Algunos de los representantes de diferentes Organizaciones No Gubernamentales que llegaron ayer de Bogotá para acompañar a los integrantes del IPC y pedir la liberación de sus cuatro compañeros, cuestionaron la ineficiencia del Gobierno Nacional para brindar protección a los defensores de Derechos Humanos.
“Se hace palmaria la vulnerabilidad de estos organismos. Se refleja el incumplimiento del Estado a los compromisos a los que llegó tras la muerte de Eduardo Umaña Mendoza. A la luz del día, en absoluta impunidad, se llevan a cuatro trabajadores de una institución y no hay ningún dispositivo para controlar esas amenazas”.
“Lo que ocurre no es un rayo en cielo sereno. Las ONG de Derechos de Humanos, que plantean una salida de paz y que están comprometidas con una solución política, son asediadas y acosadas”, recordaron los activistas presentes en Medellín.
Para los entrevistados es preocupante que se esté castigando al IPC por su independencia y criterio para evaluar la situación nacional. “También es lamentable que se le responda así a su compromiso con la paz y las mayorías nacionales”.
Es preciso, anotaron los visitantes, que quienes tienen puntos de vista comprometidos con la paz rodeemos al IPC y hagamos sentir una voz de rechazo para que estas situaciones no acallen la labor ni las tareas hechas en contra de la guerra.
El grupo de activistas sociales y de D.H. que arribó ayer a la ciudad está integrado por miembros de Brigadas de Paz, las iglesias del Canadá, Colectivo de Abogados José Alvear Sanín, Programa por la Paz de la Compañía de Jesús y del Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos, Ilsa.
“El IPC es parte activa de la comunidad de ONG nacionales e internacionales que trabajan por la paz y es fundamental en la plataforma nacional de Derechos Humanos y Democracia. En tal sentido lo que ocurre nos afecta a todos y por eso estamos aquí”.
 

EL COLOMBIANO 30 de Enero de 1999
Junto a Naciones Unidas
Human Rights Watch condenó el hecho

Una condena enérgica al secuestro de cuatro defensores de Derechos Humanos pertenecientes al Instituto Popular de Capacitación y la solicitud de que sean puestos en libertad de inmediato hicieron ayer Human Rights Watch Americas, HRWA, y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, en Bogotá.
Ambos organismos expresaron su preocupación por la suerte de los investigadores antioqueños secuestrados por un comando armado la tarde del jueves pasado. La dependencia de Naciones Unidas exhortó al Estado para que garantice medidas de protección a los defensores de
Derechos Humanos.
De igual manera, el director Ejecutivo de HRWA, José Miguel Vivanco, observó que “es la primera vez en nuestra experiencia en Colombia en que defensores de Derechos Humanos han sido secuestrados en una forma tan brutal y tan abierta”.
Vivanco recordó que en octubre pasado expresó al presidente Pastrana su preocupación por la falta de acción del Gobierno para proteger a los defensores DH. “Hoy me pregunto: ¿cuántos defensores tienen que sufrir antes de que las autoridades tomen las medidas necesarias para protegerlos?”.
HRWA señaló que los cuatro funcionarios plagiados no son combatientes en el conflicto armado colombiano y por ende son explícitamente protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, DIH.
Entre tanto, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió al Gobierno “hacer efectivo el reconocimiento del derecho de los defensores de los Derechos Humanos a desarrollar sus actividades sin injerencias ni impedimentos ilegítimos; y en condiciones de plena seguridad para su vida, su integridad y su libertad”.
 

EL COLOMBIANO, 30 de Enero de 1999
Hipótesis sobre la retención

Los organismos de seguridad y los integrantes de diferentes instituciones no gubernamentales analizaban ayer seis hipótesis posibles sobre la retención de los cuatro integrantes del Instituto Popular de Capacitación, IPC:
1. Que la retención fue realizada por uno de los actores del conflicto armado (tal vez las Autodefensas Unidas de Colombia), como parte del comienzo de una serie de acciones que buscarían presionar el reconocimiento de su estatus político por parte del Gobierno y de los demás bandos de la guerra interna.
2. Que podría tratarse de un plan sistemático de retenciones de grupos paramilitares y de autodefensa para presionar a las Farc, al ELN y a la disidencia del EPL, a que liberen a las personas en su poder: soldados y demás secuestrados con carácter extorsivo en el país.
3. Que el comando armado estaría conformado por algunos integrantes de los sectores de los organismos de seguridad más reacios al diálogo y a la negociación política del conflicto armado. Se trataría de un mecanismo de presión para frenar los esfuerzos de los diferentes movimientos de la sociedad civil que abogan por una salida negociada (no militar) a la guerra interna.
4. Que se trata de una reacción violenta de alguno de los actores de la guerra interna frente a la investigación anual mediante la cual el IPC, desde hace seis años, analiza y denuncia, en materia de Derechos Humanos y violaciones al Derecho Internacional Humanitario, el desarrollo y los efectos del conflicto político, social y urbano que afecta al país.
5. Que los miembros del Instituto Popular de Capacitación habrían sido raptados para ser portadores, en los poróximos días, de un mensaje de alguno de los actores del conflicto armado.
6. Que el hecho, en el contexto de la “guerra sucia”, fue cometido por los sectores de derecha más reaccionarios del país con el ánimo de dar un “mensaje de amenaza” a los defensores de Derechos Humanos para que cesen su veeduría, denuncia y pedagogía sobre el tema a nivel nacional e internacional y para que desistan de su propósito de facilitar y alentar una salida dialogada al conflicto armado.
 

Medellín, sábado 30 de Enero de 1999
Siguen desaparecidos 4 defensores de D.H.
“Es injusto violentar a nuestros compañeros”

Numerosas personas insistieron ayer en que los cuatro integrantes del Instituto Popular de Capacitación retenidos por un comando armado están comprometidos con la paz y la democracia. “No hay justificación alguna para que sean blanco de los actores del conflicto”
Por CARLOS ALBERTO GIRALDO M., Medellín
En medio del clamor para que sean devueltos a sus hogares sanos y salvos, los compañeros de los cuatro integrantes del Instituto Popular de Capacitación, IPC, retenidos por un comando armado reiteraron que no existen motivos para que se ejerza violencia contra ellos.
“Son personas dedicadas a buscar, a imaginar, soluciones pacíficas al conflicto armado que nos golpea. Además, están integradas al pacto de neutralidad suscrito por las ONG de Antioquia y del país frente a los grupos que protagonizan la guerra interna”, observaron miembros de la institución.
Cabe recordar que el jueves pasado, entre las 4 y 25 y las 4 y 50 de la tarde, un grupo armado compuesto por ocho hombres y una mujer asaltó las instalaciones del IPC y, luego de reducir a 25 personas que se encontraban allí, se llevó a Jairo Bedoya, director Ejecutivo del Instituto; Olga Rodas, directora Administrativa; Jorge Salazar, director del Progama de Paz y Derechos Humanos y Claudia Tamayo, directora del Programa de Gestión y Desarrollo Municipal.
Funcionarios del IPC, organismo que cumplió 17 años de existencia el pasado 23 de enero y es uno de los más reconocidos en el país por sus investigaciones en Derechos Humanos, democracia y paz, dijeron que no pesaba ninguna amenaza contra el Instituto ni ninguno de sus integrantes.
“Apenas vivíamos las tensiones propias de los asesinatos de Jesús María Valle, Eduardo Umaña y Jorge Ortega; además del ambiente difícil del país por el recrudecimiento del conflicto armado”.
Ayer todavía eran un misterio la identidad y vínculos de los autores del hecho: “personas entre los 27 y los 30 años de edad, antioqueños, vestidos con ropa informal (jeans de marca, zapatos modernos, cachuchas, chaquetas y bien afeitados y motilados). Entre ellos, se llamaban ‘compañero’ y dijeron que no permitirían que la guerrilla se imponga en la ciudad. Su jefe portaba radio de comunicaciones”.

Reflexión
“Lo sucedido nos comprueba que trabajar en Derechos Humanos y Paz en este país es estar en el ojo del huracán. Socialmente asumimos ese reto. Por eso hoy existe una gran movilización civil en pro de buscar una salida negociada al conflicto e impedir que se violen las garantías fundamentales”, dicen los voceros del IPC.
“De ahí nuestro desconcierto porque quienes precisamente nos movilizamos en favor de la paz y contra la guerra, somos las víctimas de la confrontación y los que ponemos los muertos”.
Aunque el año pareció comenzar bien, observó uno de los miembros del IPC, hoy todo es confuso: congelamiento de los diálogos Gobierno-Farc, ofensiva paramilitar y, para acabar de ajustar, el temblor de tierra en Armenia que copó la atención de la opinión pública y es aprovechado ahora para cometer este gravísimo atentado contra los defensores de D.H.
Según versión de un funcionario público que pidió mantener su nombre en reserva, es posible, dadas las características del operativo y de sus autores, que se trate de un comando de autodefensas. “Pero la verdad es que mientras irrumpieron en la sede nunca se identificaron como parte de esas organizaciones ni mencionaron el nombre de algún comandante en especial”.

Llamado
Existe la convicción de que el rapto no se debe al informe anual de Derechos Humanos y Conflicto Armado que publica el IPC. “Ese texto no le gusta a ningún actor armado (guerrilla, paramilitares o Fuerzas Armadas), porque mantiene la distancia necesaria frente a cada uno de ellos y se basa en estadísticas y hechos concretos de limpieza social, secuestro y desaparición”.
“Es decir, la ‘papa caliente’ que tenemos sobre el tema es el informe mismo no ninguna otra cosa, porque el informe es neutral. El resto de nuestras actividades son académicas y no se relacionan con grupo alguno”.
El problema, dicen los miembros del IPC, es que en medio de una cultura política tan maniquea, que divide todo entre buenos y malos, es una constante que se vea a la defensa de Derechos Humanos como un crimen.
“Lo que hacemos es defender el Estado de Derecho y las garantías ciudadanas, que son la esencia de cualquier modelo de sociedad y, por supuesto, de la paz”.
“Como institución y en el caso de nuestros directivos retenidos sostenemos que no es un delito ni una actividad criminal ni un atentado defender los Derechos Humanos y la paz. Y eso hacen Jairo, Jorge, Olga y Claudia”.
Ante esa convicción moral, los integrantes del IPC reiteraron la necesidad de que se respete la vida de sus compañeros y que “puedan volver cuanto antes con sus familias y al trabajo. Ellos sólo piden paz con justicia social y en eso somos transparentes y claros”.
 

Medellín, sábado 30 de Enero de 1999
A defensores de D.H. del IPC
¡Libérenlos¡, piden Colombia y el mundo

Colombia y el mundo Por CARLOS ALBERTO GIRALDO M. Medellín
La voz fuerte y firme de decenas de organizaciones nacionales e internacionales se hizo sentir ayer para pedir que sean liberados, sanos y salvos, cuatro investigadores del Instituto Popular de Capacitación de Medellín, retenidos por un comando armado desde la tarde del pasado jueves.
La Embajada de Gran Bretaña, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Human Rights Watch Americas, entre otros organismos, condenaron el hecho y pidieron al Gobierno ofrecer seguridad para que las ONG de Colombia laboren en favor de las garantías fundamentales sin cortapisas ni amenazas.
Hasta el final de la noche de ayer, el paradero de Jairo Bedoya, Jorge García, Olga Rodas y Claudia Tamayo, era incierto y las autoridades no confirmaron tener pistas seguras sobre los responsables del hecho, aunque funcionarios que pidieron mantener su nombre en reserva sostuvieron que, dadas las características del rapto y de sus autores, podría tratarse de una acción cometida por un comando de autodefensas.
 

EL TIEMPO 28 de enero de 1999
Presidente Pastrana traslada su despacho a Armenia hasta el sábado

Una ciudad en pie de guerra En Armenia todos es caos: saqueos de tiendas y supermercados; robos; desorden en el reparto de alimentos, especulación con los precios de los víveres, trancones. Ayer se decretó la militarización de la ciudad.
En un intento por conjurar la situación de orden público que se presenta por la escasez de alimentos, el Consejo de Seguridad que sesionó ayer en Armenia decidió decretar la militarización de la ciudad.
De la determinación participó el alcalde municipal, el gobernador y autoridades del Ejército y la Policía.
Caos era la palabra que definía a la capital del Quindío ayer: cientos de habitantes de los barrios populares saquearon los supermercados; hubo un gran desorden en los suministros de agua y de alimentos para los damnificados; la congestión del tráfico duró hasta la mitad de la tarde, sobre todo en el área del centro; se desató una ola de especulación con los precios de los alimentos y del transporte. Y el hambre era generalizada en el sur de la ciudad.
Como si fuera poco, casi desde el mediodía hasta bien entrada la noche cayó un impresionante aguacero que complicó más las cosas, sobre todo la movilización y los rescates de víctimas bajo los escombros.
El caos fue tan absoluto que el gobernador del Quindío, Henry Gómez Tabares, aceptó que la situación de la ciudad se les salió de las manos y clamó desesperadamente por ayuda nacional. “Con lo que tenemos no somos capaces de controlar todos los problemas”, dijo.
Al cierre de esta edición, en un Consejo de Seguridad, en el que se encontraban el alcalde municipal, el gobernador, y autoridades del Ejército y la Policía se discutía la posibilidad de militarizar la ciudad.
Inclusive el propio presidente Andrés Pastrana decidió desplazarse a Armenia desde Bogotá y despachar allí durante los próximos tres días.
“Vine a poner las cosas en orden”, afirmó el Mandatario, tras señalar que no entiende las razones por las cuales la ayuda nacional e internacional no está llegando oportunamente a los damnificados.

¿Quién coordina?
El origen de la mayoría de todos estos problemas parece estar en el impresionante desorden en la distribución de los alimentos. Toda la operación la están coordinando Martín Calvo y Juan Antonio Osorio en el aeropuerto. Son ellos quienes entregan a los comités locales de emergencia todo el suministro y ellos a su vez están repartiendo los víveres por zonas.
El problema es que hasta ayer en la noche a los barrios del sur, donde se asientan varias de las comunas más pobres (Brasilia, Boyacá, Belencito, Santander) no había llegado ni un solo alimento.
“Para llevar agua a un barrio nos estamos demorando toda la mañana”, dijo Carlos Peralta, un socorrista venido de Bogotá. “Es que hay trancones de más de tres horas. Y lo malo es que empezaron a llegar muchas personas de otras ciudades cercanas a noveliar, a mirar lo que pasó aquí, y otros a robar”.
Para completar este panorama, se ha desatado una ola de especulación por los precios de los alimentos. La mayoría de tiendas cerraron para dejar los productos para propio consumo, y muchas están cobrando 1.500 pesos por una libra de arroz que hasta ayer costaba 400 pesos, y 1200 por una de azúcar que valía la mitad.
“El pasaje de Pereira a Armenia costaba hasta el domingo 15 mil pesos; hoy tuve que pagar 60 mil para llegar acá, dice Wilmar Virgen, un comerciante que vive en la capital de Risaralda. “Aquí está llegando gente de otras ciudades que está vendiendo el litro de leche a cuatro mil pesos”.
Estas circunstancias hicieron que a las 10 de la mañana, decenas de personas arremetieran contra las rejas de Supermercados Centrales, sede sur, que estaba cerrado. Un piquete de 40 policías intervino, pero se vieron desbordados en pocos minutos y tuvieron que pedir refuerzos. En una hora, el episodio se volvió una lucha entre casi 200 policías y más de 600 personas tratando de entrar a la tienda para conseguir alimentos.
Hubo unos disparos al aire a cargo de los agentes, y una respuesta de miles de piedras por parte de la gente. “Finalmente, nos tocó dejar que entraran”, dijo el subcomandante de la Policía Armenia, Dagoberto García. “Aquí ya ha habido muchos muertos y nosotros no podemos producir más”, afirmó.
Inicialmente la gente empezó a tomar cosas de primera necesidad, pero luego el movimiento degeneró en saqueo total, y empezaron a salir con vajillas, lámparas y enseres, y algunos con carritos de mercado repletos de víveres.
Antes del mediodía, el rumor del saqueo se regó, y empezaron a bajar de las comunas cientos de personas más que dejaron el almacén vacío en pocos minutos.  Luego la emprendieron contra las supertiendas Olímpica a pocas cuadras de allí.
A las tres de la tarde, llegó el refuerzo de un contingente de policías antimotines de Manizales, y el aguacero ayudó a poner la situación bajo relativo control, aunque a lo largo de la tarde se presentaron conatos de saqueo aislados en otros puntos de la ciudad.
Ya van 879 muertos
Ayer empezaron a hacerse más claras y definitivas las cifras del impresionante drama que empezó a vivir el Eje Cafetero desde el lunes pasado.
Según el último reporte de la Cruz Roja Nacional, hasta ayer el terremoto había cobrado un total de 879 víctimas, y producido 3.420 heridos.
En solo Armenia han muerto 526 personas, y se reportan 1700 heridos. En Calarcá la cifra de defunciones se elevó a 115, en Caicedonia a 78, en La Tebaida, 48, y en Pereira a 44. Todavía hay decenas de personas atrapadas en los escombros.
Según reporte de Dixon Tribiño, de la Cruz Roja del Quindío, en Armenia el número de casas destruidas excede las 20 mil, y el número de personas afectadas por la tragedia es de 150 mil.
 

EL TIEMPO
Martes 26 de enero de 1999
En 19 páginas presentan su propio ‘dossier’ del paramilitarismo
Farc quieren caída de diez generales

Al prolongar el ‘congelamiento’ de las conversaciones de paz, la guerrilla levanta su dedo acusador contra quienes, según ella, son los principales promotores de los grupos de justicia privada. Los incriminados replican y dicen -como lo afirma el propio director de la Policía- que no aceptan que las Farc se conviertan en sus jueces. Para analistas, este nuevo episodio muestra que hay una prueba de fuerza entre guerrilleros y ‘paras’ alrededor de un pretendido reconocimiento político para estos últimos.
Por ALIRIO FERNANDO BUSTOS
Enviado Especial de EL TIEMPO
Zona de distensión
Cuando las Farc dijeron que sus exigencias al Gobierno Nacional contra el paramilitarismo iban mucho más allá de la cabeza de Carlos Castaño, máximo ,jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), estaban pensando en diez generales de la República, una veintena de mandos medios, tres ex gobernadores y en un ex ministro de Estado.
La organización insurgente quiere ver destituidos y procesados, por supuesto auspicio y conformación de grupos de justicia privada, a los generales Iván Ramírez Quintero, Víctor Julio Álvarez, Rito Alejo del Río, Martín Orlando Carreño Sandoval, Julio Charry Solano, Javier Hernán Arias Vivas, Alfonso Arteaga Arteaga, Rafael Ruiz, Carlos Alberto Ospina Ovalle y Eduardo Herrera Verbel.
Las acusaciones contra el alto mando militar las consignaron las Farc en un documento de 19 páginas que ayer fue entregado al Gobierno Nacional y a los medios de comunicación. En él también dan a conocer la que, a su juicio, es la estructura interna de las autodefensas.
El documento se conoce luego de que las Farc ‘congelaron’ las conversaciones de paz y condicionaron su reinicio a una acción eficaz del Gobierno contra los responsables del paramilitarismo.
Luego de hacer un recorrido histórico por el fenómeno paramilitar, desde los tiempos de los ‘chulavitas’ y los ‘pájaros’ de los años 50 hasta hoy, la guerrilla revela los nombres y las acusaciones contra los militares y civiles que la organización insurgente considera responsables de centenares de masacres.
Los diez generales son acusados por las Farc de promover la creación de grupos de justicia privada como una prolongación de su estrategia contrainsurgente. También de proteger a Carlos Castaño y de prestarles a los ‘paras’ apoyo aéreo y servicio de comunicaciones.

