Llevaba varios días tratando de hallar el punto de partida de estas líneas explicativas, cuando recibí una llamada telefónica desde Santiago. Rodolfo Arenas, periodista de La Tercera, se comunicaba conmigo: habiéndose enterado de la existencia de este libro quería la primicia de un anticipo para su diario o, al menos, la información necesaria para preparar una crónica. Me vi forzada a recurrir a todo tipo de evasivas. No quería revelar detalles de su contenido, que, hechos públicos antes de la aparición de la obra, podían ponerla legalmente en peligro.

Recordé las dificultades que tuve muchas veces que enfrentar, ideando todo tipo de eufemismos y rodeos lingüísticos para esquivar los rigores de la Ley de Seguridad del Estado. Ella protege, como se sabe, a nuestras autoridades políticas y administrativas, a los generales, a los ministros de la Corte Suprema y hasta a los obispos. ¡Cuántas veces fui censurada porque el artículo se ocupaba de alguno de estos intocables!

La llamada revivió en mí un cierto miedo. El mismo que tuvieron que superar las casi ochenta personas que entrevisté a lo largo de varios años para poder penetrar en las intimidades de nuestro Poder Judicial. Similar también al que, sacando fuerzas de flaquezas, alimentó mis energías en la tediosa tarea de investigación, de verificación de antecedentes, de cotejo de fuentes. Artículos de diarios y revistas, expedientes legales, oficios judiciales, monografías, los pocos libros que se han escrito sobre el tema.

Es absurdo y quizás si hasta ridículo, tener que admitir que sentí esos temores, y que en alguna medida todavía los vivo, cuando en Chile ha transcurrido ya casi una década de haberse recuperado la democracia.

Sin real libertad de expresión el periodismo se pervierte, pierde su altura ética y puede transformarse en un engendro monstruoso: inquisitivo, osado, mordaz, descalificador y hasta cruel contra quienes no tienen leyes que los protejan; tolerante, obsecuente y servil con los poderosos, sin excluir, por supuesto, a la autoridad, a la que sin embargo está llamado a fiscalizar.

Creemos en la libertad de expresión y creemos en la necesidad del periodismo fiscalizador, que investiga e informa, que no persigue denigrar a personas o instituciones, pero que tampoco vacila en acometer sin vacilaciones la verdad, aunque ésta, como es a veces inevitable, moleste a algunos de los protagonistas de la sociedad en que vivimos.

Esto último puede ser un obstáculo, porque un libro como este, escrito pensando en los principios enunciados, aunque sea social y culturalmente necesario, es evidente que corre el riesgo de concitar la ira de quienes se han predefinido como encarnaciones de la Virtud Pública, la Seguridad y la Patria.

Las cosas han cambiado desde que en 1992 comencé mis investigaciones con miras a la preparación de este libro. Iniciado el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, la vieja Corte y ciertas prácticas se quedaron sin su paraguas protector. La posibilidad cierta, por ejemplo, de una acusación constitucional contra algún magistrado y, tal vez principalmente, los recientes cambios en la cúpula del más alto tribunal, han debilitado algunos de los viejos vicios. La aprobación, además, de leyes tan radicales como la modificación del proceso penal, son signos de la recuperación que se avizora, que viene lenta pero que ya está en marcha.

Es evidente que todavía queda bastante bajo la alfombra. Hay que recapitular muchos actos de la Magistratura que entrañan traiciones a la confianza pública, y que continúan siendo convenientemente ignorados por la mayoría de la población. También hay otros aspectos importantes que merecen conocerse: los actos de grandeza, valentía y hasta heroísmo de muchos de sus hombres.

No he pretendido escribir "todo" acerca de la Justicia chilena, sino narrar sólo lo necesario para explicar y entender lo que ha sido su itinerario, el ejercicio de sus funciones en tanto "Poder" del Estado. El lector, especialmente el más informado, encontrará ciertamente que hay en este trabajo omisiones y hasta simplificaciones. Son propios de las dificultades de un lego, cuya cercanía al tema se ha dado, no desde el ángulo del profesional de la jurisprudencia, sino del periodista preocupado del "área judicial" durante largos años en diversos medios de comunicación. No tengo ninguna duda de que hay jueces y abogados que disponen de información mucho más amplia que la mía, o que habrían privilegiado la evocación de antecedentes que, aun yo conociéndolos, no consideré pertinente evocar.

No están en estas páginas las historias de algunos grandes casos judiciales -cada uno de los cuales da probablemente para un libro aparte-, y aquellos que se mencionan son, por lo general, únicamente aludidos para dar luces sobre el comportamiento de la Corte Suprema, hilo conductor y tema central de este libro. Otro tanto ocurre con aquello que podría relatarse a propósito de los abogados, la policía, la gendarmería, el Servicio Médico Legal.

Muy lejos de mí la idea de querer emparentar la estructura de este volumen con modelos literarios ilustres. Puede, sin embargo, leerse conforme al consejo cortazariano: en cualquier orden. El producto será siempre el mismo. En todos los capítulos el lector encontrará componentes de la viga maestra sobre la que descansan las afirmaciones de mi libro: no ha existido en la Historia de Chile un Poder Judicial que se entienda y conduzca como tal; lo que hemos tenido -salvo, reitero, las actuaciones aisladas de jueces tan brillantes y valientes como escasos- ha sido un "servicio" judicial, no más moderno, ético ni independiente que cualquier otro de la administración pública.

LA AUTORA

Capítulo I

El frío marmóreo del Palacio de los Tribunales se pega a la piel como el vaho de un frigorífico. La sensación de estarme congelando en eternas esperas es lo primero que recuerdo al repasar esos cinco años que estuve cubriendo el sector. El invierno parece más crudo y más largo en medio de esos pasillos.

Cuando comencé -en 1990, para el diario La Epoca- no había sala de periodistas en el edificio que alberga a la Corte de Apelaciones de Santiago y a la Corte Suprema. Tampoco baño para mujeres. El café de la Estelita -que todavía pasa una vez al día con sandwiches, queques y café con leche- era lo único cálido en esos tediosos plantones que podían durar hasta doce horas. O dieciséis o dieciocho, si había algún caso especial. Y, por esos años, los había a montones.

En otra ocasión, presencié como este ministro se retiraba temprano sin cumplir con su obligación de firmar las resoluciones del día, cuando presidía la Cuarta Sala.

Era usual entonces que este magistrado llegara atrasado y se fuera temprano, aunque su obligación, como la de todo juez, era la de permanecer en su despacho por lo menos cuatro horas al día (o cinco, si la sala tenía atraso). Es decir, por lo menos de dos a seis de la tarde. Las continuas faltas a este compromiso le granjearon reprimendas de algunos de sus propios colegas, quienes se irritaban por su feble disciplina y el retraso que provocaba en el trabajo de los demás.

Tengo viva la imagen del mismo juez paseándose un día, lentamente, con los pantalones mojados, de ida y vuelta por el pasillo del segundo piso (donde funciona la Corte Suprema), mientras conversaba con uno de mis colegas. Ambos pasaron junto a mí dos veces. La amplia mancha de líquido en los pantalones grises del ministro era fácilmente distinguible de frente y de espaldas.

-El dice que se le dio vuelta un jarro con agua- me explicó suspicaz mi colega, más tarde.

Más tarde, reporteando para este libro, me enteré de otros detalles acerca de este funcionario -quien, al menos en la letra de la ley, representaba los intereses de la sociedad ante el tribunal de alzada- que narraré más adelante.

También recuerdo de aquellos primeros años la congoja de un amigo nuestro, un profesional a quien un abogado le pidió el favor de llevar un maletín a determinado magistrado de la Corte Suprema. Cuando llegó con el encargo, las actitudes del destinatario le hicieron comprender que el maletín contenía una recompensa. Había sido usado como correo para pagar una coima y no sabía cómo quitarse esa mancha de encima. Aunque no tuvo interés pecuniario alguno en la operación, por mantener la confianza del abogado y del magistrado, nuestro amigo optó por callar.

Antes incluso de pensar en reportear, había que aprender algunas nociones básicas de la forma en que operaba este sector, en que el lenguaje era ininteligible, los jueces inasequibles y los relacionadores públicos, inexistentes.

En mis primeros días, llegaba al edificio tempranísimo y me paseaba por sus cuatro pisos de escaleras y recovecos tratando de entender. Las caras de jueces y abogados me eran, como para casi todos los ciudadanos, absolutamente desconocidas. Me daba pavor pensar en aquella frase: "La ley se entiende conocida por todos". Yo, a diario, me daba cuenta que con mis entonces tres años de ejercicio profesional y mis estudios universitarios, no la conocía. Tampoco esas personas de ropas y zapatos gastados, que preguntaban conmigo: "¿Dónde está la primera sala?".

Si la ley era un misterio para mí, los procedimientos judiciales, un acertijo.

Durante los primeros meses mis colegas me dieron como bombo en fiesta. Cuando yo iba a la Corte, ellos estaban en algún tribunal. Cuando me iba al juzgado, la actividad estaba en las fiscalías militares.

Pero poco a poco aprendí a leer los movimientos de actuarios y jueces. A descifrar los incomprensibles letreros que cuelgan de las paredes para "informar" a los litigantes qué causas se verán cada día. El significado de la letra y el número negro de metal que los oficiales de sala cuelgan en menudas pizarras de madera cada vez que se inicia la vista de una nueva causa. A rastrojear en los libros. A indagar en los listados de fallos.

Fue un duro proceso de auto-educación que eliminó de mi memoria la imagen idealizada del Poder Judicial, construida a temprana edad sobre la base de retazos de películas norteamericanas y series televisivas.

Yo llegaba antes de que las salas de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema empezaran a funcionar (a las dos de la tarde, casi todo el año, excepto en el corto verano, en que la media jornada de labores se traslada a la mañana) y me iba mucho después de que los magistrados partían a sus casas.

Al medio año, ya podía "ver". Por ejemplo, distinguir cuando se estaba realizando un "alegato de pasillo". Identificar la estampa de ciertos mediadores que aparecían solicitando audiencias con ministros de la Corte Suprema después de las 18 horas, aprovechando la leve oscuridad que sucedía a la extinción paulatina de la iluminación interna.

En el sistema chileno, que no tiene imitadores en ninguna parte del mundo moderno, el papel escrito ha sido históricamente la medida de toda acción judicial. Allí donde se perdió un expediente, el proceso y la posibilidad de reparar un daño o dar a cada quien lo que le corresponde desaparece, las más de las veces, para siempre. La táctica de pagar a algún funcionario una pequeña suma de dinero para que "extravíe" un legajo es antigua. Un día vi a una persona, a quien tenía en alta consideración por su reconocida probidad, acudir a esta argucia para hacer desaparecer una causa de nulidad matrimonial que se había complicado mucho para un cliente suyo.

También oí. Oí tantas cosas que me parecía inconcebible que el resto de los medios las ignoraran. Cuando discutíamos el tema, algunos de mis colegas suscribían la tesis de que sólo debía escribirse aquéllo escrito en papel oficial. Que no se debía informar de un fallo mientras no estuviera firmado -la publicidad anticipada, argumentaban sobre la base de su propia experiencia, podía instigar a los jueces o ministros a cambiar de parecer-. Cierto sentido reverencial los cohibía de reportear los entretelones de las decisiones judiciales. Era la herencia de otros tiempos que los advenedizos al sector no estábamos dispuestos a venerar.

Era el tiempo del enfrentamiento entre el Ejecutivo y la Corte Suprema, por la actuación de los tribunales en los casos de violaciones a los Derechos Humanos y por los proyectos de reforma. Momentos en que la oposición defendía a brazo partido la "independencia" del Poder Judicial y se oponía a cualquier intento de "politizarlo". El Mercurio, que ha sido por años el medio por excelencia entre jueces y abogados, editorializaba en el mismo sentido. Los ministros, tras el escudo del irascible -pero probo- presidente de la Corte Suprema, Enrique Correa Labra, se sentían seguros.

Afuera, el país parecía enfrentar problemas más importantes. La tensión entre el Ejército y el recién instalado gobierno de Aylwin era la preocupación central. Los actos de violencia de grupos de extrema izquierda añadían inesperados ingredientes a la ya difícil gobernabilidad.

Por eso, aunque en el seno del Poder Judicial se hablaba de corrupción -de corrupción en la propia Corte Suprema- el tema permaneció por un tiempo desconocido masivamente y sus autores, impunes. No fue sino hasta la acusación constitucional contra Hernán Cereceda que las lenguas se soltaron. Un poco.

Se soltaron todavía más con la posterior acusación contra Servando Jordán, quien fue el chivo expiatorio escogido para pagar pecados propios y ajenos. Pero la acusación llegó tarde, cuando la mayor parte de las faltas estaban consumadas y Jordán -lo mismo que otros magistrados- se había bajado el perfil a ciertas actitudes, tal vez para ocultarlas del escrutinio público.

Fue en los primeros años de los '90 que cristalizó en la Corte Suprema el punto más bajo de un largo proceso de degradación. Si no fuera por la actitud individual de algunos notables magistrados la condena sería total.

La renuncia a los objetivos de su ministerio por parte de algunos integrantes del más alto tribunal fue particularmente dañina, considerando que la estructura del sistema es extremadamente jerarquizada. Se crearon mecanismos tácitos de protección. "Yo no te acuso, tú no me acusas".

En algunos tribunales se llevaban cuadernos de los ministros que llamaban pidiendo favores. No para denunciarlos (hasta ahora no ha ocurrido), sino para "cobrar" el favor cuando llegara el momento en que se necesitara alguna ayudita "de arriba".

Se crearon núcleos de poder. Quien quedaba fuera de alguna "familia", sin un padrino, podía considerarse huérfano y estancando en su carrera, tal vez para siempre.

Para oponerse a la voluntad superior había que ser más que honesto. Había que ser heroico. Las facultades discrecionales de la superioridad, definiendo los destinos de cada funcionario, eran tan grandes que cualquier gesto de oposición podía interpretarse como desobediencia. Rebeldía que sería castigada con una sanción directa o con algo peor, intangible: la postergación.

Aylwin dijo a tres de sus más cercanos colaboradores que si le traían algo concreto, "se podría hacer algo".

El Ejecutivo no tiene facultades fiscalizadoras sobre la Corte Suprema y el Parlamento cuenta como única herramienta la medida extrema de la acusación constitucional. Aylwin no estaba en posición de patrocinar una, pero sí de sugerir la renuncia a algún magistrado "complicado" con ciertos antecedentes. Eso es lo que sus amigos entendieron por "hacer algo".

Los escogidos se propusieron reunir pruebas que dieran respaldo a las acusaciones que se estaban haciendo y pidieron a los denunciantes que las sustentaran con sus testimonios o con alguna prueba documental.

Uno de ellos, Alejandro Hales, cuenta que "tuvimos la intención de aportar. Queríamos armar dossiers, pero no tuvimos la capacidad. Primero, porque no éramos policías, ni podíamos usar métodos habituales en otras épocas. Y segundo, porque se decían muchas cosas, pero a la hora de pedir pruebas, las acusaciones se diluían".

Hales afirma que la petición nunca la formuló el Presidente, sino que fue iniciativa propia.

Otro de los profesionales, que admite haber recibido el encargo de boca del Presidente, afirma que de todo lo que oyó, sólo encontró testigos dispuestos a ratificar afirmaciones sórdidas sobre la vida privada de Luis Correa Bulo, uno de los ministros de la Corte de Apelaciones que Aylwin nombraría en la Corte Suprema. Este colaborador sabía que Correa Bulo había tenido una actitud constante y valiente en las causas por violaciones a los derechos humanos y no estaba dispuesto a que de todos los magistrados acusados de actitudes irregulares, Correa Bulo fuera el único en pagar. "Nunca le dije a Aylwin", afirma hoy.

Era discutible la presunta incompatibilidad del comportamiento descrito por esos testigos con el ejercicio del ministerio. Tal vez, hasta discriminatorio. Pero no lo es el reproche a otras conductas del ministro Correa Bulo. Conductas que llevarían posteriormente al propio Aylwin a manifestar a cercanos suyos su arrepentimiento por haberlo nombrado en la Corte Suprema.

