EL NACIONAL - DOMINGO 4 DE JULIO DE 1999 |
POLITICADOMINGO CON JOSE LUIS PACHECO El MTC cuestiona los contratos del Metro, Aucoven y la CantvEl viceministro de Transporte y Comunicaciones, José Luis Pacheco, dijo que la Línea 4 del Metro de Caracas no es necesaria. Afirmó también que no autorizarán ajustes en las tarifas de la telefónica hasta que la calidad del servicio no mejore
MARIBEL OSORIO
Tres contratos suscritos por la República y por inversionistas privados están siendo cuestionados por el Ejecutivo. El equipo del ministro de Transporte y Comunicaciones, Julio Montes, se tomará seis meses en revisar con lupa el contrato firmado con la empresa francesa Frameca, que suministra equipos y material rodante para el Metro de Caracas, y cuyos servicios fueron contratados para la construcción de la Línea 4 del Metro. Simultáneamente, intenta renegociar la concesión entregada a la empresa mexicano-venezolana Autopistas Concesionarias de Venezuela, Aucoven, para la administración y mantenimiento de la autopista Caracas-La Guaira. Además, se ha sometido a revisión las metas impuestas a los propietarios de la CANTV en el contrato de compra-venta suscrito en 1991, el cual también es visto por el Ejecutivo como un convenio lesivo a los intereses de la Nación. El viceministro de Transporte y Comunicaciones, José Luis Pacheco, dijo en foro con la Jefa del Cuerpo C, Chefi Borzacchini, la periodista Claudia Delgado, y quien suscribe, que la Línea 4 del Metro de Caracas no es necesaria, y que no autorizarán ajustes a las tarifas de la Cantv hasta que la calidad del servicio no mejore. -¿Cuál es la posición del MTC con respecto a la Línea 4 del Metro de Caracas? -Mi posición, que no es la oficial, es que la Línea 4 del Metro de Caracas no hace falta. Creo que con medidas correctas de tipo político-administrativo sobre la ciudad de Caracas se puede resolver el problema del tránsito entre Capuchinos y Plaza Venezuela. Ello supone que haya una autoridad única de transporte en Caracas, que se ocupe de la elaboración del plan de transporte metropolitano intermodal, y que a la vez tenga el poder suficiente para planificar, gestionar y financiar las obras. Además, creo que hay métodos de transporte que podemos usar, y que costarían una décima parte de lo que cuesta la Línea 4, la cual, por cierto, es uno de los tramos más costosos del mundo. Por la forma equivocada en que se licitaron las obras, a nosotros nos cuesta 125 millones de dólares el kilómetro, mientras que en Madrid -donde se acaba de realizar una ampliación del sistema de transporte subterráneo- el costo fue de 38 millones de dólares el kilómetro. La posición oficial es que las obras están suspendidas hasta que tomemos una decisión. -¿No es posible hacer algo similar en Venezuela, es decir, ampliar el sistema que ya luce colapsado, con un costo menor? -El Metro de Caracas está congestionado. Los transportes en todas las ciudades del mundo son intermodales. Lo que se pretende hacer con la Línea 4 es unir a Capuchinos con Plaza Venezuela. Esa ruta saldría obviamente de Capuchinos, atravesaría el centro de Caracas, seguiría por la avenida Casanova y recorrería el paseo de Los Caobos. Imagínense allí un trolleybus o un tranvía superficial, que cumpliría la misma función. -Resultaría más barato, pero ¿no aumentaría el congestionamiento? -Sale 10 veces más barato. Por eso, la semana pasada firmamos acuerdos con las autoridades de Mérida, para instalar un sistema de trolleybus de 18 kilómetros a un costo de 132 millones de dólares, y con las de Valencia, para hacer un sistema de trenes liviano, que no es más que una combinación de trenes superficiales con tranvías. El Metro de Caracas está sobredimensionado, mal diseñado y es excesivamente costoso. El tranvía o el trolleybus no empeoraría el tránsito, porque sería como el VAO. Además, transitaría sin paradas. -Si se paraliza la obra, ¿que ocurriría con el contrato con Frameca? ¿No estaría la República sujeta a posibles sanciones por incumplimiento de contrato? -Lo de las multas no es cierto. La Ley establece muy claramente la facultad que tiene el ente licitador, cualquiera que sea, de suspender o declarar desierto un concurso, sin que proceda indemnización alguna a favor de los concursantes. Este no es el caso de Frameca. La Compañía Anónima Metro de Caracas decidió hacer la Línea 4 del Metro, en función de lo cual convocó un proceso de licitación para las obras civiles. El más elemental sentido común dice que cuando se llama