Cumbres con Castaño
El documento reseña los nombres de los militares que, según las Farc, han participado en operaciones paramilitares en Córdoba y Urabá. Los acusados son el general Hermófilo Rodríguez, el capitán Álvaro Patrón Pacherna, los tenientes Monsalve, Izquierdo y Rodríguez y los sargentos Luis Martínez Vergara, Medina Nestra, Suárez y Ávila.
“En general, (están involucradas) las unidades de los batallones Cacique Coyará y Número 33 de Junín de la XI Brigada”, dice le informe.
“También -agrega- los batallones de la II Brigada Héroes de Corea, La Popa, Córdoba y Nariño, y los batallones de Infantería de Marina de Bolívar y Sucre”.
En el informe, las Farc también consignan los nombres de los oficiales que se habrían reunido con Castaño: el general Eduardo Herrera Verbel, los coroneles Armando José Rengifo y Germán Morantes Hernández y el mayor Yesid N.
Además de las acusaciones contra los militares, la guerrilla hace un listado de las 20 frecuencias radiales supuestamente utilizadas de forma conjunta por las Fuerzas Armadas y las autodefensas.
Además de las ‘cabezas’ de estos oficiales y suboficiales los guerrilleros también quieren la del ex ministro José Manuel Arias Carrizosa. Lo acusan de ser uno de los principales financiadores y promotores de los ‘paras’.
Al nombre de Arias Carrizosa se suman los de los ex gobernadores Mauricio Pimiento, del Cesar; Jorge Luis Caballero Caballero, del Magdalena, y Carlos Buelvas Aldana, de Córdoba. “Están encubiertos en asociaciones Convivir”, dice el informe.
Nombres por centenares
También aparece un centenar de nombres de supuestos financiadores de los paramilitares, a muchos de los cuales los acusan también de ser narcotraficantes.
La lista se amplía con los nombres de las personas que, según las Farc, son los máximos jefes paramilitares que operan en el norte del país y en el Magdalena Medio. Es tan detallado el informe que, incluso, revela dónde vive cada uno de ellos, a qué actividad se dedica y a qué base paramilitar está adscrito.
Las Farc acusan a Iván Duque Escobar de ser asesor político de Castaño y afirman que Guillermo Ángel, propietario de un empresa de Medellín, utiliza la torre de control del aeropuerto Olaya Herrera para coordinar los desplazamientos aéreos de Castaño.
A renglón seguido, el grupo guerrillero consigna los nombres de los responsables del paramilitarismo en Córdoba. Dice que ‘H2’, un cuñado de Castaño, comanda la base El Diamante. También acusa a Pedro Bula;
Antonio Mercado, ‘Franco’; Arturo González, ‘Guateque’; John Freddy Durango y Hernán Ogaza (‘El Guacho’). A este último lo señala de ser el responsable de las masacres de Tierralta y Valencia.
Acusan al alcalde de Tierralta, Héctor Acosta Pacheco, de auspiciar este tipo de grupos. “Sus dos escoltas son paramilitares y se reúnen frecuentemente con Castaño”, sostiene el informe. La misma acusación lanzan contra Gerardo Ferreira, alcalde de Puerto Parra (Boyacá).
Esta es la tarea, según las Farc, que debe realizar el Gobierno Nacional si quiere continuar las conversaciones de paz con la organización de ‘Tirofijo’.
 

EL TIEMPO  [Noticias de última hora]
Lunes 25 de 1999
Habría más de 200 muertos
Terremoto dejó en ruinas al eje cafetero

Resumen de agencias (6:50 p.m.)
Más de 200 muertos deja hasta el momento el temblor que sacudió el Eje cafetero, con una intensidad de 6 grados en la escala de Richter.

Según informes preliminares de la Red de Solidaridad, el balance trágico asciende a más de 200 muertos, discriminados así:
En Armenia, 150 muertos; en Pereira, 15; en Obando (Valle), 12; en Calarcá, 30 muertos, y en el municipio vallecaucano de Ulloa se reporta una destrucción casi total.
La tragedia ha sido mayor por los derrumbes presentados en las carreteras de acceso. Por ejemplo, en la vía Bogotá-Armenia se presentan derrumbes en el kilómetro 56, en el Peaje de Cajamarca y en el Alto de La Línea.  La capital quindiana quedó incomunicada por la caída de un puente en la carretera Ibagué-Armenia.
El temblor se produjo aproximadamente a la 1 y 20 de la tarde, hora colombiana, con el epicentro entre los municipios de Obando y Cartago, en el departamento de Valle del Cauca. De acuerdo con Ingeominas en la tarde se han producido nueve réplicas y a las 5:44 de la tarde se presentó una de 5,6 grados. Aún se desconoce el saldo de estos nuevos movimientos.
Ante la emergencia, el presidente Andrés Pastrana decidió aplazar el viaje que debía iniciar hoy por Europa, a la espera de un balance de los hechos. En estos momentos, el Presidente recorre la zona para conocer en detalle el alcance de la tragedia.
De momento, Armenia ha sido dividida en 100 zonas para una inspección nocturna y un batallón militar fue habilitado como morgue.
Numerosas edificaciones quedaron destruidas por el movimiento telúrico y se adelantan acciones de rescate para ayudar a las personas que han quedado atrapadas en los escombros. En Pereira, más de 150 viviendas desaparecieron por la fuerza de la naturaleza.
Las imágenes de televisión emitidas desde Armenia mostraban una gran cantidad de casas y edificaciones derrumbadas; en Cali se produjo un conato de incendio en la calle Tercera; en Pereira, parte del edificio de la Gobernación se vino al piso; en Cajamarca (Tolima) se desplomó la cúpula de la iglesia y sufrió severos daños el cementerio; en Caicedonia y Ulloa (Valle) hay más de 120 viviendas destruidas.
Las autoridades sanitarias solicitaron una masiva donación de sangre para atender a los heridos, puesto que en los hospitales de la zona este recurso está agotado. Por otra parte, el despacho de la primera dama ha dispuesto en Corferias un puesto de donaciones de ropa, carpas, colchonetas, agua y demás implementos que puedan ser de utilidad para los damnificados. Además, para las donaciones en efectivo se abrió la cuenta número 00035200-5 a nombre del Banco de Bogotá en la que se puede consignar en cualquier entidad del grupo Aval.
 

EL TIEMPO
Sábado 23 de enero de 1999
Desaparición forzada a ‘extras’

En un claro mensaje a la comunidad internacional en materia de derechos humanos, el Gobierno del presidente Andrés Pastrana, decidió ayer jugársela a fondo para lograr la aprobación en el Congreso del proyecto de ley que busca tipificar en Colombia la desaparición forzada de personas y el genocidio, y que propone el aumento de la pena para el delito de tortura.
En efecto, el mencionado proyecto fue incluido en el decreto presidencial que convoca a sesiones extraordinarias al Congreso de la República, a partir del próximo 5 de febrero y hasta el 15 de marzo.
Este gesto ha sido interpretado también como una
señal a la guerrilla del compromiso gubernamental de lucha contra el paramilitarismo.
“Nosotros le concedemos una especial importancia al proyecto de ley que tipifica la desaparición forzada y el genocidio, porque no solo va a adecuar la
legislación interna con la Declaración de las Naciones Unidas sobre el tema, sino porque esto refleja la voluntad política que embarga al Gobierno en la defensa de los derechos humanos”, dijo el ministro del Interior, Néstor Humberto Martínez, en diálogo con El TIEMPO.
“Esta es otra acción concreta del Gobierno para crear un marco legal que proteja los derechos humanos de todos los colombianos”, agregó el Ministro.
De otro lado, y como estaba previsto, las sesiones extraordinarias servirán también para darle trámite al proyecto de ley orgánica mediante el cual se adoptará el Plan Nacional de Desarrollo.
Así mismo, el decreto incluye una iniciativa para armonizar la legislación laboral colombiana a las convenciones de las organizaciones internacionales de trabajo.
El Gobierno llevará, además, al legislativo una serie de objeciones que por razones de orden constitucional, se determinaron frente al proyecto de ley que ampliaba los plazos para la presentación de los planes de ordenamiento territorial.

Jueces sin rostro
Pese al interés del Gobierno, a última hora fue descartada la inclusión en las sesiones ‘extras’, del proyecto de ley sobre la justicia regional.
Martínez Neira explicó que como esta iniciativa implica la creación de jueces especiales, adquiere el rango de ley estatutaria y por lo tanto no puede ser discutida en sesiones extraordinarias.
 

EL TIEMPO
Sábado 23 de enero de 1999
Se le complicó nombramiento a secretario de Estado, Peter Romero.

Romero, en vilo por Cumbre E.U.-Farc El Congreso debía ratificarlo en el cargo en el que lo nombró Clinton, pero la reunión de un dependiente de su oficina con las Farc en Costa Rica generó un escándalo. Senado a la espera de una investigación del caso.
Por SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington
A Peter Romero, secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental parece habérsele embolatado su confirmación en ese cargo que está pendiente desde hace varios meses y que depende del Congreso de ese país.
¿La causa?: el proceso de paz colombiano.
Según pudo establecer EL TIEMPO la reunión de Costa Rica entre un funcionario de la oficina de Romero y las Farc, fue la gota que colmó la copa de un buen sector de la Comisión de Relaciones Internacional del Senado, encargada de la ratificación de Romero.
Romero ha venido actuando como secretario desde que fue nominado por el presidente Bill Clinton en abril del año pasado pero necesita de la confirmación del Senado para poder oficializar su nombramiento.
Según Roger Noriega, uno de los encargados de la investigación del caso y también responsable de recomendar la realización de audiencias para la confirmación de Romero, “la pregunta es si el departamento de Estado actuó dentro de un marco legal cuando decidió reunirse con este grupo terrorista en Costa Rica, y si contaban con la autoridad para hacerlo. Tenemos que quedar convencidos además de que no hubo negociación con las Farc. Mientras eso no suceda no habrá confirmación”, dijo.
De acuerdo con este investigador también surge la pregunta de qué tan recomendable es que el país más poderoso del mundo decida legitimar a un grupo acusado no solo de terrorismo sino también de secuestro, chantaje y narcotráfico.
“Dentro de todas las explicaciones que dieron, mencionaron haberle hecho énfasis a la guerrilla de que E.U. está en contra de las drogas y del secuestro de estadounidenses. ¿De verdad creen que se requiere que un oficial del departamento de Estado se reúna con las Farc para decirles esto?. Creo que es ridículo”, dijo Noriega que trabaja para el senador Jesse Helms, presidente de la Comisión.
Por el momento, tanto el Senado como la Cámara adelantan una investigación sobre el caso para determinar de quién fue la decisión, mientras esperan una explicación detallada del Departamento de Estado.  En todo caso, coinciden legisladores de ambas cámaras, “la responsabilidad es de Romero pues él es el encargado”.
Para una fuente en la Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara que prefirió guardar su anonimato, en el Departamento de Estado “se están pisando entre ellos mismos al tratar de apoyar a Pastrana. Y lo entendemos, pero esta movida no fue inteligente. Debemos estar preparados para decirle no a Pastrana en algunas ocasiones, sobre todo cuando se compromete nuestra propia integridad”.
El malestar contra Romero se agravó esta semana luego del amague de las Farc de congelar las negociaciones de paz, de no demostrar el Gobierno resultados concretos en materia de paramilitares. “La inconsistencia de las Farc demuestra que le decisión de reunirse con ellos fue un error, o por lo menos sí una decisión apresurada”, dice la misma fuente.
Pero a Romero no solo lo persigue el fantasma de Costa Rica. También se le achaca no haber aplicado el título 4 de la ley Helms Burton que obliga a sancionar a compañías extranjeras que estén traficando o usando propiedades confiscadas a nacionales estadounidenses en Cuba.
También el otorgamiento de una visa a uno de los involucrados en la matanza de la Zona Rosa en Costa Rica durante la década pasada en donde murieron varios estadounidenses.
Aunque la confirmación de Romero “no puede darse por muerta”, hasta que no se expliquen a entera satisfacción todos estos inconvenientes -dicen los encargados del caso- no habrá audiencia y sin audiencias no habrá confirmación.
 

EL ESPECTADOR 14.1.1999
Reanudan diálogos con Eln
Por: ELIZABETH YARCE

Medellín
Con una apretada agenda, el Ejército de Liberación Nacional, Eln, a través de sus voceros recluidos en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, Francisco Galán y Felipe Torres, y los representantes de la sociedad civil que conforman el comité preparatorio, reiniciarán mañana las conversaciones sobre la Convención Nacional que se instala el próximo 13 de febrero.
La logística, el lugar y la financiación serán los temas de discusión puesto que el pasado 17 de diciembre no se llegó a ninguna conclusión al respecto y lo único claro es que a la Convención Nacional asistirán 300 personas entre representantes del Estado, la comunidad internacional, el Eln, invitados especiales y 200 instituciones.
Varios representantes de la sociedad civil expresaron su complacencia por todo tipo de acercamientos que conduzcan a la paz. “Es muy positiva una experiencia de este tipo y hay que esperar a ver los resultados”, señaló Hernando Hernández de la USO.
Esta reunión, la primera de 1999, es la antesala a un encuentro definitivo que se cumplirá el próximo martes 19 de enero entre el Eln y el Gobierno y para la cual el presidente Andrés Pastrana nombró un negociador que reemplazará a Gonzalo de Francisco.
Se trata del abogado Ernesto Borda, director de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, experto en Derecho Internacional Humanitario y asesor de Naciones Unidas.
La primera reunión de la Convención Nacional se mantiene en firme para el 13 de febrero y se llevarán varias propuestas para su realización. La primera es realizar la Convención Nacional del Eln en el recinto Quirama, entre Rionegro y La Ceja, oriente antioqueño, un lugar que combina lo rural con lo urbano.
Por el momento se supo que asistirán 50 representantes del Gobierno y 50 periodistas nacionales e internacionales al lugar de la Convención, que puede ser una ciudad, un pueblo o el monte.
Según algunos integrantes de la comisión preparatoria consultados por El Espectador, en ningún momento del proceso con el Eln se ha hablado de despejes, similares al que pidieron las Farc.
“Con la Convención Nacional no se quiere generar dificultades para nadie, más bien se busca que sea una situación participativa a la que todo el mundo pueda llegar, dialogar a irse sin necesidad de presiones a la Convención”, expresó Antonio Picón Amaya, de la Comisión Facilitadora de Paz.
A pesar de que el jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, Carlos Castaño Gil, ha manifestado que su organización y el Eln le mermaron el volumen a la guerra y no descartó la posibilidad de participar en la Convención Nacional, varios miembros del Comité Preparatorio de Maguncia dijeron que el Eln no quiere que los paramilitares participen en el encuentro.
 

EL ESPECTADOR 14.1.1999
¿Quiénes son los perseguidos por la Fiscalía?
Bogotá

A raíz de la decisión presidencial de ordenar colaboración sin límites de todos los organismos de inteligencia hacia la Fiscalía, para la persecución de los paramilitares, los líderes de estos grupos se han convertido en los más perseguidos.
La lista de líderes de estos grupos al margen de la ley sigue encabezada por Carlos Castaño Gil, Ramón María Isaza Arango, Hernán Giraldo Serna y Fidel Castaño Gil, a pesar de las informaciones sobre su presunta muerte (ver recuadros).
También hacen parte de esta lista de solicitados por las autoridades Luis Eduardo Cifuentes Galindo, conocido con el alias de El Águila. Es requerido por la Fiscalía Regional de Cundinamarca por el delito de daño en bien ajeno y también lo solicita el Juzgado Cuarto de Orden Público de Bogotá. Es oriundo del municipio de Yacopí (Cundinamarca).
Juan Francisco Prada Márquez, alias Juancho Prada. Orden de captura sindicado por homicidio y conformación de un grupo sicarial. Además tiene cuatro órdenes de captura más.
Luis Emilio y Félix Capacho Durán, alias El Tigre, sindicados por homicidio y conformación de grupos sicariales.
Jacinto Alberto Soto Toro, se le sindica de ser el jefe de finanzas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu). Toro fue capturado en abril de 1998, pero se fugó de la cárcel de Bellavista de Medellín el 30 de septiembre de ese mismo año.
También son solicitados: Ricardo Orlando Beltrán, Jhon César Vargas Palomeque, Jairo González Sáenz, Carlos Andrés Rodríguez, Pedro Luis Oquendo, entre otros.

Primera ofensiva
Ésta no es la primera vez que el Gobierno anuncia medidas drásticas contra los grupos paramilitares.
El 3 de diciembre de 1997 el entonces presidente, Ernesto Samper Pizano, creó, a través del decreto 2895, un bloque de búsqueda especial, integrado por delegados de la Fiscalía, la Procuraduría, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y el consejero presidencial para la Defensa y Seguridad Nacional, con el propósito de combatir los grupos de autodefensa, organizaciones de justicia privada, bandas de sicarios y escuadrones de la muerte.
Como resultado de esta medida especial, el 5 de enero de 1998 la Fiscalía profirió no menos de 200 órdenes de captura contra personas sindicadas de pertenecer a grupos paramilitares.
El golpe más duro se dio el 11 de septiembre de 1998 cuando fueron capturados cinco integrantes del grupo paramilitar Los Macetos, que fueron identificados como Álvaro Sánchez Sáenz, Wilson Sánchez Toro, Diego Alfonso Sánchez Zambrano, Jorge Orjuela Nieto ?alias El Abuelo? y Néstor Mauricio Barragán Vivas ?alias El Mico?.
De igual manera, se capturó al cabecilla de este grupo paramilitar, Rafael Antonio Alcedas Beltrán.
Los Macetos habían sembrado el terror en la zona norte del Tolima, sindicados de participar en más de 30 homicidios, hurto, piratería terrestre, extorsión y secuestro, entre otros delitos.

 “Fue una omisión”, dice Defensoría
REDACCIÓN NACIONAL
Bogotá

Una acción omisiva por parte del Estado y las propias Fuerzas Armadas en las recientes masacres perpetradas por los grupos paramilitares, denunció la Defensoría del Pueblo que a su vez hizo un llamado urgente para adoptar medidas que permitan detener esos actos de barbarie en el país.
La defensora del pueblo encargada, Blanca Lucía Echeverri, además de condenar los hechos en los que perdieron la vida no menos de 140 personas en manos de los paramilitares, dijo que resultaba inaceptable la acción omisiva del Estado y de la Fuerza Pública frente a tales hechos que incluso la comunidad había advertido.
“Los esfuerzos que realizan las comunidades y los acuerdos que se firman con altos dignatarios del Gobierno nacional, deben corresponder con una política del Estado contra el paramilitarismo y con una acción eficaz y decidida de la Fuerza Pública para que los anuncios hechos por los paramilitares no sigan cobrando la vida de humildes campesinos”.
La defensora encargada concluyó que se requiere del Gobierno la adopción de medidas urgentes para prevenir el desplazamiento de las personas que están atemorizadas e incluso atender a quienes ya han abandonado sus parcelas.  “Tienen que haber soluciones efectivas que superen la precaria política de atención de emergencia con el fin de evitar los problemas de miseria.
Frente a tal denuncia elevada por la funcionaria, El
Espectador indagó sobre la ubicación de compañías, batallones y brigadas del Ejército, así como de las estaciones de Policía en los departamentos en los cuales se presentaron las masacres de campesinos durante los últimos días, como se demuestra en la infografía sobre los hechos sucedidos en San Pablo (Bolívar).
Estado operacional de las F.A.
En San Pablo, sur de Bolívar, donde el pasado 9 de enero fueron asesinadas 14 personas, se encuentra ubicada a unos 100 metros de la población una barcaza de la Armada Nacional con sesenta infantes de Marina, que conforman una brigada móvil de apoyo y seguridad, la cual opera especialmente en los ríos Cimitarra y Magdalena, y cuenta con un buen número de lanchas Piraña.
Allí también está funcionando una base militar perteneciente a la II Brigada del Ejército, conformada por cuatro unidades de contraguerrilla móviles, que reúnen en total 150 hombres.
El día que se registró la masacre se encontraban en el casco urbano de San Pablo 28 agentes adscritos al Comando del Departamento de Policía Santander. La estación está instalada a 100 metros de los tres sitios donde los paramilitares cometieron los homicidios.
Igualmente, en el Cesar, una compañía del Ejército denominada el Comando Periférico número 7 opera en el sector de Curumaní, donde el pasado 8 de enero ocurrió una incursión de las autodefensas, concretamente en el corregimiento Santa Isabel, distante 10 minutos del casco urbano. Además, en el mismo municipio existe una estación de Policía.
En esa oportunidad fueron asesinadas 11 personas, entre ellas dos ancianos, uno de los cuales fue incinerado.
Al sur del departamento opera la Brigada Móvil del Ejército Héroes de Corea y en el centro del Cesar opera el Batallón de Artillería La Popa, con sede en la ciudad de Valledupar.
Unidades del DAS y personal de la Sijín realizan permanentes operativos de registro y control en los alrededores de la localidad de Pelaya hasta Pelaya, límites con el departamento de Santander.
En Putumayo funciona la XXVI Brigada, cuya sede es Puerto Asís, y el Batallón Contraguerrilla 31, Sebastián de Belalcázar, acantonado en la misma población de La Hormiga, y tan sólo a 20 kilómetros del sitio conocido como El Tigre, donde tuvo lugar la masacre del pasado domingo.
Sólo cinco de los 13 municipios del departamento, incluido Mocoa, cuentan con estaciones de Policía, con no menos de 15 agentes disponibles al mando de un oficial.
Respecto al departamento del Magdalena, la estación más cercana al Playón de Orozco, lugar donde fueron asesinadas 30 personas el sábado 9 de enero, se encuentra localizado en Tibijay, a 20 minutos.
Por su parte, Antioquia cuenta con seis batallones ubicados en Girardota, Bello, Medellín, Rionegro, Puerto Berrío y Carepa, mientras que las bases militares están distribuidas así: XIV Brigada en Puerto Berrío, IV Brigada, Medellín, y la XVII Brigada en Carepa.
En el municipio de El Bagre se encuentra la sede del Comando Operativo número 9, adscrito a la XI Brigada del Ejército, uno de los más grandes e importantes de la institución.