El tercero de los encomendados por Aylwin logró reunir alguna información que le entregó al Presidente y éste, después de procesarla, la habría derivado, sin revelar su fuente, al ministro de Justicia, Francisco Cumplido, quien nunca estuvo enterado de las intenciones de las amistades de Aylwin, pero asegura que, paralelamente, también recibió información. Una vez un abogado le dijo: "Al ministro tal le pagamos tanto dinero por este fallo".

Cumplido le pidió al profesional una prueba: el recibo del depósito. El abogado se esfumó, pero no pasó mucho tiempo para que ambos volvieran a encontrarse. El ministro preguntó:

-¿Y..? ¿Qué pasó con el recibo..?

-Es que eso es muy complicado para mí. Yo te conté para que intervinieras tú.

Cumplido oyó a otros que, aunque pocos, estuvieron dispuestos a ratificar sus quejas. Muchas de ellas eran formuladas por personas de escasos recursos que tenían que lidiar con la corrupción en el último peldaño del sistema judicial. Allí donde los actuarios -que cumplen apenas con el mínimo requisito de haber egresado de cuarto medio- y los oficiales de sala aparecen mandando más que el distante e inaccesible juez.

Los ministros de la Corte Suprema tienen derecho a pedir tres días libres al mes y seis días administrativos al año, más 30 días de vacaciones. Sin embargo, no están obligados a firmar un libro de asistencias. De su presencia en el tribunal sólo queda constancia en una página que se cuelga en las pizarras ubicadas afuera de cada sala, para que los abogados sepan qué ministros están presentes, cuáles están ausentes y quiénes los reemplazan en un día equis. Indagar cuántos días libres se toma cada uno al año es una tarea casi imposible.

No obstante, es un hecho que Arnaldo Toro ha sido, desde que asumió su cargo, el ministro más ausente. Pocos podrían incluso describirlo físicamente. Personalmente, durante los cuatro años que pasé más horas en ese edificio que en ningún otro lugar y en los que memoricé los rostros de la mayoría de los magistrados, de los funcionarios y hasta de los gendarmes, no recuerdo haberlo visto.

Toro, además, sufre de sinusitis crónica. Largos episodios de este malestar lo aquejan varias veces al año, de acuerdo con el registro de licencias médicas que ha presentado durante su ejercicio ante la Corte Suprema.

Sus prolongadas ausencias no fueron obstáculos, empero, para que realizara la gestión judicial, en 1990, que motivó los reparos del Ministerio de Justicia ante el presidente, Luis Maldonado.

Ramos era el socio principal y administrador de la Sociedad Legal Minera Afuerina, que se hallaba en una disputa legal con la Compañía Minera Ojos del Salado, en dos causas acumuladas en el Tercer Juzgado de Letras de Copiapó, bajo los roles 26.932 (originada en el Primer Juzgado) y 5.017 (iniciada en el Tercero).

La razón de ambas causas era una disputa entre La Afuerina y Ojos del Salado por una inversión que haría Philips Dodge Corporation, bajo el nombre de proyecto cuprífero La Candelaria. La Afuerina aparecía como la beneficiaria de los 300 millones de dólares que Philips Dodge Corporation planeaba invertir. Pero Ojos del Salado reclamaba que los bienes que se usarían para concretar el proyecto (identificados como "Lar 1-10") le pertenecían.

Al llegar a Copiapó, Toro y sus acompañantes se alojaron en la casa del cuñado de Ramos, el empresario Sergio Herrero. Ese mismo día, el titular del Primer juzgado, Alvaro Carrasco, le llevó al ministro de la Corte Suprema una fotocopia de los expedientes.

Dos días después, aprovechando una ausencia provisoria del titular del Tercer Juzgado, Toro llamó a Carrasco -que, recordemos, era juez del Primer Juzgado- y le ordenó reponer una resolución que había sido desechada el 15 de ese mes, en la causa que se había iniciado en el Tercero. La instrucción era acoger las peticiones de La Afuerina.

Al día siguiente, Samuel Lira, ex ministro de Minería bajo el gobierno militar y apoderado de Ojos del Salado, se quejó ante el presidente de la Corte Suprema, Luis Maldonado.

-Usted tiene que llamar al magistrado para asegurar la imparcialidad en este caso -le dijo al magistrado.

El caso llegó también a oídos del ministro Francisco Cumplido, quien se entrevistó con Maldonado para plantear oficialmente la queja.

A fines de los «70 el llamado grupo de los 24, encabezado por Patricio Aylwin, comenzó la elaboración de proyectos que incorporaría a su plataforma gubernamental. Una subcomisión de ese grupo, dirigida por Manuel Guzmán Vial, desarrolló los lineamientos para el sector justicia. La preocupación principal era entonces cómo enfrentar el tema de los derechos humanos.

Una vez que Aylwin asumió el poder, Guzmán se convirtió en el presidente de una comisión oficialmente encargada de estudiar proyectos de reforma al Poder Judicial. Mientras el grupo trabajaba, el Presidente asumió una estrategia de choque.

En la testera estaban sentados el presidente de la Corte Suprema, Luis Maldonado, el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Germán Hermosilla, el ministro de Justicia, Francisco Cumplido, y el presidente de la Cámara de Diputados, José Antonio Viera-Gallo. Centenares de magistrados desde Arica a Punta Arenas asistían a ésta, la primera convención tras el fin del régimen militar, una de las más concurridas en la historia de la Asociación.

Apenas empezando su discurso, Aylwin dijo "nadie puede objetivamente negar que la administración de justicia experimenta una grave crisis". Varios de los que escuchaban se removieron, incómodos, en sus asientos.

El Presidente recordó la figura de su padre, Miguel Aylwin, quien fue presidente de la Corte Suprema al finalizar los «50, e hizo un listado de las deficiencias del sistema. Partió mencionando la falta de tribunales -nada nuevo, esa era una demanda compartida por todos los que habían presidido la Corte Suprema durante, por lo menos, dos décadas-, pero continuó afirmando que, según la opinión ciudadana, la judicatura no actuaba como un Poder del Estado realmente independiente.

"Se la ve más bien como un mero servicio público que 'administra justicia' en forma más o menos rutinaria, demasiado apegada a la letra de la ley y a menudo dócil a las influencias del poder", dijo y la incomodidad se instaló definitivamente en los rostros de algunos asistentes.

Aylwin comentó que compartía la opinión de la mayoría de los ciudadanos en cuanto a que los tribunales "no hicieron suficiente uso de las atribuciones que la Constitución y las leyes" les conferían para proteger los derechos fundamentales de las personas.

Según ellos, crear más tribunales y aumentar los sueldos eran las únicas mejorías posibles. Las nuevas autoridades debían aplaudir el heroísmo de la magistratura antes que criticarla.

Aylwin siguió explicando que se proponía duplicar el presupuesto asignado al sector justicia en un plazo de cinco años. Luego anunció su programa de reformas, que partiría por modificar la carrera judicial, para que se "respete plenamente la dignidad de los magistrados". Esa fue una crítica directa al corazón de la Corte Suprema, que había ejercido en los últimos años un poder sin contrapeso para promover las carreras de unos jueces -no siempre los mejores- y frenar las de otros, especialmente de aquéllos que acogieron e investigaron causas por violaciones a los derechos humanos.

En el mismo capítulo el Presidente atacó la práctica del "besamanos" a que históricamente se vieron sometidos los magistrados, primero ante sus superiores, para solicitar ser incluidos en ternas o quinas de ascenso, y luego ante el Ministerio de Justicia de turno, para que los seleccionara:

Aylwin recordó a su padre, quien, por su carácter "tieso de espinazo", se negaba a hacer antesala ante sus superiores para ser incluido en ternas o quinas. Eso le valió postergaciones, pero también reconocimiento y respeto entre sus pares y entre los abogados. Cuando asumió como presidente de la Corte Suprema, Aylwin padre elaboró un sistema de anotaciones que llamaba "pragmáticas": en una libreta llevaba la cuenta de los méritos de cada magistrado, de la certeza y agudeza de sus sentencias, de su antigüedad y otros merecimientos, con los que confeccionaba una lista. Los más capaces arriba, los menos, en orden, hacia abajo.

El Presidente estaba tocando otra de las prácticas de vieja data en el sistema. La de preferir a los amigos, a los incondicionales o aun a los parientes para llenar los cargos, especialmente en los nombramientos más cotizados y que dependen del Poder Judicial, como notarías, secretarios en juzgados civiles, conservadores de bienes raíces, procuradores del número.

Aylwin expuso la necesidad de que los jueces dictaran fallos razonados y fundados y de que se pusiera coto al abuso de ciertos recursos extraordinarios, como las quejas, que convirtieron a la Corte Suprema en una "tercera instancia". Lo razonable es que existan sólo dos: en primera instancia, la resolución de un juez, y en segunda, el dictamen de una corte de apelaciones. Pero la Corte Suprema debiera reservar para sí el rol de interpretadora de la ley y fijación de la jurisprudencia, sin intervenir en el contenido de los fallos.

Recordó que en 1989, la Corte resolvió unos 500 recursos de casación (que son los propios del máximo tribunal, destinados a fijar la interpretación de ley, y que requieren un alto nivel de razonamiento y fundamentación) en contra de 2.000 recursos de queja que, mayoritariamente, modificaron los fallos de los tribunales inferiores antes que sancionar alguna "falta o abuso" cometido por un juez, cual era el espíritu de la queja en su origen.

Aylwin anunció desde esa tribuna el proyecto que provocaría más rechazo entre la superioridad judicial: la creación del Consejo Nacional de la Justicia, destinado a transformar "al servicio público judicial en un auténtico poder del Estado, ¡en el Poder Judicial!".

Sus palabras sonaron para algunos como amenaza de revancha, augurio de descabezamiento.

Aylwin quería que esa entidad, conformada por representantes de los tres poderes del Estado, Facultades de Derecho y abogados dictara la "política judicial", administrara el presupuesto y designara a los ministros, fiscales y abogados integrantes de la Corte Suprema, y dirigiera y supervigilara a los órganos auxiliares, como la policía, el Servicio Médico Legal, Gendarmería, la escuela judicial y el servicio de asistencia judicial, además de realizar las calificaciones y el control disciplinario en la judicatura.

Todas esas eran facultades que estaban en manos hasta entonces de la Corte Suprema.

Para terminar por enemistarse con la Corte superior, Aylwin agradeció a la Asociación Nacional de Magistrados y al Instituto de Estudios Judiciales la invitación, entidades, especialmente esta última, que se habían convertido en el refugio de los magistrados que estaban en favor de las reformas.

Desde ese minuto, la guerra se dio por declarada.

Ese día hubo más de 30 detenidos y un confuso incidente protagonizado por el presidente de la Corte de Apelaciones, Guillermo Navas. Navas afirmó a los medios de comunicación que había sido "empujado" por los manifestantes, pero una indiscreta cámara de televisión captó que, en medio de la confusión, el magistrado le había dado una bofetada a Elena Carrillo, la hermana del ex preso político Vasily Carrillo.

-Manipularon ese video. Lo cierto es que yo no golpeé a la dama. Yo la tomé de la muñeca cuando ella intentaba golpear en la nuca a un carabinero- fue otra de las respuestas que ensayó Navas con posterioridad. El incidente le penaría un poco, pero no fue obstáculo para su ascenso a la Corte Suprema, años más tarde.

Ese mismo loco día, la Suprema emitió una declaración justificando el uso de la fuerza policial y quejándose de la escasa dotación de gendarmes para el Palacio de los Tribunales. El dardo iba dirigido al ministro de Justicia, pues Gendarmería estaba bajo su tutela.

El martes, 14 de 17 magistrados que componían la Corte Suprema emitieron una segunda declaración, ahora para rechazar los juicios de Aylwin:

En una advertencia directa a Aylwin, dijeron: "El respeto mutuo es útil y necesario conservarlo".

El máximo tribunal hizo además un gesto de desaire y rechazó una invitación del Presidente a "tomar el té" en La Moneda. Lo único que querían discutir con el jefe de Estado era la débil protección que tenían en el edificio.

Buena parte de los ministros sentía que las palabras de Aylwin en Pucón habían azuzado a los manifestantes y los más alarmistas difundían la tesis de que el Ejecutivo había disminuido las medidas de seguridad al interior del Palacio, premeditadamente.

Los ministros se sentían amenazados.

La Corte Suprema realiza anualmente la calificación de sus funcionarios subalternos, pero nadie califica a la Corte Suprema. Es parte, se entiende, del resguardo a su independencia.

La única vía, hasta ahora, para controlar que los magistrados del más alto tribunal cumplan con sus tareas (fuera de la retórica fiscalización que puede ejercer el ministro que los preside) es la traumática acusación constitucional. Palabras mayores. En la práctica, para soportar las consecuencias de la injerencia de un poder del Estado sobre otro, una acusación requiere un fundamento político, una razón poderosa que mueva a acusar (o a defender) a un ministro de la Corte Suprema.

Según el Código Orgánico de Tribunales, para ingresar al escalafón judicial como juez basta ser chileno, tener 25 años de edad, haber ejercido al menos dos años como abogado y no haber sido condenado a una pena superior a tres años y un día. Más años de ejercicio y mayor edad se piden como requisitos para los ministros de Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema (y, según las últimas modificaciones, la aprobación de ciertos cursos en la Academia Judicial). No es mucho.

Pero el mismo Código, en otros capítulos, expresa otras opiniones acerca de lo deseable en un magistrado.

Mientras duró el sistema de listas, la gran mayoría de los magistrados era calificado en Lista Uno y, por supuesto, se consideraban implícitamente en esta categoría quienes habían llegado a las alturas de la Corte Suprema.

Para aclarar lo que los jueces no deben hacer, dice el Código que serán castigados, cuando corresponda, "el cohecho, la falta de observancia en materia sustancial de las leyes que reglan el procedimiento, la denegación y la torcida administración de justicia y, en general, toda prevaricación o grave infracción de cualquiera de los deberes que las leyes imponen a los jueces".

El Código Penal explica que la prevaricación se comete cuando los jueces, a sabiendas, fallan expresamente contra la letra de la ley y cuando, por sí mismos o por intermedio de un tercero, "admitan o convengan en admitir dádiva o regalo por hacer o dejar de hacer algún acto de su cargo" y aun cuando, ejerciendo sus funciones, "o valiéndose del poder que éste les da, seduzcan o soliciten a mujer procesada o que litigue ante ellos".

En Pucón, Aylwin hizo una definición de sentido común acerca de la especial obligación de los magistrados de ser independientes. Ella exige, dijo, "la firme voluntad del magistrado de descubrir a toda costa la verdad y de ser justo, protegiéndose con recia coraza de toda clase de influencias y presiones, aun las de sus propios prejuicios y visiones globales sobre la sociedad y el diario acontecer". Para no hacer "justicia de escritorio" el magistrado debe compenetrarse "de la realidad del mundo contemporáneo y, muy especialmente, del que viven las personas que a él recurren" al mismo tiempo que "saber colocarse por encima de las pasiones y tendencias propias de la condición humana".

Es la Corte Suprema la que supuestamente resume en sus integrantes todos estos altos valores y tiene las herramientas legales para prevenir que sus subalternos cometan las faltas descritas. La confianza en que los ministros que han llegado al máximo tribunal actuarán siempre de acuerdo con esos nobles principios es ciega, pues no existen procedimientos regulares para fiscalizar su comportamiento.

Sólo el Parlamento puede intervenir, como ya hemos dicho, excepcionalmente, con la dramática acusación constitucional. En la realidad, lo que se supone ser resguardo de la independencia del tercer poder del Estado, es también una manga amplia en la que se guarecen quienes se inclinan más por satisfacer intereses personales y menos por los de la sociedad.

El Código Orgánico de Tribunales recomienda, por ejemplo, a las Cortes Suprema y de Apelaciones sancionar con vigor las siguientes faltas en la magistratura:

a) Las agresiones "de palabra por escrito o de obra" a los superiores.

b) Las infracciones graves al respeto debido a funcionarios, empleados o personas que acuden a los estrados.

c) Las ausencias "sin licencia, del lugar de sus funciones" o de su sitio de trabajo durante las horas que corresponde, o cualquier negligencia en el cumplimiento de los deberes.

d) Las irregularidades de conducta o vicios de quienes, por esa razón, hicieren desmerecer en el concepto público o comprometieren el decoro de su ministerio".

e) Los endeudamientos por montos "superiores a su fortuna", que pongan al funcionario en riesgo de ser demandado.

f) El escoger siempre a las mismas personas como síndicos, depositarios, peritos u otros cargos similares.

