Capítulo V

Quería hacer algo, pero no sabía exactamente qué ni por dónde empezar.

Comenzó por leer la prensa de un modo distinto, intentando seguir la huella de lo que pasaba con los prisioneros. Puso especial atención a los Consejos de Guerra. Se compró un Código de Justicia Militar. En cuanto pudo, fue a los tribunales, en Bandera. Allí se encontró un día con Andrés AylwinAylwin, Andrés.

Aylwin ya estaba en contacto con personeros de la Iglesia que crearían el Comité Pro-Paz, pero no se lo confió a Garretón. Sólo se despidió diciéndole que lo llamaría si sabía de algo.

Por esos mismos días Garretón vio en la oficina destinada a los abogados en el Palacio de los Tribunales un letrero que decía: "Se necesitan abogados para asumir defensas en Consejos de Guerra". Lo había instalado un abogado de apellido GuarelloGuarello, conocido por sus posturas políticas de derecha, quien ofrecía sus servicios pese a la oposición de sus colegas de oficina.

Antes de que Garretón tomara alguno de los casos de Guarello, Aylwin lo llamó por teléfono:

–Se formó un organismo para el asunto que te preocupaba. He dado tu nombre... Tienes que hablar con Andrés RabeauRabeau, Andrés.

El abogado se fue al despacho del ex magistrado y una hora más tarde estaba asumiendo su primera defensa.

Los siempre entrecerrados ojos azules de Garretón y su sonrisa irónica se enfrentarían a militares investidos de jueces en más de cien Consejos de Guerra, sintiendo la amenaza permanente de convertirse en víctima de los mismos procesos en que él intentaba actuar como defensor.

Lo primero era buscar a los aprehendidos en alguno de los varios centros de detención masiva que operaban en el país. En esos días cortos, la mayoría había caído por violación del "toque de queda".

En Santiago, los abogados iniciaban la procesión en las cárceles y seguían con el Estadio Nacional y el Estado Chile, tratando de obtener algún documento que reconociera la detención. Luego, se involucraban en una exasperante lucha para que a los prisioneros se les iniciara alguna forma de juicio y terminar así con las torturas, que formaban parte de la etapa de "investigación". En las condiciones de desamparo total en que se hallaban los presos, lograr la convocatoria a un Consejo de Guerra era considerada un éxito para los abogados que se unieron al Comité Pro-Paz. Al menos podrían defenderlos.

Cuando por fin el fiscal emitía el pronunciamiento de primera instancia, se formaba el Consejo de Guerra, en que los defensores podían ensayar sus defensas. Tras la sentencia, el Juez Militar (que coincidía normalmente con el jefe de la Zona en Estado de Emergencia respectiva), dada su aprobación final.

Había dos tipos de Consejo: los comunes y los "Vip" (very important persons). En los primeros, el Consejo lo integraban normalmente siete Oficiales de Reserva Asimilados al Servicio Activo (los "Orasa"), provenientes en general de la Fuerza Aérea o Carabineros, con escaso conocimiento jurídico y muchas veces con precario nivel educacional.

El 11 de septiembre, el mayor Reveco Valenzuela, FernandoReveco estaba en Calama. Era el delegado del jefe de zona en Estado de Emergencia en Chuquicamata. Por órdenes de sus superiores, tomó el control del estratégico mineral e incautó armas entre la población. Más tarde, presidiría el Consejo de Guerra en contra del ex gerente general de Chuquicamata, David SilbermanSilberman, David.

El 2 de Octubre Reveco Valenzuela, FernandoReveco fue detenido sorpresivamente. Sin que nadie lo supiera en Calama, fue trasladado a Santiago. En la pequeña y desértica ciudad se afirmaba que el mayor estaba muerto. Que lo habían tirado desde un helicóptero.

Los cargos en su contra habían surgido de un proceso que tramitaba en Santiago el fiscal de Aviación general Orlando GutiérrezGutiérrez, Orlando, en contra del capitán de bandada Jaime DonosoDonoso, Jaime. En parte de su testimonio, Donoso dijo que otro oficial -Raúl VergaraVergara, Raúl- le había comentado su participación en una comida, en 1969, en que un mayor de Ejército de apellido Reveco se habría pronunciado como "marxista".

Un fiscal de Ejército se trasladó a Calama y comenzó a interrogar a civiles y subalternos del oficial que trataban de demostrar su filiación "marxista". Como lo creían muerto, no ahorraron detalles.

En Santiago, Reveco era trasladado al Regimiento Blindado Nº 2, donde se le permitió tener una radio, un aparato de televisión y recibir visitas de su esposa.

Un año después, el fiscal dio por agotada la investigación. En el expediente, los testigos entregaron antecedentes sobre el comportamiento social del acusado e interpretaron sus supuestas motivaciones ocultas para dar buen trato a los prisioneros o demorar allanamientos.

En el legajo quedó impreso el interés del fiscal por aclarar su actuación en una comida realizada en honor del "pronunciamiento militar", en el Rotary Club de Calama, la noche del 26 de septiembre de 1973. Según los testigos, un subteniente de apellido LapostolLapostol defendió al Gobierno de la Unidad Popular y Reveco, en señal de respaldo, le habría ofrecido un vaso de vino.

Otro aspecto de la investigación fue la conducta del comandante en el caso Silberman. Los testigos lo acusaban de no haberlo perseguido, pues éste se entregó en forma voluntaria el 15 de septiembre, y por haberle dado una pena muy baja en el Consejo de Guerra.

En su defensa, Reveco decía que en la reunión en que participó en 1969 –y que dio origen al proceso en su contra– se analizaron las preocupaciones de las Fuerzas Armadas que culminaron con el Tacnazo ese mismo año y que nunca se declaró marxista.

Sobre la comida en el Rotary Club, cuatro años más tarde, dijo que sus únicas palabras en esa ceremonia fueron para agradecer la manifestación y que sólo después de que el presidente del Rotary insultara a su subalterno, el subteniente Lapostol, por haber comentado que no se debería "hacer leña del árbol caído", optó por retirarse, como un gesto de respeto al militar. Vino no le ofreció, replicó irónico, "porque se había terminado".

Acerca de Silberman, DavidSilberman, afirmó que la condena a 16 años de presidio en su contra por "traición a la patria", fue justa y resuelta por "unanimidad" en el Consejo de Guerra.

Admitió haber sido "allendista" en los primeros años del gobierno de la Unidad Popular, pero negó tener ideología marxista. El fiscal, de vuelta en Santiago, dictaminó que Reveco había cometido el delito de "incumplimiento de deberes militares".

Garretón, RobertoGarretón, su abogado, fue citado entonces al Salón de Actos del Ministerio de Defensa, en Zenteno con Alameda, donde está hoy el Edificio de las Fuerzas Armadas. Un guardia lo revisó al ingresar al edificio. Pacientemente, desmontó su pluma fuente y escrutó el estuche en que guardaba sus lentes de contacto. Dentro, numeroso personal armado custodiaba en la sala en que se oirían los alegatos en favor de 22 personas que estaban siendo acusadas en un mismo Consejo de Guerra.

Un soldado se acercó a Garretón y le dijo:

–Tiene que pasarme el texto de su defensa... para la censura.

Momentos más tarde se lo devolvió tarjado. No obstante, quedó material suficiente para que Garretón arremetiera contra la forma en que se acusó a su defendido. Hizo notar que el fiscal daba valor probatorio a testimonios de "civiles fanatizados, resentidos con las autoridades militares por no haber empleado más rigor en contra de los personeros del antiguo régimen", quienes nada sabían sobre las órdenes militares impartidas a Reveco, ni tenían autoridad para opinar sobre la forma en que las había cumplido.

Pero no estaba el Consejo para aceptar tales preceptos y confirmó la condena propuesta por el fiscal.

