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*El documento sobre el cual se basa este articulo fue realizado procurando una autotizacion del Institute for National Security Studies (INSS), USAF Academy. Agradecemos profundamente al Tte Cnel John W. Obringer, Departmento of Biologia, USAF Academy, por su valioso asesoramiento tecnico en este projecto, y al CIC Kevin Moffatt por su asistencia en la busqueda.
Con la ratificacion pendiente de la Convención sobre Armas Químicas (Chemical Weapons Convention CWC), y la probabilidad de un tratado análogo para cubrir el armamento biológico y tóxico (Biological and Toxin Weapons BTW), existe el temor de que las correspondientes verificaciones de inspección desate batallas legales en los EE.UU. sobre la violación al derecho de protección contra las investigaciones y incautaciones no razonables que está garantizado por la Cuarta Enmienda de la Constitución de los EE.UU. Este problema no surge en los tratados sobre armamento nuclear porque la tecnología sofisticada que se requiere para producirlo, ha limitado el número de puntos de inspección a aquéllos bajo control gubernamental directo o indirecto. Las armas químicas (Chemical Weapons CW) y BTW, en cambio, se pueden producir sin dificultades en millares de lugares, oficiales y privados, en todo el mundo, y son mucho más complicados de detectar por medios de acción indirecta (ejp. satélites). Este artículo está relacionado principalmente con los problemas de investigación e incautación que aparecen con motivo de las inspecciones internas de tales instalaciones en función de la CWC.
La firma de la Chemical Weapons Convention se celebró el 13 de enero de 1993. A la fecha, 146 naciones han rubricado el tratado y varias ya lo han ratificado. El tratado prevé un régimen de inspección general para asegurar el cumplimiento de las normas que exigen que todas las partes contratantes cesen inmediatamente el desarrollo, producción, acumulación, trasferencia y empleo de armas químicas, y que destruyan los stocks existentes en un término de 10 años. Las partes que integran la CWC disponen por lo menos hasta enero 1995 para preparar su instrumentación. La Convención sobre Armas Biológicas y Tóxicas (Biological and Toxin Weapons Convention BTWC) ha estado en vigencia por más de dos décadas, pero no contaba con un régimen de inspección efectivo. Alrededor de 110 países han ratificado la BTWC, que prohíbe el desarrollo, producción, acopio, adquisición o retención de armas biológicas o tóxicas. Se ha sugerido que el régimen de inspección CWC constituya un modelo para la BTWC.
La instrumentación de esquemas de verificación viables para estos tratados generan un número significativo de problemas legales que afectan a todas las personas, militares y civiles, involucrados en la investigación, desarrollo, fabricación, distribución, almacenamiento y empleo de tales armas. En el caso de la CWC, los sitios de inspección primaria serán las plantas químicas comerciales, tanto aquéllas que producen CW como de otro tipo, y las instalaciones militares de almacenamiento de CW. Los lugares de inspección BTWC pueden incluir virtualmente a cualquier laboratorio implicado en la investigación y desarrollo de BTW o los antídotos. Los problemas legales fundamentales incluyen previsiones relativas a la CWC que facilitan la inspección de una amplia lista de sitios, y que a primera vista pueden no parecer relacionados con la producción o almacenamiento de CW.
Hemos tratado de anticipar las situaciones del mundo real y de proponer soluciones prácticas para aquellas personas de ambas partes que realmente están involucradas en estas inspecciones. También exploraremos la factibilidad de aplicar el régimen de inspección CWC a la BTWC. Hay también otros problemas legales de importancia alrededor de la orquestación de la CWC, como la responsabilidad sobre los reclamos que se presenten a raíz de inspecciones incorrectamente ejecutadas, que com prometan la propiedad de la información. Pero mientras tales reclamos pueden tener un impacto fiscal significativo, probablemente no trabarán las inspecciones y por lo tanto están más allá del interés de este artículo.
Tanto las CW como las BTW constituyen un armamento de destrucción masiva significativo y a diferencia de las armas nucleares, son relativamente fáciles de fabricar con equipos comerciales generalmente disponibles en todos los países. Por ejemplo, el gas mostaza, puede ser fácilmente hecho con tiodiglicol, un solvente usado en la tinta común de lapiceras abolilla.1 Por lo menos 20 países poseen o están desarrollando CW, y alrededor de otros 14 están implicados en la investigación y aplicación de BTW ofensivas. Hay más de 20.000 plantas químicas productivas solamente en los EE.UU.,3 y muchas son capaces de fabricar los elementos de las CW. Los agentes biológicos pueden ser desarrollados y producidos hasta en el más pequeño y modesto laboratorio. La conversión efectiva en armas exige una mayor sofisticación, pero las armas imperfectas no demandan un sistema específico de entrega. De ese modo, la proliferación de tal armamento es relativamente sencilla y, comparada con los materiales convencionales, su potencia destructora es impresionante. Las armas biológicas tienen un potencial destructivo tan impactante y son tan sencillas de fabricar que han sido denominadas la bomba atómica de los pobres.4 La siguiente tabla ilustra este punto.
| Tipo de Projectil | Cantidad de Heridos | Cantidad de muertos |
| Convencional (una tonelada de alto axplosivo) |
13 | 5 |
| Químico (300 Kg de Sarín |
200-3.000 | 200-3.000 |
| Nuclear (potencia de 20-kilotones) |
40.000 | 40.000 |
| Biológica (20 Kg de Antrax) |
- | 20.000-80.000 |
En tanto que las armas nucleares no han sido usadas desde la II Guerra Mundial, las armas químicas han sido empleadas o han constituido una amenaza significativa en por lo menos una docena de conflictos en los pasados 50 años. Los países en los cuales han sido aplicadas las armas químicas incluyen a Corea, Yemen, Vietnam, Laos, Camboya, Malasia, Afganistán, Birmania, Etiopía, Chad, Angola, Irán e Irak.5 En la guerra del Golfo, la sola amenaza de que Irak pudiera usar CW, a menudo motivó que las fuerzas aliadas vistieran sistemas protectores contra CW y operaran con incomodidad. La lista de naciones conocidas y sospechadas de disponer CW incluye a todas las mencionadas previamente, más los EE.UU., el Reino Unido, Alemania y Japón.6 Muchos de los mayores estados productores de CW, tales como Libia, Irak y Siria, todavía no han firmado la CWC.
Nunca ha habido un empleo intencional probado de BTW; no obstante, en septiembre de 1988, hubo una fuerte evidencia de que un brote de fiebre tifus en la ciudad kurda de Sulaymaniya fue causado por un agente artificial. Irak fue acusado de iniciar la epidemia, pero la relación no fue conclusivamente probada.7 Bulgaria, China, Cuba, Egipto, Irán, Irak, Israel, Corea del Norte, Libia, Rumania, Sudáfrica, la ex Unión Soviética, Siria y Taiwán han sido acusadas de actividades con BTW ofensivas.8 Irak ha negado tener un programa de armas biológicas, pero a continuación de la Guerra del Golfo, la Comisión Especial de las Naciones Unidas encontraron evidencias que sostenían esta sospecha.
Los criterios del acuerdo exigen la Irak del esquema de verificación de la CWC. El deseo de agregar un régimen de verificación a la BTWC se desprende de la importancia que significa el que las BTW no estén sumadas a la lista de los armamentos mundiales. La BTWC fue "el primer tratado moderno para emprender un verdadero 'desarme', librando a las partes de toda una categoría de armamentos."9 La CWC intenta lo mismo con las armas químicas dentro de un período de 10 años. En virtud de los dramáticos avances que se han realizado en el campo de la biología y la genética, cada vez es más importante que las armas biológicas sean excluidas de los arsenales mundiales. Sin un régimen de verificación, la BTWC se parece una fachada elegante. Es lindo de mirarla, pero carece de una sustancia real. Se puede parangonar esta situación con la de un padre que advierte a su hija adolescente que mantenga su habitación limpia y prolija, pero agrega que nunca la controlará. A raíz de esta debilidad perceptible, "recientemente han habido propuestas para ampliar los mecanismos de verificación [de la BTWC] para habilitar un sistema informativo de datos y una capacidad internacional de inspección."10 Muchos están observando la tarea de la (Preparatory Commission PREPCOM), para evaluar si la CWC es un modelo viable.
