Medellín, domingo 15 de marzo de 1998
EL COLOMBIANO
Tras los cruentos combates
¿...Y ahora qué sigue en la región del Caguán?
El Gobierno Nacional inició ayer una nueva estrategia de guerra en el sur
del país, con el propósito de enfrentar al Bloque Sur de las Farc. La
guerrilla también se estaría preparando para la arremetida militar,
apoyándose en los campesinos. En San Vicente del Caguán piden diálogo Selvas
del Caguán. La arremetida militar en el Caquetá, para enfrentar al Bloque
Sur de las Farc, pretende ser respondida por la guerrilla mediante marchas
campesinas. Autoridades de San Vicente del Caguán piden diálogos locales de
paz.
Por GUILLERMO RESTREPO GUTIÉRREZ Medellín
Los cruentos combates en la región del Caguán, Caquetá, que dejaron más de
sesenta militares muertos y 43 más retenidos por la guerrilla, así como
bajas indeterminadas en las filas del Bloque Sur de las Farc, parecen sólo
el comienzo de la confrontación armada que tendrá como escenario a esa
región del sur del país.
Ayer inició operaciones en la región del Caguán la nueva Fuerza de Tarea
ordenada por el gobierno y la cual depende del Comando General de las
Fuerzas Militares.
Con centro de operaciones en la base militar de Tres Esquinas, la Fuerza de
Tarea está compuesta por el Ejército, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea.
Escudos humanos
Ante esta nueva situación, el Bloque Sur de las Farc estaría organizando
marchas campesinas, similares a las de los “cocaleros” que se dieron el año
antepasado en el sur del país.
En algunas poblaciones del Caquetá, el Bloque Sur de las Farc pretende
utilizar a la población civil como escudo humano para atajar el avance de
las tropas, mediante el desplazamiento en masa de campesinos hacia los
centros urbanos.
Para lograr esto, las Farc convocaron a los educadores de varios municipios
caqueteños a reuniones en las que se les pidió que suspendan las clases,
ante la posible llegada de labriegos.
La estrategia de la guerrilla, no sólo se estaría gestando en poblaciones
cercanas a la zona donde se registraron los combates, como Cartagena del
Chairá y San Vicente del Caguán, sino que incluye municipios tan distantes
al Caguán como Belén de los Andaquíes.
Desde esta última población, un educador dijo que
“hace año y medio ocurrió lo mismo. Llamaron a los educadores para pedirles
que pararan las clases, y cuando nos dimos cuenta fue esa invasión, aquí en
Belén, de campesinos cocaleros”.
EL COLOMBIANO conoció que, adicional a esta convocatoria, el Bloque Sur de
las Farc, desde hace varias semanas, está armando a los campesinos en el
Caquetá para que enfrenten a los paramilitares, ya que se tiene conocimiento
de la presencia de grupos de autodefensa en el Caquetá.
Se trata de grupos pequeños, que son llamados “paraguerrilleros” y que
tendrían como único objetivo enfrentar a los paramilitares, en caso de que
incursionen en la región.
Inversión, en vez de balas
Mientras suenan tambores de guerra en el Caguán, un grupo de personas de San
Vicente se encuentra en la capital del país, con el propósito de
entrevistarse con el presidente Ernesto Samper, para solicitarle que permita
el inicio de diálogos locales con la guerrilla en esa población del Caquetá.
El grupo está conformado por el alcalde de San Vicente del Caguán, Omar
García; el sacerdote y sociólogo Leonel Narváez, quien trabaja en esa región
hace diez años; así como con un grupo de comerciantes del municipio.
El padre Leonel Narváez dijo a EL COLOMBIANO que “en el Caguán lo que se
tiene que reforzar no son las balas sino la inversión económica y social.
Una intervención militar en la región no va a acabar el problema”.
Respecto a los planes que tendría la guerrilla de agrupar a los labriegos en
marchas, el sacerdote agregó que “va a ser muy difícil que se logre
organizar a las personas esta vez. Los movimientos cocaleros dejaron una
marca demasiado triste y trágica entre todos los campesinos, porque
perdieron casi cuatro meses de trabajo, como para ahora querer maltratarse
ellos mismos”.

Medellín, jueves 30 de abril de 1998
EL COLOMBIANO
Antioquia
21 las víctimas de la masacre en Urrao

 La incursión de un grupo armado al corregimiento La Encarnación y sus veredas vecinas tenía consternada a esta población del Suroeste antioqueño no sólo por el elevado número de víctimas (anoche se hablaba de 21) sino porque la matanza entorpece un proceso de paz que se venía gestando en la zona.
 De la acción de los violentos no se salvó ni el centro de salud del corregimiento La Encarnación. Para evitar la atención de los heridos quemaron las instalaciones de la unidad médica. Esta acción armada sembró desolación y muerte en una vasta zona rural de Urrao. Enviado especial JUAN DIEGO RESTREPO Urrao
 
“Como a la una de la tarde vi que unos hombres, vestidos con uniformes del Ejército, se montaron por las rejas del centro de salud y le echaron candela, luego fueron a mi casa y me dijeron que saliera para que participara en una reunión, al rato me devolvieron”.
 Media hora más tarde, encerrada en su casa, escuchó los disparos que acabaron con la vida de diez campesinos de la región, en una de las esquinas del corregimiento La Encarnación, en Urrao, Suroeste antioqueño.
 Así relata un habitante de la población, lo que es hoy la masacre más grave que se ha cometido en el presente año en el departamento de Antioquia: 21 muertos, a manos de un grupo al margen de la ley, al cual las autoridades, tanto civiles como de la fuerza pública, lo describen tal cual les han dicho los campesinos que presenciaron la matanza: vestían uniformes de uso privativo del Ejército Colombiano, botas militares y armas largas.
 “Ellos reunieron como a 25 ó 30 personas, entre hombres, mujeres y niños.  Luego dijeron que las mujeres y los niños se fueran de allí; también sacaron del grupo a los más ancianos, hasta que dejaron a diez personas. De ahí en adelante sólo escuchamos los disparos”, relató otro de los testigos. Los labriegos aseguran que a nadie le pidieron documentos de identidad y que iban por los diez que mataron.
La escena
 En una esquina de plaza de La Encarnación quedaron tirados Luis Alfredo Henao Montoya y Francisco Castillo Rueda, ayudantes del bus que cubre la ruta entre el corregimiento y Urrao; Omar Henao y su sobrino de 14 años; Conrado Montoya, Edgar Holguín, José Sepúlveda, Andrés Quiroz, Ángel Montoya y Argiro Olaya.
 La sevicia de los homicidas, en un número cercano a los 300, que coparon todas las salidas del pequeño caserío, llegó al punto que luego de ultimar a sus víctimas, forzaron las puertas de varias tiendas y las saquearon.
 “Al escuchar esa balacera tan horrible, muchos de nosotros nos fuimos a dormir al monte, allí pasamos la noche y esta mañana (ayer), bajamos a recoger a los muertos”, dijo uno de los dolientes.
 Cabe señalar que ninguna autoridad se hizo presente en el lugar de los hechos para hacer la respectiva inspección judicial a los cuerpos, de tal forma que ocho de los cadáveres fueron velados en el caserío y trasladados al mediodía al casco urbano, previa autorización de uno de los comandantes del Frente 34 de las Farc, denunció un habitante del sector.

Huellas de sangre
 Según testigos, los agresores salieron del caserío por mismo camino que entraron, el Cañón de El Maravillo, que conduce a los municipios de Abriaquí y Frontino. En su retirada, robaron caballos y mulas. De ahí que la gente de esa región se encuentre aislada del resto del municipio, pues los animales son su único medio de transporte.
 Luego de que los homicidas abandonaran el sitio, llegaron hasta la vereda El Maravillo, donde segaron la vida, de la misma manera, de otras once personas, hecho que las autoridades sólo conocieron ayer tarde, por boca de un educador del sector que pudo escapar hasta Urrao e informar de lo sucedido.
 Las víctimas fueron identificadas como los parientes Humberto, Domingo, Luis Aníbal, Luis Alberto, José y Robinson Quiroz y los también familiares Alejandro, Miguel y Fabián Hidalgo. Anoche no había podido establecerse el nombre de otros dos labriegos. Este ataque dejó tres personas heridas: Osiel Quiroz, Alexander y Nilson Carvajal.
 Algunos campesinos que alcanzaron a llegar a La Encarnación aseguran que los muertos pueden ser más, por cuanto el robo de las bestias y el temor que cunde en la región han impedido saber algo de la vereda La Clara, sitio en el que, se presume, los agresores también cobraron “justicia” por mano propia.
Toman medidas
 En una reunión celebrada en el recinto del Concejo de Urrao, a la cual asistieron los comandantes de la IV Brigada, general Carlos Alberto Ospina Ovalle, de la Policía Antioquia, coronel Luis Eduardo García Osorio y la defensora del Pueblo para Antioquia, María Girlesa Villegas Muñoz, se tomaron algunas decisiones para intentar pacificar la región y controlar la emergencia.
 En la tarde, una comisión interdisciplinaria y humanitaria se desplazó hacia La Encarnación para tratar de evacuar a los heridos y trasladar los cuerpos de los campesinos muertos en El Maravillo. Mientras tanto, para hoy se espera que las autoridades locales organicen todo lo relacionado con el sepelio de las víctimas.
“Había un proceso de paz en marcha”: alcalde
 El alcalde de Urrao, Iván Darío Posada García, mostró su preocupación por la matanza ocurrida en su municipio, por considerar que entorpecería un proceso de pacificación que se venía gestando en la localidad desde finales del año pasado.
 “Esta tarde (ayer) nos reunimos con una comisión de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Cruz Roja, la IV Brigada y la Policía Antioquia”, para confrontar y aclarar la información sobre lo sucedido en La Encarnación y sus veredas vecinas.
 “Desde hace cuatro meses había relativa tranquilidad en Urrao y no contábamos con estos hechos”, dijo Posada, quien se abstuvo de sindicar a un grupo armado en particular, por carecer de las pruebas necesarias: “hasta el momento, no hay elementos suficientes para saber a cuál grupo se le pueden atribuir estos hechos. La fiscalía será la encargada de adelantar la investigación”.
 “En la búsqueda de la paz para Antioquia se había iniciado un proceso de diálogo con el Frente 34 de las Farc, con la intervención de algunos obispos y habíamos logrado unos acuerdos preliminares”, comentó, al explicar que las partes involucradas decidieron hacer una pausa en el proceso “para refinar algunos detalles y darle el impulso definitivo”. Y anunció que la Asesoría de Paz y Convivencia se comprometió a seguir acompañándonos en este propósito de diálogo.
 Frente a las decisiones a corto plazo para controlar la situación de violencia en el municipio, el mandatario local anunció que en los próximos quince días se ubicarían en la población otras dos bases militares, una en La Encarnación y la otra en la zona de El Maravillo, regiones frecuentadas por la guerrilla.
 Sobre la población desplazada de la zona a raíz de este ataque, sostuvo que “sabemos que se presentarán, pero no haremos bulla sobre eso; si llegan bien, estamos preparados”.

Una angustia constante...
Por EL COLOMBIANO Medellín

Una nueva masacre llevó dolor, desesperanza, terror e incertidumbre a Urrao: "son 21 las nuevas víctimas, en fila, pero es la prolongación de la angustia, pues el año pasado fueron 200, uno por uno, sin escándalo", dijo un testigo del hecho.

 "Llegaron desde Abriaquí... Atravesaron la zona selvática y entraron...", sostuvo angustiado, con la voz temblorosa, al narrar que los agresores, antes del mediodía del martes tocaron las puertas, casa por casa, "y nos obligaron a salir".
 Dejaron los niños encerrados, "por orden de ellos", mientras esperaban el arribo de la chiva (bus escalera) procedente de Urrao. "Estábamos reunidos todos en el parquecito, único en el caserío, con la incertidumbre de que, tal vez, todos seríamos los muertos".
 Llegó el vehículo y, de inmediato, uno de los integrantes del comando nos
obligó a regresar a nuestras casas y separó a los viajeros: "a diez de ellos, los obligaban a tenderse en el piso. Después escuchamos los disparos".
 La línea, como se le conoce, es el único contacto del corregimiento con el
pueblo; por eso, es costumbre aglomerarse alrededor de la plaza para verla llegar todos los días a las tres de la tarde, agregó.

Larga espera

 "Nos alimentamos de zozobra", afirmó una comerciante de la población, tras
recordar que durante los últimos dos años "hemos visto cómo caen nuestros amigos por el hecho ser señalados como colaborador de uno o de otro bando".
 Se refirió a las muertes selectivas, que según el Ministerio Público fueron
cerca de 200, producto de una oleada silenciosa, pero contundente, atribuida
a grupos de extrema derecha.
 "Todos aquí sabíamos que eran ellos (organizaciones al margen de la ley) los
que hacían la famosa `limpieza social', limpieza que nos costó muchas vidas inocentes, mucho dolor, muchas lágrimas, no sólo por nuestros muertos sino
porque vimos partir a gente que queríamos".
 Y recordó que, a finales del año pasado, la situación pareció cambiar, porque los organizaciones enfrentadas dejaron de accionar militarmente en la región, al punto que muchos campesinos de veredas apartadas empezaban a dejar el temor de bajar de sus parcelas.
 "Pobrecitos, parecían prisioneros", advirtió, tras resaltar los efectos negativos que tendrá esta nueva incursión violenta, ya que "veníamos disfrutando de una calma relativa" porque, al menos, habían cesado los asesinatos y la presión en la zona rural.
 Recordó que en la encrucijada también tuvieron que ver los grupos
guerrilleros, pues mantuvieron un cerco sobre una vasta zona aledaña a La
Encarnación, donde no permitían el paso de ninguna persona, con los riesgos
que ello trae para los habitantes del sector, en virtud que hacían imperar
su voluntad, por arbitraria que fuera, situación que obligó también a que
muchos labriegos abandonaran sus predios.
 

Medellín, jueves 30 de abril de 1998
EL COLOMBIANO
Colombia

Visión de un periodista español
 El corresponsal en Bogotá de Televisión Española (TVE), José Manuel Martín Médem, quien intervino en el seminario a título personal, manifestó que “en Colombia es imposible una negociación”, en franco desacuerdo con lo expuesto por Ríos y Álvarez Gardeazábal.
 El corresponsal sustentó su afirmación en el grave deterioro de los derechos humanos en el país, por lo que consideró que “la guerrilla se suicidaría si entrega las armas”, sin que antes se verifique un avance sustancial en el respeto de tales derechos, y se refirió al exterminio sistemático del que han sido víctimas los guerrilleros reinsertados en procesos de paz anteriores y los militantes de organizaciones políticas como la Unión Patriótica (UP).
 Martín Médem advirtió también que en Colombia se corre el riesgo de que un eventual proceso de paz se haga sin que existan las condiciones para que ésta prospere por la presión internacional y de los medios de comunicación extranjeros.
 Al respecto señaló que ese forzamiento podría traer consecuencias como las que se están viendo en El Salvador, donde, según dijo, hay más muertos que cuando se estaba en guerra, y en Guatemala donde la paz sufrió un grave golpe esta semana, con el asesinato del obispo Juan Gerardi.
 El periodista español, que fue muy crítico con el gobierno Samper por el acoso hacia los periodistas y medios críticos, dijo que antes que una paz a cualquier precio, lo que se debe buscar es un país cuyas condiciones políticas, económicas y sociales permitan que la paz germine.
 

Medellín, jueves 30 de abril de 1998
EL COLOMBIANO
Antioquia
Se necesita ropa y alimentos para desplazados de San Rafael

 A la reunión realizada en la Gobernación de Antioquia asistieron 23
representantes de los municipios del Oriente, funcionarios de la administración departamental y miembros de las fuerzas militares y de Policía. En ella se analizó la situación de orden público en la región y quedó en claro que, a pesar de la presión de los grupos armados ninguno de los alcades piensa renunciar.
 Como dramática calificó el asesor para el Oriente antioqueño, Pedro Pablo Jaramillo Monsalve, la situación que vienen atravesando los municipios de esta zona del departamento, algunos de los cuales se han convertido en el centro de la disputa territorial entre los grupos guerrilleros y paramilitares.
 Luego de la reunión citada por el gobernador (e), Oscar Arboleda Palacio, a la cual asistieron 23 representantes de las administraciones municipales de la región, los funcionarios de la administración seccional ratificaron su interés en atender eficamente la situación de los casi 2.000 desplazados que se encuentran en el casco urbano de San Rafael y poblaciones vecinas.
 Según el secretario de Gobierno Departamental, Néstor Hincapié Vargas, tanto las fuerzas militares como de Policía están haciendo grandes esfuerzos para recuperar la tranquilidad en la región y se den las condiciones para el retorno de los campesinos a sus parcelas.
 Indicó además que el Dapard (Departamento de Atención, Prevención y Recuperación de Desastres) y la Dirección Seccional de Salud están a cargo de la prestación de algunos servicios básicos para la comunidad desplazada.
 No obstante, habitantes de San Rafael se comunicaron con EL COLOMBIANO solicitando una mayor vinculación por parte del gobierno departamental pues hacen falta cobijas, ropa en buen estado (especialmente para los niños), utensilios de cocina, útiles de aseo y alimentos no perecederos.
 Señalaron que en las instalaciones de la Alcaldía se están recibiendo las donaciones y pidieron a las empresas, comerciantes o habitantes de la región que puedan vincularse lo hagan lo más pronto posible.
Búsqueda de soluciones
 Para el asesor departamental, lo que hace diferente la situación del Oriente con la de otras áreas del departamento es que el enfrentamiento entre los grupos armados se hace de una forma directa, afectando de manera significativa a la población no civil que se ha visto obligada a abandonar sus cultivos y sus viviendas.
 Según el comandante de la IV Brigada, Carlos Alberto Ospina Ovalle, los combates  entre insurgentes y autodefensas tuvieron su origen en una “lucha territorial”, donde los primeros quieren “ratificar su dominio en la zona de embalses, vital para infraestructura eléctrica del país”.
 A este respecto, Hincapié Vargas señaló que “para nadie es un secreto el potencial hidroeléctrico e industrial que representa el Oriente antioqueño y que de ahí surge el interés de los alzados en armas”.
 “El problema aquí no es cuántos miembros de la subversión o de las autodefensas están en la zona. Lo importante es saber qué va a hacer el Gobierno Nacional, saber si se van o no a realizar diálogos y si se va a declarar una zona de distensión”, afirmó Jaramillo Monsalve.
 Aclaró que, si bien es cierto que se necesita entrar a buscar lo más pronto posible una solución negociada al conflicto que se presenta en el Oriente, es muy corto el tiempo que lleva la actual administración para que poder concretar una negociación.
 
EL TIEMPO
Miércoles 29 de abril de 1998
Clinton: 'Caso colombiano es extremadamente grave'

 En un informe al Congreso, Clinton dice que seguirá aplicando sanciones económicas a los jefes del cartel de Cali; afirma que 41 empresas de la mafia han sido liquidadas y 3.000 cuentas bancarias ilícitas han sido cerradas por tres bancos colombianos,  mientras que “una farmacia que tenía ingresos anuales de más de 136 millones de dólares, ha quedado reducida a operar en efectivo únicamente”. Reacciona Directora de Estupefacientes.

 En un informe al Congreso en el que refrenda el bloqueo impuesto a los bienes de los jefes del cartel de Cali desde octubre de 1995 en territorio estadounidense, el presidente Bill Clinton aseguró que "la magnitud y dimensión del problema en Colombia -quizás el principal país del mundo en términos del comercio de cocaína- son extremadamente graves".

 "Continuaré ejerciendo -agregó- los poderes a mi disposición para aplicar sanciones económicas contra los narcotraficantes extranjeros significativos y sus actividades violentas y corruptas en tanto que estas medidas sean apropiadas, y seguiré informando periódicamente al Congreso de los acontecimientos significativos...".

 El pronunciamiento lo hizo Clinton al notificarles a los congresistas su decisión de mantener el estado de emergencia nacional en relación con los traficantes de drogas del cartel de Cali, a fin de evitar cualquier transacción de los bienes de la mafia en territorio estadounidense. Este estado de emergencia se encuentra vigente desde el 21 de octubre de 1995.

 Anoche, la directora Nacional de Estupefacientes, Ivonne Alcalá Arévalo, dijo a EL TIEMPO: "El informe rescata y reconoce la cooperación del Gobierno de Colombia en relación con las medidas del Gobierno de E.U. Reconoce, por ejemplo, que tres bancos colombianos han cerrado unas 3.000 cuentas de origen ilícito".

 En la práctica, la orden del Ejecutivo de E.U. impide que cualquier persona pueda efectuar en Estados Unidos transacciones comerciales -incluso a través de empresas de fachada o sus agentes- con los bienes de los líderes del cartel de Cali,  encabezados por los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, recluídos en el pabellón de máxima seguridad de la Penitenciaría Central La Picota.

 Clinton recordó que la figura del estado de emergencia nacional "provee a mi administración una herramienta para combatir las operaciones de narcotraficantes extranjeros significativos que se centran en Colombia y la violencia, corrupción y
perjuicio sin paralelo que éstos causan en Estados Unidos y en el extranjero".

 Su informe al Congreso tiene como propósito relatar cuáles han sido las acciones emprendidas por el gobierno de E.U. contra los líderes del cartel de Cali desde el 21 de octubre de 1995 cuando se congelaron las propiedades de la mafia en territorio estadounidense.

Balance

 Clinton notificó al Congreso que las sanciones impuestas por su administración "han tenido un impacto significativo en el cartel de drogas de Cali". De las 133 entidades comerciales señaladas de modo oficial de tener nexos con la mafia, 41 han sido canceladas o están en proceso de liquidación. Esto, indicó, hasta el 20 de febrero de 1998.

 Es decir, explicó, se actuó contra casi una tercera parte de las empresas ilícitas, "con un valor combinado que se estima en más de 45 millones de dólares e ingresos combinados de más de 200 millones de dólares".

 En su informe, Clinton reveló que tres bancos colombianos han cerrado unas 3000 cuentas de origen ilícito y "una farmacia que tenía ingresos anuales de más de 136 millones de dólares, ha quedado reducida a operar en efectivo únicamente".

 "Estos resultados específicos -aseguró- aumentan el efecto menos cuantificable, pero significativo de negarles a los individuos y entidades del cartel designados el acceso a los servicios financieros y comerciales de Estados Unidos".

 Precisó que su gobierno gastó aproximadamente 620.000 dólares en la lucha contra el cartel de Cali, en virtud de la figura del estado de emergencia nacional. Esto, dijo, en el período comprendido entre el 21 de octubre de 1997 al 20 de abril de 1998.

 La versión del informe de Clinton ante el Congreso la difundió ayer en Bogotá el Servicio de Información de la Embajada de los Estados Unidos (Usis).
 

Abril 27 de 1998, Edición 834
Las fuerzas oscuras
Por Roberto Pombo

 LA ESQUIZOFRENIA LINGÜISTICA Colombiana, esa manía tradicional de cambiarle el nombre a las cosas para fingir que no existen, tuvo la nota más destacada hace como una semana. Una noticia de prensa sobre el crimen contra Eduardo Umaña señalaba que la investigación arrojaba  indicios de que los responsables del hecho “son fuerzas oscuras que pretenden desestabilizar al país”.
 Para qué investigar más. A tan sólo horas del asesinato ya había aparecido el responsable, quién sabe si gracias al retrato hablado: fueron las fuerzas oscuras. Para que no digan que la justicia no funciona y dejen de hablar de impunidad de una vez por todas.
 Lo que no aclaró la noticia fue si esas fuerzas oscuras son parientes, conocidas o compinches de otras fuerzas oscuras que han sido señaladas en otras ocasiones como posibles responsables de otros sucesos, en general de sangre. No dice si tienen algo que ver con las fuerzas oscuras que vienen redactando los informes de Amnistía Internacional desde hace como 30 años sobre violación de los derechos humanos en Colombia.
 Porque, desde que yo recuerdo, cada informe de Amnistía sobre ese tema viene a seguido de manera automática por una descalificación del presidente de turno y de su más alto oficial militar, en declaraciones que suelen coincidir en que detrás de la elaboración del informe sobre Colombia hay fuerzas oscuras que quieren desestabilizar al país. Lo que no sé es si serán las mismas que mataron a Eduardo Umaña o serán otras.
  Tampoco aclara la noticia si esas fuerzas oscuras tienen que ver con las que fueron acusadas por los funcionarios de turno de haber matado a tres candidatos presidenciales en la campaña electoral de hace ocho años, en plena guerra contra el narcotráfico. Quién sabe. Ni se explica si se parecen a las que exterminaron en toda la extensión de la palabra a la Unión Patriótica. O si son las que hacen los
secuestros de los extranjeros en los retenes de los caminos o las que boletean a los finqueros o las que extorsionan a las petroleras, o las que asesinaron a Alvaro Gómez, a los investigadores del Cinep, a María Arango...
 Aquí siempre ha habido violencia, pero no siempre fuerzas oscuras. Las de este siglo, por ejemplo, han sido bastante claras. Desde las guerras de comienzos de siglo y hasta la década de los 60 se sabía que eran los liberales, los godos o ambos los que ejercían o instigaban el ejercicio de la violencia, según el momento, con la disculpa del centralismo, el federalismo o la falta de garantías.
 La violencia de las guerrillas comunistas era bastante clara y la de las autodefensas campesinas que generaron como respuesta también. Y ambas se inspiraban, con mayor o menor grado de inteligencia, en ideologías que solían tener origen o resonancia en partidos políticos o sectores de partidos legales, de izquierda o de derecha. Pero ahora no.
 Ahora la manifestación de la violencia no es la fuerza que acompaña el discurso, sino que es el discurso mismo. Ya no hay derecha sino paramilitares (o militares, vaya uno a saber). Ya no hay izquierda sino una guerrilla cuyos últimos exponentes de la ortodoxia comunista clásica, como Alfonso Cano, le van dando paso a los pragmáticos que ascienden en la estructura de poder como resultado del éxito de acciones como el secuestro multinacional en la vía al Llano.
 El país, poco a poco, se va acostumbrando a eso; y es tan contundente y pavorosa la violencia que nadie se atreve a mencionarla por su nombre. Ni siquiera las autoridades. Ellas han preferido, para evitar problemas, ponerle un nombre inocuo que no vaya a molestar a los bandidos: las fuerzas oscuras.
 Pero la estrategia no parece haber funcionado. Colombia ya encabeza la lista
de los países más violentos del mundo, avanza a punta de méritos en el escalafón
de la corrupción, ya ha logrado inquietar la estabilidad de todos los países limítrofes y de buena parte del hemisferio. Y tiene ante la nariz el dedo acusador de la comunidad internacional por narcotraficante y violador de los derechos humanos.
 El presidente de la República es el único capaz de ponerle la voluntad política necesaria para que esas fuerzas oscuras se vuelvan claras, y poder así eliminarlas.   Por eso sería bueno que quienes aspiran hoy a ocupar ese cargo se refieran al tema de una manera menos oscura de lo que lo vienen haciendo hasta ahora.
 

Cambio 16
ABRIL 27, 1998
Mensajes con huellas de Sangre

    José Noé Ríos, consejero presidencial de paz, salió raudo el sábado 18 de abril de la funeraria San Juan de Ávila, en el norte de Bogotá, rumbo al aeropuerto Eldorado. Allí tomó un vuelo con destino a Madrid. Su cuerpo de escoltas era más fuerte que el habitual. En la funeraria velaban el cadáver de María Arango, una veretana luchadora social, de 60 años, que había sido un símbolo como militante del Partido Comunista en los años 60 y 70 y que hacía dos semanas había adherido a la campaña de Horacio Serpa, quien la había designado para trabajar en su proyecto de paz rural.  Cuando Ríos sobrevolaba el Atlántico, el país se conmovió con el asesinato de Eduardo Umaña Mendoza, un conocido penalista de 51 años que había dedicado su vida profesional a defender presos políticos y líderes sindicales. Umaña era el «Luis     Carlos Galán jurídico» del país, como lo definió un alto oficial de la Policía. Dos meses antes había sido asesinado en Medellín Jesús María Valle, de 53 años, presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia. Y hace 11 meses fueron asesinados en su apartamento en el norte de Bogotá, mientras dormían, Elsa Alvarado y su esposo Mario Calderón, una pareja de ambientalistas que buscaban preservar el riquísimo ecosistema de la región de Sumapaz, donde las Farc ejercen amplio dominio.
     En los casos de Umaña, Valle y Arango, el método tiene grandes semejanzas: los pistoleros utilizan el engaño y la presencia de una mujer para que sus víctimas los reciban, disparan con increíble sangre fría directo a la cabeza y, por lo general, dejan vivo a un testigo para que relate los pormenores.
     Fuentes de inteligencia indicaron que entre los asesinatos de la pareja Calderón Alvarado y los más recientes, los criminales refinaron su estrategia. En el primero utilizaron un escuadrón relativamente grande que cometió «el error» de mantener comunicaciones internas que luego permitieron capturar a quienes están sindicados de ser los autores materiales. En el de Umaña, fueron apenas tres personas: dos hombres y una mujer y no hubo comunicaciones entre ellos.
     El asesinato de Maruja, como le decían sus amigos, ocurrió en una zona rural del municipio de La Calera, en los cerros que rodean por el nororiente a Bogotá. La que fuera en otros tiempos una bucólica región aledaña a la capital en la que convivían campesinos y algunos bogotanos de clase media y alta, se ha convertido en una zona muy tensa donde hacen presencia un frente de las Farc, una brigada del Ejército y tres organizaciones Convivir. Hay otro elemento que se ha convertido en un enigma para los investigadores.
     Maruja ya no reunía las condiciones de un «objetivo» propiamente dicho. No tenía ninguna figuración pública hasta el punto de que sólo tras su muerte se recordó que había entrado a formar parte de los cuadros políticos de Serpa. Pero, de todos modos, ella era un símbolo de la lucha de la izquierda.
     A la serie de asesinatos de los últimos días sucedió la zozobra. Altas autoridades y organizaciones no gubernamentales disponen de varias listas de amenazados que tienen una o varias características: son defensores de los derechos humanos, propugnan por una solución política al conflicto armado o han estado vinculados a la negociación del preacuerdo de paz con el Eln.  En este último renglón se ubica José Noé Ríos, a quien el ministro de Defensa, Gilberto Echeverri, lo llamó hace algunos días a su despacho y le comunicó de manera perentoria que su vida corría serio peligro.  Ríos no sólo es uno de los artífices del preacuerdo con el Eln, que por lo pronto está en el congelador. Él fue también negociador del despeje militar pactado por el Gobierno del presidente Ernesto Samper con las Farc para la devolución de los 60 soldados que estaban en poder del grupo guerrillero desde el asalto a la base de Las Delicias, en agosto de 1996. Toda la negociación fue calificada de «circo» por el entonces comandante de las Fuerzas Militares, general Hárold Bedoya. Pero hubo un hecho que, a juicio de algunos analistas consultados, resultó «imperdonable»: la transmisión de la devolución de los soldados en directo por la Señal Colombia, cadena estatal de televisión, con himno de las Farc incluido y formación de los soldados del Ejército por órdenes de los jefes guerrilleros. Las amenazas contra Ríos parecen originarse más en la negociación de Las Delicias que en el preacuerdo con el Eln.
     Una fuente del Ejecutivo confirmó que, de los nombres que circulan, hay tres por los que más teme el alto Gobierno: Lucho Garzón, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT); Ana Teresa Bernal, coordinadora de la Red de Iniciativas por la Paz, y Alfredo Molano, escritor y sociólogo asesor en asuntos de paz del Gobierno. Tan pronto fue asesinado Umaña, todas las miradas apuntaron a Carlos Castaño, coordinador de los grupos de Autodefensa.  Castaño salió presuroso a decir que él no era el responsable. Las fuentes consultadas coincidieron en señalar que un hombre capaz de admitir haber sido el autor intelectual de la horrenda masacre de Mapiripán, donde fueron asesinados decenas de campesinos «acusados» de servir de enlace con la guerrilla, no tendría motivos para negar la autoría de la
 La credibilidad que se les dio a las palabras de Castaño se funda, además, en que si quiere legitimar a las Autodefensas como grupo político en un eventual proceso de paz, en nada contribuye que ordene el asesinato selectivo de defensores de derechos humanos.
     Al margen de las múltiples opiniones sobre lo que está pasando, lo cierto es que Colombia está en la mira internacional en materia de violación de los derechos humanos. En el último año, cada 15 días, en promedio, ha sido asesinado un defensor de esos derechos o ha tenido que exiliarse otro a raíz de las amenazas.
     ¿Quién, entonces, está matando selectivamente a los defensores de los derechos humanos? ¿Por qué suele agudizarse la guerra sucia luego de las derrotas militares del Ejército? ¿Qué relación existe entre los asesinatos y la campaña presidencial que está a todo vapor? ¿Cuál es la relación que hay entre los asesinatos y las posibilidades de que se firme un acuerdo de paz con la guerrilla Lo primero que se debe advertir es la increíble impotencia del Estado para hacer frente a esta ola de terror. La decisión del Gobierno de reforzar la seguridad de las personas vulnerables es importante pero, en últimas, busca la fiebre en las sábanas.  Ningún ejército de escoltas, por bien armado y entrenado que se encuentre, será suficiente para detener los asesinatos selectivos.
     Las fuentes consultadas por esta revista coincidieron en señalar que puede tratarse de sectores de ultraderecha que pretenden radicalizar de tal manera la situación del país que se allane el camino para una salida de fuerza, algo así como el de una dictadura civil del estilo del «fujimorazo» peruano.  La argumentación apunta a que es tal la debilidad a la que ha llegado el Estado colombiano frente a la barbarie de la guerra, que se hace necesario copiar el modelo aplicado en Perú: suspensión de garantías; que los civiles puedan ser juzgados por militares; nombramientos de militares como jefes de Gobierno en áreas de conflicto; suspensión de organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos y, de ser necesario, clausura del Congreso si se atraviesa por el camino.  Las condiciones políticas podrían estar dadas para el fujimorazo en la medida en que la creciente corrupción política, el alto índice de desempleo y la progresiva frustración frente a los intentos de paz permitirían que el pueblo recibiera con alborozo la llegada de la mano dura. Esos sectores de ultraderecha interesados en ambientar el clima de confrontación definitiva podrían contar en sus filas con miembros activos de la Fuerza Pública. No en vano los integrantes de las ONG que se reunieron con el presidente Ernesto Samper el jueves de la semana pasada pidieron, como primer punto del orden del día, que se revisaran los archivos de inteligencia de los organismos de seguridad del Estado para determinar si en ellos reposa información que pueda vulnerar sus derechos al vincularlos, por ejemplo, con organizaciones guerrilleras. Y no en vano el Gobierno accedió a esa petición. La Procuraduría procederá a revisar esos archivos.  Pero reducir todo únicamente a que se trata de un complot de miembros aislados de la Fuerza Pública podría ser miope, en la medida en que en Colombia existen sectores del Establecimiento cada vez más convencidos de que la solución es la fuerza, y que es necesario radicalizar el conflicto sin importar los métodos. (Como si la solución de fuerza que viene aplicándose desde hace 50 años en Colombia hubiera solucionado algo esa violencia que, en lugar de disminuir, ha ido en aumento...).
 No hay que olvidar que un grupo de civiles le pidió, al hasta hace poco embajador de Estados Unidos, Myles Frechette, «permiso» para alentar un golpe de Estado en el país.  CAMBIO16 obtuvo, por otra parte, copia del primer informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, fechado el 27 de marzo pasado, en cuya página 25 dice: «Miembros de la Brigada XX de Inteligencia del Ejército expresaron a la oficina en Colombia que el 85 por ciento de las personas consideradas por ellos subversivas llevan adelante lo que los militares llaman la «guerra política».  Dentro de esta denominación definen las actividades de algunas organizaciones no gubernamentales, las de los sindicatos, las de algunos partidos políticos, como el Partido Comunista, e incluso de algunos miembros de partidos tradicionales. Según esta visión, sólo un 15 por ciento de los subversivos está alzado en armas... Acorde con esta visión, los ataques a defensores de derechos humanos aumentaron considerablemente en 1997».  El abogado Eduardo Umaña Mendoza, en el momento de su muerte, tenía a su cargo dos procesos candentes: el de los desaparecidos durante la toma del Palacio de Justicia por el M-19 en noviembre de 1985 y la contratoma realizada por el Ejército, y el de los sindicalistas de la USO acusados de terrorismo y rebelión.
     La investigación por los hechos del Palacio de Justicia podría convertirse en algo neurálgico para el llamado honor militar: el juicio histórico retrospectivo más grande sobre la actuación de militares en el país durante los últimos 13 años.  Y no se debe olvidar, tampoco, que existe una enorme presión nacional e internacional para que sea reformado el Código Penal Militar. Esta discusión, aunque a veces parece como si hubiera querido revivir, ha estado sin embargo dormida desde hace varios años en el Congreso de la República. Este también es un asunto que toca con el honor militar, como ocurre con las recientes derrotas sufridas por el Ejército en Patascoy, Las Delicias y el Caguán.  Los asesinatos selectivos de defensores de derechos humanos en vísperas de la elección de un nuevo presidente buscan, además, dejar las huellas de sangre suficientes para que el nuevo gobernante reciba el claro mensaje de que la cosa es con plomo y nada más. El ciclo político que se ha repetido es el de que los nuevos gobiernos gozan en sus dos primeros años de «luna de miel» con la opinión pública para buscar la paz negociada. Luego viene algún incidente sangriento propiciado por cualquiera de las partes y se da una especie de «empate técnico» que propicia nuevos impuestos de guerra para combatir a la subversión mientras se continúa con una nueva campaña política para suceder al gobernante.  Ese ciclo parece estar rompiéndose en esta oportunidad: se está comenzando por el final, es decir, por la fase del plomo no más. Con el asesinato de defensores de derechos humanos se logra acrecentar la espiral de violencia. En resumen, lo que se busca es que, en un momento en que la guerrilla parece estar expandiéndose y manejando con mayor eficacia los instrumentos de la guerra, el nuevo presidente tenga que recurrir a la mano dura y a la suspensión de las negociaciones de paz con la guerrilla, que ya se avizoran.  Otra visión menos apocalíptica sería la de que, como dice el refrán, «nunca está más oscuro que cuando va a amanecer». En este caso, estas huellas de sangre significarían que el conflicto armado y la guerra sucia se estarían agudizando como preámbulo inevitable de una solución negociada y a fondo que abriera paso a la paz firme y duradera que Colombia reclama a gritos.  Ojalá ésta, y no la otra, sea la hipótesis que prevalezca.
 