Otras conductas, como involucrarse en actos políticos que comprometan su independencia, asistir a actos sociales organizados por litigantes y oír alegatos de alguna parte fuera de las instancias normales de un juicio, también tienen su mención en el área de lo prohibido.

Se presupone que los ministros de la Suprema observarán, con más celo que ningún magistrado, estas obligaciones. Pero, como se verá en las páginas siguientes, más de un magistrado de ese tribunal ha incurrido en alguna o varias de esas faltas sin que recibiera sanción por ello.

Los ministros supremos, por ejemplo, comparten con sus subalternos obligaciones concretas, como la de "despachar los asuntos sometidos a su conocimiento en los plazos que fija la ley o con toda la brevedad que las actuaciones de su ministerio les permitan".

Si el Parlamento, recién instaurado (o antes, la Junta Militar), hubiera fiscalizado el cumplimiento de esta norma, tendría que haber acusado constitucionalmente a varios ex ministros de la Corte Suprema -algunos de los cuales fueron posteriormente nombrados senadores designados- que se retiraron sin que hasta ahora hayan redactado fallos que se les fueron encomendados.

El sistema opera más o menos así: una sala de la Corte Suprema, en algún caso, se reúne para discutir un tema. Digamos, un recurso de queja. El relator les expone los antecedentes y los magistrados expresan su parecer. Y se obtiene un resultado, a veces unánime, otras veces dividido. Antes de dar a conocer esa decisión, se encarga a un magistrado (a veces dos, cuando la minoría, por ejemplo, quiere fundamentar su voto) la redacción del fallo, que los demás revisarán, aprobarán y finalmente, firmarán. En esta etapa de redacción, el tribunal informa que el fallo "está en acuerdo". Pendiente.

Normalmente, ésta debiera ser la última espera, la más corta. Es sólo el tramo final de una causa, que ya ha recorrido la primera y segunda instancias y que, por alguna razón, en teoría excepcional, ha llegado a la Corte Suprema.

La mayor parte de las veces en que a un magistrado se le encarga la tarea de redactar un fallo no tiene que estudiar mucho, ni discutir asuntos pendientes. Eso se ha resuelto en las etapas previas. Su misión es primordialmente poner en papel la decisión que ya se ha tomado. Pero si no lo hace, el fallo no existe. Permanece pendiente.

Para constatar la tardanza en la redacción de los fallos en la Corte Suprema, a comienzos de los '90, bastaba mirar un informe pegado a la entrada de la secretaría de la Corte Suprema. Dos o tres páginas que se exhibían allí, en cumplimiento de la ley (el artículo 587 del Código Orgánico de Tribunales), detallaban ante los ojos del público el estado de los casos que estaba conociendo la Corte Suprema y, cuando correspondía, qué ministro estaba escribiendo el acuerdo.

Tras el cambio de gobierno, alguien llegó con la copia del estado de fallos al Ejecutivo. Los reclamos menudearon.

En la Corte Suprema algunos ministros cayeron en la cuenta de que en muchos casos no era siquiera posible revertir el desaguisado. Los nombres de ministros "redactores" que habían dejado ya el Poder Judicial estaban en exposición permanente en la secretaría. Otros que estaban todavía en funciones se quejaron ante su presidente porque los litigantes iban a molestarlos a sus despachos.

Obviamente los particulares querían saber cuándo se emitirían los fallos, que para bien o para mal, pondrían fin a su prolongada incertidumbre.

Un día, sin mediar anuncio público ni justificación legal, la publicación, conforme manda el artículo 587, cesó. Hoy se publica otra forma de estado de fallos que, convenientemente, omite el nombre de los ministros que se han comprometido a redactar.

Sin embargo, una copia del antiguo 587 que guindaba de la puerta de la secretaría a comienzos de los «90 está en mi poder.

Algunos dirán que la ley no señala con precisión un plazo para que se dicten los fallos después de que se ha adoptado un acuerdo y que ciertas redacciones fundamentadas toman su tiempo, pero un mínimo sentido común indica que los litigantes no pueden esperar diez años para que alguien se digne a darles forma escrita. Así ocurrió con el acuerdo en la causa "Enrique Fon Aguilar", que el ministro Ramírez se comprometió a redactar el 20 de marzo de 1980 y que en 1990 todavía estaba pendiente.

Según el mismo informe, Ramírez tenía otros cinco acuerdos pendientes desde remotas fechas registradas entre 1980 y 1982, repartidos en diferentes salas. En la Primera, tenía fallos esperando desde 1983 y 1984 ("Aspej Hermanos con el Servicio de Impuestos Internos" e "Hipermercado Jumbo", respectivamente).

Abraham Meersohn, se comprometió en junio de 1986 a escribir el fallo relacionado con las Fábricas de Cecinas La Portada y, en 1987, otro de la Compañía Nacional de Teléfonos. Se retiró en 1988 sin que esos fallos, ni otros dos que recibió justo ese mismo año, vieran la luz.

Ante la avalancha de quejas al comenzar los '90, ciertamente la Corte Suprema intentó dar una solución a este problema y encargó a ciertos relatores que "sacaran" los fallos. Pero estos extraviaron los expedientes y no pudieron cumplir -no, al menos a cabalidad- la tarea que, en cualquier caso, no estaba entre sus obligaciones.

El Código Orgánico de Tribunales, que describe la forma en que deben adoptarse los acuerdos y de qué modo deben dirimirse las diferencias, ni siquiera se pone en el caso de que un ministro no presente el borrador de la sentencia. Sí dispone que "todos los jueces que hubieren asistido a la vista de una causa, quedan obligados a concurrir al fallo de la misma, aunque hayan cesado en sus funciones, salvo que, a juicio del tribunal, se encuentren imposibilitados física o moralmente para intervenir en ella" y determina que, incluso, "no se efectuará el pago de ninguna jubilación de ministros de Corte, mientras no acrediten haber concurrido al fallo de las causas".

De perogrullo es suponer que si los ministros están obligados a concurrir al momento de las decisiones, también lo estarán a entregar los fallos redactados. Especialmente si una tan extendida demora tiene consecuencias trágicas, como en el caso del constructor Mario Castillo Villalón.

El constructor se desvivió en gestiones para obtener el fallo que esperaba. La Corte Suprema no atendió sus presentaciones. Murió en 1997 y la sentencia en su caso todavía está pendiente.

Cerda no acepta alegatos de pasillos, coimas, ni invitaciones que comprometan su juicio. Pero tampoco se aísla del mundo en que vive. En su opinión, el magistrado debe ser abierto, políticamente responsable de sus actos, creativo, audaz, auténtico y humano: "El juez hosco, el encerrado, el enquistado, el huraño, el solitario, el apartado, el oscuro, estará impedido de legitimar su discurso en el consenso, pues éste le será ajeno y cuando no, entonces, peligroso".

Cerda es valiente. Y ha demostrado que su independencia resiste la más dura de las pruebas, incluso la comidilla de sus propios colegas que resurge cada vez que se pregunta por qué el ministro no ha sido incluido en una quina para integrar la Corte Suprema. "Cerda no va a llegar nunca arriba... Está complicado en su situación personal... además es conflictivo", responden entre ambiguos y misteriosos algunos de sus pares.

La Corte Suprema le permitió quedarse sólo después de oírlo suplicar.

Este magistrado, que se doctoró en Lovaina y París, que ha sido profesor invitado en la Universidad de Harvard en Estados Unidos, compartió durante años un mismo espacio de trabajo con el fiscal Marcial García Pica, protagonista de uno de los casos más notables y paradigmáticos de nuestra historia judicial reciente.

García Pica nunca estudió nada. Siempre fue calificado en Lista Uno, hasta el día en que voluntariamente decidió jubilarse. Era un ser extraño que se paseaba por los tribunales con una malla de compras -de esas medio coloradas que venden en la Vega Central- llena de objetos indescriptibles. A veces se sentaba en un banco en los pasillos de la Corte y, por largo rato, decía frases sueltas, inconexas, para sí mismo o para algún interlocutor invisible. Era el retrato de un anciano desvalido que no revelaba en su aspecto el salario que recibía, equivalente al de un ministro de Corte de Apelaciones.

-¡Déjenme con mis cochinadas!, -respondía él ante los reproches, que sus interlocutores disfrazaban de broma. A lo compadre.

Temprano o bien tarde, cuando el trabajo de las Cortes no había empezado o estaba por terminar, era habitual ver a escolares dirigiéndose al despacho del magistrado, en el tercer piso, usando las escaleras del lado Oeste o incluso tomando el mismo ascensor que usan los ministros de la Corte Suprema para llegar a sus despachos.

Las niñas lo esperaban revoloteando en el tercer piso hasta que él las hacía pasar a su oficina.

Oficiales de sala que trabajaban con los fiscales y otros que se desempeñaban en la Corte Marcial (que también está en el tercer piso) conocían los hábitos de García. Cuando yo reporteaba para este libro entre 1993 y 1994, algunos de ellos me contaron que "todos los días llegan diferentes niñas preguntando por el 'tío Marcial'. Todas son sus sobrinas. El les hace de todo. Las toquetea, las desviste, les toma fotografías que luego destruye y echa en el papelero. Muchas veces vimos esos pedacitos de foto al sacar la basura".

Ministros de la Corte de Apelaciones o de la Corte Suprema que entrevisté con posterioridad, buscando información para este libro, admitieron que la predilección de García por las menores era conocida y de antigua data. Se declararon conocedores de las visitas que le hacían escolares al propio edificio de los Tribunales, pero, por distintas razones, se sentían inhibidos de denunciarlo.

En un sector, la respuesta más común para explicar la tolerancia a las actitudes del fiscal es que era "inofensivo". En otro, que alguna vez emitió informes en favor de las causas por violaciones a los derechos humanos. "Es uno de los nuestros y no podemos estar denostando a los pocos que tenemos", me dijo un magistrado.

El caso es el siguiente: Carabineros sorprendió in fraganti a Romero tratando de abusar de la niña, que había ido a venderle unos pedazos de cobre por encargo de su madre. Cuando el acusado vio a la policía, soltó a la niña y esta logró huir. Posteriormente, la madre, la niña, y la policía presentaron una denuncia en contra de Romero, la ratificaron en el tribunal y la niña sostuvo sus dichos incluso en un careo a que fue sometida con el autor. La menor reveló que el hombre, en una ocasión anterior, había ya abusado de ella sin que nadie hubiera podido defenderla. Pero esta segunda vez los vecinos oyeron sus gritos y llamaron a la policía, que sorprendió al autor cuando tenía a la menor a su merced sobre un camión en desuso. El 19° Juzgado del Crimen condenó a Romero, porque si bien no hubo violación -que requiere penetración- la menor fue víctima de abusos deshonestos, de acuerdo con la forma en que están descritos en la ley.

Cuando la apelación llegó a la Corte capitalina, Pica emitió un informe defendiendo al acusado. En un escrito plagado de faltas de ortografía y escrito en un riguroso lenguaje coloquial, Pica expone que en ninguno de los dos ataques denunciados por la menor "constan indicios coherentes, serios que permitan presumir que quien le habría comprado 'el cobre' y 'las ollas viejas' habría cometido con la vendedora siquiera abusos deshonestos".

SL: ¿Cómo le va, padrino?

GP: Oiga, ahijado querido, no ha venido na'.

SL: ¿Ah?

GP: Tampoco vino usted.

SL: Si yo, yo me desocupo y me voy para allá, porque estoy re' ocupado.

GP: Ah, ya.

SL: Oiga, ¿sabe qué, padrino?

GP: Sí.

SL: Que en la octava sala, donde está el Araya...

GP: ...Sí...

SL: El ministro Araya, se le dé la libertad a mi compadre Manuel.

GP: ¿Manuel cuánto?

SL: Manuel Fuentes Cancino.

GP: Aaaah.

SL: Usted sabe.

GP: A ese gallo le hicimos empeño, pero hace tiempo.

SL: Claro, escuche, necesito que se le dé la libertad ahí en la Octava Sala, hoy día (...)

GP: No, si yo lo voy a hacer, que ahora no tenga resultado o tenga, es otra cosa.

SL: Claro, ecolecuá, échele una habladita al Araya.

GP: La petición la voy a hacer.

SL: Claro, Araya es un buen hombre.

GP: Sí, sí (...)

SL: Échele una habladita padrino y después me dice a mi po'.

GP: Sí, sí, sí.

SL: Ah, ya está. Porque hoy día se ve la causa en la... ahí, en la Octava.

GP: Ya está.

SL: Ah.

GP: Aquí me acaban de...

SL: ¿Ah?

GP: Aquí me acaban de estafar setenta mil pesos.

SL: Ya, después hablamos, padrino.

GP: ...Lo que me preocupó es que me puso en vitrina.

SL: Ya.

GP: Llegué allá y estaba el abogado fiscal, pues iñor.

SL: Ya.

GP: Para comer a la gente.

SL: Chuchesumadre.

GP: Y me miraba muchísimo.

SL: Ya.

GP: Y le grité: "Qué miras, sapo", pero no dijo nada.

Otra muy distinta ha sido la trayectoria del ministro Carlos Cerda. Entró al Poder Judicial como oficial de secretaría en el Cuarto Juzgado Civil de Santiago -cuando el titular era Guillermo Navas- gracias a una gestión del ministro de la Corte Suprema, José María Eyzaguirre, y de su profesor en cuarto año de Derecho, Ricardo Gálvez. Apenas ingresó oficialmente al Poder Judicial, la Corte Suprema aprobó que se fuera en comisión de servicios a la Universidad de Lovaina, Bélgica, donde obtuvo el grado de doctor especial. Su tesis se tituló: "El juez y los valores jurídicos".

Tres años más tarde, el 14 de agosto de 1986, cuando el expediente sumaba ocho mil fojas, el magistrado dictó el auto de procesamiento de 40 personas, entre ellas 38 miembros de las Fuerzas Amadas y de Orden, incluyendo al ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Gustavo Leigh.

Las resoluciones provocaron un terremoto al interior del Gobierno. Hubo reuniones en La Moneda, en el Ministerio de Defensa y en cada una de las ramas implicadas, para buscar la manera de enfrentar la situación.

El ministro de Justicia, Hugo Rosende, estuvo al menos dos veces conversando sobre el tema con ministros de la Corte Suprema.

Según el ministro, sólo en el momento de la sentencia definitiva cabía discutir la procedencia de la amnistía. No mientras la investigación estuviera en curso.

De Silva Ibáñez no cabía esperar una actitud similar a la de Cerda. En 1977, como suplente en el Sexto Juzgado del Crimen de Santiago, conoció el proceso por la muerte de Carlos Guillermo Osorio Mardones, ex director de Protocolo de la Cancillería, quien aparentemente se había suicidado.

Finalmente y sólo en fecha reciente, en su calidad de ministro de la Corte de Valparaíso, Silva se hizo cargo del caso por la muerte del soldado Pedro Soto Tapia, que en sus manos no ha avanzado precisamente hacia el esclarecimiento total de lo ocurrido con el conscripto.

La batalla en el caso de los 13 desaparecidos no terminó. Los familiares de las víctimas presentaron recursos de queja para tratar de enmendar el rumbo del proceso. La Corte Suprema no aceptó sus argumentos y en agosto de 1989 reiteró su opinión acerca de que correspondía archivar para siempre el caso. Como resultado, y puesto que no quedaban recursos pendientes, la Corte de Apelaciones ordenó dictar el "cúmplase" del cierre definitivo de la causa.

El 30 de agosto Cerda comunicó a sus superiores su decisión y sus razones:

Cerda dijo que no halló justificación legal ni valórica para la resolución que se le estaba imponiendo y sí para oponerse a ella, aferrándose al juramento de guardar la Constitución y las leyes, que hizo -en el nombre de Dios- cuando se invistió de juez. Para mayor enfado de los ministros de la Suprema, mayoritariamente declarados católicos, el magistrado invocó la Biblia:

La osadía de Cerda pasó sin reparos hasta el año siguiente. A mediados de 1990, sin embargo, los ministros del máximo tribunal fueron advertidos de que el cúmplase en el caso del Comando Conjunto seguía pendiente y ordenaron a Cerda acatar la resolución. El magistrado, sin encontrar acogida a sus planteamientos, obedeció esta vez, y el 20 de julio cerró para siempre la causa.