La verificación de CW o de BTW es, cuanto menos, dificultosa. Aun en Irak, sujeto a una intensa inspección por inspectores que recorren el país, el descubrimiento de evidencias que lo inculpen respecto a sus programas de armas químicas y biológicas, es lento y difícil de descubrir. Verdaderamente ha sido fortuito el hallazgo de documentación militar clasificada que impulsó finalmente a los iraquíes a confesar su complicidad en la investigación de armamentos biológicos. Todo esto sucedió a pesar del hecho que Irak había ratificado el Protocolo del Gas en 192511 y había rubricado la BTWC.
El régimen de inspección de la CWC propone un sistema triple: rutina, inspecciones planeadas de sitios conocidos de CW, e" inspecciones sorpresivas"de lugares sospechosos que cualquier nación signataria puede solicitar, en cualquier parte dentro de las fronteras del estado requerido. Este último tipo de inspección es motivo de preocupación, puesto que la Cuarta Enmienda de la Constitución de los EE.UU. establece cierta protección contra las búsquedas no razonables y los secuestros con intervención de agentes gubernamentales.
Las inspecciones de rutina, cubiertas por la CWC, abarcan solamente ciertos tipos específicos de instalaciones (prioritariamente plantas químicas comerciales y depósitos militares de CW), en base a las funciones y tipos de elementos químicos que están guardados o desarrollados allí. Esos productores y algunos consumidores de compuestos controlados por el tratado, deben registrar declaraciones sobre la producción de ciertos elementos químicos regulares y el contenido de las instalaciones de almacenamiento. Cada estado parte, a su vez, usará esta información para registrar sus declaraciones ante la inspección internacional. Esta visita proveerá la base para las inspecciones que asegurarán que las instalaciones están operando dentro de los límites de las declaraciones. En tanto que las inspecciones de tales facilidades son denominadas de rutina, sin embargo serán realizadas al azar para asegurar mejor su validez.
Las inspecciones de rutina están orientadas en principio al seguimiento de tres grupos de materiales químicos definidos por el tratado como potenciales precursores o verdaderos agentes de las CW. Cada lista está meticulosamente definida por el tratado, pero pueden ser resumidas del siguiente modo:
Lista 1:Doce elementos químicos tóxicos y conjuntos químicos que tienen escaso o ningún empleo comercial, y han sido desarrollados o utilizados como armas químicas en la manera como están definidas en el Artículo II de la CWC, o presentan un "elevado riesgo" respecto al objeto y propósito de la Convención. Los ejemplos incluyen a: mostaza sulfúrica y nitrogenada, y agentes nerviosos, como el tabún, sarin, soman y el VX. Estos productos químicos están prohibidos por el tratado y los depósitos existentes deben ser destruidos en un plazo de 10 años.
Lista 2: Un gran número de elementos químicos tóxicos y primarios que tienen una aplicación comercial baja a moderada, pero que presentan un "riesgo significativo" para el objeto y propósito de esta Convención. Esta lista incluye a tres agentes CW y diversos elementos primarios que han sido extraídos de agentes CW en uno o varios pasos, pero que son producidos con fines no prohibidos en pequeñas cantidades comerciales. Un ejemplo es el solvente tiodiglicol, citado más arriba. Las instalaciones que producen este elemento químico deben ser declaradas, y están sujetas a una inspección inicial y a no más de dos inspecciones de rutina anuales.
Lista 3: Todos los productos químicos de "uso dual" que presentan un riesgo, según la Convención, pero que pueden ser producidos en grandes cantidades comerciales por razones no prohibidas. La lista incluye elementos primarios de CW que han sido derivados en varios pasos, y muchos gases altamente tóxicos, como el hidrógeno cianídrico, usado en las CW en el pasado pero que ahora es fabricado en grandes cantidades con fines legítimos. Deben ser declaradas las plantas que producen más de 30 toneladas métricas anuales de este producto. Aquéllas que fabrican más de 200 toneladas métricas serán inspeccionadas al azar.12
Cada partícipe tiene que registrar su declaración inicial dentro de los 30 días de la entrada en vigor de la CWC. Teniendo en cuenta el número actual de plantas que producen elementos químicos en los EE.UU., el Congreso tiene que ratificar el tratado y aprobar la legislación relativa por lo menos con una anticipación de seis meses para permitir antes del vencimiento la colección de las declaraciones exigidas.13 Poco después de que la CWC entra en vigor, se realizará una inspección inicial de cada planta declarada, se planearán las futuras inspecciones, se evaluará la factibilidad de ejecutar un monitoreo continuo con instrumentos ubicados en el lugar, y se analizará el funcionamiento del acuerdo sobre instalaciones. Por eso es vital que los problemas constitucionales relativos a las inspecciones de la CWC sean identificados en este momento, de modo que la legislación a elaborar pueda resolverlos ahora de ser posible.
Inspecciones de comprobación
Las inspecciones de comprobación son realizadas en principio para detectar y disuadir la producción clandestina de CW en sitios no denunciados. Sin embargo, cualquier estado miembro de la CWC puede requerir virtualmente la inspección de cualquier sitio, público o privado, declarado o no, en el país determinado, sobre la simple base de una sospecha de que puede haber producción de CW o su almacenamiento. Las normas que reglamentan el ingreso a los lugares donde se realizarán inspecciones de verificación, varían en función de si esos sitios están declarados no. En los lugares no declarados se deberá facilitar el ingreso dentro de los cinco días, y en los declarados, dentro de un día y medio. Ninguna inspección de verificación puede durar más de tres días y medio; sin embargo, durante ese período, se debe autorizar el acceso al sitio verdadero, incluyendo inspecciones visuales, la recolección de pruebas y fotografías, y el registro de las inspecciones. La información clasificada o patentada, que no corresponde a los materiales químicos controlados por el tratado, pueden ser ocultados, informados por escrito o protegidos de alguna forma por la parte inspeccionada.
En el caso más desfavorable, pueden surgir severos conflictos entre los derechos constitucionales de la parte inspeccionada y el equipo inspector comprobador. Por ejemplo, una compañía privada o el propietario de una residencia privada que rehusa admitir a los inspectores, basado en la Cuarta Enmienda de la Constitución, puede lograr una orden de la corte prohibiendo que los agentes gubernamentales ingresen al sitio con los inspectores. Esta especie de incidente puede provocar que el estado miembro controlado aplique una doctrina de reciprocidad y rehuse honrar las obligaciones impuestas por el tratado. De este modo, un país que desee evitar la inspección de sus propias instalaciones puede señalar lugares en los EE.UU. que probablemente se resistirán a ser inspeccionados, y luego usar el incidente como excusa para rechazar las inspecciones en su propio territorio. Las inspecciones de verificación también pueden ser utilizadas incorrectamente como actividades para coleccionar inteligencia, permitiendo que estados menos desarrollados tengan acceso libre a la información patentada que puede haber exigido muchos años de investigación y desarrollo.
