La política económica llevada a cabo por los últimos gobiernos y ratificada por el actual, ha conducido al país por un camino equivocado. Desde hace ya tiempo, tanto en Argentina como acá el mismo modelo aplicado, no cuenta con base sólida de sustentación. A la fecha, el deterioro productivo es muy fuerte al punto que ya no se debe hablar de recesión sino de crisis, entendiendo por ésta el desmantelamiento del aparato productivo. Y dada la profundidad de la crisis económica, el país vive una situación de emergencia nacional. 

Constatamos el agotamiento de un modelo de política económica, que sólo pudo aplicarse en el marco de condiciones externas muy favorables. Retiradas éstas, la realidad nos muestra las adversas consecuencias que tuvo para el país su prolongada y empecinada aplicación. Sin embargo, observamos con inquietud que se buscan soluciones insistiendo en el propio modelo. 

Ha quedado demostrado que el camino transitado termina en la inviabilidad del país para dar empleo digno a su población. Por lo tanto proponemos que se reconozca la necesidad de avanzar en otro sentido. Dentro del modelo y mucho menos profundizándolo, no existen respuestas para la emergencia económica ni para la emergencia social.     

Nuestra fuerza política no tiene ataduras ideológicas que le impidan dar una respuesta en esta instancia clave para la vida del país. Reclamamos que se nos escuche, no solo porque representamos al 40% de la población, sino porque la gravedad de la crisis no admite exclusiones.

Pero sabemos que dicha respuesta debe ser responsable, al punto de considerar todas las limitaciones que, a nuestro pesar, existen a la hora de buscar soluciones. Porque esta política aplicada pertinazmente ha incorporado ciertos “virus” que afectan los márgenes de maniobra. Así por ejemplo, la etapa de transición en la reforma de la seguridad social, en buena medida ha absorbido la capacidad de endeudamiento del país, justo en el momento en que Uruguay, para reactivar su economía hubiese podido explotar su condición “investment grade” y aprovechar la baja en la tasa de interés internacional. Asimismo, se han desmantelado los canales de diálogo con los sectores productivos, cuando la búsqueda de un entendimiento nacional es clave para encontrar salidas. Son también restricciones el encarecimiento del país, su extrema dolarización y los sostenidos déficit en materia fiscal y con el exterior. 

Hoy, tal es la entidad de la crisis que se percibe una tendencia a la deflación, desequilibrio éste que, sin embargo, es pasible de ser aprovechado para corregir desajustes en los precios entres distintos sectores de la economía, tras los cuales se ubican intereses sectoriales.  En estos momentos, por nuestra parte, queremos favorecer los intereses de los desempleados, de los trabajadores que corren peligro de serlo a menos que reduzcan su salario, de los pequeños productores y comerciantes y, en general, de los sectores de la producción nacional que son generadores de empleo genuino y que actualmente se encuentran afectados por la excesiva desprotección con respecto a los competidores del exterior. 

Consideramos que en el corto plazo debemos buscar caminos viables para fortalecer la demanda interna, a modo de complemento de las tardías e insuficientes medidas adoptadas para apuntalar la demanda externa. Siendo muy visible que la inversión productiva tiene muchas trabas, consideramos que el sector público debe tomar la iniciativa y compartir riesgos con el sector privado, lo que supone además un marco de concertación económica. De allí la necesidad de reestablecer un ámbito de concertación y, a tales efectos, el Consejo de Economía Nacional, ofrece un instrumento constitucional idóneo. Construir este espacio para el diálogo nacional es tan importante como la más eficaz y creativa de las medidas económicas. Tal como lo supo tener el país a la salida de la dictadura, debería tenerlo a la salida del modelo neoliberal. 

Es en este entendido que estamos proponiendo este plan de emergencia, que se compone de dos partes, por un lado una respuesta a la emergencia económica, introduciendo ajustes que apunten a la reactivación del aparato productivo, y por otro lado un plan de contingencia social que intente paliar las situaciones más acuciantes que padecen muchos uruguayos. En ambos planes, apelamos a la búsqueda de amplios consensos, pero en tanto estén presididos por un espíritu de solidaridad y justicia, especialmente para con compatriotas más necesitados.

II) PLAN DE REACTIVACION PRODUCTIVA

1) SUSTITUCION DEL IMABA POR UN IMPUESTO A LOS DEBITOS BANCARIOS, PROVOCANDO LA REDUCCIÓN DE LA TASA DE INTERÉS PARA LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA.