Medellín, sábado 25 de abril de 1998
EL COLOMBIANO
Visita relámpago de Director de Inteligencia de E.U.

COLPRENSA-Santafé de Bogotá. Bajo la más absoluta reserva el director de la
Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos, general Patrick M.
Hughes, visitó Colombia y se entrevistó con el ministro de Defensa, Gilberto
Echeverri.
 El funcionario norteamericano arribó al país el miércoles en la noche, en
completo hermetismo, y lo abandonó ayer al amanecer, según un comunicado
expedido por el servicio informativo de la Embajada de ese país en Colombia.
 Durante su permanencia en Bogotá, Hughes estuvo acompañado del embajador
Curtis Kamman y otros representantes diplomáticos acreditados por la administración Bill Clinton en nuestro país.
 La visita del general Hughes obedeció a una agenda programada por la Agencia de Inteligencia norteamericana, la cual contempla entrevistas con
autoridades de las diferentes naciones donde habitan y trabajan militares
estadounidenses, entre ellas Colombia, según la Embajada de Estados Unidos.
 El general Hughes tuvo oportunidad de familiarizarse con sus colegas
colombianos, con el ministro de Defensa y el Comandante de las Fuerzas Militares, pues su objetivo era regresar a Washington con una mejor perspectiva de la situación actual de Colombia y de toda la región, concluyó el boletín oficial.
 

Medellín, viernes 24 de abril de 1998
EL COLOMBIANO
Reporteros sin Fronteras alerta por periodistas asesinados en Colombia

     AFP-París. Colombia tiene desde 1991 el récord latinoamericano de periodistas asesinados, denunció ayer en París la asociación internacional Reporteros Sin Fronteras, protestando por la muerte del profesional Nélson Carvajal la semana pasada en Pitalito, Huila.
 Nélson Carvajal era periodista de Radio Sur desde hacía 12 años y era también maestro de escuela.
     Para sus colegas de Radio Sur, “el crimen está ligado a su denuncia, dentro del marco de sus programas radiales, de asuntos de corrupción en los que supuestamente estarían implicados miembros de la anterior administración municipal”, indicó Robert Menard, director de Reporteros Sin Fronteras en una carta dirigida al presidente colombiano Ernesto Samper.
     Desde comienzos de este año, precisó Menard, otros tres profesionales fueron muertos en condiciones extrañas: Oscar García Galindo, de El Espectador, el 22 de febrero; Didier Aristizábal, el 2 de marzo, y José Abel Salazar, locutor de Todelar.
     Reporteros sin Fronteras, organización internacional que defiende a los periodistas y a la libertad de prensa en el mundo, pidió en su carta a Samper ser informada sobre el desarrollo de las investigaciones ya que la detención de los asesinos permitiría saber los móviles de los cuatro últimos crímenes y determinar si los periodistas fueron asesinados por ejercer libremente su profesión.
     “Nuestra organización -dice la carta- ha podido establecer que en 1997 cuatro periodistas colombianos fueron muertos porque sus investigaciones molestaban a la policía, a los narcotraficantes, a los grupos paramilitares o también a las autoridades locales”.
 

Medellín, viernes 24 de abril de 1998
EL COLOMBIANO
Dudan de victoria militar de la guerrilla
Instituto Internacional de Estudios Estratégicos analiza violencia colombiana
 
    AFP-Londres. Los grupos guerrilleros colombianos asestaron importantes golpes en 1997 a las Fuerzas Armadas, y su debilitamiento se produjo concomitantemente con un aumento del poder de los paramilitares, indicó el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), con sede en Londres.
     El análisis del IISS refiere a “una escalada de violencia” en Colombia e indica que “la impresión general es que los militares están perdiendo la guerra y que la guerrilla ha ganado nuevas capacidades ofensivas”.
 Sin embargo, señala que “aún permanecen dudas sobre si efectivamente la guerrilla logrará una victoria militar”.
     En la medida en que “los militares se han vuelto más débiles”, agrega el IISS, los “poco controlados” grupos paramilitares, que usualmente atacan a la población civil buscando socavar la base social de la guerrilla, “se han vuelto más fuertes”. Esos ataques a la población civil han generado más de un millón de desplazados en Colombia.
     Añade que “muchos grupos paramilitares operan en coordinación con el Ejército y la Policía”.
     El aumento de la violencia en Colombia atrajo la atención de la comunidad internacional. Dice el informe: “hay un creciente consenso en que el tema de la violencia es mucho más que un tema anti-narcóticos. Las ganancias de la droga alimentan la violencia y ayudan a sustentar tanto a la guerrilla como a los paramilitares”.
     Por otra parte, el instituto señala que Colombia es hoy “el mayor productor de coca y de cocaína del mundo” y que “se  convirtió en un productor significativo de heroína y actualmente abastece al 60% del mercado de Estados Unidos”.
     Pese a que Colombia erradicó en 1996 y 1997, 16.000 hectáreas de cultivos de coca, el IISS apuntó que la producción total de la hoja aumentó un 32%.
    También constata que ello ocurrió al tiempo que las relaciones entre Colombia y Estados Unidos sufrieron una severa crisis por el programa de certificaciones de Washington, que descertificó a Colombia en 1996 y 1997, en tanto que en 1998 la certificó con condiciones.
 Pese a ello, Washington continuó trabajando con los militares, la policía y el poder judicial colombianos en la lucha contra el narcotráfico, señala el IISS

Medellín, viernes 24 de abril de 1998
EL COLOMBIANO
Farc anuncian liberación de norteamericanos

COLPRENSA-Santafé de Bogotá. Las Farc anunciaron que los norteamericanos secuestrados por el frente 53 hace un mes, serán puestos en libertad de un momento a otro.
 La revelación fue hecha ayer por un presunto vocero de esa organización guerrillera, en comunicación a emisoras de radio.
 La única condición sería la difusión de un comunicado donde las Farc critican la presencia de militares norteamericanos en Colombia y advierten que se trata de asesorías en campos distintos al del narcotráfico.
 Los norteamericanos Tood Richards Mark, Peter James y Louise Augustine, ornitólogos, fueron secuestrados el lunes 23 de marzo, junto a varios colombianos, cuando se movilizaban por la carretera que comunica a Villavicencio con Bogotá.
 Precisamente los familiares de los colombianos, entre los cuales aparece una adolescente, imploraron a través de los medios de comunicación para que los guerrilleros se apiaden y también decidan liberarlos.
 Los mensajes fueron dirigidos a Henry Castellanos alias Romaña, máximo jefe del frente 53 de las Farc, quien tiene en su poder a este grupo de civiles.
 La fecha exacta y el sitio de la liberación de los extranjeros son inciertos, pues los guerrilleros se abstuvieron de revelar mayores detalles sobre ese proceso.
 El último de los extranjeros liberados dentro del grupo secuestrado el lunes 23 de marzo fue el italiano Vito Candela, quien el miércoles 15 de abril recuperó su libertad, tras lo cual denunció que los guerrilleros exigían cinco millones de dólares para soltar al resto de rehenes.
 
 

Martes 21 de abril de 1998

Umaña: un adiós lleno de tensiones

En medio del dolor afloró la ira... y hubo disturbios y bloqueo al tránsito en el centro de Bogotá. Los réquiems más sentidos se oyeron en la plaza Che Guevara y el auditorio León de Greiff de la U. N. Su sobrina lo despidió con 'La maza' de Silvio Rodríguez

Por ORLANDO RESTREPO
Redactor Judicial de EL TIEMPO

    A las 10:35 de la mañana, mientras el coro del Departamento de Música de la Universidad Nacional entonaba el himno de ese centro universitario en el sepelio del penalista Eduardo Umaña Mendoza, dos encapuchados irrumpieron en el auditorio León de Greiff.

    Ambos llevaban una bandera roja y negra del Eln que luego depositaron junto a los arreglos florales colocados cerca al féretro, tomaron el micrófono y dijeron que se trataba de un homenajes póstumo del frente Domingo Laín. El
auditorio, en el que se encontraban aproximadamente 1.200 personas, estalló en un aplauso que avalaba el gesto de solidaridad.

    Sin embargo, lo que al principio apareció como acto simbólico del grupo insurgente fue tomando ribetes de protesta al avanzar el día. A las 11:00 de la mañana, en medio de una cadena humana que con pañuelos blancos despedía el féretro en una colmada Plaza Che Guevara de la ciudad blanca, se escuchó el primer estruendo.

    Era el primer petardo de la mañana activado por jóvenes encapuchados que salían de diversos rincones del claustro universitario. Después, cinco petardos estallaron sucesivamente, mientras el cortejo fúnebre avanzaba en el interior de la universidad. Lo que vino después fue un caos.

    A la una de la tarde, cuando la marcha abandonó las instalaciones de la universidad, grupos de jóvenes lanzaron objetos contra agentes de la Policía que custodiaban los alrededores.

    Las calles que rodean la ciudad universitaria se convirtieron en un campo de batalla: pedreas, gases lacrimógenos, trancones y explosiones. El sector quedó aislado por varias horas mientras la Fuerza Pública controlaba los disturbios.

    De esta forma, la marcha pacífica que pretendían realizar estudiantes, sindicalistas, obreros y directivas de la Universidad Nacional para acompañar por última vez al asesinado penalista, se convirtió en una violenta protesta universitaria.

    En la mañana, el ambiente fue totalmente distinto. El escenario del auditorio León de Greiff era un tapiz de coronas y arreglos florales por el que desfilaba un romería de estudiantes, obreros y sindicalistas, que pretendían despedirse por última vez del abogado y profesor

    El muro atrás del escenario, en cuyo centro estaba ubicado el féretro del penalista asesinado el sábado pasado, se asemejaba a un rompecabezas de pancartas, cada una de ellas con diferentes consignas que reflejaban rabia y dolor, pero también de esperanza.

    Desde muy temprano grupos de profesores, empleados, directivos, activistas políticos y universitarios llegaron hasta el auditorio central de la Universidad Nacional para darle el último adiós a su compañero, profesor y amigo.

    "La rabia es nuestra bandera, la lucha es nuestro punto de resistencia", gritaban unos. "No más minutos de silencio", decían otros, que se encontraban cerca a una pancarta que rezaba: "Sin Olvido".

    Faltando cinco minutos para las 10:00 de la mañana, se suspendió el paso de
las personas que querían llegar hasta el ataúd y comenzó el acto en homenaje al abogado.

    El coro de universitario interpretó obras vocales de Johan Sebastián Bach y de los autores colombianos Francisco Diago, José Rozo Contreras y de Horacio Casas Rengifo.

    No obstante, uno de los momentos más emotivos se vivió cuando la sobrina de Umaña, una jovencita llamada Esperanza, cantó acompañada de una guitarra la canción 'La Maza', del cantautor cubano Silvio Rodríguez.

    El auditorio se fundió en un aplauso prolongado y algunos de los asistentes no pudieron contener la lágrimas cuando Esperanza terminó la interpretación y dijo: "Hasta siempre, tío".

    Luego, el cuerpo sin vida del defensor de los derechos humanos fue cargado por su hermano Germán Umaña, amigos y directivos de la universidad y lo trasladaron a la Plaza Che Guevara.

    Allí, el padre del penalista, Eduardo Umaña Luna, el jesuita Javier Giraldo y el rector de la universidad Víctor Manuel Moncayo, le pidieron a la multitud que esta muerte se convierta en un punto de reflexión sobre el momento que vive Colombia.

    Un mar de pañuelos y claveles acompañó posteriormente el féretro por los alrededores de la ciudad universitaria y luego por la avenida 30, ocasionando un trancón y un caos en el tránsito que se prolongó hasta las 5:00 de la tarde.

    Al caer la tarde, los vehículos que acompañaban el cortejo aumentaron la velocidad y se dirigieron al cementerio Jardines de Paz, en la Autopista Norte. Sólo los familiares y personal de la universidad llegaron hasta allí y asistieron al entierro de Umaña.
 

Medellín, martes 21 de abril de 1998
EL COLOMBIANO
Política
DH, origen y blanco del conflicto interno
La acción radical de los actores del conflicto armado convierte a los defensores de Derechos Humanos en su blanco, porque rechazan su barbarie, luchan contra ella y la hacen pública en el país y el exterior. Y en una
nación de impunidad y desgobierno ni los crímenes que denuncian ni los suyos propios, se esclarecen
Los defensores de DH representan una piedra en el zapato para quienes violan las garantías fundamentales. En Colombia, por supuesto, son los actores del conflicto armado (guerrilla, paramilitares y fuerzas armadas oficiales) los principales trangresores de esas normas.

Por CARLOS ALBERTO GIRALDO M., Medellín
 Entre los más desprotegidos ciudadanos del país se encuentran los Defensores de Derechos Humanos.
 Hace apenas diez días la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, reunida en Ginebra, pidió al gobierno colombiano especial seguridad para los trabajadores de Derechos Humanos. Las ONG también solicitaron acciones concretas en favor de su seguridad, pero sólo siguen ocurriendo su exilio y su exterminio.
 En comunicación cursada a ese organismo de NU durante el presente período de sesiones, un grupo de instituciones de DH de Colombia recordó que “sólo en el departamento de Antioquia, durante 1997 y 1998, cinco defensores de DH fueron asesinados, contándose entre ellos Jesús María Valle Jaramillo, presidente del Comité Permanente de Derechos Humanos Héctor Abad Gómez”.  Ahora cae abatido el abogado penalista Eduardo Umaña Mendoza.

Peticiones desoídas
 Con base en las circunstancias mencionadas, las instituciones de DH propusieron, como lo han hecho durante los tres últimos períodos de deliberaciones de ese organismo de NU, la aprobación de un Relator Especial para Colombia, “que supervise la situación de Derechos Humanos y rinda un informe detallado en su próximo período de sesiones, petición que es coincidente con el llamado del Parlamento Europeo del 12 de marzo de 1998”.
 Pero el Gobierno ha sido renuente a aceptar una relatoría de Derechos Humanos por parte de Naciones Unidas. Igual, señalan los defensores de DH, es renuente a desarrollar políticas firmes y efectivas de atención, respaldo y protección para quienes en el país trabajan por la defensa de las garantías fundamentales de la ciudadanía.
Razones
 Hay varias razones para que los activistas de Derechos Humanos sean desoídos en un país cruzado por las balas del conflicto interno: sus discursos y denuncias hurgan en el ojo del huracán de la violencia armada y social.
 Los movimientos de Derechos Humanos y sus integrantes defienden a los presos políticos, en un país que ostenta una democracia recortada y en la cual las expresiones de oposición son consideradas subversivas. Defienden los derechos sociales y económicos en una nación en la que el 50% de los ciudadanos vive en la pobreza y de ellos el 30% en la miseria.
 Los defensores de Derechos Humanos dedican sus esfuerzos para que haya respeto a la población civil en medio de un conflicto degenerado y por fuera de las regulaciones mínimas humanitarias. En ese contexto reclaman la atención del Gobierno a más de un millón de desplazados; piden el esclarecimiento de 10 mil muertes violentas anuales relacionadas con la guerra interna y otras 20 mil más conexas o producto de la descomposición social y denuncian la ocurrencia de más de 1.000 secuestros cada año.
 Se ataca a los organismos no gubernamentales y de DH porque recuerdan que “los diferentes actores armados han venido violando sistemáticamente las normas básicas de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”.
 “Nuestras organizaciones cumplen, entre otras tareas, la de denunciar la violación de los Derechos Humanos provengan de donde provinieren”, han sostenido, entre otras instituciones, las ONG de Antioquia al reclamar respeto a su neutralidad e imparcialidad dentro del contexto del conflicto armado colombiano.
 Pero no se les oye ni se les respeta. La fórmula de juicio de quienes hacen justicia por sus propias manos es señalar a esos organismos de tener vínculos con alguno de los bandos de la confrontación.

¿Sin voluntad?
 Y el Estado colombiano no parece tener la voluntad política ni el vigor necesarios para hacer cumplir en favor de los defensores de DH ni de la ciudadanía misma el Artículo 3 de la Declaración Universal que, citada por el Comité de DH Héctor Abad Gómez, reza “con simplicidad natural: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.
 Lo explicó, en su dolor, Germán Umaña, hermano del abogado asesinado en Bogotá: “¿Por qué van a asesinar a un luchador de los Derechos Humanos?  Porque aquí se acabó el respeto, aquí sólo reinan la violencia, el paramilitarismo y el asesinato... Lo asesinaron por ser un hombre bueno”...  que es esa también la bondad de los Derechos del Hombre, los mismos que en este país parecen no existir.
 

Medellín, martes 21 de abril de 1998
EL COLOMBIANO

En Antioquia
Contactos Iglesia-Farc favorables a la paz

 Según confirmó el asesor de Paz, Daniel-García Peña, un grupo de obispos con jurisdicción en Antioquia se reunió con representantes de las Farc, entre quienes, al parecer, se encontraba Iván Márquez
 La Iglesia Católica en Antioquia adelanta contactos tendientes a abrir la posibilidad de que las Farc reactiven acercamientos orientados a la búsqueda de un proceso futuro de diálogo y negociación con el Gobierno Nacional.
 Según el asesor Presidencial de Paz, Daniel García-Peña, en declaraciones dadas ayer a la Cadena Radionet, en una reunión que se realizó durante los últimos días, algunos obispos asentados en este departamento conversaron con voceros del Bloque José María Córdova de las Farc-EP y uno de los comandantes de la organización, quien podría ser Iván Márquez.
 Este diario estableció que el encuentro sí se realizó y que tuvo como objeto discutir, de manera exploratoria e inicial, las posibilidades y condiciones existentes para que las Farc reanuden sus acercamientos con representantes del Gobierno y de otros organismos de la sociedad civil, mediante los buenos oficios del clero, orientados a hablar de la guerra y de la paz en el departamento y el país.
 En días pasados, los comandantes del Noveno Frente de las Farc, asentados en el Oriente antioqueño, dijeron a la Diócesis Sonsón-Rionegro que existía total disponibilidad para avanzar en la búsqueda de mecanismos que abran paso a diálogos que ambienten un proceso de paz, pero siempre mediante la facilitación de la Iglesia, institución a la que consideran legítima y confiable para establecer cualquier principio de entendimiento.
 Daniel García-Peña sostuvo que aunque estaba al tanto de la reunión, no conocía los detalles de la misma y que espera sostener un encuentro en los próximos días con los representantes de la Iglesia en Antioquia, para conocer los pormenores de la charla con los voceros de las Farc y ofrecer la participación que sea posible, por parte del Gobierno, en el avance de los acercamientos.
 

Medellín, martes 21 de abril de 1998
EL COLOMBIANO
José Noé Ríos desmiente salida del país por amenazas
Por EL COLOMBIANO-AFP Madrid y Santafé de Bogotá
 
    El consejero presidencial José Noé Ríos desmintió ayer en Madrid que su salida del país se deba a amenazas contra su vida, pero aclaró que sí existen y que las últimas las recibió “muy recientemente”, las cuales calificó de “duras”, pero se abstuvo de informar de qué sector provienen.
 Según dijo, éste viaje a Europa, que durará entre 15 y 20 días, estaba programado con antelación al asesinato del abogado Eduardo Umaña Mendoza y de la ex dirigente del Partido Comunista Colombiano (PCC) María Arango, y que tiene como objetivo explicar a los gobiernos de Bélgica, Noruega y Suiza las iniciativas de paz que adelanta el gobierno de Ernesto Samper.
 En Bogotá, el presidente Ernesto Samper confirmó que el consejero de paz salió el sábado pasado con su familia hacia España, donde permanecerá algunos días para asistir a actos académicos ante la agudización de amenazas contra su vida.
 Ríos también aseguró que la próxima semana se entrevistará en Madrid con funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores de España para informar de la situación del país tras la filtración del Preacuerdo del Palacio de Viana con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), suscrito en Madrid el pasado 9 de febrero, y de los esfuerzos para descongelarlo.
 Acerca del asesinato de Umaña y de María Arango, Ríos dijo que ambos hechos son “repudiables y condenables”, reivindicó el derecho de las personas a controvertir políticamente, e hizo un llamado a la reflexión y a la reconciliación.
 Sobre probables acercamientos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en España, Ríos evitó pronunciarse al respecto. Ni confirmó ni negó, y apeló a la confidencialidad  que, según él, se requiere en los temas relacionados con la paz.
 El Embajador en España, Luis Fernando Jaramillo, también desmintió a este diario que la presencia de José Noé Ríos en España se deba a una salida del país por amenazas de muerte. Igualmente dijo que el viaje a Europa estaba programado con antelación.
 Sin embargo, el Embajador aseguró que las amenazas a los funcionarios colombianos son “algo rutinario y nada excepcional”.
 Jaramillo, que llegó a Madrid a principios de abril y presenta credenciales ante el Rey Juan Carlos el próximo 19 de mayo, dijo que ayer sostuvo una larga charla con Ríos “de actualización sobre el proceso de paz y de cambio de impresiones”.
 

Primera Página de EL TIEMPO
Domingo 19 de abril de 1998

Asesinado Eduardo Umaña M.

Las autoridades investigan la relación entre este crimen y el de la líder  comunista María Arango Fonnegra. Tres falsos periodistas llegaron ayer al apartamento del penalista y le propinaron tres tiros en la cabeza con silenciador. Lo mataron los enemigos de la paz, dijo su hermano.

Ayer al mediodía, mientras trabajaba en su propio apartamento y sin que ni el vigilante del edificio se diera cuenta, una mujer y dos hombres jóvenes, que se hicieron pasar por periodistas de un noticiero de televisión, asesinaron al conocido penalista y defensor de derechos humanos Eduardo Umaña Mendoza.

Tres disparos de una pistola automática, provista de silenciador, acabaron con la vida del veterano penalista cuando despachaba en la oficina que tenía en su residencia del conjunto Los Conquistadores, situado en los alrededores
del estadio El Campín.

Umaña es la tercera persona vinculada a la defensa de los derechos humanos que es asesinada en los últimos meses en Colombia.

El mes pasado fue asesinado en Medellín Jesús María Valle, presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia, y el jueves anterior desconocidos dieron muerte en su casa de La Calera a la líder comunista María Arango Fonnegra.

Ni los familiares de Umaña ni las autoridades descartan que haya relación entre los dos asesinatos.

Sí hay conexión

Sin pensarlo demasiado, Germán Umaña, uno de los hermanos del penalista y defensor de los derechos humanos, le dio a entender a los periodistas que el crimen de su hermano podría tener relación con el de María Arango.

Esta hipótesis no fue descartada por el general Rosso José Serrano, director de la Policía Nacional, quien ayer impartió instrucciones para que se conforme un equipo de trabajo interdisciplinario con miembros de la Dijín,
la Fiscalía y el DAS, a fin de esclarecer el crimen.

"Puede haber coincidencia entre los dos asesinatos. Es muy extraño lo de los dos casos, pero estamos elaborando los retratos hablados que nos puedan ayudar a identificar a los criminales", dijo Serrano a EL TIEMPO.

Esta es apenas una de las hipótesis. La otra -de carácter extraoficial- indica que Umaña se habría resistido a un secuestro.

Con silenciador

Versiones entregadas por las autoridades en el escenario del crimen señalan que los tres falsos comunicadores llegaron antes del mediodía de ayer hasta una de las entradas del edificio, situado en la carrera 39, número 57A-24, y se identificaron con el portero.

El vigilante se comunicó con el apartamento 101, donde vivía Umaña, y le consultó sobre la cita. El abogado autorizó la entrada y las tres personas que lo buscaban no tuvieron problemas para ingresar al edificio.

Los visitantes atravesaron el corredor de la entrada, doblaron a la derecha y tomaron el pasillo que llega hasta el apartamento de Umaña. Su esposa había salido hacia las 11:45 de la mañana para recoger a su hijo de 12 años.
Luego tenían planeado ir a almorzar.

De acuerdo con la versión de los investigadores, los falsos comunicadores sorprendieron a la secretaría del abogado, María Pava, la amordazaron y la encerraron en un baño.

Posteriormente, se dirigieron a la oficina privada del penalista, quien se encontraba solo, y le dispararon tres veces en la cabeza con un arma provista de silenciador. Por esta razón, ninguno de los vecinos, ni siquiera el vigilante de la edificación, se enteraron de lo ocurrido.

De la misma forma que habían ingresado, los asesinos salieron tranquilamente del edificio: llegaron hasta la portería con sus cámara, se despidieron del celador y huyeron en un vehículo.

La secretaria del penalista logró liberarse minutos después y se dirigió hasta el estudio de Umaña donde contempló, sin poder hacer nada, el cadáver de Umaña. Luego dio aviso a las autoridades.

Junto al cuerpo sin vida de su hermano y ante la insistencia de la prensa sobre los motivos y autores del asesinato, Germán Umaña aseguró entre sollozos: "No me pregunte usted, señor periodista, por qué lo asesinaron. Lo asesinaron porque era un hombre bueno".

Ultima entrevista

Por su parte, la periodista Julia Navarrete del noticiero de televisión Uninoticias, que 15 minutos antes del crimen le había hecho una entrevista, aseguró que estaba tranquilo y no habló de amenazas recientes contra su vida.

"Estaba muy contento, Estaba con un historiador, un señor de edad con el que hablaba de un libro que iban a escribir", contó Navarrete.

Navarrete dijo que salió con su equipo de camarógrafos hacia las 12 del día y Umaña se quedó con una joven periodista que trabajaba como asistente, otra mujer de cabello corto y con el historiador.

De otra parte, el Gobierno Nacional determinó anoche, luego de un Consejo Extraordinario de Seguridad, ofrecer una recompensa de 500 millones de pesos por los autores del asesinato del penalista Umaña Mendoza.

Así mismo, el consejo, al que asistieron los ministros del Interior y de Justicia, así como miembros de las Fuerzas Armadas y de los organismos de seguridad e investigación del país determinaron crear "un grupo mixto integrado por la Fiscalía, el DAS y el CTI" para que desarrolle la investigación.

El ministro delegatario en funciones presidenciales, Alfonso López Caballero, aseguró que tienen indicios de que "son fuerzas oscuras que pretenden desestabilizar al país" los posibles responsables del hecho.
 

Abril 13 - 20 de 1998, Edición 832
¿Nuevo Vietnam?
Colombia se ha convertido para E.U.en un problema hemisférico más parecido al de Bosnia que al de Vietnam.
Las Farc aseguran que no están provocando a Estados Unidos y que la retención de cuatro ornitólogos fue un hecho accidental que muy pronto culminará con su liberación
LAS PRIMERAS SEÑALES
se dieron enWashington en octubre de 1997. El Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó en la lista de las agrupaciones terroristas más peligrosas del mundo a las Farc y al ELN, al lado del IRA, la ETA, Sendero Luminoso y la organización fundamentalista islámica Hamas.  Luego, en enero de este año, el nuevo embajador en Colombia, Curtis Kamman, en un breve discurso después de haber recibido la bendición del Congreso de su país, hizo énfasis en un aspecto: Colombia se ha convertido en un problema de seguridad para el hemisferio.  No fue una impresión aislada. Fue otro eslabón de la cadena de sucesos que la semana pasada culminaron con las declaraciones del general Charles Wilhelm, comandante del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos. Al mismo tiempo que aseguró que Cuba ya no era una amenaza estratégica para América Latina, dijo al Congreso norteamericano que “Colombia es una nación en grave riesgo.(... ) Esta situación es un serio riesgo regional para Panamá, Ecuador, Venezuela y sus demás vecinos”.
 Estas afirmaciones, sin embargo, no tuvieron mayores repercusiones en Colombia. Fueron recibidas como algo de rutina, en un país acostumbrado ya a la hostilidad de las declaraciones de los funcionarios norteamericanos que, desde hace cuatro años, le vienen tirando las orejas al gobierno colombiano. Tanto es así que el tema pasó inadvertido en los medios, que sólo destacaron las declaraciones del general en el sentido de que “las Fuerzas Armadas son incompetentes para retomar el control del amplio territorio perdido frente a la guerrilla”.
 Curiosamente lo que sí disparó la alarma fue la publicación simultánea, en dos medios de comunicación argentinos, de una información relacionada con el problema guerrillero en Colombia y la nueva perspectiva que de él tiene el gobierno de Bill Clinton. En uno de los más prestigiosos diarios de Buenos Aires, Clarín, el periodista Oscar Raúl Cardoso, en una columna titulada ‘Desembarco en Colombia’, decía: “Un precedente de gravedad extrema en materia de seguridad y soberanía está gestándose en Colombia”, y agregaba que se avizora una mayor participación norteamericana en el conflicto interno del país, dada la conexión evidente entre guerrilla y narcotráfico.
 Por su parte, Radio Mitre aseguró que el general Wilhelm habría consultado en una reunión con generales de Uruguay, Argentina, Perú, Venezuela, Ecuador y Brasil, y en donde no había presencia de militares colombianos, sobre la posibilidad de obtener respaldo de Argentina en la eventualidad de una intervención en el conflicto interno de Colombia. No acababa de conocerse la información cuando los involucrados se apresuraron a desmentirla. Pero lo cierto es que los periodistas argentinos, entrevistados por Radionet, aseguraron que se mantenían en su versión, que habían hablado con asesores de su presidente Carlos Menem y fuentes en los demás países y que nada era producto de su imaginación. Habían confirmado que los contactos sí se habían efectuado pero que los gobiernos lo iban a negar en caso de hacerse públicos, que fue efectivamente lo que pasó.
 Lo cierto es que hay una gran preocupación por la evolución del conflicto guerrillero en Colombia, por sus crecientes nexos con el narcotráfico y por el incremento de amenazas a ciudadanos extranjeros. Y el interrogante de los países vecinos y de Estados Unidos gira en torno a qué papel jugar para facilitar una solución política del conflicto.
Cambio de enfasis
 A nadie se le oculta que Estados Unidos ha cambiado su percepción y su óptica del país. Si hasta hace pocos meses el narcotráfico encabezaba la agenda y a las reuniones sobre Colombia asistían básicamente las agencias antidrogas, como la DEA, la Guardia Costera y la Unidad Antinarcóticos del Departamento de Estado, hoy la inquietud mayor está centrada en la desestabilización política por la intensificación del conflicto guerrillero nutrido por el narcotráfico, y a las reuniones asisten miembros del Pentágono, la CIA y el Consejo Nacional de Seguridad. Como dice el experto en relaciones internacionales Juan Gabriel Tokatlian, “no es que haya cambiado la agenda, sino que hay un cambio de énfasis dentro de la agenda misma”.
 Este cambio se hizo evidente el 26 de febrero en la intervención de la secretaria de Estado, Madeleine Albright, cuando anunció la certificación por seguridad nacional para Colombia, y el 19 de marzo, cuando el embajador Kamman presentó credenciales ante el presidente Ernesto Samper. Ambos hicieron referencia al tema guerrillero y a la necesidad de combatir la subversión en estrecha alianza con el narcotráfico, que amenaza la estabilidad del país.
 La modificación en los matices, sin embargo, no parece haber sido captada en toda su dimensión. Apenas si se ha oído la voz solitaria del gobernador del Valle Gustavo Alvarez y de algunos sectores académicos y de derechos humanos, que ven con temor cómo cobra cada día más fuerza el concepto de ‘narcoguerrilla’
* acuñado hace ya varios años por el embajador Lewis Tambs--, que es el que justifica la posición de quienes buscan militarizar la lucha contra las drogas.