La CWC contiene dos previsiones que ayudan a prevenir tales incidentes. Primero, el estado a ser comprobado puede apelar (dentro de las 12 horas de la comprobación) al Consejo Ejecutivo de la (Organization for the Prohibition of Chemical Weapon PCW) integrado por 41 naciones, y la inspección puede ser bloqueada si se encuentra que es frívola, abusiva, o va más allá del propósito de la CWC." Eso seguramente descartará aquellas inspecciones que claramente carezcan de un mérito real y apunten obviamente a propósitos impropios. Segundo, y tal vez más importante, los EE.UU. fueron habilitados para insertar una importante calificación constitucional dentro del tratado. Se declara,
Para facilitar el acceso del modo como está especificado en el párrafo 38 [en relación con las inspecciones de comprobación], el Estado miembro inspeccionado estará obligado a permitirlo con la máxima amplitud, teniendo en cuenta cualquier reserva constitucional que pudiera haber con referencia a los derechos de patente, o investigación e incautación. (Énfasis agregado)14
Desafortunadamente, la calificación constitucional no se aplica a las inspecciones rutinarias de los productos químicos relativos a las Listas 1, 2 y 3, aunque una previsión análoga es aplicable a las inspecciones de "las plantas que producen otros productos químicos." Los EE.UU. tampoco pueden conseguir una cuota de las inspecciones de verificación autorizadas por la CWC. Ambos problemas despiertan preocupaciones adicionales: complicaciones constitucionales respecto a las inspecciones de rutina que se hacen incorrectamente, y la ausencia de un tope en el costo de las inspecciones de comprobación. Este último aspecto es de especial preocupación, puesto que los EE.UU. pagarán aproximadamente el 25% de los costos mundiales relacionados con la aplicación de la CWC, y de lejos es el mayor contribuyente para cubrir esos gastos. Han habido algunas discusiones para limitar las inspecciones de verificación a cuatro por año y a dos por cada lugar para prevenir los abusos, aunque esto ha sido por lo menos tentativamente rechazado.15
Aunque nadie puede decir con certeza cuantas inspecciones de confirmación serán efectuadas, muchos observadores creen que habrá relativamente pocas. Un factor es el alto costo político cuando una inspección revela que no hay evidencias de actividades prohibidas, y eso se califica como un acosamiento injustificado. Del mismo modo, bajo los principios de reciprocidad que se respetan, la mayoría de los países objeto de una inspección de comprobación probablemente demandará una inspección similar en el Estado miembro que ha solicitado la comprobación inicial. Sin embargo, fuentes informadas indican que cabe esperar una cantidad inicial de "errores involuntarios" (violaciones accidentales del tratado), especialmente en los países altamente industrializados, con industrias químicas evolucionadas y variadas que no están sujetas al control gubernamental centralizado.16 Los EE.UU. y el Reino Unido son dos de estos países. Ocurrirá una violación calificada de error involuntario cuando cualquier planta química deja de declarar sus actividades, aunque las mismas encajan técnicamente dentro de los límites establecidos para las instalaciones declaradas. Por ejemplo, si una empresa americana no lee el Fedeal Register para tomar conocimiento de las pautas y datos que deben ser reunidos en una declaración formal de las actividades, expondrá a los EE.UU. como violador de la CWC. Esto puede ocurrir especialmente en las compañías que no realizan actividades relativas a la guerra química, pero cuya producción entra dentro del ámbito de las acciones monitoreadas por la CWC. Tales casos pueden derivar en un mayor número de inspecciones de confirmación en las primeras etapas de la CWC.
El hecho de que se haya logrado un calificativo constitucional para las inspecciones de verificación, hace más difícil reclamar que las visitas de las instalaciones productivas de otros elementos químicos logren una renuncia constitucional, como en las inspecciones de rutina de las instalaciones químicas registradas. Algo sorpresivamente, fuentes superiores de la administración señalan que el método por el que tales plantas serán inspeccionadas dentro de los límites de la Cuarta Enmienda y de la CWC, todavía no ha funcionado. Podría suceder que las inspecciones correspondientes a las Listas 1, 2 y 3 probablemente tengan que recurrir a métodos administrativos de búsqueda u otros establecidos más abajo, hasta que previsiones contractuales apropiadas sean aplicables en las plantas químicas de los contratistas gubernamentales. Aunque la mayoría de los fabricantes químicos no son contratistas del gobierno, su cooperación, los tribunales y la inspección de la OPWC serán factores claves.
Derechos de la Cuarta Enmienda
Como se mencionó más arriba, la Irak del régimen de inspección inquisitiva de la CWC muy bien puede originar batallas legales contenciosas, oponiendo los derechos de la Cuarta Enmienda contra el interés nacional de poner en marcha una exitosa CWC en todo el mundo. Es oportuno revisar las previsiones del Cuarta Enmienda y su vinculación con los tratados ratificados, antes de avanzar con el análisis de los problemas particulares de la inspección y sus soluciones potenciales.
Textualmente, la Cuarta Enmienda establece:
El derecho del pueblo a asegurar sus personas, hogares, documentos, y efectos, contra investigaciones sin razón e incauciones, no será violado, y ningún mandato será emitido,excepto una causa presumible sostenida por un juramento o afirmación, y donde se describa particularmente el lugar de la búsqueda, y la persona o cosas a ser incautadas.
La falta de razonabilidad es lo que lleva a diversas interpretaciones. Algunas investigaciones o incautaciones están autorizados sin un decreto específico, basándose en que no son irrazonables. Sin embargo, la flexibilidad del concepto tiene sus límites.
A los fines de comprender si la prescripción de la Cuarta Enmienda puede tener algún impacto sobre un tratado adecuadamente ratificado que invade esa protección, hay que familiarizarse con la jerarquía de las leyes de los EE.UU. Esa jerarquía está definida en el Artículo VI de la Constitución:
Esta Constitución, y las Leyes de los EE.UU. que serán dictadas con esos fines, y todos los tratados en vigor y los que se firmen con la anuencia de los EE.UU., será Ley Suprema de los Territorios, y los Jueces en cada Estado se ajustarán a ellas, aunque en la Constitución o las Leyes de cualquier Estado se establezca algo en contrario.
Aunque esta simple declaración pareciera colocar a la Constitución y los tratados al mismo nivel como la ley suprema del territorio, la Corte Suprema ha interpretado reiteradamente la supremacía de la Constitución. Esto tiene sentido lógico porque de otro modo el Presidente y el Senado efectivamente podrían enmendar la Constitución por otros medios distintos a los establecidos en ella. Sin embargo, aunque somos un país en el que la Constitución excede a los acuerdos internacionales, los principios fundamentales de la jurisprudencia internacional exigen que los estados actúen de buena fe para cumplir con las obligaciones de los tratados y no invoquen las leyes internas para evitarlas.17 Más aún, los EE.UU. siempre han ratificado la conformidad de este principio.18 Por lo tanto, es importante minimizar aquellas situaciones, donde la verificación de la CWC podría motivar conflictos legales internos y encontrar soluciones manejables para aquéllas que surjan, sin que nos lleven a perder el respeto de la comunidad internacional. Si los EE.UU. aparecieran como amparándose en los conflictos constitucionales para autoprotegerse de las verificaciones abiertas y completas, proporcionará a otras naciones la excusa conveniente para no cumplirlas tampoco.
Instrumentar la CWC dentro de los límites de la Cuarta Enmienda
Hay dos grandes categorías por las cuales la información que puede ser lograda por los países, asegura que otros están cumpliendo el tratado: medios nacionales, y medios cooperativos. Los medios nacionales están mucho más allá de los fines de la Cuarta Enmienda, en tanto que los cooperativos pueden ser prohibidos en algunos casos por las protecciones que brinda la enmienda contra las investiga ciones e incautaciones no razonables.
Medios nacionales de inspección
Los medios nacionales se refieren a "aquellos sistemas que están prioritariamente dentro del control del grupo de inspección, y solamente requieren la anuencia pasiva de la parte inspeccionada para que funcionen adecuadamente."19 Un importante subconjunto de medios nacionales está determinado por los medios técnicos de ese origen (National Technical Means NTM) incluyendo a los satélites de fotoreconocimiento, sensores sísmicos de larga distancia, y equipos para tomar muestras de aire que son utilizados para recoger información mucho más allá de las fronteras del país observado.20 Esos medios están en manos de los EE.UU. y pocos países, pero no se encuentran al alcance de un gran número de estados miembros de la CWC. Por eso, no son medios viables para esquivar trabas constitucionales, desde el momento que otros estados probablemente no aceptarían la palabra de aquellos países capaces de usar tales recursos de verificación.21 Complementariamente, la CWC invoca un modo particular de inspección directa in situ, y por lo tanto la vigilancia remota simplemente no es un sustituto apropiado.