En enero de 1991, como se acercaba el período de las calificaciones, la mayoría de los magistrados se apresuró en dictar una sanción contra Cerda, que sirviera de precedente para su posterior evaluación. El 16 de enero, un pleno convocado extraordinariamente lo castigó con dos meses de suspensión, durante los cuales recibiría sólo la mitad del sueldo.

Sólo unos días más tarde la Corte Suprema se reunió nuevamente para hacer las calificaciones anuales. Con la suspensión como precedente, nueve ministros votaron por poner a Cerda en Lista Cuatro. Aunque la votación fue dividida -cuatro magistrados querían dejarlo en Lista Tres y un par más probablemente Retamal y Dávila, en Lista Dos- con ese dictamen Cerda quedaba fuera de la judicatura.

El magistrado regresaba de un viaje a Estados Unidos cuando fue notificado de la sanción. Ante el asombro de quienes lo conocían, en vez de tomar sus cosas y marcharse, pidió a la Corte Suprema que reconsiderara la medida. Aunque no se retractó de sus actuaciones, redactó una emotiva súplica a sus superiores, para que lo mantuvieran en el servicio. Luego, pidió audiencias a cada uno de ellos. Cerda buscó dejarles en claro que nunca pretendió alzarse por sobre sus investiduras, pues sabía que era la arrogancia que sus superiores veían en sus actos lo que más les molestaba.

Con su presentación, el ministro logró dos votos en el nuevo pleno extraordinario que declaró, por 9 contra 7, que Cerda podía permanecer en el Poder Judicial, aunque con la mancha de haber quedado en Lista Tres por segunda vez en su vida. De paso, el mensaje de que la Corte Suprema no aceptaría actos de insubordinación aun bajo el nuevo escenario político fue claramente oído en el resto de la magistratura. También, el concepto de que debía aplicarse Amnistía a los casos por violaciones a los derechos humanos, justo cuando comenzaban a reactivarse.

Las respuestas de Cerda, en nombre propio y de sus colegas, no fueron menos contundentes:

El lunes 4 de marzo de 1991 el Presidente Patricio Aylwin dio a conocer oficialmente el contenido del Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación. El secretario ejecutivo de la entidad, Jorge Correa Sutil, le había pasado la única versión impresa del grueso documento dos meses antes y guardó el respaldo en disquetes. Ninguna autoridad o institución pública tuvo acceso a él, sino hasta apenas horas antes de que se difundiera públicamente.

El "elemento sorpresa" añadió al contenido del informe un peso insoportable para la desprevenida y mal vinculada Corte Suprema. Sus integrantes aún no encontraban una respuesta única y coherente frente al anuncio de reformas al Poder Judicial cuando se vieron enfrentados a este nuevo desafío, que puso a prueba su capacidad de respuesta política.

El Informe marcó un hito en la ya tensa relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Fue el momento escogido por la mayoría de sus integrantes para amotinarse soterradamente en contra de los objetivos presidenciales, lo que significó, al final del período del primer gobierno de la Concertación, el naufragio total de todas las reformas propuestas por Aylwin.

Los integrantes de la Comisión Rettig ratificaron unánimemente el severo juicio a la actitud del Poder Judicial entre el 11 de septiembre de 1973 al 11 de marzo de 1990.

"Durante el período que nos ocupa, el Poder Judicial no reaccionó con la suficiente energía frente a las violaciones a los derechos humanos", decía el informe apenas inaugurado el capítulo IV, dedicado a analizar la actitud del Poder Judicial.

El texto usaba un lenguaje diplomático, hacía concesiones -como reconocer en favor de los magistrados algunas limitaciones de la legislación o aún las "condiciones del momento"-, pero dejaba delicadamente en claro que a la magistratura le faltó valor para ejercer sus propias atribuciones en la defensa de los derechos de las víctimas y en la represión de los quienes los atropellaron.

Según la Comisión Rettig, el Poder Judicial ejerció "con normalidad" sus funciones en casi todas las áreas del quehacer nacional, excepto frente a las violaciones los derechos humanos, en que su acción "fue notoriamente insuficiente": Grave, porque era "la" institución llamada a cautelarlos.

El informe osaba comparar la contradictoria timidez del Poder Judicial frente al gobierno militar, con la tenaz defensa del Estado de Derecho que había hecho hacia finales del régimen de la Unidad Popular. Era un dardo directo para los pocos ministros que estuvieron en ambos períodos, especialmente Enrique Correa Labra, designado por Allende.

Una acusación más:

La palabra "involuntaria" no fue suficiente para suavizar la gravedad de la conclusión, que era refrendada más adelante con la afirmación de que muchas vidas se hubieran salvado si la magistratura hubiera actuado con firmeza en vez de debilidad.

En las diez páginas dedicadas al Poder Judicial, el informe describió en detalle cómo esta institución actuó torciendo el sentido de las leyes, en algunos casos, hasta convertir el recurso de amparo en un instrumento ineficaz, o cómo en otros, bajo un pretendido y excesivo respeto a la formalidad, aceptó sin discusión las versiones oficiales, las confesiones bajo torturas y las defensas de los presuntos autores de las violaciones, amén de aplicar en el sentido más extenso posible la Ley de Amnistía.

Tras conocer el informe, en la Corte Suprema se impuso la opinión mayoritaria de que nadie hablaría hasta acordar una respuesta unánime. La idea era dar una versión contundente. De "pleno". Oficial.

El presidente, el componedor Luis Maldonado, estaba enfermo. El presidente subrogante, Rafael Retamal, respaldó a Aylwin. Pidió perdón.

-He debido equivocarme a menudo y pido perdón por haberme equivocado.

-¿También en materia de derechos humanos? -le preguntó un periodista.

-Es posible. Traté de no cometer ningún error, pero es posible.

Retamal estaba solo.

El 7 de marzo El Mercurio editorializó contra la doctrina Aylwin, manifestando que "la amnistía equivale al olvido jurídico". Según el influyente matutino, los tribunales investigan para, al final de cuentas, aplicar sanciones. Y si ya no procedía sancionar, tampoco procedía investigar. Los ministros duros se sintieron respaldados.

El lunes y martes inmediatamente siguientes los magistrados se reunieron en plenos extraordinarios para analizar la situación. Por añadidura, ese mismo martes una bomba estalló en el jardín de la casa del ministro Efrén Araya. Y Carabineros afirmó haber hallado un retrato del recién designado ministro de la Corte Suprema, Adolfo Bañados, en poder de extremistas.

El jueves de esa semana la Corte Suprema emitió una temeraria declaración asegurando que el atentado podía ser parte de un plan para atacar a los más altos magistrados, según los descubrimientos de Carabineros, y que eso "ponía en riesgo la estabilidad institucional".

En el Ejecutivo, algunos entendieron que la Corte Suprema estaba golpeando las puertas de los cuarteles.

El ministro del Interior, Enrique Krauss, describió como "ligera" la apreciación de la Corte Suprema y rechazó la idea de que existiera un "plan" extremista para atacar a sus ministros.

Enrique Correa Labra, que a los 83 años se perfilaba como el sucesor natural de Maldonado, hizo de portavoz de los duros. Consultado por la prensa dijo que Krauss estaba profundamente equivocado, que la Corte Suprema no hablaba "así no más, a tontas y a locas". Que el plan existía. Y, de paso, para que no quedaran dudas, se declaró "enemigo absoluto de las reformas al Poder Judicial".

El ministro Adolfo Bañados, inaugurando su nuevo cargo en el máximo tribunal, comentó que el acuerdo de pleno había sido estudiado por los magistrados, por lo que su contenido no podía calificarse de ligero.

Auguró que si se atacaba al Poder Judicial, si se le quería "avasallar" -el calificativo estaba aludiendo a las propuestas de reformas- podría haber "consecuencias políticas (É) Prácticamente puede llegar a eliminarse la labor y la función de los tribunales de justicia con lo cual se eliminaría uno de los poderes del Estado".

Ergo, si estaba en peligro el Estado de Derecho, alguien tendría que poner orden.

Este grupo en la Corte Suprema consideraba todo parte de un mismo cuadro: las manifestaciones, el atentado a Araya, el Informe Rettig y los "ataques" del Gobierno (entre los que contaban primordialmente los proyectos de reforma).

Las Cortes de Apelaciones de Valparaíso y Concepción, en actos inesperados, emitieron declaraciones de solidaridad con sus superiores.

El lunes 13 de mayo los ministros de la Corte Suprema emitieron su respuesta al Informe Rettig. El viernes 17, eligieron a Correa Labra como su nuevo presidente.

El rechazo de la Corte Suprema al informe fue tan agrio y público como el del Ejército. El objetivo fue desacreditar su calidad de contenedor de la verdad oficial en materia de violaciones a los derechos humanos, al menos en lo concerniente al Poder Judicial.

El informe Rettig fue calificado de "apasionado, temerario y tendencioso".

Lo primero fue desconocer cualquier atribución a la Comisión Rettig para realizar ningún enjuiciamiento válido del Poder Judicial. Lo segundo, desmenuzar y desmentir las críticas.

La actitud de la Corte Suprema bajo el gobierno militar, según esa respuesta, tuvo fundamento principal en lo que el informe consideraba apenas como una atenuante: "Las condiciones del momento". Para la más alta magistratura, las condiciones del momento lo fueron todo:

Significaron restricciones tales como una copiosa legislación especial, falta de medios y de cooperación policial. Las condiciones del momento impidieron "que este Poder ejerciera una labor efectiva de protección de los derechos esenciales de las personas cuando estos fueron amenazados, perturbados o conculcados por autoridades o particulares, con la complicidad o tolerancia de aquellas".

Pese a todo, dijo la Corte Suprema, la actitud de la magistratura no fue pasiva. Para dar fundamento a este aserto, los magistrados citaron algunos ejemplos, mayoritariamente fechados después de 1978, cuando la práctica de la desaparición masiva de personas había cesado.

La Corte insistió en que durante el gobierno militar no hizo otra cosa que cumplir "literalmente la ley", como era su obligación.

Era un rechazo directo y anticipado a la doctrina Aylwin.

La conclusión de la Corte fue que la Comisión Rettig "extralimitándose en sus facultades, formula un juicio en contra de los Tribunales de Justicia, apasionado, temerario y tendencioso, producto de una investigación irregular y de probables prejuicios políticos, que termina por colocar a los jueces en un plano de responsabilidad casi a la par con los propios autores de los abusos de los derechos humanos".

Me acuerdo de este ministro y no puedo dejar de sonreír. La frondosa cabellera gris siempre despeinada, con una especie de remolino en el cenit, la nariz redonda y grande, resaltando como único rasgo en su cuerpo menudo.

Era la imagen de un ser extemporáneo, cada vez que se lanzaba, con la cara roja de ira, en apasionada defensa de la judicatura. Pero era también un niño jugando a ser grande, cuando aparecía escoltado por los cuatro fornidos carabineros del Gope, con sus trajes verdes llenos de bolsillos, cuya asistencia requirió tras la revelación del supuesto plan extremista para atacar a los ministros de la Corte Suprema.

Aunque el plan nunca se comprobó como verdadero, Correa se sentía una víctima potencial.

-Mire señorita, si es que es señorita...

-Ya... Vaya, apúrese, vaya a cobrarle a sus clientes.

Cereceda no le respondió el insulto, pero las relaciones entre ambos nunca fueron buenas.

Pero Correa se hubiera cortado una mano antes que denunciar a sus pares. En sus batallas políticas con el Gobierno, los defendió a todos como si fueran él mismo. En sus primeras declaraciones el nuevo presidente dijo que no sentía ni el menor remordimiento por haber rechazado los recursos de amparo en favor de personas cuyas osamentas habían aparecido en Pisagua, entre otros lugares. Afirmó que "rechazamos (los recursos) porque la ley lo ordenaba". También se declaró enemigo "irreconciliable" del Consejo Nacional de la Justicia, que pretendía transformar a la Corte Suprema "en un partido político".

El Poder Judicial no atravesaba por ninguna crisis. Es "puro e independiente", sin defecto "ninguno", dijo. Lo único que hacía falta, sostenía, era aumentar el número de jueces.

-Pero la opinión pública no cree lo mismo -le replicaron los periodistas.

-Usted no puede estirar la mano para saludar a un ministro de la Corte Suprema como si saludara a cualquier persona. Tiene que esperar. Si el ministro quiere saludarla, le va a ofrecer la mano primero.

Fue el tiempo en que se entornaron las puertas de los tribunales -al modo que antes sólo se hacía para notificar del fallecimiento de algún magistrado-. No cualquiera podía entrar al edificio. Todos los visitantes -salvo abogados y funcionarios- tenían que entregar su carné al ingresar. En los días en que parecía que había ánimo de manifestaciones, los gendarmes además hacían preguntas y dejaban entrar sólo a un par de visitantes por causa.

Estos dos valores -justicia y derechos humanos- formaban parte importante del programa de la Concertación. Pero tales metas no tenían un objetivo puramente valórico. Había tras ellas también un importante contenido económico y político. Digamos que, al menos, eran propósitos compartidos por los gobiernos que colaboraron para que la transición fuera posible. Estados Unidos, el primero de la lista.

Las autoridades norteamericanas no sólo querían ver resuelto el crimen de Orlando Letelier, que, por cierto, estaba en la agenda. Aspiraban, además, a dar ciertas garantías de certeza jurídica a los inversionistas de su país, que tenían bandera verde para iniciar sus negocios aquí. Era parte de la normalización de relaciones y el estado de la economía chilena era una invitación para esos capitales.

Pero había un gran problema (y serio), y es que los inversionistas estadounidenses necesitaban alguna certidumbre sobre cuáles serían las decisiones de los tribunales en determinados juicios económicos y en Chile, no había quién se las diera. A preguntas como cuánto se tarda un litigio civil o cuál es la jurisprudencia para determinada materia, la respuesta era simple y única: "No se sabe".

Fueron problemas como éste los que ahuyentaron a un número considerable de inversionistas. Algunos de ellos llegaron al Ministerio de Justicia y pidieron "certificaciones" de la legislación vigente y de la interpretación que los tribunales hacían de esas leyes. El ministerio respondía que no podía hacer esa certificación ni siquiera a un mes plazo. Las decisiones podían variar de sala a sala de la Corte Suprema. Incluso un mismo magistrado podía cambiar su opinión de un día para otro, sin necesidad de expresar fundamento.

Millones de dólares en inversiones mineras dejaron de llegar a Chile sólo por esta razón.

Esos centros de estudios nutrirían luego de expertos a la Concertación, para la elaboración de los proyectos y, más tarde, de asesores al Ministerio de Justicia.

Quedaría a la espera la reforma del procedimiento penal (para hacerlo oral en vez de escrito), pero se impulsarían otros, que tendrían un efecto político inmediato.

El análisis que se hizo en el Gobierno es que el máximo tribunal, así como había sido heredado del Gobierno anterior, "no estaba en condiciones de dirigir el Poder Judicial". No sólo porque su conformación era considerada ideológicamente comprometida con el régimen militar (que ya era un dolor de cabeza para el primer gobierno de la Concertación), sino porque el sistema había ido acumulando una serie de deficiencias de funcionamiento imposibles de modificar desde la cúpula judicial.

Los asesores del Gobierno consideraban que la mayoría de los ministros de la Suprema, más allá de sus posturas políticas, eran reaccionarios (en el sentido literal de la palabra: reaccionaban oponiéndose a cualquier cambio, sin una justificación racional). Tampoco contaban entre ellos a un jurista descollante con quien poder debatir en el plano académico.

Entre los primeros proyectos del gobierno, que se presentaron sin considerar las opiniones de los supremos, se incluyeron la creación del Consejo Nacional de la Justicia, la reforma a la Corte Suprema (aumento del número de ministros de 17 a 21, especialización de las salas por materia), la creación de la figura del defensor del pueblo (una especie de ombudsman) y modificaciones a la carrera judicial (calificaciones y ascensos, Escuela Judicial).

