Jorge Enrique Robledo Castillo, Arquitecto  
Profesor Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales.
E-mail: jrobledo@col2.telecom.com.co

Luego de nueve años de feriar el patrimonio nacional, quedó demostrado que las empresas de servicios públicos se venden por debajo de su costo de oportunidad. Como lo explicara Eduardo Sarmiento Palacio, el Ministerio de Hacienda recibió Termocartagena por 154 millones de dólares y la entregó por 15 millones, en tanto Termotasajero, que se avaluó en 130 millones de dólares, la colocó por 30 millones. Además, el 47 por ciento de la Empresa de Energía de Bogotá valía 3.000 millones de dólares y lo adjudicaron por 1.700 millones. Y el kilovatio instalado en las hidroeléctricas de Chivor y Betania se vendió por la mitad de lo que cuesta construir ese mismo kilovatio en Urrá y Miel I.

Y que no se diga que la CHEC sí se va a vender bien vendida, porque ningún inversionista pagará por esa empresa lo que vale, dado que si lo hace no recuperaría su inversión ni haría las ganancias a las que aspira. Esta realidad seguramente explica por qué los consultores extranjeros que asesoran la venta de la CHEC anunciaron que a los compradores no les interesa seguir con la construcción de Miel I, así se pierda lo invertido y haya que pagarle una multa de 80 millones de dólares a la constructora Odebrecht. Claro que también existe la posibilidad de que el gobierno, para cubrir las apariencias, le exija al favorecido que concluya Miel I, pero rebajándole del precio total del negocio los costos de esa obra. Pero lo que sí es seguro es que solo un monopolista tonto -y ese no existe- construiría por su cuenta una hidroeléctrica que al terminarla quedaría valiendo la mitad o menos de lo que le costó o no tendría la paciencia para esperar a que la termine
el Estado y, ahí sí, adquirirla a menos precio.

También se comprobó que las privatizaciones no acaban con los monopolios. Simplemente, sustituyen a los públicos por los privados y generalmente extranjeros, y éstos, ni cortos ni perezosos, a diferencia de lo que puede ocurrir con los del Estado, se aprovechan de ese poder para esquilmar a la ciudadanía. Las escandalosas alzas en las tarifas de los servicios públicos que se padecen, y las que vienen arriadas por el Fondo Monetario Internacional, explican cómo entiende el capital financiero la máxima neoliberal de "convertir a los servicios en negocios y a los usuarios en clientes".

Así mismo, se desnudó la falacia de que el Estado va a controlar a los monopolios privados y que éstos van a invertir en aquellos sectores, como los populares urbanos o los rurales, donde la inversión no les reditúe a plenitud. Inclusive, los recientes apagones provocados por las empresas privadas de energía chilenas muestran que a esas transnacionales de los servicios públicos no les tiembla la mano para dejar un país a oscuras si eso le conviene a su insaciable afán de lucro y podrían anticipar que son capaces de dejar de reinvertir el mínimo que requiere el normal funcionamiento de las empresas, si en sus andanzas les resulta más atractivo convertir las ganancias en capitales especulativos.

Y ya nadie duda que buena parte de la supuesta "eficiencia" de los monopolios privados no tiene origen en el aumento de la productividad del trabajo sino en el incremento de su explotación, mediante el regreso a contratos laborales que cada vez más se parecen a los del capitalismo salvaje del siglo XIX, los cuales escribieron una página de vergüenza en la historia de la humanidad.

En conclusión, la tan cacareada "eficiencia" de los monopolios privados en servicios públicos solo aparece si se le entrega el patrimonio nacional a menos precio, si cobran tarifas mayores que las que cobraba el Estado, si repudian la atención de las necesidades de los más débiles y si contratan con salarios de hambre, luego de eliminar la estabilidad laboral y los sindicatos.

Pero el principal argumento para oponerse a la privatización de la CHEC, y a la del resto del sector eléctrico nacional, es que ello se hace para seguir dándole vida artificial a una política económica que está arrasando con lo construido por los colombianos en un siglo de esfuerzos y sacrificios y para acabar de hundir en la pobreza y la miseria a casi toda la nación. Y que Colombia padece la peor crisis de su historia, por causa del rotundo descalabro de las medidas de apertura y privatización, lo prueba la propia decisión pastranista de someter de una vez por todas al país a los dictados del Fondo Monetario Internacional, así la nada sorprendente desfachatez oficial intente presentar este nuevo fracaso como un triunfo de la política neoliberal y a los créditos externos con intereses de usura como regalos que no hay que pagar. La vida demostró que ninguna cantidad de deuda externa ni de inversión foránea era capaz de reemplazar lo que le aportaban la industria y el agro nacional al desarrollo del país, así le sigan tirando al barril sin fondo de la voracidad financiera transnacional hasta la última propiedad apetecible del Estado, y las empresas urbanas y rurales no monopolistas, el empleo, los salarios, la educación, la salud y la infraestructura que necesitan los colombianos.

Si el modelo neoliberal se mantiene no es porque genere desarrollo o porque queden inocentes, sino porque le conviene al imperio norteamericano y a tres o cuatro intermediarios criollos, incluidos los que ya se sabe se beneficiarán con la privatización de la Chec, porque los intelectuales que lo defienden aspiran a un puesto en las mismas instituciones internacionales que orientan la destrucción de Colombia, porque la alta burocracia estatal puede lucrarse o aislarse hasta del peor descalabro del país y porque la paciencia de los colombianos ha demorado que aparezca el valor civil que se requiere para decir "¡basta!"

Así las cosas, lo que la Liga de Usuarios de Servicios Públicos le propone a todos los Caldenses -al pueblo, y a sus dirigentes políticos, económicos y gremiales- es que constituyamos el más amplio frente de rechazo a la privatización de la CHEC. Que no se caiga en el dislate de pensar que una decisión que es mala para Colombia puede ser buena para la región y que, en este sentido, no se centre el debate con el gobierno nacional en cómo mejorar una decisión que no tiene mejoría posible, para terminar aceptando el cambio del derecho de primogenitura por un plato de lentejas.

Que la lucha que les proponemos sea difícil no quiere decir que no deba darse; apenas muestra que debe empezarse cuanto antes. Si hace siglo y medio nuestros antepasados se hubieran acobardado ante las enormes dificultades que se les atravesaban a su paso, estas tierras todavía serían montañas inhóspitas.