El otro tipo de medios nacionales es la inteligencia efectuada por agentes (Human Intelligence HUMINT), donde la información es reunida por diplomáticos, contactos sociales y de negocios, espías, desertores, y otros.22 Es complicado detallar estos métodos en un documento no clasificado, aunque es ampliamente conocido que la Central Intelligence Agency ha proporcionado inteligencia al grupo de trabajo de las Naciones Unidas que verificaba que Irak cumpliera con los términos de la resolución posterior a la Guerra del Golfo, donde se le requería la eliminación de todas sus armas de destrucción masiva.
Nuestra inteligencia ha sido útil también para frenar la exportación ilegal de cantidades importantes de equipos a ser usados en los programas de armas nucleares, químicas y biológicas en el Oriente Medio y en el sur de Asia. Como la inteligencia americana pudo llamar la atención de los gobiernos europeos sobre algunos de sus propios exportadores que esta han apoyando programas de desarrollo de armamento, ciertos gobiernos ahora han ajustado significativamente los controles de exportación.23
La inteligencia exterior rusa (previamente, la KGB) dice que las armas químicas y biológicas solamente pueden ser halladas mediante operaciones de inteligencia y no por la vigilancia satelital.24
Medios cooperativos de inspección
Como lo sugiere el nombre, los medios cooperativos requieren el consentimiento y participación del país inspeccionado. Incluyen la provisión de información, las inspecciones in situ, y la autorización para instalar aparatos sensores automáticos dentro de las fronteras de las naciones inspeccionadas.25 El Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Medio (Intermediate range Nuclear Forces INF), por ejemplo, requiere inspecciones personales in situ. En tanto que la perspectiva de tener inspectores soviéticos viviendo prácticamente en la vecindad de las posiciones de armas nucleares dentro de los EE.UU. parece impensable en principio, la irak de las previsiones del tratado ha sido relativamente lenta. En base a la Resolución 687 del Consejo de Seguridad de las NN.UU., se le requirió a Irak su cooperación para identificar y destruir sus armas de destrucción masiva. Durante más de dos años, problemas importantes han entorpecido este proceso. Cuando los inspectores de las NN.UU. sugirieron la instalación de sistemas de monitoreo en ciertos edificios, los iraquíes protestaron. Finalmente accedieron bajo la amenaza de ataques aéreos de los EE.UU., aunque poco después de la instalación aparecieron problemas que hicieron que los sistemas de monitoreo dejaran de funcionar.
Claramente, la eficacia de los medios cooperativos de verificación oscilan considerablemente en función de las partes involucradas y a menudo presentan problemas sustanciales, especialmente en los países que activamente procuran ocultar sus violaciones. Los tipos de medios cooperativos y el modo como resultan afectados, también pueden generar preocupaciones sobre las investigaciones y embargos relacionados con la Cuarta Enmienda. En este sentido, la Constitución puede limitar tales técnicas de recolección de la información. Sobre este particular, es importante destacar que mientras que la Cuarta Enmienda solamente es aplicable a los gobiernos federal y estatales, y no sobre las acciones de ciudadanos privados o gobiernos extranjeros, las investigaciones y/o incautaciones por agentes de un gobierno foráneo, realizados bajo los auspicios de un tratado rubricado por los EE.UU., podrían ser juzgados como consentidos y asistidos por agentes oficiales americanos, y por eso podrían estar sujetos a las mismas restricciones relativas a investigaciones e incautaciones ejecutadas por agentes federales o estatales.
Inspección de lugares
El lugar a ser investigado es importante porque los tribunales pueden acordar mayor o menor protección bajo la Cuarta Enmienda, en función de quién controla el lugar en cuestión. Básicamente hay tres grandes categorías en las cuales pueden ser agrupadas todas las potenciales inspecciones de lugares bajo la CWC: las instalaciones guberna mentales, las plantas de los contratistas oficiales, y las plantas privadas sin conexión gubernamental. La enorme mayoría de los sitios de producción de CW pertenecen a contratistas gubernamentales, pero tienen escasa significación una vez que el tratado adquiere vigor puesto que por la Lista 1 deberá cesar la producción química. No obstante, los contratistas oficiales pueden ser convocados para destruir las reservas existentes y por eso pueden poseer una gran cantidad de elementos químicos corres pondientes a la Lista 1. La mayoría de los sitios correspondientes a las Listas 2 y 3, y de los probables objetivos de inspección, serán plantas comerciales privadas sin conexiones oficiales. Finalmente, la mayoría de las instalaciones de almacenamiento de CW pertenecen al Departamento de Defensa (Department of Defense DOD), y por consiguiente están bajo control gubernamental pleno. La mayoría de los lugares BTW corresponden a plantas de contratistas gubernamentales u oficiales. No hay acumulaciones conocidas de BTW de importancia, puesto que la BTWC ha prohibido esta actividad desde hace más de 20 años.
Instalaciones del gobierno. Muchos expertos han descartado la aplicabilidad de la Cuarta Enmienda sobre las instalaciones gubernamentales, declarando, "el gobierno nacional por sí mismo no tiene derechos constitucionales, y puede acordar autorización para el acceso de inspectores extranjeros a las instalaciones oficiales, archivos, y armas."26 Podríamos identificar esta situación por tres razones: (1) la distinción entre control público y privado respecto al lugar, en ningún caso constituye una disposición de los derechos de la Cuarta Enmienda; (2) la Cuarta Enmienda protege los derechos privados, no la propiedad; y (3) las pequeñas dimensiones de las armas biológicas originan considerables inconvenientes que implican la búsqueda de personas y zonas dentro de instalaciones públicas, en las cuales tales individuos tienen derechos privados.
Los tribunales han reconocido que la naturaleza pública o privada de los lugares físicos en los cuales se defiende una probable privacidad, no constituye por sí misma una disposición dentro de los propósitos de la Cuarta Enmienda.27 Por lo tanto, la Corte Suprema ha sostenido que "la Cuarta Enmienda protege a la gente, no los lugares. Lo que una persona muestra a sabiendas ante el público, aún en su propio hogar u oficina, no es motivo de la protección de la Cuarta Enmienda...Pero aquello que pretende preservar como privado, aún en una zona accesible al público, puede ser constitucionalmente protegido." (Énfasis agregado)28
Es axiomático que el Gobierno por sí solo no puede reclamar la protección de la Cuarta Enmienda porque únicamente se aplica a "la gente." Pero aquéllos que trabajan para el Gobierno no pierden esa protección por la sola razón de la ubicación de la instalación oficial.29 "Una oficina gubernamental, al igual que otra del sector privado, no es un área pública; la violación, bajo la forma de una investigación ilegal e incautación, podría afectar a cualquiera que ocupe esa oficina."30
La justicia militar también ha reconocido los intereses privados en las instalaciones gubernamentales que son usadas como cuarteles. Los EE.UU. v. Thatcher31 reconoció una probable privacidad en una habitación de un cuartel, mientras que en los EE.UU. v. Figueroa32 aceptó una probable privacidad en el barrio de viviendas de una base. Recientemente, una Corte Militar de Apelaciones extendió el reconocimiento de la expectativa de privacidad desde el barrio de viviendas propio en el interior de una base, a los terrenos cercados por una empalizada que rodeaban a dicho lugar, cuando eso modificó la validez de una evidencia descubierta por dos policías de seguridad que ingresaron subrepticiamente al patio del reclamante, con el resultado de que dicha evidencia terminó siendo deteriorada.33 El 314 (d), Normas Militares sobre Evidencias, Manual para la Corte Marcial (Manual for Courts Martial MCM), EE.UU., 1984, establece "la propiedad gubernamental puede ser investigada bajo esta norma [la cual dispone investigaciones sin requerir una causa probable], a menos que la persona a la cual la propiedad le es atribuida o asignada tenga una razonable probabilidad de privacidad a ese respecto en el momento de la investigación." Bajo circunstancias normales, una persona no tiene expectativas razonables de privacidad dentro de propiedades gubernamentales que no sean concedidas para uso personal. Los armarios de pared o de piso en los cuarteles, entregados con el propósito de guardar elementos particulares, son facilitados para utilización personal; pero determinar si una persona tiene una razonable expectativa de privacidad dentro de una propiedad gubernamental facilitada para uso personal, depende de los hechos y circunstancias en el momento de la investigación; la regla 315 (c)(2), Normas Militares sobre Evidencias, (Military Rules of Evidence MCM), indica que se puede emitir una autorización de investigación para buscar elementos pertenecientes a los EE.UU. o fondos no asignados para actividades de una fuerza armada de los EE.UU., donde quiera que estén ubicados, estableciendo implícitamente que tales autorizaciones pueden ser indispensables en situaciones distintas a las de las oficinas y cuarteles gubernamentales.