Otras propuestas incluían precisar el rol de la Corte Suprema (de la que se esperaba que dictara jurisprudencia a través del recurso de casación y que limitara su pronunciamiento en los recursos de queja); creación del ministerio público (para evitar que un mismo juez cumpliera con la doble y contradictoria tarea de investigar las causas y pronunciar la sentencia, el Ministerio Público tomaría la investigación y el juez se quedaría con la sentencia); y modificaciones al sistema de arbitraje (para ampliar su cobertura, pues permite resolver conflictos que, por su naturaleza, no necesariamente deberían llegar a los tribunales y que en Chile es usado principalmente por las empresas).

Pero lo que era moderado desde el punto de vista del gobierno, parecía el propósito revolucionario de un gobierno marxista, a los ojos de la oposición y la propia Corte Suprema

Desde el comienzo, el punto de quiebre fueron el Consejo Nacional de la Justicia y las reformas a la Corte Suprema. Eran las modificaciones que le quitaban poder a ese cuerpo colegiado y nadie lo pasó por alto. El Mercurio editorializó reconociendo que el Poder Judicial atravesaba por una crisis de "legitimidad" -por no haber sido sus miembros elegidos democráticamente- y una crisis de "eficiencia". Pero en vez de recomendar cambios para salvar ambas, el matutino aconsejaba a las autoridades políticas mantenerse al margen de la "corriente crítica", pues en las debilidades de ese Poder del Estado se encerraba "un peligro potencial para el Estado de Derecho, pues convierte al Poder Judicial en general, y a la Corte Suprema en particular, en un blanco fácil de grupos extremistas que buscan la desestabilización institucional".

Otro tanto escribió ese mismo diario para desacreditar al Consejo Nacional de la Justicia. El organismo fue atacado también por la oposición, que no le "compró" el discurso a la Concertación de que la pluralidad de sus integrantes daba garantías de independencia. La oposición sabía que el Poder Judicial era el "enclave autoritario" (como lo llamaba la Concertación) más fácil de desmantelar y que el Gobierno aprovecharía sus debilidades para hincarle el diente.

La batalla fue, obviamente, política.

Uno de los aspectos en disputa tenía que ver con las causas por violaciones a los derechos humanos. Recién comenzado el gobierno la Corte Suprema había fijado el criterio de que los pactos internacionales, aprobados por Chile, no se considerarían incorporados a la legislación chilena como para dar por abolida la ley de Amnistía. También, en general, había expresado que la Amnistía impedía investigar. Para la oposición, un recambio de sus miembros ponía en peligro esa "jurisprudencia".

La Concertación esperaba que una nueva conformación en el máximo tribunal abrazaría un criterio más amplio sobre la Ley de Amnistía y permitiría, al menos, la investigación de las desapariciones y ejecuciones entre 1973 y 1978.

El Consejo Nacional de la Justicia murió prematuramente en la Cámara de Diputados, donde se perdió por "culpa" del diputado socialista Mario Palestro, quien se ausentó inconvenientemente de la sala el día en que el polémico proyecto sería debatido y restó el voto que la Concertación necesitaba. Para tranquilidad en la conciencia de Palestro, hay que decir que esa iniciativa jamás hubiera pasado las prueba siguientes.

El resto de las propuestas logró sortear la fase de aprobación en la Cámara, aunque los propios representantes de la Concertación no estaban cien por ciento convencidos de apoyarlas todas. Sin embargo, los proyectos se empantanaron en el Senado.

Una minoría separó aguas de su presidente y declaró que "es de la mayor urgencia mejorar la actual administración de justicia por medio de reformas, que deberán abordarse razonablemente con altura de miras y con carácter técnico, a fin de obtener su efectiva modernización, que coloque al Poder Judicial en concordancia con las reales exigencias de una sociedad permanentemente dinámica y cada vez más compleja".

Aunque el Consejo ya había muerto, el magistrado no aceptaba la intervención del Senado en los nombramientos, ni el advenimiento de un tercio de integrantes "externos" escogidos entre abogados de prestigio, ni mayores facultades para la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

En una de las tantas salidas de libreto, espetó: "Puedo gritar desde esta tribuna que somos jueces honrados. Por esto yo pienso que el Poder Judicial tiene que estar alerta a todas estas reformas".

Fuera de cámara, ambos tenían buenas relaciones personales. El ex presidente de la Corte Suprema fue receptivo a las denuncias que le llevó el ministro de Justicia sobre corrupción en los juzgados de San Bernardo y en la Corte ariqueña y tomó medidas.

Entre septiembre y octubre de 1992, Aylwin se reunió con el presidente del Senado, Sergio Diez. Quería salvar lo que pudiera de su paquete de reformas. Los dirigentes políticos negociaron y separaron lo que tenía viabilidad política de lo que no.

En el encuentro Aylwin-Diez murieron para siempre las iniciativas relacionadas con el Consejo Superior de la Justicia, el Ombudsman, el Ministerio público y la reforma procesal penal. Se acordó que se daría curso a la reforma al rol de la Corte Suprema, el aumento del número de ministros, la especialización de las salas, el recurso de queja y casación, la Academia Judicial y la carrera y calificación de los jueces. En lista de espera y con menores posibilidades de resurrección, quedaron la modernización al sistema de asistencia judicial, la regionalización y reforzamiento de los tribunales de paz y el sistema de arbitraje.

Pese a este pacto, en el camino el Senado rechazó el proyecto de aumento del número de ministros de la Corte Suprema.

Con Aburto en la presidencia, el gobierno interpretó que la especialización de las salas, la modificación de los recursos de queja y casación, la Academia Judicial y los cambios en la carrera judicial y las calificaciones serían viables.

No obstante, aunque las relaciones entre el Ejecutivo y la Corte Suprema se distendieron, nada cambió en el fondo. El máximo tribunal siguió informando negativamente los proyectos, incluso el de la Academia Judicial.

En el plano administrativo, el diagnóstico oficial era que el Poder Judicial había sido el pariente pobre del Ejecutivo y Legislativo. Históricamente fue siempre así, pero la precariedad de recursos se hizo más notoria y vergonzosa bajo el gobierno militar.

El gobierno de Aylwin estableció un plan quinquenal de mejoramiento de recursos del Poder Judicial, con el fin de modernizar la infraestructura, aumentar el número de tribunales y reajustar remuneraciones. El plan consistió en duplicar los recursos que recibía el Poder Judicial en 1991 en un plazo de cinco años.

Pero en lo sustancial, pese a su compromiso personal con el sector justicia, Aylwin, el Presidente-abogado, no alcanzó a ver promulgado ninguno de sus proyectos de reforma. Incluso las iniciativas que logró salvar en su pacto con Diez se convirtieron en ley sólo bajo el gobierno del ingeniero Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Hoy hay quienes culpan al ministro Cumplido del fracaso. Algunos de los funcionarios del Gobierno de Aylwin, cercanos a estas negociaciones, afirman que tuvo poca "muñeca", que si hubiera negociado con la oposición proponiendo "nombres", en el caso del aumento de ministros de la Corte Suprema, este proyecto habría sido aprobado. Si hubiera involucrado a los magistrados en "los ritos del poder", haciéndolos participar en cócteles y otros eventos mundanos, por ejemplo, permaneciendo él mismo en ellos más tiempo que el simplemente protocolar, los resultados habría sido otros.

El ex ministro se defiende: "A mí me tocó el round de ablandamiento. Nuestra estrategia fue remecer al Poder Judicial".

Ya a punto de terminar su período, el ex secretario de Estado le dijo un día a uno de los magistrados del máximo tribunal:

-Con nuestras acciones, nosotros los pusimos de pie.

-¡Los ministros de la Corte Suprema nunca hemos estado de rodillas! -fue la respuesta airada.

-No -replicó Cumplido- pero estaban sentados.

En medio de muchas derrotas, el Gobierno obtuvo un triunfo: La designación por parte de la Corte Suprema de un ministro especial para que investigara el homicidio del ex canciller Orlando Letelier. Bajo el apremio de la diplomacia norteamericana -que hizo su propio trabajo de persuasión hacia la magistratura-, el canciller Enrique Silva Cimma presentó la petición en marzo. A mediados de año, el primer ministro que Aylwin nombró en la Suprema, Adolfo Bañados fue designado -no sin dificultades- para instruir la causa.

Bañados había aparecido en varias quinas bajo el Gobierno militar, pero nunca fue seleccionado. Al nombrarlo para reemplazar al fallecido Sergio Mery Bravo, Aylwin sólo estaba reparando la injusticia de su postergación. No por eso el nuevo ministro se comportó como un enviado de la Concertación en la Suprema. Paradójicamente, él mismo votó en contra de que un ministro de la Corte Suprema se hiciera cargo del caso Letelier. Su opinión era que un magistrado del tribunal inferior, la Corte de Apelaciones, debía hacerse cargo de la causa. A los ministros de la Suprema no les correspondía inmiscuirse en la investigación de causas criminales, por importante que fuera el caso. En doctrina Bañados tenía razón, pero en su nombramiento influyó el deseo del gobierno chileno y del estadounidense de asegurarse una investigación imparcial.

Por eso es quizás mayor el mérito de su investigación en el caso Letelier. Bañados no aclaró el caso porque fuera de izquierda como muchos creen. Ciertamente no lo es. Lo hizo porque es un buen juez.

Hasta el último día en el Poder Judicial, Bañados fue la efigie de la independencia. No otorgaba audiencias a los litigantes, ni recibía recados del gobierno. Fuera de sus oficinas, ni siquiera hacía mucha vida social con sus pares. Seducido por las montañas, su pasatiempo preferido era irse a escalar algún cerro los fines de semana, acompañado por amigos de los más diversos ámbitos, con quienes se permitía hablar de todo, menos del Poder Judicial.

Así las cosas, el Gobierno contaba sólo con Rafael Retamal, que por convicción apoyaba los predicamentos de la Democracia Cristiana, pero que a esas alturas estaba demasiado enfermo como para tener un rol activo o influencia entre sus pares.

El ministro del Interior, Enrique Krauss, era el otro hombre del gobierno en el Palacio de Justicia.

Gracias a la aureola del poder visible inevitablemente tras sus cabezas, ministros de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones y hasta jueces de primera instancia los recibían no sólo con ceremonia, sino hasta con cierta reverencia.

Tanto como reformar el Poder Judicial (o tal vez más, según el momento), el gobierno quería controlar a los grupos de extrema izquierda y acallar lo antes posible las críticas de la oposición. Toro y Burgos no llegaban a los tribunales con la amenaza de decapitamiento, sino con el gesto comprensivo de quien busca ayuda para una misión común. Y detener el terrorismo era para un sector de la magistratura un slogan más seductor que la creación del Consejo Nacional de la Justicia.

De los primeros encuentros formales y distantes, los abogados de Interior, especialmente Toro, pasaron a un trato más familiar y amistoso con algunos magistrados. Las preocupaciones del joven ex abogado de la Vicaría de la Solidaridad se ampliaron. Su presencia se transformó para nosotros, los periodistas, no sólo en anuncio de que se vería alguna causa contra grupos extremistas, sino que otras materias relevantes, como algún proceso por violaciones a los derechos humanos u otro de aquéllos que comprometían a militares y complicaban al Gobierno.

El ejercicio del realismo político se imponía también en el Ejército, que contaba con un nutrido equipo de mensajeros y oidores. El auditor general Fernando Torres, quien tenía el privilegio de actuar como ministro de la Suprema cada vez que se discutía un asunto en que aparecía mencionado personal militar, ejercía una indiscutible influencia directamente sobre la mayoría de los magistrados de la Suprema.

Otros funcionarios militares de menor rango tenían la cotidiana misión de alertar sobre cualquier movimiento que tuvieran las causas que interesaban a la institución. Yo conocía bien las caras de los aspirantes a abogado que cumplían con estas tareas. Aunque nuestros objetivos eran distintos, a diario nos encontrábamos rastrojeando en los mismos libros en la secretaría del máximo tribunal o nos quedábamos esperando hasta entrada la noche "el listado de fallos". Uno de ellos me dijo un día, como para romper el hielo: "Yo conozco bien tu trabajo. A mí me tocaba leer los artículos de La Epoca en la Auditoría".

La Policía de Investigaciones hacía lo propio y enviaba al estacionamiento del palacio judicial a un par de policías de Inteligencia. Condenados a la periferia del edificio, a veces recurrían a los periodistas para saber qué estaba pasando.

La presencia de toda suerte de agentes ajenos al ejercicio de la labor judicial era apenas el signo evidente de que cualquiera con poder no confiaría en la publicitada independencia del Poder Judicial. Los votos de los ministros se contaban -y "conseguían"- antes de que las causas empezaran a discutirse. Fuera de escena, familiares y amigos de algunos magistrados se ofrecían para enviar recados. Una invitación a comer al Club de la Unión podía ser la ocasión propicia.

No sólo en política se usaron las influencias. En el ámbito económico era popular por entonces hablar de los estudios de abogados "con llegada" a la Suprema. Estudios con profesionales de todos los signos que, por un motivo u otro, profitaban de un vínculo privilegiado con alguno o varios miembros del máximo tribunal.

En ese escenario, para el Gobierno era políticamente inconducente mantener las ásperas relaciones que Cumplido tenía con la cúpula judicial. Los procuradores militares tenían bastante más conocimiento y manejo de las fuentes judiciales que el par de detectives de Inteligencia parados en el estacionamiento. Los abogados de Interior estaban también en desventaja cualitativa con el general Torres, y el ministro Krauss, que también es abogado, estaba consciente del problema.

Llegó la hora de hacer nuevos nombramientos en la Corte Suprema.

Pero Carrasco, aunque avalado por un brillante desempeño profesional, no tenía la personalidad suficiente como para influir de modo importante en la Corte. Además, venía de provincia. En sus primeros meses en el tribunal, era un ser solitario, se lo veía desconcertado de haber alcanzado esas alturas.

El ministro Servando Jordán, su amigo desde los tiempos en que ambos estaban en la Corte de Apelaciones, había sido su promotor en la Suprema. Y Correa Bulo en persona había participado en el lobby para que sus superiores pusieran su nombre en la quina.

La verdad es que a pesar de esta política tan expresa, todavía había jueces de provincias que viajaban a Santiago para repetir el arraigado rito del Poder Judicial: "regar las plantitas", lo llamaban y consistía en un largo y humillante peregrinaje que se iniciaba en los despachos de los ministros de las Cortes y terminaba en el Ministerio de Justicia.

Cumplido había sido intransigente en esto: simplemente no los recibía. La única excepción la hizo una vez que su secretaria le rogó que atendiera a una magistrada de Punta Arenas. La mujer estaba de pie, llorando, mientras esperaba en las puertas de su oficina. El ministro aceptó hablar con ella unos minutos. Entre lágrimas, la magistrada explicó que había gastado la mitad de su sueldo para viajar a Santiago y pedirle que considerara su promoción. El ministro averiguó sobre sus antecedentes y descubrió que el decreto de ascenso ya había sido aprobado por él y por Contraloría.

-¿Ve? -le dijo-. Perdió el viaje y su platita.

Aunque todavía restaba la decisión del Presidente Aylwin, quien se guiaba por las opiniones de sus ministros pero sobre todo por sus "pragmáticas", Correa Bulo no se conformó con la simple espera, conforme a la política de principios de Cumplido, y buscó (y encontró) un aliado en alguien tanto o más poderoso que el ministro de Justicia: su ex compañero de curso en la Universidad, el ministro del Interior, Enrique Krauss.

Algunos abogados llegaron con historias sobre las presiones que ejercía Correa Bulo en los tribunales inferiores, mientras fue miembro de la corte capitalina, pero ninguno pudo mostrar prueba. Más influencia tenían aquéllos que lo defendían por su actitud durante los años de la dictadura, o porque contaban, quizás, con que su voto era seguro para apoyar las políticas de la Concertación en la Suprema.

Una vez instalado en la Suprema el magistrado retribuyó el apoyo que le brindó el ministro del Interior. Se convirtió en su contacto privilegiado. Buscó contrarrestar la influencia castrense en el máximo tribunal informando oportunamente de las movidas e intenciones del auditor Torres.

La defensa política ha sido sin duda la mejor cobertura del ministro Correa Bulo en estos años, pero ha sido insuficiente para avalar otras actuaciones suyas.

