln regresarán a Itagüí, cumpliendo con su principio de respetar la palabra empeñada.

Con relación a los mecanismos que el Gobierno definirá para expedir los salvoconductos, Víctor G. Ricardo anotó que ya se viene estudiando el tema, y reiteró que quienes opinan sobre el proceso de paz deben hacerlo con responsabilidad, prudencia y discresión porque el momento histórico lo exige
 

EL ESPECTADOR, Octubre 5 de 1998
“Paras no pueden ser chivos expiatorios”
Por: JOSÉ LUIS RAMÍREZ LEÓN
Enviado especial, Maguncia (Alemania)

En la estación de trenes de Mainz, y dentro de los afanes de regresar a Bonn para atender las actividades propias de la observación de las elecciones federales, a las que había sido invitado por el gobierno alemán, se concretó esta entrevista con el tercer hombre al mando del Eln, Pablo Beltrán, quien desarrolla una muy intensa campaña de cabildeo por Europa.  Sentados en la cafetería hay que ir directo al grano, en momentos en que se está ad portas de que el Gobierno defina si les da o no los salvoconductos a los voceros del Eln.

* ¿Cómo va avanzando el proceso de paz en Colombia desde los acuerdos de Maguncia?

Bueno, eso va un poco en zig-zag. A veces hay cuestiones muy positivas. Por ejemplo, en las últimas semanas el presidente le dio por fin el visto bueno a que tuvieran curso todos los acuerdos de Maguncia; se instala una comisión preparatoria para la Convención Nacional; antes de quince días va a haber una reunión en una zona guerrillera nuestra entre el comando central y una buena parte de los delegados que vinieron acá a Maguncia para fijar ya el sitio y la fecha de la Convención Nacional; y va a haber un delegado del Gobierno y observadores internacionales presentes en todo eso.
O sea que desde ese punto de vista será positivo. Pero por otro lado, no estamos muy contentos. Teníamos mayor esperanza de que en verdad Pastrana iba a depurar la cúpula militar.  Sin embargo, eso no ocurrió, siguen en la cúpula militar generales como Hernández, Del Río, Mora, que tienen todos serios cargos de asociación con los paramilitares.
Creíamos que Pastrana iba a hacer más, pero parece que no pudo o no quiso, no sabemos. Tampoco nos parece bien que todo este problema del ajuste fiscal se recargue donde siempre.  Eso también son problemas de la paz.
Si seguimos así, creemos que por un lado hay señales positivas, pero por otro hay negativas, porque parece que el hecho de que Pastrana acepte tan al pie de la letra las disposiciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario, indica que lo que dijo en el discurso de posesión ?que iba a hacer un gobierno por los pobres? pues se quedará en retórica.

* ¿Alguien le está poniendo “conejo” a la paz?

Hace unos años se acuñó el término de los enemigos agazapados, ahí están. Ahí verá a los americanos diciendo que no puede haber despeje. A sectores de los militares diciendo lo mismo. A sectores muy comprometidos con las transnacionales, organizando la economía como siempre para el lado de ellos. Esos son los sectores que siempre están muy aferrados a sus intereses y a sus privilegios.

* ¿Qué piensa hasta ahora el Eln del Gobierno?

Pues van a completarse dos meses de este Gobierno. Creo que va a tener que caminar más rápido, para poder mostrar algo antes de los primeros cien días en términos de paz. Nosotros, en estos cien días, aspiramos a que haya un encuentro al máximo nivel para iniciar el proceso entre Gobierno y Eln.  Vamos a ver si hay voluntad para eso.
A Colombia se le está acostumbrando a manejar a la opinión como manejan los comentaristas de fútbol los problemas de la selección: primero la inflan y después ellos mismos la desinflan. Entonces me parece que ese puede ser el camino que puede estar tomando esto de la paz.

* Se ha dicho que el Gobierno ha favorecido a las Farc por encima del Eln. ¿Usted lo cree así?

Es que hemos escogido caminos diferentes. Las Farc iniciaron un camino directo con el Gobierno. Nosotros iniciamos un camino alterno con la sociedad. Son cosas diferentes. Quizá el Gobierno no ha estado muy a gusto con esto, es un poco restarle su protagonismo como director de orquesta.
Ya sobre tiempos, no tenemos mucho afán. Estas son carreras largas y a nosotros nos interesa es que cada paso que se dé sea de verdad irreversible.