Esta medida permitirá ampliar los recursos actualmente destinados a la producción, de modo que los créditos nuevos y la renovación de los ya existentes, se realicen a niveles competitivos con el costo del crédito que afrontan los competidores del exterior. Al respecto cabe destacar que las tasas internacionales de interés han experimentado un claro descenso y que las instituciones bancarios radicadas en el Uruguay, ostentan un altísimo spread, en relación con los promedios internacionales. 

Se propone eliminar el IMABA, para el caso de los créditos a la producción, ya que este impuesto, en la práctica, se transfiere íntegramente a la tasa del crédito, teniendo una incidencia cercana a los 10 puntos en los préstamos contratados en moneda nacional.

Para el mediano plazo, serán necesarias otras transformaciones en la forma de intermediación financiera del país, que deberían comenzar de inmediato con la reestructuración y fortalecimiento de la empresa estatal líder en el mercado financiero y, simultáneamente, procurar un mejor entendimiento con la banca privada. Con respecto a esto último, el primer aspecto a considerar es que la eliminación del IMABA debe traducirse en reducción efectiva de la tasa de interés por la totalidad de su incidencia. 

La recaudación del IMABA se ubica en los U$S 90 millones anuales, pero de ellos, aproximadamente U$S 20 millones corresponden a créditos al consumo que seguirían siendo afectados por el impuesto. Por lo tanto, en tanto la eliminación se limite a los créditos a la producción, su costo puede estimarse en U$S 70 millones, que es lo que estamos proponiendo descargar de la tasa de interés que hoy en día pagan los tomadores de crédito para producir. 

En este caso se prefiere establecer un financiamiento específico, porque la propuesta consiste en sustituir un impuesto por otro. Efectivamente, entre las asimetrías insostenibles del Mercosur, una de ellas es la diferencia en el sistema tributario, donde Argentina y Brasil tienen instrumentados dos impuestos clave, que son el impuesto a la renta personal y el impuesto a las transacciones bancarias. A efectos de eliminar el IMABA estamos proponiendo implantar este nuevo impuesto a los débitos bancarios, similar al que Argentina implantó, inspirándose justamente en la legislación brasileña. Se estima que una tasa moderadamente baja, aplicada a los flujos de salida (débitos) de las cuentas corrientes y a las renovaciones o cancelaciones totales o parciales de los depósitos a plazo, permitiría obtener un financiamiento aún superior que el producido por el impuesto que se elimina. Quedarían afectadas por el impuesto dichas transacciones financieras con residentes y no residentes, superiores a cierto monto y estableciendo las excepciones de rigor (pago de sueldos y pasividades, pago de tributos, compra-venta de valores públicos, movimientos del sector público, etc). La inclusión de los depósitos a plazo y cuentas corrientes de no residentes se justifica plenamente por los motivos siguientes: a) la mayoría proviene de Argentina, donde ya existe un gravamen similar; b) no existe evidencia de condiciones que impulsen a sus tenedores a retirarse hacia otros mercados; c) las operaciones “of shore” tienen su cobertura propia en el exterior, y en el caso hipotético de que se redujeran, ello no afectaría el desenvolvimiento de nuestro mercado y tendría un efecto insignificante sobre el empleo en el sector.    

2) MEJORES CONDICIONES PARA EL CREDITO DE PREFINANCIAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES.

Este medida se fundamenta en la necesidad de ofrecer a las empresas exportadoras la posibilidad de abatir el costo del crédito que utilizan para financiar su actividad productiva. De este modo, podrán estar en igualdad de condiciones con las empresas competidoras del exterior, las que normalmente acceden a créditos a tasas de interés subsidiadas.

Ello se lograría si el BCU procediese a modificar la reglamentación, reduciendo el depósito previo (por ejemplo del 30% actual, al 15%) y aumentando (también a modo de propuesta tentativa, 2 puntos porcentuales) la tasa de interés que reconoce a su cargo.

El sistema no representa mucha erogación y queda a cargo de Rentas Generales. La modificación propuesta podría significar una suba del U$S 20 millones, los que, por su carácter, sería más conveniente ligarlos a los movimientos de reservas del BCU, donde tendrían escasa significación. 
3) ABATIMIENTO DE LA TASA DE INTERES PARA EL CONSUMO INTERNO. 

La medida es necesaria para oxigenar la tensa situación actual donde se constata una tendencia al agotamiento del margen crediticio, como consecuencia directa de las altísimas tasas de interés que se cobran en este segmento del  mercado. El servicio de la deuda individual se ha vuelto muy pesado, justo en momentos en que se reduce el salario y el empleo. Las tasas de morosidad han experimentado una pronunciada suba en los últimos tiempos. Por lo tanto, esta medida es necesaria como una forma de alivio que puede apuntalar el consumo interno, sin lo cual será muy difícil la reactivación de la economía.