 Por eso, durante una conferencia sobre la situación de Colombia en la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, el sociólogo de la Universidad Nacional, Alejandro Reyes, dijo: “Si Estados Unidos entrega armamentos para atacar a los cultivos de coca (...) tendremos una vietnamización de la lucha, que tiene un comienzo pero no un fin feliz, como se comprobó hace algún tiempo en Vietnam, donde se perdió una guerra contra una población rural”.
Republicanos vs demócratas
 El gobierno estadounidense, sin embargo, no es ajeno a estas implicaciones y, como en todo lo que tiene que ver con política internacional, no hay consenso sobre cómo se debe actuar y cuál debe ser el papel de Estados Unidos frente a Colombia.
 El Congreso, de mayoría republicana, liderado por personajes como Dennis Hastert, Benjamin Gilman y Paul Coverdel, presiona por una solución de mano dura, alegando la incompetencia del gobierno norteamericano y su fracaso en la lucha antidrogas, sin perder de vista que con ello obtiene dividendos políticos. No es gratuita, entonces, la declaración de Gilman, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara, quien durante su visita a Colombia dijo la semana pasada: “La descertificación lo único que hizo fue ayudar a fortalecer la narcoguerrilla en Colombia. (...) Colombia corre el peligro de convertirse en un narcoestado a tres horas en avión de Miami”.
 Los republicanos no ven la diferencia entre guerrilla y narcotráfico. Lo que ven son grupos de Pablos Escobares en la selva, cuidando cultivos de coca y disparando contra helicópteros de la Policía. Por eso sus propuestas siempre van encaminadas a incrementar la ayuda militar. De ahí que la semana pasada no sólo se haya reactivado la ayuda al Ejército colombiano, después de ocho años de estar congelada, sino que además se haya aprobado la entrega de tres helicópteros Blackhawk, por valor de 39 millones de dólares, a la Policía (hace año y medio el gobierno colombiano prácticamente tuvo que rogar para que le vendieran nueve). Con esas decisiones, que en total suman 80 millones de dólares, se agotó el presupuesto de ayuda a otros países como Bolivia para este año. “Estamos discutiendo qué hacer—dijo Gilman--, pero haremos lo que sea para acabar con el narcotráfico en Colombia”.
 Por su parte, algunos senadores demócratas y sectores del propio gobierno van más despacio. El representante demócrata por California, Sam Farr, dijo que “hay que desarrollar una alternativa diferente a la de la erradicación de las drogas”. Mientras tanto un representante del Departamento de Estado, Gerard Gallucci, aseguró que “Estados Unidos quiere una resolución pacífica al conflicto interno de Colombia”. Los demócratas, en las circunstancias de la posguerra fría, no son partidarios de las soluciones de fuerza. Consideran que las fórmulas coercitivas tipo invasión o las operaciones encubiertas y la financiación de contraguerrillas siempre han salido mal. Como dijo a SEMANA un funcionario del Departamento de Estado, “después de todas las guerras que hemos tenido, no podemos ser tan estúpidos de repetir esas experiencias en Colombia”.
Más Bosnia que Vietnam
 Por todo esto, la interpretación de una ‘vietnamización’ de Colombia—la primera en darse y la que produce más alarma—no parecería ir en la dirección correcta. Embarcarse en una aventura cuyos catastróficos resultados se podrían anticipar dados los antecedentes de la guerra de Vietnam, desafía a la lógica y es algo que no querría repetir el gobierno norteamericano. También resulta poco probable, como algunos radicales lo anticipan, que Estados Unidos esté explorando una salida por la vía de la invasión tipo Panamá, Granada o Somalia, cuyas secuelas fueron demasiado costosas en términos políticos.
 Terminada la guerra fría, es claro que la solución de problemas internacionales contempla elementos distintos. Desde entonces, y derribado el muro de Berlín, la resolución de 15 conflictos en todo el mundo, incluyendo Zaire, Camboya, Guatemala, Bosnia e Israel y Palestina, combina dos elementos clave: un fuerte liderazgo de Estados Unidos y la participación activa e incluso militar de países vecinos al país en conflicto. El caso más fresco y más conocido es el de Bosnia. Por eso no suena fuera de contexto el que se hayan hecho contactos, aun negados, entre los gobiernos del hemisferio, incluidos los militares.  Como estrategia política, el gobierno norteamericano no quiere casarse con la tesis de la ‘narcoguerrilla’ porque, lo mismo que el gobierno colombiano, no quiere ni puede cerrar la puerta a una solución política y negociada con la subversión.
 Algunos analistas consideran que, además de intentar que se conserve la línea divisoria entre narcotráfico y guerrilla, el gobierno de Clinton quiere evitar que se convierta en issue de primeras páginas en los medios norteamericanos. Si la ‘narcoguerrilla’ se vuelve tema de la vida diaria de los gringos, que tienden a ver los conflictos de otros países en blanco y negro como en una película de indios y vaqueros o de ladrones y policías, el temor de Clinton es que aumente la presión para una acción de línea dura que hasta el momento se ha querido obviar. Esto se ha demostrado en el relativo bajo perfil con que se ha manejado el tema de los ornitólogos en poder de las Farc. Pero una cosa es lo que quiere el gobierno y otra muy distinta la que cocinan los republicanos en el Congreso y los medios de comunicación. SEMANA ha podido establecer que diarios como el New York Times, el Washington Post, el Toronto Star, el Chicago Tribune y el Dallas Morning News tienen la historia a punto de caramelo.
 Hay asesores políticos de Clinton están convencidos de que dejar crecer el tema puede significar repetir la historia del sandinismo en Nicaragua que, aunque en su momento fue desestimado como una amenaza, terminó por desestabilizar a toda la región durante 20 años. Si la chispa sandinista se propagó a El Salvador, Guatemala, Honduras e incluso Panamá, el temor es que el conflicto colombiano contagie a países vecinos como Venezuela. Así lo ha dejado saber el general Wilhelm, quien asegura que “Colombia es el país más amenazado en el área de responsabilidad del Comando Sur”.
 Esta estrategia de ‘caminar como gato entre cristales’ obedecería, precisamente, al cambio de óptica del problema en Colombia. El ‘coco’ ya no es Samper, ya no son los Rodríguez, ni es el narcotráfico. El ‘coco’ es ‘Tirofijo’, es el ‘Mono Jojoy’, es ‘Gabino’. Es decir, la guerrilla. Y la estrategia ya no es ‘encuellar’ al gobierno y presionarlo para sacarle dividendos. Todo indicaría que el plan es dar un compás de espera hasta las elecciones y, producido el relevo presidencial, definir una posición según como evolucionen las cosas en el país. La situación ha alcanzado tal magnitud que, como dice Tokatlian, “se parece a dos trenes que avanzan a gran velocidad y que juran que van por carrileras distintas. Si alguien no da el timonazo se van a estrellar”.
 La guerrilla, por su parte, parece ajena a lo que sucede fuera del monte. Apoyada en sus recientes triunfos militares y en el poder de chantaje que les da tener en sus manos a cuatro norteamericanos y a 61 soldados, no oye los truenos de la tormenta que se avecina. En actitud desafiante no ha vacilado en anunciar como objetivo militar todo lo que huela a gringo. Fortalecida y triunfalista, ha pasado del hostigamiento y la emboscada típica de la guerra de guerrillas a una fase de guerra de posiciones en la que ha demostrado capacidad para combatir a campo abierto y para defender posiciones por largo tiempo.
 Sin embargo parece ignorar, envalentonada como está por la debilidad de un gobierno que no ha tenido la legitimidad para iniciar un proceso serio de paz, que la guerra que libra tiende a perder su carácter de interna. Convertido en problema regional, el conflicto de Colombia empieza a trascender las fronteras para adquirir dimensiones hemisféricas. De ahí que no resulten exóticos ni las declaraciones del general del Comando Sur, ni los contactos entre los gobiernos vecinos, y que tampoco sean descabellados los análisis de quienes no creen que se pueda descartar una intervención externa que, si bien estaría lejos del tipo Vietnam, podría acercarse al tipo Bosnia con la conformación de fuerzas de paz.  Así, sea quien sea el próximo presidente, antes que conjurar el déficit fiscal tendrá que asumir el timón de un tren que está a punto de estrellarse con otro que viene en dirección opuesta.

Semana Abril 13 - 20 de 1998, Edición 832
Por una oposición
Por Antonio Caballero

    A lo mejor las elecciones las gana la tercería de Noemí. Lo cual sería muy bueno, pero no es muy probable. En cambio sí es muy alta la probabilidad de que obtenga en la primera vuelta una buena tajada de la votación. Lo cual será muy bueno, con una condición: que se mantenga.
    Es decir: que no pretenda endosar esa tajada de votos a alguno de los otros dos candidatos, como se lo pedirán ambos, y a cambio de lo que quiera. Noemí, y con ella los que han impulsado la iniciativa de la tercería—Antanas Mockus, Carlos Lleras, Antonio Navarro--, tienen el deber político de no entregar ni negociar su apoyo. La tercería no puede cumplir una función de árbitro que dirima la disputa, ni de alcahueta que garantice la victoria de uno cualquiera de los otros dos. Que no son dos, sino uno solo: la misma cosa. No sería serio que Noemí Sanín, después de haberse presentando como algo diferente del continuismo que representan por igual Horacio Serpa y Andrés Pastrana, recomendara a sus votantes irse en la segunda vuelta con alguno de los dos.
    No sería serio ni serviría de nada: los votantes no le harían caso. Votarían por el uno o por el otro, por el que les pareciera menos peor, o, en su mayoría, se abstendrían: porque los votos de Noemí no son un rebaño—de serlo, estarían ya con los de un  Serpa o con Pastrana--, y no le pertenecen a ella, sino a la esperanza de un cambio.  La sola recomendación de votar por Pastrana o por Serpa mostraría que la tercera candidata es idéntica a ellos dos, y generaría con ello una nueva frustración como las que cíclicamente ha conocido el electorado colombiano en los últimos 40 años. La del MRL de López Michelsen, la de la Anapo de Rojas Pinilla, la del Nuevo Liberalismo de Luis Carlos Galán, e incluso la que provocó justamente uno de los impulsores de la tercería actual, Antonio Navarro, cuando cambió el inmenso capital de futuro que tenía el M-19 por el pájaro en mano de un ministerio (que se le murió en la mano).
    El objeto de la tercería no es inclinar la balanza para que gane uno de los otros dos. Sino seguir siendo lo que ha pretendido ser desde el principio: una alternativa. Si gana esta vez, magnífico.  Pero si no,  tiene que consolidarse seriamente como eso que en Colombia no ha existido desde hace por lo menos dos generaciones: una oposición.
No ha existido por dos razones. La más obvia es que en este país la oposición no se tolera: la matan. Lo recordaba hace pocos días en una carta abierta a Enrique Santos Calderón el dirigente de las Farc Alfonso Cano: “Quienes han pretendido igual objetivo (cambiar a Colombia), sin las armas, han caído asesinados sistemáticamente. En nuestro país no existe una oposición legal al Estado porque la acabaron a fuerza de tiros y terror”. Por eso la única oposición que ha habido y que hay es la oposición armada.  Pero, por ser armada, no sólo no puede ser ni legal ni democrática, sino que no puede crecer: no todo el mundo es capaz de irse al monte.
Se va la gente, en cambio, a la abstención, que es ampliamente mayoritaria. Pero si ésta tampoco cuaja en oposición política es porque a la primera razón se añade la segunda, que es el ya mencionado fenómeno de las frustraciones sucesivas. No hay oposición porque quien debiera constituirla de modo natural, es decir, el partido o el candidato (suprapartidista, o independiente, o renovador, o patriótico, o como se llame cada vez) derrotado en las urnas, no quiere hacerlo. Prefiere siempre venderse por un plato de lentejas: la promesa de otro turno presidencial, o un ministerio, o incluso una “colaboración a título personal”.
    Por eso no hay oposición. Y sin embargo es eso lo que se necesita. En Colombia no se necesitan más candidatos presidenciales: siempre los hay de sobra (el otro día, en una página perdida de un periódico, descubrí que para estas elecciones no sólo hay los tres que todos creíamos, sino como nueve o 10). Tampoco se necesitan más presidentes: siempre hay por lo menos uno (y a veces hasta un Lemos de repuesto), y también siempre sobra. Lo que sí se necesita, precisamente porque no lo hay, es una oposición.
A ver si por fin organizamos una.

Medellín, sábado 18 de abril de 1998
EL COLOMBIANO
Advirtió Samper
“Secuestro de extranjeros desprestigia a las Farc”

    AFP-Santafé de Bogotá. El presidente Ernesto Samper advirtió ayer a la
guerrilla sobre el desprestigio internacional que están sufriendo por recurrir al secuestro extorsivo de extranjeros, y pidió la liberación de tres rehenes norteamericanos por quienes las Farc han solicitado el pago de un rescate de cinco millones de dólares.
     “Yo espero que las Farc entiendan el gravísimo error que están cometiendo al
secuestrar extranjeros y enemistarse con países que de una manera u otra serían fundamentales en un proceso de paz”, declaró el mandatario antes de viajar a Chile para asistir a la II Cumbre de las Américas.
     Samper anunció que pedirá a los 33 jefes de Estado y de Gobierno reunidos en Santiago que cooperen para posibilitar un proceso de paz con la guerrilla, que el mandatario pretende iniciar antes de culminar su periodo de cuatro años, en agosto próximo.
     Las Farc exigen un rescate de cinco millones de dólares por los  estadounidenses Louise Agustine, Todd Mark y Peter Shen, reveló el italiano
Vito Candela, quien había sido secuestrado junto con los norteamericanos y que fue dejado en libertad el pasado miércoles.

‘A la guerrilla hay que obligarla a negociar’
A las Fuerzas Armadas hay que reforzarlas para poderles exigir resultados, dice el presidente de Fedegan. No vamos a acompañar al nuevo gobierno en el diálogo por el diálogo. La guerra sí se puede ganar.
Por Narciso De la Hoz G.
Redactor de EL TIEMPO

 El año pasado, el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos,
Fedegan, Jorge Visbal, fue noticia cuando dijo que los empresarios de ese sector estaban dispuestos a meterse la mano al bolsillo para financiar un proceso de paz.
 Siempre polémico, Visbal vuelve ahora a la carga, en entrevista con EL TIEMPO. Ratifica la iniciativa de los ganaderos, pero dice que a la guerrilla hay que obligarla a negociar. Que la zanahoria sin el garrote no funciona. Y que los candidatos a la Presidencia no han dicho nada serio sobre el asunto hasta el momento.
Ustedes dijeron que estaban dispuestos a meterse la mano al bolsillo para financiar la paz. ¿Qué pasó con esa propuesta?
     Es posible que ahora que pasó la Semana Santa comience a resucitarse. Porque el Consejo Gremial ya se pronunció en ese sentido. Los empresarios están conscientes de que la paz nos debe costar a todos, para lo cual están dispuestos a hacer sacrificios. Aquí hay un problema desproporcionado en el crecimiento de la pobreza y hay que hacer algo para enfrentar eso.
¿Fracasó la vía militar?
     Nosotros no hemos dicho que hay que amarrar a las fuerzas militares. Por el
contrario, hay que reforzarlas y dotarlas para poderles exigir. Aquí les pedimos resultados pero sin dotarlas de los elementos, ni los instrumentos legales ni logísticos.
¿No es suficiente con los recursos extraordinarios que se le han entregado?
     El problema es que de los 400.000 millones del impuesto de guerra sólo les correspondieron 170.000 millones. Entonces, hay una parte que quedó coja. Así es imposible que muestren más resultados.
 El presidente de la SAC dijo que la paz era más que repartir tierra...
De acuerdo. Quienes pretenden eso son unos ilusos. La reforma agraria ha sido un fracaso total.
¿Ustedes  creen que haya que compartir el Poder?
     No. Creo que a la guerrilla hay que obligarla a negociar. De eso estamos absolutamente seguros. La política de la zanahoria sin el garrote no funciona. La guerrilla debe entender de una vez por todas que no puede aprovecharse de la buena voluntad de un mandatario o de su inocencia.
 Eso no obsta para reconocer que hay que hacer reformas. Si a Colombia le sobra tierra. Pero el problema es que no basta con repartir la tierra sin darle recursos a la gente. Por eso nuestra propuesta es que a la gente hay que mejorarle el ingreso, su ‘modus vivendi’ , invirtiendo en la Colombia rural, olvidada por todo el mundo. Mientras no haya paz en el campo, no habrá paz en Colombia. Al campo hay que invertirle todos los recursos habidos y por haber, para que la gente pueda producir.
    ¿Cómo ha visto a los candidatos frente al tema de la paz?
     Todos tienen el tema a flor de labios. Pero el problema es cómo llegamos a
la paz porque todos la queremos. No hay nada nuevo en el tema. Por eso digo que esa política del diálogo por el diálogo no la vamos a acompañar.
¿Usted cree que la guerrilla quiere el Poder?
     Claro que sí. Si están peleando es por ello. Si están asesinando, secuestrando y delinquiendo es porque quieren el poder. Eso no es fácil porque los colombianos no queremos esas salidas. Si así fuera hace rato tendríamos ministros de ellos. Y de pronto hasta un presidente.
¿Se puede ganar la guerra?
     A mí no me cabe duda, después de que haya voluntad política para enfrentar
la guerra. Lo que pasa es que aquí aceptamos que estamos en guerra de dientes para afuera, ¿pero realmente creemos que estamos en guerra? ¿Que hay que legislar para la guerra? Creo que no. Ahora se pronuncian los norteamericanos y decimos que esto es un Vietnam. ¡Por Dios! Hace rato que estamos en un Vietnam. No se puede viajar por carretera. Con más gravedad, porque allá no estaban secuestrando.
¿Qué tan grave es el problema del secuestro?
     Atortolante. La mayoría de los informes que se conocen hablan dedisminuciones. Nuestros informes hablan de un incremento. Ahora, nuestrossecuestros no son denunciados la mayoría de las veces. Esos informes de entidades como País Libre no corresponden a la realidad. En el caso nuestro llevamos más de 45 ganaderos secuestrados en tres meses. Y cerca de 11 asesinados. Hay secuestros múltiples. En tres ocasiones han secuestrado de a tres, en una de a siete, en un solo día, en una sola zona. Pero ningún candidato se ha pronunciado sobre el secuestro.
Tanto que criticaron las Convivir y la ONU acaba de respaldarlas, pese a que su delegada las criticó. El próximo presidente lo único que debe hacer es preocuparse de restablecer el orden. Con eso el país se sentiría feliz. Así, mejora el ingreso, baja el desempleo y el país puede salir adelante.
¿Se está perdiendo la guerra?
 No. Al Ejército no se le ha brindado el respaldo que merece. El Ejército está amarrado. No tiene una legislación adecuada, ni el presupuesto necesario. Sólo le hemos dado contentillos. Así no se gana una guerra.

Medellín, sábado 18 de abril de 1998
EL COLOMBIANO
Colombia En La Calera
Asesinada ex dirigente comunista María Arango
El gobierno ordenó ayer la creación de una comisión especial para investigar el homicidio de la ex dirigente del Partido Comunista Colombiano María Arango, asesinada por desconocidos cerca de Bogotá

Por AFP-EFE. Santafé de Bogotá
 La ex dirigente del Partido Comunista Colombiano (PCC) María Arango Fonnegra, de 60 años de edad, fue asesinada la noche del jueves al viernes por un sicario que le disparó en forma repetida en la puerta de su casa en La Calera, 20 kilómetros al nordeste de Bogotá, informó la policía.
 Según el reporte policial, un joven se acercó a la vivienda de la mujer y, cuando ésta acudió a abrir la puerta, le disparó primero sobre el rostro y luego le propinó cinco disparos más, alejándose del sitio a pie. El crimen se produjo con un arma de nueve milímetros que, según la fuente, es de uso restringido en Colombia.
Quién era
 Arango, que vivió durante varios años en la antigua Unión Soviética y que en la década de los 60 participó en la fundación de la Juventud Comunista (Juco), había abandonado su militancia política en las filas del PCC tras el derrumbe del Muro de Berlín, en 1989.
 Integrante de una familia acomodada del nordeste del país, la mujer estudió Sociología en la Universidad Nacional, en donde se vinculó a grupos de izquierda -inicialmente al Frente Unido, dirigido por el sacerdote Camilo Torres- y, luego, a las organizaciones comunistas.
 Fue además una de las fundadoras del barrio Policarpa Salavarrieta, un sector de viviendas populares creado por el sistema de autoconstrucción por el Partido Comunista en el centro de Bogotá.  Poco después se unió en matrimonio al periodista Alvaro Marroquín, ya fallecido, quien fue director del semanario Voz Proletaria, órgano oficial del PCC.
Habla Alfredo Molano
 El sociólogo y periodista Alfredo Molano dijo que el asesinato de la dirigente aumenta el temor con que trabajan los intelectuales de izquierda en Colombia, en donde se vive “con un revólver apuntando a la cabeza”.
 “Todos tenemos miedo y eso es explicable pues siguen los crímenes y nadie hace nada; todo se queda en investigaciones exhaustivas”, agregó Molano, amenazado de muerte públicamente el año pasado por los grupos paramilitares a causa de sus libros y reportajes sobre los problemas de las zonas campesinas del país aquejadas por la violencia armada.
 Arango se había retirado de la actividad política hace varios años y “sus vínculos con el PCC habían desaparecido”, según Molano, para quien el crimen no tuvo como móvil el robo, pues de la vivienda de la mujer “no se perdió una aguja”.
 

sabado,  11 de abril de 1998
EL Espectador
Colombia sería un narco-Estado en cinco años, advierte E.U.

Washington
 Si no reciben ayuda, las Fuerzas Armadas colombianas pueden perder la guerra contra la guerrilla en cinco años, convirtiéndose el país en un narco-Estado, según un informe de la agencia norteamericana para la defensa DIA, citado ayer por el diario The Washington Post.
 El informe de la DIA sitúa en 20.000 los efectivos de la guerrilla izquierdista provistos de pequeños aviones y misiles portables, comprados con dinero proveniente de la droga a países del ex bloque soviético, de acuerdo con la información del diario norteamericano.
 El Ejército colombiano, según un resumen del informe de inteligencia, ha demostrado ser inepto, mal entrenado y mal equipado, ya que sólo la sexta parte de sus 120.000 miembros están equipados y entrenados para combatir.
 Los rebeldes, principalmente, los 15.000 efectivos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), y los 5.000 del Ejército de Liberación Nacional (Eln), controlan cerca del 40% colombiano. La doctrina militar
corriente señala que un ejército regular necesita una superioridad numérica de 10 a uno para poder enfrentar con posibilidades de éxito a una insurgencia tenaz y bien armada.
 Alrededor de un tercio de las unidades de las Farc y la mitad de las del Eln están comprometidas en el tráfico de drogas que genera decenas de millones de dólares para la financiación de las operaciones guerrilleras, de acuerdo con fuentes de inteligencia estadounidenses y colombianas.
 Si el movimiento rebelde continúa creciendo, y el Gobierno colombiano no
funciona efectivamente, dice el informe, Colombia se convertirá en un narco-Estado en cinco años.
   Wilhem insiste
 El pesimista informe de la DIA pareció reflejarse en una reciente declaración del jefe del Comando Sur de E.U., general Charles E.Wilhem, quien dijo ante el Congreso norteamericano, que “la mayor vulnerabilidad de las Fuerzas Armadas de Colombia es su incapacidad para detectar las amenazas, seguida por su falta de competencia para evaluarlas y enfrentarlas”.
 En una carta enviada el pasado día seis de abril al comandante de las F.M. de Colombia, general Manuel José Bonett Locarno, Wilhem le advirtió que sus fuerzas “no están en capacidad de confrontar y derrotar” a las guerrillas. La carta fue dada a conocer a la opinión pública por Bonett quien dijo estar dispuesto a aceptar asistencia militar de los Estados Unidos.
 Washington entregó a Colombia ayuda militar por valor de unos US$100 millones en 1997, aunque asignada únicamente a combatir el narcotráfico.
 El Departamento de Estado y el Pentágono reiteraron el jueves que Estados Unidos no está dando a Colombia equipos ni entrenamiento para tareas de contrainsurgencia.
 El portavoz del Pentágono, Kenneth Bacon, dijo que el personal de ese despacho en Colombia es de unas 215 personas, incluyendo civiles y contratistas, la mayoría de los cuales trabajan en la operación y mantenimiento
de tres estaciones de radar para controlar los vuelos ilegales que transportan drogas.
 El deterioro de la situación en Colombia suscitó un debate en la Casa Blanca y el Pentágono sobre la capacidad de E.U., para responder a la amenaza, señala The Washington Post .
 El gobierno estadounidense debe decidir si incrementa su ayuda antidrogas de US$100 millones y si autoriza la utilización de fondos en operaciones de contrainsurgencia, lo que actualmente está prohibido por violaciones a los derechos humanos por el Ejército colombiano.
 “Como va, la guerrilla podría ganar ”: Navarro W.
De otra parte, el representante a la Cámara, y ex guerrillero del M-19, Antonio Navarro Wolf, dijo que en la lógica de una guerra insurgente, donde a la guerrilla le ha ido bien y es capaz de mantener la iniciativa, podría llegar a
ganar la guerra.
 “En una guerra insurgente es básico mantener la iniciativa militar y en los últimos tres años la guerrilla ha mantenido una iniciativa creciente que se ha convertido en una bola de nieve”, subrayó el dirigente político.
Navarro dijo que el Bloque Sur de las Farc ha ganado cada vez más batallas y, a pesar de que los generales digan lo contrario, la moral del Ejército para pelear con la guerrilla es cada vez más baja.
 De otra parte, el director de la Policía Antinarcóticos, coronel Leonardo Gallego, señaló que la guerrilla no tiene poder para ganar la batalla en Colombia porque la lucha antidrogas de las instituciones del Estado es frontal
e intensa.
 El alto oficial expresó que en relación con el contenido del informe de inteligencia norteamericano que indica que los rebeldes están ganado la batalla a las autoridades colombianas, no comparte esas afirmaciones porque la lucha
ha sido por igual contra narcotraficantes y las alianzas estratégicas con otras formas de delincuencia.
 
 

E.U. estudia costos de helicópteros Black
Hawk para Colombia
 
 

 Washington
 El Departamento de Estado norteamericano reiteró en las últimas horas que el
moderno helicóptero Black Hawk es demasiado caro para entregar a Colombia en su la lucha contra el narcotráfico y propuso modernizar la actual flota de Huey.

  “Creemos que la compra de tres Black Hawk no es la mejor manera de gastar el dinero del contribuyente estadounidense. Son muy caros para comprar, para mantener y para volar”, dijo el portavoz del departamento de Estado, James Rubin. 

 Rubin respondió así a un artículo del columnista derechista Bob Novak, quien  sostuvo que Washington ha demorado la entrega de los tres helicópteros y no ha hecho nada para frenar los avances de la guerrilla en Colombia.

 Rubin reconoció que algunos grupos guerrilleros se están financiando a través del narcotráfico. Señaló que Washington coopera asiduamente con “elementos” del gobierno colombiano y dio el año pasado a Colombia más asistencia antidrogas que a cualquier otro país, 100 millones de dólares.

 Los tres Black Hawk pedidos por la Policía Nacional de Colombia y autorizados por el Congreso estadounidense tienen un valor de US$12 millones cada uno, y el operarlos cuesta US$2.000 dólares por hora de vuelo, comparado con US$400 para los antiguos aparatos UH-1H Huey que actualmente usa la Policía.

 El gobierno del presidente Bill Clinton se opone a entregar los tres Black Hawk, al alegar que gastaría la tercera parte del presupuesto antidrogas del departamento de Estado, restando recursos para la lucha contra las drogas en países como Perú y Bolivia.

 Bolivia se quejó de que le habían reducido este año la asistencia antidrogas de US$46 a US$12 millones. Pero el gobierno de Washington les aseguró a los representantes del gobierno de dicho país que mantendrá el nivel de ayuda.

 Para la Policía colombiana, los helicópteros Black Hawk son importantes para poder volar a las alturas donde se cultiva la amapola, materia prima para la creciente producción colombiana de heroína denunciada por la propia DEA en la reciente cumbre de control de drogas realizada en Costa Rica.

 Rubin dijo que se tratará de solucionar este problema de otra maneras, incluyendo la modernización de los UH-1H Huey para convertirlos en Super Huey, con lo cual se aumentaría su capacidad de vuelo.

 Los vuelos de los Huey, un helicóptero de la era de Vietnam que es el principal apoyo aéreo de la lucha contra el narcotráfico en Colombia, México y Estados Unidos,  debieron ser suspendidos la semana pasada debido a una falla en el motor.

 Sin embargo, las autoridades de Policía Antinarcóticos y Fuerza Aérea de Colombia debieron sacar del servicio cerca de 40 helicópteros UH-1H, luego de que la empresa que los fábrica lanzara una alerta al mundo sobre las fallas que presentan los aparatos especialmente en su rotor de cola y en las turbinas.

 En su momento el comandante de la Fuerza Aérea de Colombia, general Fabio Zapata Vargas, explicó que la Policía Antinarcóticos y la FAC pusieron 45 helicópteros en tierra para ser reparados, o definitivamente retirados del servicio.

 De igual modo, el director de la Policía Nacional, general Rosso José Serrano Cadena, explicó que los helicópteros UH-1H resultaban bastante peligrosos en la lucha antidrogas, pues su capacidad no les permite volar a alturas donde no sean alcanzados por las balas de los guerrilleros que atacan las aeronaves encargadas de erradicar cultivos.
 

Medellín, miércoles 8 de abril de 1998
EL COLOMBIANO
La guerrilla dio muerte a seis paramilitares

 El comandante de la Primera División del Ejército, general Víctor Alvarez Vargas, confirmó ayer el hallazgo de seis cadáveres de integrantes de grupos de justicia privada en zona rural de Carepa, en el Urabá Antioqueño, producto de un enfrentamiento con el 5º Frente de las Farc.  “Las muertes son el producto de algún enfrentamiento entre grupos de justicia privada y guerrilleros de las Farc en ese sitio, ocurrido alrededor del 30 de marzo en la parte alta de la vereda La Unión, límites con Córdoba”, sostuvo el general Alvarez.
 Según el alto oficial, el pasado domingo, seis días después del combate, efectivos militares de la XVII Brigada, con sede en Carepa, en labores de patrullaje llegaron al sitio y encontraron los cuerpos de los paramilitares, en avanzado estado de descomposición.
 Los cadáveres se encuentran en manos de la Fiscalía Regional para los reconocimientos del caso y proceder a enterrarlos; aunque, EL COLOMBIANO pudo establecer que una de las personas muertas es un ganadero de la región, identificado por sus familiares como Joaquín Manco.
 
¿Qué pasó?
El pasado 31 de marzo, un día antes de la visita del presidente de la República, Ernesto Samper Pizano, a los asentamientos de desplazados ubicados en Riosucio, Chocó, y en Pavarandó, Antioquia, se produjeron en zona rural de Carepa enfrentamientos entre paramilitares y subversivos, que dejaron por lo menos seis paramilitares muertos.  Fuentes de la región informaron a EL COLOMBIANO que los combates se presentaron en la vereda La Unión, a seis horas del casco urbano de Carepa, en el Urabá Antioqueño y en limites con el departamento de Córdoba, luego de que los subversivos del 5º Frente de las Farc le tendieran una emboscada a un grueso grupo de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, Accu, que operan en la región.
“Se necesitan varios días”
 Sobre el particular, el general Orlando Carreño Sandoval, comandante de la Brigada XVII, sostuvo en la noche del martes 31 de marzo que no sabía nada sobre los enfrentamientos.
 “Yo tengo en el corregimiento Piedras Blancas, a dos horas del lugar de los hechos, una patrulla de por lo menos cien hombres y no me han informado nada”, afirmó el oficial.
 Pero en la mañana del miércoles 1 de abril reconoció que le habían notificado de una persona muerta y que la llegada a la vereda La Unión le tomaría varios días, “porque no voy a poner en riesgo a mis hombres. En el sitio hay una fuerte presencia de insurgentes y no quiero ser emboscado”, argumentó Carreño Sandoval.
 

Medellín, miércoles 8 de abril de 1998
EL COLOMBIANO
Dan muerte a líder comunal

 Cinco hombres, que se identificaron como paramilitares y portando armas de corto y largo alcance, dieron muerte a Luis Norberto Henao, de 52 años de edad, presidente de la acción comunal de la vereda El Topacio, jurisdicción de San Rafael, Oriente de Antioquia.
 Según versiones oficiales, el pasado lunes un grupo armado llegó hasta al vivienda del líder comunal y luego de acusarlo como auxiliador de la guerrilla procedieron acribillarlo, ocasionándole la muerte de manera instantánea.
Otra más
 Esta muerte se suma a la de cinco personas más ocurridas en el corregimiento El Jordán, de San Carlos, el pasado 23 de marzo.  En esa ocasión, fue asesinada Rosmira Jiménez, una de las maestras del colegio del lugar, y cuatro campesinos más, quienes hacían parte de la junta de acción comunal del lugar.
 La masacre fue atribuida por habitantes de la región a un grupo de autodefensas que opera en esa zona del departamento; presencia, además, que había sido denunciada desde finales del año pasado por diversos grupos cívicos de esa zona de Antioquia.
 

Medellín, martes 7 de abril de 1998
EL COLOMBIANO

Colombia
El último líder guerrillero muerto fue Jacobo Arenas
La noticia sobre el deceso del máximo dirigente del ELN, Manuel Pérez (alias El Cura y Poliarco), trae al recuerdo el fallecimiento de Jacobo Arenas, ideólogo de las Farc que murió, el 10 de agosto de 1990, víctima de un ataque cardíaco durante una reunión ordinaria del estado mayor de su organización en Uribe (Meta).
Arenas, considerado en ese entonces el “guerrillero más viejo del mundo”, era el máximo jefe ideológico de las Farc y, al igual que Manuel Pérez, tenía una vasta experiencia en la lucha armada, a la que entregó 30 años de su vida.
Curiosamente, en los días que precedieron a su muerte el líder de las Farc había buscado acercamientos con el gobierno para hablar de paz, de la misma forma en que el ELN viene haciéndolo en los últimos meses.
Jacobo Arenas, oriundo de Bucaramanga, era considerado un “revolucionario integral” por sus seguidores y un marxista-leninista convencido de sus ideales de paz y de justicia social; ideales que defendió por la vía subversiva y desde el sindicalismo y la política antes de ingresar a la guerrilla.
“El guerrillero más viejo del mundo”, cuyo verdadero nombre era Luis Alberto Morantes Jaimes, se lanzó a la lucha armada tras la muerte de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948. Antes había sido dirigente sindical en Barrancabermeja y miembro del batallón Guardia Presidencial durante dos años.
Irónicamente, tanto “Poliarco” como Jacobo Arenas no murieron empuñando las armas sino por problemas de salud: De un ataque al corazón, en el caso del líder de las Farc; y de una hepatitis, en el caso del dirigente del ELN.

Medellín, martes 7 de abril de 1998
EL COLOMBIANO
Colombia Murió el Cura Pérez

Periodistas liberados por el ELN recibieron la noticia
Debido a una grave enfermedad hepática, alias Poliarco, como se conocía en el interior del grupo insurgente, falleció en algún lugar de las montañas del país
Su admiración por la revolución cubana, el Che Guevara y el sacerdote Camilo Torres, motivó a Manuel Pérez Martínez a dejar el sacerdocio y convertirse en guerrillero.
EL COLOMBIANO y resumen de agencias. El pasado 14 de febrero, a las seis y treinta de la tarde, murió en algún lugar de las montañas de Colombia, el ex sacerdote Manuel Pérez Martínez, comandante del Ejército de Liberación Nacional, ELN, según confirmó ayer el propio Comando Central de esa organización.
Tras una grave enfermedad hepática, alias Poliarco, como se conocía en el interior del grupo insurgente, falleció en momentos en que era uno de los hombres más buscados por las Fuerzas Militares y la justicia colombiana, ante la cual tenía varios procesos pendientes.
La última vez que los colombianos escucharon al cura Pérez fue por intermedio de un video que dirigió a un foro convocado a finales de 1997 por la Comisión de Conciliación Nacional.
El jefe guerrillero formuló un duro cuestionamiento al paramilitarismo y reiteró la propuesta del ELN de una convención nacional de paz en la que el principal actor fuera la sociedad civil.
Antes había enviado otro mensaje audiovisual al Congreso de la República, en el cual su voz se notó con poca vitalidad.
Según el gobernador del Valle, Gustavo Alvarez Gardeazábal, el cura recibió atención médica en Cuba, en enero pasado, antes de la visita papal a la isla. “Su muerte no constituye ninguna sorpresa para quienes estábamos al tanto de su enfermedad”.
Viejo militante
Los detalles del fallecimiento de Pérez, quien ingresó al ELN en 1968 y en 1983 se convirtió en su máximo líder, fueron entregados a un grupo de periodistas que esa guerrilla retuvo el pasado viernes y que liberó ayer.
En zona rural del Sur de Bolívar, en un campamento del ELN, por radioteléfono, Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino, jefe militar del grupo alzado en armas y nuevo máximo comandante, difundió un mensaje en el que confirmó la muerte del ex sacerdote, pese a que recibió atención médica especializada.
Así fue
Uno de los comunicados difundidos por el ELN, precisó que Pérez Martínez resultó víctima de un síndrome hepático terminal (Hepatitis B degenerada en Hepatitis C).
Los voceros del ELN en la cárcel de Itagüí comentaron que el cura padecía la enfermedad desde el año pasado, cuando comenzó a ser atendido “en medio de las condiciones propias de la guerra, con todos los recursos técnicos y médicos necesarios”.
La Hepatitis B es una enfermedad que puede permanecer por mucho tiempo en el cuerpo sin que el paciente se dé cuenta. El período de incubación es de 50 a 150 días y está en todo el mundo. Es contagiosa. Produce decaimiento, náuseas, intolerancia a las grasas, trastornos digestivos y produce inflamación hepática o cirrosis.
Es una de las enfermedades para las cuales hay vacuna. Su transmisión es por vía sexual, a través de trasfusiones sanguíneas o debido al contacto con secreciones portadoras del virus.
Versión del ELN
Ayer, Felipe Torres, líder del ELN recluido en la cárcel de Itagüí, expresó, a nombre del Comando Central de la organización el pesar por la desaparición del máximo líder, quien según él, era el fundamento de las tesis revolucionarias humanistas que movían al grupo alzado en armas.
El comunicado difundido desde la cárcel de Itagüí confirmó la nueva composición del Comando Central del ELN: Nicolás Rodrígez Bautista, alias Gabino, responsable político; Antonio García y Pablo Beltrán, responsables militares.
Torres precisó que las intenciones de paz reflejadas en el Preacuerdo de Viana, España, se mantendrán y que la muerte de Pérez Martínez “no tiene, en absoluto, ninguna relación con las recientes objeciones hechas por el Comando Central al proceso adelantado con el Gobierno”.
Reiteró que el preacuerdo, en la práctica, seguirá metido en el congelador mientras se avanza en su contenido y en la revisión de la metodología acordada en principio. “Por muy significativa que sea la muerte de Manuel Pérez no habrá modificaciones a las estrategias de guerra y de paz”.
Poliarco
Del Evangelio a la revolución
Los detalles del fallecimiento del Cura Pérez -a la izquierda- fueron entregados a un grupo de periodistas que el ELN secuestró el pasado viernes y que liberó ayer.
“Nunca renuncié a mi sacerdocio, pero ya no lo vivo en ritos”, le dijo con un fusil en la mano a la prensa francesa Manuel Pérez Martínez, conocido como Poliarco, máximo jefe del Ejército de Liberación Nacional, ELN, muerto el pasado 14 de febrero en las montañas de Santander.
Carismático, firme en sus convicciones, mantuvo, según su pensamiento, la lucha por la justicia social como inspiración de la doctrina revolucionaria.  Cambió el evangelio por la religión de la guerra, “como método de combate para alcanzar las transformaciones sociales”.
Su teoría castrista, la admiración por la revolución cubana, por Ernesto El Che Guevara y por Camilo Torres, motivaron su disputa “por los más necesitados”. Sus contradictores sostuvieron que las prácticas usadas para alcanzar ese ideal lo convirtieron en uno de los delincuentes más funestos de la historia reciente de Colombia.
El nueve mayo de 1943 nació en el pequeño pueblo de Alfamén, cerca de Zaragoza, en la Provincia de Aragón de España, en el seno de una familia de férrea formación religiosa. En 1966 fue ordenado por el papa Pablo VI, pero nunca quiso predicar el Evangelio: meses después, vivió con inmigrantes españoles en el norte de Francia, donde combatió la dictadura de Franco.
Los primeros tropiezos
De allí partió a República Dominicana, pero fue expulsado por promover actividades políticas contra el Gobierno, hecho que le significó su arribo a Colombia, en 1968. Aquí llegó, junto al sacerdote José Antonio Jiménez. En Cartagena los recibió el padre Domingo Laín, también español. Los tres integraron lo que se llamó el grupo Golconda: corriente de sacerdotes camilistas, muy cercanos a la Teología de la Liberación. “Para nosotros lo importante era encarnarnos en la población más explotada”, sostuvo en otra entrevista. Siempre se consideró un colombiano.
Trabajó con sus amigos en la Ciénaga de la Virgen y el barrio Chambacú.  Echaron tierra a las calles, vivieron en ranchos y organizaron a la comunidad. Presidieron una manifestación por la muerte de un joven y, después, salieron expulsados del país por defender a los habitantes de otro barrio popular (invasión) de un desalojo.
En 1969 regresó a Colombia de forma clandestina y se incorporó con al Ejército de Liberación Nacional, ELN: “Llegué a la guerrilla con la ilusión de conocer cómo era esa vida... La época presentaba al guerrillero como un transformador social”.
Sin ser el mejor de los estrategas militares (en más de una ocasión se perdió en el monte o se quedó dormido haciendo guardia), Manuel Pérez asumió la jefatura suprema del ELN, en 1983, después de ver morir a sus compañeros Domingo Laín, José Antonio Jiménez y Camilo Torres.
Traspiés
“Poliarco” reconoció que la Operación Anorí, en Antioquia, en 1973, fue el mayor golpe militar que recibió el ELN, al punto que casi desaparece, pero recalcó que bajo su dirección y con el apoyo de otros líderes, “la organización surgió de las cenizas”.
Esa dirección lo convirtió en uno de los hombres más buscado en Colombia (el Gobierno ofrecía $1.000 millones por su cabeza). Los atentados dinamiteros a los oleoductos, “en contra de la explotación imperialista”; la financiación a través del secuestro, “impuesto revolucionario” y las minas antipersonales como “método de combate”, fueron prácticas que prometió erradicar si “el Estado acaba con la guerra sucia, las desigualdades sociales y la distribución inequitativa de la riqueza”.
Odiado por muchos, su figura empezó a cambiar en los últimos meses, por los acercamientos y la discusión de la humanización de la guerra. Se pensó en el Preacuerdo como una solución al conflicto armado, aún con el gobierno de Samper, al que siempre consideró ilegítimo.
“Siempre hemos luchado por transformaciones sociales, económicas, políticas y culturales. Si estas transformaciones se van realizando, harán innecesarias las armas”, sostuvo en una entrevista a El Tiempo, en septiembre de 1996. “El Jesús de la Biblia está con nosotros. Me gustaría hablar con todos los obispos porque amo profundamente el Evangelio”, fue el sueño que no cumplió, como el anhelo de regresar a su país sin ningún señalamiento.