Funcionarios que trabajaron con Correa cuando el ministro estaba en la Corte de Apelaciones, son testigos de que el magistrado llamaba en algunas ocasiones a los juzgados para expresar su opinión en causas que se estaban tramitando. Pero fue su actuación en favor de su hermana, Gilda Correa, acusada por la policía de venta irregular de sustancias sicotrópicas, en 1995, la que terminó por alejar de su lado a algunos abogados y jueces que antes se contaban entre sus amigos.

Las recetas fueron presentadas por una misma pareja. Gilda Correa consignó datos falsos para aparentar que los compradores eran muchos y distintos. La policía estableció que los nombres de los presuntos compradores y sus cédulas de identidad habían sido extraídos, en buena parte, de un listado de subsidios habitacionales, publicado en la prensa.

Recién terminado el gobierno de Aylwin, un abogado cercano al ex Presidente, que había apoyado a Correa Bulo y no daba crédito a las historias que oía sobre el magistrado, decidió hablar francamente con él.

El gesto y silencio de Correa Bulo notificaron a su amigo que el comentario no había sido bien recibido. La fría y cortés distancia que mantuvo a continuación se lo confirmó.

El Código Orgánico de Tribunales es claro. Los jueces deben mantenerse independientes y para ello es menester que rechacen invitaciones de personas que tengan juicios pendientes en los tribunales. Un poco de sentido común indica que también deben evitar involucrarse en actos sociales con personas que asiduamente discutan sus asuntos en los tribunales de Justicia, como los agentes políticos y los grandes empresarios.

En favor del dúo Béraud-Cereceda sí hay que agregar, en todo caso, que, como se verá, no están entre los jueces que hayan aparecido votando con mayor frecuencia en forma favorable por Errázuriz.

Quince años estuvo en la corte chillaneja, hasta que en 1979 fue trasladado dos veces, en lo que puede considerarse un doble ascenso, primero como ministro a la Corte de San Miguel y, casi inmediatamente después, a la Corte de Santiago.

El propio Beraud recordaría más tarde, en declaraciones públicas, que el general Augusto Pinochet le había prometido sacarlo de la Corte de Chillán y traerlo a Santiago.

Me ha llevado algunos años reunir documentación para este libro, y en todo este tiempo me ha tocado toparme constantemente con las más severas acusaciones contra este magistrado. Importantes abogados, ministros de la Corte de Apelaciones y hasta de la Corte Suprema las dan por comprobadas, aunque, como suele ocurrir, pocos de ellos pueden señalar evidencias.

El problema de la "prueba" es lo que seguramente detuvo a varias de las personas que entrevisté, y que junto con pedir que sus nombres se mantuvieran reserva, se abstuvieron de ir más lejos con sus aseveraciones.

Sin embargo, huellas de su particular conducta y concepto del ejercicio de su ministerio están a la vista de quien haya conocido un poco el mundo del Poder Judicial a comienzos de los '90.

Si aprobaba el traspaso, Beraud sería acusado constitucionalmente y esos antecedentes podrían quedar expuestos. Podrían hacerlo caer. Beraud tomó una decisión. Le dijo a su amigo que votaría para que el proceso se quedara en la justicia ordinaria. Eso significaba que la votación sería tres votos contra tres (el general Torres integraría la sala en nombre del Ejército), abriendo las posibilidades para que el caso quedara en manos de la ministra visitadora, Gloria Olivares.

Funcionarios del Ministerio del Interior recibieron como explicación que el general Torres había hecho un trabajo de persuasión aún más efectivo, recordándole a Beraud las numerosas ocasiones en que el Hospital Militar lo había atendido con generosa y especial dedicación, derecho del que podría seguir disfrutando en el futuro.

El hecho es que en 1981, el Ministerio de Defensa había dictado un decreto que creó una nueva categoría de pacientes en el Hospital Militar. La categoría "C", que permitió a los ministros de la Corte Suprema esquivar las deficiencias de los hospitales públicos y atenderse en condiciones preferenciales en ese recinto asistencial, junto al personal del Ejército, los ministros de Estado y los pilotos de Lan Chile. Lejos estaba todavía el día en que el otorgamiento de ese privilegio a Beraud le costaría caro a la institución castrense.

Posteriormente, sólo fue cuestión de tiempo para que retomara, aunque con mayor cautela, una de las prácticas características de su paso por la Corte Suprema: las llamadas a sus subalternos para hacerles conocer su opinión en ciertas causas, su interés en que un proceso tal se fallara "conforme a derecho". En estos menesteres, solía jugar un papel protagónico en los pasillos de la Corte Suprema su esposa Gloria, quien no evitaba los acercamientos a las partes interesadas en los juicios que se discutían en la sala de su esposo. Un comentario personal sobre las dificultades económicas de la familia y la necesidad de vender algún determinado y preciado bien familiar para solventar gastos extraordinarios, podía inclinar a un abogado en litigio a un gesto caritativo. En el transcurso de tal conversación no se mencionaba jamás el juicio, por supuesto, pero desde ese minuto el profesional quedaba a la espera, con cierto grado de confianza, de un resultado favorable a su postura en la resolución pendiente.

Beraud tiene un hijo, Lionel, también abogado, quien trabaja en el Banco del Estado. Si el profesional tenía una causa pendiente en un tribunal de alzada, los magistrados en cuestión probablemente recibían un llamado de Beraud padre haciendo notar que en el proceso determinado litigaría su hijo.

El novel jurisconsulto ganó cierta fama por lograr resoluciones favorables en casos "imposibles". Ofrecía sus servicios pidiendo una parte de sus honorarios por adelantado y la otra, al final, de acuerdo con el resultado.

En este tipo de demandas colectivas, la cifra que se obtenga, repartida entre todos los trabajadores, no representa a veces gran cosa, pero el abogado a cargo de la defensa y los intermediarios, si los hay, cobran una comisión individual que se calcula sobre el total del monto. Y esa sí es una suma considerable.

Los demandantes presentaron un recurso de queja que fue resuelto apenas 19 días más tarde, adquiriendo una prioridad inexplicable sobre otras 2.000 quejas que estaban pendientes en el máximo tribunal.

El Consejo protestó por las irregularidades ante el presidente de la Corte Suprema y pidió una reconsideración de oficio de la resolución.

González admitió que al exponer no leyó el monto involucrado, pero afirmó que hizo la relación completa de los fallos de primera y segunda instancia.

Pierry y Herrera sostuvieron que le creían. Conocían a González desde cuando era funcionario en la Corte de Valparaíso y conocían sus antecedentes académicos y funcionarios, todos inmejorables.

Badilla, quien trabajaba en el Banco del Estado, era, a comienzos de los «90, una cara familiar en el segundo piso de los tribunales, a la hora en que ya no había luz, ni muchos testigos. Intimo amigo del relator Correa, quien más tarde se vería involucrado en un procedimiento similar que permitió la libertad al narcotraficante Luis Correa Ramírez, siempre estaba al tanto de los juicios contra el fisco y ofrecía sus servicios para ganar quejas "imposibles".

Beraud era un hombre que no permitía que se pasara por alto la importancia de su investidura como ministro de la Corte Suprema. Hasta en los asuntos cotidianos más nimios, hacía notar la significación de su rango y de su nombre. Si mandaba a comprar una receta a la farmacia, el funcionario tenía que mencionar que los remedios eran para "el ministro Beraud".

Quizás donde mejor quedó reflejada la personalidad de Beraud, fue en el caso de su operación en el Hospital Militar.

Beraud sufre de artrosis. El 5 de julio de 1993 se internó en ese recinto asistencial para insertarse una prótesis en la cadera derecha. Al día siguiente, el jefe del Servicio de Traumatología, Alfredo Elgueta Parodi, ingresa al quirófano, donde el paciente ha sido ya preparado por sus asistentes. Coge su instrumental y se pone a la tarea. Practicada ya la incisión en la zona marcada por los ayudantes, advierte, demasiado tarde, que estaba operando la cadera equivocada. En lugar de intervenir la cadera derecha la cirugía la estaba aplicando en la izquierda.

El médico medita rápidamente y toma una decisión: insertará sendas prótesis en ambas caderas. Más tarde o más temprano, reflexiona, la zona izquierda tendrá que ser también intervenida.

En cuanto Beraud recuperó la conciencia, Elgueta le informó de inmediato del error cometido. Literalmente, le pidió perdón. El hospital decidió no cobrar un solo centavo por sus servicios, pero ni las excusas ni este gesto de supuesta generosidad lograron aplacar la furia del magistrado.

Algunos se apresuraron a sostener que Beraud no iba a atreverse a actuar "contra el Ejército" entablando una demanda legal. Se equivocaron: representado por Hugo Rivera, el ducho abogado que, un año antes, había logrado revertir un auto de procesamiento en contra del empresario Francisco Javier Errázuriz, presentó una querella por daños contra el equipo médico que lo había intervenido y una demanda de indemnización contra la institución hospitalaria.

Villarroel aprobó el trámite, convocando a las partes a la espaciosa segunda sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, En este escenario, el querellante, en un gesto que puede calificarse de excepcional, se sentó en el estrado. Delante suyo, pero en un asiento inferior, quedó el magistrado Villarroel, a quien, como es de suponer, le correspondía presidir la diligencia. En primera fila, en el sector reservado al público, se ubicó su esposa, quien, en un sillón especial, estuvo todo el tiempo rezando el rosario. A su lado, sus dos hijos. Beraud argumentó, como ejemplo del daño moral sufrido, a que había quedado inhabilitado para impartir "la santa comunión", lo que le provocada un inmenso dolor.

Todos los periodistas del sector recuerdan que, por esos días, el ministro se paseaba sin ayuda de muletas. Pero en privado, porque apenas divisaba a gente de la prensa, regresaba presuroso a su privado y reaparecía con ellas. Según se sostenía en la demanda, Beraud había quedado atado a las muletas de por vida.

Beraud, rencoroso, no olvidó. A comienzos de 1996, la Corte Suprema estrenaba el nuevo sistema de calificaciones, y en vez de las famosas "cuatro listas" que se utilizaban en el pasado, los ministros de la Suprema debían ahora poner notas de 1 a 7 a sus subalternos. Como en el colegio. Los aspectos a evaluar se dividen en distintos rubros, cuyo promedio da finalmente la calificación anual. Para estar en categoría "sobresaliente" no bastaría, como antes, quedar simplemente en Lista Uno. Hay que sacar un promedio superior a 6,5.

Beraud no dejó pasar la oportunidad. Les asignó notas tan bajas a los ministros que le habían rebajado la indemnización, que pese a la buena evaluación de los otros ministros, los tres salieron de la categoría de "sobresalientes" y quedaron en desmedrada condición para aspirar a un ascenso.

Reportera, en aquel tiempo del diario La Tercera, escribí una crónica informando sobre las calificaciones de Beraud. El ministro me citó a la Corte. Me manifestó el riesgo que yo corría por haber publicado ese artículo; derechamente, una querella por infracción a la ley de Seguridad del Estado si la información resultaba ser falsa. Lo que él necesitaba, me dijo, era conocer la identidad de mi fuente. Le dije que estaba en su derecho de actuar en mi contra, pero me constaba que la información era efectiva (la había visto algunas de las planillas de las calificaciones) y que, por cierto, no revelaría mi fuente. Beraud primero se hizo el duro, después cambió de táctica, jugando al blando y comprensivo. Cuando comprendió que no iba a lograr nada conmigo, dio por terminada la conversación y me dejó ir.

Días después, el magistrado aceptó la apelación de los ministros afectados y condescendió, subiéndoles la nota.

Finalmente, en 1992, ausente Beraud, en un pleno al que asistían sólo 9 ministros de la Suprema, Solís fue aprobado. Beraud hizo gestiones para anular la decisión de sus colegas, pero ya era tarde. Poco después, el Presidente Aylwin escogía a Solís y el magistrado pudo finalmente llegar a la corte de Apelaciones de Santiago.

Avanzada la década del '90, con la renovación de la Corte Suprema, el ministro Beraud perdió influencia. No toda, sin embargo. Un día de 1996, el abogado del Consejo de Defensa del Estado Claudio Arellano Párker, esperaba su turno para alegar una causa por violación a la ley de alcoholes. Un funcionario de la Corte se le acercó y le dijo:

-No se moleste en alegar. El ministro Beraud ya habló con los ministros adentro.

López, inquieto por el anuncio, presentó de todos modos su alegato. Perdió.

Tenía 80 años de edad cuando cursó su retiro. Su hoja de vida funcionaria era un modelo de pulcritud: inmaculada, en ella no figuraba ni la más mínima sombra de reserva o reproche.

En 1964, se convierte en juez titular del Quinto Juzgado de Menores, y apenas cinco años más tarde, su nombre figura en una quina de proposiciones para integrar como ministro la Corte de Apelaciones de Santiago.

El hecho es extraordinario, porque rara vez un juez de menores asciende a ministro, y es más raro todavía si se trata de un juez joven. Finalmente, es inusual también que un juez de Santiago acceda directamente la Corte de Apelaciones de la capital.

-¿Usted sabe, Alejandro, dónde tengo que ir a pagar las cuotas del partido?

Su cálculo era erróneo, porque Hales no era militante de la democracia cristiana.

De todos modos, el ascenso fue aprobado por Castillo Velasco y el presidente lo nombró ministro de la corte de Apelaciones capitalina, en la que rápidamente el liderazgo de Cereceda se hizo notar.

Su liderazgo se convertiría años después, durante la dictadura militar, en un franco predominio hegemónico.

En 1980 se encontró con que el destino del ministro de Justicia que había aprobado su ascenso estaba en sus manos. Cereceda formaba parte de la sala de la corte de Apelaciones de Santiago que debía decidir sobre el amparo presentado por Jaime Castillo Velasco, entonces presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, que afrontaba -por segunda vez- una condena de expulsión del país.

El ministerio del Interior, representado por Ambrosio Rodríguez, acusaba a Castillo: de haber suscrito en Argelia "un pacto con el partido comunista", desprestigiar el plebiscito de 1980, haber viajado a Caracas para apoyar la acción de la DC venezolana y participar en una huelga de hambre en la iglesia de San Francisco en agosto de 1978 y otra en la Parroquia Universitaria en mayo de 1979.

Como ministro de la corte de alzada, Cereceda jamás acogió un recurso de amparo y siempre dio crédito a las versiones oficiales en los juicios por violaciones a los derechos humanos. Apelativos como "narcotraficantes" y "terroristas" figuraban en sus sentencias para definir a los opositores al gobierno militar.

A poco de asumir su cargo en el máximo tribunal, Cereceda formuló lo que podría estimarse su código de principios: "Tenemos que aplicar las leyes vigentes (É) Las leyes las hace otro Poder del Estado. A nosotros sólo nos corresponde aplicarlas". Paralelamente, se apoyó dogmáticamente en la tesis de que la amnistía impedía investigar, defendió la competencia de la justicia militar sobre la civil en casos de violaciones a los derechos humanos y rechazó invariablemente las presentaciones de la Vicaría de la Solidaridad.

Cultivó su liderazgo, promoviendo la carrera de algunos jueces y entorpeciendo la del resto. Aprovechando su cercanía con Rosende, mantenía informado al Ejecutivo de las conductas de sus colegas y los juicios que a él le merecían. No sólo profesionales, también políticos.

El primero es síndico de quiebras y el segundo, perito contable. Ambos forman parte de una lista de entre las cuales los magistrados pueden escoger un nombre cuando necesitan designar a un síndico en una empresa en bancarrota o hacer un peritaje que es pagado por el Estado o por las partes litigantes.

A veces la petición ni quisiera era necesaria. Los jueces, conociendo la relación de parentesco con el ministro, los preferían sobre los demás, lo que, más allá de que Cereceda pudiera o no intervenir, también cae dentro del margen de la ilegalidad flagrante.

Era moneda corriente que el magistrado llamara a los jueces para manifestar su opinión sobre la manera en que debían resolver ciertos juicios. La forma en que "obtenía" fallos aun en la Corte Suprema en causas que le interesaban, era historia conocida por todos en los tribunales aún antes del cambio de gobierno.

En 1987, el ministro le compró al sobrino de Berta Contreras, Erasmo Arredondo, terrenos que daban al lago Rapel y que le pertenecían legalmente a la anciana, dueña de casa y habitante de la comuna de Las Cabras.