El objetivo se cumple estableciendo un límite máximo para la tasa de interés que puedan cobrar las instituciones financieras, so pena de tipificar la usura. Y simultáneamente, estableciendo la prohibición de cobros indebidos dentro de este concepto. Dadas las características con que actualmente opera el mercado para este segmento, cualquier límite razonable por usura, determinaría un descenso en las tasas actuales. 

Por su parte, la tasa del IMABA se mantendría sobre estos créditos, pero estando limitada la tasa máxima de interés, la banca no podría trasladar el impuesto como lo hace actualmente y cargarían con su costo, a modo de lógica contribución del sector al financiamiento de la crisis global. 

Esta medida no tiene costos fiscales. 
 

4) AUMENTO DE LAS TASAS DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS INDIRECTOS A LAS EXPORTACIONES.

Con ello se podría mejorar selectivamente la competitividad de las empresas agroindustriales exportadoras, mientras demore la reversión del proceso de apreciación cambiaria ya dispuesto. 

La medida consistiría en revisar al alza las tasas adjudicadas a los sectores hoy beneficiarios, priorizando aquellos que aquejen más problemas de competitividad, y que hayan cumplido y/o se comprometan a cumplir ciertas condiciones en materia de inversiones y de empleo. La propuesta de revisar al alza estas tasas que actualmente son muy reducidas, supone la implantación de un ámbito tripartito de diálogo (productores rurales, industriales y gobierno) de tal forma que las decisiones sobre niveles de tasas se adopten con la mayor información y puntos de vista posibles y también para negociar fórmulas de entendimiento a efectos de que el beneficio adicional que se otorgue, no quede sólo en manos del sector industrial exportador. Un punto de partida en esta dirección podría ser multiplicar por 1,5 las tasas actuales, sin perjuicio de la revisación en base a los criterios antedichos. 

A tales efectos se propone crear un fondo adicional de U$S 60 millones (la mitad de lo que se destina actualmente). Su financiamiento se incluye en el paquete global. 
 

5) PROPONER QUE EL MERCOSUR ELEVE EL ARANCEL EXTERNO COMUN PARA LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS FINALES PROVENIENTES DE EXTRAZONA

Esta medida es un clamor urgente y necesario para preservar la competitividad, y por lo tanto el empleo, de ciertas áreas de la producción nacional que últimamente han sido muy afectadas por importaciones de productos provenientes de países que han devaluado fuertemente sus monedas (como el caso del sudeste asiático). Este aumento de la protección arancelaria se visualiza como necesario para todos los países del MERCOSUR, teniendo además el antecedente de Argentina, que ya lo adoptó. 

Un aspecto importante vinculado a la negociación que hay que entablar en el Mercosur, es que la propuesta se extienda a la adopción de un AEC del 35% para la importación de arroz. En tal sentido, debería nuestro país apelar al espíritu del Tratado, porque no es bueno que Brasil ( que se vería favorecido por el arancel máximo de 35% en la gran mayoría de los item arancelarios) adquiera el arroz tailandez lo que afectaría la producción nacional, ya sea por la vía del precio como por la vía de la comercialización. 

La medida se concretaría proponiendo en el seno del Mercosur que se aumente 13 puntos porcentuales el arancel externo común acordado para cada item arancelario, de modo que el máximo llegue a 35% y que el del arroz se ubique el dicho máximo. En caso de no prosperar, Uruguay debería solicitar ser exceptuado temporariamente para adoptar dicha suba en forma unilateral, en consideración del antecedente argentino. 

En el supuesto de que no disminuyesen las importaciones al aplicar este desestímulo tarifario, se encarecería lo importado y el fisco recaudaría U$S 60 millones más. De existir reducción de importaciones y de existir sustitución por producción nacional, se tendría la buscada reactivación productiva y del empleo y terminaría también aumentando la recaudación fiscal. 
 

6) ESTABLECER LA PROHIBICION DE FINANCIAR LAS IMPORTACIONES DE BIENES DE CONSUMO FINAL.

Sabido es, que la anterior medida, en las actuales circunstancias, puede provocar una desviación de comercio a favor de importaciones desde Brasil que relativizaría el efecto defensivo que se quiere establecer sobre la producción nacional. A tales efectos, y nuevamente, mientras demore la reversión del proceso de apreciación cambiaria ya dispuesto, se propone complementarla con este agregado. Una medida similar fue aplicada por Brasil en cierto período. Significa no admitirse el crédito de proveedores del exterior ni el financiamiento bancario directo para este uso. 

    
7) ESTABLECER CUPOS A LA IMPORTACION DE BIENES DE CONSUMO FINAL DE ORIGEN EXTRARREGIONAL, COMPETITIVOS CON LOS FABRICADOS POR LA INDUSTRIA NACIONAL. 
    