El Tiempo    Lunes 6 de abril de 1998
Los llaman y luego los acribillan

En esa guerra ya han sido asesinados 17 civiles. Comandante   de Policía de Cundinamarca dice que autodefensas vienen del Casanare. En la región se comenta que los ‘paras’ tiene a 80 personas en lista.
Del Enviado Especial
La familia Velásquez terminó unida en una fosa común. El pasado 25 de marzo seis hombres llegaron a la finca, en la vereda Puerto Virginias, en Paratebueno (Cundinamarca).
Los tipos sacaron de la finca a la mamá de los Velásquez, a dos de sus hijos y a un sobrino. Luego los acribillaron.
En el suelo quedaron tendidos William Velásquez Sandoval, José de los Angeles Velásquez Sandoval, Antonio Firaldo Montañez Sandoval y María del Rosario Sandoval Gordillo. De Ramiro Velásquez aún no se sabe nada. Está desaparecido desde ese día.
Los cuatro miembros de la familia fueron enterrados en el cementerio de Paratebueno, sin más que una cruz blanca y un morro de tierra que ayuda a identificar la fosa común de los Velásquez.
Esta es la más reciente de una serie de masacres que vienen ocurriendo en el Piedemonte cundinamarqués desde julio del año pasado. En total van 17 civiles acribillados, solo en Paratebueno (Ver recuadro).
A esta región han llegado los paramilitares para disputarle el control de la zona a los frentes 51,52 y 53 de las Farc.
‘Presentación en sociedad’
El 16 de diciembre, las autodefensas reunieron a pobladores de la inspección de Mesa de los Reyes, en zona rural del municipio de Medina (Cundinamarca), para anunciarles su llegada. En las paredes de algunas viviendas el comandante resumió el objetivo de su presencia: ‘Coco, el terror de las Farc’.
Hubo otra reunión el 27 de diciembre en la finca Los Reyes, a quinientos metros de la inspección de Maya (Paratebueno), a la que acudieron los habitantes. Allí los ‘paras’ les confirmaron que venían del Urabá a combatir la guerrilla.
Desde ese día Maya está amenazada por los subversivos, quienes le han hecho saber a los pobladores de su intención de atacarlos por cuarta vez durante los últimos tres años. Esto, como represalia por haber participado de la reunión con los paramilitares.
El alcalde de Paratebueno, Dumar Albeiro David, describe así la situación:
“Es un enfrentamiento de dos fuerzas que se han hecho presentes aquí en la región y que están cobrando una alta cuota de sangre para la población civil”.
David confiesa su pesimismo: “Sinceramente no veo en estos momentos un futuro claro, un horizonte abierto para nosotros que queremos vivir en paz”.
Los frentes de las Farc tienen en esta región a uno de sus mayores fortines económicos representados en secuestros y extorsión de hacendados.
El frente 53 fue el autor intelectual y material del secuestro y posterior muerte de dos misioneros norteamericanos; también secuestró y después liberó a dos ingenieros de la firma brasilera Andrade Gutiérrez la cual, finalmente, debió retirarse de las obras de la vía al Llano por problemas de inseguridad. Así mismo el frente 53 ha secuestrado a decenas de comerciantes de Villavicencio (Meta), cuyas liberaciones se han producido a cambio de transacciones que sobrepasan en promedio los 2o0 millones de pesos.
El frente 53 también ha sido protagonista de los retenes en la vía Villavicencio- Restrepo, y el más reciente en la vía al Llano donde fueron secuestrados cinco extranjeros, permaneciendo aún retenidos cuatro de ellos.
El coronel Carlos Barragán, comandante de Policía en Cundinamarca, dice que el grupo paramilitar no está realmente asentado en la región. “Se están moviendo desde el Casanare hasta esta zona y pasan al Meta a la parte de Puerto López.
“Están en tránsito ahí, pero no tienen un asentamiento en la zona, porque nosotros hemos estado muy alerta”, agrega el coronel Barragán.
Antes de que la guerrilla contra ataque, como lo ha anunciado, varias familias han decidido irse para Villanueva (Casanare), Villavicencio (Meta) o San José del Guaviare.
Leonardo Urrego, inspector de Maya, dice que por lo menos 15 familias de la vereda Piñalito y Villa Pachelly han emigrado.
La ‘lista negra’
En el piedemonte se habla de que los paramilitares tienen una lista de 80 personas acusadas de ser auxiliadoras de la guerrilla. Varios de esa lista ya han sido ‘tachados’.
“Dicen que tiene lista, que ya vienen por ellos, pero no hay nada oficial”, responde el coronel Carlos Barragán.
La guerrilla, sabedora de la presencia de los paramilitares, ya que según uno de los subversivos afirma conocer de una viaje que llegó ‘hace poco’ a Medina, ha empezado a adelantarle juicios a los autoridades de la región.
Fue así como al alcalde de Medina, Yesid López Daza, durante su retención hace un mes, se le reclamó sobre el por qué no había denunciado ante la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría la llegada de las autodefensas a Mesa de los Reyes.
El alcalde López les explicó que para esa fecha él, aunque ya electo, no había asumido el cargo, por lo que no realizó ningún pronunciamiento.
Los dos bandos, guerrilla y paramilitarismo, están empezando a disputarse el Piedemonte. Una historia cuyo comienzo es similar a los primeros sangrientos capítulos de Urabá (Antioquia) y Mapiripán (Meta).
 
 
 Medellín, sábado 4 de abril de 1998
EL COLOMBIANO
Colombia
Dice Barry McCaffrey
Se debe considerar fuerte apoyo militar a Colombia
AFP-Washington. El gobierno del presidente Bill Clinton reafirmó ayer que seguirá dando ayuda a Colombia para combatir el narcotráfico, pero el general retirado Barry McCaffrey, director de la oficina antidrogas de la Casa Blanca, opinó que ante la amenaza de la guerrilla Estados Unidos debería considerar un nivel más serio de asistencia militar al país suramericano.
La suma del narcotráfico, un aumento del 40% en la producción de coca en los últimos dos años y la presencia de dos ejércitos guerrilleros bien armados, configura “un problema de grandes dimensiones”, dijo.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) suman unos 15.000 guerrilleros “que están mejor armados que el ejército a nivel táctico, pues tienen más ametralladoras y son mejor pagados”, dijo McCaffrey.
En su opinión, “si Colombia quiere protegerse a sí misma, proteger su democracia” y si los Estados Unidos quieren protegerse contra la invasión de cocaína, “necesitamos debatir si debemos o no proveer un serio nivel de apoyo a la Policía y al Ejército” colombianos.
En 1997, Estados Unidos entregó unos 100 millones de dólares en ayuda militar a Colombia, casi toda a la Policía. En los planes para 1998 figuran programas de entrenamiento, aviones y sistemas de comunicaciones, que serán entregados “sólo a unidades militares sometidas a un proceso de observación extensivo” para evitar toda asociación con las que sean acusadas de abusos de los derechos humanos.

EL TIEMPO
El sindicalismo en Colombia, frenado a punta de asesinatos
El número de sindicalistas asesinados y heridos en Colombia se incrementa
cada año y la sangre no deja de correr en los conflictos laborales del país.
Eso se desprende del documento redactado por la Confederación Internacional
de Organizaciones Sindicales Libres (Ciosl), que fue presentado ayer en
Ginebra.
La cifra de sindicalistas asesinados en todo el mundo el año pasado fue de
264, de los que casi la mitad murieron en tres países latinoamericanos,
Colombia, Brasil y Bolivia, según el Informe Anual sobre Violaciones de los
Derechos Sindicales.
El documento de la Ciosl denuncia el progresivo empeoramiento de los
derechos laborales en todo el mundo a causa de la globalización de la
economía.
El informe fue hecho público ayer en Ginebra, donde se celebra la 85
Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo.
El capítulo dedicado a Latinoamérica se abre con la dura afirmación de que
“el instrumento estadístico clave para evaluar la situación de las
relaciones laborales en América Latina sigue siendo el recuento de
víctimas”.
Gobiernos culpables
Aunque el número de asesinados disminuyó en 1996, los autores del informe
aseguran que “la sangre sigue corriendo, especialmente en Colombia y
Guatemala” y culpan a los gobiernos de la región de no haber actuado con
determinación para proteger a los representantes sindicales.
Según el informe, 98 sindicalistas fueron asesinados en Colombia, muchos de
ellos trabajadores del sector bananero de Urabá, mientras que 24 murieron en
Brasil y 9 en Bolivia.
Además de las muertes, el documento denuncia la existencia de un “reino del
terror” en la República Dominicana, “en donde matones con caños, cachiporras
y cuchillos amenazan a cualquiera que se ponga del lado del sindicato y
defienda sus derechos”.
De forma general, la Ciosl afirma que durante el año pasado se constataron
violaciones de los derechos sindicales en 108 países.
Aparte de los asesinatos, hubo 1.761 sindicalistas que resultaron lesionados
y otros 4.264 que fueron arrestados, 1.500 sólo en Turquía por ejercer sus
actividades en favor de los derechos laborales.
Respecto a los negativos efectos de la globalización, el informe asegura que
la peor parte se la llevan las mujeres.
Esta situación se debe a que las mujeres “sufren, tanto porque el sector
público ?donde muchos empleados son mujeres?está siendo diezmado por la
reestructuración global, como por la existencia de talleres en países, en
los que las multinacionales pueden encontrar trabajadoras baratas y no
sindicadas”.
Así, una legitimidad protegida por las leyes internacionales y defendida
como uno de los patrimonios más sagrados de los trabajares, está siendo
disminuida con asesinatos, desapariciones y lesiones.
 

Medellín, miércoles 1º de abril de 1998
EL COLOMBIANO
ELN suspende acercamiento con el Gobierno
“El famoso preacuerdo queda en entredicho por el manejo nada serio de oportunistas, incluido el gobierno colombiano y que va en contravía del espíritu con que se venía trabajando”, dijo esa organización en un
comunicado difundido ayer.
Según Francisco Galán, vocero del ELN preso en Itagüí, “el periódico ABC de España y sus fuentes se confabularon para quebrar la confidencialidad del Preacuerdo, dándole un manejo irresponsable y desconsiderado con la paz de Colombia”.
Resumen agencias y EL COLOMBIANO.
El Ejército de Liberación Nacional, ELN, suspendió ayer unilateralmente el proceso que buscaba iniciar una negociación de paz con el Gobierno, pero reiteró su intención de continuarlo con quienes representan a la sociedad civil.
“El famoso preacuerdo queda en entredicho por el manejo nada serio de oportunistas, incluido el Gobierno colombiano, y que va en contravía del espíritu con que se venía trabajando”, dijo un comunicado que leyó Francisco Galán, vocero de esa organización subversiva preso en la Cárcel de Itagüí.
“Vemos indispensable hacer los ajustes necesarios para que el proceso vuelva a tener credibilidad (...) El ELN no transige ante los malos manejos y equivocadas interpretaciones de lo trabajado (...) Indudablemente hay que reencauzar este proceso por las vías del respeto y seriedad de los procedimientos y contenidos acordados”, agregó el texto.
¿Una luz sin túnel?
El gobierno del presidente Ernesto Samper y el ELN suscribieron en Madrid un preacuerdo que buscaba el inicio de conversaciones de paz mediante una convención nacional en la cual se busca la participación de la sociedad civil.
La iniciativa fue firmada el 9 de febrero por los asesores presidenciales de paz Daniel García-Peña y José Noé Ríos y los delegados del ELN Milton Hernández y Juan Vásquez. El documento también lo firmaron dos miembros de la Comisión de Conciliación Nacional, el exministro de Relaciones Exteriores Augusto Ramírez y la periodista y directora de EL COLOMBIANO Ana Mercedes Gómez.
También sirvieron como testigos, en representación del Gobierno de España, el secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Fernando Villalonga, y el director general de Política Exterior para Iberoamérica, Eduardo Gutiérrez Sáenz de Buruaga.
Pese a la confidencialidad que habían acordado las partes, el acuerdo se filtró a la prensa y provocó reacciones de los candidatos presidenciales, situación que criticó el ELN que decidió suspenderlo.
“Los pasos dados en España están siendo utilizados para sacar dividendos políticos electorales y en tal sentido el ELN no se puede prestar para que los anhelos de los colombianos terminen siendo utilizados por el afán proselitista de todos los candidatos presidenciales”, agregó el comunicado.
Pese a la decisión de suspender el acuerdo iniciado con el gobierno, el grupo guerrillero reiteró su voluntad de buscar una solución política al conflicto interno que se registra en el país y que ha dejado miles de muertos en más de 30 años.
“Queremos que el proceso sea discreto no secreto. Todo proceso de negociación requiere consultas si es democrático, discreción si es serio y el tiempo necesario de procesamiento si es profundo”, dijo Francisco Galán.
La guerrilla sostuvo que la ruptura de la confidencialidad del denominado Preacuerdo del Palacio de Viana fue aprovechada por los aspirantes presidenciales y por el propio Samper: “la bandera de la paz tiene muchos enamorados en los tiempos electorales, somos del criterio que este trabajo de aproximación que sería iniciado se hiciera cuidadosamente para que no se prestara al `reencauche’ de Samper y para que ninguno de los candidatos sacara ventajas”.
Sin intermediarios
El ELN insistió que pese a su decisión, trabajará por desarrollar un proceso de diálogo con toda la nación, sin intermediarios y con la participación “democrática” de todos los colombianos en una gran Convención Nacional.
“El Comando Central suspende el proceso de negociación y deja abierto el proceso de diálogo con toda la nación”, explicó Galán, quien sostuvo que se deben intercambiar opiniones con la Iglesia, los sindicatos y los gremios económicos en la búsqueda de la paz.
Galán convocó a la cárcel de Itaguí a un encuentro preparatorio de la “Convención Nacional”, para tratar temas como la política petrolera, el Derecho Internacional Humanitario y el modelo de desarrollo económico.
El ELN dijo que el proceso de paz no puede ser sujeto de la “rapiña electoral” ni asociado al desarme o la rendición de la guerrilla.
El comunicado
El siguiente es el comunicado emitido ayer por el Comando Central del ELN:
“A raíz del manejo equivocado que se viene dando a la gestión de aproximación que se desarrolló en España, el Comando Central del ELN informa a la comunidad nacional e internacional lo siguiente:
1. El ELN sigue estando comprometido con la búsqueda de una solución política al conflicto de nuestro país y en tal sentido seguirá trabajando porque sabe que es un anhelo de todos los colombianos.
2. Efectivamente, un vocero oficial de nuestra organización realizó una reunión en España, con la Consejería de Paz del Gobierno colombiano y en presencia de la Comisión de Conciliación Nacional, con el apoyo del Gobierno español se elaboró un documento de trabajo llamado preacuerdo del Palacio de Viana. Dicho documento de trabajo era de manejo confidencial y estaba sometido a la revisión final y a la aprobación del Comando Central de nuestra organización.
3. Conocedores que la bandera de la paz tiene muchos enamorados en los tiempos electorales somos del criterio que este trabajo de aproximación que se había iniciado se hiciera cuidadosamente para que no se prestara al reencauche de Samper, y para que ninguno de los candidatos presidenciales sacara ventaja con él.
4. Hoy los resultados, a todas luces, saltan a la vista: los pasos dados en España están siendo aprovechados para sacar dividendos políticos electorales y en tal sentido el ELN no se puede prestar para que los anhelos de los colombianos terminen siendo utilizados por el afán proselitista de todos los candidatos presidenciales.
5. Es sin lugar a dudas, que el famoso preacuerdo queda en entredicho por el manejo nada serio de oportunistas, incluido el Gobierno colombiano, y que va en contravía del espíritu con que se venía trabajando.
6. Decimos a la nación que el ELN no transige ante los malos manejos y equivocadas interpretaciones de lo trabajado y que, indudablemente, hay que reencauzar este proceso por las vías del respeto y seriedad a los procedimientos y contenidos acordados. En este sentido vemos indispensable hacer los ajustes necesarios para que este proceso vuelva a tener credibilidad.
7. El ELN seguirá trabajando por la realización de la convención nacional, por desarrollar este proceso de diálogo con toda la nación, sin talanqueras ni intermediarios, que sea un proceso de mayorías y de real participación democrática, que recree de verdad el ejercicio de la política en Colombia.
8. Hacemos un llamado a todos los colombianos interesados en la búsqueda de soluciones a la crisis nacional, para que lleguemos a la convención nacional, para que a través de los encuentros con nuestros comandantes Francisco Galán y Felipe Torres se vayan concretando los mecanismos, la forma y las propuestas para participar en la convención nacional.

Comando Central ELN, montañas de Colombia, 30 de marzo de 1998”.
 
Medellín, jueves 28 de mayo de 1998
EL COLOMBIANO
Política
Respuesta a la Arquidiócesis
"Las Convivir no activan el conflicto"

Las Convivir serían desmontadas por sus dirigentes si los violentos deciden poner fin al secuestro, la incineración de vehículos, los retenes en las carreteras y sus actos contra la vida de las personas.
Las 414 Convivir que operan en el país sólo cuentan con equipos de comunicación y armas de fuego de uso personal.

Por JOSE GUILLERMO PALACIO Medellín
Las Asociaciones Convivir expresaron su desacuerdo con el pronunciamiento de la Arquidiócesis de Medellín que solicita al Gobierno Nacional el desmonte de este tipo de organizaciones a fin de que se compromenta con el respeto al Derecho Internacional Humanitario.
En el llamado de atención, conocido como “detente nacional” la Iglesia Católica, invita a los bandos enfrentados a garantizar, en absoluto, la vida y respeto de la población civil no combatiente.
La propuesta, de igual forma, va orientada a frenar la degradación del conflicto armado, la polarización y reproducción cada vez más amplia de la violencia.
Por ello, igual convoca a la guerrilla a retirar a sus milicianos y mandos políticos de la población civil y el respeto de las autodefensas a las comunidades civilistas de paz.

Hablan las Convivir

El presidente la Confederación Nacional de Asociaciones Convivir, Carlos Alberto Díaz, tras expresar su desacuerdo con la propuesta de desmonte, afirmó que no son las instituciones que dirige las responsables de los asesinatos, secuestros, retenes e incineración de vehículos en las distintas regiones de Antioquia, “cuando antes, lo que estamos reclamando es la solidaridad de la sociedad civil alrededor de las Fuerza Pública, legítimamente constituída para enfrentar a los violentos”.
De acuerdo con Díaz, es una equivocación inmensa el creer que la población civil está al margen del conflicto. “En todos los rincones del mundo las poblaciones civiles son las que resuelven el conflicto. Aquí se nos ha dado por pensar que el hecho de que la sociedad civil esté al lado del Estado, está involucrándose en el mismo”.
El trabajo de las Convivir tiene como esencia la organización de la población civil, no en armas sino para estar al lado del Estado, a fin de que le rinda información oportuna a los cuerpos de seguridad para que contrarresten todo tipo de acción guerrillera, paramilitar o de la delincuencia común, precisó.
En su análisis sobre la situación, Díaz afirmó que no se le puede pedir a la población civil que permanezca indiferente, cuando los violentos no respetan los pactos de neutralidad activa y siguen asesinando defensores de derechos humanos, indígenas y a todo el que trate de frenar sus intereses.

No son de choque

Díaz afirmó que las 414 Convivir que hoy existen en el país sólo cuentan con equipos de comunicación y armas de defensa personal.
Aclaró que en la historia de las Convivir, creadas por el Decreto 356 de 1994, nunca han tenido confrontaciones directas ni con paramilitares ni con guerrilla, ya que sólo actúan como informantes de la comisión de algún tipo de delitos.
Al ser consultado sobre la implicación de algunos miembros de las Convivir en actos contra la vida de las personas y otras acciones al margen de la ley, Díaz dijo que, como a otras instituciones legalmente constituídas, les es casi imposible evitar que alguno de sus miembros se salga de las normas establecidas.
"Nosotros no estamos exentos de que nuestros miembros o quienes forman parte
de este tipo de organizaciones cometan actos al margen de la ley. Tenemos la voluntad de corregir esos errores y de poner en manos de la autoridad legítima a quien infrinja la ley".
En un claro llamado a la guerrilla, el Presidente de la Confederación Nacional de Convivir la convocó a convertir a Antioquia en un laboratorio para la convivencia pacífica.
Si se acepta la propuesta, no dudarían en desmontar a las Convivir, "siempre y cuando la insurgencia decida acabar con la práctica del secuestro, la incineración de vehículos y sus actos contra la vida de las personas", afirmó Díaz.

Medellín, jueves 28 de mayo de 1998
EL COLOMBIANO
Dice Carlos Castaño

Autodefensas tienen a los secuestrados de Barranca
Aunque los paramilitares admitieron tener en su poder a los 34 secuestrados de los barrios nororientales de Barrancabermeja, la idea de un paro indefinido sigue latente porque aún no hay pruebas de supervivencia de los desaparecidos

Barrancabermeja. Sigue la zozobra en el puerto petrolero por los 34 desaparecidos en poder de un grupo paramilitar que, según informaciones suministradas ayer por el gobierno, estarían en poder de las Autodefensas de Santander. Aunque hay normalidad, los barramejos temen la posibilidad de un paro indefinido.
Por EL COLOMBIANO-COLPRENSA Medellín y Santafé de Bogotá
Carlos Castaño, uno de los máximos líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), envió una carta al gobierno admitiendo que las 34 personas secuestradas hace dos semanas en Barrancabermeja están en manos de las llamadas Autodefensas de Santander.
El documento fue enviado ayer al despacho del consejero para la Paz, José Noé Ríos, en el Palacio de Nariño, cuando precisamente se desarrollaba en el puerto petrolero una asamblea popular donde se explicó a la comunidad los pormenores de las investigaciones que cursan por la masacre de 11 personas y el secuestro de otras 34 el 16 de mayo pasado.
Es la primera notificación oficial que los llamados paramilitares hacen en torno a las personas cuyo estado y paradero se desconocen.
“Seguimos esperando los resultados de las negociaciones que el gobierno realiza, en algún lugar del Magdalena Medio, con los grupos paramilitares, sin embargo no daremos detalles para no entorpecer el proceso”, afirmó Julio César Ardila, defensor regional del Pueblo.

El paro está latente
El puerto petrolero continúa en vilo y todavía no se ha descartado la posibilidad de que estalle el paro cívico indefinido -que podría ser nacional- si no hay una respuesta de las autodefensas sobre los desaparecidos que satisfaga a la Asamblea Popular.
Los dirigentes del movimiento esperan fundamentalmente que las autodefensas den pruebas de la supervivencia de las personas que mantienen en su poder y una promesa confiable de que serán dejadas en libertad.
Hernando Hernández, presidente de la Unión Sindical Obrera, USO, dijo que “por ahora está conjurado el paro cívico”. Sin embargo, aclaró que continúa el movimiento permanente para seguir de cerca el resultado de esas conversaciones y adoptar una decisión final.
De otro lado, dos actos terroristas ocurridos en la madrugada de ayer inquietaron a los barramejos. El primero de ellos se cometió contra el tubo 16 que transporta gasolina refinada hacia Palloa, al estallar una carga de dinamita que obligó a que se suspendiera de inmediato el bombeo del combustible.
Hacia las dos de la mañana, un petardo de mediano poder estalló en una pizzería situada en la calle 50 con la carrera 22 que causó daños que se cuantificaron en 10 millones de pesos
A lo anterior se agrega la quema de un vehículo particular por parte de agitadores. En ninguno de estos casos se registraron muertos o heridos.

Samper visita hoy la zona
COLPRENSA-Santafé de Bogotá. Encabezado por el presidente Ernesto Samper y con la participación de los altos mandos militares y de policía, se realizará hoy en Barrancabermeja un consejo extraordinario de seguridad, para analizar la difícil situación de orden público que vive esa zona del país hace dos semanas.
La reunión está programada para las nueve de la mañana en el recinto de la Alcaldía, donde se tratarán temas como la incursión de paramilitares el pasado 16 de mayo, la masacre de 12 personas, el secuestro de otras 34 y reciente paro realizado por la Unión Sindical Obrera (USO) y la comunidad en general.
De igual forma, se estudiarán las medidas para contrarrestar el paro armado que convocaron los grupos subversivos en Santander con el fin de boicotear las elecciones presidenciales.
Al Jefe del Estado lo acompañarán los ministros del Interior, Alfonso López Caballero y Defensa, Gilberto Echeverri. También asistirán los comandante de las Fuerzas Militares, general Manuel José Bonett; y del Ejército, Mario Hugo Galán, y el director de la Policía, general Rosso José Serrano, entre otros oficiales.

Medellín, jueves 28 de mayo de 1998
EL COLOMBIANO
Profesores universitarios inician paro de 48 horas

COLPRENSA-Santafé de Bogotá. Los profesores de las Universidades públicas del país inician hoy un paro de 48 horas en protesta por el asesinato de Misael Díaz Urzola, profesor de la Universidad de Córdoba, y para exigir al gobierno y a las autoridades el esclarecimiento de los crímenes de numerosos docentes que hasta el momento han quedado impunes.
Díaz Urzola fue asesinado en Montería el pasado martes, a las 2:30 de la tarde, cuando salía de su residencia. Un sicario le disparó varias veces por la espalda.
El profesor Díaz Urzola era miembro del Consejo Superior de la Universidad de Córdoba, profesor de la Facultad de Ciencias Agrícolas y miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Profesores Universitarios.
“Los universitarios colombianos, unidos en una sola voz, tenemos que expresar nuestro repudio a las acciones que asesinan al país, tenemos que expresar nuestra exigencia de castigo a los culpables, aquellos que corean la muerte a la inteligencia, tenemos que demandar justicia para todos los ciudadanos”, dice el comunicado de la Federación.
La organización convoca a los profesores y a la comunidad universitaria en general, a realizar un cese nacional de actividades docentes durante 48 horas, es decir este jueves y viernes.
Esa jornada, explicó la Federación, estará destinada a rechazar la violencia asesina y a demandar una paz con justicia para Colombia.
Por su parte, la Asociación Sindical de Profesores Universitarios condenó y denunció nacional e internacionalmente el que calificó de vil y cobarde asesinato del profesor Misael Díaz Urzola.
Destacó en un comunicado que este crimen y otros de dirigentes sociales, son una muestra más de como en Colombia se persiguen a los intelectuales y profesores que lucha por la verdad, la justicia y trabajan para el bien de los colombianos.

Medellín, jueves 28 de mayo de 1998
EL COLOMBIANO
3 meses del asesinato de Jesús Valle

Canto a la vida en sol mayor

Una serenata, las proclamas, el encuentro, la denuncia, reunidas ayer en la oficina de Jesús Valle Jaramillo, el defensor de los derechos humanos inmolado 3 meses atrás.
En la oficina 405 del Edificio Colón, en los alrededores de Ayacucho con Carabobo, un espíritu inquieto deambula desde el pasado 27 de febrero. Ayer se posó para escuchar la música y sentir de cerca el aliento de quienes nunca se marcharon y de nuevo fueron canto y grito.
Allí, en el lugar donde cayó asesinado, 3 meses atrás el abogado Jesús María Valle Jaramillo, palpita la vida con más fuerza que nunca. Tiene el mismo ambiente el que fuera centro de su actividad incansable, no sólo en su valiente denuncia para defender los derechos humanos sino en su proyección como maestro, politólogo, constitucionalista, penalista, un pensador de alta categoría vital, como lo llamó, por estos días, uno de sus amigos.
Se fue Jesús Valle, pero los violentos no pudieron arrancar su huella. Y con la muerte del hombre creció la sombra de lo que fue su vida. Por eso el lugar, hoy por hoy símbolo de la lucha contra la intolerancia, la violencia ciega, la impunidad, escuchó de nuevo un reclamo para reivindicar el derecho a disentir y a unir voluntades en el afán de construir un país amplio, digno, justo. Esa fue la razón de la existencia que animó al jurista, y que lo llevó a proyectar en un proyecto político, la Acción Popular Independiente, su idea de país.
Los sueños están por construir, podría decir ahora Jesús, así esté lejos. Pero ese espíritu incansable que lo habitó continúa cerca de sus ambiciones y de su afán de servicio, el mismo que quiere renacer con fuerza en el lugar que fuera su lugar de trabajo.
Valle sonríe complacido, no está muerto, palpita con la fuerza de su voz y la sencillez que dijo siempre, con un estilo humilde, sincero, fresco.
Vendrá otro mes y de nuevo la palabra gritará con rabia para reclamar por las muertes injustas, por la vida, por la paz en un país que se desangra.
 

Medellín, miércoles 27 de mayo de 1998
EL COLOMBIANO
Unión Europea da campanazo de alerta

Por OSCAR CARDONA. EL COLOMBIANO-Madrid
La Unión Europea (UE) podría imitar la política de presión que actualmente aplica Estados Unidos hacia el gobierno y el Ejército de Colombia por la violación de los derechos humanos, invocando la Cláusula Democrática, incluida en el Acuerdo vigente entre los Quince y la Comunidad Andina de Naciones (CAN), de la cual hace parte Colombia.
El síntoma de que la tradicional política de “comprensión” de Europa hacia Colombia puede cambiar quedó de manifiesto en los duros términos de la resolución de condena por violaciones de derechos humanos, aprobada por el Parlamento Europeo (PE) en la sesión del pasado 14 de mayo en Estrasburgo
(Francia).
En dicha resolución, el Parlamento, además de condenar los asesinatos de Eduardo Umaña Mendoza, de María Arango, y la masacre de Puerto Alvira (Meta), entre otros crímenes, le pidió a la Comisión Europea (CE), el máximo órgano ejecutivo de la Unión, que elabore un informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia.
A renglón seguido, la resolución advierte que el acuerdo entre la UE y la Comunidad Andina de Naciones (CAN), que contempla, entre otros aspectos, las preferencias arancelarias a productos como el banano, incluye una Cláusula Democrática, que obliga el respeto de las libertades fundamentales y a los derechos humanos, la cual puede ser invocada en caso de violación.
Ese párrafo puede interpretarse como un campanazo de alerta, en el sentido de que si el informe sobre derechos humanos que realice la Comisión Europea, sobre el cual no se tiene fecha prevista aún, es negativo, como probablemente lo será, es posible que el gobierno, y otras instituciones, reciban fuertes presiones con el fin de que adopten medidas para mejorar la situación de derechos humanos.
La resolución de condena de la Eurocámara pide la “disolución inmediata de los grupos paramilitares” y de las Convivir, así como la adopción de “medidas urgentes, eficaces y preventivas para dar protección y garantizar la actividad de los defensores de derechos humanos, sociales, sindicales, campesinos y líderes políticos”.

Los casos de Israel y Turquía
EL COLOMBIANO-Madrid. Los casos de Israel y Turquía son dos ejemplos recientes de la forma cómo puede presionar la Unión Europea.
Respecto a Israel, la Comisión Europea anunció la semana pasada el inminente final del trato preferencial de los productos que se exportan hacia Europa desde los asentamientos judíos de Jerusalén Oriental, altos del Golán y Cisjordania. Tales exportaciones son consideradas fraudulentas porque los Quince no reconocen las fronteras israelíes de 1967.
Aunque la medida fue presentada por el vicepresidente Manuel Marín como la aplicación estricta del acuerdo de asociación euromediterránea, UE-Israel, analistas de la prensa española lo interpretan como una represalia y presión al gobierno israelí por la intransigencia del primer ministro Bejamín Netanyahu a cumplir los acuerdos de Oslo en lo que tiene que ver con la repartición de territorio con los palestinos.
En el caso de Turquía, la UE aplicó la cláusula democrática, por fuerte presión alemana, para impedir que dicho país, el único Estado musulmán miembro de la OTAN, hiciera parte de los países de cabeza de la futura ampliación de la UE hacia el Este de Europa.
Turquía, como Colombia, padece por la violación endémica de los derechos humanos, sobre todo por la represión al pueblo Kurdo.
La semana pasada, por ejemplo, en la capital, Ankara, el presidente de la Asociación de Derechos Humanos, Akin Birdal, muy crítico con el gobierno por su política en el Kurdistán, recibió seis tiros, por parte de dos pistoleros, que lo tienen al borde la muerte.
La figura de Birdal recuerda a la de Eduardo Umaña Mendoza en Colombia o a la del abogado antioqueño Jesús María Valle Jaramillo, entre otros activistas de derechos humanos asesinados.
 