Desde el punto de vista del Derecho, estos tribunales especiales cometieron un sinnúmero de abusos: configuraron delitos que no existían en las leyes y tomaron como una licencia sin límites la norma que permite a los jueces apreciar la prueba "en conciencia".

El Ejército informó a la Comisión Rettig que los expedientes de los Consejos de Guerra se hallaban "totalmente quemados, por acción del fuego (sic), producto de un atentado terrorista". Sin embargo, esa entidad pudo reconstituir parte de la historia de más de 250 personas condenadas en este tipo de juicios, 26 de las cuales fueron ejecutadas.

La mayor cantidad de ejecuciones y muertes de esos primeros años se produjeron, no obstante, sin forma de juicio alguno.

Para que los Consejos pudieran constituirse, la Junta Militar dictó varios decretos entre el 11 y el 22 de septiembre de 1973. El Número 3 declaró el Estado de Sitio en todo el país y el 5, que el país estaba en Tiempo de Guerra. Los fallos de los Consejos discreparon acerca de la naturaleza y duración de esta guerra. Algunos la fijaron a partir del 11 de septiembre, otros después, y no pocos incluso antes de que terminara el gobierno de Salvador Allende.

Aceptando la existencia de legal de la guerra –pues no aceptaban su existencia real– las defensas de los acusados intentaron hacer valer el respeto a los tratados internacionales, suscritos por Chile, sobre tratamiento especial y humano a los prisioneros, pero sus argumentos no fueron jamás aceptados.

Los abogados del Comité Pro-Paz no compartían la idea que la Corte Suprema renegara de sus atribuciones y al mismo tiempo aparentara que el Estado de Derecho operaba con normalidad, pero fracasaron en sus intentos por modificar ese criterio. Varias veces argumentaron en sus escritos que la Corte estaba dando una interpretación mañosa al Código de Justicia Militar, que jamás pretendió tener el alcance sugerido por el máximo tribunal. Y que, aun si ese hubiera sido el caso, la Corte debía declarar la inconstitucionalidad del mentado artículo, pues la Carta Magna –a cuya letra las demás leyes obedecen– daba a la Corte Suprema la facultad de supervigilar a todos los tribunales de la nación. "Todos", recalcaban.

La Corte no los oyó.

Poco después, se pidió a la Suprema que determinara qué tribunal era el encargado de pronunciarse sobre el discernimiento de otros dos asdolescentes, antes de que fueran condenados por un Consejo de Guerra: si la Fiscalía de Aviación o el Primer Juzgado del Crimen.

Víctor Manuel RivasRivas del Canto, Víctor Manuel y Osvaldo ErbettaErbetta, Osvaldo argumentaron que no existía en las leyes chilenas una sola disposición que conculcara a los tribunales de menores su facultad para pronunciarse sobre los discernimientos. Ni había norma expresa alguna que se la entregara a los tribunales militares. Pero estaban en minoría.

Más tarde, en un recurso de queja en contra de la sentencia del Consejo de Guerra de Arica que condenó a Sergio Rubilar GonzálezRubilar González, Sergio, el ministro José María EyzaguirreEyzaguirre, José María fue el único en defender las facultades constitucionales de la Corte Suprema.

Eyzaguirre era ladino. Aparecía como el magistrado supremo más ecuánime, pero sólo respaldaba estas posturas cuando tenía la certeza que aparecería en un pronunciamiento de minoría.

Reveco, al igual que cientos de prisioneros políticos condenados en Consejos de Guerra quedó al poco tiempo en libertad, porque era física y jurídicamente insostenible para las Fuerzas Armadas mantener el rol de tribunal y Gendarmería sobre una proporción tan grande de la población.

Hacia 1975, muchos Consejos de Guerra que dictaban sentencias absolutorias, añadían un párrafo que dejaba a los procesados a disposición del Ministerio del Interior. La autoridad administrativa podía requerirlos en virtud del "Estado de Sitio" y enviarlos a los campos de concentración.

En la calzada quedó tendido el cuerpo del ex regidor comunista por Concepción, Carlos Contreras MalujeContreras Maluje, Carlos. Le sangraba la cabeza, pero estaba consciente. En pocos segundos, los curiosos rodearon al herido.

El público congregado miraba al herido y escuchaba sus ruegos entre atónito y temeroso; nada hicieron ni podrían haber hecho cuando los agentes lo subieron al Fiat. "¡Soy Carlos Contreras" y la insistencia en que se avisara a la Farmacia Maluje de Concepción fue lo último que se escuchó.

El "inculpado" era el chofer de la micro, quien fue detenido y luego puesto en libertad provisional bajo el cargo de lesiones "al parecer, menos graves en atropello".

Anónimos transeúntes cumplieron el deseo de Contreras Maluje. Unos llevaron el nombre a la Vicaría de la Solidaridad, ubicada a un costado de la Catedral, en la Plaza de Armas. Otros llamaron a su familia en Concepción.

Inmediatamente, la Vicaría presentó ante la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de amparo en su favor y agregó más tarde declaraciones de los testigos y de los propios carabineros. Su familia estaba esperanzada en que, con tanta información disponible, los tribunales podrían encontrarlo y rescatarlo con vida.

La Corte de Apelaciones envió oficios a los centros asistenciales y éstos informaron que no había ingresado ninguna persona identificada con ese nombre. Tampoco el Servicio Médico Legal había recibido su cadáver.

Casi tres meses más tarde, el 30 de enero de 1977, la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones, integrada por los ministros Marcos LibedinskyLibedinsky, Marcos, Adolfo BañadosBañados, Adolfo y José CánovasCánovas, José, pidió a la sección "patentes" de la Municipalidad de Las Condes, que identificara al propietario del Fiat celeste. La respuesta fue que le pertenecía a: "Fisco de Chile, Fach, Estado mayor General, Dirección de Inteligencia".

Cánovas, JoséCánovas votó por rechazar el recurso y enviar los antecedentes a la justicia militar.

El Ministerio del Interior rehusó dar cumplimiento a la orden de la Corte.

El ministro subrogante, Enrique Montero MarxMontero Marx, Enrique, envió una arrogante comunicación manifestando que "oportunamente (...) esta Secretaría de Estado informó a Usía Ilustrísima que no tenía antecedentes de la persona investigada, ni tenía conocimiento fidedigno de que hubiera sido arrestado por algún determinado organismo de seguridad y que no habría pronunciado ni mantenido pendiente resolución alguna que lo afectara".

El flagrante desacato del Ejecutivo motivó una reunión del pleno de ministros del tribunal de alzada capitalino, que resolvió informar a la Corte Suprema "para los fines que procedan".

Pero antes de que la Corte manifestara su parecer, el general Pinochet, AugustoPinochet usó un método indirecto para difundir su opinión. Dirigió un oficio al juez Militar de Santiago, que había recibido el parte policial, sugiriendo que la detención pudo ser practicada por "elementos subversivos". El general afirmaba haber "comprobado fehacientemente", en su calidad de Presidente de la República, que ningún órgano bajo su dependencia había practicado la detención, de lo cual se derivaba la "absoluta imposibilidad jurídica y de hecho" de cumplir el mandato judicial.

Los familiares de Contreras se desesperaban, en tanto, viendo que el tiempo pasaba y nada sabían de él.

Tal fue el destino del único recurso de amparo acogido por los tribunales de Justicia entre el 11 de septiembre 1973 y comienzos de 1979, período en el que se presentaron más de cinco mil.

Pese a los esfuerzos de Bañados, AdolfoBañados y Libedinsky, MarcosLibedinsky, el fallo no cumplió su objetivo de terminar con una detención "ilegal o arbitraria", ni de hallar a la víctima para traerla a presencia del tribunal.

La verdad no sería descubierta sino varios años más tarde, por el ministro Carlos CerdaCerda Fernández, Carlos, quien determinó que Contreras Maluje fue secuestrado por el grupo de combate antisubversivo de la Fuera Aérea conocido como Comando Conjunto.