* ¿Quiénes son los enemigos agazapados de la paz?

A ver, yo le digo una cosa que es dura pero es cierta: a mí me parece que hay sectores muy importantes de los empresarios, del campo, sobre todo, que están muy comprometidos con desestabilizar, están muy comprometidos con un proyecto y no les interesa ningún tipo de solución política. Ese, a mi juicio, es el sector que más está aliado con esos militares que Pastrana no controla y que E.U. conoce perfectamente y les da el visto bueno.
Entonces quizá el principal enemigo agazapado de la paz sea el gobierno de los Estados Unidos.

* Usted ha mencionado varias veces a Estados Unidos en esta conversación. ¿Cuáles son los peligros que se ven por parte del gobierno de los E.U.?

Yo le digo solamente dos cosas tomando fuente documental del departamento de Estado. Una: ellos dicen que como el Ejército en Colombia es ineficiente, eso explica la necesidad de paramilitares. Y segundo, que ellos no van a dejar que Pastrana se siente a una mesa de discusión con la guerrilla, con la habilidad militar que tiene. Entonces, quiere decir que su estrategia es más guerra para estar en una mejor posición negociadora y como parte de esa estrategia de más guerra es más paramilitares, o sea, más masacres.

* ¿Y qué pasa con temas como el despeje y el indulto frente a Estados Unidos?

Es que ellos llevan muchos años haciendo guerras y negociando. O sea que si ellos se ponen duros en contra de un despeje, quiere decir que están dispuestos a discutir e irán a pedir cosas antes de ceder. Entonces lo que hay que preguntarse es qué le va a exigir el departamento de Estado o el departamento de Defensa a Pastrana para dejarlo hacer el despeje. O sea que eso a la larga lo van a conceder, pero de aquí hasta allá cuál va a ser ese costo: ¿Pedirán la cabeza de los Rodríguez Orejuela? ¿Qué irán a pedir?. Eso hay que hilarlo más fino.

* ¿Existe algún tipo de pruebas de una mayor intervención de E.U. en Colombia?

Sí, claro, ya el jefe del Comando Sur dijo que Colombia era una amenaza para la estabilidad regional. Eso quiere decir mover tropas, que antes estaban en el Canal de Panamá, hacia la frontera con Colombia, pegadas a Urabá. Es colocar unas tropas de marines, sin explicación, en Esmeraldas (Ecuador) Y es el perfeccionamiento de un tratado de defensa de la frontera colombo-venezolana en la que en un futuro las tropas de Estados Unidos jugarían un papel, ya que la guerrilla en Colombia es una amenaza para la frontera colombo-venezolana.

* ¿Qué es lo que busca el Eln en Venezuela?

Nosotros llevamos dos años invitando a hacer una reunión con el gobierno venezolano. Se han dado intentos de realizarse y tenemos como dudas serias de que ellos prefirieron un acuerdo con el gobierno de E.U. de protección de la frontera, antes a un diálogo nuestro para distensionar la problemática.  Nosotros hemos dicho una cosa: si las Fuerzas Armadas venezolanas respetan la población que hay en las fronteras, ténganlo por seguro que jamás el Eln va a hacer acciones de represalia. Como hay toda una situación supremamente grave en contra de la población de la frontera, en últimas nosotros somos los que sacamos la cara por ellos.

* ¿Cómo se podría dar la participación internacional para la paz en Colombia?

Es importante la presencia de la opinión y de la comunidad internacional, porque en últimas puede ayudar a muchas cosas, o sea un trabajo de facilitación. Pero también es correcto decir que el papel de E.U. no es positivo en qué sentido: ellos son juez y parte, y al ellos ser juez y parte, tienen que definirse, o van sacando las manos de Colombia para poder jugar un papel más imparcial.

* ¿Cómo ayuda en Colombia el ejemplo de paz en Centroamérica?

Esa hipótesis es lo que nosotros llamamos el modelo centroamericano, que es aquel modelo donde la guerrilla desaparece, deja de existir como insurgencia. Ese modelo realmente es impracticable en Colombia, o sea, no es válido.

* ¿Se mantiene la propuesta que usted expresó, de una confederalización del país estilo Suiza?

Pues, esa es una hipótesis. Si somos capaces de eso, sería muy bueno. ¿Cierto? Si no somos capaces de eso quiere decir que seguiríamos hasta que el uno desaparezca al otro.