Autodefensas aceptan diálogo con Gobierno
Bogotá
Menos de una semana después de protagonizar una ofensiva militar que dejó 139 personas muertas en seis departamentos del país, las Autodefensas Unidas de Colombia aceptaron acceder a conversaciones de paz con el Gobierno, y plantearon un cese al fuego de las organizaciones armadas como primer avance en la eventual negociación con el Estado.
En una carta dirigida al presidente Andrés Pastrana Arango, las Autodefensas Unidas de Colombia señalaron que aceptan la invitación del jefe del Estado para “iniciar conversaciones con nuestro movimiento antisubversivo, que conduzcan a una negociación simultánea y paralela a la que adelanta el Gobierno nacional con la guerrilla” de las Farc y el Eln.
Las Autodefensas manifestaron que el incremento de sus acciones militares en los últimos días obedece al surgimiento de nuevos frentes subversivos, “y a la necesidad de recuperar territorios invadidos por la guerrilla durante la tregua unilateral determinada por las AUC durante el fin de año de 1998”.
Al referirse a la arremetida de los últimos días, las Autodefensas aseguraron que sus acciones no se han desarrollado contra civiles al margen del conflicto, “aunque si, en algunos casos, contra comprobados subversivos, fuera de combate”. Y agrega el comunicado de las AUC, que “estas son las características impuestas por la subversión en esta guerra irregular”.
La declaración cierra manifestando que la recuperación de sus territorios les permitirá continuar sus acciones, en la misma dimensión en que la guerrilla continúe su ofensiva. Sin embargo señalan que para avanzar en una eventual negociación de paz, es conveniente plantear un cese al fuego por parte de las organizaciones armadas no estatales, “para el buen desarrollo de las negociaciones emprendidas por el Gobierno”.

Asamblea de paz
El anuncio de las Autodefensas Unidas de Colombia se produce en momentos en que se aguarda con expectativa en Antioquia, conocer los detalles de la propuesta de asamblea nacional por la paz, que la propia organización al margen de la ley ha anunciado a voceros de la Consejería de Paz de Antioquia, la Comisión de Paz de la asamblea departamental y representantes del Gobierno nacional.
De acuerdo con el consejero de paz de Antioquia, Ruben Darío Jaramillo, “ya se inició el proceso de acercamiento con las Farc, en febrero se consolidará una iniciativa semejante con el Eln, y entre esas dos fechas comenzaría el proceso de paz con las Autodefensas“. Se trata, agregó el funcionario, de un paso vital para Colombia, y en particular para Antioquia, seriamente afectada por este actor de la violencia.
Y específicamente en Antioquia, se ha recibido con esperanza la opción de que el paramilitarismo acepte un diálogo, porque se trata de un departamento afectado por 25 grupos de choque de las autodefensas, especialmente en las zonas de Urabá, nordeste del departamento, y recientemente el sur de la misma región.

Habla Mindefensa
A su vez, el ministro de Defensa, Rodrigo Lloreda Caicedo, solicitó a la Fiscalía General de la Nación un informe estadístico sobre el estado de los procesos, sindicados y juzgados por actos de paramilitarismo, al tiempo que resaltó la acción de la fuerza pública para combatir a este actor armado, pues se trata de que los organismos judiciales se integren a una acción estatal contra los grupos de justicia privada.
Lloreda Caicedo explicó que las medidas anunciadas por el gobierno contra el paramilitarismo, pretenden “articular una cohesión de las agencias del Estado, y hacer más efectivas las acciones contra todos los grupos al margen de la ley”.  Sin embargo, no descarto que éstos agentes de violencia puedan comprometerse en la conciliación del país.
Sobre el particular agregó que es el presidente de la República quien debe decidir cómo y cuando se pueden gestionar los acercamientos con las autodefensas. Por lo pronto, son claras las disposiciones del Ejecutivo para otorgarle todo el apoyo a la Fiscalía General de la Nación, para la búsqueda y apresamiento de los líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Precisamente ayer, en su alocución televisada al país, antes de emprender su viaje a Cuba, el propio presidente Andrés Pastrana Arango, al referirse a los últimos ataques del paramilitarismo señaló que “no puede uno más que sentirse horrorizado por el nivel de violencia observado”. Y agregó:
“he dado instrucciones a las Fuerzas Armadas para que de común acuerdo con la Fiscalía conformen un grupo operativo destinado a perseguir, capturar y castigar a los culpables de las masacres”.
La desarticulación del paramilitarismo constituye un punto relevante en las conversaciones de paz entre el Gobierno nacional y las Farc en la zona del despeje como por ello existe expectativa sobre la postura que puedan adoptar los voceros de la guerrilla frente a los anuncios de las autodefensas de aceptar un diálogo de paz con el gobierno, proponiendo de paso la consolidación de un cese al fuego.
En su discurso de instalación de las mesas de negociación el pasado siete de enero, las Farc fueron enfáticas en señalar que nada tienen que dialogar con el paramilitarismo, porque se trata de un problema que tiene que resolver directamente el Estado, por cuanto en su criterio fueron grupos que nacieron bajo su amparo, y por ello es el Gobierno quien debe combatirlos y lograr su disolución.

Poder contraguerrillero en el conflicto
Bogotá
Las Autodefensas Unidas de Colombia, que lidera Carlos Castaño Gil, y que ayer expresó su interés de entablar una mesa de negociación con el Gobierno nacional, cuenta en la actualidad con cinco bloques de lucha de trece organizaciones asociadas, y una escuela móvil para fortalecer sus diferentes frentes de guerra en diferentes regiones del territorio nacional.
El bloque occidental comprende los departamentos del Chocó y la zona de Urabá; el bloque norte que agrupa tres frentes en Sucre, Bolívar, Magdalena, Cesar y la serranía de San Lucas; el bloque llanero que comprende los frentes Ariari, Guaviare y Pidemenonte; y el bloque metro que integra los frentes del suroeste, occidente, oriente y nordeste de Antioquia.
Sus campamentos principales están asentados en la zona del nudo de Paramillo y en el departamento de Córdoba, donde surgieron las Autodefensas de Córdoba y Urabá. Según diversos organismos de derechos humanos, cuentan la ventaja de que no son tan perseguidos por el Ejército, muchos ex guerrilleros se unen a sus filas y tienen el patrocinio económico de muchos terratenientes.
Aunque la acción de las autodefensas campesinas data desde los años 60, y en la década de los años 80 existieron claros vínculos con grupos de narcotraficantes, y se logró la asesoría de mercenarios de nacionalidad israelí, el movimiento de Autodefensas Unidas de Colombia representa el liderazgo de Carlos Castaño Gil, y sus frentes de guerra en Urabá y Antioquia.
Según el Departamento Administrativo de Seguridad, los líderes fundamentales del movimiento, además de Carlos Castaño Gil, son: Luis Eduardo Cifuentes, que opera especialmente en el departamento de Cundinamarca y la zona del Magdalena Medio; Hernán Giraldo Serna en vastas zonas del Caquetá y Vichada; Adan Rojas Ospino en la costa atlántica; y Ramón Isaza en Santander.

La guerra de Urabá
El protagonismo de las Autodefensas Unidas de Colombia vino a incrementarse a partir de 1993, cuando Castaño Gil emprendió una ofensiva militar en la zona de Urabá, que derivó en el retroceso de las Farc, que habitualmente había impuesto su dominio territorial en la región. Pero no sólo se concentró en Urabá, en los últimos meses incursionó en la serranía de San Lucas para enfrentar al Eln.
En particular, Carlos Castaño Gil logró apropiarse de una vasta región en el denominado nudo del Paramillo, donde también dominaban las Farc. Sin embargo, el pasado 29 de diciembre, las Farc, que nunca abandonaron del todo la zona del Paramillo, atacaron el campamento central de Castaño, y propiciaron una masacre en el corregimiento de El Diamante.
El ataque se dio en momentos en que las Autodefensas Unidas de Colombia se encontraban en una tregua de navidad, pero concluida esta el 6 de enero, emprendieron una contraofensiva que dejó 139 víctimas en seis departamentos del país. Ayer, súbitamente, después de los ataques, en un comunicado aceptaron el diálogo y de paso propusieron el cese al fuego.
La postura de la autodefensas se produce, paradójicamente, en momentos en que el Gobierno ha anunciado la constitución de un bloque de búsqueda para perseguir al paramilitarismo.
Bloque de Búsqueda
Pese a los anuncios de las autodefensas de aceptar diálogos de paz, ayer el director operativo de la Policía nacional, general Alfredo Salgado Méndez, reveló que comenzará a operar un grupo interinstitucional para perseguir individuos al margen de la ley.
El alto oficial expresó que los esfuerzos que realice la
Fiscalía, más la sumatoria del CTI, DAS, Ejército y Policía, permitirán un valor agregado para combatir a los sujetos que persisten en atacar a la población civil, cualquiera sea su postura ideológica.
Este grupo estará integrado por 74.000 policías de todo el país, que recibirán apoyo de los organismos de inteligencia, a fin de darle captura a quienes estén sindicados de patrocinar y apoyar grupos de justicia privada, y complementar las tareas de la Fiscalía.
Según el general Salgado, en 1998 fueron capturados 203 paramilitares, y el propósito de la institución es ahora perseguir también a los líderes de las organizaciones delincuenciales.
 

EL TIEMPO 11.1.1999
Ofensiva paramilitar dejó ayer otros 22 muertos
‘A dedo fueron escogidas las víctimas’

En Playón Orozco los ‘paras’ asesinaron a treinta personas e incendiaron 15 casas. En Toluviejo mataron a ocho personas que departían en una cancha de tejo y en Antioquia dejan otras 14 víctimas. ¿Cómo es posible que perdamos vidas para buscar la justicia?, se pregunta en sepelio colectivo en San Pablo monseñor Jaime Prieto Amaya, obispo de la Diócesis de Barrancabermeja.
Por ROBERTO LLANOS
Enviado especial de EL TIEMPO
Playón Orozco (Magdalena)
El sábado no era un día cualquiera para Playón Orozco, un caserío perdido en el centro del Magdalena.
Esa mañana llegaba en su primera visita del año el sacerdote de El Piñón, Giovanny Sanjuán, para celebrar la misa que oficiaba cada dos meses y que fue aprovechada para bautizar a doce niños de la población.
Por eso desde bien temprano se vistieron con sus mejores ropas y a las 11 en punto la gran mayoría se congregó en la capilla.
A esa hora tres camionetas Toyota cuatro puertas y otra de carrocerías de estacas, con unos 50 hombres armados con fusiles AK-47 y R-15, se dirigían a toda velocidad hacía el poblado.
Los bautizos colectivos no duraron más de 50 minutos. Después de que el padre Sanjuán les dio ‘el podéis ir en paz’, padrinos, ahijados y compadres se fueron a celebrar.

El fin de la fiesta
El pueblo entraba en una especie de fiesta colectiva. La música vallenata se dejaba escuchar en todas las esquinas. Playón Orozco tiene solo tres calles de casas humildes en las que viven unas 430 personas, todas dedicadas a la agricultura.
A las 12, cuando el sol caía vertical sobre la población, Ubaldo Montero, un campesino que no quiso ir a su parcela para asistir a una de las celebraciones, vio pasar por su casa los cuatro vehículos.
“Pensé que era el Ejército que andaba de vigilancia y nos les presté atención, pero unos diez minutos después el pueblo quedó en silencio, la música dejó de sonar y comenzaron a sentirse voces extrañas.
“Me asomé a la puerta y vi a hombres armados con fusiles que le gritaban a todo el mundo que saliéramos, que había una reunión urgente con todos los habitantes en la capilla”, señala Montero.
“Nos arriaban como ganado y pateaban las puertas de las casas que estaban cerradas”, dijo Luz Marina Moreno, una profesora de Pivijay (Magdalena), que estaba de visita.
Los hombres armados lograron congregar a unas 300 personas en la plaza.
“A los hombres los pusieron a un lado y a las mujeres y niños en otro. A los hombres les quitaron las camisas para ver si estaban armados. Sacaron una lista, pero solo llamaron a tres: Ramón García, a la promotora de salud, Carmen Rudas, y a un tal Moisés de la Cruz, a quien nadie conoce aquí.
“Ramón y Carmen dieron un paso adelante y los ubicaron aparte. Después empezaron a pedirles cédulas a los hombres. Una mujer alta, mona, con apariencia del interior, que aparentemente lideraba el grupo, dio la orden de que dejaran las cédulas y comenzaron a seleccionar a dedo a quien les daba la gana”, dijo un testigo.
Cuando reunieron a 30 personas obligaron a las demás a ingresar a la capilla.
“A los 30 los dividieron en cuatro grupos y se los llevaron a las afueras del pueblo. Desde la iglesia solo escuchábamos las ráfagas, dijo entre sollozos Duvis Arévalo, a quien le mataron al papá, al esposo y a un hermano.
Los paramilitares quemaron unas 15 viviendas, dos de estas contiguas a la capilla.
Según la profesora Luz Marina Moreno, el grupo no se identificó, pero cuando reunió a la gente en la plaza preguntaron que cuándo había pasado la guerrilla. “Un señor les dijo que la última vez fue a principios del año pasado, pero un tipo le gritó ‘mentiroso, todos ustedes son apoyadores de la guerrilla”, explicó.
La presencia de los asesinos en la población duró cerca de una hora. De la capilla la gente solo salió cuando se dejaron de escuchar las ráfagas y los lamentos de las víctimas
 

EL COLOMBIANO 10 de Enero de 1999
Ayer, otros 39 muertos en ataques de autodefensas
Hubo incursiones en Antioquia, Bolívar y Magdalena

La racha de ataques por parte de grupos de autodefensa continuó ayer en diferentes regiones del país, hechos en los cuales fueron asesinados otros 39 ciudadanos. De esa forma llega a 84 el total de muertos por parte de esos grupos ilegales desde el pasado jueves, luego de que levantaran la tregua de Navidad.
En El Playón de Orozco, pequeño pueblo perteneciente al municipio de El Piñón, sur del departamento del Magdalena, un comando armado llegó en momentos en que la comunidad asistía a una misa de bautismo. Tras obligar a la suspensión del acto religioso, llamó a 20 personas que tenían anotadas en una lista y las asesinó afuera del lugar.
El coronel Octavio Grajales, comandante de la Policía Magdalena, informó que el hecho fue denunciado por el propio sacerdote que presidía la eucaristía.  Aunque todo ocurrió ayer en la tarde, la fuerza pública apenas hoy estará desplazándose al lugar para apersonarse de la situación.
Entre tanto, otras 14 personas fueron asesinadas en San Pablo, sur del departamento de Bolívar. Tres más quedaron heridas y se llevaron secuestrada a otra. La Policía indicó que el nuevo ataque ocurrió en la madrugada de ayer.
Los miembros del grupo de justicia privada, unos 40 hombres, irrumpieron en una sala de juego de billar, un bar y en casas de la población y tirotearon a las víctimas, hombres y mujeres de diferentes edades, tras acusarlas de apoyar a la guerrilla.
Los criminales atacaron el puesto de policía sin causar víctimas entre los uniformados, señaló el comandante operativo de la Policía Nacional, general Alfredo Salgado Méndez.
Por último, en el sector La Bramadora, zona rural del municipio de Guadalupe, norte de Antioquia, cinco campesinos también fueron ajusticiados, en actos que se atribuyen también a los mismos grupos al margen de la ley.
 

EL ESPECTADOR. 10.1.1999
Masacre en enero
Por: ALFREDO MOLANO

Todo el país sabía. La Fuerza Pública estaba avisada, también los medios masivos de comunicación. La opinión pública esperaba sólo el número de hombres, mujeres y niños asesinados. La Cruz Roja estaba preparada, también la Fiscalía General de la Nación. Medicina Legal había evacuado los cadáveres recogidos durante las festividades de fin de año para poder acomodar a los muertos que las furias de Carlos Castaño tendrían que producir en los mismos días en que las mesas de diálogo se instalaran.
Todos lo sabíamos, y sin embargo, hoy sólo podemos registrar los hechos, llorar los muertos y lamentar nuestra impotencia.
Estamos acostumbrados al mecanismo: matan los perros del caserío, llegan los camiones vestidos con el uniforme del Ejército; si hay puesto de Policía le disparan tres tiros para que los agentes se metan entre el baño y no vean ni sepan qué pasa afuera; luego sacan de sus casas con lista en mano 20 colombianos, asesinan a 15 y se llevan cinco para torturar y obtener información sobre otros colombianos que serán incluidos en la siguiente lista, se roban las casas antes de quemarlas y salen muy orondos como entraron.
A las seis horas llegan los periodistas, recogen información mientras las viudas gritan, el cura párroco da declaraciones y los camarógrafos filman los cadáveres y el humo que dejan los incendios; luego llega la Fiscalía y hace su oficio.
A las doce horas llega la Policía y hace el suyo
declaraciones y declaraciones?; a las 24 horas llega el Ejército y ordena una investigación exhaustiva: preguntan por dónde se fueron los señores de las autodefensas.

El país se estremece cuando suma los muertos: 130 colombianos juzgados en secreto y ejecutados en público. El país se prepara para comenzar a vivir el último año del milenio.
 