La Suprema Corte ha dejado en claro recientemente que la distinción entre privacidad y propiedad no es terminante. En Katz v. EE.UU.34 la Corte Suprema determinó que "la Cuarta Enmienda protege la privacidad, no la propiedad." El Estado incrementó los márgenes de esta sentencia en Soldal v. Condado de Cook, Ill.35 cuando argumentó que la remoción completa de una casa trasportable no genera problemas de privacidad, como en el caso de ingresar a un edificio y retirar objetos de ese lugar, y por lo tanto la Cuarta Enmienda no está implicada. La Corte Suprema no coincidió, revisando su sentencia en Katz, al afirmar que la Cuarta Enmienda "protege tanto a la propiedad como a la privacidad."
La búsqueda del escritorio de un empleado gubernamental puede ser intrascendente en el campo nuclear y hasta posiblemente en el de las armas químicas, en razón de la necesidad de contar con cantidades mayores de materiales, vehículos para la entrega, y grandes complejos manufactureros. Sin embargo, ninguno de estos prerrequisitos es necesario en el ámbito de las armas biológicas, y por lo tanto el asunto es pertinente.
Plantas de contratistas gubernamentales.
En 1988, el Department of Defense apoyó la investigación biológica en 100 lugares, inclusive en muchas universidades prominentes, en 27 estados y ocho países extranjeros.36 No obstante, solamente un puñado de compañías produce elementos químicos de la Lista 1 para el Gobierno, y lo hacen en principio con propósitos defensivos, médicos, farmacéuticos, y de investigación.37 Las plantas de los contratistas oficiales pueden ser subdivididas en general, en aquéllas que están ubicadas dentro y fuera de los EE.UU. Puesto que la segunda categoría es mucho más pequeña y menos significativa, la analizaremos brevemente en primer lugar.
La US Navy emitió una autorización para investigar las toxinas de las avispas de mar en la Universidad de Queensland, Australia. Si un país signatario hubiera sospechado que la intención de este estudio era contrario a lo permitido por la BTWC, ¿hubiera podido inspeccionar las instalaciones australianas aunque Australia no había firmado el tratado presuntivamente obligatorio? Y si no, ¿habilitaría con eso una excusa para que los países que quisieran escapar al régimen de inspección y verificación, contrataran investigaciones en estados que no fueran signatarios del tratado obligatorio?
En respuesta a la primera pregunta, el asunto probablemente sería solucionado en concordancia con los tratados existentes entre los países y/o la ley del Estado en el cual se desarrollaría la investigación. Si la persona a ser buscada en el país extranjero no fuera ciudadano americano, parecería que eso no provocaría preocupaciones acerca de la Cuarta Enmienda, aunque intervinieran agentes del gobierno de los EE.UU. La Corte Suprema sentenció en los EE.UU. v. Verdugo Urquidez38 que las investigaciones no autorizadas en la casa de un ciudadano mexicano, en México, por oficiales policiales americanos, no estaban impedidas por la Cuarta Enmienda.39
En respuesta a la segunda pregunta, la CWC parece haber contemplado la probabilidad de que un país utilice a otro como sustituto. Por eso la CWC se refiere a ambos, el estado miembro inspeccionado y el miembro anfitrión. Con tantos países como son los firmantes, parece improbable que uno de los pocos que no lo hicieron pueda ser una parte confiable donde se pueda llevar a cabo una búsqueda de armas de destrucción masiva, sean químicas o biológicas.
A pesar del gran número de instalaciones contratadas para investigar sobre guerra biológica, parecería que la búsqueda de tales sitios de investigación bajo contrato gubernamental se podría hacer mejor mediante acuerdos contractuales o búsquedas administrativas. Estas opciones y varias otras son analizadas más abajo.
Los EE.UU. pueden incluir una previsión en todos los contratos oficiales, desistiendo de la protección contra las inspecciones no autorizadas. La Corte Suprema ha confirmado similares disposiciones.40 La previsión contractual tendría que haber sido incluida en todos los contratos en los cuales los trabajos de naturaleza química o biológica podían ser de interés de los inspectores extranjeros. Naturalmente, muchas compañías hacen investigación química y biológica sin contratos oficiales, por lo que ésto podría ser una solución parcial. Complementariamente, con el fin de abarcar a todos los contratistas oficiales, el Gobierno tendría que renegociar todos aquellos contratos ya en vigencia. No está claro que amplitud darían los tribunales a esa renuncia. Por ejemplo, si una compañía ha firmado un contrato muy limitado con el Gobierno para investigar un antídoto para un producto químico particular o una toxina, ¿le permitiría ésto al Gobierno llevar a cabo investigaciones injustificadas en toda la compañía, inclusive en áreas no comprendidas por el contrato? La respuesta a esta cuestión probablemente resida en la precisa redacción de la renuncia, como en las consideraciones de razonabilidad y responsabilidad.
Relacionándose muy estrechamente con la renuncia contractual, podría haber un consentimiento para buscar una base ad hoc. Mientras que la obtención de una aprobación válida satisfaría las preocupaciones de la Cuarta Enmienda, la solución sería poco confiable por cuanto dependería en cada instancia de la cooperación de la parte inspeccionada. La inconveniencia y costo parecen estar asociados con tales inspecciones, y las sofisticaciones legales de los objetivos de inspección más probables, posiblemente significarían que el consentimiento válidosería solamente otorgado en muy raros casos. Entonces, esta opción no proporciona una solución a largo plazo dentro del contexto de las obligaciones del tratado internacional.
El mandato de una investigación criminal ciertamente satisfaría las inquietudes de la Cuarta Enmienda. Sin embargo,tales órdenes son emitidas solamente cuando media una demostración ante un magistrado neutral e independiente41 de que la causa probable existe, como para pensar que se hallarán en el lugar especificado un contrabando o la ejecusión de un crimen. Estos requerimientos circunscriben una clase de casos mucho más precisa que aquéllas que serían viables en una inspección internacional bajo un protocolo de verificación. Por eso, probablemente será necesario recurrir a las investigaciones administrativas.
La Corte Suprema ha reconocido separadamente una clase de investigaciones, calificadas de "administrativas," que son realizadas por empleados públicos distintos a los policiales, como los inspectores de Seguridad del Trabajo y Administración de la Salud (Occupational Safety and Health Administration OSHA),de viviendas, y otros similares. Estas búsquedas administrativas pueden ser realizadas en algunos casos sin garantías legales. Por lo tanto, la Corte Suprema ha establecido
que en ciertas circunstancias, los investigadores gubernamentales que conducen búsquedas con vistas a la necesidad de un esquema regulatorio, no se ajustan a los decretos usuales o a los requerimientos de causas probables, en tanto que sus búsquedas reúnan pautas legislativas o administrativas razonables.
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Sin embargo, aunque sea requerida una justificación legal, el tribunal ha permitido una más baja que la causa probable a cambio de la emisión de tales órdenes.43 Esta pauta inferior a veces es confusamente comparada como "causa probable administrativa," pero su determinación está comprendida entre la evaluación de la amplitud de la invasión de la privacidad y el interés público en la inspección.44 El uso potencial de la búsqueda administrativa en el contexto de un tratado internacional es estudiado más abajo.