Pero el paradero de Carlos Contreras MalujeContreras Maluje, Carlos aún se desconoce. Su desaparición formó parte de las investigaciones del ministro Cerda, pero el proceso se encuentra sobreseído, por aplicación de la Ley de Amnistía.

Pasaron más de ocho meses entre el día que Contreras Maluje se lanzó a las ruedas de un microbús en calle Nataniel y aquél en que la Corte Suprema emitió la última resolución en el caso, aunque la ley establece, desde el siglo pasado, que los amparos deben resolverse en un plazo de 24 horas o un máximo de seis días, cuando es necesario practicar diligencias.

El 19 de septiembre de 1932 la Corte Suprema dictó un Auto Acordado (que equivale a un reglamento) para instruir a los tribunales sobre la forma correcta de tramitar los amparos. Recordaba la Corte que está en la naturaleza de ese recurso "principalmente, que sea resuelto a la mayor brevedad y no cuando el mal causado por una prisión injusta haya tomado grandes proporciones o haya sido soportado en su totalidad". El tribunal superior ordenaba ya entonces a los jueces que tomaran las medidas necesarias para inducir a los funcionarios a "cumplir oportunamente con su deber" de entregar los informes que se les requirieran y hasta prescindir de ellos, si la demora excediese el límite de lo razonable. "No sería posible dejar la libertad de una persona sometida al arbitrio de un funcionario remiso o maliciosamente culpable en el cumplimiento de una obligación", reflexionaba la Corte Suprema de 1932.

Todas las constituciones chilenas han reconocido a los ciudadanos la garantía del recurso de amparo e incluso la Junta Militar de Gobierno, en el Acta Constitucional Nº 3, aseguró su vigencia bajo el Estado de Sitio.

Sin embargo, rara vez los jueces ordenaron traer al amparado a su presencia y, cuando lo hicieron, no protestaron por el incumplimiento de los servicios de seguridad. No más de una decena de veces, en más de diez mil recursos de amparo, ordenaron que un juez se constituyese en el lugar de arresto. Habitualmente se negaron a fijar plazo a las autoridades para las respuestas.

Nunca apremiaron a un funcionario renuente a informar y jamás prescindieron de los informes requeridos, como en cientos de ocasiones la Vicaría les solicitó. Más aun las Cortes dieron toda clase de facilidades a las autoridades para dilatar las respuestas que debían entregar dentro de plazo. Las cortes de Apelaciones rechazaron, en general, constituirse en centros de detención, incluso cuando éstos eran identificados por los recurrentes, y en los domicilios de personas detenidas, liberadas y obligadas a permanecer en su propia casa.

Cuando el Ministerio del Interior informaba que no había orden en contra de un ciudadano y que los servicios a su mando señalaban no haberlo aprehendido, las Cortes rechazaban el recurso de amparo diciendo que no había antecedentes que demostraran la efectividad de la detención. Cuando el Ministerio reconocía la detención, aunque lo hiciera después de haberlo negado inicialmente y sin señalar la fecha del arresto, las Cortes igualmente rechazaban el amparo diciendo que la detención había sido ordenada por autoridad competente.

Un problema más era a quién dirigir las peticiones de informes. La Corte Suprema respaldó, en general, la tesis de que debían enviarse al Ministerio del Interior y no a los órganos aprehensores.

Pese a los magros resultados en las Cortes, el Comité Pro Paz y la Vicaría matuvieron siempre la decisión de recurrir a los tribunales y de defender porfiadamente el respeto al Estado de Derecho y a las leyes. Había en ello, aparte de las decisiones humanitarias, dos razones políticas: una, desalentar las alternativas violentas de oposición al régimen militar, y otra, que quedara el registro escrito y documentado de las violaciones a los derechos humanos.

De todos modos el gendarme pidió el "santo y seña". Era la rutina. El oficial que parecía estar a cargo del grupo respondió correctamente y el gendarme abrió.

Media tarde. 4 de octubre de 1974.

Silberman, ingeniero civil industrial era gerente general del mineral de Chuquicamata hasta el 11 de septiembre de 1973. El 15 se entregó voluntariamente al Comandante Militar de Calama, respondiendo a un bando que reclamaba su comparecencia. En esa ciudad, fue condenado por un Consejo de Guerra a trece años de prisión por infracción a la ley de Seguridad del Estado y a la ley de Control de Armas. (El mayor Reveco, quien presidió el Consejo, enfrentaría más tarde el juicio de sus compañeros de armas).

En la misma causa fueron condenados varios ejecutivos y empleados de la empresa estatal, junto a militantes de los partidos Comunista y Socialista de la zona. Silberman fue trasladado a Santiago y recluido en la Penitenciaría el 30 de septiembre. Los demás quedaron en el norte.

El 4 de octubre de 1973, Silberman fue sacado por primera vez desde la Penitenciaría. Lo llevaron a la Academia de Guerra, donde permaneció recluido hasta el 20. Un día antes, en Calama, una unidad militar había secuestrado a veinticinco de sus ex compañeros de trabajo desde la cárcel, fusilándolos en el desierto.

Exactamente un año después, aquel viernes 4 de octubre de 1974, el teniente Quinteros llegaba a la Penitenicaría reclamando nuevamente a Silberman.

–El prisionero está cumpliendo condena. ¿Con qué fin lo solicita?, –inquirió el alcaide.

Siguiendo los procedimientos regulares, el alcaide pidió corroborar la orden telefónicamente. Discó el número que le dio Quinteros: 516403 y preguntó por el "auditor Leyton" o el "comandante Marcelo RodríguezRodríguez, Marcelo", quien en el documento figuraba como "asesor militar" de los Consejos de Guerra.

El alcaide recibió la confirmación que esperaba y accedió a lo solicitado. En el acta de entrega quedó estampada su firma, junto a la rúbrica del teniente Alejandro Quinteros RomeroQuinteros Romero, Alejandro. Hora: 18.40.

A no muchos metros de distancia, el ingeniero Alejandro Olivos OlivosOlivos Olivos, Alejandro abandonaba la planta Chiloé de la Compañía de Teléfonos, ubicada en Avenida Pedro Montt. Olivos había pedido permiso momentos antes para entrar al "pararrayos" (nombre que los técnicos dan al lugar en que se ubican todas las conexiones) con el pretexto de hacer una conexión de prueba a Isla de Maipo.

Los empleados de turno le ofrecieron ayuda, pero Olivos la rechazó. Con un "enrulador" había estado realizando trabajos en el panel donde se hallaba la serie telefónica desde el 51-6401 al 51-6449.

El sábado 5, Mariana AbarzúaAbarzúa, Mariana, esposa del Silberman, se presentó en la Penitenciaría para la visita de rutina. Aunque no era fácil atender a sus tres hijos y enfrentar el presidio de su esposo, ella creía que lo peor había pasado. Tenía esperanzas en que pronto las gestiones que realizaba para lograr la libertad de su esposo tendrían un resultado positivo. Confiaba, por ejemplo, en una respuesta favorable de la Comisión de Indultos creada en el Ministerio de Justicia, pues en ciertos casos ésta había conmutado penas de reclusión por extrañamiento. Esa posibilidad no era tan mala para Silberman, que ya tenía ofrecimientos de trabajo en Israel.

Mariana se sorprendió cuando esa mañana de sábado los gendarmes le informaron que Silberman no estaba en la Penitenciaría. Lo había visto por última vez una semana antes y él no le dijo nada sobre un eventual traslado.

Confundida, sólo atinó a recurrir al Ministerio de Justicia. El 9 de octubre, un funcionario en esa secretaría le dijo que Silberman estaba en manos de un servicio de inteligencia y que el siguiente fin de semana sería devuelto al penal. Pero en el Ministerio del Interior, un ayudante le dio otra versión:

–Tal vez su marido se fugó...