Ignorantes de la operación, el 18 de abril de ese año, Berta y sus hijos fueron sorprendidos cortando membrillos en el predio que habían recibido por herencia un año antes. Juan Segundo Caroca, el cuidador contratado por el nuevo dueño, los increpó al verlos con la fruta en los faldones de sus chalecos.

-Estos terrenos son nuestros -replicó Luis Díaz.

Se presentó Erasmo Arredondo, sobrino de Berta y vendedor del predio, quien avaluó lo hurtado en diez mil pesos, correspondientes a 30 kilos de manzanas, higos y membrillos.

Berta Contreras y su hijo Luis fueron a parar al juzgado. Una hija de la mujer, que trabajaba en la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), tuvo que asumir la tarea de buscar abogado. Ni ella contaba con mayores recursos, ni la familia tampoco, que provenía de la clase media empobrecida. Tuvieron que recurrir a un abogado de Santiago, Eduardo Soto, tras recibir la negativa de una larga lista de abogados rancagüinos. Nadie quería pelear con un supremo. Menos con Cereceda. Su poderío e influencia en los juzgados, policía y hasta municipio de Rapel y, en general, en la Sexta Región eran sobradamente conocidos. Y temidos.

Soto, que nunca recibió remuneración por este caso, argumentó lo obvio: la familia no podía ser acusada del hurto de frutas en terrenos que creían propios. Que además todo lo que había sacado eran unos pocos membrillos, apena lo que podían cargar en los faldones de sus chalecos.

El juez determinó que antes de resolver sobre el hurto, debía aclararse el asunto civil sobre la propiedad y sobreseyó temporalmente la causa, en julio de 1987.

Cereceda no quedó, por supuesto, conforme.

Al cabo de un tiempo reanudó la querella, acusando esta vez a Berta Contreras de "violación de domicilio", iniciando así una nueva causa. Ella rechazó la acusación, declarando que sólo había ido a la propiedad del ministro para mostrarle los papeles que la acreditaban como dueña legal. Ocurrió entonces algo que escapa a la racionalidad: la jueza de Peumo-Cachagua, Irene Morales, encargada del proceso, no le dio crédito y ordenó su detención, disponiendo su traslado, ¡con los tobillos engrillados!, a la ciudad de Rancagua. Allí, sin embargo, fue puesta en libertad, previo pago de una fianza.

Cereceda presentó ante la Corte Suprema un escrito, quejándose de la falta de acuciosidad con que se tramitaban ambos procesos. El 12 de agosto de 1988, el máximo tribunal reabrió la causa por hurto, la acumuló con el proceso por violación de domicilio y le recomendó al ministro Rivas prestar "especial atención" a ambos procesos.

El abogado que defendió a la familia Contreras siguió insistiendo en que fueran declarados inocentes, pues no podían ser autores de hurto de un terreno que les pertenecía legalmente. El ministro Rivas replicó diciendo simplemente que "tal fundamentación cae por su base" pues ya había sido rechazada por la Corte Suprema. Sostuvo que si bien la mujer tenía derechos sobre la propiedad, eso no significaba que los tuviera sobre los bienes que había en ella. El magistrado fijó arbitrariamente lo sustraído en una suma levemente superior a los siete mil pesos y les impuso la pena de presidio menor en su grado mínimo: es decir, 61 días de cárcel.

En 1990, las apelaciones llegaron a la Corte de Rancagua. El fiscal Hernán Matus, cuyo parecer fue consultado antes de fallar, recomendó la absolución de los condenados. El delito, dijo, no estaba configurado. Berta Contreras era la heredera legal de ese predio y, por lo tanto, también dueña, al menos como comunera, de "todos" los bienes que había en él. Rechazó también el cálculo de lo sustraído. Dijo que si los peritos estimaron el valor de toda la producción en un máximo de mil pesos, la fruta que los condenados se llevaron en los faldones de sus chalecos no podía costar más de ¡trescientos pesos!

A pesar de todo, la Corte de Rancagua rechazó los razonamientos del fiscal y confirmó los autos de reo. Otro tanto ocurrió con las presentaciones de la defensa de Berta Contreras y su hijo ante la Corte Suprema.

Resultado final: Cereceda se quedó con los terrenos. Berta Contreras y su hijo, condenados y llenos de impotencia, se vieron en la obligación de firmar periódicamente en el patronato de reos. Luis Díaz se aburrió un día y no fue más. Hasta hace muy poco tenía todavía en sus antecedentes el traspié legal y le era muy difícil encontrar trabajo.

Estas y otras actuaciones del ministro Cereceda, quedaron tras el cambio de gobierno, ocultas bajo el vendaval que produjo la disputa política entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.

Pero su astucia no lo llevó muy lejos.

El 30 de octubre de 1992, los magistrados, con los votos en contra de los abogados integrantes, traspasaron el caso a la justicia militar.

Las reacciones no se hicieron esperar: la bancada de diputados socialistas de la Cámara presentó de inmediato una acusación constitucional por "notable abandono de deberes" en contra de Cereceda, Beraud, Valenzuela y el auditor Torres. Se apoyaba en el argumento de que el fallo había significado una manifiesta denegación de justicia, pues era un hecho que en la justicia militar los casos por violaciones a los derechos humanos terminaban sobreseídos definitivamente.

En la fundamentación se agregaba un caso anterior, el del secuestro del coronel Carreño. Los mismos ministros habían permitido que Torres integrara la sala, a pesar de que había sido él mismo quien había ordenado las detenciones e interrogatorios (realizados bajo tortura) y había dictado en primera instancia una sentencia de condena. No sólo no habían sugerido la inhabilidad de Torres para pronunciarse sobre los recursos presentados por la defensa, sino que, los ministros de la Corte Suprema lo habían nombrado ministro redactor del fallo.

Un tercer argumento estaba ligado al segundo: la demora de la sala, más allá de los plazos legales y pese a haber "reo preso", en dictar el fallo sobre la sentencia definitiva.

En el Senado los pronósticos apuntaban a que la acusación iba a ser rechazada. La oposición, con los senadores designados, era superior en un voto sobre la Concertación.

Horas antes de la votación, el presidente del Senado, Gabriel Valdés, anunció que se votaría separadamente el caso de cada uno de los ministros, dividiendo además la votación en cada una de las tres acusaciones.

La mayoría de la oposición le permitió fáciles victorias, produciéndose incluso un margen favorable adicional inesperado en el punto de la acusación que condenaba la integración del general Torres en el proceso por el secuestro del coronel Carreño. En este caso se sumaron a los votos de la oposición los de dos representantes de la Concertación, rompiendo la cohesionada conducta del conglomerado: los de los senadores Eduardo y Arturo Frei.

Sus "razones de conciencia" nada tenían que ver con el caso Chanfreau, ni con los tópicos formales de la acusación. Más bien tenían su origen en las experiencias del senador Ortiz, como abogado, en su trato con el ministro Cereceda. "Yo sé que es corrupto", sostuvo en conversaciones privadas que mantuvo con parlamentarios de la Concertación, a los que les anunció su decisión de apoyar la acusación. "Yo mismo le pagué una vez", había agregado, lapidario.

En los tribunales se hablaba del "cobro a la italiana" que Ortiz le había hecho a Cereceda. Y del respaldo otorgado por Servando Jordán con su silencio.

Era obvio que los bienes que exhibía Cereceda llamaban a sospecha. Su automóvil último modelo contrastaba con los vehículos fiscales asignados a sus colegas; sus lujosos departamentos -comprados rigurosamente al contado- en El Bosque y Las Condes, uno de los cuales tenía un avalúo fiscal, en ese entonces, de 180 millones de pesos. Imposible compararlos con la vivienda fiscal, por ejemplo, que habitaba en Providencia Enrique Correa Labra.

Cereceda cultivaba, además, el hobby de coleccionista de obras de arte caras.

Si desde que asumió Aylwin los presidentes del Colegio de Abogados reclamaban repetidamente por los "alegatos nocturnos" -quejas que Cumplido representó ante los presidentes de la Corte Suprema de turno-, se debía principalmente a la conducta de Cereceda, cuyo despacho "se llenaba de gente para pedir audiencias".

El relator Correa llegó a la Corte Suprema en 1990, por decisión del presidente Luis Maldonado, quien en estos casos se dejaba asesorar por Cereceda, favorito suyo. El relator "suplente" no tenía rango de titular, pero se le adjudicó la tarea de ayudar a despachar las quejas, que aumentaban día a día en la Corte Suprema. Como él mismo reconocería en una entrevista, tiempo más tarde, al año de iniciada su labor en la Suprema, el número de fallos en recursos de queja aumentó en más de mil respecto de 1989.

Correa tuvo el talento de instalarse en el alero de Cereceda, sin desdeñar, sin embargo, la cercanía con su rival, Servando Jordán.

El abogado Badilla -hijo de una empleada de Cereceda-, era conocido en el foro porque ofrecía sus servicios como "gestor", según ya se ha señalado, y como habitué en el despacho de Cereceda cuando se realizaban los alegatos nocturnos.

También era ampliamente conocida la protección que Cereceda les brindaba a sus parientes en funciones asignadas por la Justicia.

El primero había cumplido sus funciones entre el 22 de noviembre de 1990 y el 20 de enero de 1991, y a la hora de tener que finiquitar sus servicios presentó su cuenta de honorarios: ¡140 millones de pesos! Una suma como para no creerlo. La Junta contaba con que no serían más de tres o cuatro millones.

Le tocó a Selim Carrasco, entonces fiscal de la Tesorería General de la República y asesor jurídico de la Junta Militar, discutir con Pablo Cereceda el tema de sus honorarios. El encuentro estaba apenas comenzando cuando sonó el teléfono y tras las palabras rituales de buena crianza, se produjo el siguiente diálogo:

-Tengo entendido que hay un problema con los honorarios de mi hermano. -La amable voz en el otro lado de la línea era la del ministro de la Corte Suprema Hernán Cereceda-. A ver, cómo explicarle: esta es la primera vez que hago algo así... Ocurre que él es un excelente profesional, otro nivel, usted sabe. Lo que pide, en realidad, no es exagerado; y yo me atrevo a sugerirle que apruebe el pago.

-Ministro, yo no le podría asegurar nada. La verdad es que en estos casos lo normal es que el fisco pague el mínimo... No cuestionamos las capacidades de Pablo, hizo un buen trabajo, pero sus honorarios son demasiado elevados.

A pesar de lo acordado, Cereceda volvió posteriormente a la carga en la reunión de la Junta de Acreedores, exigiendo subir la postura a 25 millones con la amenaza, en caso de contrario, de llevar el caso a los tribunales. Aunque notoriamente la suma era excesiva, considerando que no había siquiera recursos suficientes para pagar a los trabajadores, los accionistas cedieron a la petición, por temor a que Cereceda obtuviera una indemnización todavía mayor si llevaba el problema a los estrados judiciales.

Tras la destitución de su pariente, ambos perdieron influencia, aunque continuaron recurriendo a los tribunales en búsqueda de amparo. Menudearon sus conflictos con el Servicio de Impuestos Internos por los más diversos problemas tributarios.

El 21 de enero de 1993 el Senado aprobó la destitución del ministro Hernán Cereceda, y desde ese mismo día el magistrado dejó de ser integrante del máximo tribunal.

Bajo la presidencia de Marcos Aburto, el pleno de la Corte Suprema decidió acatar la decisión del Senado. En un acuerdo del que no se dejó registro escrito, los magistrados resolvieron además no recibirlo en audiencias. Aunque públicamente continuaron defendiéndolo.

En la Corte de Apelaciones de Valparaíso se presentaron dos recursos de protección a favor suyo, en los cuales naturalmente Cereceda se hizo parte. Ambos fueron rechazados, tras lo cual el destituido ministro pidió ser recibido por la Suprema.

Quería decir su último adiós.

Aludía, obviamente, a las acusaciones que se le hacían en privado -él lo sabía- de actos de corrupción. Y a las que le había formulado el diputado Jaime Campos en el hemiciclo, protegido por el fuero de la Cámara.

Cereceda agregaba que no estaba pidiendo que se revisara el recurso de protección rechazado por la corte porteña, pero reiteraba que el Senado, al separar su caso del de los otros ministros, había hecho "una diferencia arbitraria" conduciendo "a un resultado injusto".

En los primeros años del gobierno de Patricio Aylwin la Tercera Sala aparece con una aureola que la distingue con tintas precisas de las restantes salas de la Corte Suprema.

A modo de ejemplo, evoquemos un fallo memorable, el que ordenó la reincorporación de diecisiete detectives de Temuco que habían sido dados de baja por su participación en operaciones de narcotráfico, extorsión, complicidad en fraudes tributarios y hasta comercialización de cheques robados. Era parte de la depuración del servicio resuelta por el director de Investigaciones, general (r) Horacio Toro. La Sala acogió una queja de los ex policías, estimando que sus defensas no habían sido oídas adecuadamente.

El veredicto provocó un conflicto entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, pues las resoluciones habían sido firmadas por el Presidente, quien tiene la facultad privativa de pedir la renuncia a los empleados fiscales cuando pierden su confianza.

Ciertamente no podía pedírseles a los ministros de la Corte Suprema que resolvieran según las demandas de la opinión pública. Esa ha sido una de sus defensas fundamentales: La Corte Suprema debe aplicar la ley le parezca mal a quien le parezca. Pero ciertos hechos, ciertas sombras llena de dudas al menos legalista de los analistas.

Esa misma sala fue la que el 13 de mayo de 1991, acogió una "reposición" en un recurso de queja que otorgó la libertad provisional al colombiano Luis Correa Ramírez, procesado, junto a otros cuatro cómplices, por la internación a Chile del cargamento de cocaína más grande jamás descubierto (500 kilos que ingresaron por el puerto de Arica y que serían reenviados a Estados Unidos). La queja en cuestión había sido rechazada, en un voto unánime, menos de 30 días antes -el 17 de abril de 1991- por el mismo tribunal.

Inmediatamente después del fallo que le otorgó la libertad, Correa huyó de Chile. Aunque más tarde fue condenado en ausencia, hasta el día de hoy está prófugo.

El proceso tenía antecedentes sospechosos. Se había iniciado en Arica el 12 de agosto de 1989 tras el descubrimiento del cargamento de cocaína por parte del OS-7.

Tal vez motivado por una confianza ciega en los tribunales chilenos, el colombiano insistió con la reposición, de la que no quedó registro en ninguna de sus etapas de tramitación, como tampoco de su envío al relator suplente Jorge Correa, quien se hizo cargo del expediente originalmente asignado al relator Waldo Otárola.

Este ministro alcanzó a oír la relación de las quejas, el 9 de septiembre de 1992, pero fue suspendido (por la acusación constitucional) antes de que hubiera un fallo al respecto. El 22 de junio de 1993 las quejas de los procesados fueron rechazadas unánimemente y las condenas confirmadas. La vía judicial no fue necesaria para la defensa del resto de los procesados (los colombianos Sayl Sánchez y Fernando Cuesta, el boliviano Hans Kollros y el chileno Angel Vargas Parga). Los tres primeros huyeron de la cárcel y el segundo recibió el indulto presidencial de parte del Presidente Eduardo Frei, cuando hubo cumplido la mitad de la condena.

Y hay más en relación con la Tercera Sala.

En algún sentido, la acusación contra Jordán fue extemporánea, porque mientras fue presidente de la Corte Suprema demostró el mejor comportamiento posible. Llegaba a las 7 de la mañana a la Corte y se retiraba tarde, ya de noche, mucho después que sus demás colegas. Había moderado el consumo de alcohol, por lo menos en las horas de trabajo.

Se lo veía feliz, plenamente cómodo en el ejercicio de sus funciones.

El estudio revelaba que entre 1988 y 1991, Jordán había fallado dieciséis veces a favor y once en contra de Errázuriz. En el caso de sus votos favorables, los más numerosos son aquéllos en que éstos se suman al parecer mayoritario; en los menos, en cambio, aparece como un solitario voto favorable contra los otros cuatro.

En las ocasiones, en fin, en que aparecía votando contra Errázuriz, en dos de ellas lo hizo como parte del voto de minoría, es decir, no dañaba al empresario y en otras siete, el fallo se había definido por cinco votos a cero, lo que obviamente significa que el suyo no definía la suerte de la resolución.

Sólo dos veces aparece votando en contra en un fallo dividido (tres contra dos), contrariando frontalmente los intereses de Errázuriz.