En una oportunidad, la Corte falló que las investigaciones civiles estaban fuera de la protección de la Cuarta Enmienda. Lo que la Corte estableció, estaba dirigido a la protección contra la búsqueda de evidencias criminales.45 Desde entonces, la Corte ha abandonado esta distinción, confiando ahora más en la "razonabilidad" de la búsqueda bajo las circunstancias particulares.
El procedimiento documentado ha sido definido para garantir que una decisión de investigar propiedad privada está justificada por un interés oficial razonable. Pero la razonabilidad todavía es la última pauta. Si un interés público válido justifica la intrusión contemplada, hay causa probable para emitir una autorización restringida adecuada.46
Por lo tanto, el valor de un testimonio de investigación administrativa es completamente diferente a la determinación de la causa probable necesaria en una orden de búsqueda criminal. Allí parece constituir una pauta no uniforme para un mandato de investigación administrativa. Variará en función de un número de factores,47 pero finalmente requiere un equilibrio entre la necesidad de buscar y la intrusión que entraña la investigación.48
Las inmunidades de [la Cuarta] enmienda y la Enmienda 5 contra investigaciones e incautaciones no razonables, y la autoincriminación no son absolutas, pero están sujetas a renuncia, y aquéllos que comienzan o continúan una negociación bajo reglamentación oficial, voluntariamente someten sus archivos y documentos a las inspecciones que contempla la ley, y en esa medida renuncia a sus inmunidades constitucionales de privacidad respecto a sus documentos y contra los testimonios compulsivos.49
La Corte Suprema ha aceptado una excepción a los requerimientos de la orden de investigación para las industrias con antecedentes de supervisión oficial, tales como las de licores y armas de fuego.50 Sin embargo, la Corte ha dejado en claro que se trata de una excepción y no de una regla. La supervisión gubernamental nominal es considerada insuficiente.51 Más bien, el Congreso tiene que aprobar una legislación apropiada para ubicar a la industria bajo la excepción a los mandamientos. Por ello, la Corte ha declarado en Donovan v. Dewey52
que constitucionalmente, puede no ser requerida una garantía cuando el Congreso ha determinado que las investigaciones no certificadas son necesarias para adelantar un esquema reglamentario, y la presencia regulatoria federal es suficientemente amplia y definida, por lo que el dueño de una propiedad comercial no la puede modificar pero estará advertido que quedará sujeta a inspecciones periódicas emprendidas con propósitos específicos.53
Por lo tanto, pareciera que el Congreso puede elaborar cuidadosamente estatutos instrumentales para posibilitar las investigaciones sin garantías constitucionales. Sin embargo, aún ésto puede ser insuficiente, puesto que la Corte indicó en otra opinión que "el elemento que distingue a esas empresas de los negocios ordinarios es una larga tradición de estrecha supervisión oficial..." (Énfasis agregado)54 En consecuencia, la legislación instrumental puede ser efectiva solamente si se puede demostrar que la industria de elementos biológicos tiene una larga tradición de estricta supervisión oficial. Esta demostración puede ser dificultosa de hacer en vista del hecho que, hasta aquéllos que han estudiado la aplicabilidad de las investigaciones administrativas en las industrias química más firmemente reguladas, han presentado dudas sobre si es posible ajustarse a las pautas.55
Los requerimientos para las investiga ciones no certificadas fueron formalizados en New York v. Burger,56 donde la Corte Suprema estableció una prueba de tres puntas para una industria estrechamente regulada a ser investigada sin un mandato:
1. tiene que haber un interés "gubernamental sustancial,"
2. la inspección tiene que ser "necesaria para avanzar el esquema regulatorio," y
3. tiene que haber "una aplicación cierta y regulada de[las inspecciones]."
Las primeras dos puntas probablemente pudieran ser satisfechas con la CWC o un régimen de verificación BTW similar, partiendo de una legislación instrumental adecuada. Sin embargo, la última punta es problemática. En relación con ella, la Corte expresó que las inspecciones sin respaldo podían "ser constitucionalmente objetables si se hacían tan al azar, infrecuentes, o impredecibles, de modo que el propietario, a todo fin práctico, no prevea que su propiedad pueda ser inspeccionada de tiempo en tiempo por los delegados oficiales."57 Aunque el azar y la impredicción son precisamente los objetivos de las inspecciones de verificación.
Finalmente, en tanto que una investigación sin garantías es autorizada bajo estas condiciones limitadas establecidas por los tribunales, parece que aun en estas situaciones, si el dueño de la propiedad rehusa autorizar la investigación, no se podrá recurrir a la fuerza para llevarla a cabo. Más bien, el Gobierno entonces puede ser forzado a obtener un mandato para investigar aunque parece que la obtención de ese respaldo bajo tales circunstancias se aproximará a las pautas inferiores aplicables a las búsquedas administrativas estudiadas más arriba.58
Inspecciones biológicas y las excepciones a las industrias fuertemente reguladas. Corrientemente, la investigación biológica está directa o indirectamente controlada por regulaciones emitidas por el Department of Defense, el Department of the Army, el Department of Commerce, el Department of Labor, el Department of Agriculture, el Department of Transportation, el United States Public Health Service, el United States Postal Service, la Environmental Protection Agency, los Centers for Desease Control, el National Institutes of Health, la Food and Drug Administration, la Nuclear Regulatory Commission, el Department of the Interior, y otras agencias estatales y locales regulatorias.59 No obstante, la industria biológica, como industria menos desarrollada, parece ser regulada más ligeramente que la química, que está bajo la cobertura de la Toxic Substances Control Act.60
Las decisiones de la Corte relativas a qué industrias deben estar más reguladas y cuáles no, determinan por lo tanto qué industrias estarán sujetas a inspecciones sin mandato y cuáles no, con lo que se define una cierta orientación. Por lo menos en ciertas jurisdicciones, los comerciantes de armas de fuego han estado dentro de una industria severamente regulada (EE.UU. v. Biswell),61 como también lo han estado los comerciantes autopartistas (Bionic Auto Parts and Sales, Inc. v. Fanher),62 las carreras de caballos (Shoemaker v. Handel),63 y los cuidadores diurnos (Rush v. Obledo).64 Por otra parte, los colmenares activos no han estado incorporados a una industria muy regulada (Allinder v. Ohio),65 ni tampoco los negocios de libros y revistas, y teatros en actividad (aun cuando es requerida una licencia habilitante y su aceptación es juzgada como un consentimiento para la inspección [Marks v. Newport]),66 o los negocios que son inspeccionados por violaciones al medio ambiente (Commonwealth, Dept. of Environmental Resources v. Fiore).67
Las exigentes circunstancias para una excepción de los requerimientos generales de una investigación ordenada fueron reconocidas en New York v. Belton.68 Ver también el United States Code Annotated, Título 18, secciones 175- 78: "Se procurará utilizar esta excepción en muy pocas circunstancias, donde el riesgo para la salud y seguridad pública, o para el ambiente sean tan extremos que la solicitud de un mandato sea impracticable." Esta excepción sería de escaso provecho, puesto que la inspección amparada por la CWC concede suficiente tiempo para pedir y conseguir un mandato para una inspección de rutina o de confirmación.
Instalaciones afiliadas no gubernamentales. Básicamente, las instalaciones afiliadas no gubernamentales serán tratadas en gran medida como las de los contratistas oficiales, aunque sin la opción de una renuncia contractual a los derechos de la Cuarta Enmienda. Sin el temor de perder un contrato gubernamental, algunas plantas afiliadas no oficiales también pueden estar menos inclinadas a la cooperación. Si la planta no consigue contratos oficiales porque es demasiado pequeña, también puede ser menos cooperativa por razones de costo al ser incapaz de absorber los gastos que van asociados a tales inspecciones.