De esta manera se intenta preservar el empleo, en algunas actividades críticamente afectadas por prácticas proteccionistas externas. 

Para su concreción bastaría un Decreto del Poder Ejecutivo. No deberían temerse represalias de la OMC por este tipo de medidas, porque lo practican a diario EE.UU, la UE y además Uruguay podría alegar estar experimentando una crisis competitiva grave.

Nuestra propuesta establece también un mecanismo de adjudicación de los cupos por el sistema de licitación. En tal caso, será preciso crear el ámbito responsable de una prolija y cristalina administración de los cupos, dando amplia participación a los interesados.  
 

8) DESTRABAR MECANISMOS BUROCRATICOS LOCALES QUE ENLENTECEN Y HACEN NO OPERATIVO LAS ACCIONES ANTI-DUMPING Y JERARQUIZAR LAS UNIDADES EJECUTIVAS QUE SE OCUPAN DEL TEMA. 
 

9) DESTRABAR MECANISMOS BUROCRATICOS LOCALES QUE ENLENTECEN Y ENCARECEN TRAMITES DE EXPORTACION
 

10)  REBAJA SELECTIVA DE LAS TARIFAS DE ENERGIA ELECTRICA Y COMBUSTIBLE

Es imperioso acercarnos al objetivo de producir a costos energéticos similares a los de la región. Ello apuntará a obtener mejoras en la productividad al sector privado, necesarias para su competitividad con el exterior. Hacia el mediano plazo se requieren reformas que erradiquen la práctica de encubrir impuestos dentro de las tarifas de la energía. En lo inmediato debemos ir hacia una rebaja selectiva que contemple en mayor medida aquellas actividades agropecuarias e industriales en las que exista uso intensivo de la energía.

Como primer medida proponemos exonerar de IVA la energía eléctrica que se vende a los empresarios rurales. 

Pero además, las críticas circunstancias por la que atraviesa el país, instan a aplicar una estrategia anticipativa, por medio de la cual se procede a rebajar tarifas, anticipándose al resultado que  tendrá la inversión que se proyecta. Implica tener una visión optimista sobre el éxito de las reformas que se deben impulsar en el marco de una política de estado. Las estrategias anticipativas son prácticas avaladas por los organismos internacionales de crédito, que otorgan créditos con tal destino.      

Estos proyectos de inversión y reforma podrán ser financiados en base a créditos de organismos internacionales. En tanto, estrategia anticipativa, el repago estaría asegurado por la mayor eficiencia que entrañaría la inversión proyectada.  Por lo tanto, las rebajas tarifarias solo adelantarían la rebaja que se obtendría en el futuro.
 

11)  PLAN DE VIVIENDAS

Integrar este aspecto en el plan de reactivación es clave porque se dan dos condiciones básicas: tiene, como es sabido, gran efecto propagador del dinamismo económico y el país necesita aumentar su stock habitacional ya que se aprecian carencias importantes a nivel social. Un plan de viviendas debe estar dirigido a personas de bajos recursos, ya que a los mecanismos existentes a través del Banco Hipotecario sólo acceden sectores de clase media-alta. Proponemos encarar soluciones al problema del financiamiento, ya que actualmente, se han recortado los recursos presupuestales y los beneficiarios previstos no cuentan con ingresos para el aporte previo o pago normal de cuotas en los plazos y demás condiciones que otorga el Banco Hipotecario. Teniendo especialmente en cuenta las cooperativas de usuarios, de ayuda mutua y ahorro previo.

En tal sentido, se propone utilizar los siguientes recursos:

a) Terrenos municipales, lo que implica que las comunas sean actores del plan.
b) Recursos ya recaudados con destino a viviendas de jubilados, los que, por lo tanto, tienen costo cero. 
c) Recursos presupuestales asignados al plan de viviendas. Ante la gravedad de la situación, se propone eliminar los topes de ejecución dispuestos para 2001 y 2002.
d) Eventualmente, recursos concentrados en las AFAP, instituciones éstas que tienen actualmente el 25% del fondo que administran en disponibilidades o depositado a corto plazo en bancos.
e) Préstamo del BID por U$S 110 millones, con destino a erradicar asentamientos informales, que está disponible, generando el pago de comisiones, pero que el gobierno uruguayo no ha solicitado los desembolsos correspondientes.   

La meta sería construir 20.000 viviendas en los próximos dos años.