 

Medellín, domingo 24 de mayo de 1998
EL COLOMBIANO
La sombra del “oro negro” en Barrancabermeja
Una confrontación por petróleo y territorio

Una semana después de la masacre en la zona nororiental de Barrancabermeja  quedan tres temas en el ambiente: la presencia cada vez más fuerte de grupos paramilitares en la región, la importancia del puerto petrolero -que casi
deja al país sin una gota de combustible- y la zozobra por la suerte de los desaparecidos

Enviado especial, ALEJANDRO BAENA JIMÉNEZ-Barrancabermeja, Santander
El 15 de enero de 1988, el líder de la Unión Sindical Obrera (USO), Manuel Gustavo Chacón, fue asesinado a tiros frente a un banco del centro de Barrancabermeja.
La muerte de Chacón, gran conocedor de la zona nororiental de la ciudad (marginal) y en quien el pueblo barramejo se sentía representado, produjo tal caos en el puerto petrolero que paralizó las actividades durante cuatro días.
La población enardecida paró el bombeo de crudo y enfrentó a la fuerza pública por su supuesta participación en el crimen. La gente afirmaba que el carro donde se movilizaban los sicarios ingresó, luego del asesinato, al Batallón de Nueva Granada, en Barranca.
El pasado sábado 16 de mayo, en los barrios María Eugenia, El Campestre y El Campín, fueron once los muertos y más de treinta los desaparecidos.
Diez años después de la muerte de Chacón, los barramejos volvieron a poner en jaque al gobierno: bloquearon durante cinco días la refinería y denunciaron la supuesta complicidad de las autoridades en los crímenes, ya que, según organismos regionales para la defensa de los derechos humanos y la misma población, estaban presentes en el sector de la masacre y realizaron retenes entre los barrios El Campestre y 9 de Abril, donde también se encuentran tres bases militares.
Estas denuncias se suman a otras en las que las Fuerzas Militares se han visto comprometidas con masacres y asesinatos colectivos en Barranca. Una vinculación que, según investigadores de la región, data de 1982, cuando el gobierno de Belisario Betancur, amparando legalmente la constitución de grupos de autodefensa para apoyar la guerra del Ejército contra la subversión en el Magdalena Medio, impuso drásticos cambios a la dinámica de la violencia en la región.
Corre sangre
Según el Comité Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos), la cifra de masacres que ha sufrido Barrancabermeja durante los últimos años de escalada violenta para asegurar territorio -por parte de autodefensas, guerrilla y otras “fuerzas oscuras”-, son aterradoras.
En la época de la famosa Red de Armada Nacional (1992) se presentaron las matanzas más cruentas: El Tropezón y Versalles, seis muertos; Bar El Star, siete muertos (en su mayoría pescadores); El Campestre, tres dirigentes de la USO; Cancha Chano, tres muertos (entre ellos un miembro de Credhos);
Barrio 9 de Abril, seis muertos.
Durante 1993 y 1994 hubo cierto proceso de pacificación. No obstante, en los años 95, 96 y 97 se reanudaron las masacres, que, según las estadísticas, dejaron un saldo de dos muertos diarios. Entre estas tragedias se cuenta la de la vereda Rafael de Chucurí, en la que siete campesinos de entre 24 y 25 años fueron asesinados por el grupo paramilitar Muerte A Secuestradores (MAS).
Precisamente en el paramilitarismo recae el mayor número de denuncias por violaciones a los derechos humanos en la región. Una causa de ello, según el obispo de Barrancabermeja, monseñor Jaime Prieto Amaya, es que cuando se habla de autodefensas no puede pensarse solamente en aquellos que quieren acabar con la guerrilla, sino en grupos de limpieza que desean imponer una nueva economía y unos nuevos propietarios a la región.
¿Qué tiene Barranca?
Pero, ¿cuál es el interés de los grupos armados en conseguir el dominio de esta región del país? Se dice que quien vaya ganando la guerra en el puerto petrolero más o menos va ganando la guerra en el territorio nacional.
Y es que no sólo se trata de petróleo. Barrancabermeja es la primera ciudad del Magdalena Medio y una localidad estratégica en lo que tiene que ver con la apertura de mercados para el país. La Troncal de la Paz, la Carretera Panamericana y el Puerto Multimodal son algunas de las obras en las que la inversión extranjera ya ha puesto sus ojos.
Sin embargo, en Colombia los proyectos económicos no vienen solos. Cuando se habla de desarrollo siempre se pone de presente la acción del terror y es un hecho que en el Magdalena Medio hay alrededor de veinte frentes guerrilleros que tienen sus intereses en esas obras. Barranca, tradicionalmente, ha sido fortin de la guerrilla.
Los paramilitares intentan, desde 1984, establecerse en la zona para definir ciertos territorios. Sin embargo, se han encontrado con la resistencia de los grupos subversivos, principalmente del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que cuenta con cierto apoyo de la población civil.
Según Ubencel Duque, coordinador regional del Programa de Desarrollo y Paz para el Magdalena Medio (PDPMM), ese respaldo se da porque los guerrilleros de esos frentes provienen de la misma población, lo que ha generado cierto proceso de convivencia y confianza mutua. Los paramilitares, en cambio, están llegando de otras zonas del país como Córdoba y Antioquia.
¿Hay compromiso?
La masacre y el secuestro masivo del pasado sábado fueron una muestra de esa confrontación que cada vez toca más fondo en la zona, si se tiene en cuenta que actualmente los bandos tienden al fortalecimiento económico, político y militar para no dejar ningún espacio libre, ni siquiera los escenarios de convivencia creados por la población civil.
Sin embargo, el paro organizado por la Coordinadora Popular -al que se unió la USO- dio resultado. Una comisión gubernamental de alto nivel se comprometió a buscar a esas personas y a investigar la supuesta responsabilidad de las autoridades en el hecho.
La duda de los barramejos ahora es saber cuál fue la verdadera preocupación del gobierno al negociar el fin del paro: la escasez de petróleo o los desaparecidos.
“Yo tengo la esperanza de que el gobierno haya hecho presencia aquí por las vidas de las personas que están en juego (...) si vinieron por petróleo, entonces, desgraciadamente, hay que apelar a la estrategia de los paros y la presión para defender los intereses de Barrancabermeja”, afirmó monseñor Prieto.
 

EL TIEMPO
Domingo 24 de mayo de 1998
Abad Gómez, un caso muerto
Por MARISOL GOMEZ GIRALDO
Corresponsal de EL TIEMPO
Medellín

Una mujer robusta, de vestido encendido, obsesiona a Cecilia Faciolince hace ya 10 años y nueve meses.
Detrás de ese vestuario, la justicia debía descubrir a los asesinos de su esposo, Héctor Abad Gómez. Pero, la investigación murió poco después que él.
“Los investigadores no lograron que los testigos citados atestiguaran y por eso no tenían elementos para continuar con el proceso”, le dijo un funcionario del juzgado.
La penúltima esperanza de doña Cecilia (la última todavía existe) para que “la exhaustiva investigación”, anunciada por el entonces presidente Virgilio Barco, condenara a los autores del crimen, se quedó pronto archivada entre la fila de expedientes del despacho que llevaba el caso.
“Ya no me acuerdo cuánto tiempo había pasado desde la muerte de Héctor, pero en todo caso no eran años, eran meses”, recuerda la viuda del ex presidente del Comité Permanente de los Derechos Humanos de Antioquia y precandidato a la Alcaldía de Medellín.
En la oficina de su empresa de bienes raíces, donde el único adorno son siete fotografías de Héctor Abad, doña Cecilia afirma hoy convencida que la mujer robusta fue enviada por los asesinos para que llevara a su esposo con mentiras a la sala donde velaban el cuerpo del también defensor de los derechos humanos, Luis Fernando Vélez, asesinado a las siete de la mañana de ese mismo día, 25 de agosto de 1987.
Con esa certeza, nacida de la intuición, recorrió -ocho días después del crimen- las casas y locales de la calle del centro de Medellín, donde estaba ubicada la sede del Comité Permanente de Derechos Humanos. Quería saber si alguien había visto a la mujer.
Sólo la secretaria del líder asesinado le dijo que ni siquiera Héctor Abad la conocía. Lo había esperado toda la tarde con un falso mensaje, según el cual lo requerían en el velorio de su amigo.
Doña Cecilia propuso en el juzgado un retrato hablado de la desconocida.  Ella, que en ese tiempo tenía su oficina en el mismo edificio en el que trabajaba su esposo, se encontró a la mujer cuando salía con él para la sala de velación.
Nunca supo si la imagen de “la gorda de vestido encendido” alcanzó un lugar en el sumario.
Mucho antes que la decepción por los argumentos jurídicos, le llegaron las amenazas telefónicas para que se olvidara de los actos de justicia.
“Cuando me maten no se ponga a investigar”, le había dicho su esposo días antes de ser asesinado. La frase repuntó en la memoria de doña Cecilia, detrás de las intimidaciones.
El significado de esas palabras, que a ella le costaba acatar al pie de la letra, fue mucho más claro mes y medio después de la muerte del líder, cuando su hijo Héctor Abad Faciolince tuvo que utilizar el carro y la escolta del entonces alcalde de Medellín, William Jaramillo, para ir al aeropuerto, camino al exilio.
Cartas a Barco, al hoy presidente Ernesto Samper, al candidato presidencial Horacio Serpa y al ex congresista Hernando Agudelo, se escribieron en la Familia Abad Faciolince “cuando todavía, ilusos e ingenuos, creíamos que todo el mundo iba a saber quién había matado a mi papá”, dice Clara, una de las hijas de Héctor Abad.
Las cartas, firmadas todas por doña Cecilia, eran para pedir que no dejaran morir la investigación.
Un “joven ejecutivo” enviado desde Bogotá, que le prometió desarchivar el expediente y la esperanza, y que nunca más volvió, es uno de los últimos recuerdos que doña Cecilia logra arrancarle a la memoria, casi once años después del anuncio de la ‘exhaustiva investigación’.
La expresión, cantada cada vez que asesinan a alguien como Héctor Abad, duele todavía en la familia del líder asesinado.
“Después de diez años -dice Clara- la tristeza no es porque en el juzgado no pasó nada. Es por la convicción profunda y absoluta de que grupos con mucho poder estaban detrás del asesinato”.
Hace cinco años entró a la oficina de doña Cecilia un carpintero que trabajaba con la familia. Le contó que habían matado en La Milagrosa (un barrio del oriente de la ciudad) al sicario que disparó contra Héctor Abad.
La anécdota vuelve al presente y tras ella los reproches. “El castigo no era para el sicario, no era para la señora gorda. Esa no es la condena, eso no alivia en nada lo que uno siente porque los culpables son los que buscaron a la señora, los que buscaron al sicario”.
Por eso, en la familia Abad Faciolince no hay reproches para el juez.
“!Pobre, hizo lo que pudo!”, dice doña Cecilia.
Hace años que ella rompió las cartas enviadas a Bogotá, cuando creía en la justicia. Ahora, como sus hijos, está segura de que en Colombia la única condenada es la verdad.

Medellín, miércoles 20 de mayo de 1998
EL COLOMBIANO
Barranca anodada
Ayer fueron enterrados víctimas de la masacre
Por GUILLERMO RESTREPO GUTIÉRREZ Medellín

En la mañana de ayer, centenares de barranqueños se dieron cita en la Catedral La Inmaculada, del barrio Buenos Aires, de Barrancabermeja, para despedir en una emotiva ceremonia a cinco de las víctimas que dejó la masacre de paramilitares, del sábado pasado, en la ciudad.
La Alcaldía local dijo que fueron trece las víctimas de la incursión armada, la mayoría enterradas por sus familiares el domingo y el lunes últimos, mientras que en la morgue municipal permanecían ayer los cuerpos sin identificar de dos hombres, víctimas de los homicidas.
El sepelio concluyó al mediodía de ayer en el Cementerio Central.
La jornada por la paz que se llevó a cabo en buena parte del territorio nacional, entre las 11:30 de la mañana y las 12 del mediodía, fue aplazada en Barrancabermeja para las cuatro de la tarde, debido a que se adelantaban las honras fúnebres de las víctimas de la matanza.
De otro lado, la ciudad vivía ayer una parálisis total, debido a que la propia ciudadanía decidió convocar a un cese de actividades que cobijó desde el transporte hasta el comercio. Los vuelos comerciales a Barrancabermeja fueron suspendidos, mientras que la vía entre esta ciudad y Bucaramanga permanecía bloqueada a la altura del sitio El Retén.
Igualmente, las labores en la Refinería de Ecopetrol se suspendieron, en parte, afectando el procesamiento del crudo, debido a que la Unión Sindical Obrera, USO, decidió unirse a la protesta.
Se espera que para hoy, a las seis de la tarde, el comercio reabra sus puertas y el transporte funcione normalmente en la ciudad, ya que el paro fue convocado por 48 horas.
El alcalde de Barrancabermeja, Elkin Bueno Altahona, había ordenado desde el domingo pasado la ley seca en la ciudad y la restricción del tráfico de motocicletas hasta el viernes 22 de mayo.

No aparecen
De otro lado, ayer continuaban desaparecidas las 46 personas que fueron secuestradas por el grupo armado que incursionó el sábado pasado, en los sectores noriental y suroriental de la ciudad.
La Diócesis de Barrancabermeja dijo que, hasta ayer en la tarde, sólo había rumores sobre el hallazgo de cadáveres en las afueras del puerto petrolero, que, sin embargo, no fueron comprobados.
Por su parte, a través de medios radiales, ayer se hizo un llamado a las personas que tienen en su poder al nutrido grupo de personas, para que dialoguen con una comisión que fue conformada por la Iglesia, la Cruz Roja y la Oficina del Comisionado de la Paz de la Gobernación de Santander.
El secretario privado de la Alcaldía de Barrancabermeja, Fabio Hernández Laverde, dijo que “se han enviado comunicados pidiendo diálogo, pero no ha habido ninguna respuesta”.

Medellín, miércoles 20 de mayo de 1998
EL COLOMBIANO
Ex presidente de la USO recobró su libertad
Sigue vinculado a la investigación por presunto terrorismo

COLPRENSA-Santafé de Bogotá. El expresidente de la Unión Sindical Obrera (USO), César Carrillo, recobró su libertad, luego de pemanecer 18 meses detenido bajo la sindicación de la presunta comisión del delito de terrorismo.
La salida de Carrillo de las casas fiscales de la Penitenciaría Central La Picota ocurre porque después de que el pasado primero de diciembre un Fiscal Regional cerrara la investigación y lo acusara, el proceso fue llevado ante la segunda instancia tras la apelación presentada por parte de los defensores.
En esta etapa, la segunda instancia determinó que se habían presentado algunas inconsistencias en la entrega de varios testimonios por lo que se ordenó la nulidad parcial de lo actuado y se determinó la revocatoria de la llamada a juicio hecha por el fiscal regional.
Según esto, debe volverse a la etapa de búsqueda y evaluación de pruebas (instrucción), con el fin de que se analice el fenómeno presentado en los testimonios cuestionados.
Por tal razón, en este momento se considera que la investigación se halla en etapa de instrucción, que tiene un término de 180 días. Esto implica que los términos se vencieron sin que se haya resuelto algo en relación con la situación de Carrillo, por lo que debió ser puesto en libertad.
Sin embargo, la providencia señala que sigue vinculado al proceso y debe pagar una caución de 20 salarios mínimos.

El caso
El ex presidente de la USO fue vinculado a los cargos de terrorismo y concierto para delinquir desde hace casi dos años, cuando la Fiscalía inició la investigación por los presuntos vínculos de los directivos de este sindicato con los atentados contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas.
Carrillo fue capturado el 5 de diciembre de 1996 bajo el cargo de terrorismo, pero se le precluyó la investigación que se le seguía por concierto para delinquir.
En la providencia de ese día se ordenó la preclusión por los mismos cargos en contra de seis miembros de una empresa contratista de Ecopetrol que está encargada de hacer reparaciones a los oleoductos cuando la guerrilla comete actos terroristas en contra de esas estructuras.
Presuntamente, algunos sindicalistas entregarían información a la guerrilla para que atentaran contra los ductos en momentos de baja presión. Al hacer las reparaciones, las ganancias serían repartidas entre tres partes.
En el marco de esta indagación están detenidos 17 miembros más de la USO.  Sin embargo, en marzo del año pasado, los abogados defensores de los sindicalistas demostraron que cinco personas que declararon en contra de ellos lo hicieron usando la misma huella dactilar.
Además, un ex agente del DAS que también entregó testimonio sobre el tema dijo después que todo lo que había señalado lo conocía únicamente de “oídas”, pero que no tenía una confirmación plena al respecto.

Medellín, miércoles 20 de mayo de 1998
EL COLOMBIANO
Capturado Francisco Marulanda

COLPRENSA-Santafé de Bogotá. La Policía capturó en Barranquilla a Francisco Marulanda Ramírez, hermano del ex embajador de Colombia ante la Unión Europea, Carlos Alberto Marulanda, por la presunta comisión de los delitos de homicidio y paramilitarismo.
La detención de Francisco Marulanda se realizó en virtud de una orden de captura emitida por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, que investiga los hechos ocurridos en 1996, cuando gran cantidad de habitantes de la hacienda Bellacruz, en jurisdicción de Pailitas (Cesar), fueron víctimas del accionar de los paramilitares.
El 14 de febrero de 1996, los paramilitares incendiaron y destruyeron diez veredas y expulsaron a los moradores de las mismas. Tradicionalmente desde cuando se establecieron en el área hace varias décadas, los campesinos de la finca tuvieron problemas de violencia con la familia Marulanda.
El caso de la hacienda Bellacruz ha provocado hasta problemas internacionales a Colombia, pues el Parlamento Europeo solicitó el retiro del embajador Marulanda Ramírez porque lo sindican de patrocinar y conformar grupos paramilitares con el fin de sacar a estas personas de las tierras de la hacienda.
Finalmente, este último objetivo fue conseguido, pues en las haciendas Los Cámbulos y La Miel debieron ser reubicadas las familias de desplazados por la violencia, luego de un largo periplo por varios departamentos en los cuales fueron rechazados varias veces
 

Opinión en EL TIEMPO
Miércoles 20 de mayo de 1998
La desaparición forzada

La cifra es sencillamente terrorífica. Por un lado, cada cuarenta y ocho horas desaparece en Colombia una persona, un ciudadano, de manera forzada; y por otro, son nulos los resultados oficiales que logren establecer el paradero o permitan la recuperación de los desaparecidos, ni mucho menos la captura de los autores de este delito atroz. Además, el Congreso de la República ha dilatado hasta lo inverosímil el estudio y aprobación de una ley que lo penalice con la mayor severidad posible.
La desaparición forzada de personas no la inventamos en Colombia. Esta modalidad del crimen político tuvo sus épocas de auge durante la dictadura del general Pinochet en Chile, y de las dictaduras argentinas que se sucedieron tras el golpe contra la presidenta Isabel Perón. Todavía las Madres de la Plaza de Mayo -es decir, las madres de los argentinos desaparecidos, hombres y mujeres- desfilan por esa histórica plaza de Buenos Aires para exigir justicia y recordar los nombres de los seres queridos víctimas de la desaparición forzosa.
La diferencia es que estos crímenes se cometieron en Chile y en Argentina cuando en dichas naciones mandaban férreas y sanguinarias tiranías. No es el caso de Colombia y no cabe explicación racional al hecho de que en plena democracia sucedan semejantes barbaridades, cobijadas en una casi total impunidad.
Es indiscutible que hay una falla grave de toda gravedad en las autoridades que, en un régimen democrático, están obligadas a proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos. De acuerdo con las declaraciones a este diario, familiares y personas cercanas a los desaparecidos no sólo deben vivir la angustia terrible ante la incertidumbre por la suerte de seres amados.  Muchas veces enfrentan también las amenazas que los perpetradores de la desaparición les hacen si se atreven a denunciar, a exigir acción a la Justicia, o a iniciarla ellos mismos en busca de sus familiares perdidos.
En concepto de la Defensoría del Pueblo, “muchos  sujetos pasivos de la desaparición son sometidos a tortura y ejecución extrajudicial y en casi todos los casos son enterrados en fosas comunes, lo que hace casi imposible establecer qué pasó con ellos”.
En el mundo de hoy, y no solo en Colombia, al finalizar el siglo XX, se cometen crímenes inimaginables; pero lo que ha convertido a nuestro país en una nación al borde de ser colocada en cuarentena, es la interminable continuidad de una o de varias organizaciones criminales en la comisión de crímenes políticos como la desaparición forzada. La impunidad con que operan ha generado en el resto del mundo la sospecha de que las autoridades colombianas o no se interesan en combatir estos delitos, o son impotentes para hacerlo, o son cómplices -y esta es la creencia más extendida-, como lo ha escrito el Washington Post en un informe que ha suscitado una airada respuesta del ministro de Defensa.
Sin embargo, no son respuestas airadas lo que puede limpiar la imagen de Colombia frente el mundo, ni lavar las manchas abominables que nos cubren como país violador de los derechos humanos y promotor de la impunidad. Es urgente una acción demoledora del Estado para desbaratar y ponerles fin a las organizaciones delincuenciales que están detrás de la desaparición forzada; es urgente que el Congreso no dilate más la aprobación de la ley que penalice con máxima dureza el horrendo delito, pues sin esta ley no es mucho lo que pueden hacer las autoridades de Policía para combatirlo con absoluta eficacia. Ni la ciudadanía debe permanecer indiferente al dolor de los que hoy claman por la devolución de sus familiares.
 

Medellín, miércoles 20 de mayo de 1998
EL COLOMBIANO
Gobierno reorganiza a la Brigada XX
Dejará de ser operativa y se dedicará sólo a labores de inteligencia

Por EL COLOMBIANO Medellín-Santafé de Bogotá

El Gobierno Nacional decidió darle un vuelco total al funcionamiento de la
controvertida Brigada XX, de Inteligencia, con sede en la capital del país, y la cual había sido señalada por Gobierno de Estados Unidos y la ONG Human Rights Watch como la posible responsable de la muerte de activistas de derechos humanos y de auspiciar grupos de justicia privada.

El ministro de Defensa, Gilberto Echeverri Mejía, en declaraciones a EL COLOMBIANO dijo que no se trata de desactivar la Brigada XX sino, más bien,
de reorganizarla.

"Desaparece como Brigada XX y quedan las unidades de inteligencia a órdenes
de los comandantes de brigada y de división. Va a trabajar solamente en inteligencia y no en operaciones y el aspecto de inteligencia es exclusivamente en asuntos militares".

Echeverri Mejía dijo que este proceso se viene dando desde septiembre del año pasado, como un proceso de reestructuración técnico de la Brigada XX.
"De manera que no es una cosa de última hora, sino que en la reunión de
comandantes (ayer) se tomó esa decisión".

El ex embajador de Estados Unidos en Colombia Myles Frechette había señalado
a la Brigada XX como la responsable de la creación de grupos de justicia privada, mientras que el diario norteamericano The Washington Post, recogiendo denuncias de la ONG Human Rights Watch, había dicho que este centro de inteligencia estaría involucrado en la muerte de defensores de los derechos humanos.

Sin embargo, Echeverri Mejía dijo que lo anterior no tiene que ver con la desaparición de la Brigada XX, "ya que desde septiembre o octubre, con los generales Mario Hugo Galán y Fernando Tapias, comandante y subcomandante del
Ejército, respectivamente, habíamos estado trabajando en eso".

Sólo inteligencia

El ministro Echeverri Mejía explicó que "en la estructura antigua de la Brigada XX había mucha gente, casi sin control, regada por todo Colombia, entonces queremos establecer un control. Pero no es por las denuncias de Frechette".

Respecto a las denuncias sobre miembros de la Brigada XX involucrados en muertes de activistas de derechos humanos, el Ministro dijo que "lo único que yo conozco de gente involucrada en esas denuncias es de ex funcionarios del Ejército en la investigación sobre la muerte del doctor Álvaro Gómez".

De ahora en adelante, explicó, la Brigada XX "dejará de ser operativa para recoger la información de inteligencia para entregarla a los comandantes".

Posición de paz

De otro lado, varias ONG, con sede en la capital del país, recibieron con complacencia la noticia del desmonte de este centro de inteligencia.

"Se trata de una rectificación por parte de las Fuerzas Armadas de Colombia, que están reconociendo que se cometieron errores en los listados de inteligencia que tiene la Brigada XX".

Según las ONG, "queda en pie la solicitud de que la Procuraduría revise los listados de inteligencia de las brigadas que hay en el país".

El pronunciamiento fue hecho por las organizaciones no gubernamentales: Comisión Colombiana de Juristas, Colectivo de Abogados, Cinep y Minga, las cuales aclararon que no están en contra de los militares sino que lo único que piden es que "éstos respeten los derechos de la población".
 

Medellín, lunes 18 de mayo de 1998
EL COLOMBIANO
Masacre enluta a Barrancabermeja

Dejó por lo menos once personas muertas
Aún no se ha establecido con certeza si el crimen múltiple fue cometido por
paramilitares o guerrilla urbana. La situación se complica si se tiene en
cuenta que la comunidad denunció la desaparición de una veintena de jóvenes

Barrancabermeja. La masacre de por lo menos once personas en esta ciudad
intermedia de Santander puso de manifiesto la violencia que se vive en sus
barrios subnormales, donde se produjo el crimen múltiple.
Por COLPRENSA Santafé de Bogotá
Por lo menos once personas fueron asesinadas ayer en las comunas nororientales y surorientales de Barrancabermeja (Santander) por encapuchados que portaban armas de corto y largo alcance, informaron las autoridades.
Los hechos fueron atribuidos a los grupos paramilitares que operan en el puerto petrolero, donde la comunidad denunció la desaparición de otra veintena de jóvenes.
Sin embargo, el comandante de la Quinta Brigada (con sede en Bucaramanga), general Fernando Millán Pérez, dijo que podría tratarse de una vendeta entre las redes urbanas de la guerrilla, aunque aclaró que faltan por conocerse los resultados de las investigaciones.
Los crímenes, de carácter selectivo, se registraron en momentos en que las comunas de Barrancabermeja preparaban un foro sobre paz y tolerancia, auspiciado por la Alcaldía, la Iglesia y las diferentes Juntas de Acción Comunal, a fin de rechazar la violencia en todas sus expresiones.
Las víctimas, todas de sexo masculino, tenían edades que oscilaban entre los 20 y 30 años.
Los primeros cinco identificados fueron Diomidio Hernández Pérez, Luis Jesús Aquello Solano, Germán León Quintero, Pedro Julio Rondón Hernández y Neir Enrique Guzmán Lozano.
En la misma ciudad, simultáneamente fue asesinado el suboficial de la Infantería de Marina Libardo Enrique Moncada Villamizar, quien pertenecía a la Base Naval del Magdalena Medio.
La acción criminal
El comandante del Departamento de Policía de Santander, general Tobías Durán, explicó que los homicidas utilizaron dos camiones carpados tipo 350, cada uno de los cuales transportaba 25 personas armadas de ametralladoras y fusiles.
Después de la una de la mañana, testigos los vieron salir de la carretera que comunica a Barrancabermeja con Bucaramanga, según el general Durán, quien agregó que las víctimas fueron sacadas de sus residencias con lista en mano y acribilladas minutos después en plena calle.
El problema es grave en el puerto petrolero si se tiene en cuenta que a los barrios nororientales no puede ingresar una patrulla porque si entra no sale (la queman) y si los agentes se descuidan los asesinan. “Hace poco, un camión fue incinerado y cuando fuimos a conocer el caso, al regreso ya tenían listas cinco cargas de dinamita”, sostuvo el general Durán.
El oficial admitió que la situación de violencia en las comunas no se ha podido erradicar porque la zona es bastante extensa, muy pobre y la guerrilla urbana aprovecha esto para esconderse allí.
Indignación
Los cadáveres fueron hallados en las comunas nororientales y surorientales, donde vecinos de los barrios Patio Bonito, El Progreso, Boston y Paraíso se mostraron aterrados e indignados por estas muertes selectivas y por la veintena de desapariciones.
Cumplido el levantamiento de los cuerpos, se dispusieron las exequias en las funerarias Foronda y García, por cuyas instalaciones desfilaron decenas de personas cercanas a las víctimas durante todo el día de ayer.
Entre tanto, el alcalde Elkin Bueno, encabezó un Consejo Extraordinario de Gobierno, en el que analizó la difícil situación de orden público que vive la población.
Antes, el Alcalde había reiterado que Barrancabermeja estaba cansada con la violencia, la guerra y la intolerancia, al tiempo que anunciaba que su despacho seguiría trabajando por la paz y la reconciliación del puerto petrolero.
Esta es la primera vez que las zonas subnormales de
Barrancabermeja se sacuden con una masacre, tras el reciente atentado contra el gobernador Miguel Jesús Arenas, donde murió el niño Manuel Guillermo Sandoval.
La matanza de ayer causó conmoción en el país y el rechazo airado de las diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Medellín, lunes 18 de mayo de 1998
EL COLOMBIANO
En un año: 192 desaparecidos en Colombia

AFP-Bogotá. Al menos 192 casos de colombianos desaparecidos se registraron entre octubre de 1996 y septiembre de 1997, según cifras divulgadas ayer por la Comisión Colombiana de Juristas, CCJ, mientras el Congreso se apresta a discutir un proyecto que penaliza la desaparición como delito.
El proyecto de ley es considerado como una necesidad inaplazable para frenar la impunidad que reina en la mayor parte de casos de desapariciones.
Según el informe de la CCJ, la responsabilidad en 180 de los casos de desapariciones es atribuida a grupos paramilitares de extrema derecha y las 12 restantes a organizaciones estatales.
En la última década han desaparecido en Colombia, por aparentes motivos políticos, unas 1.500 personas, según la privada Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, Asfaddes.
Investigación mínima
De ese total apenas son investigados 253 casos, 53 por parte de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía y otros 200 por la Procuraduría.
La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía informó que, respecto de las 53 desapariciones que investiga actualmente, adelanta 23 procesos judiciales y hay 22 personas responsabilizadas.
Un informe de la Defensoría del Pueblo sobre el tema señala que existen indicios de que “muchos  sujetos pasivos de la desaparición son sometidos a la tortura y ejecución extrajudicial y en casi todos los casos enterrados en fosas comunes, lo que hace casi imposible establecer que pasó con ellos”.
Después de los homicidios -31.000 casos en el último año, 6.000 de ellos relacionados con el conficto armado- y el secuestro -1.800 casos en 1997-, la desaparición es considerada el tercer delito en importancia vinculado directamente con la guerra interna entre guerrilla, paramilitares y Ejército.

NOTIPACO
16 Mayo di 1998
LA CAMPAÑA DEL VOTO EN BLANCO

En el auditorio del Sindicato de los trabajadores de la salud en Bogotá se realizó el pasado jueves 14 de mayo un nutrido acto político cultural de promoción de la Campaña Nacional por el Voto en Blanco hacia las elecciones presdienciales del 31 de mayo. Intervinieron oradores del Partido Socialista de los Trabajadores, El Movimiento Amor Por Colombia, Del Colectivo estudiantil de la Universidad de los Andes , la Unión patriotica y el Partido Comunista Colombiano.

REACCIONES POR SUSPENSION DE VISA A LOS ESTADOS DE GENERALES.
 La suspensión que el Gobierno de los estados Unidos hiciera del visado para entrar a este país a varios generales del Ejército colombiano por su participación en hechos violatorios de los derechos humanos ha desatado una gran polémica nacional.
 En sectores del Gobierno y de las Fuerzas Armadas la desición ha sido recibida con expresiones de aparente “indignación patriotica” y de rechazo a la intromisión extranjera
 Otros  señalan que la medida contribuye a la necesaria presión internacional para denunciar el terrorismo de Estado que hay en Colombia pero que no elimina la responsabilidad del Gobierno Norteamericano en la elaboración y ejecución de estas políticas aprendidas en sus manuales de contrainsurgencia.
La visa a los EEUU le ha sido suspendida al General IVAN RAMIREZ QUINTERO, Inspector general del Ejército y encargado de las investigaciones al interior de las FFAA por hechos relativos a violaciones a los derechos humanos. También se señala que otros Generales como RITO ALEJO DEL RIO, estarían en la lista negra del pentágono.

 Los Generales Ramírez Y Del Río, se ufanan de ser los “pacificadores de Urabá”. A mi paso por Urabá “se acabaron las masacres” dijo el General Ramírez.Olvidó decir el general que las masacres en Urabá han finalizado y ahora se ejecutan en los sitios a donde han huido los pobladores de Urabá.  Recientemente en el barrio el Piñal de Medellín fueron detenidos y luego asesinados 7 desplazados de la región de Urabá.

LOS EEUU ORGANIZAN SEMINARIO POR LA PAZ
 En la ciudad de Cartagena se inicia en el dia de hoy un seminario sobre la paz promovido por el Gobierno Norteamericano.Analistas políticos nacionales y delegados de Guatemala,Estados Unidosy El Salvador participan del evento.  Entre ellos Jaime Caycedo, Secretario General del Partido Comunista Colombiano.
 Un funcionario de la Embajda norteamericana en Bogotá ha expresado qué “ Si Colombia fracasa a mediano plazo en su intento por lograr la paz, Estados Unidos, obliogatoriamente, meterá las manos en el asunto, solo o acompañado, pero no estará dispuesto a que la solución del conflicto se aplace indefinidamente”.
 “La participación de la comunidad internacional en la búsqueda de una solución politica al conflicto social y armado que se vive en Colombia es importante y necesaria. Pero rechazamos la politica del chantaje y la amenaza.Y continuamos convocando a repudiar las pretensiones yanquis de intervenir militarmente en forma directa en el conflicto colombiano.Luchamos por internacionalizar la paz y no la guerra”ha expresado el Partido Comunista en una reciente declaración.

MUJERES EN VIGILIA POR LA VIDA
 En preparación de la Jornada Nacional contra la impunidad que se realizará en Colombia el próximo 19 de mayo, diversas organizaciones de mujeres se han citado en la noche del 18 de mayo en la Plaza de Bolívar de Bogotá para hacer una “Vigilia por la vida”. Con musica, canto, poesia, exorcismos y oraciones las mujeres, y también hombres, se vincularán a la jornada nacional.
NOTIPACO. Informativo del Departamento Internacional del partido Comunista Colombiano.

Medellín, jueves 14 de mayo de 1998
EL COLOMBIANO
Preocupación por allanamiento a Justicia y Paz

Por DIANA LOSADA CASTAÑO EL COLOMBIANO-Santafé de Bogotá
 Ayer hacia la una de la tarde una fiscal regional, miembros del CTI (Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía), y una unidad especial del Ejército, allanaron las instalaciones de la Organización Intercongregacional Justicia y Paz.
 Este Organisno No Gubernamental es un ente de la Iglesia, que pertenece a la Conferencia de Religiosos de Colombia y trabaja por el fortalecimiento de la justicia y la paz en todo el país.
 Las personas que estaban al interior de la sede, alrededor de ocho, denunciaron que efectivos del Ejército las amedrentaron con las armas al momento de entrar y que, posteriormente, las hicieron arrodillar a varias de ellas y las filmaron.
 Otro miembro del Ejército grabó con una cámara de video a integrantes de otras ONG que desde afuera de la casa observaban cómo se efectuaba la diligencia.
Informe de inteligencia
 La Fiscal Regional ingresó a Justicia y Paz con orden de allanamiento y dijo, según testigos, que tal determinación obedecía a un informe de inteligencia militar.
 "En el informe aparece la dirección de esta ONG y se conceptúa que en sus computadores existe propaganda subversiva, porque jóvenes de la Universidad Nacional y Distrital, que al parecer son guerrilleros, consultan dichas bases de datos", contó un testigo.
 Añadió que al momento de presentarse la personería jurídica de Justicia y Paz, los miembros del CTI continuaron mirando la información y revisando la residencia.
 Estas irregularidades serán denunciadas por las ONG defensoras de derechos humanos, que de igual manera manifestarán su inconformidad porque no se quería dejar constancia de que al conocer la personería jurídica de Justicia y Paz, se siguió con el allanamiento.
 Cabe anotar que no le fue permitido el acceso a un representante de la Defensoría del Pueblo, durante la diligencia. Horas después se hicieron presentes representantes de la Procuraduría y de la Unidad de Terrorismo.
 También presenció los hechos un delegado de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y un representante de la Conferencia Episcopal.
El trabajo de la ONG
 Justicia y Paz adelanta tres programas básicos en el país: el primero tiene que ver con el servicio de Justicia y Paz a la Conferencia de Religiosos; el segundo, es un proyecto pedagógico en formación, especialmente de religiosos, en derechos humanos, y el tercero se denomina Nunca Más y consiste en un proyecto que sigue la huella de genocidios, matanzas y otros delitos de lesa humanidad cometidos en el país.
 Anoche, los defensores de derechos humanos se reunieron para buscar mecanismos de protección.