EL ESPECTADOR 10.1.1999
Los mensajes de una carta y un discurso
Por: WILLIAM OSPINA

Bogotá
Más que dos discursos, desde San Vicente del Caguán escuchamos una carta y un discurso. En las cartas siempre habla un ausente, y a pesar de la presencia de jefes guerrilleros, algo de la guerrilla estuvo ausente. Incluso el modo como Marulanda termina su mensaje, la fórmula ritual de la correspondencia: “no siendo otro el motivo de la presente me despido de ustedes” enfatiza su carácter epistolar.
Se ha criticado la insistencia de Marulanda en recontar los episodios de la larga guerra, pero no se asiste a estos actos para decirle al otro cuál debe ser su tema y su tono sino para escucharlo con atención.
El tono del documento de Manuel Marulanda es el de una suerte de memorial de agravios, en el que se siente que la causa principal de la lucha es una vieja ofensa. Ello no disminuye la importancia histórica de esa lucha: una ofensa repetida puede equivaler a una política.
Marulanda habla como anfitrión: “Reciban un cordial saludo de bienvenida y al mismo tiempo nuestro agradecimiento por honrarnos con su presencia en este trascendental acto público”. Casi puede percibirse una ironía; es como se dijera al Estado y a los visitantes: es la primera vez que ustedes vienen por aquí, mientras que éste ha sido siempre nuestro mundo.
El jefe guerrillero ha dado en su texto explicación de su insistencia en los hechos del pasado: parte de la base de que la mayoría de colombianos los ignoramos -en eso no se equivoca- y considera que ellos lo justifican históricamente: mal haría en no aprovechar para contarlos, la primera vez que tiene la oportunidad de dirigirse al país, seguro de que lo escuchan.
En el Memorial de Agravios se oye la voz de un campesino: hace un paralelo entre el ataque a Marquetalia en 1964 “donde el Estado -dice- nos expropió fincas, ganado, cerdos y aves de corral” y el ataque un cuarto de siglo después, en 1990, a Casa Verde, donde “se apodera de 300 mulas, 70 caballos de silla, 1500 cabezas de ganado, 40 cerdos, 250 aves de corral, 50 toneladas de comida, destruye puentes de la comunidad, arrasa con las sementeras y quema casas...”.
Su reiteración es ésta: cada vez que reclamamos algo nos persiguieron, y así el problema no ha hecho más que crecer. Según las Farc, esta guerra que hoy le cuesta al país 8.000 millones de dólares al año pudo haberse evitado hace 34 años con una inversión no superior a cinco millones de pesos. De ahí que el momento más vigoroso de la carta de Marulanda sea aquel en que dice “y sólo ahora, después de 34 años de permanente confrontación armada, los poderes y la sociedad comienzan a darse cuenta de las graves consecuencias del ataque a Marquetalia”.
He leído en algún diario que el tono de la intervención de Marulanda causó desazón y malestar en el país. Es extraño oir eso. El texto de Marulanda es quejoso y reiterativo en la enumeración de las ofensas sufridas, y en parte es injusto porque sólo considera los errores ajenos y no reconoce con suficiente sinceridad que ellos también han participado de la atrocidad de la guerra, que la guerra produce sufrimientos y que ellos, a la vez que los han padecido, también los han causado, pero no es un discurso amenazante ni vociferante, tiene el tono de una justificación histórica; por momentos, incluso, es cortés, y no termina siquiera con viejas consignas virulentas al modo de Gaitán o con invocaciones clamorosas al modo de Camilo Torres, sino con “un cordial y fraternal llamamiento a todos los colombianos”.
El discurso del presidente Pastrana comienza haciendo un reconocimiento a la validez de las quejas del jefe guerrillero: “Hoy venimos a cumplir una cita con la historia. Hemos demorado casi medio siglo en hacerla realidad”.  Lejos de toda arrogancia, Pastrana parece hablar en nombre de una generación nueva que ha cambiado de actitud ante un hecho social, y su lenguaje coincide más de una vez con el de Marulanda. Éste ha dicho: “Los representantes de las Farc, Ep están dispuestos a escuchar y a ser escuchados”, Pastrana declara: “Estamos dispuestos a discutir, estamos dispuestos a proponer, a evaluar, pero sobre todo a construír”.
El énfasis en su legitimidad democrática: “Como presidente de los colombianos”, “mi presencia en esta plaza como jefe de Estado de una sola nación”, quiere salirle al paso a los enemigos del proceso que proclaman el riesgo de una división del país. El párrafo en que sustenta su autoridad es elocuente: “Vengo investido de la legitimidad que me otorgó la democracia con la más alta participación histórica de nuestra historia republicana. Nos reune aquí el respeto por la unidad de la Nación y la consolidación de las instituciones”.
Es comprensible que el esfuerzo por recordar el pasado corra por cuenta de la guerrilla, mientras que Pastrana cumple con su deber de estimular el proceso de diálogo y argumentarlo ante el país: “un país que exige detener la muerte y abrirse hacia las reformas que sean necesarias para merecer el futuro”. Habla con seguridad y dice lo que la gente necesita oír: “Sé para dónde vamos, sé que la travesía será difícil, sé que hay un camino dispendioso por delante”. Sin embargo, en medio de un discurso que podría perderse en exclamaciones de buena voluntad, en un brindis entusiasta sin mayor rigor, se advierte el esfuerzo por hablar con realismo. En vez de decir que acabará en el acto con la corrupción y con la pobreza, que creará millones de empleos, prefiere matizar sus promesas: “quiero una nación próspera y optimista, sin violencia, comprometida contra la corrupción, progresando contra la pobreza”, “buscamos crear las condiciones para dar empleo seguro y confiable”. En un país acostumbrado a promesas irrestrictas que nunca se cumplen, vale agradecer esa moderación en el lenguaje, que termina siendo prueba de honestidad.
Una objeción frecuente al proceso de paz es la de quienes piensan que una mera negociación entre guerreros no corregirá las causas estructurales de la violencia y del caos. El presidente procura demostrar que no peca de iluso y que conoce la complejidad del desafío: “Yo sé que la paz sólo es posible si se tiene conciencia de la dignidad del ser humano... Yo sé que la paz empieza con el derecho a la vida”. Y en un discurso que tiende a la abstracción, llega el momento de declaraciones más substanciales, en las que estaría esbozada una dinámica posible de la negociación: “Cada progreso de la paz será un avance de los recursos para cimentarla y apuntalarla. Cada acuerdo dará lugar a proyectos de desarrollo y creará las condiciones para que la solidaridad de los pueblos convierta en obras de bienestar las buenas intenciones de sus propósitos”.
Pastrana coincide con Marulanda en que se requieren cambios en grande. El jefe guerrillero ha dicho que la superación de la crisis nacional “sólo podrá darse realizando profundos cambios en las estructuras del Estado”, el presidente, que “nuestra paz debe generar un modelo de nueva sociedad, en donde lo social sea la fuerza que anime la transformación del Estado”.  Marulanda, quien desconfía de los mecanismos democráticos nacionales, convoca a las organizaciones no gubernamentales a “acertar en la escogencia de sus representantes, a través de asambleas populares, para que hagan parte de la mesa de diálogo”. El presidente también convoca a la comunidad: “Todo el que sueñe la patria tiene el derecho y la obligación de participar en este esfuerzo que nos debe vincular a todos”. Y añade que “hay gente que sólo está de forma intelectual con la paz, pero no quiere hacer sacrificios por ella”.
Es una lástima que la guerrilla exija con tanta vehemencia el castigo de los crímenes de los otros y no mencione siquiera sus propios errores. A la hora de dialogar, más que en castigos, el esfuerzo debe estar en la búsqueda de la reconciliación, y para que el país sea comprensivo, hay que ser menos inflexibles. También es una lástima que el presidente, acaso para no producir la sensación de que está condicionando el proceso, no haya aprovechado la ocasión para plantear con mayor claridad cómo lo ve en términos de procedimiento, pues sin duda tiene ideas claras al respecto.  Pero tanto el tono inflexible y poco autocrítico de algunas frases de Marulanda, como cierta sensación de vaguedad y de imprecisión por parte del gobierno hacia el proceso de paz son cosas que pueden ser corregidas.  Lo reconfortante y esperanzador es que estamos por fin en el diálogo, que hay voluntad de las partes. Y que todo apenas comienza.
 

EL ESPECTADOR 10.1.1999
“Tengo una mala corazonada”
Por: ARTURO JAIMES

Enviado especial, San Vicente del Caguán
El jueves por la mañana, cuando ya todo el mundo empezaba a esperarlo en el parque principal, Manuel Marulanda Vélez, Tirofijo estaba muy cerca de este pueblo. Apenas a unos cuantos minutos de camino. Sin embargo, ya tenía el alma llena de zozobras y recelos. Él sabe a ciencia cierta que cualquier día, en cualquier lugar y a la hora menos pensada, alguien intentará asesinarlo. Por eso es cauteloso en extremo. Y por eso ha sobrevivido en los casi cuarenta años que lleva en guerra. Y el jueves, apenas un poco antes de la hora señalada, cuando uno de sus hombres de confianza le preguntó si en definitiva iba o no a cumplir la histórica cita que tenía a las diez de la mañana con el presidente Andrés Pastrana, con el pueblo de San Vicente del Caguán, con Colombia y con muchos países del mundo, pero en especial con las esperanzas de paz de millones de seres, le respondió: “Tengo una mala corazonada”. “¿Cómo así?”, le replicó uno de los hombres que tenía cerca. “Sí. Tengo una mala corazonada campesina”.  “Comandante, pues tome usted la decisión final”, le dijeron entonces algunos de sus hombres más allegados, según el pequeño relato que hizo el jueves por la tarde uno de los hombres cercanos a Marulanda, en voz baja y como si estuviera revelando un terrible secreto de Estado. Y tenía razón.  Para las Farc era ni más ni menos que eso: un secreto de Estado. Y además aclaró que en el momento supremo, en el instante de tomar la decisión de no asistir, quedó en claro que sería una determinación del propio Marulanda, pero que los otros seis miembros del Secretariado General de las Farc se oponían de plano a cualquier acto en que pusiera en serio riesgo la vida de su comandante. No en vano es casi un mito que a lo largo de su historia él ha sido “dado de baja” en montones de noticias, pero él sigue vivo en carne y hueso.

“Razones de seguridad”
Lo cierto es que Marulanda no fue. Todo el mundo se quedó esperándolo. Y esa misma mañana comenzaron los rumores. Las interpretaciones. Las versiones. “Sí, puede haber razones de seguridad, pero algunos creemos que Marulanda sencillamente no quiso enfrentarse por vez primera a un escenario para él desconocido: una tarima en plena plaza pública, en un pueblo ya grande, con zona urbana, y frente a los ojos del mundo. En el fondo, él sigue siendo un hombre de campo. Jamás ha sido un político de balcón y nunca lo será”, le dijeron a este diario cuatro allegados al Gobierno. “Además, a él ya le falla la vista y no podría leer con mucha fluidez un discurso, que, además, era un texto para él muy largo”, agregó un personaje de san Vicente que lo conoce muy bien. Incluso, otra persona vinculada a muchos pequeños grandes secretos de las Farc dio su propia versión en esta charla, sostenida a las 12:15 del mismo jueves, ahí, en una de las puertas de la casa cural. “Él ha estado un poco enfermo estos días”.  Pero todo ello se quedó así: en conjeturas. Sin embargo, según lo que dicho después por las propias Farc, Tirofijo tenía razones de sobra para no concurrir: estaba en marcha un plan para asesinarlo. La primera versión la dio Raúl Reyes, uno de los siete miembros del Secretariado de las Farc y, además, uno de los tres negociadores de ese grupo guerrillero. Fuera de ello, Reyes, tiene otros vínculos afectivos con Marulanda. Reyes es una especie de “canciller” de las Farc, y en sus tareas en el exterior por lo general lo acompaña Olga Marín, una de las hijas de Pedro Antonio Marín, el mismísimo Tirofijo. Esa primera versión sobre el atentado la dio Reyes el mismo jueves, pero ya a las 4:15 p.m., cuando el mundo seguía preguntándose por qué Marulanda no había venido. Esa primera noticia la dio Reyes en una congestionada y casi surrealista rueda de prensa, frente al atrio de la iglesia, ante un enjambre de micrófonos, grabadoras y cámaras, y con un pequeño batallón de periodistas sentados en el piso, ahí, en plena calle. Además, alguien tuvo que pedirle a Marbelle, la cantante, que se callara unos minutos, porque apenas a diez metros de ese lugar, en lo alto de la tarima, ella estaba cantando a pleno pulmón: “Que sube y que baja y que vuelve a subir....adónde irán los muertos ¡quién sabe adonde irán!...”.  La fiesta era ensordecedora y ahí, abajo, frente a ella, la multitud comenzaba a bailar. Era una escena macondiana. Y cuando Marbelle calló, Reyes comenzó a hablar. Pero esa primera versión que dio fue muy genérica. Reyes no aportó detalles. Fue casi un mensaje cifrado: “La ausencia del comandante Marulanda no fue un desaire contra el presidente, contra la paz o contra el mundo. Él no vino por razones de seguridad. Las Farc no podían poner en riesgo la vida de su máximo líder, y mucho menos, una aspiración de todos: el proceso de paz. Eso hubiera sido una irresponsabilidad”, fue lo que dijo. Y agregó un dato clave: “Al Gobierno le volvimos a comunicar hace pocos días nuestros temores por un posible atentado”. Pero, a pesar de la insistencia de los reporteros, Reyes no habló más del tema. No reveló pormenores. No dio detalles. Por eso siguieron proliferando los rumores y las especulaciones.

“Me iban a matar”
La “bomba” noticiosa estalló el viernes en la mañana. Y el protagonista fue Fabio Olmedo Palacio, viceministro de Agricultura. “Me encontré personalmente con Manuel Marulanda Vélez, allí, a unos cinco minutos del pueblo y me dijo que las Farc habían detectado un atentado en marcha para asesinarlo y que por eso no vino. Al parecer, ellos tienen detenidos a dos de los hombres que iban a dispararle y creo que van a dar detalles de eso muy pronto”, fue, palabra más, palabra menos, lo que dijo. La primicia fue para RCN Televisión, que, de inmediato, lanzó un extra. El revuelo fue indescriptible. Y como prueba de su encuentro con Marulanda ahí, en Villa Nora, en las goteras del pueblo, el viceministro trajo fotos en las que aparece él con Tirofijo, el legendario fundador de las Farc. Esas fotos las tomó un guerrillero: Joaquín Gómez, uno de los jefes del Bloque Sur y también uno de los tres negociadores de las Farc. Y el viernes, ya un poco más tarde, Daniel Ortega, el ex presidente sandinista de Nicaragua, confirmó la versión.
“Manuel Marulanda nos dijo que poco a poco habían ido descubriendo un plan para asesinarlo y por eso no vino. Él no quería poner en peligro su vida, pero tampoco el proceso de paz. Ellos nos contaron algunos detalles, pero son las mismas Farc las que los deben revelar”, indicó Ortega y se marchó a Bogotá. Marulanda y otros delegados internacionales pasaron la noche del jueves en un campamento de las Farc cerca al pueblo. Allí hablaron casi toda la noche con Marulanda y otros jefes guerrilleros, y el viernes, luego de un desayuno campesino, regresaron a San Vicente, cogieron sus maletas y se fueron. El jueves, casi al mediodía Iván, uno de los 27 miembros del Estado Mayor Central de las Farc que estaba “de visita” en San Vicente, ratificó la denuncia: “Iban a asesinar al comandante Marulanda. Hubiera sido una irresponsabilidad haberlo arriesgado a él y al proceso de paz. Por eso no vino”, afirmó él y también se marchó del pueblo. Y para completar el escenario, el viernes en la noche, a través de RCN Televisión, Víctor G. Ricardo, alto comisionado para la Paz también dio algunos detalles, esta vez desde Bogotá. Dijo que “desde hace cinco, seis u ocho días”, las Farc le habían comunicado que habían detectado un posible atentado en marcha, y que tenían serias dudas sobre dos hombres armados que habían localizado. Para entonces, aunque nadie lo había descrito con pelos y señales, para todos ya estaba claro que si el presunto atentado se hubiera consumado, sin la menor duda hubiera habido una verdadera catástrofe, una enorme matanza, un estallido sangriento en el parque principal de este pueblo. Y lo cierto es que Andrés Pastrana ?apenas después de esperarlo casi 45 minutos? supo que Marulanda no vendría.

Versiones encontradas
Sin embargo, ante la ausencia, al menos hasta ayer en la tarde, de pruebas contundentes y de una versión completa y detallada sobre el posible atentado, en las últimas horas han proliferado las versiones encontradas y los interrogantes aún sin respuesta. Para comenzar, algunos medios han dicho que dos francotiradores enviados por Carlos Castaño, el jefe paramilitar, fueron capturados por las Farc apenas unos minutos antes de iniciarse la ceremonia del jueves y cuando ya Marulanda estaba en las afueras del pueblo, camino al parque principal. Además, otras versiones indican que esos dos presuntos detenidos serán entregados por las Farc al Gobierno, pero hay quienes sostienen lo contrario: que los mostrarán, pero no los entregarán. Y no han faltado quienes han dicho, en abierta contradicción con otros informes, que “los francotiradores tenían armas cortas”. La realidad es que si tenían armas cortas ...¡no eran francotiradores! Eran pistoleros. Sicarios. Y también hay quienes han dicho que con esas armas cortas iban a disparar desde el cerro donde está el acueducto del pueblo y que queda por lo menos a 3.000 metros del parque principal, olvidando que con armas cortas muy difícilmente podrían hacerlo y que en ese cerro, desde muy temprano y como le consta a todo el pueblo, estaban por lo menos una docena de guerrilleros que jamás dejaron de vigilar desde ese alto.
 

EL ESPECTADOR 10.1.1999
Cese al fuego con las Farc está lejano
DE LOS ENVIADOS ESPECIALES