* ¿Qué hacer con los paramilitares?

Nosotros en eso tenemos una posición que puede parecer inaudita. No compartimos que se les dé un estatus político, pero, eso es lo nuevo, tampoco creemos que deben ser los chivos expiatorios de todo esto, o sea, ni lo uno ni lo otro.  Sobre un mismo proceso, unos mismos cargos, la justicia penal militar exoneró totalmente al general Yanine y sobre los mismos cargos y los mismos crímenes, la justicia civil ordinaria le clavó sesenta años a Vladimir. Entonces, si esa va a ser la forma como vamos a resolver los problemas, lo que estamos alimentando es una nueva generación de resentimiento y una nueva etapa de guerra civil. Eso quiere decir que aquí responden por las cosas, no sólo los autores materiales sino también los intelectuales.

* ¿Qué consecuencias traerá el Tribunal Penal Internacional para el proceso de paz?

Técnicamente, el Tribunal solamente puede entrar a operar en siete años. Mientras tanto se pueden ir preparando casos, pero yo creo que ese es el reto que hay en Colombia: o somos capaces de resolver nosotros las cosas o en siete años ?o sea en el 2005? estoy plenamente seguro de que el primer caso que va examinar el Tribunal Penal Internacional va a ser el caso de Colombia.
Mire un ejemplo: hay una decisión de la Corte Suprema que dice que los casos en los que se den crímenes de lesa humanidad cometidos por militares no los puede conocer la justicia penal militar. Sería letra muerta. Todas las masacres, las desapariciones, las ejecuciones extrajudiciales en que han sido hallados culpables agentes del Estado ya están falladas, pues siguen en manos de la penal militar.
Entonces, ¿cuál voluntad política y quién manda a esos militares? ¿Pastrana conoce eso? Y si conoce eso, ¿por qué no ha hecho nada?. Si no lo conoce, pues quiere decir que apenas va a ser presidente. A ese paso vamos para el 2005 al Tribunal Penal Internacional.

* ¿Extraña el olor de la guayaba, el del cabrito y la pepitoria?

Claro. Estos inviernos fríos de por aquí, así sea el mero otoño, son difíciles. Yo me he encontrado con colombianos que añoran mucho la patria y dicen: ‘ojalá haya una solución pronta para poder regresar’ Acabamos de venir de Suecia y hay 5.000 colombianos exiliados. Hay concejales, hay gente muy activa en los sindicatos y encuentra uno por aquí mucha gente muy valiosa.

* ¿Cómo ve Pablo Beltrán a Colombia en el 2005?

Haciendo un poco de futurología yo sé que el conflicto nunca se va acabar, eso es ideal pensar que los conflictos se acaben. Lo que hay que pensar es cómo los conflictos se van desarrollando de varias formas y sin los costos que están teniendo ahora.
 

EL COLOMBIANO, domingo 4 de Octubre de 1998
Campesinos esperan acuerdo definitivo
Retorno, en manos del gobierno

Para la segunda semana de octubre, si el Gobierno da lo mejor de sí para que las 28 comunidades de desplazadas retornen con dignidad a sus asentamientos, el área general del Cacarica volverá a ser habitada.

 Las primeras avanzadas se instalarán en las riberas de los ríos Limón, donde quedará la comunidad Esperanza en Dios, conformada por 1.600 personas; en el sitio Puerto Nuevo, que pasará a llamarse Nueva Vida, en la zona del río Perancho, vivirán 180 familias.
 
Quienes esta semana realizaron una nueva inspección a la zona, miembros de Vida Justicia y Paz, ONG extranjeras y nacionales y delegados de las comunidades desplazadas encontraron un panorama desolador.
 Los ríos y caños, que son las “autopistas o carreteras de la región” están obstruidas en largos trayectos por palizadas, sedimentos naturales y enormes cadenas de lechugas, arracachos y otras plantas acuáticas que hacen imposible la navegación.
 
Recuperar los caños exige el envío a la región de una pala retroexcavadora, cuyo valor está estimado en 800 millones de pesos, suma, de alguna manera, insignificante si se le compara con lo que invirtió el país en la guerra que estremeció la región o lo que costó la corrupción en los últimos cinco años, estimada en 10.5 billones de pesos, según cifras de la Contraoloría General de la Nación.
 
La obstrucción de los caños resulta tan compleja que una persona puede tardar hasta seis horas para hacer un recorrido que en condiciones normales no pasa de dos.