El repago sería al Banco Hipotecario en plazos suficientemente largos (lo que se adapta al financiamiento con recursos de ahorro previsional) por el sistema de leasing habitacional, de tal forma que los beneficiarios se sientan comprometidos con el mantenimiento de las viviendas y las cuotas puedan ser lo suficientemente pequeñas, accesibles en relación a los ingresos del grupo familiar al que se destina el plan. 

El plan sería ejecutado en forma conjunta por convenio entre el Banco Hipotecario, las I.M y el Ministerio de Vivienda.

El aporte del terreno, el uso de la infraestructura operativa del B.H. y los fondos presupuestales, permitirán abatir la tasa de interés implícita en el leasing inmobiliario. 

Otro aspecto instrumental sería la modificación de la Ley 16713 a efectos de establecer una canalización obligatoria de los recursos de las AFAP hacia el plan de viviendas o hacia obras de infraestructura o proyectos de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Con ese fin el gobierno debería de emitir un Bono del Tesoro especial para obras públicas (incluido el fondo de viviendas) y proyectos para la reactivación económica. 
 

12)  PLAN DE OBRAS PUBLICAS

Uno de los factores que se incluyen en el concepto sistémico de competitividad radica en el fortalecimiento de la infraestructura del país. 
En tanto la retracción de la inversión privada es un dato de la coyuntura y la reactivación productiva no puede esperar, es imperioso que el sector público tome la iniciativa, ya sea invirtiendo directamente en función de sus posibilidades, ya sea estimulando la inversión privada, ya sea creando oportunidades rentables de inversión a largo plazo, en las cuales o bien forma parte, constituyendo empresas mixtas, o garantiza, total o parcialmente, resultados razonables para los inversores privados.

Es en este marco, donde la concesión de la obra pública resulta un instrumento apropiado, sobre todo para la construcción o mantenimiento de la infraestructura vial. 

En tal dirección, es preciso despejar trabas emanadas por disposiciones en el plano legal, o decisiones de política económica (como ser las autorizaciones de OPP), que impiden a los gobiernos departamentales concretar obras que cuentan con viabilidad de llevarse a cabo en forma rápida por este sistema. 

Estamos asimismo proponiendo destopear las inversiones del MTOP por los años 2001 y 2002 y al mismo tiempo, buscar un consenso político para seleccionar obras y establecer mecanismo ágiles y transparentes para la ejecución de las mismas a través de adjudicaciones del MTOP, las IM u otorgamientos de concesiones. 
 

13)  REESTRUCTURA DEL SECTOR BANCARIO OFICIAL, CONSTITUYENDO UNA COMPLEMENTACION DE FUNCIONES.

El BROU gastó más de U$S 20 millones en una consultoría para su modernización, pero los resultados no están a la vista. A su vez, siendo la institución que concentra cerca de la mitad del volumen de negocios bancarios, debería estar en condiciones de vanguardizar la rebaja de la tasa de interés, capitalizando la coyuntura a la baja que caracteriza a esta variable a nivel internacional. Con ese objetivo apoyamos la idea de constituir un acuerdo bancario oficial de complementación de funciones, que busque ganar en fortaleza y en obtención de economías de escala, incluyendo y coordinando actividades de banco de fomento (productivo y habitacional), banco de inversión, banca tradicional y áreas conexas como los seguros y la de administración de fondos previsionales. Estas instituciones deberán ir recomponiendo su capital. Una de las medidas necesarias a tal fin es el reconocimiento de los subsidios que quedan a cargo de estas instituciones cuando en realidad deberían ser gastos solventados por el gobierno a través de impuestos.     
 

14) REDUCCION DEL 100% al 10% DE LOS ENCAJES SOBRE FONDOS PÚBLICOS QUE MANEJA el BROU Y ELIMINACION DE LOS ENCAJES DISPUESTOS PARA EL BANCO HIPOTECARIO.

El BROU opera como cajero del Estado, no necesita encaje sobre fondos públicos y ofrece garantía estatal, mucho más poderosa que el encaje por los fondos depositados por el sector privado. Sin embargo, el BROU está obligado a mantener dicha inmovilización total sobre los depósitos del Gobierno Central y BPS existentes al año 1990, que son más del 90% del saldo actual. Un cambio prudente en esta materia sería reducir ese nivel al 10%, porcentaje este similar al que se aplica para los depósitos a la vista y en caja de ahorro para cualquier banco que actúa en el país. La vigencia de este encaje del 100% sobre los fondos públicos en el BROU, le impide la esta institución la obtención de ventajas por el manejo de recursos de su principal cliente, mientras tiene los costos inherentes a dicho cliente. Esta medida, o bien coloca al BROU en desventaja con la Banca Privada, o bien le impide apoyarse en el gran cliente estatal para la actividad de fomento a los sectores productivos.