San Vicente del Caguán
Las Farc aceptarán a mediano plazo un cese al fuego, siempre y cuando se logre un acuerdo en la mesa de diálogo sobre “al menos ocho de los diez puntos que conforman la plataforma para un gobierno de reconstrucción y reconciliación nacional”, anunció ayer Jorge Briceño, “El Mono Jojoy”, segundo hombre en importancia de la organización.
Briceño habló ayer a los periodistas a eso de las 8:30 am, en la vereda La Machaca, cerca de San Vicente del Caguán. Por considerar de importancia los anuncios, reproducimos su contenido.
¿La guerrilla cree en la paz?
Jorge Briceño: Queremos encontrar una salida civilizada, distinta a los tiros, para resolver los problemas de los colombianos, para que todos tengamos derechos iguales.
¿Se sienten satisfechos por la mesa de negociadores que les ha nombrado el Gobierno. Creen que con ellos se puede negociar algo?
Bueno, nosotros tenemos un equipo de cuadros de las Farc, que son los autorizados para hacer las ruedas de prensa y responder las preguntas.  Ellos son los comandantes Raúl Reyes, Fabián Ramírez y Joaquín Gómez.  Pero desde luego que estamos satisfechos por todo lo que hemos alcanzado hasta ahora.
¿Por qué el comandante Marulanda no asistió a la instalación de las mesas?
Tengo entendido que se había preparado un acto terrorista contra él y por eso no hizo presencia, pero él tiene toda la disponibilidad. Lo importante de todo es cuidar la integridad física de él y del mismo presidente para que el proceso continúe.
(Ante las múltiples preguntas, Briceño pidió a los periodistas orden y ofreció responder un interrogante a cada uno).
¿Es cierto que ustedes tienen detenidos a los dos paramilitares que serían los encargados de asesinar a Manuel Marulanda el día de la ceremonia?
Me informaron que habían detenido a dos personas, que ellos dijeron que estaban preparando un acto terrorista contra Marulanda y el presidente. Por eso él no hizo presencia.
¿Los van a entregar a las autoridades?
Dejemos que se tome una decisión en el Estado mayor.
¿Ellos confesaron que iban a atentar contra Marulanda?
Eso es lo que nos han informado hasta ahora.
¿Les incautaron armas?
No tengo información
¿Cómo avanza el proceso de canje?
El próximo 20 de enero habrá una reunión del comandante Marulanda y representantes de los tres poderes para tratar el tema de la ley de canje, que significa que se establece en el tiempo, es decir una ley que dure, por si no resolvemos ahora el conflicto armado, si continúa, podamos canjear los prisioneros que tengamos de parte y parte. Por ahora vamos bien y pensamos que eso va a salir pronto.
¿Cuándo será posible un encuentro entre el presidente y el comandante Marulanda?
Eso toca esperar a que el comandante Marulanda y su Estado mayor tomen una decisión en coordinación con el Presidente de la República.
¿Pero se puede dar ese encuentro?
Es posible que eso se dé a medida que avancemos en las conversaciones.
¿La no ida de Marulanda al acto de San Vicente fue un desplante?
En ningún momento. El comandante Marulanda, desde hace 34 años en Marquetalia, ha tenido la mejor voluntad política para buscar la salida negociada, la salida civilizada, distinta a los tiros. Es el gobierno, o mejor, su régimen oligárquico el que no ha querido buscar una salida. Nosotros somos los más interesados en la paz, porque a nadie le gusta vivir en el monte por capricho. Tenemos derecho también a ir a otras ciudades. A Bogotá, Medellín y a otros lugares del mundo.
¿Está descartada una negociación de ustedes con los paramilitares?
Es que ellos hacen parte del Estado. Hablar con el Gobierno es suficiente.
¿El Gobierno es paramilitar?
Ellos fueron los que sacaron esa ley o, digamos, armaron a los grupos paramilitares; son los responsables. El Estado colombiano es responsable de esa política.
¿Por qué las Farc están sembrando terrorismo, al estilo de las autodefensas, como ocurrió en Tierralta, Córdoba?
Mire: nosotros ante todo somos combatientes revolucionarios. Dentro del campo de combate hay muertos, heridos y prisioneros. Pero no decapitamos a nadie. Ésa es la información que le venden los agentes del Estado a los periodistas, y ustedes la transmiten al mundo para desprestigiar a la guerrilla. Entonces les pido el favor de ser más prudentes. Constatar primero las informaciones, porque el mismo Ejército puede hacer eso. Y de los que murieron allá la mayoría son paramilitares, en un asalto que hizo el bloque José María Córdoba a la sede del campamento de Castaño, porque están matando la gente. Entonces nosotros también tenemos que responder con armas.
¿Entonces ellos mismos se cortaron la cabeza, o qué?
Pues no sé qué pasaría ahí, pero las Farc no fueron, porque no es la costumbre ni es la línea del movimiento.
Carlos Castaño dijo que después del 7 de enero iba a hacer una arremetida.
Incluso amenazó con meterse a la zona del despeje. ¿Ustedes qué dicen?
Bueno, esperemos a que los generales, que son sus superiores inmediatos, le den la orden, a ver si lo hace o no. Yo, de Castaño, no quisiera hablar, porque eso es hablar del Estado.
¿Cuál es su valoración sobre lo que debe ser la relación con Estados Unidos en este proceso?
Con Estados Unidos lo que se está discutiendo es el problema del narcotráfico. En primer lugar, que se den cuenta de que la guerrilla no es narcotraficante. Lo tenemos como principio. Que venga y verifique en las distintas zonas, para que se de cuenta de que el Gobierno y sus Fuerzas Armadas han estado engañando a Estados Unidos, o a los gobiernos, para pedir ayuda y bombardear y fumigar a los colombianos. Eso es lo que queremos que se comprenda. Hay que buscar una salida..., negociada, digamos, una salida civilizada al problema del narcotráfico en el país.
¿Aceptarían una inspección de las autoridades estadounidenses para que vean que ustedes no están narcotraficando?
Pues se mirarían las condiciones para que vengan y miren las distintas áreas. Aunque ellos ya están aquí entrometidos en este país.
¿Tienen que estar armados para que los escuchen a ustedes?
Porque resulta que uno entre más va creciendo y se va poniendo jechito, necesita resolver los problemas con mucho más carácter. Entonces, como las Farc son una organización que ante todo lucha por el bienestar de todos los colombianos, por eso es que buscamos la salida civilizada. Estamos muy grandecitos para que nos escuchen y nos crean, de otra manera el Gobierno no escucha.
¿Tienen una propuesta frente a los narcocultivos?
Está en los Diez puntos de la plataforma para un gobierno de reconstrucción y reconciliación nacional.
Pero esos puntos están desde 1993
Pues en las mismas conversaciones se puede mirar qué otros puntos se agregan. Pero hay que arrancar por algo, no importa que sean antiguos.  Son como las Farc, viejas pero vigentes.
¿Se ampliará el tiempo del despeje?
Esperemos que lo defina la comisión encargada para ello.
¿Cómo le parece la paz armada?
¡Ah, chévere! Porque ¿no ve que el fusil es el garante de los acuerdos? Un fusil mientras el ser humano no ordene dispararlo no se dispara. Depende de los hombres que los manejan. Si no tenemos los fusiles a nosotros no nos respetan. Ni siquiera ustedes vienen aquí a escucharnos. ¿Para qué?  Vienen porque tenemos fusiles, ¿cierto? Si no, no se vendrían a asolear aquí hoy.
Pero usted dice que tienen derecho a caminar por Bogotá, Medellín y otras ciudades del mundo. ¿Quiere hacerlo con fusil?
Claro, mucho mejor. Que el pueblo lo conozca a uno tal cual es. Porque cuando era civil no era nada. Me he hecho en las armas.
¿Cómo van a dejar las armas en caso de que lleguen a una negociación?
Eso dejemos que lo resuelvan en la mesa de conversaciones.
¿Mientras sigan los diálogos van a continuar también los ataques a diferentes poblaciones del país?
Fue el Gobierno el que planteó que habría una zona de despeje y una zona donde continúan los combates. Nosotros estamos listos para lo que nos toque. Para la paz y para el combate si nos agreden. Y como no hay cese del fuego no hay acuerdos, no hemos avanzado todavía mayormente en nada, entonces en otras partes del país continuarán los combates, porque así lo quiso el Gobierno, no nosotros.
¿Hay posibilidades de una tregua?
La tregua sería después de que aprueben siquiera unos ocho puntos de los diez; que ameriten un cese al fuego, con mucha responsabilidad y seriedad, de resto no amerita...
¿Por qué no abrir esa puerta?
Porque no hay condiciones todavía. Hay que adelantar primero en los otros puntos.
Usted tiene fama de ser un hombre duro. ¿Cuál es el lado humano suyo para mostrárselo al país?
(Carcajadas...) El lado humano es que soy, ante todo, un guerrillero y estoy con ustedes mostrando lo que son las Farc. Entonces eso lo ha armado es el propio Ejército y se lo ha vendido a ustedes los periodistas.  Aquí no hay ni línea blanda ni línea dura. Aquí hay una dirección colectiva que responde por toda la línea política, militar, financiera y social del movimiento guerrillero de las Farc.
¿Usted reitera que no tienen secuestrados en las Farc?
Ésa dejémosla para otro día.
¿Cuál es la situación de las madres de los soldados?
Bueno, nosotros tenemos los soldados de Miraflores, de Mitú, El Billar, La Uribe, de Vichada... el bloque Sur tiene los de Patascoy y otros de un pueblito...., no recuerdo ahora. Todos están en buen estado de salud, están alimentados, tienen las medidas de seguridad necesarias.
El mensaje para las madres sería que hagan el esfuerzo de organizarse y pedirle al Gobierno la solución, la ley del canje para que salgan pronto esos muchachos del monte y los guerrilleros de las cárceles.
¿Ustedes tienen los misioneros de Estados Unidos?
Nosotros no tenemos misioneros de Estados Unidos. Eso es carreta que se han inventado las mismas autoridades colombianas para desprestigiarnos y pedir más ayuda de los gringos.
¿Ustedes son partidarios del Derecho Internacional Humanitario?
Nosotros tenemos nuestro propio estatuto de derecho humanitario. No aceptamos otros, hasta el momento. El respeto a la vida, el respeto a la integridad física de las personas, a excepción de que estemos en combate, que es otra cosa, ¿no?
¿Y el que aplica la Cruz Roja Internacional no lo aceptan?
No, porque a nosotros no nos han reconocido como fuerza beligerante.  Tenemos nuestras propias reglas disciplinarias, nuestros propios documentos.
¿Van a entregar pruebas de supervivencia?
Ya se han entregado de todos. Sería repetirlas.
¿Cómo se ve usted dentro de 5 años?
Con cinco años más.
 

EL ESPECTADOR 9.1.1999
PROPÓSITO PAZ NACIONAL
Se unirían madres de soldados y guerrilleros

DE LOS ENVIADOS ESPECIALES
San Vicente del Caguán
Las madres de los soldados que se encuentran en manos de las Farc podrían unirse con las de los guerrilleros que hoy se encuentran en prisión para solicitarle al Gobierno que acepte la fórmula del canje propuesta por ese grupo guerrillero.
La prueba para que esta unión sea una realidad será el próximo 13 de enero, fecha elegida por las madres de los soldados y policías retenidos para reunirse en Bogotá en la sede de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc).
El encuentro fue sugerido por el comandante Jairo, uno de los jefes zonales de las Farc que ayer visitó a San Vicente del Caguán para entrevistarse con unas 30 madres que acudieron a este municipio para reclamar la pronta liberación de sus hijos.
“Hagan una sola familia, una sola asociación de madres”, dijo el comandante Jairo al lanzar la propuesta de unir a todas las madres que tienen a sus hijos en el monte o en una de las 183 cárceles colombianas.
Y parece que la propuesta caló, porque no sólo se logró fijar una fecha para un encuentro tentativo. También se escucharon opiniones de las madres en las que se responsabiliza al Gobierno de dilatar la solución para el problema del canje.
“Queremos el canje. El Gobierno puede hacer algo con la Ley 418”, dijo una de ellas para hacer referencia a la ley de orden público que faculta al Gobierno a otorgar indultos para los guerrilleros que hayan incurrido en la comisión de delitos políticos.
Tanto Gobierno y Farc tienen previsto en su agenda reunirse el próximo 20 de enero en la hacienda Caquetania para discutir las alternativas jurídicas para lograr el intercambio de soldados y policías por guerrilleros.
El comandante Jairo no quiso referirse al tema del canje pues advirtió que este tema lo está liderando el jefe máximo de esa organización subversiva, Manuel Marulanda Vélez, pero reconoció que son conscientes de la angustia que viven las madres.
“Entendemos el dolor de las madres porque no somos extraterrestres”, sostuvo el comandante, quien lucía una camiseta con la imagen estampada de los legendarios líderes de las Farc: Manuel Marulanda y Jacobo Arenas, quien falleció en 1990.
Las madres, entre tanto, expresaron su agradecimiento hacia las Farc por las atenciones que les brindaron durante una reunión que sostuvo con algunos de sus comandantes en la que les brindaron información sobre la suerte de sus hijos retenidos.
 

EL COLOMBIANO 9 de Enero de 1999
De manera formal, en La Machaca
Hoy comienza el diálogo
Voceros del Gobierno y las Farc se reúnen a las 9 a.m.

La Comisión de Voceros del Gobierno guardó absoluto hermetismo sobre las propuestas que le presentará a la subversión. Entre tanto, la guerrilla explicó que sugerirá, entre otras cosas, una mesa itinerante por los cinco municipios del despeje
Enviados especiales José Guillermo Palacio. Diana Losada Castaño
San Vicente del Caguán
Hoy el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, definirán el mecanismo para fijar los temas de la agenda de diálogo, lo mismo que los municipios del despeje donde se llevarán a cabo los encuentros.
La cita se fijó para las nueve de la mañana en la vía que conduce al caserío de La Machaca y a ella asistirán como voceros del Gobierno el presidente del Senado, Fabio Valencia Cossio; la ex canciller liberal, María Emma Mejía; el empresario Nicanor Restrepo Santamaría y el gobernador del Atlántico, Rodolfo Espinosa.
A su vez la guerrilla estará representada por sus negociadores Joaquín Gómez, Fabián Ramírez y Raúl Reyes.
La Comisión de Voceros del Gobierno guardó absoluto hermetismo sobre las propuestas que le presentará a la subversión. Entre tanto, la guerrilla explicó que sugerirá, entre otras cosas, una mesa itinerante por los cinco municipios del despeje y la entrega de un comunicado de prensa conjunto al final de cada reunión.
Se conoció, además, que el alto comisionado para la Paz, Víctor G. Ricardo, estará encargado de coordinar el grupo que en representación del presidente Andrés Pastrana acudirá a la cita de La Machaca.

Reunión
Ayer, desde tempranas horas de la mañana la Comisión de Voceros estuvo reunida en el Batallón Cazadores, lugar en el que se hospeda, discutiendo los mecanismos que propondrá el Gobierno para manejar los diálogos de paz.
La reunión fue privada y al cierre de esta edición, los voceros no habían salido de la sede del Gobierno.
A su vez, la mayor parte de la guerrilla abandonó antenoche el casco urbano de San Vicente del Caguán y sus líderes se retiraron hacia La Machaca con los invitados internacionales que asistieron al evento.
Manuel Marulanda Vélez, comandante de las Farc, recibió invitados de Brasil, Suiza, El Salvador, Cuba y Nicaragua, desde la noche del jueves.
Para el ex presidente de Nicaragua, el sandinista Daniel Ortega, quien habló con Marulanda jueves y viernes, la razón de la no asistencia del comandante guerrillero a la mesa de instalación del diálogo obedeció a razones de seguridad.
“Las razones de por qué no acudió tienen suficientes elementos y por eso Marulanda prefirió andar con paciencia. El problema fundamental era asistir a una ceremonia pública, pues es muy complicado manejar la seguridad, pero él está dispuesto a encontrarse con el presidente en otra oportunidad”, dijo Ortega antes de abandonar San Vicente del Caguán.

Viceministro
Por su parte, el viceministro de trabajo Francisco Olmedo Palacio, quien también se reunió con el máximo jefe de las Farc, explicó que Marulanda Vélez tuvo la intención de asistir al acto de instalación de los diálogos, pero su guardia de seguridad le advirtió que no era pertinente.
“Estaba muy cerca al casco urbano, pero sus hombres le avisaron que no debía asistir por seguridad”, reiteró Olmedo.
El viceministro de trabajo además afirmó que las Farc le informaron que podía haber un atentado, “no nos hablaron de nombres de detenidos, pero si tienen a alguien me imagino que deberán informárselo a Presidencia, al alto comisionado de Paz o a la Comisión de voceros del gobierno”.
Las Farc dijeron ayer que detuvieron a dos hombres armados antes de la instalación de la mesa de diálogo, razón por la cual le sugirieron a su comandante que no se presentara en público.
Sin embargo, no fueron revelados los nombres de los detenidos ni se informó qué pasará con ellos.

Agenda de las Farc
Luego de la argumentación sobre la no asistencia de Marulanda a la instalación de la mesa de diálogo, las Farc insistieron en que la propuesta de su agenda corresponde a los diez puntos de su plataforma política revelados en 1993. Expresaron también que los mismos sintetizan los problemas sociales y económicos del país y que aunque no es una camisa de fuerza para el Gobierno, no están dispuestos a ceder en lo que tiene que ver con la paz con justicia social.
A su vez, los voceros del Gobierno dijeron el jueves, luego del acto de instalación de la mesa, que no tienen una propuesta concreta sobre los temas que deberán debatirse y que escucharán a las Farc.
Por su parte, varios analistas consideran que comenzar por el Derecho Internacional Humanitario, DIH; el paramilitarismo o el canje llevaría a una pronta ruptura de las conversaciones debido a la desconfianza entre las partes y a las profundas dificultades para lograr consenso alrededor de temas en los que de antemano se conoce que hay serias diferencias.
 

EL COLOMBIANO 9 de Enero de 1999
Con apoyo de Estados Unidos
Ejército niega creación de batallones antiguerrilla

AFP-Santafé de Bogotá. El comandante de las Fuerzas Militares, general Fernando Tapias, negó ayer que se hayan creado dos batallones antiguerrilla con apoyo de Estados Unidos, tal como lo denunció las Fuerzas Armadas de Colombia, Farc, durante la instalación de las mesas de negociación con el Gobierno.
“No se han creado unidades para combatir a la insurgencia sino a los narcotraficantes, pero si hay elementos armados involucrados con las drogas pues ahí nos encontraremos y los combatiremos”, dijo el oficial a los periodistas.
Tapias respondió así al jefe máximo de las de las Farc, Manuel Marulanda, quien el jueves aseguró que el presidente Andrés Pastrana pretende cercar militarmente a los cabecillas rebeldes “con el pretexto” de la lucha antidrogas.
“Pastrana ha creado dos batallones móviles de contraguerrilla, uno asesorado y financiado por Estados Unidos, para ubicarlo en Guaviare y mantener un anillo alrededor del Secretariado”, manifestó en un mensaje leído en la iniciación de los diálogos de paz.
“Tirofijo” añadió en su discurso que el mandatario es responsable de la creación de “una unidad de inteligencia militar, dotada con sofisticados medios técnicos, y de recibir cinco millones de dólares para reestructurar una base aérea” en el departamento de Caquetá.
Según las primeras reacciones entregadas por el comandante del Ejército, las acusaciones de la guerrilla son infundadas y los esfuerzos logísticos del Gobierno en cooperación con Estados Unidos están orientados a minar el tráfico de estuperfacientes.
 

EL ESPECTADOR 9.1.1999
Las secuelas de un horror anunciado
Bogotá

Apenas 24 horas después de que en San Vicente del Caguán se enarbolaran banderas de paz, la violencia volvió a arreciar por cuenta del paramilitarismo, y en medio centenar de hogares no hay tregua para el dolor, ni esperanza de que cese la cadena de retaliaciones que mantiene nutrido el monstruo de la guerra.
Sólo que en esta ocasión constituye el primer capítulo de un horror anunciado. El 6 de enero finalizó la tregua de navidad publicitada por Carlos Castaño Gil, y a las 48 horas, en los departamentos de Antioquia y Cesar, el paramilitarismo dejó su impronta de sangre y fuego, sin que a la vista se avizore un simple gesto humanitario.
Es la tardía respuesta de las Autodefensas de Córdoba y Urabá al ataque de las Farc a uno de sus campamentos en el nudo de Paramillo. Es el retorno de la disputa territorial de la afligida zona de Urabá. La reactivación de cinco bloques de lucha armada, que en su propósito de contrarrestar el avance de la insurgencia, vuelven a dejar a su paso un rastro de tragedia y la seguridad de la próxima venganza.
Pero mientras los estadígrafos comienzan a registrar el itinerario de masacres del año nuevo, ¿qué estarán pensando los cerebros de la seguridad nacional en el poder ejecutivo?  ¿cuántos muertos más tendrán que contarse antes de que el Estado anuncie definitivamente su estrategia contra el paramilitarismo?
El país tiene claro que con las Farc habrá conversaciones, así resulten interminables, en La Machaca (Caquetá). Con el Eln se tiene pactada una Convención Nacional con fecha de apertura el 13 de febrero. Pero ¿cuál es la política contra el paramilitarismo? ¿una mesa alterna de negociación? ¿un cuerpo élite para cortar los nexos entre los mercenarios y la sociedad? El silencio oficial es tan doloroso como el nuevo recuento de homicidios.
Ayer se cumplió una nueva cumbre de expertos para evaluar el tema, se sabe que la próxima semana saldrá un documento para articular, al menos en el papel, los esfuerzos de las agencias de inteligencia del Estado. Se trazarán directrices, se anunciarán escuadrones, se divulgarán recompensas. Pero ¿cuántas matanzas habrá que reseñar antes de que se produzcan resultados?
En cambio episodios como la guerra en el sur de Bolívar o la fratricida disputa del nudo de Paramillo o el nordeste de Antioquia, con guerrilleros y paramilitares enfrentados, no demoran en repetirse con una consecuencia atroz: la muerte de muchos inocentes, el aumento de las legiones de desplazados, y las lamentaciones de un atribulado país que no alberga por ahora la esperanza de una tregua en el fuego cruzado.
Ayer fue en Curumaní (Cesar) o en Apartadó (Antioquia), mañana las malas noticias vendrán del Meta, Arauca, Cundinamarca o Casanare. Pero mientras sólo la Fiscalía enfrente al paramilitarismo, o en su defecto al Estado lo sustituya la insurgencia, nada puede esperar el país distinto al coraje de los investigadores del CTI, o la barbarie que dejan guerrilla y autodefensas cuando se matan, y de paso acribillan a gente inerme.
Lo demás es resignarse a saber que los muertos de ayer estaban anunciados. Cuando el jefe de las autodefensas, Carlos Castaño Gil, reapareció después del ataque de las Farc en El Diamante (Córdoba), lo advirtió tajante: “vamos a continuar la ofensiva hasta que la guerrilla opte por una salida civilizada al conflicto”. Y como esta opción aún es incipiente o sin duda muy remota, la única expectativa es que el Estado defina su postura frente a Castaño.
Se dirá que los discursos del Presidente son claros en advertir que se combatirá al paramilitarismo. Pero que se vea que no son apenas buenas intenciones. También la administración Samper anunció grupos élite para contrarrestar a este enemigo de la sociedad. Y fueron cuatro años de falsas promesas.