a una licitación, la obra puede realizarse o no. Por lo tanto, no se pueden contratar equipos dando por sentada la existencia del objetivo que van a satisfacer esos bienes. Eso ocurrió con Frameca. La Junta Directiva de aquel entonces hizo un contrato para material rodante de una línea que se iba a licitar. Por lo tanto, este es un contrato cuestionable, aunque nosotros no lo hemos objetado. Simultáneamente, las líneas 1, 2 y 3 se están deteriorando. En lo que respecta a material rodante, hay una carencia de 200 vagones, aproximadamente. Lo que proponemos es reestructurar el contrato, con la finalidad de utilizar el material rodante de la Línea 4 para sustituir los de las Lí- neas 1,2 y 3. -¿Qué ocurriría con la línea de crédito extendida por el gobierno francés? -Nosotros no tenemos ninguna línea de crédito con el gobierno francés. Lo que tenemos es un crédito comercial de un pool de bancos de ese país, liderado por el Paribas. -Pero el ministro Montes admitió que si se paralizan las obras habría que pagar 19,8 millones de dólares. -Lo que hace una República seria, ante un caso como este, es sentarse a discutir, para tratar de llegar a un entendimiento razonable. Nosotros le hemos dicho a Frameca que no van a perder nada. Esta empresa es el proveedor tradicional de material rodante del Metro de Caracas. Simplemente, esos equipos para la Línea 4 se usarían para reponer otros equipos ya vencidos. Vamos a renegociar el contrato y tenemos que ponernos de acuerdo. En el supuesto negado de que persistiera el desacuerdo, el Estado actuaría con las armas que tiene. Si vamos a pelear, cada quien sacará sus armas, aunque pienso que ninguna de las partes quiere una confrontación. ¿Otro disparate?Como la autopista Caracas-La Guaira forma parte de las obras prioritarias de esta administración, el MTC saca nuevamente la lupa para revisar y reestructurar el contrato de concesión que obtuvo la empresa mexicano-venezolana Aucoven, el cual le adjudicó la administración y el mantenimiento de este tramo vial. Pacheco explica que este caso es similar al de la Cantv, pues el contrato firmado tampoco vincula calidad del servicio con tarifas. Hay más: la empresa ha señalado que el Gobierno le adeuda 15 millardos de bolívares, porque el peaje de 300 bolívares por vehículo, que inicialmente se acordó, no pudo ser aplicado, porque el entonces departamento Vargas, se opuso. Pacheco señala que la concesionaria no hizo la preinversión establecida en el contrato de 7 millardos de bolívares y, adicionalmente, por no haber prestado el servicio al cual estaba obligada, Aucoven adeuda a la República unos 49 millardos de bolívares. Aucoven replica que en el contrato precio y calidad del servicio no están vinculados, mientras Pacheco alega que el convenio firmado "es un disparate contra la República", pues no contempla los principios de equidad y reciprocidad. De allí que según el funcionario "es prácticamente nulo", por lo que se puede solicitar ante las autoridades la nulidad del mismo. -¿Es esto lo que va a hacer el MTC? -Esa es una posibilidad. En principio, el Gobierno está tratando de conversar, de propiciar un acuerdo. No queremos llegar a un litigio. Pero claro, el arreglo al que se llegue debe velar por los intereses de la República. De lo contrario, el Estado venezolano, soberanamente, como ocurrió en el caso de los transportistas colombianos, actuaría en defensa del país. -¿A qué arreglos se espera llegar? -Tiene que producirse una reestructuración del contrato y una adecuación de los costos. También, debemos establecer los mecanismos para que los entes involucrados participen en la solución de los problemas que tiene este sistema vial. Me refiero a que las autoridades del estado Vargas, de la gobernación del Distrito Federal, de la alcaldía del municipio Sucre y de la nación venezolana. Cantv en la miraEl servicio que presta la Cantv tiene siete años de rezago, con respecto a las metas establecidas en el contrato de concesión firmado entre la República y el Consorcio VenWorld en noviembre de 1991, cuando se privatizó la telefónica venezolana, afirmó Pacheco. Este es precisamente el argumento al cual se aferra el Ejecutivo para suspender el aumento de las tarifas correspondiente al tercer trimestre del año, solicitado por la directiva de la telefónica. Estos ajustes, según se estableció en el contrato, deben producirse cada tres meses. Pacheco aseguró que la telefónica está prestando un servicio "que se corresponde con el año 1992", es