Derogar esta disposición contribuiría a abatir la tasa de interés y liberar recursos a favor de actividades promocionables. La expansión monetaria que provocaría no tendría mayores efectos en la actual situación recesiva y luego podría acompasarse con la suba del PBI.   
 

15) LLAMADO A EXPRESIONES DE INTERES PARA PROYECTOS DE INVERSION “LLAVE EN MANO”  CON  MIRAS A COLOCAR EN EL EXTERIOR ALIMENTOS PREPARADOS. 

El desarrollo de las agroindustrias uruguayas es clave para el crecimiento productivo. Tenemos que ser capaces de diferenciar el producto uruguayo y exportar alimentos en forma más alejada de su estado natural. La función de la Corporación para el Desarrollo debe orientase a impulsar y coordinar emprendimientos privados o mixtos en esa dirección e involucrar el M.RR.EE. en la obtención de canales de comercialización.

III) PLAN DE CONTINGENCIA ANTE LA EMERGENCIA SOCIAL

1) FUNDAMENTOS 

Nuestro país atraviesa por una crisis productiva y social . Crisis porque ya no puede hablar de simple recesión cuando se ha ingresado en el etapa de destrucción del aparato productivo y en lo social cuando el deterioro afecta aspectos vitales vinculados a la alimentación , a la salud y a convivencia social.

Tenemos la profunda convicción de que las políticas económicas trazadas desde la dictadura militar y su posterior continuismo en el plano económico, son las culpables principales de la crisis. Los gobiernos de turno , no tienen ahora el derecho de escudarse en los acontecimientos del exterior como causantes de tal crisis. Lo que han hecho es desmantelar las defensas que normalmente las economías disponen frente a factores desfavorables provenientes del exterior. Es más , han potenciado su incidencia interna y , lo que es peor , han incrustado serias restricciones para abordar medidas que busquen solucionar los problemas .

Hemos denunciado permanentemente que se estaba introduciendo al país en terreno pantanoso y ahora , con menor capacidad de maniobra , queremos aportar las soluciones que todavía existen, antes que prosiga el derrumbe.

Por dos razones, estas soluciones que proponemos no pueden sino tener un alcance limitado. En primer lugar porque no tenemos la conducción del barco en el que todos estamos. Si la tuviésemos lo haríamos navegar por otras aguas . En segundo término , porque somos concientes que las referidas restricciones operan y aunque no nos gusten , aunque nosotros no las hayamos traído a la escena , hoy existen y hay que respetarlas si es que queremos adoptar medidas viables , que realmente vayan en beneficio de los ciudadanos .

El Uruguay está en emergencia nacional que todos constatamos.
Sabemos que las soluciones en el área productiva son urgentes y en función de ello estamos ultimando detalles para proponer a la ciudadanía un conjunto de medidas de reactivación económica , algunas de las cuales podrán canalizarse a través del mecanismo Iniciativa Popular.

Pero la emergencia social es urgentísima . Tenemos que detener el deterioro del capital humano, el más valioso de la sociedad. El Estado y toda la Sociedad , estamos moral y éticamente interpelados ante la constatación de que hay compatriotas con hambre , que crece la indigencia entre la niñez y que se extiende en forma alarmante la violación del derecho humano al trabajo y la satisfacción de las necesidades básicas.

Hoy, el EP-FA va a proponer medidas que , de mediar voluntad política y sensibilidad, contribuyan a asistir focalmente los sectores más vulnerables. 
Por cierto   que reivindicamos la integralidad de las políticas sociales y su indisoluble relación con las políticas productivas .Pero en la contingencia , la situación se enmarca en nuestra concepción de los DERECHOS HUMANOS , que sabemos compartida por la inmensa mayoría de los compatriotas.

Sabemos que estas medidas implican un costo económico que deberá ser asumido por los pocos sectores que no han sido perjudicados , al menos en la misma proporción en que lo han sido las grandes mayorías.

Consideramos que se imponen medidas netamente redistributivas del ingreso , que pague más el que tiene más.

Sabemos que el margen de endeudamiento del Estado ha sido comprometido para financiar – entre otras cosas -_reformas que consumen recursos que en el corto plazo hubieran sido  muy necesarios. Lo que pueda restar como margen de endeudamiento razonable, las  reservas internacionales en porcentajes responsables ,  y medidas en el área del comercio exterior, entre otras , creemos que deben ser consideradas como parte del financiamiento de la reactivación productiva , aquella que mejora el nivel de  empleo .
Hablemos claro:  No vamos a quedar envueltos en falsos slogans. No somos partidarios de aumentar la presión fiscal sobre la producción ni sobre el consumidor promedio. Pero sí somos partidarios de crear presión fiscal allí donde en Uruguay no la hay , a diferencia de la abrumadora mayoría  de los países del mundo , o sea sobre las ganancias elevadas de las personas físicas y sobre los consumos suntuarios .

