Jorge Enrique Robledo Castillo, Arquitecto  
Profesor Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales.
E-mail: jrobledo@col2.telecom.com.co

Es un hecho que el precio del suelo es sensible a lo que ocurra a su alrededor y que, en ese sentido, las nuevas y mayores vías suelen aumentarle sus precios , en la medida en que le mejoren a los lotes su localización relativa en la ciudad. Y desde ya debe decirse que también es cierto que hay obras que pueden producir fenómenos de desvalorización de la propiedad, como ya se ha aceptado, por ejemplo, cuando a un apartamento le cambian la vista a la tranquilidad de un parque por un ruidoso puente vehicular. Inclusive, y a no dudarlo, si la Avenida del Sesquicentenario se construye como está diseñada, le deberán llover demandas por desvalorización de la propiedad al municipio, porque es obvio que ese fenómeno se producirá en todos los predios que quedarán al sur de dicha vía y, especialmente, a los localizados inmediatamente al frente de los enormes muros de contención que requiere esa obra.

Pero incluso si los predios efectivamente se valorizan por una vía, de ahí no puede deducirse que sea "justo" cualquier gravamen de valorización, porque a la hora de pagar cualquier impuesto -o gravamen, que para el efecto es lo mismo- no da lo mismo ser rico que pobre. Los que tienen ingresos superiores a sus gastos de sobrevivencia pagan los impuestos acumulando menos, es decir, haciendo un poco menos rápido su proceso de enriquecimiento, pero sin sacrificar sus gastos en comida, salud, educación, recreación, etc. Por el contrario, los que tienen gastos iguales a lo que ganan, deben pagar sus impuestos absteniéndose, o sea reduciendo sus consumos básicos. Y como es obvio, esta diferencia descalifica la tesis de que los gravámenes de valorización son "justos" en todos los casos. Uno de los principios civilizatorios desarrollados por la burguesía en ascenso en su lucha contra el feudalismo -así hoy se respete cada vez menos- fue el establecimiento de los impuestos proporcionales y progresivos y el criterio de eximir de su pago a los más débiles. La razón que explica por qué los gravámenes de valorización de unas obras que tienen altos costos se los tienen que cobrar a los unos y a los otros, es porque que si solo se los cobraran a los que tienen excedentes, tendrían que expropiarlos.

Tampoco sobra comentar que la propiedad urbana no va siempre acompañada de ingresos de cierta importancia, como bien lo saben los que, siendo propietarios, han perdido sus empleos o han sufrido la ruina de sus negocios. Y también es frecuente que haya propiedades familiares de cierta importancia que apenas reflejan procesos de acumulación de décadas o el paso de inversiones productivas a improductivas, como sucede con la familia que adquirió su vivienda con el fruto de los recursos que le produjo la venta de la finca que poseía.

Entonces, los gravámenes de valorización pueden producir situaciones tan absurdas como la que se da cuando una familia debe vender su vivienda para poder pagar el gravamen de valorización que le imponen por la avenida que se supone la beneficiará.

Por otra parte, el gravamen de valorización contiene un sofisma: aquél que señala que quien paga la exacción por una obra lo hace a cambio del beneficio del mayor valor que adquiere su propiedad. No obstante, para quien tiene su casa para vivir en ella, ¿qué saca con que valga más? ¿En qué se beneficia? Realmente en nada y la valorización sí puede significarle más egresos por la vía de mayores impuestos prediales y tarifas de los servicios públicos. El gobierno puede alegar que el afectado podrá terminar vendiendo su vivienda por un valor mayor que el que tenía antes de hacerse la obra que se usó para justificar el gravamen. Y eso es cierto. Pero si la reemplaza por una básicamente igual a la que vendió (en localización, lote y área construida), le costará lo mismo y pagará iguales impuestos y tarifas, y si la sustituye por una más barata, para ganarse la valorización y ahorrar en los otros gastos, deberá resignarse a adquirir una peor que la que tenía.

Por el contrario, para quienes tienen la tierra urbana como su negocio, las obras públicas y los gravámenes de valorización funcionan distinto. Siempre tienen la opción de trasladarle al comprador los impuestos que pagaron y, con frecuencia, ganarse un excedente. Esto explica por qué es normal que los propietarios de grandes extensiones de terreno urbano sean amigos de las obras por valorización, en tanto los poseedores de casas o apartamentos de habitación suelan resistirse a esos pagos.