Dice Vicefiscal
Fiscalía se guió por informe de inteligencia
  El vicefiscal, Jaime Córdoba Triviño, explicó ante los medios de comunicación que el allanamiento a Justicia y Paz obedecía a una serie de diligencias efectuadas luego de que el Ejército Nacional entregara a través de su unidad de inteligencia, alrededor de 40 direcciones en las cuales se podría encontrar información o personas vinculadas con el asesinato del general Fernando Landazábal.
 Córdoba Triviño manifestó que sus fiscales no sabían que esa dirección correspondía a la sede de esta ONG, la cual, dijo, "es legítima y merece respeto por parte del gobierno".
 Así mismo, el vicefiscal señaló que la Fiscalía no encontró ningún tipo de información subversiva y tampoco a personas vinculadas con grupos guerrilleros en la residencia donde funcionan las oficinas de Justicia y Paz.
 El vicefiscal además aclaró que el ente judicial seleccionó entre las direcciones entregadas por el Ejército sólo ocho.
 Finalmente, Córdoba Triviño explicó que los miembros de la Fiscalía no incurrieron en atropellos y que si el Ejército lo hizo deberá ser investigado. El Ejército participó de la diligencia porque la información de inteligencia que presentó daba cuenta de la posible presencia de pistas que podrían conducir al esclarecimiento del asesinato del general Fernando Landazábal.
 

EL ESPECTADOR
Mayo 14 de 1998
Ejército busca al Eln en una casa de paz
Bogotá

 “Por qué mejor no cambia ese fusil por una rosa”, le dijo una religiosa a uno de los 15 o más miembros de la Brigada XIII del Ejército que con traje camuflado, armas automáticas de mira telescópica, granadas, casco blindado y chaleco antibalas, entraron ayer a una casa amarilla de dos pisos del barrio Teusaquillo de Bogotá para desvertebrar un centro de operaciones del Eln.
 Aunque el oficial del Ejército que condujo a la Fiscalía al allanamiento bajo la gravedad del juramento aseguró que su información era acertada e hizo gala de sus capacidades de “inteligencia” para ir tras las huellas de los posibles asesinos del general r. Fernando Landazábal, la fiscal a cargo se encontró con la sorpresa de que detrás del número 15-39 de la calle 36 no había tal enclave subversivo, sino por el contrario un grupo de monjas y laicos que trabajan por la defensa de los derechos humanos y la paz.
 En realidad, los sabuesos de “inteligencia” condujeron a la Fiscalía ?que falló en cuanto debía cerciorarse para no ser asaltada en su buena fe?, a la sede de la Comisión Intergregacional Justicia y Paz, que si bien no tiene ningún aviso de neón que anuncie sus propósitos, tampoco esconde material peligroso para la democracia y menos protege a alzados en armas, como tres horas y media más tarde lo explicarían dos religiosas y el presidente de la Comisión Colombiana de Juristas, Carlos Rodríguez.
 Y a pesar de que la fiscal, que iba acompañada de los militares previendo encontrarse con una respuesta armada de los presuntos subversivos, se dio cuenta a los pocos minutos que el objetivo de la “inteligencia” militar estaba errado y ordenó suspender el operativo, mientras levantaba el acta, unidades de asalto se escurrieron por las instalaciones de Justicia y Paz, intimidaron a sus ocupantes y a espaldas de la fiscal grabaron en video a todas las personas, como también lo harían en la entrada de la casa con los periodistas y curiosos que se enteraron del allanamiento.
 “No nos tomen las caras”, les “recomendaban” los uniformados a los fotógrafos y camarógrafos que en cuestión de minutos llegaron a la casa ubicada a escasos 100 metros de la Nunciatura Apostólica, el albergue del embajador del Papa en Colombia.
Las denuncias
 Después de un entrar y salir de monjas, abogados y amigos, y a los pocos minutos de la llegada de delegados del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y de la Defensoría del Pueblo ?a quienes se les dificultó el ingreso?, el frustrado comando de asalto y la fiscal se marcharon.
 “No entendemos cómo en las circunstancias que vive este país a una organización como la nuestra, que lo único que pretende es contribuir a la paz y a la justicia, nos vengan a allanar y a atropellar de la manera que lo están haciendo. No tenemos nada que ocultarle a nadie”, dijo apresuradamente y entre sollozos una funcionaria de la ONG.
 Luego saldría el sociólogo Orlando Fals Borda, quien relató a los periodistas que los militares humillaron a los funcionarios de Justicia y Paz y les dijeron que “estaban buscando documentos incriminatorios del Eln” y que se llevaron algunas “listas de personas, un informe publicado por El Espectador que parece era subversivo y cosas creo que de público conocimiento”.
 “Esta es una prueba más del caos existente en la administración de justicia y en la forma como se investigan los crímenes y las cosas en Colombia”, agregó Fals Borda.
 Hacia las 5:40 de la tarde, la puerta se abrió para dar paso a las hermanas Isabel Gutiérrez y Silvia Vallejo y al jurista Carlos Rodríguez.
 La primera hermana explicó que Justicia y Paz, que este año cumple diez años de trabajo en el país, es una comisión de religiosos que “sobre todo defiende los derechos humanos del pueblo de Colombia” y que en la actualidad está muy preocupada por la situación de los miles de desplazados por la violencia.
 “No porque pasen estas cosas ?allanamientos? vamos a dejar de hacerlo. Porque si esta es una necesidad del país, continuaremos como religiosos acompañando al pueblo en sus necesidades”.
 Seguidamente la hermana Vallejo, presidenta de la Conferencia de Religiosos de Colombia, reiteró que la fiscal dejó constancia de que “aquí no se encontró nada sospechoso, nada irregular y que por lo tanto no se retira ningún documento, porque no se encontró”.
 Sin embargo, la religiosa denunció que los militares intimidaron a las personas que se encontraban en sus oficinas. “Intimidación con armas y haciéndoles fuerzas para que dieran declaraciones”, dijo.
 No obstante, advirtió que lo más delicado en su consideración es la filmación de todas las personas y oficinas y que le preocupa la utilización que los militares puedan darle al video y las consecuencias que pueda tener para las personas que trabajan en Justicia y Paz.
 

EL ESPECTADOR
Mayo 14 de 1998
“El allanamiento a Justicia y Paz no fue un error”, dice vicefiscal
Bogotá

 El vicefiscal general de la Nación, Jaime Córdoba Triviño, dijo ayer que el allanamiento que se le practicó a la sede de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz se hizo a raíz de una información suministrada por organismos de inteligencia que indicaba que donde se encuentra la ONG podría funcionar un centro de operaciones del Eln.
 Según Córdoba Triviño, al ordenar la diligencia judicial la Fiscalía no sabía que la dirección donde se adelantó el operativo era la sede de Justicia y Paz.
 Así mismo advirtió que cuando la fiscal que coordinó la actividad se percató de que se trataba de una ONG reconocida legalmente suspendió de inmediato la acción.
 “En el hecho hubo apoyo militar porque la Fiscalía no es una entidad armada y cuando se buscan organizaciones subversivas se utilizan uniformados como una medida de seguridad”, dijo el vicefiscal para explicar la presencia de 20 miembros de la XIII Brigada del Ejército en las labores de allanamiento.
 Córdoba anotó que la Fiscalía en éste y en ningún otro caso realiza investigaciones contra las Organizaciones No Gubernamentales de derechos humanos, aunque aclaró que “no por ello hay que pensar que estos grupos gozan de inmunidad de carácter penal”.
 Sobre las denuncias de algunos miembros de Justicia y Paz que dijeron haber visto a miembros del Ejército grabando algunos documentos y a las personas que se encontraban en la sede de la ONG en el momento del allanamiento, Córdoba Triviño comentó que los miembros del CTI y la funcionaria que coordinó la diligencia dijeron no haber visto nada.
 A pesar de ello señaló que los miembros de la Fiscalía que participaron en el hecho tendrán que rendir un informe donde deben explicar la forma en la que desarrollaron la diligencia, “tal y como se hace en este tipo de acciones”.
 “Asumimos la responsabilidad del operativo, pero no podemos decir que se trató de un error, y si se establece que se cometieron irregularidades iniciaremos la correspondiente investigación y también pondremos el hecho en manos de organismos como la Procuraduría”, concluyó el vicefiscal.
 Finalmente, Córdoba Triviño dijo que las ONG son entidades que merecen todo el apoyo de los organismos del Estado.
 

Medellín, jueves 14 de mayo de 1998
EL COLOMBIANO
Dijo Landazábal en su última entrevista
“Colombia necesita un militar de Presidente”

Estos son apartes de la última entrevista concedida por el general r.  Fernando Landazábal Reyes, al periodista René Pérez, y que fue publicada en agosto de 1997 por la revista Fama
COLPRENSA-Santafé de Bogotá. Un día llegaron a su despacho ministerial unos políticos para proponerle un golpe de Estado y él les dijo: “salgan a la calle y yo los respaldo”.
 Fernando Landazábal Reyes -“lanzabalas”, le decían los estudiantes inconformes-, dice ahora, con un tono de voz más propio de un cura bueno que de un polémico guerrero, que ésta es una “democracia corrupta” y que los Estados Unidos dominan a este país “no con sus propias manos sino con manos ajenas”, o sea las de nuestro gobierno, y que ese mismo país “acabó con nuestro fervor patriótico y nos metió en el capitalismo despiadado”.
 Militar a ultranza, quiebra su voz cuando se le pregunta por el actual Ejército colombiano y dice con voz de mando: “Aquí se inventaron los derechos humanos para acabar con el Ejército”.
 Y, sin detener la artillería, agrega: “Sí, el Ejército ha cometido errores... pero errores de mando”. No para: “Las ONG, algunos organismos estatales, las mismas autoridades y hasta la prensa le quebraron la moral de combate al Ejército”.

Defensa de las F.M.
¿Bueno y usted entonces qué hubiera hecho con los soldados de Las Delicias?
“Me voy con todo lo que tenga para rescatarlos”, respondió.
 Protesta, porque según él, la clase política ha sabido mantener a las Fuerzas Militares como en una campaña neumática, lejos de las grandes decisiones para el país. “Mire, Gaviria no le permitió ir a la Constituyente, cuando por derecho propio lo tenía”.
 Y se afinca más en su propuesta. “¿Y por qué? Pues allí, por los pactos que se hicieron con el M- 19, se le quitó al mismo Ejército el mando sobre sus tropas. El Presidente fue escalafonado como Comandante Supremo de la Fuerza Pública. Con potestad para ordenar la realización o suspensión de operaciones militares”.
 Y sigue con la carga de su artillería: “El Presidente asumió la dirección de la guerra y la paz y entonces queda la sensación de que el Ejército es el que no quiere la paz”.
Otra ráfaga de fuego artillado: “Esto es muy peligroso, porque pueden politizar a las Fuerzas Militares”.
¿Entonces, cómo usted dijo, estamos llegando al punto de no retorno?
 “Ya lo pasamos. Después de lo de Las Delicias al Gobierno no le queda sino hacer la paz con lo que la guerrilla le exija”.
¿Y la guerrilla, según usted, qué es lo que quiere?
 “Imponer el comunismo”
¿Para usted en qué momento se jodió Colombia?
 “En el momento en que la clase política no entendió el problema de la subversión”.
¿En qué año exactamente?
 “A partir del 82, luego con Barco, más precisamente cuando en las Naciones Unidas cambiaron la estrategia de lucha contra la subversión para centrarla especialmente contra el narcotráfico. Entonces empezó la guerra contra los estamentos militares que no se prestaban al combate contra la droga”.
¿Entonces cómo combatir el narcotráfico?
 “Los viciosos se combaten a bala”.
¿Cómo le parece la frase aquella de que la guerra es tan delicada que no se le puede dejar su conducción a los militares?
“Le respondo de esta manera: la política es tan delicada que no se les puede dejar a los políticos”.
¿Qué Gobierno se necesita en Colombia?
 “Un militar de Presidente”. (Tomado de la revista Fama).
 

EL ESPECTADOR
Mayo 14  de 1998
ASESINADO GENERAL
Capturado primer sospechoso
Bogotá

 Veinticuatro horas después de haberse perpetrado el magnicidio contra el ex ministro de Defensa Fernando Landazábal Reyes, las autoridades capturaron en Bogotá a un hombre que en principio es el primer sospechoso del aleve crimen, toda vez que iba a bordo del vehículo en el que presuntamente se realizó el transbordo de los sicarios que acabaron con la vida del general en retiro.
 Como se recuerda, el martes pasado, y después de haber asesinado al general Landazábal Reyes, los sicarios huyeron a bordo de un carro Sprint rojo de placas BHJ-250, el mismo que después abandonaron en un parqueadero, para posteriormente transbordar a un Renault 18 azul.
 Con base en las versiones entregadas por testigos, ayer las autoridades inmovilizaron en el sur de Bogotá un automotor Renault 18 azul, con las mismas características que presentaba el carro en el que presuntamente huyeron los tres sicarios que acabaron con la vida del ex ministro Fernando Landazábal Reyes, quien al momento del magnicidio tenía 76 años de edad.
 El automotor inmovilizado, de placas HUJ-184, era conducido por un hombre, quien inmediatamente fue conducido hasta la sede de la Dijín Bogotá. Por seguridad y para no entorpecer las investigaciones, las autoridades no revelaron su identidad.
 No obstante, una fuente oficial le dijo a El Espectador que no está totalmente establecida la versión según la cual los sicarios habrían hecho un transbordo del Sprint rojo al Renault azul.
 Otra dificultad con la que se han encontrado las autoridades es que los testigos que aseguraron lo del transbordo, no se han puesto de acuerdo con el número de la placa del Renault 18. Unos dijeron que era la HUJ-184; otros, que la HUF-184.
Los allanamientos
 Inmediatamente se produjo la muerte del general Landazábal, todos los grupos de inteligencia del Estado se dedicaron a encontrar pistas que permitieran la aprehensión de los tres sicarios y, por ende, de los autores materiales del crimen.
 Para eso fue conformado un grupo interinstitucional, conformado por efectivos de Policía, Sijín, Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía. Ayer se reunieron representantes de estos entes y se repartieron las tareas para hacer más efectivas las labores de búsqueda.
 Quedó claro, eso sí, que cuanta información se consiga debe ser canalizada a través de uno de los jefes de las Unidades de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía.
 Bajo este panorama de responsabilidades, los miembros de inteligencia del grupo interinstitucional empezaron a realizar allanamientos en diferentes sitios de la capital de la República.
 Una fuente policial le dijo a este diario que los allanamientos que esa institución ha realizado no han sido exitosos en un 90%. “Nos hemos encontrado con el problema de que mucha gente nos llama y dice: ‘En tal dirección vive alguien que podría estar implicado en el crimen del general Landazábal’. Pero cuando realizamos el operativo nos damos cuenta de que es una venganza contra los dueños de esa casa.  El otro 10% de los allanamientos sólo se limita a sospechas, nada más”.
 Esa misma fuente aseveró que es falso que las cámaras que estaban instaladas al frente de la casa donde fue asesinado Landazábal hayan grabado el instante del crimen. Tampoco es cierto, según la fuente oficial, que en el parqueadero donde los sicarios abandonaron el Sprint rojo hubiera una cámara de grabación.
 Entre tanto, el comandante de la V División del Ejército, general Jorge Enrique Mora Rangel, explicó que hombres de esa institución están haciendo retenes con los retratos hablados de los sicarios, en las autopistas Bogotá-Medellín y en la Norte, así como en las salidas a Girardot, Mosquera y La Calera. El alto oficial precisó, no obstante, que hasta el momento no había capturados ni vehículos inmovilizados.
 Hay que seguir (con los allanamientos) porque hay que coger la punta de la cabuya”, sentenció Mora Rangel.
 Se sabe también que el CTI ha realizado ocho allanamientos a solicitud de las unidades de Inteligencia del Ejército.
Las hipótesis
 Varias hipótesis se manejan en torno a los móviles que llevaron a los sicarios a perpetrar el crimen contra el general y ex ministro Fernando Landazábal Reyes.
La primera de ellas apunta a que el ex ministro de Defensa habría sido asesinado por fuerzas de izquierda
* específicamente el Ejército de Liberación Nacional, Eln?, en venganza por las recientes muertes de María Arango Fonnegra y Eduardo Umaña Mendoza, reconocidos defensores de derechos humanos. Esta conjetura tendría asidero si se tiene en cuenta el prestigio y la importancia que para la derecha colombiana tenía el general Landazábal.

 Se perfila también como importante la hipótesis según la cual el crimen del oficial habría sido planeado por fuerzas de extrema derecha, que con su acción pretenden ahondar la crisis del país, generar una polarización entre fuerzas de izquierda y derecha y darle a entender a Estados Unidos, a la opinión pública nacional e internacional que la extrema derecha colombiana es víctima de las fuerzas oscuras de la izquierda.
 La tercera conjetura, dada su antigüedad, parecería no tener mucho peso. En 1996, la Policía Nacional encontró unos documentos del frente Domingo Laín, del Ejército de Liberación Nacional, en los que se califica al general Fernando Landazábal Reyes de “rabioso anticomunista”.
 

Medellín, jueves 14 de mayo de 1998
EL COLOMBIANO
Gobierno rechazó críticas de Estados Unidos sobre DH
 
AFP-Bogotá. Colombia comunicó a Estados Unidos que “no acepta juicios de valor sobre posibles responsables” de asesinatos de líderes izquierdistas y otras violaciones a los Derechos Humanos, atribuidos por la prensa norteamericana a miembros de la inteligencia militar del país.
 “El gobierno es plenamente respetuoso de la libertad de prensa en el ámbito nacional e internacional, pero no acepta juicios de valor sobre posibles responsables de tan execrables crímenes”, expresó el Ministerio colombiano de Relaciones Exteriores en un comunicado.
 La administración del presidente Ernesto Samper también rechazó “en la forma más enérgica los hechos violentos ocurridos en las últimas semanas” y dijo esperar que “las instancias judiciales pertinentes se pronuncien y actúen” al respecto.
Polémica
 El gobierno de Bogotá hizo tal pronunciamiento luego de que el portavoz del Departamento de Estado norteamericano, James Rubin, se manifestara “profundamente preocupado” por las críticas hechas por el comandante del Ejército colombiano, general Mario Galán, contra el diario The Washington Post y la ONG Human Rigths Watch, HRW, que, a su vez, denunciaron a los militares.
 The Washinton Post y el director de HRW, José Miguel Vivanco, dijeron que algunos miembros de la inteligencia militar colombiana probablemente estuvieron involucrados en los asesinatos, el mes pasado, de una líder izquierdista y un prominente defensor de las garantías fundamentales.
 Galán y el comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, general Manuel Bonett, calificaron de “inaceptable” la aseveración de Vivanco y denunciaron una “campaña orquestada desde el extranjero contra el Ejército”.
 Rubin dijo a los periodistas en Washington que la Casa Blanca está “en total desacuerdo con la decisión del general de señalar a aquellos que expresan sus críticas acerca de las situaciones extremas de Derechos Humanos en Colombia”.
 “No creemos que este sea un acercamiento adecuado para negociar con los verdaderos problemas identificados por estos críticos, que el mismo Ejército de Colombia ha reconocido”, puntualizó Rubin.
 

EL ESPECTADOR
Mayo 14 de 1998
E.U. apoya mecanismo multilateral para luchar contra el narcotráfico
Bogotá

 Por primera vez, en la historia de la guerra contra las drogas, el gobierno de los Estados Unidos reconoce de manera oficial la necesidad de fortalecer un mecanismo multilateral de cooperación en el hemisferio para contrarrestar la producción, tráfico y comercialización de estupefacientes.
 La postura, contenida en la Estrategia Nacional para el Control de Drogas 1998, que el presidente de Estados Unidos está a punto de someter a la consideración del Congreso, recoge los planteamientos de corresponsabilidad liderados por Colombia y México en el tema de las drogas ilícitas en la reciente Cumbre de las Américas, celebrada en Chile entre el 18 y el 19 de abril pasado.
 “Estados Unidos tratará de obtener compromisos de todos los países en la Cumbre de las Américas para una Alianza Hemisférica Contra las Drogas. Para ser eficaz, la Alianza ha de incluir metas y responsabilidades explícitas y mecanismos que identifiquen las debilidades y proporcionen remedios.” Señala el documento.
 No obstante, la política norteamericana contra las drogas, trazada en la Estrategia entre 1998 y el año 2007, eleva la ley de certificación anual del desempeño en la lucha contra las drogas de los países de producción y tránsito como un mecanismo de cooperación que el presidente está obligado a cumplir con el objeto de ceñirse a lo estipulado por la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Drogas Narcóticas y Sustancias Psicotrópicas de 1988, firmada en Viena.

Esfuerzos insuficientes
 El plan resalta en el capítulo Iniciativas para destruir las fuentes de suministro, los esfuerzos adelantados por la Policía colombiana, que ha detenido, encarcelado o dado muerte a ocho de los más importantes narcotraficantes del país en los últimos dos años.
 En México, se celebra, ha sido golpeada la dirección de dos importantes organizaciones de narcotraficantes. Amado Carrillo Fuentes murió durante una cirugía en el país azteca y Juan García Ábrego, cabecilla del cartel del Golfo y uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, ha sido declarado culpable por los tribunales estadounidenses a cadena perpetua en una prisión federal.
 Sin embargo, las deficiencias de las autoridades colombianas en materia antidrogas se resaltan por el crecimiento en un 56 por ciento de los cultivos de coca durante los dos últimos años. “Esta expansión ocurrió principalmente en zonas controladas por la guerrilla y las fuerzas paramilitares”.
 Según el documento, Colombia está atacando esta tendencia con una campaña de fumigación aérea de herbicidas apoyada por E.U. que ha destruido decenas de miles de hectáreas de cultivos ilícitos de coca y amapola en los años recientes.   Durante el próximo año, E.U. seguirá apoyando las campañas de erradicación e interdicción del puente aéreo en la región, ampliará las actividades de lucha contra el tráfico de drogas a las rutas marítimas y fluviales, impartirá capacitación y proporcionará equipo a los sistemas judiciales, entidades de ejecución de la ley y fuerzas de seguridad y promoverá una mayor cooperación regional”.
 

Medellín, miércoles 13 de mayo de 1998
EL COLOMBIANO
Acto de barbarie
Asesinado en Bogotá el general (r.) Fernando Landazábal Reyes
La ola de violencia que sacude al país cobró ayer la vida del general (r.) Fernando Landazábal Reyes, cuya muerte fue calificada por el Gobierno como un acto dirigido a desestabilizar las elecciones presidenciales
 El candidato presidencial Harold Bedoya fue una de las primeras personas en llegar, ayer, al sitio donde fue asesinado su ex compañero de armas, el ex ministro de Defensa Fernando Landazábal Reyes y, últimamente, compañero en la campaña política.

Por COLPRENSA-Santafé de Bogotá
 Eran las siete de la mañana cuando la tranquilidad del exclusivo sector de Santa Bárbara, al norte de Bogotá, fue estremecida por una serie de disparos.
 Los vecinos del lugar corrieron despavoridos hacia la carrera 28 con calle 118 y en pocos segundos se percataron que quien yacía en el piso no era otro que el ex ministro de Defensa y ex embajador en Holanda, general ® Fernando Landazábal Reyes.
 “Hace años vivía acá, él era muy amable con todas nosotras, sabíamos que tenía su oficina en la 122 y siempre se iba hasta allá caminando por las mañanas”, dijo una de las primeras amas de casa que, aterrorizada, llegó a la escena del crimen.
 Ahí, muerto, estaba el general (r.) Landazábal, y a su lado se observaba un ejemplar del diario El Tiempo que llevaba en sus manos al momento de ser atacado a balazos.
 Pasaron cerca de diez minutos hasta cuando llegaron las primeras unidades de la Policía, las cuales se encargaron de despejar y acordonar el área.
 Siendo las siete y media llegó al sitio el director de la Policía Nacional, general Rosso José Serrano, quien se puso al frente de la situación. Junto a él aparecieron el director del DAS, general Luis Enrique Montenegro, y el director de Inteligencia de la Policía, coronel Oscar Naranjo.
 Posteriormente, arribaron técnicos de la Policía Judicial (Dijín) y del CTI de la Fiscalía.
El general (r.) todos los días caminaba por allí, solitario, con rumbo a su oficina particular, ubicada a cuatro cuadras de su apartamento.
 El oficial retirado vivía en el edificio Arcos de la Sierra, en la calle 118 No. 28-33, de donde se desplazaba sin problema diariamente hasta su despacho, pasadas las siete de la mañana.

Huyeron
 Ayer, cuando comenzaba su habitual recorrido, fue sorprendido por los disparos hechos por uno de los dos hombres que lo esperaban dentro de un automóvil Chevrolet Sprint de color rojo con placas BJH-250.
 El asesino se bajó del carro y lentamente caminó hacia el exministro. Al parecer, sin mediar palabra, el desconocido disparó repetidamente contra su víctima, que en segundos se desplomó sobre el andén. Consumado el crimen, el pistolero volvió a abordar el automóvil en el que lo esperaba otro compañero y huyeron.
 Transcurrieron quizás 30 minutos para que todos los medios de comunicación se hicieran presentes en la escena del crimen, donde ya se encontraban los comandantes de la Quinta División del Ejército, general Jorge Enrique Mora y de la Decimotercera Brigada, general Rito Alejo del Río.
 Comenzaron así a recopilarse los elementos hallados en la escena del crimen, como fueron las vainillas del arma utilizada por los dos sicarios, además de las huellas dejadas por el hombre que disparó a quemarropa.
 Luego, a las ocho y media de la mañana se confirmó el primer dato que permitiría orientar las investigaciones: a ocho cuadras, en la calle 126 con carrera 28, se encontraba abandonado el automotor que hora y media antes habían utilizado los sicarios.
 En efecto, el Sprint de placas BJH-250 se encontraba en un estacionamiento callejero, frente al almacén Creaciones Claro de Luna, donde los dos hombres abordaron un Renault de color azul.

Una oración
 Al tiempo que las autoridades ahondaban en las pesquisas, un grupo de mujeres que viven cerca al apartamento de la familia Landazábal, se reunió en el sitio donde yacía el cadáver del general retirado y comenzó a orar.
 Dadle señor el descanso eterno repetían una y otra vez las mujeres que decían conocer muy de cerca a la familia Landazábal.
 Luego de rezar, hablaron con tres periodistas y evidenciaron sus rostros de preocupación, mientras decían que este país se acabó porque la vida no tiene valor.
 A las nueve de la mañana abandonó el lugar el general Rosso José Serrano, quien se abstuvo de pronunciarse pero comisionó al coronel Oscar Naranjo para indagar sobre lo acontecido e interrogar a los testigos que se encontraban en el sitio del crimen.
 Minutos después llegó el comandante del Ejército, general Mario Hugo Galán, quien permaneció poco más de una hora en el apartamento de la familia Landazábal.
 Al salir, el general Galán se mostró preocupado y dijo que esta es otra cuota de sacrificio que ponen los soldados colombianos por la patria.
 A lo largo y ancho de la ciudad se desplegó un vasto operativo en procura de ubicar el Renault que los sicarios utilizaron para huir después de abandonar el Sprint.
 Durante toda la mañana, sobre el sitio del crimen cayó una leve llovizna, lo cual dificultó el trabajo de los técnicos de la Fiscalía y la Policía encargados del levantamiento del cadáver.
 Mientras tanto a lo largo y ancho del país se produjo una oleada de repudio e indignación por el asesinato del ex ministro y ex diplomático, que se carecterizó por ser un militar de línea dura frente al accionar guerrillero.
 El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Argemiro Serna, dijo que aunque el crimen se investiga, no descartaba que hubiera sido ejecutado por un comando de guerrilla urbana.
Los despojos militares del general (r.) Fernando Landazábal Reyes iba a ser velado desde ayer en la Escuela Militar de Cadetes.
 

EL TIEMPO
Miércoles 13 de mayo de 1998
Paro en Ecopetrol por atentado a directivo de la Uso en Tibú
Cúcuta

Un paro de 24 horas en las instalaciones de Ecopetrol en todo el país cumplieron ayer los trabajadores convencionales para exigirle a los organismos de seguridad del Estado, investigaciones efectivas en el caso del atentado contra el dirigente de la Unión Sindical Obrera (Uso) en Tibú (Norte de Santander), César Blanco Moreno, ocurrido el lunes pasado.
Según las directivas de Ecopetrol, la producción no disminuyó porque ayer fue implementado un plan de contingencia con el personal directivo y temporal, previsto para estos casos.
Voceros de la Uso informaron que el dirigente se recupera en una sala de cuidados intensivos de un centro hospitalario de Cúcuta, donde fue recluido minutos después del atentado. Blanco Moreno fue intervenido quirúrgicamente porque las balas le afectaron el colon y le fracturaron el fémur derecho.
Entre tanto, los médicos del hospital le dieron de alta a su esposa Martha Myriam Ortiz, que lo acompañaba cuando fue atacado.
Ortiz, que recibió un disparo en el brazo derecho, manifestó que no existían amenazas en contra de su esposo y que no se explica por qué alguien decidió atacarlos. “No llego a comprender qué fue lo que pasó”, aseguró.
Según las autoridades, un hombre de aproximadamente 43 años llegó hacia las 8:15 p.m. hasta la vivienda del dirigente sindical, ubicada en la urbanización Prados del Norte, en el nororiente de Cúcuta, y sin mediar palabra disparó contra él y su cónyuge.
El comandante Departamental de Policía, coronel Luis Fernando Bautista Uribe, explicó que el hombre disparó desde la entrada de la casa protegida por una reja y que ésta impidió su acceso para rematar a las víctimas.
 
 

EL TIEMPO
Mayo 13 de 1998
‘Paras’ asesinan a cuatro ancianos en Betania
Medellín

Mientras se conocía del inicio del éxodo campesino por las amenazas de los paramilitares que el lunes asesinaron a 7 labriegos en Liborina (Antioquia), las autoridades confirmaron el asesinato de cuatro ancianos en dos incursiones del grupo armado en zona rural de Betania, al suroeste del departamento.
La Policía Antioquia atribuyó el asesinato de los ancianos a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, (Accu), cuyas masacres realizadas en menos de quince días han cobrado la vida de 34 personas en esta sección del país.
Los ataques de los paramilitares se presentaron entre la tarde del pasado lunes y la madrugada de ayer. En un primer hecho ocurrido en la vereda Bellavista fueron muertos Julio Martín Benítez, de 70 años de edad;
Francisco José Castañeda Cano, 70 y Jorge Solís Moreno, de 72.
En la otra incursión en la vereda El Pedral fue muerto Pedro Javier Cardona, de 65. Las víctimas eran reconocidos en la región como agricultores, dedicados principalmente al cultivo del café.
De acuerdo con versiones entregadas por vecinos del sector a las autoridades, otras dos personas habrían sido asesinadas en la vereda La Miranda.
Esta masacre se suma a la registrada en similares circunstancias en el municipio de Liborina, occidente del departamento, donde otro recorrido de muerte dejó siete personas asesinadas.
Ayer la zozobra se apoderó de esta localidad, un pacífico pueblo dedicado a la producción agraria en el cañón del Cauca, donde los miembros de las Accu amenazaron con una nueva masacre en 15 días, plazo que le dieron a los habitantes de las veredas cercanas a los corregimientos de El Carmen de Las Ventas y San Diego para abandonar sus tierras. Por el anuncio comenzó un nuevo éxodo de campesinos que con la implementación de medidas de seguridad, las autoridades pretenden controlar.
 

EL TIEMPO
Martes 12 de mayo de 1998
Destituidos por masacre de Riofrío

Retirados el coronel Luis Felipe Becerra y el mayor Eduardo Delgado. Suspendidos el teniente Alfonso Vega y el sargento Armando Aguilera.
 La Procuraduría General de la Nación sancionó ayer a tres miembros de las Fuerzas Armadas por la masacre de Riofrío (Valle del Cauca), ocurrida el 5 de marzo de 1993, en la que murieron 13 personas.
 El Ministerio Público destituyó al teniente coronel Luis Felipe Becerra y al mayor Eduardo Delgado Carrillo. Así mismo, suspendió por 90 días al teniente Alfonso Vega Garzón y al sargento segundo de la Policía, Armando Aguilera.
 Dentro del mismo fallo fue absuelto el general Rafael Hernández López y los cabos Leopoldo Romero y Alexánder Cañizales.
 La investigación de la Procuraduría que la llevó a formular cargos contra los militares mencionados en diciembre de 1993, indica que lo ocurrido en Riofrío no fue una acción militar como en un principio se presentó y los militares vinculados incurrieron en faltas disciplinarias al encubrir o que arribó al lugar, torturó y asesinó a las 13 personas.
 Según la Procuraduría, después de ocurridos los homicidios, los militares alteraron el escenario del crimen para presentar el hecho como un enfrentamiento entre uniformados y subversivos y justificar la muerte de las13 personas.
 A su vez, según la Procuraduría, los militares se abstuvieron de intentar siquiera la captura de los verdaderos autores del múltiple homicidio.
 El Ministerio Público asegura que la posible vinculación de los 13 ciudadanos con la guerrilla “no fue, ni ha sido probada de modo convincente’’ por los militares.
 En criterio de la Procuraduría no hay pruebas que sustenten la versión del Ejército, según la cual las 13 personas murieron durante un enfrentamiento con los soldados, ya que al examinar el material probatorio se pudo concluir que no hubo combate y que las personas asesinadas se encontraban en condiciones de indefensión cuando fueron ultimados por un grupo armado.
 

EL TIEMPO
Martes 12 de mayo de 1998
Libres, reos de masacre de Trujillo
Las fórmulas de las dilaciones y los términos vencidos vuelven a conspirar contra los intereses de la justicia. No se han aprendido lecciones del pasado.

DE LA REDACCION JUDICIAL
 En un mar de galimatías y dilaciones jurídicas naufraga la posibilidad de que el Estado castigue a grupos de justicia privada que han sembrado el terror en el norte del Valle.
 La justicia sin rostro le dio prevalencia a términos e incisos y dejó en libertad a seis miembros de la organización dirigida por Henry Loaiza Ceballos (‘El Alacrán’), uno de los jefes del cartel de Cali acogido a la política de sometimiento a la justicia.
 Los hombres a los que se les abre la puerta de la prisión venían siendo procesados en relación con crímenes que han hecho que el dedo acusador de la comunidad internacional señale a Colombia como responsable de violación de derechos humanos.
 El más impactante de ellos es el de la masacre de Trujillo (norte del Valle), ocurrida a finales de la década pasada. En ese tiempo fue común el hallazgo de cadáveres flotando en aguas del río Cauca. La mayoría de los cuerpos presentaban signos de torturas y mutilaciones con sierras eléctricas. (Ver nota anexa).
 La Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y otros organismos que promovieron la investigación hallaron evidencia de que los crímenes hacían parte de un concierto entre paramilitares y narcotraficantes para ‘limpiar’ zonas que querían someter a su influencia.
 Por vencimiento de términos, producto, según el Tribunal Nacional, de dilaciones y práctica de pruebas innecesarias, recobraron la libertad Luis Carlos Monroy Martínez, Javier Parra Sandoval, Célico Galindo Parra, Hember Lopera Alvarez, José Oliverio Moreno Perdomo y Norberto Morales Ledesma.
¿Alguien responde?
 El Tribunal Nacional cuestionó severamente la actuación del juez regional de Bogotá que tiene a su cargo el caso y pidió que el Consejo de la Judicatura lo investigue disciplinariamente.
 “(...) Igualmente -dice un aparte de la providencia- se compulsarán por parte de la Secretaría de esta Corporación y ante la misma autoridad, copias de las piezas procesales pertinentes (actuación durante el juicio) para que se investigue al Juez que adelanta el juicio, en tanto que se observa en él negligencia en el control de los términos y en el manejo de la actuación referida a la acumulación procesal y a acumulación de recursos impertinentes...”.
No a ‘El Alacrán’
 Con consideraciones similares la corporación pidió a la Judicatura que investigue al abogado Ramón Diego Salazar Uribe, defensor de ‘El Alacrán’, interesado en conseguir la libertad de su cliente por esas mismas vías.
 Entre esas maniobras dilatorias se encuentra la solicitud hecha por el litigante para que se oyera en declaración juramentada a Luis Carlos Monroy Martínez, un hombre que según él se encontraba preso en Panamá.
 Las autoridades consulares colombianas informaron desde allí que Monroy no figuraba como recluido en algún centro carcelario en ese país. Por ende, se perdió valioso tiempo en el que corrieron términos.
 Los hombres de ‘El Alacrán’ también están acusados de hacer parte de una organización de sicarios que operó desde 1993 en el departamento del Tolima.
 “Esa organización -dijo el tribunal- se dedicó a cegar la vida o a atentar contra la integridad física de aquellas personas que de una u otra manera, habiendo tenido vínculos con actividades del narcotráfico, le faltaron a la ‘lealtad debida’ o se constituían en delatores o informantes de los organismos de seguridad del Estado”.