2) NUESTRAS PROPUESTAS

Aprobar un plan de contingencia de seis meses –julio a diciembre – estableciendo una población beneficiaria instrumentos para paliar sus necesidades más críticas y mecanismos de financiación.

A) Focalización de la población inmediatamente beneficiaria :

1) DESOCUPADOS 
2) POBREZA INFANTIL  
3) PERSONAS  EN SITUACION  DE INDIGENCIA

 
B) Medidas

1) Organizar por el MTSS a través de la Dirección General  de Empleo en el seno de la  Junta  Nacional de Empleo  un registro nacional de personas desocupadas, clasificadas según busquen trabajo por primera vez, o habiéndolo tenido no hayan podido reinsertarse en el mercado laboral.

2) Operar activamente sobre dicho registro, promoviendo el vínculo entre la oferta y la demanda de empleo y otorgando un subsidio especial por desempleo, en los términos que se indican en los artículos siguientes, a aquellas personas que no hayan podido emplearse y no hayan tenido amparo o haya expirado su plazo de   Seguro de Paro normal.

3) Las personas que integren dicho registro, se plegarán al plan alimentario, teniendo derecho a una canasta básica de alimentos según necesidades familiares, la que será suministrada a través de una red de organizaciones coordinadas por el  MTSS  bajo el control de la Junta Nacional de Empleo. Formarán parte de dicha red las intendencias municipales, el INDA y  aquellas ONG  especializadas e instituciones de diversa naturaleza que cuenten con antecedentes sólidos e infraestructura y se incorporen voluntariamente al plan. 
Sistematizar y generalizar las acciones para un Plan Alimentario  destinado a niños menores de 5 años en situación de pobreza,  desocupados e indigentes a través de la referida red.

4) Las personas que integren dicho  registro en su calidad de desempleados (no entendiendo por tales los menores que buscan trabajo por primera vez) y sean el principal perceptor de ingresos en el hogar, tendrán un tratamiento especial ante empresas de servicios públicos, como UTE y OSE,  debiendo estas instituciones reponer el servicio, si éste estuviera cortado, duplicar los plazos para el corte y otorgar convenios de pago especiales en U.R., a plazos largos, sin recargos ni intereses moratorios.

5) Las personas que integren el registro tendrán derecho al pago de la Asignación Familiar  y  el correspondiente derecho a la cobertura médica para la cónyuge embarazada e hijos. A tales efectos, Asignaciones Familiares podrá subcontratar servicios médicos con mutualistas, MSP  y Hospital de Clínicas. 

6) Las personas que integren el citado registro tendrán derecho a cobertura médica a través del Hospital de Clínicas, institución que deberá recibir recursos y adaptarse para la nueva demanda. Los fondos destinados a tal fin tendrán el destino específico citado y compartirá con la DICOCA la administración del mismo.

7) La coordinación entre las organizaciones mencionadas en el numeral 3) operará también para la detección y satisfacción de las necesidades básicas en materia de vivienda y alimentación de las personas en situación de indigencia y para situaciones de emergencia provocadas por las recientes inundaciones, reforzándose  además los rubros para la aplicación de programas como el de ”Frío  Polar “ o similares, instrumentados en este caso por las Intendencias.

8) Inmediata aplicación del Seguro de Paro para trabajadores rurales.

9) Estudio de eventuales convenios mediante los cuales se establezcan subsidios para el transporte colectivo para aquellos sectores contemplados en este plan.
 

C) LA PUESTA EN MARCHA DE ESTAS MEDIDAS

1) Estas propuestas no deben considerarse cerradas, sino por el contrario están formuladas con el suficiente grado de laxitud para permitir el intercambio de opiniones a nivel político y social.

2) Proponer la conformación de un grupo de trabajo técnico  multipartidario ( que pueda nutrirse  de los aportes de las organizaciones sociales involucradas en las medidas) y cuyo cometido sea la concreción de estas iniciativas en el menor plazo posible, así como su eventual ajuste al disponer de mayor información o mejores ideas.
 

