El Estado es responsable por acción y omisión de la masacre
ocurrida el pasado 16 de mayo en Barrancabermeja (Santander), así como de la “impunidad en la que permanecen los autores y responsables de estos actos”, así lo señala el fallo del Tribunal Internacional de Opinión (TIO), dado a conocer ayer, exactamente un año después de la incursión paramilitar.
Como estaba previsto, después de dos días de sesión, el TOI reveló las conclusiones a las que llegaron nueve jurados y un fiscal, después de escuchar los testigos, pero sin la versión del Estado colombiano, puesto que el Gobierno se negó a enviar un representante defensor.
Además del fallo, el TOI entregó once recomendaciones al Gobierno (ver nota anexa), sobre las que el presidente del TOI, el italiano Giulio Gerardi, dijo “esperamos que las pongan en práctica”.
La lectura del veredicto se produjo sobre el mediodía, cuando los integrantes del TOI se instalaron en una tarima improvisada sobre un camión, en frente a las instalaciones de la Unión Sindical Obrera (USO).
Consideraciones del fallo
El primer interrogrante que se planteó el TOI fue, si el Estado colombiano tenía alguna responsabilidad por acción en la masacre y desaparición de las víctimas.
En este sentido, el TOI determinó que miembros de las Fuerzas Armadas (Ejército y Policía), junto con civiles hicieron parte del grupo de personas que realizó la masacre.
Manifiesta el fallo que los testigos oculares han ofrecido suficiente información fiable, mediante la que pueden identificarse algunos agresores como miembros del Ejército y la Policía.
“Algunos de los testigos se han referido a oficiales del Ejército como colaboradores activos de la acción criminal...  calificamos estos crímenes como de lesa humanidad, a causa de la participación activa del Estado en los mismos “, dicen apartes del fallo, que sustentan la responsabilidad del Estado por acción.
La segunda cuestión que el TOI pretendía aclarar era si había responsabilidad del Estado por omisión durante la incursión paramilitar al Puerto Petrolero.
Sobre este punto, el Tribunal sostiene en su veredicto, que ha quedado probado que las Fuerzas Militares de las guarniciones cercanas a los lugares de los hechos nada hicieron para impedir que se perpetrara la masacre.
“Ha quedado probado que los disparos efectuados por el grupo atacante a la población civil tuvieron que ser claramente escuchados por los militares de la guarnición y, sin embargo, nada hicieron ante ellos”, señala el fallo.
Igualmente, el Tribunal señaló que se probó la imposibilidad que tenían los atacantes de salir y entrar a los barrios donde se cometieron los asesinatos sin que fueran vistos por la Fuerza Pública.
“La responsabilidad del Estado no sólo es negativa a raíz de la no actuación de sus agentes, sino activa”... Estamos hablando de coautoría y no de desentendimiento, dice la decisión.
En cuanto al tercer y último punto, que pretendía establecer si había “responsabilidad del Estado en la impunidad en que permanecen los autores y responsables de la masacre”, el TOI consideró que “una vez valoradas todas las pruebas presentadas... el Tribunal estimó que el Estado de Colombia es responsable de la impunidad que se mantiene con respecto a los hechos criminales que ocurrieron en Barrancabermeja ese 16 de mayo”.
 

Once recomendaciones para el Gobierno
Barrancabermeja

Además del fallo de responsabilidad, el Tribunal Internacional de Opinión (TIO) dio las siguientes once recomendaciones al Estado colombiano, dentro de las actuaciones que se adelantan por la masacre en el puerto petrolero:
“1.  Instamos al Estado colombiano a que identifique, juzgue y castigue a los autores del asesinato de las siete personas y de la desaparición forzada de las 25.
2. Instamos al Estado a que de manera pronta y urgente informe sobre el paradero de las 25 personas desaparecidas y proceda a restablecer su derecho a la libertad.
3. Instamos al Estado a que proceda a separar del cargo a los miembros de la Fuerza Pública que de forma directa o indirecta han participado en la ejecución de los crímenes de lesa humanidad.
4. Instamos al Gobierno a que cumpla los compromisos asumidos que negoció en la Comunidad Internacional y que se encuentran en la Declaración del Presidente sobre Colombia, en el 55 período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Especialmente, instamos al Congreso de la República que legisle con el propósito de criminalizar desapariciones forzadas y que esa ley esté de conformidad con los instrumentos internacionales.
5. Instamos al Estado, que desde hace décadas ha impulsado y tolerado a los grupos paramilitares, a que los declare ilegales y los desmonte.
6. Instamos al Estado a que juzgue a los militares culpables de delitos no típicamente del servicio, ante los tribunales civiles y que esto sea el primer paso para la supresión del Fuero Penal Militar.
7. Instamos al Estado a que indemnice a los familiares de las víctimas de Barranca y que facilite asistencia sicológica y otros servicios para que puedan superar los traumas por la violencia.
8. En vista del riesgo en que se encuentran quienes han denunciado y testificado, instamos al Gobierno a que presione a las autoridades de Santander con el fin de que éstas garanticen la vida, integridad y libertad de quienes han concurrido ante este Tribunal y ante las autoridades de este país.
9. Instamos al Gobierno a que brinde la debida protección a los defensores de derechos humanos.
10. Urgimos a la alta comisionada de las Naciones Unidas a que apoye los proyectos de las organizaciones base que luchan contra la impunidad en Colombia, particularmente urgimos su colaboración con el proyecto Nunca Más.
11. Urgimos a las ONG internacionales a divulgar los documentos de este Tribunal Internacional de Opinión en sus publicaciones nacionales e internacionales y en los medios de comunicación.”