Medellín, martes 12 de mayo de 1998
EL COLOMBIANO
Pregunta el Mindefensa

“¿Dónde están las pruebas contra la Brigada XX?”
Sobre la supuesta participación de la Brigada XX en la guerra sucia, “la prensa colombiana no puede poner como prueba al Washington Post. Que el Washington Post o lo pruebe o se calle”: Gilberto Echeverri, ministro de Defensa

 Aunque aceptó que existen algunas fallas, el ministro de Defensa, Gilberto Echeverri Mejía, hizo ayer una enconada defensa del papel y la transparencia de las Fuerzas Militares en el desarrollo de la guerra interna colombiana.
 Durante una exposición titulada Situación de Violencia y Conflicto en Colombia, que dictó para el Departamento de Siquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, el ministro expresó su malestar por informaciones del Washington Post contra la Brigada XX, a la cual el diario norteamericano señaló de cumplir actividades de guerra sucia.
 “Lo único que pido es que demuestren. La oficialidad del Ministerio de Defensa, sus soldados y marinos son hombres serios y recios -dijo-. Si alguno comete una equivocación, que se le castigue. Pero, con todo respeto, la prensa colombiana no puede poner como prueba al Washington Post. La carga de la prueba está en el acusador y no en el acusado”.
 Echeverri Mejía pidió ecuanimidad en el tratamiento de las informaciones emitidas. “Ese medio no puede caer en la práctica de nuestro `deporte nacional’: acusar y ser jueces. En este caso, responsabilizar a los soldados de la muerte de diferentes personalidades, entre ellos la de Alvaro Gómez”.
 Sostuvo que es fácil sumarse a las declaraciones del ex embajador Miles Frechette antes de salir de Colombia. “El habló muchas veces conmigo y nunca dijo nada de escuadrones de la muerte, sólo hasta el momento de montarse al avión. Y como lo dijo él, entonces es verdad. Aunque lo digan los presidentes Clinton o Samper, hay que demostrarlo”.
 Por estas razones, dijo el Mindefensa, “soy enfático en defender a las Fuerzas Militares. Las tengo que defender y si no este país no dura nada. Si se disuelven se acaba todo. Esto no lo manejamos con buenos consejos, se maneja con tropa”.

Casos específicos
 Echeverri recordó ayer a los asistentes a su charla matinal en el Paraninfo de la U. de A. que tras las denuncias del ex embajador Frechette pidió pruebas. “Estamos en mayo y no ha llegado una sola”.
 “Cuando mataron a los investigadores del Cinep, Mario Calderón y Elsa Alvarado, alguien dijo que era represión de la bota militar. Recibí más de dos mil cartas de todo el mundo, hasta de China Comunista. Se capturó a los asesinos, sicarios de Medellín. Los tiene la Fiscalía. ¿Quiénes han salido a decir que no fue el Ejército?”.
 Y agregó que en el caso de los “muchachitos buenos” que fallecieron en un retén militar en Buenaventura, una emisora repitió quince días el llanto de las madres, porque sus hijos no habían hecho nada.
 “El Ejército, entonces, era de asesinos. El carro en que se transportaban era robado, lo habían pagado con joyas robadas, estaban disparando. Quién ha dicho que el Ejército era inocente después de que acabaron con las Fuerzas Militares. Todavía salen caricaturas sobre los retenes”.
 “¿Existen grupos Ku Klux Klan? No lo descarto. Pero no tienen ningún apoyo oficial. Incluso hay persecución e investigación de todos los comandantes en ese tema”, concluyó.

¿Eficiencia militar?
 Echeverri Mejía aceptó que hay problemas en el interior de las F.A, pero que se investigan y se castigan. La justicia ordinaria, el año pasado, no condenó prácticamente a nadie, no porque los jueces y magistrados son malos, sino por el sistema procedimental. La justicia militar condenó al 47% de los oficiales que le llegaron a juzgamiento. Fue efectiva en el 95% de los casos que recibió en el año, expuso.
 “No digo que la justicia penal militar es buena, regular o mala, pero es más buena que la civil. El problema grave del país es que no hay justicia. El país está lleno de absueltos más no de inocentes. El sistema es ineficiente: las pruebas son deficientes, se vencen los términos”.
 Respecto de la masacre de Puerto Alvira, Meta, donde el Ejército se presentó 24 horas después de los hechos, el Mindefensa dijo que sí hay un Bloque de Búsqueda Paramilitar. “Pero tiene una estructura distinta a los que combatieron a los carteles de Cali y Medellín. Si se tratara de enviarlo a un solo hecho, sería lo mismo, pero su carácter interinstitucional requiere coordinación del CTI, Fiscalía, Procuraduría, Ejército, Armada y Fuerza Aérea”.
 “Lógicamente, por nuevo, requiere ajustes. Pero esos son los que mataron 20 tipos. Qué lamentable, es la guerra sucia, porque no hay guerra limpia. La Brigada XX estamos organizándola y replanteándola, y vamos a darle tecnología. Las acusaciones que se dieron no tienen pruebas. Le ofrecimos la colaboración del caso a la Fiscalía y no ha habido requerimientos”.
 En declaraciones finales a la prensa, el ministro precisó, respecto a lo anunciado la semana pasada por el gobernador de Antioquia, Alberto Builes, que los hombres del IV Frente de las Farc que se desmovilizarían no son más de 1.000 sino 28.

“La de Colombia, guerrilla millonaria”
 La guerrilla de las Farc obtuvo, en 1997, más de 480 millones de dólares y el ELN casi 360 millones por el narcotráfico, el secuestro, las extorsiones y los asaltos, afirmó ayer el ministro de Defensa, Gilberto Echeverri.
 Del total percibido por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, 313 millones de dólares procedieron del tráfico de drogas, lo que equivale al 53% de ese negocio en el sur del país, dijo el ministro en su conferencia sobre paz en la Universidad de Antioquia.
 Las Farc ingresaron por extorsión 68,5 millones de dólares; por secuestro 63,5 millones; por robo de ganado 18 millones y más de 700.000 dólares en asaltos de bancos.
 De los 360 millones de dólares obtenidos por el Ejército de Liberación Nacional, ELN, añadió el ministro Echeverri, 200 millones corresponden a extorsiones; más de 100 millones por secuestros; 28 millones por narcotráfico; unos 14 millones por robo de ganado y más de 750.000 dólares en asaltos a bancos.
 En el mismo recuento, el ministro dijo que la disidencia del Ejército Popular de Liberación, EPL, “ganó” en 1997 un total de 12,6 millones de dólares, de ellos casi ocho millones por extorsión, 3,5 millones por secuestro y un millón de dólares por robo de ganado.

Sí se investiga a militares
AFP-Bogotá. El Procurador Jaime Bernal Cuéllar admitió ayer que miembros de las fuerzas militares estarían vinculados a las investigaciones que se llevan a cabo por los crímenes selectivos de dirigentes de Derechos Humanos ocurridos en los últimos dos meses.
 El procurador señaló que por razones de reserva de los procesos no puede revelar los nombres de los militares que estarían involucrados, pero aseguró que existen varios procesos contra miembros de la marina.
 La revelación del procurador se produce en momentos en que el ministro de Defensa, Gilberto Echeverri, pidió al diario Washington Post que revele la fuente de una información que señala vínculos de la Brigada XX con con los asesinatos.
 Hace dos semanas, Bernal se sumó a una petición de Organizaciones No Gubernamentales, para pedir al Ejército, la Policía y el Departamento Administrativo de Seguridad divulgar los archivos que poseen sobre dirigentes de Derechos Humanos.
 La Fiscalía General de la Nación precisó que las investigaciones adelantadas contra la brigada de inteligencia son de carácter individual y no comprometen el conjunto del estamento militar.
 

Medellín, martes 12 de mayo de 1998
EL COLOMBIANO
Sin precisar responsables

E.U. condenó abusos en Colombia
AFP-Washington. El gobierno de Estados Unidos reiteró ayer su condena al asesinato de activistas políticos en Colombia y pidió a Bogotá investigar a fondo dichos crímenes, pero se negó a confirmar versiones de prensa que vinculan con los mismos a unidades militares.
 “No estoy en posición de ser más específico”, dijo el portavoz del Departamento de Estado, James Rubin, negándose a comentar un artículo del diario Washington Post, según el cual Estados Unidos sospecha que miembros de la Brigada XX de inteligencia militar tienen que ver con la muerte de varios activistas de Derechos Humanos.
 En su edición del domingo, el citado diario dijo que tanto Estados Unidos como autoridades colombianas están investigando la posible participación de miembros de esa brigada de inteligencia militar en los crímenes, y atribuyó la información a “una fuente informada” que pidió no ser identificada.
 Rubin señaló que las preocupaciones sobre “alegadas violaciones de DH” por parte de funcionarios de inteligencia “circulan desde hace tiempo”, e incluso fueron recogidas en el informe anual del Departamento de Estado sobre la materia.
 “Condenamos el asesinato de activistas políticos y de DH, y hemos instado al gobierno colombiano a investigar sus muertes sin demora, con vigor y a fondo, y a enjuiciar prontamente a los responsables de acuerdo con las leyes”, dijo el portavoz.
 Por acuerdo con el gobierno de Bogotá, la ayuda militar de Estados Unidos para la lucha antinarcóticos sólo es entregada a unidades “limpias” en materia de DH. Rubin dijo que el proceso está en vigor. Adicionalmente Estados Unidos “recaba informaciones de todas las fuentes para investigar acusaciones, y asegurarse de que su ayuda no va a unidades que violan DH”.
 

CAMBIO 16
MAYO 11, 1998
Dejar hacer, dejar pasar
 
«Los integrantes de la comunidad de Puerto Alvira concluyen su escrito solicitando: mantener alejados del casco urbano a los factores involucrados en el conflicto, llámense paramilitares, guerrilleros o militares».
 
 Esta frase la he tomado a la letra de un documento escrito por el general Freddy Padilla de León, comandante de la Séptima Brigada. En dicha carta con fecha de enero 15, dirigida al Defensor del Pueblo, Regional de Villavicencio, el general utiliza la cita tomada a su vez de otra misiva enviada a la misma defensoría con fecha de enero 9, firmada por la comunidad de Puerto Alvira y en la cual los alvirenses denunciaban que los iban a matar y pedían protección. Hábilmente el general hacía ver que el Ejército no estaba allí salvaguardando la vida de la población civil, porque los propios alvirenses, señalados por los paramilitares como «guerrilleros», lo habían rechazado. Hábilmente justificaba junto con otros puntos de carácter operativo el porqué de la ausencia de las armas de la Nación en ese pueblo y de paso le sacaba el cuerpo a toda culpa por omisión en la masacre anunciada de Puerto Alvira.
 Este rapto de inteligencia y malicia militar, ilustra claramente cuál es la política del Estado frente al fenómeno del paramilitarismo y de los permanentes genocidios de población civil en las zonas calientes del país.  Es una política conocida siglos atrás en la historia de la humanidad y que se inventaron los pensadores de la fisiocracia francesa cuando produjeron la famosa frase: laissez faire, laissez passer, «dejar hacer, dejar pasar».
 Es una política y una frase que en no pocas ocasiones ha sido muy rentable para quienes ponen en práctica, o por lo menos viven a gusto, con esta desquiciada estrategia de avestruces, de complicidad, de desprecio por la opinión pública, por la comunidad internacional y sobre todo por la potestad del Estado de defender la vida de los asociados. Frase detestable en un país donde precisamente por esa dejadez vivimos en el horror y la oscuridad, pero sin duda rentable en medio del pragmatismo mortal dentro de una guerra que para algunos implica mostrar resultados inmediatos y hacerla, no contra quienes tienen las armas, sino contra aquellos que real o ficticiamente forman parte de la periferia civil de una de las partes armadas.
 Es rentable militar y políticamente, pero sólo al comienzo, porque esta «filosofía» del me importa un carajo, más temprano que tarde, se les devolverá a quienes desde el poder y la fuerza ejercen el desprecio por una realidad que pareciera que ni siquiera ven. Entrar a discutir entonces si los muertos de Puerto Alvira eran o no auxiliadores de las Farc, sería tanto como caer en el mismo círculo vicioso que permite precisamente la violación de los derechos humanos. De hecho asesinar a civiles o aún a militares desarmados y en estado de indefensión, viola el derecho internacional humanitario.
 Proyectemos esa frase sobre el terreno de lo tristemente cotidiano en nuestras ciudades: tratar de justificar las omisiones del Ejército frente al paramilitarismo en el hecho de que determinados núcleos de población -en acto de neutralidad- piden no formar parte del conflicto, sería tan grave como si en una esquina cualquiera dos hombres se estuvieran matando a puñaladas y al llegar la policía estos ciudadanos gritaran «déjenos matar» y que, tras escuchar esa frase, los representantes del orden dijeran «¡ah!  bueno, si ustedes deciden eso, pues háganlo» y se retiraran para que los dos hombres se mataran «en paz» y ellos regresaran al rato -como en Puerto Alvira- para levantar los cadáveres.
 
 Un agente del Estado no puede simplemente omitir sus deberes amparado en justificaciones inconstitucionales. Y menos si la inminencia de la masacre de Puerto Alvira la conocían no menos de 15 altos funcionarios del Gobierno, desde ministros hasta gobernadores, como lo ilustra el artículo de Nelson Freddy Padilla en esta edición de Cambio16.  Entonces y frente a las denuncias del Defensor del Pueblo sobre las decenas de cartas cruzadas que anunciaban la llegada de los paramilitares, cabe la pregunta: ¿En materia de derechos humanos, el laissez faire, laissez passer, es en el fondo política no de unos sectores sino del conjunto del Gobierno colombiano? ¿De qué vale la palabrería dentro y fuera de Colombia sobre el respeto a las normas humanitarias y la buena voluntad del Gobierno, si de un solo plumazo, con estas omisiones grotescas, se pone en evidencia la fragilidad de la política gubernamental de derechos humanos?
 Todo este asunto ha quedado en manos del Procurador, que deberá fallar.  Quedamos a la espera para ver si en materia de guerra sucia, Bernal Cuéllar es de bolsillo o de pantalones.
ANTONIO MORALES RIVEIRA
 

EL ESPECTADOR
Mayo 7 de 1988
MASACRE EN MAPIRIPÁN
Debate por masacre
Por: ANA LUCÍA RAFFO FLÓREZ

Bogotá
 Un gran debate se generó ayer a raíz de la masacre en la inspección de Puerto Alvira, que dejó como saldo 22 muertos y un número indeterminado de desaparecidos, en el sentido de que pudo haber omisión por parte de las autoridades que están encargadas de proteger la vida de las personas que habitan en el país.
 Para el abogado y profesor universitario, Mario Madrid-Malo, “resulta injustificable que haya podido consumarse, con tanta impunidad, una matanza sobre cuya inminencia habían advertido tanto miembros de la sociedad civil como funcionarios del propio Estado”.
 Lo que nos está revelando este nuevo crimen, señala Madrid-Malo, es la ineficacia de las medidas anunciadas por el Gobierno el año pasado para reprimir a los grupos paramilitares, lograr su desmantelamiento y capturar a quienes los organizan, financian y comandan, “lo que implica que el para-Estado ha adquirido un gran poderío en este último tiempo para canalizar sus empresas criminales”.
 El senador Fabio Valencia Cossio afirmó que el Congreso no puede pasar inadvertido frente a estos hechos, y enfatizó diciendo que “el Estado de derecho no existe. No entiendo que se alerte a las autoridades y ninguna cumpla con su deber, y expresó que el presidente Samper “parece un sastre porque siempre anuncia que va a tomar medidas y nunca aparecen los responsables porque hay un contubernio entre algunos poderes del Estado y la delincuencia”.
 Por su parte, el embajador de los Estados Unidos en Colombia, Curtis Kamman, afirmó que para su país el tema de los derechos humanos es prioridad, “y lo que ha ocurrido aquí es lamentable en las últimas semanas, muchos problemas con asesinatos y amenazas”.
 Respecto a la responsabilidad del Ejército en la masacre, el ministro de Defensa, Gilberto Echeverri, dijo que las Fuerzas Militares han actuado dentro de sus posibilidades, “pero acusaciones de ineficiencia contra los miembros de las F.M. y la Policía no las puedo aceptar. Una cosa es que estemos limitados por capacidad y somos el Ejército de siempre, no es que sea ineficiente sino que no es capaz de atender todas las necesidades”.
 De otro lado, Almudena Mazarrasa Alvear, comisionada de la ONU para los derechos humanos, manifestó que “nosotros nos hemos propuesto aclarar y que se investigue dónde están las responsabilidades para que se castigue a las personas que son culpables.
 Agregó que la responsabilidad en este caso no solamente es por acción sino por omisión, por lo que las autoridades tienen la obligación constitucional de proteger a la población civil. “Yo creo que lo de Puerto Alvira pudo ser más por omisión”, resaltó la embajadora española.
 Finalmente, el vicefiscal general de la Nación, Jaime Córdoba Triviño, precisó que aun sin levantar los cadáveres de los civiles inermes, se debe exigir en forma más explícita una voluntad política en los más altos niveles para enfrentar ese tipo de delitos.

Múltiples investigaciones por matanzas en el Meta
Bogotá, Villavicencio y Puerto Alvira
 El cuadro dantesco que dejó la incursión el pasado lunes de más de 200 hombres de un grupo armado en Puerto Alvira (Meta), seguía ayer intacto en esa población de más de 2.500 habitantes
 Los organismos de socorro y las autoridades judiciales iniciaban las primeras indagaciones para establecer lo sucedido y tratar de encontrar a los responsables.
 Al término de un consejo de seguridad realizado en la mañana de ayer en Villavicencio, el ministro del Interior, Alfonso López Caballero, dijo que se tomaron todas las medidas para garantizar la integridad de las personas que están allí y evitar el desplazamiento masivo hacía Mapiripan y la capital del Meta.
El gobernador del Meta, Alan Jara, quien en la tarde de ayer visitó las instalaciones de El Espectador, dijo son 25 los muertos que deja la incursión paramilitar, ya que ayer se encontraron los cuerpos de otras tres personas.
 El procurador general de la Nación, Jaime Bernal Cuéllar, designó una comisión especial para investigar todos los hechos que rodearon la masacre y las posibles fallas que se pudieron presentar por parte de funcionarios del Estado y miembros de la Fuerza Pública que supuestamente conocieron con antelación las denuncias sobre el múltiple crimen.
 Desde ayer, el Ministerio Público arrancó con el proceso de recolección de pruebas, testimonios y documentos que sirvan en la investigación disciplinaria.
 La Fiscalía también integró un grupo especial de fiscales y técnicos judiciales de la Regional de Oriente con sede en Villavicencio que está en el proceso de levantamiento e identificación de los cadáveres y la recolección de pruebas preliminares para la investigación penal.
 Ayer se hicieron 15 levantamientos en el cementerio de la capital del Meta, que fueron los primeros cuerpos recogidos en el casco urbano de la inspección de Puerto Alvira y llevados a Villavicencio.
 En la tarde había un reconocimiento parcial de los 15 cadáveres con base en indicios y las informaciones entregadas por sus familiares, pero no se dio un reporte oficial porque aún no se tenían los resultados de las pruebas dactilares.
 Aunque todo indica que la investigación por la masacre quedará bajo la responsabilidad de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, el proceso inicial lo asumió en firme la Regional de Oriente.
 Al cierre de esta edición era esperada en Villavicencio otra volqueta con más cuerpos que fueron halladas en distintos sitios de la zona rural de Puerto Alvira.

Ayuda humanitaria
 El consejero presidencial para desplazados, César Manuel García, quien estuvo en Villavicencio, dijo que la situación es muy complicada porque allí confluyen guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes.
 Sostuvo que se estructuró un plan de ayuda humanitaria de emergencia, a cargo de la Cruz Roja Nacional, la Cruz Roja Internacional, la Consejería Presidencial para Desplazados y la Red Nacional de Seguridad Social, que llevará alimentos, drogas, utensilios y otros elementos necesarios para socorrer a la población.
 En el consejo también se acordó mandar una comisión de apoyo especial de la Gobernación del Meta, integrada por seis personas entre sicólogos, trabajadoras sociales y técnicos que se encargarán de evaluar los daños materiales para la reconstrucción de las viviendas e iniciarán el proceso de identificación de las familias que tendrían derecho a la indemnización que prevé la Red de Solidaridad para este tipo de casos, cuyo monto es de $10 millones.

Permanencia de F.M.
 El Gobierno Nacional garantizó que la Fuerza Pública permanecerá en forma indefinida en el casco urbano y las zonas aledañas de Puerto Alvira, para evitar que en ocho días regresen las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y cumplan su promesa de asesinar a todo el que no abandonara la población. Pero ayer continuaba el éxodo.
 El martes llegó a la zona un contingente de 70 hombres y ayer hicieron su arribo otros cuarenta uniformados entre oficiales, suboficiales y soldados.
Comenzó el éxodo
 El éxodo de campesinos no se ha hecho esperar y a la capital del Meta ya han llegado unas 20 personas que por sus propios medios.
 Según la Cruz roja entre 200 y 300 personas, de las más de 2.500 que habitan el pueblo, quieren salir, pero la gran mayoría prefiere quedarse siempre y cuando les garanticen unas condiciones de seguridad y ayuda por parte del Gobierno.
 “Lo que está haciendo el Gobierno en estos momentos es tratar de que hay seguridad y habrá presencia militar en forma indefinida, pero no se trata de obligar a nadie a quedarse”, expresó el consejero para desplazados César García.
 Ayer la gente en Puerto Alvira se quedó esperando un avión que debía ir cargado de alimentos, víveres y otros productos, pero según los gobiernos nacional y seccional no se pudo viajar por mal tiempo.

Hipótesis de guerra sobre una masacre
Bogotá
 
 En julio de 1997, días después de que los paramilitares de Córdoba y Urabá perpetraran la primera masacre en la zona de Mapiripán (Meta), la Procuraduría, la Fiscalía y el Ejército iniciaron investigaciones para clarificar, cómo hicieron los mercenarios de Carlos Castaño para fletar un avión en Urabá, pasar por Bogotá, y aterrizar en San José del Guaviare, sin control alguno de autoridades civiles o militares.
 Aquel avión, de matrícula HK-4009 de la aerolínea Selva, movilizó a 60 hombres de las Autodefensas, que al llegar a San José del Guaviare se encontraron con otro grupo que había llegado por carretera y trocha desde San Martín (Meta), luego se dirigieron en camión hasta la localidad de Chagras, detuvieron el tráfico fluvial por el río Guaviare, y desde la noche del 14 de julio penetraron a Mapiripán donde masacraron a 18 personas.
 Estos detalles se han podido aclarar a lo largo de varias semanas, y también en razón de que el propio Carlos Castaño reconoció la autoría de la masacre. En agosto de 1997 hubo una segunda matanza en el sector de La Cooperativa, a principios de septiembre desaparecieron a cuatro personas en Caño Jabón, lo cual permite concluir que los paramilitares de Urabá permanecieron en la región. ¿Pero qué sucedió el pasado lunes?

Tres hipótesis
 Acceder hasta la inspección de Puerto Alvira tiene tres opciones:  salir del municipio de San Martín, tomar una trocha interminable, utilizar planchones, y en estos tiempos de invierno, demorarse por lo menos 25 horas. Resulta muy difícil que varios camiones repletos de mercenarios no hubiesen sido detectados por las autoridades, por lo cual se descarta este camino.
 La otra ruta parte de Granada, pasa por Fuente de Oro, Puerto Rico, Puerto Arturo y después de varias trochas, accede a una sabana, y se termina por llegar a Puerto Alvira. También el itinerario puede durar más de un día, y actualmente faltan cuatro puentes, lo cual implica que tampoco por allí llegaron los paramilitares. ¿Entrarían entonces por vía fluvial hasta Chagras, y de allí tomarían los camiones para llegar a Puerto Alvira.
 Sobre estas posibilidades, y con el propósito de analizar los modus operandi de todas las masacres, las autoridades evalúan tres hipótesis: la primera que no exista móvil político, y que la masacre obedezca a disputas entre grupos que quieran apropiarse del negocio del narcotráfico; una segunda opción que las autodefensas estén organizadas en San José del Guaviare, y una tercera posibilidad que los autores sean guerrilleros que quieren imputar la masacre a las autodefensas.
 Lo cierto es que la zona donde está asentada la inspección de Puerto Alvira, desde hace varios años es de dominio del frente 44 de las Farc, y salvo que los paramilitares hubiesen llegado por vía aérea, o que comiencen a fortalecerse en San José del Guaviare, es muy difícil creer que comandos de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá hubieran podido penetrar hasta un territorio donde los cultivos de coca y la subversión constituyen el denominador común.
 

“Nos aplazan la muerte”: habitantes
Puerto Alvira (Meta)
 El olor a sangre y a carne chamuscada se sigue metiendo por debajo de las puertas y ventanas de las pocas casas que quedaron en pie en Puerto Alvira.
 La feria la siguen haciendo los paramilitares que perpetraron la masacre y los cientos de moscas, zancudos y alimañas que devoran los cuerpos de las víctimas y las pieles blandas de decenas de niños que esperan con sus padres que aparezca ese pájaro grande que llaman avión y los aleje para siempre de la pesadilla de la muerte.
 “No hemos comido desde ayer, uno puede aguantar, pero ellos no.  Cada vez que llega un avión, llega una ilusión de poder salir de aquí o de tener noticias de los familiares. Muchos escuchan la radio, pues la información era que después del Consejo de Seguridad que se iba a realizar en la mañana en en Villavicencio, llegarían las provisiones. Ni lo uno ni lo otro. Sólo llegaron más ganas de no haber nacido”, dice la señora, quien al preguntarle el nombre replica “ponga como quiera, acaso importa la identidad”.
 Otros, con la cara pintada de abandono, se quedaron esperando el avión prometido, que no llegó, como no llegaron antes de la masacre. En la pista sólo hay testigos mudos. En tres cadáveres envueltos en bolsas negras, con hojas blancas pegadas, se alcanza a leer: Tomás, Floriberto Marín y Nelson.
 “A nosotros nadie nos va a convencer de quedarnos. La Fuerza Pública está aquí y la Cruz Roja también, pero dentro de varios días se irán y quedaremos de nuevo sin Dios ni ley, como siempre, y los paras nos seguirán buscando”, murmuró otro de los habitantes.
 El personero de Mapiripán, José Franco, trató infructuosamente de convencer a los moradores de que se desplazaran hacia la vecina población en la lancha que mandó la alcaldía.
 Muchos comentaban que no se iban porque los “paras” los van a buscar, estén donde estén”.
 Sólo hasta el pasado martes hizo presencia el Ejército, con efectivos de la IV División y la VII Brigada, ambos con sede en Villavicencio. La guerrilla también se había reportado en Puerto Alvira, unas horas antes de que llegara la Fuerza Pública, pero se retiraron rápidamente.
 Muchos, a pesar de la presencia del Ejército durmieron al otro lado del río Guaviare. Otros en fincas cercanas, donde se han concentrado muchos campesinos de la región quienes temen por sus vidas. “A veces uno piensa que lo que hace con huir es aplazar un poco la muerte, pues tarde que temprano tendrá que regresar a sus tierras”, dijo Carlos, quien advierte que con el miedo hasta se le olvidó el apellido.
 La familia Morales, compuesta por Leidi Tatiana, de 30 años, embarazada y con cuatro hijos más: Alexis, de 2, Johan de 10;  Lizeth de 6 y Caterine de 8, vive en Puerto Alvira hace seis meses. “Como se revientan las crispetas que vendo se han reventado nuestras vidas”.
 “Todos mis hijos estudiaban, el mayor pescaba en el Guaviare y vendía en el mercado. Me quedé viuda hace seis meses, a mi esposo lo mataron en el Guayabero (población cercana a Mapiripan) no sé quién, estoy desesperada. Mis hijos no comen desde ayer (martes) y fui a la Cruz Roja y me dijeron que los mercados que hay son para los que se queden. Uno aguanta pero ellos... sólo quiero salir de aquí rápido, me quedaban 70 mil pesos y me los robaron , aquí nadie fía y cuando pido me dicen que todos estamos igual. La guerra también tiene algo de bueno será, porque como que todos somos pobres”, dijo la señora, mientras miraba a sus pequeños desprotegidos.
 “Cuando salga de ésta me iré a Tuluá, adonde mi mamá. Yo sé coser y algo de peluquería, así me defiendo, pero no seguiré en este infierno”, agregó.

Se salvó la droguería
 Nadie quiere decir su nombre. Todos quieren hablar y desahogarse de la pesadilla que vivieron en cuatro horas. El dueño de la drogería Tairona recordó lo sucedido y sigue mirando que en medio de la tragedia algo le quedó para seguir viviendo. “Gracias a Dios no me quemaron la droguería, no me tocaba a mí. Estaba viendo televisión y vi pasar a los hombres de un lado para otro, así que decidí salir, me llevaron al parque y estaba muy asustado. Vi como hirieron a un vecino, que no estaba haciendo nada, y cómo sacaban al azar a muchos. Unos porque tenían largo el cabello, como el Happy, a otros por la pinta, como a un muchacho de 17 años que hace unos 20 días se vino para acá y tenía una joyería. Lo sacaron del grupo y le preguntaron de dónde era y sin mediar palabra se lo llevaron. Tal vez estaban bravos porque la lista que tenían no la pudieron cumplir”, dice el de la droguería.
 “Estoy muy triste. Me iba muy bien aquí, confiaban en mí y en mis recetas médicas, pero ahora pocos quedaran para seguir sirviéndole”.
 Como la señora que no quiso identificarse y el dueño de la droguería, todos aseguran que los muertos son más de 40 y advirtieron que un camión salió ayer en la mañana hacia La Esmeralda, una finca a cinco horas de Puerto Alvira, donde dicen que hay cadáveres por doquier.
 A las tres de la tarde, los habitantes se cansaron de esperar las provisiones y se tomaron la pista para que no salga nadie de Puerto Alvira sin solucionar los problemas.
 
 

EL TIEMPO
Jueves 7 de mayo de 1998
El testamento final de Puerto Alvira

 Los habitantes de Puerto Alvira habían alertado a las autoridades sobre la presencia de grupos armados que amenazaban la tranquilidad del poblado y ponían en peligro la vida de 1.500 familias.
 El 9 de enero pasado, sin embargo, en un petitorio con más de 100 firmas, los habitantes de esta inspección solicitaron que la Fuerza Pública no fuera acantonada en el casco urbano.
 En el documento, divulgado por la Defensoría del Pueblo de Villavicencio, propusieron la creación de una especie de zona neutral con la presencia de organizaciones humanitarias, como la Cruz Roja Internacional, la iglesia Católica y la propia defensoría.
 “En concreto, le rogamos al Gobierno y a las entidades arriba citadas se sirvan poner de su parte... para mantener alejados del casco urbano a los factores involucrados en el conflicto, llámense paramilitares, guerrilleros o militares”, dice textualmente el petitorio.
 Una respuesta a este documento fue enviada por el general Fredy Padilla de León, comandante de la Séptima Brigada, a Hugo Vásquez, defensor del Pueblo de Villavicencio, encargado, el 15 de enero pasado.
 Padilla asegura que personalmente impartió instrucciones a su unidad sobre la protección a la población civil dentro del área de su jurisdicción.
 Agrega el alto oficial que para esa fecha no había tropa acantonada en el casco urbano de Puerto Alvira ni había disponibilidad para enviarla.
 Añade que si la situación de orden público lo ameritaba, el Ejército haría presencia, toda vez que constitucionalmente no hay territorio vedado para las Fuerzas Militares.
 Sin embargo, ante la gravedad del conflicto entre guerrilla y paramilitares, y teniendo en cuenta la petición de neutralidad de los habitantes, los altos mandos consideraron que no era prudente tener tropas fijas la inspección.
 La experiencia les ha demostrado que ante la superioridad numérica de grupos al margen de la ley y la incapacidad logística del Ejército, no deben arriesgar la vida de miembros de la Fuerza Pública.
 

EL ESPECTADOR
MAYO 7 DE 1988
'A ese pueblo no regreso ni muerta'

Mientras mataban y destruían Puerto Alvira, los 'paras' se reían y gritaban
groserías. La gente corrió hacia el monte para pasar la noche. Los 'paras'
prometieron volver.

Llano 7 días
Villavicencio

 “Cuando ellos se fueron todo estaba quemado, el pueblito ya no era el mismo, los almacenes grandes todavía estaban prendidos y todo mundo estaba confundido y corriendo para lado y lado preguntando por sus familiares”.
 Carolina todavía recuerda lo que para ella fue una hora que jamás olvidará. Estaba sirviendo el almuerzo para sus hijos y su esposo cuando escuchó tiros desde todas las direcciones.
Al salir de su casa vio la primera víctima de lo que una hora más tarde sería una de las masacres más sangrientas. Era su esposo que estaba tirado a unos cuantos metros de la puerta de su casa. Una bala le había atravesado el costado derecho.
Después hicieron salir a todos los habitantes de la pequeña inspección a la pista del aeropuerto. “Hasta allá me tocó llevar a mi marido porque no dejaron que se quedara en la casa”.
Arrastrándolo y ayudada por la demás gente logró llevarlo hasta la pista, en donde lo sentó y comenzó a ver y escuchar como los hombres armados con fusiles y rockets les gritaban groserías a la gente, sobretodo a los niños, que no paraban de llorar.
Con una lista iban llamando a uno por uno. “Mientras los unos estaban llamando a lista, los otros quemaban los almacenes y se reían de todo lo que hacían”.
Fueron los 20 minutos más largos de su vida. Pensó que los iban a matar a todos: niños, mujeres, ancianos. Deseó haber tenido la capacidad de desaparecerse como por arte de magia. Le pidió a Dios que los ayudara porque no había nadie sobre la tierra que lo pudiera hacer.
“Después nos hicieron ir para las casas y siguieron disparando para todos lados. A los hombres que habían escogido en la lista, los llevaron a una bomba y los quemaron vivos, a otros los mataron en el pueblo y en las afueras”.
La noche en el monte
Carolina pensaba que no iban a dejar a nadie vivo y abrazaba a sus niñas y a su esposo. Solo esperaba que la pesadilla terminará.
Los hombres negros, con acento costeño y feos se alejaban de la población sin dejar de reírse por la destrucción que habían causado dejando a sus tres mil habitantes con la zozobra de su advertencia: íbamos a volver!. Se llevaron 15 ó 20 maletas grandes cargadas con cosas que robaron, del solo puesto de salud se llevaron 4 millones de pesos.
“Cuando se fueron todos empezamos a salir y a preguntar por la gente conocida. La destrucción era total y nada se reconocía”.
Con la macabra advertencia todos se fueron a pasar la noche al monte. Allí, con la oscuridad como compañía, entre todos compartieron sus temores y miedos. No había que comer pues incendiaron todos los almacenes de víveres y se tuvieron que conformar con tomar agua del río.
“Primero lleve a mi esposo a la enfermería y después para el monte, en el pueblo no quedó nadie y estaba todo oscuro porque con los tubos largos dañaron la planta que da luz”.
Y con la sola agua del río está Carolina la tarde del martes esperando a que su esposo se recupere porque no ha podido comer más. “Nos dejaron sin plata, ni nada”, dice , y da el recado que dejaron los paramilitares. “Cuando vengan los periodistas díganles que fuimos las autodefensas del Urabá”.
Carolina mastica su rabia, no sabe lo que va a ser su vida de aquí en adelante y asegura “a ese pueblo no regreso ni muerta”.
 