Inspección de personas
La CWC no solamente prevé la visita de lugares, sino además la recolección de muestras de seres humanos como sangre, orina, secreciones fisiológicas, y tejidos. Esto parece ofrecer unproblema casi insuperable respecto a la Cuarta Enmienda. La extrema intrusión que supone la extracción de sangre, orina, secreciones o tejidos de una persona, hace que esta previsión sea la más dificultosa de conformarse a la ley constitucional actual. Ciertamente, el consentimiento válido de la persona a quien se le tomarán las muestras, eliminaría el problema en los casos individuales. Complementariamente, donde se obtenga un mandato judicial de investigación criminal, se podría conseguir muestras forzadas aun contra la voluntad del individuo. Sin embargo, estas situaciones constituirían una pequeña minoría.69
Las conversaciones con un alto funcionario de la OPCW revelaron que no existen planes para tratar este aparente desafío legal, que se presenta no sólo en los EE.UU., sino virtualmente en cada país investigado.70 En verdad, la aproximación más aconsejable es interpretar la previsión de la manera en que se sentirían cómodos la mayoría de los países, sin presionar sobre el problema.
Las implicancias de la Cuarta Enmienda en la verificación de la CWC y en el desarrollo del régimen para verificar la BTWC, son significativas pero probablemente no son insuperables. Las dificultades potenciales con el régimen de inspección de la BTWC pueden ser reducidas de un modo importante con la inclusión de calificadores constitucionales en todas las inspecciones prospectivas. Los acuerdos para obtener pruebas de tejido humano o de los fluidos, se pueden concretar solamente en condiciones muy restringidas, y aun entonces, se recomienda la inserción de uncalificador constitucional.
Por supuesto, estos expertos no constituyen una panacea. Permiten salidas a las naciones signatarias, que pueden deteriorar todo el régimen de verificación. Sin calificadores constitucionales, las inspecciones todavía pueden ser posibles bajo previsiones contractuales por las que los contratistas gubernamentales renuncien a las protecciones de la Cuarta Enmienda. Para los contratistas no oficiales o los individuos privados, será suficiente con un consentimiento válido aunque esta opción proporciona poca confianza en una cooperación garantizada con un tratado internacional de largo plazo. En este caso, las investigaciones administrativas con o sin mandamiento proveen cierta perspectiva de alivio. Las excepciones convencionales al requerimiento de los mandatos pueden asistir en pocos casos, como las circunstancias exigentes, visitas totales, y cosas parecidas, pero no sirven para acordar opciones adicionales en la mayoría de las oportunidades. La protección del mundo de los efectos catastróficos potenciales debido al empleo en gran escala de armas químicas y biológicas, es esencial. Por eso, los países tienen que continuar trabajando sobre los problemas legales para arribar a la mejor solución, aun cuando inevitablemente continuarán algunos escollos. Al final, la presión política internacional que puede ser ejercida contra los violadores hasta de un acuerdo imperfecto, pueden colocar a las naciones no cumplidoras bajo vigilancia.
1. US Congress, Office of Technology Assessment, The Chemical Weapons Convention: Effects on the US Chemical Industry, OTABPISC (Washington, D.C.: Government Printing Office, agosto 1993), 7. A continuación de Effects on Chemical Industry.
2. Center for Verification Research, Global Proliferation: Dynamics, Acquisition Strategies, and Responses, DNA00189C0204, vol. 3 (Alexandria, Va.: Defense Nuclear Agency, 1992), 2. Después de Global Proliferation.
3. Effects on Chemical Industry, 8.
4. B. Gaffney, The Poor Man's Atomic Bomb, Baltimore Sun, 1 de abril de 1988, 8.
5. Global Proliferation, 1.
6. Ib., 5. El Reino Unido, Alemania y Japón han declarado el cese de todas las actividades de CW.
7. A Biological Smoking Gun, Toronto Star, 7 de enero de 1993, A15.
8. Countering the Chemical and Biological Weapons Threat in the Post Soviet World, Report of the Special Inquiry into the Chemical and Biological Threat of the Committee on Armed Services, House of Representatives, 102º Congreso, 2ª sesión, 11.
9. D. Koplow, Parsing Good Faith: Has the United States Violated Article VI of the Nuclear NonProliferation Treaty?, Wisconsin Law Review 301 (1993), 307.
10. Jozef Goldblat y Thomas Bernauer, Bulletin of Peace Proposal 23 (1992): 35.
11. El Protocolo para la Prohibición del Uso de Gases Asfixiantes, Venenosos u Otros Gases en la Guerra, y del Método Bacteriológico de Hacer la Guerra [después del Protocolo del Gas 1925], prohibe el empleo de las armas bacteriológicas. El tratado fue ratificado por más de 100 países, pero las armas biológicas y químicas todavía están siendo desarrolladas y usadas por muchas de estas naciones. Ver League of Nations Treaty Series, vol. 94 (Nancy, France: BergerLevrault, 1929).
12. Draft Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction, UN Doc. CD/1173 (1992) (a continuación del CWC ), anexo de Productos Químicos, Nº. 16.
13. Effects on Chemical Industry, 10.
14. CWC, anexo 2, pt. X, par. 41.
15. Dr. Donald C. Claggett, Secretariado Técnico de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, entrevista personal con el autor, 8 de julio de 1993.
16. Ib.
17. Artículo 13, Declaration of Rights and Duties of States, as Adopted by the International Law Commission (Lake Success, N.Y.: Naciones Unidas, 1948), 88 90.
18. Papers Relating to the Foreign Relations of the United States, 1887 (Washington, D.C.: Government Printing Office), 751 53.
19. Koplow, 230.
20. Ib.
21. Por información adicional, ver a J. Aroesty, K.A. Wolf, y E.C. River, Domestic Implementation of a Chemical Weapons Treaty, Rand Report R3745ACQ (Santa Mónica, Calif.: Rand Corporation, 1989).
22. Koplow, 230.
23. Declaración de James Woolsey, director de la Central Intelligence ante el Comité Especial Permanente de Inteligencia, US House of Representatives, Federal News Service, 9 de marzo de 1993.
24. KGB Lifts the Lid on the World's Dirty Weapons, The Independent, 28 de febrero de 1993, 12.
25. Koplow, 240.
26. Ib., 291. Accord L.Henkin, Foreign Affairs and the Constitution (Mineola, N.Y.: Foundation Press, 1972), 190; E.Tanzman y J. Stockton, Harmonizing the Chemical Weapons Convention with the United States Constitution, DNATR9126 (Alexandria, Va.: Defense Nuclear Agency, 1 de noviembre de 1991), 15.
27. Morton v. State, 284 Md. 526, 397 A.2º 1385 (1979).
28. Katz v. United States, 389 U.S. 347, 351 (1967) (citas omitidas) estableció que las protecciones de la Cuarta Enmienda correspondían a los hechos de este caso, aun en la pared de cristal de una cabina telefónica en un aeropuerto público.
29. Ver, por ejemplo, a O'Connor v. Ortega, 480 U.S. 709(1987). En tanto que la Corte aprobó en este caso la investigación sin mandato del escritorio de un empleado gubernamental, sin embargo reconoció una cierta expectativa de privacidad y las limitaciones de la Cuarta Enmienda durante la búsqueda del escritorio y los archiveros.
30. United States v. Nasser, 476 F.2º 1111 (7º Cir.1973). Accord United States v. Taketa, 923 F.2º 665 (9º Cir. 1991). La expectativa de privacidad de un agente estatal en una oficina gubernamental de un aeropuerto era razonable, a pesar del hecho que otros empleados tuvieran acceso a la oficina, de que el agente a cargo consintiera la búsqueda, y que el objetivo de la misma fuera equivocadamente una propiedad gubernamental apropiada. United States v. Hagarty, 388 F.2º 713 (7º Cir. 1968) falló que los artefactos de escucha no podían ser ubicados en una oficina del (Inmigration and Naturalization Service INS) sin el consentimiento del ocupante. Pero ver Schowengerdt v. United States, 944 F.2º 483 (9º Cir. 1991), cert. negado, 112 S Ct. 1514 (1992), que estableció que allí había una expectativa no razonable de privacidad en la oficina o el escritorio, aun si estaban cerrados, para un civil que trabajaba en un ámbito clasificado, constantemente sujeto a investigación y vigilancia.
31. 28 M.J.20 (CMA 1989).
32. 35 M.J.54 (CMA 1992).