La soledad igual llevó al desplome todos los techos de las casas, algunas de las cuales es necesario volverlas a hacer. Construir una vivienda digna en la región tiene un valor de $4.060.000, cifra que supera en unos pocos miles de pesos el subsidio que el gobierno brinda para familias de muy bajos recursos económicos en las zonas urbanas, donde la gente no tiene ninguna opción de redención social, ya que termina ocupando una vivienda hacinada.
 Igual es necesario reconstruir las escuelas, los escasos puentes, las tiendas comunales, las cooperativas, los centros de salud y todo lo que el tiempo enterró en la época de la soledad.

EL COLOMBIANO     Medellín, 29 de Noviembre de 1998
1998: el peor año en desplazamiento forzado
Por JUAN DIEGO RESTREPO E. - Medellín

Tal como va la confrontación armada en Colombia, intensificada a pesar de
los acercamientos entre el Gobierno Nacional, la sociedad civil y los dos
principales grupos subversivos del país, ocasionará este año el mayor número
de personas desplazadas  en los últimos 15 años de guerra.

La apreciación surge a partir de un informe entregada por Jorge Rojas
Rodríguez, director ejecutivo de la Consultoría para los Derechos Humanos y
el Desplazamiento, Codhes, quien llamó la atención sobre las consecuencias
que esa situación tiene para las comunidades desplazadas, para aquellas que
tienen que recibirlas y para el gobierno mismo.

"Acabamos de presentar el informe sobre desplazamiento forzado
correspondiente al trimestre julio-septiembre y en él determinamos que
alrededor de 93.000 personas salieron de sus lugares de origen como
consecuencia, casi todos, del conflicto armado", afirma el investigador.

Con esa cifra, en lo que va corrido del año han abandonado pueblos, tierras
y pertenencias poco más de 240.000 hombres, mujeres y niños, quienes
prefieren abandonarlo todo antes que perder la vida.
 

REVISTA SEMANA Noviembre 16 de 1998, Edición 863
Paro y subversión
Por Antonio Caballero

DE TIPACOQUE SALIMOS DE madrugada unos sesenta en el destartalado bus verde del municipio: un bus que el gobierno de Misael Pastrana le donó al colegio allá por el año 72. “Objetivo, el pueblo” ¿recuerdan? Pero no venían sólo los tipacoques. En buses de los colegios, en ambulancias de los centros de salud, en flotas, en tractomulas, en jeeps , en taxis, venían miles de personas de todo el Norte de Boyacá y de Santander, de Soatá, de El Cocuy, de La Uvita y Boavita por la carretera del Norte, y de la Socha y Tame por la ruta de los Libertadores, en una marcha multitudinaria y pacífica sobre Tunja o incluso sobre Bogotá para exigirle al gobierno el cumplimiento de viejísimas promesas: promesas incumplidas desde los tiempos del bus de Misael Pastrana, y aun desde mucho antes, desde el gobierno del general Rafael Reyes a principios del siglo.

Nada excesivo, la verdad sea dicha. La pavimentación de las vías de acceso: la del Norte, que en los mapas de Invías figura como rectificada y pavimentada hasta Cúcuta desde hace más de treinta años, pero en la realidad nunca lo ha estado; la de los Libertadores, que sigue siendo casi la misma trocha para mulas que usaron ellos en las guerras de la Independencia. Pedían también la condonación de deudas a la Caja Agraria de los pequeños campesinos, quebrados por el saqueo de las cajas cooperativas. Y el cumplimiento de viejos compromisos adquiridos con los maestros y con los trabajadores de la salud. Y agua potable.  En fin: simplemente reclamaban atención del Estado para esa región siempre olvidada, parte de la inmensa Colombia ‘real’ siempre olvidada. (La otra Colombia, la ‘política’, se sabe cuidar sola: así, los parlamentarios acaban de subirse sus pensiones de retiro a más de diez millones de pesos al mes por barba.) Venían viejos y jóvenes, maestras de escuela y transportadores y concejales de pueblo, campesinos y médicos, y algún cura, encabezados por una docena de alcaldes. Por primera vez en decenios, tal vez en más de un siglo, el Norte de Boyacá estaba en movimiento.
No llegamos ni a Tunja. En Belén nos bloqueó la policía con los fusiles terciados. Corrían rumores. El paro cívico del Norte iba a ser declarado subversivo, y la marcha pacífica disuelta a tiros. Por la razón de siempre: en Colombia toda protesta es subversiva. Y por el pretexto habitual: el paro cívico estaba respaldado por la guerrilla.
Me imagino que sí. En toda esa vasta región, que ni siquiera sale en los periódicos, hay guerrilla en los últimos años, desde El Cocuy hasta Socha, desde Onzaga hasta Belén. En toda la Colombia ‘real’ hay hoy guerrilla. Pero no es que haya protesta porque hay guerrilla, como sostienen sistemáticamente los gobiernos.  Es exactamente al revés: hay guerrilla porque hay razones para la protesta. La guerrilla en Colombia es la forma extrema --y creciente—que ha adquirido la protesta desoída.