MEDIDAS PARA EL FINANCIAMIENTO GENERAL DEL PLAN
1) IMPUESTO A LAS ALTAS RENTAS PERSONALES QUE TENGAN COMO SUJETOS GRAVADOS A LAS PERSONAS FÍSICAS, A LOS NUCLEOS FAMILIARES Y A LAS SUCESIONES INDIVISAS. ESTE IMPUESTO ADEMÁS DE SU RECAUDACIÓN BRINDARÁ LAS OPORTUNIDADES PARA EL EFICAZ CONTRALOR DE LOS RESTANTES IMPUESTOS. EL MISMO SE REIMPLARARÍA SOBRE LAS SIGUIENTES BASES:
A) Declaraciones de ingresos totalizadoras de las rentas netas de las categorías: 
a.1) retribuciones personales
a.2) rentas inmobiliarias y mobiliarias
a.3) honorarios profesionales
a.4) rentas de fuente empresarial
B) Establecimiento de un mínimo no imponible, según se trate de persona física, núcleo familiar o sucesión indivisa.
C) Establecimiento de tasas progresivas a partir de dicho mínimo.
D) Deducción del IRP pagado, tratándolo como un pago a cuenta.
E) Transitoriamente, extender el IRP a los profesionales y aplicar la tasa del 9% a los que ganan mas de 29 salarios mínimos también en el sector privado y crear otra tasa del 14% para el IRP que se aplique sobre sueldos mayores a 50 SMM.
F) Gravamen adicional (por única vez) sobre patrimonio de las personas físicas, a razón de un 50% sobre pago del año anterior.
G) Fuerte y urgente reimpulso a las reformas registrales y administrativas que son imprescindibles para la adecuada recaudación de estos tributos.
H) Reforzamiento de la gestión de la DGI, potenciando su papel fiscalizador, mediante mecanismos de cruzamiento de información, asegurando el principio de transparencia en su acción. Atacar la evasión tributaria puede redundar en un importante aumento de los ingresos tributarios.
2) ESTABLECER EL DESTINO OBLIGATORIO DEL 20% DEL FONDO PREVISIONAL (ACTUALMENTE U$S 200 millones, RADICADO EN DISPONIBIDADES O DEPOSITOS A PLAZO EN INSTITUCIONES BANCARIAS) PARA FINANCIAR: 
A) Valores del banco hipotecario para la construcción de viviendas
B) Títulos emitidos por la corporación para el desarrollo para proyectos de nuevos emprendimientos exportadores.
C) Títulos representativos de obras publicas en régimen de concesión 
3) GRAVAR CON IVA A LOS TABACOS Y CIGARRILLOS.  JUNTO CON ELLO UN PLAN PARA COMBATIR DECIDIDAMENTE AL GRAN CONTRABANDO, DE MODO DE NO INVALIDAR EL MAYOR GRAVAMEN A LOS CIGARRILLOS.
4) USO MODERADO DE RESERVAS, AUNQUE ESTA VARIABLE DEBERÁ QUEDAR AFECTADA EN GRAN MEDIDA AL SOSTENIMIENTO DEL NECESARIO GIRO INTRODUCIDO A LA POLITICA CAMBIARIA.
6) USO MODERADO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO.
 

IV) CONSIDERACIONES FINALES

Las propuestas contenidas en este plan no fueron elaboradas con la intención de imponerlas sino con la de discutirlas. 

Son los aportes que sentimos la obligación de realizar para el bien del país, dentro de las limitaciones indicadas al comienzo. En efecto, no nos sentimos responsables de la gravedad de la crisis actual, pero si nos sentimos responsables con el país y su gente. Seguirán existiendo diferencias en el diagnóstico y en los objetivos, pero por encima de ellas el país necesita una salida viable. 

No nos creemos portadores de recetas mágicas. Pero sí consideramos que debemos hacer un esfuerzo por crear salidas dentro de las limitaciones existentes. Estas no se pueden desconocer, pero tampoco exagerar al punto de inmovilizarnos. 

Al respecto queremos entablar este dialogo con el país sobre la base de dos premisas que nos imponemos pero también proponemos que se impongan nuestros interlocutores: 
1) tratemos de buscar políticas consensuadas porque la profundidad de la crisis requiere que todos empujemos en el mismo sentido; 
2) consideremos todos los instrumentos de política económica sin descalificarlos con etiquetas ideológicas. 

Por lo tanto, las propuestas que anteceden deben considerarse como propuestas abiertas, sujetas a modificaciones. Están planteadas con la suficiente amplitud como para enfatizar ideas pero no instrumentaciones rígidas. No nos detuvimos en cuestiones de detalle porque creemos que el plano de la aplicación concreta, incluyendo mecanismos de financiamiento, necesariamente debe perfeccionarse en una tarea de conjunto, a partir del acuerdo de carácter general sobre las medidas que es necesario adoptar. 
 
En suma, lo que estamos haciendo es aportar nuestras ideas y proponiendo una instancia de reflexión, diálogo y de negociación, porque creemos que el país la necesita por encima de todo y creemos en sus posibilidades.