Once muertos deja masacre en Cesar
Valledupar
Once personas muertas, un número no determinado de desaparecidos, tres casas quemadas, terror y angustia dejó una incursión de grupos armados, la madrugada de ayer en el corregimiento Santa Isabel, municipio de Curumaní, en el centro del departamento de Cesar.
Según informaciones oficiales y de los temerosos moradores del poblado, más de 100 hombres llegaron a la una de la mañana, en dos vehículos y con lista en mano fueron sacando de sus residencias a jóvenes y ancianos, y les dieron muerte, en la plaza principal del pueblo.
“Quizá no eran 100 sino menos, pero con el miedo y las sombras de la noche uno veía más de 1.000”, dijo uno de los habitantes de Santa Isabel.
El grupo, que todo indica era de miembros de las
autodefensas, incursionó en el corregimiento de la manera más violenta registrada hasta ahora, en la triste historia de las masacres en Cesar, hasta el punto de balear a un anciano de 85 años e incinerar a una viejita de 82, que era ciega.
Los armados fueron derrumbando las puertas de viviendas y sacaban de sus lechos a las víctimas, que fueron torturadas y baleadas ante el terror de algunos pobladores, que fueron obligados a presenciar el horrible espectáculo.
Al despuntar el día, los cadáveres fueron llevados hasta el hospital San Andrés de Chiriguaná, para realizar las labores de rigor por parte de los funcionarios de la Fiscalía y para que sus familiares fueran a reclamar sus cuerpos sin tanto temor.
Diez de las víctimas fueron identificadas, de la otra aún no se tiene información.
Los muertos fueron: Giovanny Castro Herrera, de 22 años;
Alejandro de Jesús Rojas Machado, de 21 años; Julio Tafur Hernández, de 25 años; Armando Ruiz Hernández, de 51 y José Melquiades Robles Castillo, de 41.
Además: Álvaro Vega Santiago, de 29; Hermes Barbosa Ruiz, de 45; Luis Alfredo Guevara, de 20; Francisco Machado Ortega, de 85 y Sara Benjumea de Dita, de 82 años.
Todas las personas asesinadas exceptuando a Hermes Barbosa, quien era profesor de primaria, se desempeñaban en las labores del campo.
Habitantes de Santa Isabel aseguran que el grupo armado se llevó a varias personas aunque no se conocen identidades ni el número de los desaparecidos.
Mientras tanto, oficialmente se informó que cerca de la localidad, en Plan Bonito, vereda de El Paso, el mismo grupo secuestró a 4 personas más.
Llorando, varios vecinos de Sara Benjumea, la ancianita de 82 años, ciega y cuyo cuerpo ardió junto con su rancho, se lamentaron de no poder salvarla de las llamas, “porque no nos atrevimos a salir por miedo a ser también asesinados”, contaron los habitantes.
El señor Francisco Machado Ortega, de 85 años, logró salvarse de las llamas, pero eso no bastó porque fue ajusticiado en la plaza del pueblo.
Hoy, el pueblo está lleno de temor, mientras fuerzas combinadas de la Policía y el Ejército, tienen controlada parte de la zona, que desde hace años está considerada como la más conflictiva del departamento de Cesar.

Antioquia, epicentro de la violencia paramilitar
Medellín
Un saldo inicial de 41 personas muertas, de las cuales ya fueron identificadas 35, dejó una ofensiva de las Autodefensas Unidas de Colombia en once municipios del departamento de Antioquia.
En esta ocasión, los hombres de Carlos Castaño escogieron selectivamente a sus víctimas acusándolas de ser colaboradores de la guerrilla y anunciaron que no dejarán que la subversión retome el control de Urabá y el Nudo de Paramillo.
La mayor arremetida paramilitar se registró en la zona de Urabá donde 15 personas fueron asesinadas. Según el informe de las autoridades, el municipio más afectado fue Apartadó, donde fueron baleadas ocho personas.
El balance indica que a eso de las 3:00 de la madrugada de ayer hombres armados que vestían prendas de uso exclusivo del Ejército incursionaron en el barrio Policarpa y La Chinita y asesinaron a ocho personas.
Posteriormente, en los municipios de Carepa, Chigorodó y Turbo, varios habitantes de la región fueron sorprendidos en la vías pública por hombres armados que se movilizaban en motocicletas.

Camino de muerte
La ofensiva no paró ahí y en el municipio de Dabeiba, la puerta de entrada a la zona bananera, los habitantes denunciaron el paso de un comando armado, quien fue a buscar su víctima hasta la casa.
Mientras tanto, en el occidente, en el corredor vial que comunica con la zona bananera y comprende los municipios de Dabeiba, Santa Fe de Antioquia, Toledo y Liborina, los paramilitares asesinaron a otras diez personas.
Según el informe de los campesinos, el primer municipio atacado fue Toledo, una de las poblaciones más pobres de Antioquia, a 177 kilómetros distante de Medellín, donde fueron ultimados cinco labriegos.
El recorrido de muerte no paró ahí y en el municipio de Liborina se reportó el asesinato de un agricultor.
No habían transcurrido cinco horas cuando se conoció de un ataque en el municipio de Santa Fe de Antioquia, donde seis personas habrían perdido la vida en dos incursiones a las veredas, La Aldea y El Rodeo.
Nadie se atreve a entrar
“Al rodeo no se atreven a entrar siquiera las autoridades, porque se dice que hay combates entre las Farc y los paramilitares y por eso no se han rescatado los cadáveres”, advirtieron ayer campesinos consultados telefónicamente en esta localidad.
La arremetida no terminó en esa región. Simultáneamente en Salgar y Betania, al sur del departamento, fueron reportadas nueve personas muertas.
De éstos, el caso más grave se registró en el municipio de Salgar, donde un comando armado ingresó a la vereda Los Andes y en un caserío conocido como El Chispero asesinó a cinco campesinos, mientras que otro resultó herido. Sus entidades no habían sido suministradas ayer porque se adelantaban las diligencias judiciales.
Al parecer los campesinos de la zona habían sido amenazados días atrás y por eso se inició un desplazamiento de los habitantes de las veredas de la localidad, quienes temen una nueva incursión.
En Betania, se reportó el asesinato de otros cuatro pobladores en la vereda Guaricó.
De este ataque no se salvó ninguna región de Antioquia y en el oriente antioqueño un comando armado ingresó a dos veredas del municipio de San Carlos.

Jóvenes, las víctimas
Los hechos se presentaron en las veredas El Choco y El Popo, donde fueron muertos tres jóvenes.
Según los pobladores, el municipio está amenazado desde hace varios meses por la guerrilla y los paramilitares. En medio de este cruce de intimidaciones perdió la vida el alcalde Nevardo Morales, el pasado primero de enero.
El informe oficial señala que en todos los casos, hombres que portaban prendas de uso exclusivo de las Fuerzas Militares de Colombia y armamento de corto y largo alcance y seleccionaron a sus víctimas y les propinaron varios disparos.
 

EL ESPECTADOR 9.1.1999
PROPÓSITO PAZ NACIONAL
Tirofijo: “No fue un desplante”

Por: ARMANDO NEIRA
Enviado especial, San Vicente del Caguán
A las nueve y 50 minutos de la mañana del jueves, el comandante de las Farc, Manuel Marulanda, se detuvo en una rústica casa de tejas rojas y paredes claras, en la polvorienta y pedregosa carretera que comunica a San Vicente del Caguán con La Sombra, donde tiene su cuartel general, y les anunció a sus hombres de confianza que cancelaba la cita con el presidente Pastrana, que a esa hora lo esperaba puntual para instalar las mesas de diálogo.
Los demás miembros de la cúpula insurgente apoyaron su decisión porque ellos ya estaban enterados de la detención de dos francotiradores que habían sido retenidos con sendas pistolas por los guerrilleros una semana antes. “Es mejor ser prudentes”, les dijo Tirofijo a sus hombres.
Esta es la versión entregada ayer a El Espectador por un comandante de la organización insurgente con la que explicó el por qué de la ausencia de Manuel Marulanda Vélez a la histórica cita.
La explosiva revelación sufrió durante la jornada de ayer una metamorfosis total. Al caer la noche, las partes coincidían en que fueron los problemas de seguridad los que forzaron a Marulanda Vélez a no asistir al acto. Sin embargo, la detención de los dos hombres variaba a cada instante.
Por ejemplo, el viceministro de Trabajo, Fabio Olmedo Palacio, les dijo ayer a las 11:39 minutos de la mañana a los periodistas de The New York Times, The Boston Globe y The Economist que esta versión era cierta y ellos la despacharon así para sus respectivos medios. Sin embargo, el mismo funcionario desmintió media hora después, bajo el sol calcinante que bañaba al aeropuerto de San Vicente del Caguán, esta información.
Contó que él se reunió a las seis de la mañana de ayer con Manuel Marulanda Vélez, Jorge Briceño, Mono Jojoy, Joaquín Gómez, Raúl Reyes, Fabián Ramírez y el mayor de la policía Royne Elías Chávez, jefe de seguridad del presidente, en un cálido y respetuoso encuentro.
“Mi vida corre riesgos”
En esta sorpresiva cita, el comandante de las Farc dejó en claro tres puntos. Primero que de ninguna manera quisieron hacerle un desplante al presidente. “No fui a la instalación de la mesa de diálogo porque descubrimos un plan que ponía en riesgo mi vida”, explicó el comandante del movimiento insurgente.
Segundo, que lo importante era mirar el fondo de lo ocurrido este jueves. “Se instaló la mesa de diálogos”. Marulanda les explicó al viceministro y al mayor de la Policía que no había que darle importancia a la foto sino al hecho de que ese día estaba programada la instalación de la mesa y eso ocurrió.
Y tercero, que el respeto y la confianza del comandante de las Farc hacia el presidente era tal que “habría nuevos encuentros en los próximos días con el presidente Pastrana”.
¿Por qué el viceministro y el mayor se encontraron con Tirofijo? “Esta mañana, a las seis, fuimos a buscar unos equipos de comunicación que habíamos traído para el acto y nos encontramos allí con él. Fue coincidencial”.
El Espectador confirmó que la casa donde se produjo este encuentro está ubicada a sólo diez minutos en carro del parque de los Fundadores de San Vicente. Es decir, este relato coincide con la revelación también a este diario de un comandante de las Farc en el sentido de que Marulanda casi llega al acto pero decidió detenerse allí.
El viceministro, sin embargo, es tajante al decir que él no sabe de dónde salió la versión que habla de los dos hombres detenidos y que según una tesis expuesta por el comandante de las Farc se trata de paramilitares.
Sin embargo, ante esta versión surgen varias preguntas. ¿Si Marulanda sabía de la existencia de los francotiradores por qué no alertó al presidente?, ¿sabía el Jefe de Estado que la vida de los hombres que se sentaban en la mesa corrían peligro?, ¿si los dos hombres fueron detenidos, se los entregaron ayer al mayor de la Policía que también era responsable de la seguridad del acto junto con los guerrilleros?
La hora de las preguntas
Ayer, El Espectador le hizo estas preguntas a Joaquín Gómez, uno de los tres negociadores nombrado por las Farc, pero éste fue tajante en su respuesta: “Nosotros no hemos dicho eso de dos hombres detenidos. Hemos hablado de riesgos muy grandes”.  Gómez, que llegó al aeropuerto de San Vicente, conduciendo personalmente una camioneta Chevrolet Luv, cabinada y con varios hombres y mujeres armados de camuflado, que escoltaban al alto comisionado para la Paz, Víctor G. Ricardo, esquivó el resto del cuestionario y dijo: “Solamente he venido a despedir a esta gente. Luego hablamos”. Hizo una pausa y luego reveló: “En los próximos días el comandante Marulanda explicará personalmente lo sucedido”.
A Víctor G. Ricardo también se le preguntó. Luego, en medio del quemante asfalto del aeropuerto, llamó aparte al viceministro y discutió con él. A las 3:36 de la tarde abordó su avioneta y se marchó para Bogotá, en donde explicó que en efecto hace varios días la guerrilla le había informado que habían detenido a dos sospechosos pero que no se los habían entregado. Gómez, por su parte, se montó a la camioneta, y se marchó.
En el mismo aeropuerto, el ex presidente de Nicaragua Daniel Ortega reveló que él y otras personalidades se reunieron con Marulanda Vélez en la tarde y noche del jueves y en la mañana de ayer. “Nos reveló de los riesgos personales, pero aclaró que el proceso va por buen camino”. Esta opinión que fue reafirmada por Carlos Payán Velver, senador del PRI y ex director del diario La Jornada de México. “Lo vi muy bien de salud”, agregó.
“¿De dónde salió la versión de que había dos francotiradores detenidos”, preguntó.

Entre la confianza y la seguridad
La inasistencia del máximo comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), Manuel Marulanda, al acto de instalación de la mesa del diálogo, el pasado siete de enero en San Vicente del Caguán, pudo obedecer a motivos de seguridad personal o, simplemente, por manipulación informativa.
Así lo manifestaron ayer algunos analistas, luego de que la noticia del inicio del proceso de paz en Colombia diera la vuelta al mundo, más aún con el agravante de que el guerrillero más antiguo no se hiciera presente a la cita con el presidente Andrés Pastrana Arango.
Según Vicente Torrijos, director de la Escuela de Alto Gobierno, “sea cual fuere la verdad sobre la causa de la ausencia del señor Manuel Marulanda, lo cierto es que él no estuvo presente y que estamos siendo objeto los colombianos de manipulación informativa: el Gobierno no tiene una versión clara y la guerrilla tampoco”.
Lo cierto es que no existe confianza en este proceso, agregó Torrijos, quien señaló que no existen condiciones para que se desarrolle el diálogo. “Si se estaba fraguando un atentado, entonces qué maquinaria siniestra tiene la capacidad de organizarlo. Y si tal atentado nunca fue preparado, qué ventajas obtuvieron las Farc al dejar solo al presidente en un escenario que nunca debió montarse”, puntualizó Torrijos.
De otra parte, Jorge Mario López Giraldo, experto en Derecho Internacional Humanitario, afirmó que más que incumplimiento, la ausencia de Tirofijo implica un acto lógico de seguridad personal “pues cualquier hecho atentatorio contra su vida acarrearía graves consecuencias no solo para el proceso mismo que se inicia sino para el país en general”.
López dijo que lo importante fue que los voceros de Marulanda y del Gobierno asistieron al evento. “El otrora candidato y hoy presidente cumplió su palabra. Lo que viene nadie lo sabe, pero ojalá que esto no se convierta en un nuevo Tlaxcala”.
 

ANÁLISIS
‘Tirofijo’: el derecho a temer
“...Depende de las condiciones en que piense la muerte. Si yo sé que en el camino me están esperando, no me voy por ese caminito. Uno da la vuelta por otro lado”.
Eso le dijo hace diez años Manuel Marulanda Vélez a Ángel Beccassino, en una entrevista, cuando le preguntó sobre sus temores a la muerte. El jueves pasado es posible que haya repetido lo mismo mientras era esperado para la instalación de las mesas de diálogo.
Ayer, cuando se conoció la versión del grupo insurgente según la cual pistoleros al servicio del paramilitarismo fueron sorprendidos en un plan para asesinar a Marulanda, hubo dos preguntas en concreto por resolver: ¿Era cierto ese plan?, y, en caso positivo, ¿fue la única razón para que no llegara a la trascendental cita?
En principio, Raúl Reyes, vocero en los diálogos, dijo en San Vicente que Tirofijo no había llegado por “razones de seguridad”. Hubo invitados al acto que pusieron en tela de juicio esa aseveración. “Lo mismo pudo decir el presidente de la República, y aquí está”, apuntó uno de ellos.
Frente al palco principal de invitados, centenares de guerrilleros, apostados en los más diversos sitios, parecían darle la razón, mientras que los 60 miembros de la escolta personal de Pastrana apenas sí se notaban en medio del despliegue de la guerrilla.
Sin embargo, Tirofijo sí tuvo a qué temerle. Y es que, contra lo que pueda creerse, el enjambre de guerrilleros que se tomó la población en la noche del miércoles no era plena garantía para que su jefe no sufriera un atentado. Si es que es cierto que se fraguó.
Las Farc, como movimiento y como ejército, son un grupo campesino lejano de las ciudades y de su manejo. El jueves San Vicente del Caguán, con centenares de forasteros, era una ciudad.
Y las Farc, ese mismo ejército que ha intentado con éxito la toma de bases militares y poblaciones intermedias, no tienen una estructura para hacer tareas de protección personal, asunto muy diferente al de realizar anillos de seguridad en el monte para salvaguardar a los miembros de su cúpula.
Es decir, en las condiciones del acto de instalación de las mesas eran altas las posibilidades de éxito de un atentado contra Tirofijo. Primero, por esa sencilla razón de índole militar. Y segundo, porque el sicariato en Colombia ha dado muestras de su largo brazo para vencer todas las medidas de seguridad.
Las autodefensas de Carlos Castaño, provenientes en buena parte del narcotráfico, también heredaron a los sicarios con su terrorífica efectividad.
Como lo demuestran los casos de Luis Carlos Galán Sarmiento y Carlos Pizarro Leongómez. En el de Galán, seis comandos burlaron a 85 miembros de seguridad el 18 de agosto de 1989 en Soacha.
En el asesinato de Pizarro, el 26 de abril de 1990, dentro de un avión, en pleno vuelo Bogotá-Barranquilla, el sicario, Gerardo Gutiérrez, pasó la inspección electrónica del aeropuerto, los controles de la escolta sobre cada pasajero y los de perros especializados. Nada valió. Quince disparos mataron al líder del M-19. No obstante, hay que comenzar por saber si es cierta la versión sobre el atentado a Marulanda.
Ahora bien: de carambola, las Farc pueden obtener un gran dividendo político si demuestran ante el país que los paramilitares están detrás de un intento por abortar el proceso de paz, a costa de la vida de Tirofijo.
 

EL ESPECTADOR 8.1.1999
PROPÓSITO PAZ NACIONAL
“Queremos una paz, sin hambre y sin represión”