No hubo tiros, sin embargo, porque esta vez la marcha era muy grande. En Belén se apiñaban más de dos mil personas, y otras más empezaban a subir desde La Palmera, decididas. De modo que el gobernador de Boyacá acabó resignándose a venir al pueblo a conferenciar con los alcaldes que coordinaban la marcha. Les dijo lo de siempre: que no había plata. Que así como los municipios no tenían plata, el departamento tampoco, y la Nación todavía menos. Y que nos veíamos en la próximas elecciones.

Pero esta vez no funcionó lo de siempre.  La muchedumbre, indignada, no permitió que el gobernador se escabullera en su helicóptero y lo obligó a comprometerse desde el balcón de la alcaldía a traer al día siguiente nada menos que a tres ministros para firmar acuerdos con los organizadores del paro y de la marcha.  Quisieron luego, en el gobierno, cambiar la cita para Sogamoso, lejos de la gente movilizada. La gente apartó entonces a pulso los camiones de la policía y avanzó hasta Cerinza, al otro lado del Valle. En el Alto de Cerinza esperaban las tanquetas Cascabel del Ejército con los cañones desenfundados.

Pese a todo, algún rastro de sensatez debía de quedar en Bogotá. A alguien se le ocurrió que sería una temeridad provocar a una de las pocas regiones del país que todavía no están totalmente incendiadas, y que más valía negociar. De modo que viajaron a Boyacá los representantes del alto gobierno. No a Cerinza, pero sí a la vecina Santa Rosa; y no los prometidos tres ministros, sino uno solo—el de Transporte--, flanqueado por el director de Vías y tres gobernadores. Y se sentaron con los alcaldes, y firmaron unos acuerdos: por lo visto sí había plata. No mucha: 5.016 millones de pesos para arreglar carreteras. Pero se levantó el paro, se desbloquearon las vías, y la gente volvió a sus pueblos, donde los recibieron con voladores

A ver si esta vez cumplen. En todo caso, es de suponer que el presidente Andrés Pastrana se está quejando ahora amargamente de la irresponsabilidad demagógica de su difunto padre Misael, que donó aquellos buses hace treinta años en vez de dejar que la gente siguiera protestando a pie, que es más difícil.
 

El Espectador  11.11.98
Violencia paramilitar sacude a Colombia
Puerto Trujillo (Meta)

La arremetida paramilitar que desde el fin de semana sacude al país ?con actos de barbarie como asesinatos con motosierra, machete y puñaladas?cobró otras 17 vidas. Esta vez en el Meta, donde seis mujeres y 11 hombres fueron masacrados por miembros de un grupo de autodefensa que incursionó en cuatro poblaciones del suroriente de este departamento.
Desde el pasado domingo, los alzados en armas penetraron en las inspecciones de Puerto Mosquito, Tiyavá, La Picota y La Pica, en límites con Vichada y Guaviare, distante a unas 14 horas en carro desde Villavicencio.
Según las informaciones, la mayoría de las víctimas eran oriundas de Puerto Mosquito y del Alto y Bajo Tiyavá.
El Espectador logró ayer ?desde Puerto Trujillo? una comunicación radiotelefónica con el presidente de la Junta de Acción Comunal de la Inspección de Tiyabá, Javier Bermúdez, quien confirmó los hechos y entregó los nombres de 15 de los 17 muertos: Fermina Sánchez, Amparo Jiménez, Leonor Parada, Delfina Sánchez, Consuelo Espitia, Carmen Becerra, Sebastían García, Rafael García, Benito Quevedo, Pedro Matías, Obdulio Pérez, José Parrado, Javier Bermúdez, Abdón Parada y Gonzalo Espitia.
Delegados de la Cruz Roja Internacional y Nacional viajaron ayer a la zona para brindarle ayuda humanitaria a los familiares de los muertos y en especial a la población infantil que está muy atemorizada.