decir, con las metas establecidas para el primer año luego de la privatización. Sin embargo, en el referido contrato de compra-venta no se vinculó el tema de la calidad del servicio con el de las tarifas. Es decir, la fijación de los precios que cobra la Cantv es independiente de los indicadores que reflejan la calidad de los servicios prestados. Ello supone que la decisión del Ejecutivo, de suspender el incremento solicitado, podría ser vista por la empresa privada como una violación al contrato firmado en 1991. Pacheco está consciente de ello, pero no vacila en afirmar que la República tiene mecanismos para defenderse cuando es afectada. Asegura que el contrato de la Cantv "se suscribió de manera irresponsable, porque deja al ciudadano en estado de indefensión". Por ahora, se creó un Comité de Seguimiento de los indicadores de la calidad del servicio que ofrece la telefónica a sus 2 millones de abonados, por lo que "dependerá de la Cantv" que el Ejecutivo reconsidere su posición y decida levantar la suspensión de los ajustes tarifarios. -¿Cuáles son las fallas detectadas? -Hay unas 800 mil líneas que, según el acuerdo, deberían estar funcionado y no ocurre así. Tampoco caen las llamadas, y hay problemas de facturación. La Cantv no ha realizado las inversiones que permitan mejorar el servicio, en atención a lo cual se autorizaría el ajuste de las tarifas. -Siete años de rezago no se recuperan de la noche a la mañana. ¿Podemos suponer que los ajustes se suspenderán por largo tiempo? -Hasta tanto el Comité de Seguimiento se pronuncie favorablemente, no aprobaremos incrementos de tarifas. -El director de mercadeo masivo de la Cantv, Ramón Ramírez, ha dicho que los últimos indicadores de calidad del servicio están en el nivel acordado en el contrato de compra-venta, excepto unos pocos, que presentan un pequeño rezago. Si es este el caso, ¿cómo se están dando estas conversaciones entre el MTC, Conatel y Cantv? -Las conversaciones se dan entre partes que tienen criterios diferentes y, muy probablemente, cuentas distintas. -¿Podría la Cantv ejercer acciones legales, si aduce incumplimiento del contrato? -Por supuesto. Todo el mundo tiene el derecho, en un país democrático, a ejercer medidas judiciales que considere convenientes. Si se escogiera este camino para dirimir un problema de esta naturaleza, la Nación, en uso de sus legítimos derechos, también recurriría a la vía jurídica para defenderse de lo que considera un perjuicio. Todo depende. Nos podemos sentar a conversar con unas personas para buscar una solución, o se puede actuar por la vía jurídica. En cualquier caso, es una decisión de ellos. -¿Cuál es el estado actual de las conversaciones entre la Cantv y el Ejecutivo para adelantar el fin del período de concurrencia limitada -monopolio-, si se tiene en cuenta que el director general de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Diosdado Cabello, ha dicho que no ofrecerán ninguna compensación a la telefónica, ya que ocho años de monopolio son suficientes? -La situación es exactamente la que ha manifestado Cabello. Su posición es igual a la del ministro Julio Montes, a la mía y a la del Gobierno. Le hemos solicitado a la Cantv que adelante el fin del monopolio, y creemos que es de su interés que ello ocurra. Si la Cantv no está de acuerdo tenemos dos opciones. La primera es esperar a noviembre del año 2000. La segunda, abrir los servicios unilateralmente, en caso de que lleguemos a considerar que existen elementos para que el Gobierno tome esta decisión. -¿Qué actitud percibe usted de los negociadores de la Cantv? -Estamos negociando. Pero, al igual que en el tema de la suspensión de los ajustes de tarifas, las conversaciones son difíciles y complejas. En ocasiones, la gente se empeña en aferrarse a un contrato, aunque éste sea moralmente incorrecto y no recíproco ni justo. La gente se aferra a los contratos, sobre todo cuando éstos les ofrecen privilegios, y eso es, precisamente, lo que daña el funcionamiento de las estructuras sociales. Nosotros hacemos un llamado a la Cantv, para piensen en el interés nacional y que sus intereses sean solidarios con los de la República. Como dijo Cabello, ocho años son suficiente. La Cantv debería avenirse a una solución razonable, por el bien del país y de la misma empresa. Si no se logra un acuerdo, el Gobierno analizaría muy bien sus posibilidades, y tomaría las medidas que garanticen el interés nacional.
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