Ese mismo día, Mariana se entrevistó con otro empleado en el Ministerio del Interior, quien la tranquilizó:

Cinco días más tarde, la mujer concurrió a una cita que obtuvo con el vicario general castrense, Francisco GilmoreGilmore, Francisco, quien le dijo que las autoridades estaban "muy preocupadas del problema" y que habían iniciado un sumario para determinar las responsabilidades al respecto, puesto que el documento con que se retiró al prisionero "sería falso".

–Seguramente se trata de funcionarios del gobierno marxista que usaron esta treta para liberarlo –dijo Gilmore.

En cuanto al sumario, el obispo no mentía. Gendarmería había informado a Justicia que funcionarios militares habían sacado a Silberman de la Penitenciaría, pero que, consultados los servicios de inteligencia, éstos negaban la detención. El ministro Miguel SchweitzerSchweitzer, Miguel envió los antecedentes a la Segunda Fiscalía Militar donde, a petición suya, se abrió un proceso fechado el 18 de octubre.

El Ministerio del Interior respondió a los oficios de la Corte de Apelaciones recién a mediados de noviembre, señalándole que lo único que sabía era que Silberman estaba cumpliendo condena en un recinto penal. Simultáneamente, sin embargo, el Ministerio de Justicia admitió conocer el inicio de un proceso en la justicia castrense.

Con ese dato, la Corte capitalina rechazó el recurso y ordenó remitir los antecedentes al Segundo Juzgado Militar.

La familia apeló ante la Corte Suprema, que fue enterada así de que en sus propias barbas un grupo no identificado había secuestrado desde el interior de una cárcel ordinaria –bajo su dependencia– a un prisionero:

Eyzaguirre creía firmemente que pertenecía a un Poder independiente del Estado. Profundamente conservador y católico, no había titubeado en representar a Allende las ilegalidades en que había incurrido; nunca le gustó el gobierno marxista, que amenazaba, según él, las raíces del Estado de Derecho. Y ciertamente compartía los fundamentos del "pronunciamiento militar". Pero el secuestro de Silberman lo perturbaba francamente, porque le hacía sentir que algunos funcionarios de la administración estaban invadiendo las atribuciones del Poder Judicial.

–¡Hay que hacer algo!, –les planteó a sus colegas de la Corte Suprema, cuando se enteró del caso. Propuso–: Hablemos con el Presidente.

Pero la indignación de Eyzaguirre era verdadera. "Es hora de que nos pongamos los pantalones", y tal como lo había anunciado, pidió una entrevista con Pinochet.

Eyzaguirre volvió al edificio de calle Bandera con las manos vacías. Y la Corte no tuvo otra alternativa: seguir los procedimientos regulares, enviando insistentes consultas a la Segunda Fiscalía Militar y reiterando oficios a los comandantes de Tres y Cuatro Alamos. Todo sin resultados.

El 23 de enero de 1975, puesto que el jefe militar del primero de estos campos de prisioneros se negaba a responder al máximo tribunal, el pleno decidió oficiar al Presidente de la República. En su lugar, respondió el ministro del Interior, quien expuso que, según el Servicio Nacional de Detenidos (Sendet), Silberman no se hallaba en Tres Alamos.

El 31 de enero, "con el mérito de lo expuesto", la Corte Suprema resolvió denegar definitivamente el amparo, pero instruyó al fiscal militar para que acelerara las diligencias de su proceso e informara a la Corte de sus pasos.

La Segunda Fiscalía explicó a la Corte Suprema poco después que no se había constituido en Cuatro Alamos por cuanto el comandante de ese recinto le informó que el preso no estaba allí.

En octubre de 1976, el Segundo Juzgado Militar sobreseyó temporalmente en la causa.

Mucho tiempo después, Mariana AbarzúaAbarzúa, Mariana y sus abogados tendrían acceso a ese expediente. Sorprendidos, se enteraron que el fiscal militar había logrado establecer no pocos hechos.

El fiscal realizó un careo entre ambos y como se mantuvieran en sus dichos, los dejó en libertad incondicional.

Citado Vianel ValdiviesoValdivieso, Vianel, se negó a concurrir, señalando que lo haría sólo si se lo ordenaba el comandante en jefe del Ejército, bajo las órdenes del cual trabajaba. El fiscal anuló la citación.

David SilbermanSilberman, David figura hasta hoy, en la lista de detenidos desaparecidos.

En febrero de 1975, el Comité pidió a la Corte Suprema que tomara cartas en el asunto y designara un ministro en visita . El máximo tribunal rechazó por mayoría la solicitud.

Al inaugurar el año, el 1º de marzo de 1975, Enrique Urrutia ManzanoUrrutia Manzano, Enrique anunció su retiro del Poder Judicial. En su discurso ante las autoridades militares y judiciales habló de los problemas relacionados con el atraso en el trabajo de la Corte capitalina:

Urrutia dijo que no podía entender que esas instituciones humanitarias "a pesar de lo que aquí han observado, de lo que aquí han oído, y de lo que aquí se les ha demostrado" no hayan "expuesto la verdad". Y agregaba: "¿Han llegado estas comisiones a esta presidencia con un juicio preconcebido del que no se han podido desprender?".

Y añadía a continuación:

Finalmente, señalaba con toda solemnidad:

Tras el retiro de Urrutia, José María EyzaguirreEyzaguirre, José María fue elegido presidente del máximo tribunal.

En enero de 1976, Eyzaguirre y el ministro de Justicia, Miguel SchweitzerSchweitzer, Miguel, fueron autorizados a constituirse en Tres y Cuatro Alamos, en Puchuncaví y en Villa Grimaldi. Los abogados de la Vicaría alegaron que se trataba de una maniobra publicitaria, pues, para recibir a los visitantes, a los prisioneros en "libre plática" se les permitió afeitarse y salir a los patios. Fueron fotografiados leyendo el diario.

Las visitas, no obstante, sirvieron al menos para constatar la existencia real de centros de detención cuya existencia había sido hasta ese momento negada por las autoridades.

Eyzaguirre se detuvo a hablar con los presos. Entre ellos, conversó con Fernando OstornolOstornol, Fernando y con Lautaro VidelaVidela, Lautaro, hermano de la asesinada Lumi VidelaVidela, Lumi. Ostornol era un anciano. Videla, un muchacho.

Ostornol se explayó con crudeza sobre las torturas que había sufrido, las duras condiciones de la prisión, el vejatorio trato a su familia. Ministro y detenido debatieron sobre el régimen militar y su legalidad. Ostornol argumentó que la detención arbitraria a que estaban sometidos, era un atentado a la juridicidad, pues no estaban bajo la tuición de ningún tribunal competente.

–No puedo entender, señor ministro –le dijo a Eyzaguirre–, el rol que ha jugado el Poder Judicial en estos años.

Eyzaguirre les contó que algunas veces había tenido que eludir cercos de vigilancia, usar técnicas para escabullirse.

Eyzaguirre lo miraba atento. Parecía conmovido. Videla fue generoso en detalles. Sabía que tenía enfrente a un hombre que representaba "al régimen", pero quería convencerlo. El y Ostornol dijeron a Eyzaguirre que si quería hacer algo por ellos, influyera para que se terminaran los campamentos de prisioneros.

Los prisioneros no compartían la visión extremadamente formalista del ministro, pero agradecieron su interés.

El 1º de marzo de 1976, el año judicial fue inaugurado por EyzaguirreEyzaguirre, en una ceremonia a la que asistieron el ministro de Justicia, Miguel SchweitzerSchweitzer, Miguel, el presidente del Colegio de Abogados, Julio DuránDurán, Julio, y el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Hugo RosendeRosende, Hugo.

Es necesario combatir "el terrorismo", admitió Eyzaguirre, pero al mismo tiempo respetar las "necesarias garantías del imputado".