De otra parte, hay que recordar que las nuevas vías por zonas construidas hacen parte de las políticas de renovación urbana, entendidas éstas como un proceso dirigido a reciclar ciertas zonas de la ciudad, casi siempre habitadas por pobres o por capas medias, que se han vuelto nuevamente atractivas para la acción del capital, porque, con los años, pasaron de estar localizadas en los extramuros a encontrarse en áreas relativamente centrales. Y como esos sectores suelen ofrecerles fuertes resistencias a las decisiones municipales que buscan desposeerlos de sus predios así se los paguen, el mecanismo de pasarles grandes vías por esas zonas y los alegatos en pro del "progreso" suelen cumplir bien con el papel de renovarlas. Unas familias resultan desalojadas por cuenta de las propias vías que se construyen sobre sus predios, otras salen porque no pueden pagar el gravamen de valorización y muchas más no resisten el aumento de los costos de los impuestos, servicios y bienes que suelen acompañar a los procesos de renovación urbana.

En el caso de Manizales, resulta notorio que buena parte de la intención de la proyectada Avenida del Sesquicentenario, y así se planteó en los primeros documentos oficiales al respecto, consiste en propiciar un proceso de renovación urbana en la zona por donde se construirá, porque desalojará pobres y capas medias y porque le aumentará el estrato, y el precio, al gran lote de la antigua fábrica de Tejidos Unica. Y en el caso de la Avenida Colón, que afectará a San José y a otros barrios aledaños, el propósito renovador es tan notorio que ya se ha dicho que esa obra hará parte de las funciones de la oficina de renovación urbana creada recientemente por el municipio, luego de que pareciera haberse coronado con éxito el escandaloso proceso de expropiación al que fueron sometidos los vecinos de la Baja Suiza, las víctimas ocultas del proceso de renovación urbana de esa zona de la ciudad.

Por lo demás, cada vez está más claro que los famosos estudios de "zona de influencia" y "socioeconómicos" que se dice sustentan los gravámenes de valorización no resisten análisis. Se argumenta que ellos se hacen para calcular el monto y el área de influencia de las valorizaciones que producen las obras, de forma que los gravámenes que se distribuyan tengan esa base técnica. Nada más "justo" que las gentes le restituyan al Estado lo que éste les otorga con las obras, alegan. Sin embargo, lo que suele suceder es que primero se define la obra, luego se calcula su costo y después se le inventa una zona de influencia tan grande como sea necesario para poder pagarla, teniendo el cuidado de que los pagos no resulten tan onerosos que generen protestas sociales que den al traste con el proyecto. De ahí que no deba extrañar que cuando las obras cuestan mucho, se decidan arbitrarios derrames de valorización sobre toda la ciudad.

También hay que decir que el problema de buena parte de la congestión vehicular en Manizales es un problema relativamente menor, si se compara con lo que ocurre en las ciudades donde realmente existe, y que, dada su verdadera magnitud, podría mejorarse bastante si se corrigiera la manera disparatada como ruedan los vehículos sobre las vías. Que los pocos que poseemos carro propio y que, por tenerlo, en cierta medida anunciamos que tenemos nuestros problemas básicos en lo fundamental resueltos, no inventemos la teoría insostenible de que ese es el principal problema de "todos" los manizaleños y que, por tanto, "todos" deben pagar la suma que sea por mayores vías. Porque a esa teoría poco democrática alguien podría responderle con otra igual de radical: que se prohiban los vehículos particulares en la ciudad y que todo el mundo ande en taxis, buses y busetas, porque, así, serían suficientes, y de sobra, las actuales vías de la ciudad .

Finalmente, no sobra agregar que con el pretexto de las vías se vienen dando fuertes aumentos en la tributación. Es de un monto bien notable una sobretasa a la gasolina del 20 por ciento, impuesto que por ser de tipo indirecto tiene un indudable carácter regresivo. Tampoco son escasos los gravámenes de valorización que se quieren derramar sobre los manizaleños. Así mismo, hay que advertir que cuando las autoridades hablan de los aportes "del municipio" para esas obras, también se trata de pagos hechos por los ciudadanos, solo que los aportaron anticipadamente. Y si algo deja claro la primera página de cualquier texto elemental de economía es que subir los impuestos en época de recesión constituye una decisión antitécnica, porque agrava el estancamiento económico, como ya empezaron a plantearlo el F.M.I., el ministerio de hacienda y el coro neoliberal, quienes, con ese argumento, están proponiendo la reducción de los impuestos... pero los de los monopolios, obviamente.

Esperemos que los esfuerzos realizados por los organizadores de este foro y por los diferentes ponentes para colocar el tema de las vías de Manizales más allá de los lugares comunes en donde siempre se ha mantenido, den sus frutos, no solo en el campo de la academia, donde ya se logró, sino en la vida de la ciudad.