33. <~>United States v. Kaliski, Nº 930069 (1 de junio de 1993). Mientras estaba en el patio del apelante, la policía se asomó por más de treinta minutos a una abertura de ocho por diez pulgadas en las cortinas que cubrían una puerta deslizable posterior en el casino de personal soltero donde vivía el interesado, con el propósito de observar la actitud del individuo en actos sexuales prohibidos.
34. 389 U.S. 347 (1967).
35. 113 S.Ct. 538 (1992).
36. Global Proliferation, vol. 4, 15, citando a Poison on the Wind: The New Threat of Chemical and Biological Weapons, Christian Science Monitor, 15 de diciembre de 1988, 12.
37. Effects on Chemical Industry, 14.
38. 494 U.S. 1092, reh'g negado, 494 U.S. 1092 (1990).
39. ;En materia de análisis de las implicancias legales,probablemente a ser encontradas en las búsquedas realizadas en jurisdicciones extranjeras, ver a B. Kellman et.al. A Comparative Study of Legal Implementation of the Chemical Weapons Convention in Foreign Jurisdictions, DNATR91216 (Alexandria, Va.: Defense Nuclear Agency, 9 de abril de 1993).
40. Ver, por ejemplo, Zap v. United States, 328 U.S. 624(1946), dejado vacante en otras áreas, 330 U.S. 800 (1947) (per curiam).
41. Un mandamiento emitido por el fiscal general fue declarado no válido en Coolidge v. New Hampshire, 403 U.S. 443 (1971). Del mismo modo, una justicia de paz cuyo ingreso deriva en parte de las tasas de los mandatos, fue considerada insuficientemente neutral e imparcial. Connelly v. Georgia, 429 U.S. 245 (1977).
42. Griffin v. Wisconsin, 483 U.S. 868, 873 (1987), citando a Cámara v. Corte Municipal de San Francisco, 387 U.S. 523, 538 (1967); New York v. Burger, 482 U.S. 691, 702 (1987); Donovanv. Dewey, 452 U.S. 594, 602 (1981); y United States v. Biswell, 406 U.S. 311, 316 (1972).
43. David M. O'Brien, Constitutional Law and Politics vol. 2, Civil Liberties and Civil Rights (Nueva York: W.W. Norton and Co., 1991), 835.
44. Effects on Chemical Industry, 13, citando a Tanzmany Stockton, 15.
45. Frank v. Maryland, 359 U.S. 360 (1959).
46. Cámara v. Corte Municipal, 387 U.S. 523, 539 (1967).
47. Cámara, supra, Nº 84.
48. O'Brien, 836. Ver también a New Mexico Environmental Improv. Div. vs. Climax Chemical Co., 105 N.M. 439, 733 P 2º 1322 (N.M. App. 1986).
49. Bowles v. Misle, 64 F. Supp. 835 (D. Neb. 1946).
50. Colonnade Catering Corp. v. United States, 397 U.S.72 (1968); United States vs. Biswell, 406 U.S. 311 (1972); y Marshall v. Barlow's, Inc., 436 U.S. 307 (1978).
51. Marshall v. Barlow's, Inc., Nº 97.
52.& 452 U.S. 594 (1981).
53. Donovan v. Dewey, 600.
54. Marshall v. Barlow's, Inc., 313.
55. Effects on Chemical Industry, 35; y Dow Chemical v. United States, 476 U.S. 227 (1986).
56. 482 U.S. 691 (1987).
57. Donovan v. Dewey, 452 U.S. 594, 599 (1981).
58. United v. Goff, 677 F. Supp. 1526, 1532 33 (DUtah1987), adherido a la reconsideración, 736 F. Supp. 1087 (DUtah 1990). No obstante, en el caso examinado es significativa la declaración que expresa que el Congreso no ha autorizado el ingreso forzado ante la ausencia de un mandato, y en remplazo le ha proporcionado una alternativa a los agentes oficiales, convirtiendo el rechazo al ingreso de los inspectores bajo el [estatuto de control] en una ofensa criminal. 677 F. Supp. 1526, 1532 citando Biswell, supra Nº 82, 313. Así, tal vez ha sido una deficiencia en el modo como el Congreso entramó el estatuto que llevó a ese resultado.
59. Tte. Cnel. John W. Obringer, Department of Biology, USA Air Force Academy, Colorado Spring, Colo., y Cnel. M.H. Crumrine, Office of the Assistant Secretary of the (Army for Research, Development, and Acquisition ASARDA), Washington, D.C., entrevista con los autores, 25 de junio de 1993.
60. 15 U.S.C. secs. 2601 2692 (1988). Ver también el capítulo 4 de Aroesty, Wolf, and River, Domestic Implementation of Chemical Weapons Treaty, que se relaciona con otras reglamentaciones que afectan a los productos químicos, tales como el Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act, 7 U.S.C., secs. 121 136 (1988); la Occupational Safety and Health Act, 29 U.S.C. secs. 651 678 (1988); la Resource Conservation and Recovery Act, 42 U.S.C. secs. 6901 6987; la Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act, 42 U.S.C. secs. 9601 9657 (1988); la Superfund Amendments and Reauthorization Act de 1986, y los requerimientos a la International Trade Commission establecidabajo la 19 U.S.C. secs. 1330 1339.
61. 406 U.S. 311 (1972).
62. 721 F.2º 1072 (7ª Cir.1983).
63. 795 F.2º 1136 (3ª Cir.), cert. negado 479 U.S. 986 (1986).
64. 756 F.2º 713 (9ª Cir. 1985). Ver también el comentario sobre interés federal urgente en el Report to the House of Delegates, American Bar Association, Standing Committee on Law and National Security, y Section of International Law and Practice, julio 1985.
65. 808 F.2º 1180 (6ª Cir.) app.dism'd 481 U.S. 1065 (1987).
66. 344 F. Supp. 675 (E.D.Ky.1972). El fallo de la Cortese emitió, a pesar que el estatuto estatal que autorizaba a losempleados del Pennsylvania Department of Environmental Resources a recoger muestras de efluentes y aguas corrientes para verificar el cumplimiento de las normas ambientales.
67. 88 Pa.Commw.418, 491 A.2º 284 (1984), rev,d 512 Pa.327, 516 A.2º 704 (1986).
68. 453 U.S. 454, reh'g negado, 453 U.S. 950 (1981).
69. En Brooks v. East Chambers Consolidated Independent School District, 730 F.Supp. 759 (S.D.Tex.1989). La Corte determinó que el distrito escolar no tenía participación en actividades extracurriculares contingentes, como dar consentimiento para permitir los análisis urinarios. Este es un caso importante, porque los jóvenes estudiantes a menudo cuentan con menor protección debido a su minoridad y a las preocupaciones por su seguridad. Pero para ver un fallo en contrario, ver Schaill vs. Tippecanoe County School Corp., 864 F.2º 1309 (7ª Cir. 1988).
70. El funcionario del OPCW solamente habló con la condición de no ser identificado. Para una investigación de países que tendrían similares problemas legales con las inspecciones sobrelas personas, ver a B.Kellman et.al. A Comparative Study of the Legal Implementation of the Chemical Weapons Convention in Foreign Jurisdiction, DNA00190C0177 (Alexandria, Va.: Defense Nuclear Agency, 9 de abril de 1993).
El Mayor Richard W. Aldrich (USAFA; JD, UCLA School of Law) es profesor asistente de derecho en la US Air Force Academy. Previamente sirvió como analista de sistema en el Joint Chiefs of Staff and War Plans Programming, cuartel general del SAC; como jurista interino en la Space Division, Los Angeles AFS, California, y en la Office of the Secretary of the Air Force/Legislative Liaison; como jurista auxiliar, Base Aérea Sheppard, Texas; y como consejero defensor para apelaciones, Washington D.C.
El Capitán Norman K. Thompson (BA, San Francisco State University; JD, University of California, Hastings College of Law) es profesor asistente de derecho en la US Air Force Academy. También ha servido como jurista auxiliar y consejero defensor de área en la Base Aérea McClellan, California; y como consejero defensor de circuito en la Base Aérea Travis, California.
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