En la misma cuenta anual, el presidente de la Corte Suprema opinó que los jueces no debían ser tan indulgentes con los infractores del tránsito y, como si hablara de lo mismo, se refirió a la petición del Comité Pro Paz:

Esa era su cara pública. En privado, tenía otra menos ingenua.

En un informe confidencial enviado al ministro de Justicia, Eyzaguirre narraba a Schweitzer sus visitas a Tres y Cuatro Álamos y las entrevistas que sostuvo con los connotados dirigentes políticos Luis CorvalánCorvalán, Luis, Daniel VergaraVergara, Daniel, José CademártoriCademártori, José, Tito PalestroPalestro, Tito, Fernando FloresFlores, Fernando, Jorge MontesMontes, Jorge y Alfredo JoignantJoignant, Alfredo.

No obstante lo anterior, 120 días después de haber enviado ese informe, Eyzaguirre y la Corte declararían que los abogados que denunciaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo mismo que él había visto, "faltaban a la verdad".

A mediados de 1976, Lautaro VidelaVidela, Lautaro fue llevado frente a un Consejo de Guerra en Valparaíso, que lo condenó a la pena de extrañamiento. Funcionarios militares lo entregaron a los gendarmes en el anexo-cárcel de Capuchinos, desde donde iba a ser expulsado inmediatamente del país. Sin embargo, por instrucciones del Ministerio del Interior, agentes de civil lo sacaron del recinto penal y lo trasladaron nuevamente a Tres Alamos, junto a Sergio Vesely FernándezVesely Fernández, Sergio. El fantasma del caso Silberman se instaló en las mentes de ambos.

Videla envió un mensaje angustioso a su madre: "Pide una audiencia con Eyzaguirre". La mujer, bien asesorada en los asuntos legales, se presentó en el despacho del ministro y le dijo que su hijo había sido secuestrado desde un recinto penal bajo la jurisdicción de los tribunales de Justicia, donde esperaba el cumplimiento de una condena emitida por un tribunal legalmente constituido.

EyzaguirreEyzaguirre le dio su palabra de que no permitiría obstrucciones administrativas al cumplimiento de las penas, pues el pronunciamiento de un tribunal –aunque fuera uno militar– estaba por sobre una orden de detención preventiva emanada del Ejecutivo.

En agosto de 1976, la Vicaría de la Solidaridad volvió a la carga con una solicitud de ministro en visita para que investigara la situación de los desaparecidos, que ya sumaban 383. La presentación fue rechazada una vez más por la Corte Suprema:

Según el voto de mayoría, las presentaciones de la Vicaría repetían los nombres de las víctimas "con el evidente propósito de aumentar ficticiamente el número de éstos, y aunque en dichas repeticiones, por lo general, figura como familiar denunciante el mismo nombre, se advierte a simple vista la disconformidad de firmas".

El fallo fue pronunciado con el voto de los ministros Israel BórquezBórquez, Israel, Luis MaldonadoMaldonado, Luis, Octavio RamírezRamírez Miranda, Octavio, Víctor RivasRivas del Canto, Víctor Manuel, Emilio UlloaUlloa, Emilio, Estanislao ZúñigaZúñiga, Estanislao y Abraham MeersohnMeersohn, Abraham. El propio presidente EyzaguirreEyzaguirre, junto a Rafael RetamalRetamal López, Rafael, Osvaldo ErbettaErbetta, Osvaldo y Marcos AburtoAburto, Marcos, en minoría, estuvieron por nombrar al ministro en visita.

Cristián PretchPretch, Cristián, el Vicario de la Solidaridad, decidió entonces pedir que la Corte indicara cuáles de los desaparecidos estaban viviendo en sus casas y cuáles, detenidos en un lugar conocido.

Sólo a fines de 1976 la Corte certificó los once casos de personas que figuraban en sus registros como arrestadas en virtud del Estado de Sitio, pero debió reconocer que tales nombres no estaban incluidos en las listas de desaparecidos de la Vicaría. En el mismo acto rechazó certificar el resto de los antecedentes que había mencionado al rechazar la petición.

Al inaugurar el año judicial en 1977, EyzaguirreEyzaguirre lamentó, aunque en forma indirecta, la ampliación de las facultades al jefe de Estado para que en estados de emergencia conculcara las libertades de opinión, información y reunión, censurara la correspondencia y las comunicaciones y limitara el derecho de propiedad.

El ministro estaba haciendo una comparación directa con el uso de los "resquicios" durante el gobierno de Salvador AllendeAllende.

Eyzaguirre expresó también su preocupación por los límites impuestos al recurso de protección bajo los estados de emergencia.

Ese marzo fue un mes duro para las relaciones Iglesia-Gobierno. La Conferencia Episcopal emitió un documento denominado "Nuestra Convivencia Nacional" que hizo rechinar los dientes en los círculos oficiales. Bajo el capítulo "El Poder Judicial y los Desaparecidos" los obispos pidieron que "se esclarezca de una vez y para siempre el destino de cada uno de los presuntos desaparecidos desde el 11 de septiembre hasta la fecha". Mientras ello no ocurra, decían, "no habrá tranquilidad para sus familiares, ni verdadera paz en el país, ni quedará limpia la imagen de Chile en el exterior".

El ministro de Justicia, Miguel SchweitzerSchweitzer, Miguel, renunció a su cargo el 11 del mismo mes. Fue reemplazado por el hoy olvidado Renato Damilano BonfanteBonfante, Renato Damilano quien, recién instalado, criticó a la Iglesia Católica y la acusó de alianza con los "marxistas". Cayó precipitadamente y lo reemplazó Mónica MadariagaMadariaga, Mónica.

A mediados de año el vicario de la Solidaridad, Cristián PretchPretch, Cristián, volvió a la carga con un téngase presente, para insistir sobre el tema de los desaparecidos, que habían aumentado a más de 400, y sobre la necesidad de que la Corte certificara los casos que dio por aclarados. Sus palabras, en un ambiente cargado de tensión, tenían un peso demoledor:

El domingo 29 de septiembre el programa "Lo que Usted quiere saber" de Canal 5 de Valparaíso, tenía un invitado especial: José María EyzaguirreEyzaguirre, José María. El moderador del programa era Patricio BañadosBañados, Patricio y entre los panelistas estaban Cristián ZegersZegers, Cristián, Joaquín VillarinoVillarino, Joaquín, Jaime Martínez WilliamsMartínez Williams, Jaime, Hermógenes Pérez de ArcePérez de Arce, Hermógenes y Enrique LafourcadeLafourcade, Enrique. Era uno de los pocos espacios de debate político en esos momentos.

Los funcionarios de la Vicaría no sólo escucharon atentamente la emisión, sino que uno de ellos grabó la entrevista y la transcribió para los registros de la institución.

Bañados comenzó el interrogatorio:

–Señor Eyzaguire, ¿cuántos recursos de amparo se han presentado en Chile? (...) ¿Serán 500?

–Pueden ser 500 o más.

–¿Cuántos han sido aprobados?

–(...) Los recursos de amparo no han sido acogidos porque, como usted sabe muy bien, los tribunales chilenos, desde 1833, han mantenido la jurisprudencia de que cuando el Presidente de la República efectúa una detención en virtud del Estado de Sitio, es una facultad privativa del Poder Ejecutivo y no le es lícito al Poder Judicial mezclarse en la facultad del Poder Ejecutivo.

–O sea, ¿no ha sido aprobado ninguno? ¿O hay alguno aprobado?

–Hay uno acogido.

–¿Y ha sido plenamente cumplido?

–No ha podido ser cumplido.

EyzaguirreEyzaguirre se defendía diciendo que las facultades que tenía del Ejecutivo en virtud del Estado de Sitio inhibían al Poder Judicial. Los detenidos administrativamente, no podían ser llevados a cárceles bajo jurisdicción de los tribunales.