En alguna de esas querellas, el abogado Pablo Rodríguez, conocido como "infalible" en la Corte Suprema y de notoria amistad con el destituido Cereceda, estando en el equipo contrario a Errázuriz, presentó una recusación amistosa contra Jordán. Rodríguez le pidió que se abstuviera de resolver el asunto, pues eran públicos sus lazos de amistad con el empresario, a quien había recibido en audiencia en dos ocasiones.

Agregaba: "Hablamos también que, por esas cosas de la vida, al señor Rodríguez 'le había ido mal' en todas las causas en que había intervenido el ministro Jordán (se refería a sí mismo en tercera persona) y por último me hizo presente -objeto fundamental de su visita- que tenía interés puesto en un recurso de queja interpuesto por la inmobiliaria Kennedy, agregándome su preocupación porque en ella en el trasfondo se hallaba el señor Errázuriz, de quien se decía que era íntimo amigo del suscrito".

Jordán negaba su amistad con Errázuriz, aunque admitía haberle concedido dos audiencias "con atinencia a sus juicios", pese a que les está vedado a los magistrados recibir a las partes comprometidas en litigios. Lanzando un dardo a sus colegas Cereceda y Beraud, Jordán recordaba que aunque Errázuriz había invitado a todos los magistrados de la Corte al casamiento de su hija, él personalmente no concurrió.

El recurso de queja de Errázuriz fue acogido por unanimidad, decía Jordán, haciendo presente que si personalmente se hubiera dejado conducir por sentimientos de agradecimiento, que los tenía hacia Rodríguez, hubiera votado en contra y no fue así. Añadió que si se consideraban "actos de estrecha familiaridad" los de su conducta al recibir en audiencia a Errázuriz, "el señor Pablo Rodríguez dejaría en compromiso análogo a múltiples jueces, pues ello (pedir audiencias) constituye su costumbre".

Cuando asumió el gobierno de Aylwin, sus funcionarios recibieron abundante información sobre diversos aspectos de la vida y conducta de Jordán.

Lo cierto es que nunca se dispuso en concreto alguna medida destinada a investigar estas acusaciones. Principalmente porque el Ejecutivo no tenía atribuciones para hacerlo y podría haberse creado, además, un problema mayor que el eventual beneficio de tal operación de inteligencia. Por lo demás, lo que hiciera o no el ministro para divertirse fuera de las horas de trabajo, era estrictamente un asunto de su vida personal.

La conducta de Jordán no siempre fue tan cuestionada. Inició su carrera como oficial de la Corte de Apelaciones de Santiago y en 1953 fue nombrado juez de Santa Cruz. Fue luego juez de San Fernando, relator de la Corte de Apelaciones de Santiago y juez del Crimen en Santiago.

Hasta ese entonces sus superiores y los ministros de Justicia de turno opinaban que Jordán era un excelente magistrado. Un sabueso. Aunque su carácter difícil hacía improbable su ascenso a la Corte de Santiago. No estaba listo para pasar la prueba del besamanos.

Jordán aprovechó la posibilidad que le brindó el subsecretario de Justicia de Alessandri, Jaime del Valle, y se trasladó como ministro de la nueva Corte de Punta Arenas, plaza que era rechazada por buena parte de los jueces santiaguinos, aunque ofrecía duplicar extraordinariamente los años de antigüedad.

En esa lejana ciudad, Jordán sufrió un inesperado revés personal y se separó de su primera esposa. Comenzaron a circular, a partir de entonces, los comentarios dentro de la magistratura sobre su "vida licenciosa".

Como parte del ejercicio de su ministerio, se espera que los jueces no beban en exceso, ni acudan a casas de prostitutas, ni se endeuden, ni tengan más de una mujer. No por espíritu puritano -que a veces también cuenta en la carrera judicial- sino porque esas acciones comprometen su independencia. Expresan debilidades que pueden ser explotadas más tarde en los juicios. Los jueces, al abrazar la vocación, están condenados a una vida en cierta medida solitaria y moderada.

Jordán, no parecía ser excesivamente fiel a esos códigos. Su buena disposición para lo que suele llamarse "la buena vida" hallaba, al parecer, un caldo de cultivo apropiado en la fría y distante ciudad austral.

Después de permanecer una década en aquellas lejanías y habiendo acumulado más años de antigüedad de los requeridos, logró, en 1970, su traslado a la corte de Santiago.

En la lucha por el liderazgo interno, Cereceda, mucho más hábil en el juego de los halagos, le llevaba la delantera. La rivalidad entre ambos se convirtió en mitológica.

Ya en la Corte de Apelaciones, las salas que integraba Jordán eran conocidas por ser las preferidas de los acusados por narcotráfico. El magistrado no ocultaba su opinión "liberal" en cuanto a que los adultos son libres en su vida privada de ingerir lo que les plazca. Que los adictos deben ser considerados enfermos, no delincuentes, aunque la ley chilena diga otra cosa. Cuando llegó a la Corte Suprema, mantuvo el mismo criterio y se lo planteó, entre otros, al ex ministro del régimen militar, Francisco Javier Cuadra, en una audiencia que le concedió al ahora analista político en medio de las querellas que presentaron en su contra la Cámara y el Senado.

Así, desde que Jordán fue promovido a la Corte de Apelaciones, los procesados sabían que si invocaban su condición de consumidores, tendrían más posibilidades de recuperar la libertad en la sala de Jordán que en otras.

En junio de 1979 la Corte de Apelaciones lo designó ministro de turno para investigar los casos de detenidos desaparecidos en Santiago. Después de reiteradas negativas, la Corte Suprema acogió la petición del arzobispado de Santiago y Jordán fue el escogido para tramitarlos.

Orgulloso de su investigación, no obstante, el magistrado encuadernó el expediente y se ha preocupado desde entonces de que no se pierda. Mientras el expediente estaba vivo, su preocupación por el legajo era tal que lo llevaba donde fuera. Incluso a los locales que visitaba en sus salidas nocturnas.

La verdad es que habría podido más lejos en sus pesquisas sobre los desaparecidos, pero no quiso arriesgar su ascenso a la Corte Suprema, que finalmente llegó el 15 de enero de 1985, cinco días después que Cereceda.

El nombramiento de Cereceda antes que Jordán significaba otorgarle la prioridad para ser electo como presidente de la Suprema cuando les llegara el turno por antigüedad, lo que añadió un nuevo motivo de enemistad entre ambos.

No por haber llegado a la Corte Suprema la conducta de Jordán varió. "Es un poeta. Un bohemio. Un incomprendido", dicen sus amigos, asumiendo su defensa. El ministro siguió visitando un local nocturno en la calle Compañía, cerca del Parque Forestal, "Las catacumbas del 2000". Allí, en los privados, protegidos por la penumbra, los grupos de visitantes sienten garantizado su derecho a mantenerse a buen recaudo de la curiosidad de los intrusos.

Al comenzar los «90, era habitual que llegara atrasado o se fuera temprano sin completar su horario normal de trabajo. No pocas veces los funcionarios a cargo de su sala lo sorprendieron bebiendo whisky de la botella que mantenía religiosamente disponible en su oficina.

Cambió en ese tiempo, varias veces, cambió de chofer, testigos involuntarios de las diferentes mujeres que lo acompañaban en su vehículo. Uno de estos choferes inició con una de ellas, Julia, una relación amorosa que perdura hasta hoy. Enterado de ello, el magistrado lo despidió de inmediato. Antes, este mismo funcionario había sufrido las furias de su superior, quien lo acusaba por el extravío de importantes documentos. Hizo incluso allanar su domicilio, y talvez habría llegado a mayores si desde un club nocturno de la capital no hubieran hecho llegar los legajos a la Corte Suprema. Se le habían quedado al magistrado en una de sus salidas rituales.

También los carabineros que custodiaban su casa conocían sus hábitos. Su pasión, por ejemplo, por conducir motos a alta velocidad, aun en estado de ebriedad.

Jordán no ocultó nunca su estrecha amistad con los abogados especialistas en la defensa y excarcelación de personas acusadas de narcotráfico, Edmundo Rutherford y Mario Fernández, lo que también mereció el reproche de funcionarios de gobierno y de sus propios colegas. Sus amigos eran sus amigos y nadie podía cuestionarle aquéllo.

Mandiola dijo que Jordán cobraba por los fallos, que tenía una "cajita" en su oficina donde guardaba los dineros obtenidos por esos servicios, y que él personalmente analizaba junto al ministro las causas en que Ortiz era representante y buscaban el modo de hacerlo perder.

-¿Usted repetiría estos mismos dichos ante el Colegio de Abogados?

-Sí, claro, no tengo inconveniente.

Mandiola estaba en esos minutos seriamente enfadado con Jordán y aceptó la petición de Ortiz, pero el día que acordaron para la comparecencia, Mandiola se excusó. "No voy a ir", le dijo simplemente al abogado Ortiz Quiroga. Había hecho las paces con el magistrado.

Después de esta conversación, Jordán varió según testigos, su comportamiento, al menos en el último aspecto.

Llegó a la Corte Suprema en 1974. Formó parte del primer grupo designado en el máximo tribunal por el gobierno militar, junto a Emilio Ulloa y Osvaldo Erbetta.

El "huaso" Aburto, como le dicen sus amigos, apoyó desde su cargo en la Corte Suprema todas las tesis del gobierno militar. Al comenzar el gobierno de Aylwin sumó su voto en oposición a las reformas y participó de las defensas corporativas del Poder Judicial rechazando, por ejemplo, la acusación constitucional contra Cereceda.

Junto a Jordán, Aburto participó del voto en la Tercera Sala que otorgó la libertad al narcotraficante Luis Correa Ramírez y, como su colega, también defendería años más tarde, públicamente, la "calidad humana" del ex fiscal Marcial García Pica, comprometido en el proceso por lavado de dinero contra Mario Silva Leiva. Sin embargo, tal vez por la magia de su estilo de bajo perfil, por la ausencia de pasión en sus palabras, nunca fue blanco de las amenazas de acusaciones constitucionales, ni menos aún se sembraron sobre él sospechas de actuaciones irregulares.

Por muy destacados que hayan sido los méritos y vocación de sus hijos, es poco probable que los tres hayan conseguido la designación si el sistema de selección hubiera sido abierto y transparente, considerando que una vacante en notaría debe ser la que más postulantes recibe dentro del sistema judicial, por el atractivo que representa el nivel de remuneraciones.

El Poder Judicial está plagado de jueces, secretarios y oficiales de sala que son amigos, primos, hermanos o hijos de ministros de la Corte Suprema o las cortes de Apelaciones (precisamente quienes determinan los candidatos a incluir en las ternas). Todo esto, a pesar de la discusión sobre la validez de negar al hijo de un ministro, por ejemplo, el derecho a seguir la vocación de su padre. Un caso famoso fue el del ex ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Enrique Paillás, cuyo ascenso a la Corte Suprema le fue prohibido por años debido a que un pariente suyo, en segundo grado -el ministro Domingo Yurac Soto- ejercía en la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Según la ley, ninguno de los dos, pese a sus reconocidos méritos, podría ascender mientras el otro estuviera en servicio. ¿Una situación injusta? Probablemente.

Donde la incompatibilidad aparece mucho más clara es en aquellos servicios remunerados por los particulares. Es difícil aceptar que el hijo de un ministro tenga realmente la "vocación" de ser notario, procurador de número (unos pocos escogidos que están instalados en las cortes y que se preocupan de seguir el estado de las causas y de hacer algunas presentaciones en nombre de los abogados), conservador de bienes raíces (uno por "asiento de Corte" y que son considerados los funcionarios públicos mejor pagados de Chile) y receptor (son los que realizan, entre otras gestiones, las notificaciones judiciales).

Esas concesiones abrían las puertas a un nuevo trato. Con Aburto, se iniciaría, justamente, casi al finalizar el gobierno de Aylwin, la transición en el Poder Judicial.

En aquel discurso, Aburto trató de conciliar. Reconoció la necesidad de reformas. Pero, evocando en el caso Cereceda, dejó dramáticamente en claro que ningún intento prosperaría si no se libraban del fantasma de las acusaciones constitucionales. Los "desbordes" y "amenazas" contra el Poder Judicial, dijo, "han llegado a tal grado que ponen en actual y gravísimo peligro a todo el régimen jurídico vigente".

Homenajeó la "laboriosidad y rigurosa disposición jurídica, constante, permanente, erudita y calificada" de los tres ministros incluidos en la acusación de Cereceda. Dijo que los delicados y serios procedimientos de fiscalización entre los poderes del Estado, se estaban usando "por afanes simplemente políticos". Defendió a Cereceda diciendo que resultaba "asombroso e incomprensible" que sólo respecto de él se hubiera acogido la acusación.

Sobre el pasado, reiteró las posturas de Correa Labra en cuanto a que la Corte Suprema "siempre ha sido (É) independiente de todo gobierno". Que los amparos no se acogieron por impedimentos de la copiosa legislación ad-hoc. Agregó que "el fiel y abnegado esfuerzo cumplido por las Cortes y Magistrados para esclarecer detenciones arbitrarias, desaparecimientos y hasta posibles decesos" permanecía desconocido por el ejercicio de ciertas "prácticas de la desinformación".

El Presidente trataba de guiarse por sus pragmáticas de méritos al escoger a los nuevos ministros. Pero el sistema no lo libró de caer en algunas discutibles postergaciones, como la de Ricardo Gálvez. El ministro y ex presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago es conocido por sus posturas políticas de derecha, pero también por su indiscutible independencia, fuera de su condición de académico de gran prestigio. Ese nivel de independencia fue el que le impidió llegar a la Corte Suprema bajo el gobierno militar. Y sus fallos en causas de derechos humanos, por otro lado -especialmente su voto en contra del recurso de amparo por Jaime Castillo Velasco- fueron los que obstaculizaron su ascenso bajo Aylwin. Sólo avanzado el gobierno de Eduardo Frei alcanzó el cargo que notoriamente merecía más que otros.

Con esta nueva Corte, integrada por mitades entre los seguidores del régimen militar y los partidarios de un sistema democrático, entre duros y reformistas, llegaba el tiempo de Aburto. Los duros ya no eran ni tan duros ni tan combativos como lo fueron en los comienzos de la transición. Y los reformistas sabían que todavía debían esperar para impulsar cambios desde la cúpula judicial. El haberse logrado un aumento en las remuneraciones había hecho perder su sentido a una bandera de lucha entre los poderes ejecutivo y judicial.

La tensión entre los militares y los tribunales había disminuido, porque los tribunales habían decidido acoger la jurisprudencia que admitía la idea de amnistiar todos los casos por violaciones a los derechos humanos entre 1973 y 1978. Después de la turbulencia inicial y la reapertura de casos por el informe Rettig, los tribunales, mayormente, dejaron dormir las causas, en el entendido de que cualquier procesamiento contra militares implicaría inevitablemente un rápido sobreseimiento de la Corte Suprema o su traspaso a la justicia militar, que en la práctica significaba lo mismo. O, más simple todavía, se adelantaron a cerrar muchos casos, a sabiendas de que el tribunal superior iba a aprobar la medida. Así, no fue necesario dictar nuevas leyes de amnistía o reinterpretaciones de la misma. Ni siquiera la acusación contra Cereceda modificó este criterio.

Al finalizar el gobierno de Aylwin, se tenía la sensación en los tribunales de que, en cuanto a derechos humanos, el caso Letelier sería el único ocurrido antes de 1978 que llegaría hasta el final.

A esas alturas ya no era tan mal visto en la Corte Suprema aparecer apoyando ciertos cambios, que ahora contaban con el respaldo de El Mercurio. Tras el bochorno sufrido por descubrir que Sergio Olea Gaona no era el autor del secuestro de Cristián Edwards, en la página editorial de ese diario y en amplios reportajes en sus ediciones dominicales se inició una ofensiva para modificar el sistema judicial.

La creación de la Fundación Paz Ciudadana atrajo a los especialistas que, aunque desde otras perspectivas, buscaban similar objetivo desde el Centro de Promoción Universitaria y la Universidad Diego Portales.

Cierto consenso estaba cristalizando y Aburto estaba dispuesto a jugar el papel gran componedor, de puente de comunicación y entendimiento entre "duros" y "reformistas".