El relato
 “Todo transcurría normalmente en Puerto Trujillo el pasado domingo, hasta cuando llegó la noticia a las 11 de la mañana: un grupo de hombres armados estaban asesinando varios pobladores de las inspecciones.
“Niños, mujeres y hombres corrieron hacia el río Tebiare ?que sirve de límite entre los departamentos de Meta y Guaviare?, tratando de salvar sus vidas. Unos tuvieron que nadar y otras cruzaron en lanchas el río”, comentaron algunos habitantes de Puerto Trujillo, quienes pidieron mantener sus nombre en reserva, porque “esos Masetos ?como llaman a los paramilitares? son unos bárbaros que llegan con motosierra y machete volando cabezas y pateándolas”, dijo uno de los pobladores.
Por medio de radioteléfonos se comunican entre fincas para saber si vienen ya Los Masetos. “Todos corremos a coger las colchonetas, los plásticos y la comida y a dormir en el monte. Así es nuestra vida desde que supimos que están cerca. Ellos dicen que somos guerrilla, pero lo único que queremos es que nos dejen trabajar. Los Masetos nos mandan razones desde La Pica, en las que nos advierten que nos quieren venir a matar. Aquí nadie duerme tranquilo, esperamos que llegue la noche para ir a dormir al monte y a las fincas vecinas”, comentó otro de los campesinos de Puerto Trujillo.

Las chivas no aparecen
Dos chivas de la empresa Autollano que hacen el recorrido desde Villavicencio a Puerto Trujillo, y viceversa cada ocho días, y que salieron de esta última población el lunes, aún no habían llegado anoche a Villavicencio. “No sabemos qué pasó con ellos, si se ocultaron o fueron interceptados por Los Masetos”, dijo otro poblador.
Don Rubén, un hombre que llegó hace 10 años a Puerto Trujillo, desde el pacifico, manifestó que: “Si llega aquí el Ejército hay que cumplir, si llega la guerrilla hay que callar y si llegan Los Masetos hay que huir. Le pedimos al Gobierno que nos ayude. Nosotros queremos la paz y no la guerra”.
Los habitantes cuentan que existen varios memoriales hechos a la Defensoría del Pueblo y Procuraduría, en los que se han denunciado la presencia de estos grupos en la región desde hace cuatro años, especialmente en Puerto López, Puerto Gaitán y el Alto de Neblina.
Los paramilitares hacen retenes y piden diferentes cuotas. Por ejemplo, por dejar pasar un cilindro de gas cobran $60.000, por camión $1.000.000 y por bus $150.000.
Los niños son los más afectados y de los 48 alumnos que comenzaron el año en Puerto Trujillo, ya se han retirado 24, según lo afirmó la profesora, Mariana Velásquez.
“Los niños están muy nerviosos y lloran mucho. Ellos salen corriendo ante cualquier sonido”, dijo.
 

REVISTA SEMANA Noviembre 2 de 1998, Edición 861
Más sobre políticos
Por Antonio Caballero

IBA A ESCRIBIR SOBRE LA COSA DE LA PAZ. Y de cómo, dentro de la tradición colombiana, las partes en conflicto están ya proponiendo resolver el conflicto que existe mediante el método de crear un conflicto que no existe: el de la partición territorial del país. Tal vez el único tema por el cual no nos hemos matado los colombianos en este siglo (en el pasado sí) es ese. Y ahora, para que nos volvamos a matar también por él olvidando los problemas por los que nos estamos ya matando, saltan los unos a hablar de “cantones suizos” y los otros de“balcanización”. Se ve que no saben ni qué es Suiza ni qué son los Balcanes. Pero en fin: ya habrá tiempo de sobra, mientras la guerra se complica y se prolonga, para hablar de la paz.