–Don José María, Usted dice que se habrían presentado alrededor de 500 o más recursos de amparo, ¿eso significa que esas 500 personas están desaparecidas?

–No significa necesariamente que estén desaparecidas, sino que sencillamente algunas de esas personas, cuando el ministro del Interior dice que no han sido detenidas por organismos del Estado, se instruye el proceso por desaparecimiento.

–¿Y en los recursos de amparo en que aparecen testigos?

–Normalmente el trámite del recurso de amparo (...) no admite prueba de testigos. El recurso de amparo (...) debe fallarse con el informe de la autoridad que presumiblemente ha efectuado la detención...

–¿Por qué los familiares de algunas de estas personas dicen que hay pruebas y que ellos tienen testigos de que estas personas estuvieron realmente detenidas en algunos puntos y que fueron vistas por otras personas? Por lo tanto, habrían estado en lugares de detención, aunque el Ministerio del Interior haya dicho que no fueron detenidos, ¿no es así?

–Hay algunos casos (...) en que el gobierno ha negado la existencia de la detención y ha podido establecerse que esas personas han sido efectivamente detenidas. El caso más claro, es el caso de las personas que fueron detenidas en Valparaíso, en que el gobierno dijo que no habían estado detenidas, por las informaciones que tenía; en cambio el comandante del Regimiento Maipo manifestó que esas personas habían pasado por el Regimiento en calidad de detenidas. Eran unas pocas personas...

–¿Fueron encontradas esas personas?

–No le podría decir con seguridad, porque no lo tengo en la memoria.

Eyzaguirre aseguró en el panel que algunos "supuestos" desaparecidos estaban durmiendo en sus casas o cruzaron la frontera. (Era el caso de los secuestrados por el Comando Conjunto, en que un ministro de la Corte de Santiago había aceptado un informe de Investigaciones diciendo que cruzaron por el paso Caracoles hacia Argentina). "Ahora, que el gobierno argentino, según dicen los afectados, diga que estas personas no han entrado a la Argentina, ese es un problema interno de la policía argentina", agregó.

Enrique LafourcadeLafourcade, Enrique, el único de los panelistas identificado en la transcripción, no aceptó el argumento.

–... El problema de los desaparecidos, para mí –dijo– no es estadístico... que sean dos mil, 800 ó 500. Basta que haya un desaparecido para que la justicia chilena llegue hasta el fondo para descubrir cuál es la verdad (...) La justicia tiene que ir de la mano de la ética, tienen que ir juntas, porque si no, la justicia no es tal. No hay justicias formales, hay una justicia de fondo... Entonces tenemos que intentar emplear las medidas –y estoy seguro de que el gobierno está en el mismo predicamento– para que se disipen todas las dudas sobre esos desaparecidos, algunos de los cuales han aparecido o están especulando políticamente y otros de los cuales no se sabe nada. Yo creo que en ese punto no podemos estar en desacuerdo, me parece...

–Yo no estoy de acuerdo. Todo lo contrario, señor Lafourcade, pero no se olvide usted de una cosa que está muy clara para los tribunales; es un poco técnica, pero es clarísima..., –contestó Eyzaguirre y repitió el argumento de la incompetencia de los tribunales ordinarios sobre los militares, y la lógica que animaba, por lo tanto, las resoluciones de las Cortes–: La mayoría de las desapariciones se imputan a la Dirección de Inteligencia Nacional (...) La Dirección de Inteligencia Nacional es un organismo militar y por lo tanto, sus componentes son militares y están sometidos al fuero militar y, en consecuencia, los tribunales ordinarios no son competentes.

Mientras el presidente de la Corte trataba de dar las respuestas correctas para mantener su jerarquía, otro ministro se arriesgaba a demostrar sensibilidad frente a las quejas por los atropellos a los derechos humanos.

Rafael RetamalRetamal López, Rafael, quien al comienzo del régimen parecía más duro que Eyzaguirre, había empezado a cambiar y, en adelante, sería claramente el más proclive a acoger los recursos de amparo en el alto tribunal. Especialmente desde 1977, cuando se dio por terminado el Estado de Guerra.

Por esa fecha, el joven vecino opositor lo visitó nuevamente y le recordó su promesa de dar a los militares un plazo máximo de cinco años, a contar del 11 de septiembre de 1973.

–¿Yo le dije eso?

Retamal pretendió haber olvidado la conversación que ambos habían tenido en los primeros días del Golpe, pero en su acción pública, era claro que recordaba. Lo puso en evidencia al terminar el primer lustro del régimen, en una entrevista que concedió a la revista Qué Pasa. El ministro respondió entonces algunas preguntas sobre la situación del Poder Judicial.

La aceptación "dogmática" en los tribunales de Justicia de los informes oficiales tuvo su expresión máxima cuando la Corte Suprema rechazó la apelación al recurso de amparo en favor de José Orlando Flores ArayaFlores Araya, José Orlando, un detenido desaparecido quien fue visto en Villa Grimaldi. El amparo fue acompañado de las declaraciones de un teniente de Ejército quien dijo haber presenciado su detención. Interior informó a la Corte Suprema que efectivamente Flores Araya había sido arrestado, pero luego puesto en libertad en fecha indeterminada, y agregaba esta frase asombrosa: "No existe el lugar de detención denominado Villa Grimaldi".

La Corte confirmó el rechazo al amparo aunque su propio presidente, José María EyzaguirreEyzaguirre, José María, se había constituido en ese cuartel y certificado su existencia.

El 20 de diciembre de 1977, la Corte emitió el certificado tantas veces solicitado por la Vicaría de la Solidaridad. El certificado mencionaba los nombres de 38 personas presuntamente desaparecidas que, conforme con los informes oficiales, se hallaban "en libertad" al momento de iniciarse los recursos de amparo en su favor y agregaba otras tres que no estaban desaparecidas, sino recluidas por delitos comunes. Otros cinco procesos habían sido sobreseídos, porque las personas buscadas aparecieron.

Pero, nuevamente la Corte tuvo que admitir que ninguna de esas desapariciones "aclaradas" figuraban en el listado de denuncias de la Vicaría.

El 21 de septiembre de 1976, el ex canciller Orlando LetelierLetelier, Orlando fue asesinado en el centro diplomático de Washington. Cinco semanas después, el 2 de noviembre, el demócrata Jimmy CarterCarter, Jimmy fue electo como nuevo Presidente de Estados Unidos.

Sin ningún anuncio previo, el gobierno chileno dio por terminado el Estado de Sitio y liberó a todos los detenidos que aún permanecían en campos de concentración. Muchas condenas fueron conmutadas por extrañamiento y miles de chilenos salieron al exilio. Tras estas disposiciones, las autoridades se apresuraron a declarar que tales medidas nada tenían que ver con la elección en el país norteamericano.

Carter ejerció una dura presión contra el gobierno militar, especialmente destinada a esclarecer el caso Letelier. Acorralado por el resultados de las investigaciones del FBI, la dictadura accedió a expulsar al ex agente Michael TownleyTownley, Michael. Mientras tanto, un civil, Sergio FernándezFernández, Sergio, asumía la cartera de Interior.

Ante las concesiones que estaba haciendo el gobierno, un grupo importante de oficiales jóvenes planteó sus inquietudes a la superioridad del Ejército: temían que si se abría la puerta a juicios por violaciones a los derechos humanos se viera afectada su seguridad. Reclamaban, por tanto, protección. Fue así como, entre gallos y media noche, en abril de 1978, se dictó el decreto ley de Amnistía.

Mayo de 1977: Carlos Veloso FigueroaVeloso, Carlos, un antiguo dirigente sindical y militante demócratacristiano, había comenzado a trabajar media jornada en la Fundación Cardjin, dependiente de la Iglesia Católica, poniendo fin a dos meses de penosa cesantía.