El siguiente es el discurso del máximo comandante de las Farc, Manuel Marulanda Vélez, Tirofijo, que fue leído ayer durante la instalación de las mesas de diálogo en San Vicente del Caguán por el vocero de esa organización guerrillera, Joaquín Gómez:
“Reciban de las Farc-Ep un cordial saludo de bienvenida y al mismo tiempo nuestro agradecimiento por honrarnos con su presencia en este trascendental acto público que hoy nos congrega aquí en la plaza de San Vicente del Caguán.
“Por primera vez en 34 años de confrontación armada, declarada por el Estado en 1964 a 48 hombres, con asesoría militar y ayuda económica del gobierno de Estados Unidos, que le entregó $500 millones al presidente de ese entonces, Guillermo León Valencia, para acabar con las supuestas “repúblicas independientes”, que existían tan sólo en la mente del Parlamento, en cabeza del doctor Álvaro Gómez, que en paz descanse; quien promovió un fogoso debate en el Congreso contra éstas para justificar la represión, mientras no lo hizo con la real república independiente situada en Lomalinda (Meta), santuario estadounidense, donde permanecía un gran número de ciudadanos de ese país, armados y sin ningún control estatal, y a cuyo campamento no podían entrar ni los generales colombianos.
Motivado por el doctor Gómez, el Congreso facultó al presidente y a los altos mandos militares para que nos pasaran la cuenta de cobro por haber enfrentado las dictaduras de Laureano Gómez y del general Rojas Pinilla, a pesar de haber sido nosotros amnistiados e indultados por una ley del Parlamento.
Huyendo de la represión oficial nos radicamos como colonos en la región de Marquetalia (Tolima), donde el Estado nos expropió fincas, ganado, cerdos y aves de corral, extendiendo esta medida a los miles de compatriotas que no compartían la política bipartidista del Frente Nacional.
De paso, le cerraron las puertas a nuevas corrientes políticas en vía de crecimiento, convirtiendo las elecciones en una maquinaria excluyente sólo para beneficio del bipartidismo liberal-conservador, quienes eran los únicos que podían elegir a sus representantes, porque así “lo consagraba la Constitución”.
Los préstamos e imposiciones del Fondo Monetario Internacional, hoy día instrumento de la política injerencista, aumentaron el descontento popular, y el abismo entre ricos y pobres sobrepasó los límites, sin solución a corto plazo. Mientras tanto, aumentaba el presupuesto para la guerra y se creaban los primeros batallones de contraguerrilla por mandato del Parlamento, reduciendo, gracias a esta medida, la inversión social destinada a mejorar el bienestar de la población.
Las manifestaciones, los movimientos cívicos y los paros laborales y estudiantiles fueron declarados ilegales y sus líderes detenidos. Algunos de ellos fueron posteriormente asesinados por agentes de la inteligencia del Estado.
La instalación de mesas de diálogos por 90 días a partir del despeje militar ha despertado gran expectativa en todo el país y el mundo, para buscar una salida con justicia social y soberanía al conflicto social y armado que está desangrando al país desde hace más de cuatro décadas. Las Farc, en su condición de movimiento revolucionario en lucha por los cambios, pondrá sobre la mesa la plataforma de los diez puntos para el estudio y análisis de los tres poderes, los partidos políticos, intelectuales, industriales, ganaderos, agricultores, comerciantes, profesores, estudiantes, clase obrera, campesinado, juntas comunales, desempleados, desplazados por la violencia, la insurgencia y otras organizaciones, para el debate fundamental sobre la política y la transformación radical de las viejas estructuras del Estado, por medio de una Asamblea Nacional Constituyente que tenga la representación directa de los distintos estamentos de la sociedad colombiana. Para que sea ella la que apruebe, o desapruebe, los acuerdos de Estado-insurgencia, para que la paz alcanzada sea duradera.
Por ello, los representantes de las Farc-Ep están dispuestos a escuchar y a ser escuchados. Las Farc informarán a la opinión pública acerca de los resultados de las deliberaciones Gobierno-insurgencia durante los tres meses.
Somos optimistas respecto al nuevo proceso que hoy comienza, donde analizaremos en profundidad la situación política, económica, social, cultural, ecológica y de soberanía, hasta encontrar las soluciones de fondo. Para que fructifique sugerimos a las distintas organizaciones no gubernamentales acertar en la escogencia de sus representantes, a través de asambleas populares, para que hagan parte de la mesa de diálogo y así evitar los errores del pasado con anteriores gobiernos que no permitieron la participación del pueblo y dejaron toda la responsabilidad en los tres poderes, para que analizaran y aprobaran las reformas solicitadas por las Farc en los acuerdos de La Uribe.
Esperamos ocho años para conocer los resultados, incluida la indemnización de quienes perdieron todo en los departamentos de Tolima, Huila, Cauca, Valle y Caldas.
Los tres poderes nunca hicieron nada para materializar los acuerdos y menos aún para aclimatar la paz. En cambio, se enfrascaron en constantes debates partidistas a favor de sus intereses personales, dando tiempo de manera premeditada al desgaste político de las Farc, para someternos a la política oficial sin condiciones y por la fuerza, como lo intentaron sin resultado alguno.
En diciembre de 1990, con el ataque a Casa Verde mediante bombardeos, ametrallamientos y desembarcos, el señor César Gaviria aniquila toda posibilidad de diálogos encaminados a montar la paz. Con esta nueva agresión el Ejército oficial se apodera de 300 mulas, 70 caballos de silla, 1.500 cabezas de ganado, 40 cerdos, 250 aves de corral, 50 toneladas de comida, destruye puentes de la comunidad, arrasa con las sementeras y quema casas para demostrar el poderío del Estado a través de la Fuerza Pública.
De la misma manera procedieron en 1965 en las regiones de El Pato (Caquetá), Guayabero (Meta), y Riochiquito (Cauca).
Hoy la lucha contra el narcotráfico viene siendo otro caballito de batalla utilizado por algunos gobiernos para ocultar sus verdaderos fines de acción contra la insurgencia, para impedir que se hagan los cambios que están reclamando las mayorías, donde los gobernantes estadounidenses invierten grandes sumas de dinero haciendo víctima a la población civil por intermedio de la Fuerza Pública colombiana con bombardeos, ametrallamientos y fumigaciones indiscriminadas, acabando con pastos, sementeras y aves de corral, dejando una buena parte de la tierra estéril en desmedro de miles de familias agobiadas por la pobreza y sin ninguna protección de parte de los poderes del Estado.
Es necesario que los poderes elaboren planes de erradicación de los cultivos de coca y amapola, partiendo de que el problema de la siembra de cultivos ilícitos por el campesinado colombiano, obedece a profundas raíces económico-sociales y, por lo tanto, su tratamiento no puede ser represivo.
Consideramos que es necesario, para ambientar el proceso de paz que hoy se inicia, que nuestros adversarios terminen con el lenguaje calumnioso de narcoguerrilleros, bandidos, terroristas, narcobandoleros, etcétera, porque la confrontación no se gana con sandeces, sino haciendo una sociedad más justa y terminando con las causas objetivas de la violencia.
El ex presidente César Gaviria, en calidad de ministro de Gobierno del presidente Virgilio Barco, confirmó en un debate en el Senado la existencia de 150 grupos de paramilitares en el Magdalena Medio, Huila, Urabá y en otros departamentos asesorados por los mandos militares y financiados por narcotraficantes, sin que el Gobierno central tomara ningún tipo de correctivo. El paramilitarismo, como modalidad del terrorismo de Estado, es financiado por un considerable número de ganaderos, latifundistas e industriales, y tiene como política exonerar al Ejército por la responsabilidad que a éste le compete en la eliminación física de todos aquellos opositores al establecimiento, a cuya cabeza figura Carlos Castaño. Estos señores, por ser hijos legítimos del Estado y defensores del mismo, no pueden recibir tratamiento político, como lo pretenden algunos líderes políticos, haciendo creer a la opinión pública que el enfrentamiento es entre guerrilla y paramilitares, y no entre guerrilla y Ejército oficial.
Ellos, al igual que altos mandos militares, deben responder por los crímenes de Estado cometidos contra la población civil, como el genocidio cometido contra la Unión Patriótica, al igual que por la muerte de comunistas, sindicalistas, defensores de los derechos humanos, el caso de los esposos Elsa Alvarado y Mario Calderón, Eduardo Umaña Mendoza, Jesús María Valle y el dirigente obrero Jorge Ortega. Estos grupos, como han sido creados por el Estado, tienen que ser sometidos por el mismo Estado a la justicia ordinaria, para satisfacer el clamor nacional e internacional, antes de que la emprendan contra el mismo establecimiento con cualquier pretexto para conseguir status político. Hay que evitar que los crímenes cometidos por estos grupos queden impunes y que la violación de los derechos humanos sea aún mayor, hasta poner en grave riesgo los diálogos por las continuas matanzas de inocentes, dejando más de un millón de campesinos desplazados y sin tierra, de la cual se han apropiado los paramilitares.
En 1984, a los acuerdos de La Uribe cada sector social le dio su interpretación de acuerdo con sus particulares intereses de clase. Durante el proceso adelantado por el ex presidente Belisario Betancur, a pesar de existir un acuerdo de cese al fuego aprobado por ambas partes, las Fuerzas Armadas fueron reiterativas en su violación. El caso más sobresaliente fue el de Urabá (Antioquia), cuando el Ejército asesinó a 25 guerrilleros. Cuando exigimos claridad del por qué la Fuerza Pública, violando acuerdos, había cometido esa matanza, que no era cosa distinta que un saboteo al proceso de paz, la respuesta que fríamente dieron los representantes del gobierno fue que la Constitución y las leyes facultaban al Ejército oficial para poner a buen recaudo a quienes sin pertenecer a la autoridad legítimamente constituida portaban armas privativas de las Fuerzas Militares.
Esto, como es lógico, causó disgusto entre los guerrilleros y como respuesta solidaria atacaron una unidad militar en Caquetá, entre Puerto Rico y San Vicente del Caguán, causando aproximadamente el mismo número de muertos y heridos. En seguida el Gobierno central y la clase política del país pusieron el grito en el cielo y condenaron el hecho por “apuntar contra la paz”. El primer suceso para ellos no tuvo mayor importancia, porque las víctimas fueron guerrilleros y los victimarios una institución del Estado. Pero el segundo sí, por ser una acción realizada por la guerrilla contra el Ejército oficial. En este mismo proceso, la Brigada XX, en coordinación con el general Maza Márquez nos desaparecieron varios guerrilleros sin contar cuatro que fueron eliminados en pleno centro de Bogotá. Y hubo otra serie de provocaciones contra distintos frentes de las Farc, que nos causaron distintos muertos y daños de todo tipo. Es indudable que con esta concesión del Estado y con el comportamiento de las fuerzas estatales durante los intentos de paz con gobiernos anteriores, se ha sembrado la desconfianza de nuestros combatientes, quienes han visto caer abatidos por balas oficiales hasta a los mismos reinsertados.
Esto se ha dado desde los mismos inicios de la lucha insurgente en Colombia. Durante los acuerdos de La Uribe los mandos militares idearon y ejecutaron un plan de infiltración al interior de nuestro movimiento con agentes del Estado, para asesinar a comandantes, guerrilleros y auxiliadores nuestros en las áreas de orden público, causándonos pérdidas tanto humanas como económicas. En este proceso, durante el gobierno de Belisario Betancur, también murieron a manos de la Fuerza Pública centenares de ciudadanos del barrio Siloé, en Cali; ocurrió la violenta represión contra los trabajadores bananeros en Urabá y posteriormente el asalto al Palacio de Justicia, donde un poder mató al otro para vergüenza de la democracia.
A pesar de la gravedad de todos estos hechos, la clase política, valiéndose de la manipulación de los medios de comunicación, ha querido sembrar de manera artificial amnesia parcial en la mente de los colombianos, para que olviden estos hechos, que permanecerán latentes en la memoria histórica de nuestro pueblo.
A cuatro meses de posesionado el ex presidente Gaviria nos dio un ultimátum a través de Álvaro Vásquez, el senador Motta y Carlos Romero, para que nos desmovilizáramos y nos incorporáramos a la vida civil a cambio de una curul en la Asamblea Nacional Constituyente. Días después creó otra brigada móvil de contraguerrilla y nos atacó a mansalva y sobre seguro en los campamentos de Casa Verde, sede de los diálogos con el gobierno de Betancur y Barco, acabando totalmente con la posibilidad de continuar con la política de paz.
A pesar de ello nos reunimos en Caracas, Venezuela y Tlaxcala (México) para dialogar y buscar la manera de parar la confrontación bélica. Ello prueba la voluntad política de las Farc para buscar una salida política al conflicto.
En 1964, a raíz del triunfo de la revolución cubana, el presidente Kennedy diseñó un plan contrainsurgente para América Latina, con el fin de evitar el surgimiento de otras revoluciones en el continente; a estas medidas diseñadas por el Pentágono se les dio el nombre del Plan Lasso, y es dentro de este marco cuando el presidente Guillermo León Valencia le declara la guerra a 48 campesinos de la región de Marquetalia, dirigidos por Manuel Marulanda Vélez.
Ante la inminencia de la agresión gubernamental estos 48 hombres se dirigieron al propio presidente, al Congreso, a los gobernadores, a la Cruz Roja Nacional e Internacional, a la Iglesia, a las Naciones Unidas, a los intelectuales franceses y demás organizaciones democráticas para que impidieran el comienzo de una nueva confrontación armada en Colombia con imprevisibles consecuencias.
Desafortunadamente nadie nos escuchó, salvo la Iglesia, ya que comisionó al sacerdote Camilo Torres Restrepo para que se entrevistara con nosotros, pero los altos mandos militares se lo impidieron. A los pocos días empezó el gigantesco operativo con 16.000 hombres del Ejército que utilizaron toda clase de armas, incluso bombas bacteriológicas lanzadas por aviones piloteados por expertos militares gringos, y sólo ahora, después de 34 años de permanente conformación armada, los poderes y la sociedad comienzan a darse cuenta de las graves consecuencias del ataque a Marquetalia. En aquel entonces esos 48 campesinos solamente exigían la construcción de vías de penetración para sacar sus productos agrícolas, un centro de mercadeo y unas escuelas para educar a sus hijos, lo que implicaba del Estado una inversión no superior a cinco millones de pesos.
El presidente Samper, al cabo de tres meses de no haber aceptado la propuesta nuestra de despejar La Uribe para dialogar, por imposición de los altos mandos, creó dos nuevas brigadas móviles de contraguerrilla y nos declaró la guerra total; fueron cuatro años de represión y violencia a cargo de la Fuerza Pública para defender privilegios de clase, de los monopolios nacionales y extranjeros, para lo cual utilizó leyes aprobadas por el Parlamento, incluida la mordaza a la prensa y la radio. Extraditó compatriotas hacia Estados Unidos, penalizó la protesta social, creó zonas especiales de orden público, acompañada de bloqueo económico y control de tránsito, convirtió el delito político en delito común para dejar pudrir a los luchadores populares en las cárceles.  Estas medidas agudizaron aún más la confrontación y profundizaron la crisis en los poderes y los partidos tradicionales, hoy difíciles de responder.
La superación de la misma sólo podrá darse revisando profundos cambios en las estructuras del Estado, para cambiar la imagen de Colombia, hoy conocida en el exterior como violadora de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Los distintos gobiernos, durante tres décadas, han manejado el país con métodos represivos, siempre aplicando el estado de sitio, hoy día llamado conmoción interior. Pretextando cualquier circunstancia política, económica o social, han declarado la guerra al pueblo para someterlo a la política neoliberal o antidemocrática, impidiendo el surgimiento de nuevas fuerzas productivas y la presencia de nuevos partidos en el escenario político. Cada día son más visibles las desigualdades sociales que obligan a las masas a movilizarse y protestar para alcanzar sus objetivos, recibiendo como respuesta del Estado la represión, como lo vimos recientemente con los empleados estatales.
El presidente Pastrana, a sólo tres meses de posesionado, ha creado dos nuevos batallones de contraguerrilla móviles, uno, asesorado y financiado por Estados Unidos, para ubicarlo en Barranco Colorado (Guaviare) y mantener un anillo alrededor del secretariado, con el sanbenito de combatir el narcotráfico. A esto se le agrega la reciente creación de la Unidad de Inteligencia Militar, dotada con sofisticados medios técnicos, más cinco millones de dólares para reestructurar con fines bélicos la base aérea de Tres Esquinas, del Orteguaza, en Caquetá. Los desprevenidos ciudadanos se preguntan: ¿Será que con más batallones se eliminarán las causas objetivas del conflicto?
Queremos paz, sin hambre, sin leyes represivas, sin mordaza a la prensa, con tierra, salud, vivienda, bienestar, empleo, crecimiento económico con desarrollo social, derecho a la vida y soberanía, para lo cual se requieren grandes inversiones del Estado con el aporte económico de la comunidad internacional, sin que esto signifique injerencia en los asuntos internos de nuestro país.
No siendo otro el motivo de la presente me despido de ustedes, haciendo un cordial y fraternal llamamiento a todos los colombianos a fortalecer la unidad en torno a la plataforma de los diez puntos, base fundamental de la solución política, la reconciliación y la reconstrucción del país”.
Atentamente,
Manuel Marulanda Vélez. 7 de enero de 1999.
 

EL ESPECTADOR 8.1.1999
Farc rechazan “chantaje de E.U.”
San Vicente del Caguán

Un duro mensaje a los Estados Unidos envió ayer el miembro del secretariado de las Farc y vocero oficial de esta organización insurgente, Raúl Reyes al indicar que no es con “amenazas y chantajes” al Gobierno colombiano, como se logrará la paz.
Reyes fue más directo que Marulanda, con respecto al papel que juega el gobierno norteamericano en el proceso de paz.
Durante su discurso, luego de la instalación de la mesa de diálogo, el vocero de las Farc indicó que “no es avasallando la soberanía y la dignidad de nuestras naciones con certificaciones de buena o de mala conducta, amenazas y chantajes para presionar al Gobierno ni destruyendo los cultivos de los campesinos y sus precarios bienes de subsistencia con millonarias ayudas en sofisticados sistemas de comunicaciones y centenares de asesores en apoyo al Ejército y la Policía colombianas”, como se conseguirá la reconciliación.
El vocero de las Farc insistió en que los centenares de millones de dólares aportados para combatir a los campesinos se podrían utilizar en la sustitución de cultivos, sin dejar de lado los compromisos de los países consumidores de los alucinógenos.
Siguiendo con el tema del narcotráfico, Reyes indicó que los responsables de este flagelo son la ausencia de políticas para incentivar la producción nacional y los ideólogos y apóstoles predicadores de ese modelo.
En el discurso, que fue leído después que se entonaron las notas del himno de las Farc, Reyes hizo un recuento histórico muy parecido al que hiciera Manuel Marulanda.
Para Reyes, durante los últimos 45 años, las Farc han sufrido cinco guerras. Al rememorar esos episodios, calificó de “dictador”, al ex presidente César Gaviria inició “la operación de exterminio contra el secretariado de las Farc?Ep”.
Aseguró Reyes que a pesar de estas circunstancias, “estamos convencidos de que la paz, después que la clase dirigente tenga voluntad política, es posible conseguirla”.
Al comienzo de su discurso Raúl Reyes resaltó que la presencia de los voceros guerrilleros “ratifica una vez más la decidida voluntad de paz y la invariable decisión de las Farc de no ahorrar esfuerzos en la búsqueda de salidas políticas al conflicto que afecta a Colombia”.
Reyes agradeció la presencia de la comunidad internacional y los demás invitados especiales. Destacó la participación de países como Costa Rica, México, Venezuela, Cuba, España, Suecia, Suiza, Italia y Argentina, entre otros.
Finalmente, hizo una convocatoria a todos los colombianos “para aportar a la lucha, primero por lograr las conquistas, luego hacerlas cumplir y finalmente, para defenderlas”.
 

EL COLOMBIANO 5 de Enero de 1999
Mueren dos indígenas y otro más desaparece

La OIA dice que en los hechos ocurrieron en Urabá y en ellos están comprometidos las Farc y los grupos de autodefensa
Como una violación a su derecho de permanecer neutrales ante el conflicto armado colombiano calificó la Organización Indígena de Antioquia, OIA, la muerte de dos de sus autoridades y la desaparición de otra en incursiones de grupos armados en la zona del Urabá.
De acuerdo con denuncias recibidas por la OIA, hombres armados que se identificaron como miembros del Frente V de las Farc, acribillaron a dos dirigentes indígenas de la comunidad del Guapá, de Chigorodó, en retaliación por la negativa a romper su posición de imparcialidad.
Integrantes de esa colectividad denunciaron ante el organismo que los representa a nivel departamental que Pedro Luis Bailarín, gobernador, y su hermano Guillermo fueron tomados cautivos y luego ejecutado en un despoblado cerca de sus respectivos tambos.
Agregaron que los supuestos rebeldes llegaron la tarde del pasado viernes con la intención de pedir una vaca para alimentarse, situación que no pudieron lograr ante la negativa de los indígenas, quienes invocaron su derecho a la neutralidad.
Al día siguiente, precisaron los testigos, el mismo grupo de hombre regresó, saqueó los tambos, hurtó el dinero de la comunidad, se llevó unas bestias y con ellas a los dos dirigentes indígenas.
De igual manera, la OIA denunció ante la comunidad nacional e internacional la desaparición de otro de sus dirigentes, Abelardo Bailarín, representante de la comunidad de Jiguamandó.
Según las versiones recogidas por la organización, presuntos integrantes de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, Accu, retuvieron a Bailarín el pasado 24 de diciembre en el barrio La Paz, de Mutatá, sin que hasta el momento se tenga noticias de su paradero ni de los motivos que originaron su retención forzada.

Pronunciamiento
Para Gerardo Jumí, presidente de la OIA, ambos casos son violatorios del derecho a la vida que le asiste a cualquier ser humano y obedecen a la polarización del conflicto armado colombiano, “en el que la peor parte la llevamos los civiles por la retaliaciones de uno y otro bando, sobre todo después de acciones militares”.
Precisó que las comunidades y autoridades indígenas “reiteramos nuestra posición de neutralidad ante el conflicto armado y pedimos a los actores armados que cesen esta campaña de exterminio de nuestra población”.
 

EL ESPECTADOR 4.1.1999
Castaño anuncia ofensiva
Medellín

El comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), Carlos Castaño Gil, presentó ayer el balance de los enfrentamientos que libró contra las Farc desde el pasado 28 de diciembre, y advirtió que su movimiento continuará con su ofensiva a partir del próximo 7 de enero.
“Vamos a continuar con la ofensiva hasta que ellos (los guerrilleros) opten por una salida civilizada al conflicto, que creo es mediante el diálogo, no hay otra”, sentenció.
En una entrevista a la cadena radial Caracol de Medellín, Castaño Gil aseguró que su movimiento mantiene en la actualidad el control del Nudo de Paramillo. “Fue un golpe real que se le dio al movimiento de autodefensas, pero fue un golpe más fuerte a la población civil”, dijo Castaño al referirse a la incursión perpetrada por las Farc.
El jefe paramilitar explicó que durante los combates perdió a cuatro de sus hombres, y advirtió que el resto de muertos ?cerca de 25? eran civiles de varias veredas del Nudo de Paramillo. “A su paso, ellos (los guerrilleros de las Farc) dejaron miseria y muerte, hasta que se retiraron hacia la zona de origen, pues venían de los lados del municipio de Ituango”, explicó.
El líder de las Auc aseguró que el comando central de su movimiento “está intacto. Intentaron tomarlo pero no pudieron hacerlo”, dijo, al tiempo que reconoció que en su embestida las Farc alcanzaron a quemar la casa de las Auc.
Finalmente, Castaño Gil explicó que las Auc están ubicadas en terrenos que otrora ocupara el frente José Eduardo Sepúlveda, del Eln. “Hemos copado todos los municipios de Norosí, de Coca, Tiquisio, Puerto Rico y El Sudam... No se ha erradicado en su totalidad a la guerrilla, es un conflicto irregular”.