Antes quiero comentar las críticas que me han hecho en torno a mi artículo de la semana pasada sobre los 15 colombianos del siglo XX escogidos por esta revista.  Algunas son tontas: “El doctor Carlos Lleras Restrepo sí fue un grande hombre porque tal y tal”. Otras son grotescas: “Antipatriota, vendido, etc.”. Pero una lectora, Erna von der Walde, me envía una carta muy seria.
Dice en ella que lo notable de la lista de SEMANA no es sólo que los personajes escogidos sean casi todos políticos y ex presidentes, sino que los colaboradores de la revista que escriben sobre ellos también lo son. “Llama la atención que de los 15 colaboradores dos sean ex presidentes, otro el hermano de un ex presidente, otro ex candidato a la presidencia, una la colaboradora más cercana de un ex presidente”. Y añade: “La lista de SEMANA es un ejemplo de cómo se perpetúan algunos políticos porque los periodistas hablan de ellos, y de cómo se perpetúan algunos periodistas hablando sobre ciertos políticos”. Y señala:

“Seguimos creyendo que lo que la prensa selecciona como noticia es lo que pasa en la realidad. La prensa, como bien señala la lista de colaboradores, perpetúa la noción de que la política es lo que hacen los políticos y no lo que afecta la vida de los ciudadanos”. Y, tras enumerar algunas cosas que sí han cambiado la vida de los colombianos de modo positivo, como Profamilia, o el proyecto Escuela Nueva, o inclusive el Minuto de Dios, concluye:

“Colombia sí ha dado más que esos políticos parroquiales y mediocres. Pero nadie informa sobre eso”.
La lectora tiene toda la razón. Pero me la da también a mí cuando escribe que lo que hacen los políticos “cambia, sin duda, la vida de los colombianos, pero no para bien”. Es eso lo que vengo diciendo desde hace años y años, y repetía una vez más en ese artículo: que los políticos en Colombia sólo son dañinos (no por ser políticos, sino por ser malos políticos); que los políticos copan todo en Colombia (incluyendo la prensa, o empezando por ella); y que, por ser únicamente dañinos y por coparlo absolutamente todo, impiden que algo distinto surja; y, si a pesar de ellos surge, lo confiscan para ordeñarlo en su propio provecho. Sea lo que sea.  Supongo, por ejemplo, que, muertos ya los fundadores, algún político se habrá adueñado de Profamilia y del Minuto de Dios, como se están adueñando gracias a la ley de extinción de dominio de las fincas de los narcos: no les bastó con sus cheques.
Leía en estos días—en la prensa, porque no hay nada más que leer: también mi lectora lee SEMANA—una historieta ejemplar sobre el triste fin que tuvo la biblioteca de Juan Lozano y Lozano, que fue una de las pocas bibliotecas importantes que han existido en Colombia.  Eran, al parecer, treinta mil libros. Juan Lozano había querido ser poeta y para eso viajó en su juventud a Italia. Pero tuvo que volver a Colombia, y ya en la aduana le preguntaron los políticos: “¿Poeta?  Bueno, pero ¿de cuáles? ¿Liberal o conservador?”. Lozano no entendía. “¿Poeta liberal como el presidente Núñez, o poeta conservador como el presidente Caro?”.  “Liberal”, balbució Lozano, impulsado por su temperamento conservador. Insistieron:
“¿Liberal de López o liberal de Santos?”.  Como en aquel entonces el periódico de Santos era político-literario, en tanto que el de López era político-comercial, el poeta Lozano no titubeó: “De Santos”. Y lo dejaron pasar. A la mañana siguiente llegó a El Tiempo con sus poemas bajo el brazo, con la intención de publicarlos. Y Santos, tras congratularlo por la felicidad de sus rimas, le dijo: “Mi querido Juan Lozano y Lozano, escriba para mañana un editorial contra López”. El poeta lo hizo, en endecasílabos. El del día siguiente le salió ya en mera prosa poética. Y al tercer día se sentó a redactar un tratado: “Perfiles políticos de Colombia”: Santos, López, etcétera.

A él lo había devorado la política, pero le quedaban todavía, intactos, los treinta mil libros de su biblioteca. Los leyó, los releyó, los mandó encuadernar. Pasados los años, por cosas de la política, le llegó la hora de rendir su alma ¿Qué hacer con su biblioteca? Sus hijos eran ya políticos, sus sobrinos también, sus nietos, ya desde entonces, querían ser gobernadores de Cundinamarca. Así que decidió dejarle todos sus libros al Congreso de la República, santuario sagrado de la política colombiana.
El otro día—en la prensa, ya digo— contaban el final de la historia: tras 20 años de abandono, el Congreso de la República pone a la venta la biblioteca de Juan Lozano y Lozano al peso, como papel mojado..