La fundación eclesial preparaba a dirigentes sindicales, especialmente los ligados a la DC. Trabajaba allí Luis Mardones GezaMardones Geza, Luis, ex dirigente nacional de la Federación del Cuero y Calzado y "compadre" de Carlos Veloso.

Veloso vivía en la Villa México, en Maipú, con su esposa y su hijo Carlos, de dieciséis años.

Osvaldo FigueroaFigueroa, Osvaldo –ex militante del PC–, Williams ZuletaZuleta, Williams –simpatizante DC, activo miembro de la parroquia Nuestra Señora de la Reconciliación– y Humberto DrouillasDrouillas, Humberto –militante DC– eran los vecinos de la familia Veloso. Jorge TroncosoTroncoso, Jorge –simpatizante de izquierda– y Eduardo de la FuenteDe la Fuente, Eduardo, ex PC. Lo había sido hasta hacía poco.

El 1º de mayo de ese año las organizaciones sindicales celebraron el Día del Trabajo "hacia adentro", en misas o actos cerrados. Las condiciones aún no permitían actos públicos ni se reconocía la legitimidad de esas organizaciones. No obstante eso, una centena de ellas había presentado 44 demandas a la Junta Militar.

Desfalleciente, el menor oyó la voz de un supuesto detenido que fue instalado a su lado. Éste le daba ánimos. "No digas nada sobre tu padre"… Sobrevino luego un largo silencio interrumpido al cabo por un disparo. Una aguja se clavó en uno de sus brazos. Comenzó a sentir que flotaba, como si fuera volando por los aires. Sus captores le mostraron un cuerpo tendido en el suelo, sobre un charco de sangre.

–Lo mismo te va a pasar a ti, si no colaboras...

Como a la medianoche, el muchacho fue abandonado cerca de la casa de su abuela, en Las Rejas.

Cuando por fin estuvo de vuelta en su hogar, su padre acudió inmediatamente a la Vicaría de la Solidaridad y el 4 de mayo presentó un recurso de amparo preventivo en su favor y en el de su hijo. En el escrito, señaló como presuntos responsables a los organismos de seguridad. También interpuso ante los tribunales del crimen una denuncia por las lesiones sufridas por su hijo.

El sábado 7 de mayo, cerca de las 20 horas, los agentes fueron nuevamente a buscar a Veloso para volver a interrogarlo. Dos horas más tarde, le pidieron que llamara a su hijo porque necesitaban aclarar con él algunos detalles. Conversaron con el muchacho y le dijeron algo que él se negó a creer: que sus secuestradores eran "los marxistas" y que éstos lo habían hecho para vengarse de su padre; porque "están enojados con él ya que saben que es un soplón de los milicos". No consiguieron, a pesar de las presiones y amenazas, que firmara un documento que contenía una versión falsa sobre su secuestro, pero lograron que sí lo hiciera al pie de un papel que decía: "Quiero conversar con ustedes sin la presencia de mi padre".

A las 2.30 de la madrugada del domingo, los agentes le permitieron a Veloso padre que volviera a su casa, pero le advirtieron que ellos iban a estar presentes porque debían "proteger" a su hijo de quienes habían intentado secuestrarlo: activistas de grupos de extrema izquierda, según dijeron. Se instalaron, sin más, llegando con Veloso a la casa, donde se presentaron además con un televisor, "para hacer más llevadera la permanencia en casa", fue la explicación. Por supuesto, cuando Carlos vio llegar a su padre con los agentes y con el aparato, creyó que era verdad lo que le habían dicho aquéllos.

En la mañana del domingo 8, sin que padre e hijo hubieran tenido la oportunidad de conversar, los agentes los trasladaron, con la vista vendada, al mismo recinto en que Veloso había estado antes. Llevaron a Carlos al segundo piso, cumpliendo su supuesto "deseo" de conversar a solas con ellos. Allí, a pesar de las amenazas, siguió negándose a firmar un documento con una declaración falsa sobre su secuestro.

En medio de la discusión, los agentes hicieron subir a Veloso. Le dijeron que su hijo formulaba declaraciones contradictorias, aunque había reconocido en un momento que los autores eran de izquierda. El padre, desconcertado, increpó duramente a su hijo. Éste se desmoralizó.

–Su hijo se contradice porque los autores son conocidos de ustedes... –le dijo a Veloso uno de los agentes.

Carlos fue llevado a una pieza vecina, en verdad era un baño, desde donde podía ver a su padre, sin que éste lo viera a él, en virtud de que el muro divisorio era uno de esos vidrios que permite la visión sólo desde uno de sus lados. Vio así, aterrado, cómo uno de los sujetos encañonaba a su padre, recriminándolo por la poca colaboración del joven. En ese momento otros agentes llegaron al baño con un set de fotografías:

–¿Conoces a alguno de estos?

Había reconocido a Figueroa, De La Fuente y Zuleta. No entendía para qué le mostraban esas fotos, pero el asunto comenzó a parecerle extraño cuando uno de los sujetos dijo:

–Ahora sólo falta el chofer…

No pudo entonces contenerse y dijo; "¡Yo sé quién es!", y apuntó a través del vidrio al hombre que encañonaba a su padre: "Es ése, ese que está ahí…"

Apenas alcanzó a terminar la frase cuando sintió el escozor caliente de la bofetada con que acababan de cruzarle la cara.

–¡No! –le gritó al oído uno de los sujetos–. ...Yo te voy a decir lo que pasó y tú no vas a olvidar nada ¿correcto?... Bien: estas tres personas que tú reconociste, son quiénes te secuestraron en un Volkswagen verde. Lo que más te preguntaron fue si es cierto que tu padre es un soplón de los milicos. Figueroa, éste de aquí, te golpeaba constantemente y te quemaba con cigarrillos. Además, te violaron y te dijeron que fueras a la Vicaría a denunciar el secuestro. A ver, ¡repite...!

Obligaron a Carlos a repetir una y otra vez la versión y a memorizarla y luego fue llevado al cuarto donde su padre estaba aún bajo la amenaza de un arma.

–Cuéntanos de nuevo qué fue lo que pasó –dijo uno de los agentes y el muchacho, aturdido y aterrorizado, repitió la historia recién aprendida.

–¿Lo juras?

Vaciló apenas y dijo, balbuceante: "Lo juro".

Veloso creyó entonces que su hijo estaba diciendo efectivamente la verdad. Firmó por eso sin poner mayor resistencia una declaración que le pasaron los agentes en la cual recriminaba a "los marxistas" por haberlo atacado.

Padre e hijo fueron enseguida trasladados a otro recinto, con apariencia de clínica, en el que Carlos fue sometido a una sesión de hipnosis que sólo le produjo efectos parciales. El objetivo era que repitiera y memorizara la versión construida del secuestro.

A las 4.30 de la madrugada del lunes 9, pudieron por fin volver a casa. Habían estado ausentes durante dieciocho horas.

Poco después comenzaban varios operativos para detener a los vecinos incriminados.

Entre el lunes 9 y el jueves 12, fueron secuestrados Osvaldo FigueroaFigueroa, Osvaldo, Eduardo de la FuenteDe la Fuente, Eduardo, Williams ZuletaZuleta, Williams, Humberto DrouillasDrouillas, Humberto y Jorge TroncosoTroncoso, Jorge. En los allanamientos de sus casas lo único que los agentes pudieron incautar fue la copia de un recurso de amparo interpuesto por una de las víctimas y el título de propiedad de la casa de otro. Más tarde afirmarían, sin embargo, que habían hallado explosivos.

De la Fuente narró que fue llevado a "la parrilla", mientras los agentes lo golpeaban en los testículos. Desnudo, lo amarraron a una camilla. En el pie derecho le pusieron un alambre en cuyo extremo tenía una especie de moneda. A cada pregunta para la que no daba la respuesta esperada, seguía un golpe de corriente y, a veces, un golpe en el tórax con la suela de un zapato. Como seguía ignorante de un supuesto rapto y violación del adolescente, le pusieron unos ganchos en el pene y a través de estos le daban golpes de corriente.