EL TIEMPO
Mayo 7 de 1988
Mapiripán, límite entre Mindefensa y Defensor
 
 Para José Fernando Castro, defensor del pueblo, una suerte de omisión de deberes por parte de las Fuerzas Armadas está detrás del genocidio ocurrido en esa sensible zona del Meta. A Gilberto Echeverri, ministro de Defensa, esa apreciación es ligera e injusta y proviene de alguien que, según palabras, “está tratando de justificar con hechos de muerte su incapacidad para hacer una verdadera Defensoría del Pueblo preventiva. ¿Quién tiene la razón?

Una réplica ‘brava’
 Las críticas y reparos hechos por el Defensor del Pueblo provocaron una reacción airada del Ministro de Defensa que pronunció frases del siguiente tenor:
“Respeto  al señor Defensor, pero me temo que salió a comer y a vivir de los muertos”.
“A juzgar por sus afirmaciones, me parece que está tratando de justificar con hechos de muerte su incapacidad para hacer una verdadera Defensoría del Pueblo preventiva”.

 Y es que según el ministro resulta simplista creer que con el aumento de tropa se hubiera podido evitar un hecho de la magnitud de la masacre ocurrida el lunes en Puerto Alvira, comprensión de Mapirirán (Meta).
 Admite que si por ejemplo hubiese enviado hace un mes a 30 soldados quizá no hubiese durado allí 24 horas por las difíciles circunstancias creadas entonces por grupos de extrema.
 Considera que no es cierto, como dice el Defensor, que este sea un problema de ineficiencia por parte de la Fuerzas Armadas, sino de incapacidad física para cubrir todas las áreas convulsionadas del país.
 “Hay 6.500 sitios cuidados, hay 2.000 posiblemente sin cuidar y no tenemos recursos ni capacidad para atenderlos... pero eso no es ineficiencia”, agregó.
 Según Echeverri, la carta en la que los habitantes de Puerto Alvira advertían sobre lo que podía ocurrir, solicitaba también expresamente que no hubiese tropa allí.
 Indicó que aún así hubo medidas administrativas y militares que buscaban enfrentar el riesgo. Mencionó la realización en febrero de consejos de seguridad en Villavicencio y Mapiripán, a los que asistieron representantes de la Defensoría del Pueblo.
Yo sí cumplí con mi deber’: Castro
 El defensor del Pueblo, José Fernando Castro, respondió ayer a los ‘ataques’ que le hizo el ministro de Defensa, Gilberto Echeverri, y dijo que si lo que ha hecho su despacho no es prevenir, entonces no sabe qué es eso.
 “¿Más prevenir que avisar a tiempo lo que va a ocurrir?”, se preguntó al exhibir las cartas remitidas por la Defensoría incluso desde octubre del año pasado en las que anunciaban una inminente tragedia.
 “Yo sí estoy cumpliendo con mi deber”, comentó y -a renglón seguido- añadió:
 “Si se hubiera hecho algo por parte de las autoridades no habría 17 muertes, ni luto de esas familias”.
 El defensor afirmó que en ningún documento firmado por sus funcionarios se ha dicho que no esté la tropa presente. “Al contrario, en carta enviada al señor Ministro de la Defensa el día 17 de octubre de 1997 se le expresa, entre otras, que no existía en la región ningún tipo de autoridad militar, la cual era requerida”.
 “Mi despacho le dijo que le pedía tomar las medidas del caso en asocio de las autoridades militares y de policía a fin de preservar la vida y la integridad de los ciudadanos”, comentó.
 El contenido de las cartas fue repetido el 4 de diciembre del año pasado y luego el 14 de enero de este año.
 “Siempre pedimos medidas preventivas en asocio de las autoridades correspondientes con el propósito de evitar hechos como los recientemente sucedidos”, afirmó Castro.
 Finalmente, puntualizó: “Una estrategia es descalificar a los demás funcionarios. Yo estoy cumpliendo a cabalidad con mi deber aún a costa de mi propia vida, porque aquí hablar de derechos humanos es peligrosísimo”.
 Advirtió que situaciones similares pueden presentarse en Simití (sur de Bolívar), Solita (Caquetá) y Paratebueno y Medina (Cundinamarca), de las que ha advertido la Defensoría.

Mayo 7 de 1988
EL ESPECTADOR
Adhesión de 60 altos oficiales en retiro a Bedoya
Bogotá
 Sesenta militares en retiro, entre generales, almirantes, vicealmirantes y contralmirantes, adhirieron a la candidatura presidencial del general Harold Bedoya Pizarro.
 En una carta que le enviaron , mientras Bedoya adelanta su gira por el Eje Cafero, le manifiestan que con su apoyo están seguros de interpretar el sentir de la inmensa mayoría de las reservas militares.
 “Le expresamos nuestro firme y decidido respaldo en el empeño que usted se ha propuesto para devolver a la nación colombiana sus valores ancestrales, y al Estado que la gobierna, su credibilidad y prestigio”, dicen los militares  retirados.
 Manifestan que al tomar en sus manos la bandera del movimiento nacional, al margen de las pugnas partidistas que tanto daño le han hecho al país, está prolongando los ideales que los congregaron en defensa de la democracia cuando portaron las armas de la República.
 

EL TIEMPO
Jueves 7 de mayo de 1998
Avanzada ‘para’ en Cundinamarca

 Campesinos denuncian ante la Defensoría del Pueblo que estos grupos de justicia privada asesinan con la aquiescencia o colaboración de agentes oficiales. Mandos de las Fuerzas Armadas responden.
 “Llegaron y se llevaron a tres jóvenes campesinos y los torturaron. Les quitaron las falanges de los pies y de las manos, les sacaron la sangre de la vena aorta, a la altura del cuello, y la regaron a lo largo de la carretera...”
 Así describe la Defensoría del Pueblo la forma como un comando móvil de 200 hombres con brazaletes de las Autodefensa Campesinas de Córdoba y Urabá asesinaron en las afueras de Paratebueno (Cundinamarca) a los tres campesinos que acusó de ser “auxiliadores de la guerrilla”.
 Estos crímenes y otros tantos atropellos de los paramilitares, según denunciaron ante la Defensoría varios campesinos de la zona y que fueron consignados en un documento de nueve páginas, se ejecutaron “con la aquiescencia y/o colaboración de la Policía y el Ejército Nacional”.
 El grupo paramilitar, según denuncias corroboradas por la Defensoría, llegaron el 26 de octubre último y son financiados por un grupo de esmeralderos que tienen fincas en la zona, entre ellos Víctor Carranza, actualmente detenido por presunta conformación de grupos de justicia privada.
 Después de escuchar a la población civil y comprobar que por lo menos 17 personas han sido asesinadas en la zona, la Defensora Regional Cundinamarca le sugirió al Defensor del Pueblo, José Fernando Castro, gestionar el permiso y pedir colaboración del Alto Comisionado para la Paz, con el fin de iniciar los primeros diálogos regionales del departamento en los municipios de Medina y Paratebueno.
Cuota de sangre
 El 16 de diciembre, los paramilitares, dirigidos por un hombre que se hace llamar ‘El Coco’, reunieron a pobladores de la inspección de Mesa de los Reyes, en zona rural de Medina para anunciarles su llegada. En las paredes de algunas viviendas el comandante resumió el objetivo de su presencia:
‘Coco, el terror de las Farc’.
 Hubo otra reunión el 27 de diciembre en la finca Los Reyes, a quinientos metros de la inspección de Maya (Paratebueno), a la que acudieron los habitantes. Allí los ‘paras’ les confirmaron que venían de Urabá a combatir la guerrilla.
 Desde ese día, Maya está amenazada por los subversivos de los frentes 51, 52 y 53, quienes le han hecho saber a los pobladores de su intención de atacarlos por cuarta vez durante los últimos tres años. Esto, como represalia por haber participado de la reunión con los paramilitares.
 El alcalde de Paratebueno, Dumar Albeiro David, se siente acorralado y afirma: “Es un enfrentamiento de dos fuerzas que se han hecho presentes aquí en la región y que están cobrando una alta cuota de sangre para la población civil”.
 Mientras tanto, el ‘cuerpo elite’ de los paramilitares sigue su avanzada hacia otros municipios, como Fómeque y Cáqueza, con una lista negra de 80 “colaboradores de las Farc”. Incluso, investigan su presencia en la Provincia del Río Negro, en el norte del departamento.
 

EL TIEMPO
Martes 5 de mayo de 1998
Wilhelm, en la zona de guerra

 El jefe del Comando Sur de Estados Unidos se reunió anoche con Mindefensa y con los altos mandos. Las Farc ‘defienden’ al Ejército y dicen que su visita es el comienzo de una invasión.
 Jorge Briceño Suárez, ‘El Mono Jojoy’, jefe del ala guerrerista de las Farc, anunció ayer que los pilotos de antinarcóticos quedan convertidos en objetivos militares para sus hombres.
 El ala política de la guerrilla habló de la inminencia de una invasión militar de Estados Unidos a Colombia e hizo una inusual defensa del Ejército Nacional.
 Las Fuerzas Armadas, urgidas de más equipos, ven diluirse la posibilidad de contar con una flotilla de helicópteros Black Hawk -indispensable en la lucha antinarcóticos- porque el Departamento de Estado considerado que su costo sería muy alto.
 Estos los visos más relevantes de la situación que encontrará planteada sobre el terreno el general Charles Wilhem, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, durante un recorrido por las zonas más críticas del conflicto colombiano: las selvas del Caquetá y Guaviare.
 El militar inició su visita ayer su visita a Colombia. En horas de la tarde se reunió a puerta cerrada con el ministro de Defensa, Gilberto Echeverri, los altos mandos militares y de la Policía.

Sin Black Hawk
 A la emergencia que vive la Policía Antinarcóticos por la parálisis obligada de la flotilla de helicópteros UH-1H se sumó ayer el anuncio del gobierno de Estados Unidos en el sentido de que va a ser muy difícil que entregue los tres Black Hawk prometidos al general Rosso José Serrano.
 El director de Antinarcóticos, coronel Leonardo Gallego, dijo que hasta el momento no ha recibido información oficial y reiteró que los Black Hawk son indispensables para la fumigación de cultivos de amapola.
 El oficial también reveló que los técnicos colombianos, con el apoyo de la embajada de Estados Unidos, lograron arreglar 11 de los 36 UH-1H que fueron inmovilizados por orden de Washington al encontrar fallas técnicas en este tipo de máquinas utilizadas en la guerra de Vietnam y que en la actualidad apoyan las labores de fumigación de coca y amapola.
Pilotos antidrogas, objetivo militar
 Las Farc declararon objetivo militar a los pilotos de la Policía que participan en el plan de erradicación de cultivos ilícitos e hicieron una inusual ‘defensa’ del Ejército Nacional.
 Por un lado, según una conversación interceptada a Jorge Briceño Suárez, ‘El Mono Jojoy’, el grupo guerrillero anunció que atentará contra la vida de los pilotos que fumigan las plantaciones de coca y amapola.
 Según la Policía, esa es la demostración más clara de la alianza entre la guerrilla y el narcotráfico.
 A su vez, el ala política de las Farc, dijo que el general Wilhelm “miente” al afirmar que los militares colombianos carecen de movilidad, inteligencia y capacidad para afrontar ataques directos de la guerrilla.
 En un comunicado enviado a la agencia AP por correo electrónico, las Farc sostuvieron que las afirmaciones de Wilhelm son un “pretexto” para invadir al país.
 El grupo guerrillero alertó sobre el peligro que se desate una carrera armamentista debido a las advertencias de Estados Unidos sobre la debilidad logística del Ejército colombiano.
 También afirmó que Estados Unidos ha creado una “cortina de humo’’ con el tema de la lucha contra el narcotráfico, pero que su verdadera intención es intervenir militarmente en Colombia.
 

EL TIEMPO
Domingo 3 de mayo de 1998
'No, a la intimidación de la ultraderecha'

En su primera entrevista pública el coronel Oscar Naranjo dice que los archivos de inteligencia están abiertos al escrutinio del Procurador. ''Esperaría que a todos los niveles, incluyendo Fuerza Pública y empresa privada, se tenga certeza de que la información es para servir a las personas y a la sociedad y no para hacerles daño", dice.

Por ALIRIO FERNANDO BUSTOS y JORGE GONZALEZ
Redacción Judicial de EL TIEMPO

 La noticia del asesinato de Eduardo Umaña sorprendió al coronel Oscar Naranjo, director de Inteligencia de la Policía, cuando abordaba un vuelo hacia Francia..
 Iba en compañía del general Rosso José Serrano y del coronel Leonardo Gallego, director de antinarcóticos, con el propósito de asistir a una cumbre europea de policías y de confrontar las inquietudes de las ONG sobre el deteriorado clima de los derechos humanos en Colombia.
 Cuando él mismo ya lo había decidido, las principales ONG colombianas le pidieron cancelar el viaje y quedarse para atender la crisis generada por la muerte de uno de sus más caracterizados líderes.
 Y es que estas organizaciones ven en él un oficial de inteligencia que piensa y procede distinto a sus pares de otros organismos de seguridad. Su posición se resume en confianza.
 Pese al poder que genera la información que maneja, a su papel clave en las luchas contra los carteles de Medellín y Cali y al respeto que infunde incluso ante los más prevenidos analistas de Estados Unidos y Europa, el coronel Naranjo prefiere mantener un perfil bajo.
 No obstante, aceptó la invitación de EL TIEMPO para analizar públicamente uno de los aspectos sustanciales de la crisis que vive el país: la caída en barrena de principios que sustentan el régimen de derechos humanos.
Hay un propósito del Procurador General de la Nación de acceder a los archivos de inteligencia para buscar huella del asesinato de defensores de derechos humanos. ¿Ustedes están dispuestos a pasar ese examen?
 Si. El Procurador tiene la facultad constitucional de revisar integralmente la información que procesamos los organismos de inteligencia y en general todos los organismos del Estado. En el caso de la Policía, nos parece que eso legitima y crea un clima de entendimiento y comprensión entre los organismos no gubernamentales y los servicios de inteligencia.
¿Esa misma disposición la tendrán otros organismos de seguridad?
 Estos días hemos escuchado las declaraciones del comandante de las Fuerzas Militares, en el sentido de que ellos participan de esa idea y que van a ser respetuosos de la decisión que ha tomado el Gobierno en función de unas expectativas de los organizaciones no gubernamentales, que se sentirían más tranquilas si se revisan esos archivos.
 Tengo claro que en el mundo todos los organismos de seguridad son celosos con su información, porque la quieren proteger como su patrimonio más importante. Aquí de lo que se trata es de que ese patrimonio informativo sea legitimo en función de los intereses de la sociedad y no de los intereses corporativos de las instituciones. Esperaría que a todos los niveles, incluyendo Fuerza Pública y empresa privada, se tenga certeza de que la información es para servir a las personas y a la sociedad y no para hacerles daño.
 Los archivos tienen que abrirse en la medida en que las personas se sientan afectadas por el mal manejo de la información que se recaba sobre ellas..
Con la mano en el corazón, ¿qué grado de responsabilidad les cabe a los servicios de inteligencia en la guerra sucia?
 Cada vez que se menciona la palabra inteligencia hay un prejuicio, porque históricamente en todo el mundo se ha sindicado a algunos agentes de haber participado en acciones de guerra sucia. En el caso colombiano, lo que nos corresponde es esperar que la justicia avance rigurosamente en el examen de la conducta de los funcionarios que trabajamos en inteligencia para que se depuren las responsabilidades específicas frente a casos concretos.
¿De dónde proviene la mano siniestra que hoy está atemorizando a nuestra sociedad?
 De tiempo atrás el país viene hablando de polarización. Esta se puede dar en varias dimensiones. Hay polarización política en la medida en que hay ideas antagónicas. Hay polarización social en la medida en que puede haber recelo entre las clases sociales. Y hay polarización que puede derivar en acciones intimidatorias por vía de la agresión. Hoy hay dos actores que producen desestabilización muy fuerte, como son los grupos de justicia privada y los de insurgencia. Hay un tercer actor, que es la propia fuerza que se genera a través de las instituciones del Estado responsables de reducir a esos violentos.
¿Esta última fuerza a la que se refiere es la deberíamos asimilar a la ultraderecha?
 No necesariamente. Lo que podría denominarse ultraderecha en nuestro caso es la sumatoria de unas posiciones fanáticas y beligerantes de tipo político acompañadas por un desborde en el control de la fuerza por parte del Estado que permite que ciudadanos sean portadores de armas. Un principio esencial que hace un estado de derecho es que el monopolio de las armas corresponde al Estado y no a los particulares. Ese control se ha ido perdiendo gradualmente y abre espacios para que la ultraderecha y la extrema izquierda se expresen por esa vía.
¿Por qué las ONG y los defensores internacionales de derechos humanos señalan con su dedo acusador a Colombia?
 Hay razones objetivas para señalar. Un país que produce 25 mil homicidios al año es un país que figura en el escalafón de los más violentos del mundo. De otra parte, una sociedad que cada vez es más intolerante y que le cierra paso a una serie de actividades legítimas que corresponden a expresiones de la sociedad civil, es una sociedad que tiene que llamar la atención del mundo. Resulta erróneo y parroquial estigmatizar en Colombia a las ONG, que en el mundo se han convertido en la mejor forma de expresión de la sociedad civil.
¿Le parece a usted exacto que Estados Unidos y la Unión Europea digan que las Fuerzas Armadas están incubando en su seno grupos de justicia privada?
 Esa afirmación surge de las imágenes que el país proyecta al exterior. Pero creo que es una afirmación que amerita un examen más profundo de los distintos factores que hacen de Colombia un país violento. Creo que hay unas simplificaciones que no contribuyen a tener un diagnóstico que nos permita salir de la crisis.
¿Quiénes están matando a los defensores de los derechos humanos y con qué propósito lo están haciendo?
 En términos generales, los defensores de derechos humanos están siendo víctimas de unos fanáticos que no han asimilado como un hecho natural que la sociedad civil genere unas instancias para defender, proteger y promover el derecho de las personas. También son víctimas de estigmatizaciones que se han dado en el pasado, cuando se ha llegado a afirmar que las ONG son una especie de auxiliadores de la guerrilla, cosa que no es cierto. En términos generales el papel de las ONG debe entenderse como legítimo y necesario en una sociedad que pretenda avanzar en la solución de los conflictos.
¿Hasta a dónde aspira a llegar la Policía en las investigaciones por la muertes de defensores de derechos humanos?
 Es necesario destacar que en estas investigaciones el papel fundamental ha sido desarrollado por la Fiscalía General de la Nación. A ese liderazgo, la Policía se ha sumado. En el caso del Cinep, tenemos un resultado parcial que tiene que ver con los autores materiales. Aquí hay un principio de la investigación criminal que dice que más temprano que tarde, la conexión entre autores materiales e intelectuales tendrá que darse. Ahí estaremos listos con la Fiscalía para determinar cuándo se da esa conexión.
 Vamos llegar hasta los autores intelectuales no solo del caso Cinep, sino en los otros hechos y en todos los casos que sean de nuestra competencia. Este tema puede despertar alguna sensibilidad o hipersensibilidad a nivel general de la sociedad, pero lo haremos, porque la sociedad no se puede dejar intimidar de la ultraderecha.
¿Ante la amenaza de estos grupos de ultraderecha qué debe hacer la sociedad?
 Hay que crear un marco de garantías globales, que son básicamente resultado de una formulación política consistente, coherente, muy precisa y categórica que legitime las actuaciones de las organizaciones no gubernamentales, porque es que aquí no solo están en peligro unas personas, también una actividad, como es la defensa de los derechos humanos.
 De otra parte, las Organizaciones No Gubernamentales deben ser cuidadosas de trabajar en función de unos fines que sirvan a la sociedad. Por lo tanto debe ser una preocupación, en un país como el nuestro, velar para que no sean manipuladas, infiltradas y penetradas por los violentos para generar anarquía, porque eso es lo que quieren, sembrar la anarquía.
¿Cuando encuentran evidencias de que hay agentes del Estado vinculados a un crimen, hay talanqueras en el camino de la investigación?
 Si se detecta la participación de agentes del Estado, hay una mayor sofisticación y refinamiento en el modus operandi, que dificultan avanzar, porque uno está enfrentando a alguien que estaba entrenado para combatir el delito y eventualmente terminó en la otra línea. Pero la Fiscalía hoy tiene la fortaleza necesaria para vencer esos obstáculos.
¿Cómo hacen ustedes para incorporar a sus archivos información de un ciudadano?
 Aquí hay una distorsión del papel que cumplen los organismos de inteligencia en nuestra sociedad. No hay sociedad en el mundo que avance en la generación de políticas y decisiones si no cuenta con servicios informativos competentes. Tal como lo sentenció la Corte Constitucional teniendo como referencia el artículo segundo de la Constitución, el Estado puede hacer inteligencia bajo dos premisas básicas: primero, que la información recaudada no va a ser de conocimiento público para no violentar la intimidad de las personas y, segundo, que si en el proceso de acumulación de información hay indicios que permitan deducir la comisión de un delito, esa información debe tramitarse a través de las instancias judiciales. Y es que después de la guerra fría, el secreto y las infraestructuras cerradas en inteligencia fueron mandadas a recoger. Hoy, estos servicios tienen que incrustarse en la sociedad de manera abierta y transparente y bajo la supervisión de la sociedad civil.
Pero pese a visión amplia que usted expresa, ¿aceptaría que se han utilizado métodos poco ortodoxos en la búsqueda de esa información?
 Aquí hay un tema muy sensible que tiene que ver con las ‘escuchas’ o con lo que la gente conoce como los teléfonos ‘chuzados’. En Colombia nos sujetarnos a las normas legales que señalan la necesidad de tener una orden judicial escrita. Existen otros procedimientos, como la toma de fotografías y videos, que no sabría decir sin son ortodoxos o no, pero son elementos que, tal como lo sentenció la Corte, sirven para recaudar información.
En el espectro de la llamada violencia selectiva, ¿esta puede estar rondando a los actuales candidatos presidenciales?
 No conocemos de amenazas directas. Hemos desarrollado unos esquemas de prevención para que no se atente contra los candidatos. Desde luego, estamos atravesando muchas dificultades por el marco general que vive el país en materia de violencia y vivimos permanentemente preocupados que nos salte un elemento fuera de control que pueda atacarlos.

El Espectador
Sabado 2 de mayo de 1998
Indígenas buscan en Bogotá la paz con la Madre Tierra
Por: FENNER ORTIZ RODRÍGUEZ
Bogotá

 Los caminos vuelven a cruzarse. Los hombres quieren reconciliarse con el aire, la tierra, el agua y el fuego, porque su egoísmo acabó con el balance que les dieron los dioses en el génesis y el disgusto de la naturaleza puede acabar con la raza.  Debe haber reconciliación.
 La amnistía sólo se logra con oración, y esto lo tienen claro los sacerdotes de las tribus koggi, vintuka y andoque de Colombia; maya de Guatemala; kunkaak de México, y lakota y navajo de Estados Unidos, quienes desde las 4:00 a.m. de ayer comenzaron sus rezos a la estrella de la madrugada, a la Luna, al Sol y los cuatro elementos, para prevenir las profecías que hicieron los ancianos sobre el desborde de furia que tendría la naturaleza contra el hombre a finales de este milenio.
 La reconciliación también es entre los hombres. El equilibrio entre lo espiritual y lo físico tiene que volver, como lo explica Bill Century, sacerdote de la tribu de los lakota, quien heredó de sus antepasados la oración para la pipa de la paz.
 Asegura que la mejor hora para el ritual es a las 4:00 a.m. porque hay buenos espíritus. Su abuelo también le decía que el momento óptimo es cuando cantan los pájaros.
 La pipa ha sido empleada durante generaciones para resolver diferencias entre los hombres, anota Century, quien cuenta que hace tiempo se divorció y que dos de sus cuatro hijas son danzantes del Sol.
 El sagrado mito de la pipa jamás puede ser fotografiado, pero los mortales pueden verlo para mantener su recuerdo. En una caja de madera envuelta en bayetillas reposan las partes que la componen. Una boquilla de piedra se une con una parte de madera de forma alargada y entre ellas dos va una pluma de águila. Cuando está armada se toma con un ala de águila y se fuma.
 “A cada nación le dieron una parte de tierra, aire, fuego y agua, que debe utilizar y cuidar, pero esto no se ha cumplido. El hombre se ha dedicado a industrializar el mundo y crear tecnología arrasando la naturaleza. Ya no hay equilibrio”, dice Galen Drapeau, cargador de la pipa y vocero de los lakotas.
 León Secatera es un anciano de las tribu de los navajos, que nació en Nuevo México (Estados Unidos) y se encargó de la ceremonia a la montaña, la cual es la transmisora de energía en el continente.
 “Las cordilleras que vienen desde La Patagonia hasta la parte alta de Estados Unidos son la columna vertebral y las transmisoras de energía. Se sabe que la parte alta es el polo positivo y la del sur el negativo, pero su conexión está rota por el Canal de Panamá, entonces nosotros venimos a reconectar las partes y acabar con la influencia negativa que existe”, explica este hombre de 55 años de edad.
 Anota que los pueblos egipcios, mayas y navajos manejan los poderes de la pirámide, porque su forma es similar a la de las montañas.
 No es para menos, cada una de las caras de la figura tiene un significado que se conecta con los vértices del triángulo. La parte superior es la “cumbre”, el vértice inferior derecho (la parte física) es la identidad, mientras que la parte izquierda es la conexión espiritual y la base es la Madre Tierra. El conjunto hace parte del cosmos, la existencia en una espiral que forma la vida.
 Lo que buscan los indígenas es que se combinen esas fuerzas para lograr el equilibrio y las 36 horas de oración son sólo el principio.
 

Así son las temibles “fumigas” en Caquetá
Sabado 2 de mayo de 1998
Por: ALFREDO MOLANO
Bogotá

 A Florencia llegan todos los días colonos expulsados de sus tierras, como sucede en muchas regiones del país, como sucedió en otros días. Desde los años 50 el fenómeno del desplazamiento no tenía la dimensión que tiene hoy. En Caquetá hay más de mil familias que deambulan con sus trastos y su chorro de hijos, buscando qué hacer y dónde comer. Muchos huyen de la guerra, tienen miedo de quedar entre dos fuegos, otros buscan trabajo porque “la fumiga” les arruinó no sólo sus chagras de coca sino los cultivos de plátano, chontaduro o caucho que, a pesar de todo, se empeñan en sacar adelante.
 La Batalla Madre que el general Bonett anunció al país no ha comenzado. En el Caguán los colonos se mueven con miedo, pero sin ver ni oír ni sufrir todavía el enfrentamiento. No obstante, pocos días después de la emboscada de El Billar, donde rebeldes diezmaron la Brigada Móvil N° 3, el Ejército hizo una entrada que significó para muchos campesinos la salida.
 Fue el caso de don Buenaventura Prieto, su mujer, cinco hijos, tres hijas y dos cuñadas. Nacidos en Caquetá, pueden ser considerados como colonos de segunda generación. La primera, la del padre de don Buenaventura, originaria de Campoalegre (Huila), llegó al Caguán remontando a pie la cordillera en los sangrientos días que prolongaron el 9 de abril. Vivían hasta hace dos meses en la vereda Las Ánimas, desde donde fueron testigos mudos de la pelea de El Billar.   Durante tres días con sus noches don Buenaventura y su familia no oyeron más que tiros y tiros, bombas y explosiones. Después silencio. Como si la selva lo hubiera vencido todo. Y después, otra vez, el ruido de la guerra, de los helicópteros, de los bombardeos, de lanchas cañoneras ametrallando el río, las orillas del río, la montaña.
 Una madrugada sintieron el jadeo de los hombres de a pie llegar a su casa, entraron destrozando lo que se les atravesaba, y también lo que no se les atravesaba, disparaban a lo que se moviera y a lo que no se moviera, como a los colchones de las camas tirados en el piso donde se parapetaban don Buenaventura y su familia. Dos niñas quedaron heridas de bala, pero agradecidas con la Providencia y con los colchones.

Hambrientos en guerra
 Los soldados siguieron de largo. Al mediodía don Buenaventura llegó con sus hijas sangrando a Las Ánimas. La enfermera miró las heridas, las mediolimpió y buscó quién pudiera transportar a las niñas a Cartagena del Chairá. Allá en el hospital las curaron y las dejaron en recuperación. A los dos días llegó don Buenaventura a pie, con su pequeña tropa de hambrientos, a poner la queja ante la autoridad civil que me contó el cuento.
 Pero la autoridad civil en esos pueblos en guerra no puede hacer nada diferente a oír quejas, y a pasarlas a máquina sobre un papel amarillento. Nada más. Ha sido reducida, en medio de los tiros y el despotismo de los combatientes, a ser una mera sombra. Una vez que la queja fue receptada ?verbo técnico que los secretarios suelen usar?, el alcalde compulsó copias a las autoridades competentes.
 Pero el alcalde no era el alcalde, sino el ex alcalde, que no había podido entregar el cargo porque la guerrilla tenía retenido al nuevo. Y cuando apareció, y don Buenaventura se dirigió a él para ampliar su denuncia, el mandatario elegido no pudo oírlo porque se ocupó presentando renuncia irrevocable de su cargo.
 Alguien aconsejó a don Buenaventura que se presentara al Comité de Desplazados para obtener certificación con sellos, firmas y testigos. No de otra manera podía tener derecho a ayuda. Buscó, preguntó y nadie dio razón sobre tal Comité, pero encontró otros desplazados en lo mismo. Por lo menos, se dijo don Buenaventura, ya somos hartos. Cartagena del Chairá, en medio del invierno, es un pueblo fantasma amedrentado e indiferente.
 Pocos días después se oyó una flotilla de aviones cruzar hacia Remolinos del Caguán. La gente pensó que iban a bombardear posiciones de la guerrilla y siguió ocupada en lo que andaba, mientras don Buenaventura pedía copias de sus denuncias para irse a Florencia. Pero las copias no existían; como si hubieran pasado veinte años, nadie daba cuenta de ellas. Alguien le dijo, hombre, no busque lo que no se le ha perdido, el sargento se las llevó.
 La flotilla de aviones seguía pasando de arriba para abajo y de abajo para arriba cuando llegaron las primeras noticias. No se trataba de un bombardeo más sino de la temible “fumiga”. Todos la esperaban desde cuando las autoridades militares habían dicho que en el Caguán se producía el 85% de la cocaína que envenena al mundo, y que allí quedaba la cuna en que nacían miles de millones de dólares.

Huevitos de muerte 
 Pero nadie esperaba que la temible “fumiga” consistiera en un bombardeo con bolitas blancas que caían desde los aviones como si fuera Navidad, pero que al rebotar en el suelo envenenaban la tierra. Los colonos más viejos dijeron que estaba granizando, y los niños que habían nacido junto al río y no conocían el frío, dieron en jugar con las bolitas. Todos comenzaron a enfermarse de diarrea y las matas a secarse.
 Donde la bolita blanca caía dejaba a su alrededor una mancha negra de hojas achicharradas, y las gallinas y los marranos se retorcían hasta quedar boquiando patas arriba, y el ganado dio en cagar una pluma de churrias fétidas. Entre tanto, los aviones seguían soltando huevitos de muerte en la coca, en la yuca, en el plátano, en los caños, en las casas, en los niños. Desde los aviones todo es coca, y si no es coca, no importa, todo es subversión.
 La gente en Cartagena del Chairá no encuentra cómo torear su miedo. El nuevo veneno ?que apodan el tiburón? es fulminante. La gente no sabe qué hacer.  Presiente que se trata de un castigo dictado desde lejos por rebuscarse con la coca, o desde cerca por reconocer en la guerrilla una autoridad, o por las dos cosas o por ninguna. Nunca se sabe por qué persiguen a gente tan perseguida.  Dicen que los rebeldes quieren que la gente salga a protestar contra la fumigación.  Pero la gente no quiere a pesar de que pierde con las bolitas lo que teme perder dejando abandonadas sus fincas. La autoridad de la guerrilla tiene límites. Pero la fumigación con el nuevo veneno va a obligar a los colonos a obedecer.
 De todos modos, don Buenaventura y su familia hacen parte de los colombianos parias en su tierra, que hoy llegan a Cartagena del Chairá, mañana a Florencia y luego a Bogotá, buscando cómo ganarse la vida. El Estado, en su calculada tozudez, ha resuelto expulsarlos de nuevo a punta de bombas y venenos para sacar el agua de la pecera, o para evitar mala imagen internacional, sin darse cuenta de que se coloca a sí mismo una gran bomba debajo de la cama.
 

Viernes  1 de mayo de 1998
La pesadilla en La Encarnación
JORGE IVAN GARCIA
Enviado Especial de EL TIEMPO
Medellín 

 La iglesia está cerrada. Desde 1996 las amenazas y las muertes selectivas sacaron al último sacerdote de la parroquia de La Encarnación. Con él se fueron los primeros habitantes amenazados por la incipiente lucha que apenas comenzaban guerrilla y 'paras'.

 Tampoco hay puesto de Policía. La zona es considerada roja y los comandantes de Policía no se atreven a exponer a sus hombres allí. De hecho, lo único que queda en pie en este corregimiento son unas 20 casas, muchas de las cuales solo exhiben en sus puertas cerradas, un candado corroído por el tiempo.

 A lo largo de una vía de 38 kilómetros estrecha y pantanosa, que separa el casco urbano de Urrao de La Encarnación, y en el mismo caserío, la guerrilla ejerce control con retenes, incluso coordinó el traslado de los cadáveres de la última masacre hasta el pueblo.
 “Ellos (los guerrilleros) desde siempre han estado por aquí y una no tiene la culpa de eso. Pero somos nosotros los campesinos los que pagamos con la vida estas consecuencias”, dijo una mujer a quien los paramilitares le mataron a su esposo durante la incursión a las veredas La Encarnación y El Maravillo, zona rural de Urrao.
 La mujer cogió de su casa los pocos enseres que pudo y con sus dos hijos abandonó a La Encarnación y se fue para el pueblo. Con ella llegaron otras 150 personas que huyen por temor a que se produzca otro ataque como el del comienzo de semana, que les cobró la vida a 23 personas.
 Aunque la Gobernación de Antioquia se comprometió ayer a brindarles atención sicológica, alimentos, materiales, prestación de servicios salud y a garantizar el retorno a sus parcelas, con la presencia de las autoridades militares, que anunciaron su intención de ejercer control en la zona y establecer un contacto permanente con la comunidad, para los habitantes la tarea no será nada fácil.
 Estas, comentan, poco se preocuparon por estar aquí y los guerrilleros del frente 34 de las Farc, al mando de Domingo Manuel Molina Hernández, ‘Manolo’, ocuparon esos espacios ante la ausencia del Estado.
 “Esta vez nos falló la inteligencia y los paramilitares pudieron entrar así en nuestro territorio. Donde estemos, hubiera sido a otro precio”, dijo ‘Manolo’ a los periodistas en una esquina del parquecito del caserío.
 Mucho tiempo antes de que el terror se estableciera en esta hermosa región, llena de paisajes verdes, suaves colinas por donde corre un río lento, alturas imponentes como el páramo del Sol y el parque de las Orquídeas, tierras ricas en cultivos y ganadería, La Encarnación era un centro pujante y bullicioso que movía la economía de Urrao.
 Ahora, está desolado por la amenaza y el miedo. Dicen que se ha venido quedando tan solo y triste, que ya ni los grillos negros del parque chillan.
 Los desplazados son atendidos por la administración de Urrao en la Casa Juvenil Campesina. En la tarde de ayer continuaban en la morgue las necropsias de las víctimas de la incursión paramilitar, que ascendió a 23.  Desde Medellín viajaron médicos legistas para colaborar con las diligencias.
 Las personas muertas fueron Omar Henao, Conrado Montoya, Angel Montoya, Argiro Layos, Andrés Quiroz, Luis Alberto Henao Montoya, Francisco José Castillo Rueda, José Encarnación Sepúlveda y dos menores de 16 y 17 años.
 En El Maravillo fueron asesinados Humberto, Domingo, Luis Aníbal, Luis Alberto, Pascual Alberto y Robinson Quiroz, integrantes de una misma familia. Los hermanos Miguel, Alejandro y Fabián Hidalgo, y un primo de estos, Eleazar Carvajal Hidalgo. También murieron Albeiro Cañola, Israel López y Fabián Correa.
 Wilson y Alexánder Carvajal, que lograron salvar sus vidas, son atendidos en un centro asistencial.