La muerte de “Esteban”
Castaño Gil explicó ayer que durante la incursión de las Farc al Nudo de Paramillo, él se encontraba en la hacienda Toloba, que fue la primera atacada por la subversión.
Según Castaño, el comandante Esteban, uno de los ideólogos del Eln que estaba en su poder, se encontraba retenido por sus hombres en la hacienda Toloba. “Cuando ellos toman el campamento encontraron un hombre bien vestido, diferente a los demás patrulleros, y supusieron que era Carlos Castaño, que se mantenía vacaniando, como creen ellos, y lo ejecutan y se llevan su cadáver”, relató.
El jefe paramilitar aseveró que los guerrilleros de las Farc tomaron el cuerpo de Esteban y lo presentaron como trofeo de guerra por toda la región, asegurando que era Carlos Castaño Gil.
 

EL ESPECTADOR 3.1.1999
PROPÓSITO PAZ NACIONAL
Paz: un camino que se empieza a andar

Bogotá
Este jueves, cuando el presidente Andrés Pastrana y el líder de las Farc, Manuel Marulanda, se sienten a dialogar en San Vicente del Caguán, se habrá dado apenas el primer paso del intenso itinerario de paz de 1999.
Ese día empezará el período de prenegociación con las Farc. Y un mes después, el 13 de febrero, comenzará esa misma fase con el Eln y el Epl a través de la llamada Convención Nacional.
Las negociaciones como tales, sobre temas de fondo del nuevo Estado que se quiere construir, vendrán mucho después.
Por el momento, esta semana empezará una fase del proceso de paz en la que se deben obtener algunos acuerdos preliminares de forma alrededor del cronograma y la agenda, según lo explicaron dos analistas: Enrique Serrano y Alfredo Molano.
“Se trata de establecer un lenguaje común y de buscar alternativas para prever conflictos”, dice Serrano, politólogo e internacionalista de la Universidad del Rosario.
Para Molano lo que empieza es apenas la búsqueda de “acuerdos sobre las reglas de juego de la negociación”: lo que se va a discutir, quiénes van a participar en la mesa de negociación, quiénes serán los garantes del desarrollo de los acuerdos, el lugar donde se sentarán a negociar y cuánto tiempo se llevará cada asunto, es decir el cronograma.
Dentro de cuatro días termina la etapa inicial de acercamiento de las Farc con el actual Gobierno, que empezó en la campaña, y cuyo primer paso público fue la reunión del hoy alto comisionado de Paz, Víctor G. Ricardo, con Marulanda.
Nadie sabe qué pasará después. Es probable que la prenegociación y el despeje de cinco municipios en Cauqetá y Meta vaya mucho más allá del siete de febrero, fecha que aún figura como límite para esos dos asuntos. Los analistas se atreven a proyectar lo que puede pasar.
Los puntos clave en la fase que comienza el jueves, según Serrano y Molano, serán paramilitarismo, canje, tregua y cultivos ilícitos.
La agrupación exigirá al Gobierno la eliminación del paramilitarismo y pedirá una estrategia oficial al respecto.  El tema está en manos del vicepresidente Gustavo Bell, quien tiene el encargo de presentar los lineamientos de esa política.
Esa exigencia podría enredar la conversación, sumada a otra que, cree Molano, hará el Gobierno: una tregua. “La necesita para reestructurar las Fuerzas Militares, porque en medio de la guerra es imposible”.
El tema del canje de soldados y policías retenidos por guerrilleros presos será paralelo a la mesa de conversación, según anunciaron el presidente y Marulanda. De hecho, el 20 de enero se reunirá la comisión de paz del Congreso con los voceros de las Farc para analizar el borrador de un proyecto de ley al respecto.
A los cultivos ilícitos se referirá el Gobierno a través del Plan Colombia, que incluye préstamos internacionales para invertir en zonas de conflicto, según explicó el ex canciller Augusto Ramírez Ocampo.
Se hablará sobre respeto al Derecho Internacional Humanitario. La liberación de secuestrados será un tema paralelo al canje, cree el presidente de la Comisión de Paz del Senado, Juan Manuel Ospina.
Una vez superada esta etapa vendrá la negociación sobre la concepción de un nuevo Estado, que incluirá la manera de llevar a cabo la reforma agraria, o la reestructuración de las Fuerzas Militares, o la política petrolera. Y todo ello será legitimado a través de una última fase pública: una Asamblea Nacional Constituyente. Las Farc así lo han pedido.
También se podría negociar en una mesa y poner los acuerdos a consideración del pueblo en un referendo. Pero es menos probable.
La negociación con el Eln, a juicio de Molano, también pasará por una Constituyente. Pero por ahora su prenegociación, que empieza en la convención del 13 de febrero y terminará ocho meses después, permitirá unos preacuerdos sobre cinco grandes bloques de temas.
La agenda presentada por el Eln incluye: DIH, derechos humanos, impunidad, justicia, insurgencia y conflicto; recursos naturales y política energética; democracia, Estado, Fuerzas Armadas y corrupción; economía y problemas sociales; cultura e identidad, nación-región, ordenamiento territorial, problema agrario y narcotráfico.
Finalmente, después de un largo tiempo ?que varios analistas calculan de más de diez años? se sabrá si la negociación de paz sólo llevó a los hoy guerrilleros al poder o si servirá para llevar desarrollo a las zonas afectadas por la violencia y la ausencia del Estado. Eso es lo que muestra la experiencia.

San Vicente, un pueblo tomado
Por: ANDRÉS GRILLO
Enviado especial, San Vicente del Caguán

A partir de hoy comenzará la invasión de periodistas y medios de comunicación a San Vicente del Caguán. Este grupo será la avanzada de un centenar de invitados especiales, un número similar de funcionarios del Gobierno, una cantidad indeterminada de guerrilleros de las Farc-Ep y más de 1.000 comunicadores de todo el mundo que durante los próximos cuatro días se tomarán uno de los municipios más extensos del país, para presenciar o participar en la apertura de la mesa de diálogo entre las autoridades y los subversivos.
Los 11.453 habitantes del casco urbano de San Vicente están preparados para lo que viene. Algunos, como el dueño de una reconocida droguería de la zona comercial, en vista de las restricciones de seguridad que serán impuestas y que afectarán en gran medida su vida cotidiana, se tomarán unas vacaciones obligadas y partirán hacia las fincas del área rural o hacia poblaciones aledañas.
Otros, en cambio, como los dueños de restaurantes, residencias y almacenes, esperan hacer su agosto con los nuevos visitantes. Eso sí, tienen claro que no pueden abusar tampoco, tal y como ocurrió durante los primeros días de despeje, para no tener inconvenientes con la guerrilla. Ésta se ha tomado a pecho, por razones obvias, el control de la seguridad en el pueblo. En todo sentido. Los hombres de las Farc recuperaron, por ejemplo, diez vacas que habían sido robadas del seminario de Florencia.
En los últimos días no menos de 250 guerrilleros se han encargado de las labores de vigilancia en el área, sin contar a los que permanecen en los retenes instalados sobre las vías de acceso y los miembros de los cordones de seguridad que protegen el perímetro. Es probable incluso que en estos días las Farc prohíban el paso a la calle principal y el parque de Los Fundadores, donde se realizará el evento del próximo 7 de enero.
El principal problema logístico que tenían los organizadores era dónde instalar a los periodistas que cubrirán el evento.  Algunos medios tienen casas alquiladas desde el comienzo del despeje, y otros, como RCN, consiguieron una a último momento para alojar al equipo de 23 personas que desplazarán a San Vicente. El hotel El Samán, el único de San Vicente, y las residencias de la población tienen reservadas todas sus habitaciones a partir de hoy. Conseguir una habitación de hotel ya es imposible.
El resto de los comunicadores serán alojados en las instalaciones del Centro don Bosco, un colegio de internado para 120 alumnos que funciona desde hace cinco años en un terreno sobre la vía al aeropuerto. En el centro educativo, su director, el padre Carlos Julio Aponte, habilitó dos dormitorios con capacidad para 64 personas cada uno, en los que serán instaladas las periodistas. Para sus colegas masculinos se acondicionó el coliseo, donde monseñor Luis Augusto Castro solía jugar baloncesto tres veces por semana.  Se instalaron cien colchones del batallón Cazadores que prestó el Gobierno. Los baños quedan al lado, y durante el fin de semana fueron evacuados de ellos los murciélagos que acostumbraban dormir allí.
Los dueños del restaurante Monteblanco, el que se incendió una noche en San Vicente, al parecer serán los encargados de la comida de los periodistas. En el Centro Don Bosco también se preparó la sala de profesores para las ruedas de prensa, y los salones de los grados sexto podrán ser utilizados como oficinas por los diferentes medios. En el Centro los periodistas podrán observar además algunos de los cultivos que se dan en la región, como el plátano y la cocona; conversar con Roberto, un loro que acompaña al padre Aponte desde hace seis meses; o tomar un baño en las aguas del río Caguán. Mientras los periodistas se alojan en el Centro Don Bosco, los 110 invitados de la guerrilla lo harán en las casas de los habitantes de San Vicente del Caguán.

El pueblo todo, espera la paz.
 “E.U. no nos intervendrá”
Por: GLORIA CASTRILLÓN
Bogotá
Nadie puede dudar de que Augusto Ramírez Ocampo es la persona más experimentada en procesos de paz. Desde 1983 participó en las negociaciones en Centroamérica. Fue director durante tres años del Fondo de las Naciones Unidas para el proceso de paz en esta región. Él mismo estuvo a la cabeza de una operación que recaudó 4.200 millones de dólares que se invirtieron en las zonas de conflicto.
Ramírez Ocampo lleva cinco años trabajando discretamente en la Comisión Nacional de Conciliación. Hace poco rehusó la embajada colombiana en París y prefirió quedarse para presenciar el proceso de paz. Es el “cerebro” que ideó el Fondo de Inversiones para la Paz, y su experimentada mano se ve en la política de paz del Gobierno. Algunos lo perciben como un posible negociador con las Farc y otros se preguntan por qué el presidente no lo nombró como alto comisionado de Paz. Él dice que prefiere trabajar “en la sombra”.
¿El 99 será el año de la paz?
Será el del inicio de negociaciones. Desde las reuniones de Tlaxcala, la evolución que ha tenido el país es formidable.  El 99 tiene la virtud sobre los otros años de que el clima está creado para que se inicie la mesa de diálogo y fructifique.
¿Cuáles son esos cambios?
La opinión pública no tenía conciencia de la envergadura de la guerra. Se creía que era un tema entre las Farc, el Elp, el Eln y el Ejército. Un avance es que los colombianos tienen conciencia de que el país está en guerra y que tienen la responsabilidad de crear el clima de paz. Durante la administración Samper, las Farc no le reconocieron al Gobierno legitimidad, ni capacidad de convocatoria, ni mando sobre las Fuerzas Armadas; eso hizo imposible abrir una mesa.  Los únicos contactos fueron para la devolución de los soldados de Las Delicias, con la manifestación de las Farc, de que se hacía por razones humanitarias. Con el Eln lo único fue el preacuerdo de Viana.
¿Cómo maduró la sociedad colombiana?
Está el aporte de la Red de Iniciativas por la Paz, la Comisión de Conciliación, el Mandato por la Paz y otras instituciones. Hay conciencia de que este conflicto sólo tiene una solución política negociada. Es una premisa que parece obvia, pero no fue fácil, porque durante muchos años se pensó que se solucionaba desapareciendo al contrincante.
También se hizo conciencia de la necesidad de la cooperación internacional, que el gobierno y la guerrilla repudiaban porque pensaban que vulneraba la soberanía. Ahora la agenda es amplia, ya no se habla de desmovilización y reinserción sino de temas estructurales, como reforma agraria, a la justicia y al papel de las Fuerzas Armadas.
¿Qué podría dañar el proceso?
Empezar las negociaciones en medio de la guerra como ha sido aceptado hasta ahora, mantiene ese riesgo, porque la guerra es brutal. Por eso es necesario un acuerdo de respeto al DIH.  Un punto neurálgico es el compromiso de las partes de no levantarse de la mesa de negociación sin importar lo que ocurra. Aquí pueden suceder acontecimientos muy trágicos si estamos en guerra, eso puede exacerbar la voluntad de las partes o de la opinión pública.
Es importante que Manuel Marulanda diga que fueron los dos gobierno anteriores los que propusieron negociar en medio de la guerra y él usa una expresión afortunada: es más fácil hacer el proceso de paz, en medio de la paz que en medio de la guerra. Si se pudiera llegar a un cese bilateral del fuego, se reducirían los riesgos de que algo pasara.
Hay que entender que la paz es costosa, pero que la guerra es mucho más costosa. Incluso para la guerrilla la guerra es más costosa: la guerra demora más sus anhelos de justicia social y sus posibilidades de llegar al poder. Con el desprestigio de la clase política, una actividad política de la guerrilla los acercaría más al poder.
Raúl Reyes dijo que no es posible una tregua.
Él lo puso en el contexto de que habían sido los dos gobiernos anteriores los que dijeron que había que negociar en guerra y que todavía no se ha pactado un cese al fuego. No está rechazando esa posibilidad.
¿Es posible una intervención de E.U. en el conflicto?
Lo descarto plenamente. No creo que el país acepte una cosa semejante. Es claro que Estados Unidos ha dado muestras, como en la invasión que hizo el presidente George Bush en Panamá, que en su arrogancia termina cometiendo actos inaceptables.  Además, las condiciones colombianas lo hacen imposible, porque la guerra se libra en la selva y eso es diferente a ocupar Ciudad de Panamá. Para E.U. son vitales los narcocultivos y ese tema estará en la mesa de negociación. El sistema impuesto por norteamérica de fumigación no es viable.  Pero la paz está ligada a la erradicación de los narcocultivos, sobre la base de que se entreguen opciones reales a quienes se dedican a esa actividad y eso está contemplado.
Cuando el presidente lanzó el Plan Colombia invitó a la guerrilla a ejecutarlo. ¿Era un llamado a cogobernar?
Propusimos que la planeación y ejecución del Plan de Desarrollo Alternativo debe hacerse en la mesa de negociación con la guerrilla. Eso permitiría una verdadera y extraordinaria reforma agraria.
¿Los paramilitares podrían sabotear el diálogo con las Farc como retaliación al ataque en el Paramillo?
Carlos Castaño ha dicho que favorece los procesos de paz.  Además, en un comunicado dice que respetará el cese al fuego que declaró. El tema es muy claro para el presidente, quien antes de las elecciones dijo: los paramilitares degradan la guerra, son actores del conflicto y deben ser sometidos en una mesa de negociación separada a la de la guerrilla.
¿El proceso con los paramilitares puede interferir el que se hace con la guerrilla?
Espero que no. La subversión sostiene que el paramilitarismo es una expresión de las Fuerzas Armadas y eso es una equivocación. Es posible que algunos grupos hayan nacido con la complacencia de las Fuerzas Armadas, pero no hay ninguna duda de que no tienen mando sobre las autodefensas.
¿Cómo resolver ese punto, si el Gobierno se comprometió a desmontarlas?
Si está comprometido tiene que hacerlo: si no operan los acuerdos, tendrá que hacerlo por la fuerza.
¿Es cierto que el Eln está debilitado?
No creo. El Eln en los 37 años que tiene ha demostrado su capacidad de supervivencia. Su ideología sigue firme.
El Eln se ha quejado del mal trato del Gobierno, ¿es cierto?
No. El Gobierno ha estado dialogando con ellos, incluso se dio primero con ellos el reconocimiento político. El alto comisionado ya se entrevistó con miembros del Coce. Si bien el Eln y las Farc hacen parte de la Coordinadora, tienen el compromiso de que cuando se llegue a la fase final de los procesos de negociación trabajarían conjuntamente. Los dos han reconocido que tienen diferencias que les hace imposible, por ahora, adelantar procesos de manera conjunta.
¿En algún momento confluirán los tres procesos: Farc, Eln y paramilitares?
No sé si confluirán en uno solo, pero sí se pueden firmar simultáneamente los documentos finales, sea separada o conjuntamente. Tengo la ilusión de ver culminado el proceso.
¿Qué errores le ve al proceso?
Se han cometido equivocaciones, pero no vale la pena puntualizarlas. El proceso tiene tanta dinámica que a pesar de los errores, se han superado y ahí vamos. No creo que haya mejor demostración de que todo ha sido bien conducido.
¿Qué es negociable y qué no, o se debe pactar la paz a cualquier precio?
No es a cualquier precio. Hemos sostenido que no puede haber temas vedados, todos son discutibles.
¿Qué es lo mejor de este proceso?
Que la paz no es liberal ni conservadora, no es de Pastrana ni de Serpa. Reconozco que la actitud de Serpa es extraordinaria, está dando ejemplo de hacer una oposición constructiva. Igual ha hecho Noemí Sanín.
F.A. deben asesorar al Gobierno
¿Qué se puede esperar después del 7 de enero?
Me consideraría satisfecho si en ese mes, si es que no se prorroga el despeje, se llega a un acuerdo sobre la agenda de negociación. En eso se ha avanzado: las Farc tienen muy claros sus 10 puntos. A eso se añade la liberación de secuestrados, el tema del paramilitarismo, el acuerdo sobre respeto a DIH, el canje de prisioneros; así la agenda estaría construida.
Si se logra un calendario de negociación, se ordena mucho el proceso. También definir desde el comienzo un proceso de verificación. Luego definir el papel de los países amigos.  Después sigue una tarea larga, compleja, con participación de sectores de la sociedad civil para hablar de temas sustantivos, sin descartar que se suscriban acuerdos parciales de ejecución inmediata.
¿Es necesario prorrogar el despeje?
No descarto esa posibilidad, si las negociaciones avanzan seriamente y si está comprobada la voluntad de las partes, aunque siempre he creído que es más fácil hacerlo fuera del país para no tener interferencia de la gente que quiere resultados inmediatos o de la prensa que hurga. Lo importante es el prerrequisito de la seguridad de las partes.
¿Quiénes deben participar en la mesa?
Las Farc han designado tres negociadores que tienen pleno respaldo del secretariado. El Gobierno, igualmente, tiene que designar tres negociadores. Cada uno de esos grupos negociadores debe tener un excelente grupo de asesores.
Mientras menos sean los participantes en la mesa, mejor. El Gobierno debe tener asesores a altos oficiales de las Fuerzas Armadas, porque el tema militar es muy importante. Los negociadores deben ser representativos de las fuerzas políticas. Hay que abrir escenarios para la sociedad civil, pero la mesa misma de la negociacióndebe ser exclusivamente de las partes.
¿Qué papel deben jugar los delegados internacionales?
Puede haber distintas gamas: que sirvan como amigables componedores, hasta un mediador, que estaría habilitado para proponer fórmulas a las partes, o incluso hasta un árbitro.

¿Cuáles son las salidas al canje?
Hay que hacer modificaciones legales, sobre todo a la luz de la interpretación restringida que la Corte Constitucional dio al tema de los delitos conexos. El Congreso debe adoptar una legislación más amplia. Otro punto son los condenados o procesados por secuestro y extorsión que son delitos lesa humanidad. El pragmatismo enseña que después de un conflicto armado de la duración y las dimensiones que ha tenido Colombia, hay que encontrar salidas. Hay que aplicar indulto o amnistía. Como lo propuso Ernesto Borda, comenzar con la libertad provisional. Edmundo López propuso que las fórmulas a que se lleguen sean ratificadas por un referendo, eso es interesante.