El dolor y las convulsiones le desprendieron la prótesis dental y, como estaba amordazado, comenzó a tragarla. Hizo unos gestos desesperados. Los torturadores se detuvieron un momento creyendo que eso significaba que estaba dispuesto a "confesar", pero De La Fuente sólo vomitó.

Tras este primer interrogatorio fue introducido en una pieza con Figueroa, quien ya "había confesado" y le pidió que hiciera lo mismo. De la Fuente volvió a los interrogatorios, ahora sobre las actividades de Troncoso y Figueroa. Esa tarde, lo colgaron de las manos de manera que sus pies no tocaran el suelo. En esa posición los agentes lo golpeaban en el estómago. Era para ellos, según las palabras que oyó, un punching ball. Así estuvo casi una hora. Uno de los agentes le tomó fuertemente la cabeza y se la cargó hacia abajo- Logró así, cuando el prisionero estaba ya a punto de desfallecer, que éste reconociera su culpabilidad y que había violado al muchacho. Se le permitió descansar mientras Figueroa volvía a la "parrilla".

Durante la noche del 10 al 11 De la Fuente no pudo dormir, pues los agentes lo obligaban a saltar y lo golpeaban cada veinte o treinta minutos. El miércoles 11, fue puesto ante Drouillas, a quien se le obligó a reconocer como el que "dirigía las reuniones". Drouillas ya exhibía moretones y tenía la vista vendada, a pesar de lo cual negó siempre las acusaciones que se le hicieron.

De la Fuente fue llevado a la pieza de la parrilla y oyó cuando los agentes le ordenaban a Troncoso desvestirse. Vendado, supo del momento en que comenzarían a aplicarle electricidad, porque le advirtieron que levantara un dedo cuando quisiera confesar. Troncoso insistía en su inocencia.

Los interrogatorios continuaron todo el día y esa noche. De la Fuente, fue llevado a una pieza en que estaban otros detenidos. Oyó la voz de un adolescente individualizando a uno de ellos. En esa ocasión le pasaron a De la Fuente una pistola para que se matara. El detenido rechazó la sugerencia, pero los agentes dijeron que no importaba, pues ya tenían sus huellas dactilares en el arma. El muchacho "reconocería" a De la Fuente como quien lo había amenazado con arma de fuego el 2 de mayo.

Persuadido por un golpe que le dieron en la cabeza con un fierro o un arma, finalmente De la Fuente firmó una declaración que jamás leyó.

Ese mismo día, los agentes le advirtieron que no mencionara más a Troncoso en sus declaraciones, porque éste "ya no estaba detenido".

El viernes 13 fue llevado a Cuatro Alamos, donde se reuniría con los demás detenidos, excepto Troncoso.

El 14, dado que, según la versión, De la Fuente era el chofer y Zuleta su acompañante, ambos fueron sacados a "recorrer" el trayecto que "habían hecho" con el menor y en el camino los agentes les decían lo que supuestamente habían hecho en cada lugar.

La Corte sólo accedió a pedir informes al ministro del Interior.

En cuanto al primer amparo presentado en nombre de Carlos VelosoVeloso, Carlos y de su hijo, la Corte solamente preguntó si había una orden de arresto en contra del recurrente. El Ministerio no contestó.

Mientras los Veloso seguían recluidos en su casa, en la Iglesia la situación era difícil. El asunto parecía confuso y complejo. En lo interno, el análisis del tema fue encargado al Vicario General de Santiago, obispo Sergio ValechValech, Sergio. Se consideró que el prelado, reconocido por sus posturas conservadoras, tendría la independencia suficiente para encararlo.

Alvear, en suma, fue a la Villa México y comprobó que los Veloso no podían salir de su casa ni comunicarse con nadie. Decidió entonces interponer un nuevo recurso de amparo en favor de la familia y pidió a la Corte que se le permitiera narrar lo que él mismo había visto, pero ésta rechazó.

En tanto, los tribunales esperaban los informes del Ministerio del Interior sobre las detenciones de Figueroa, Zuleta, Drouillas, De la Fuente y Mardones, quienes ya se encontraban en Cuatro Alamos.

El 15 de mayo, el menor Veloso fue sacado de su casa y conducido al Hospital Militar. El médico Jorge Bassa SalazarBassa Salazar, Jorge lo miró sólo desde lejos –mientras se lavaba las manos, según contó después un testigo–. En una palabra, sin examinarlo extendió un certificado en que aseguraba haber constatado que Carlos fue violado. (Exámenes posteriores en el Instituto Médico Legal demostrarían que el menor nunca sufrió ese vejamen).

Pendientes aún los recursos de amparo en primera instancia, el 24 de mayo apareció la primera información de prensa. Un texto emanado de la Secretaría General de Gobierno fue divulgado por la agencia Orbe y reproducido en La Segunda. La misma información fue despachada desde la Dirección de Informaciones de Gobierno al canal 13, en un papel sin membrete, pero con una recomendación en una tarjeta anexa en que el director de Informaciones, Max ReindlerReindler, Max, solicitaba que se leyera a la mayor brevedad. Decía la nota:

Ese mismo 25 de mayo el Ministerio del Interior reconoció que Zuleta, Mardones, Drouillas y Figueroa permanecían detenidos en Cuatro Alamos, sin entregar detalles sobre sus aprehensiones. Sobre Troncoso, simplemente afirmó que su detención nunca fue ordenada.

La Corte de Apelaciones entró entonces a conocer de los amparos en favor de los inculpados. A los antecedentes entregados inicialmente, los familiares añadieron que las fechas de detención dadas por el gobierno eran falsas y el abuso que significaba que la autoridad administrativa arrestara a personas para, supuestamente, indagar delitos comunes, pues esa era atribución exclusiva de los tribunales ordinarios, aún bajo el Estado de Sitio. También se quejaron por las prolongadas e ilegales incomunicaciones y defendieron la completa y total inocencia de los acusados.

La Corte de Apelaciones, con los votos de los ministros Hernán CerecedaCereceda Bravo, Hernán y Efrén ArayaAraya, Efrén, rechazó los amparos, argumentando que los detenidos fueron aprehendidos por orden de autoridad competente –el Ejecutivo– en virtud del Estado de Sitio. Adujeron, que por "no constar" que el arresto tuviera relación exclusivamente con delitos comunes, no consideraban usurpadas sus facultades. En la minoría, el presidente de la Sala, Enrique PaillásPaillás, Enrique, estimó que lo procedente era poner inmediatamente a los detenidos a disposición del tribunal ordinario que investigaba el secuestro. Y recordó que la incomunicación no estaba entre las facultades que el Estado de Sitio otorgaba al Ejecutivo, como tampoco la de indagar delitos comunes.

El amparo en favor de Jorge TroncosoTroncoso, Jorge fue rechazado el 7 de junio. Otro tanto ocurrió antes, el día 3, el que se había pedido en favor de la familia Veloso, porque el ministerio del Interior informó, para fundamentar su rechazo, que no existía ninguna resolución que afectara al padre o al hijo.

Ese mismo día la Corte despachó un oficio pidiendo al Ministerio del Interior que explicara la incomunicación irregular a que el Ejecutivo los tenía sometidos.

El tribunal debió esperar pacientemente las respuestas. Respecto de Drouillas, ésta llegó cuando el reo ya estaba en libre plática en la cárcel pública y a disposición de la fiscalía que lo procesaba por "actividades subversivas" y "lesiones a un menor". Respecto de los demás, el Ministerio dijo que se hallaban en Cuatro Alamos no "incomunicados", sino que, por medidas exclusivamente de seguridad, sólo "se ha determinado la suspensión de visitas al citado campamento de detenidos".

Ante esa respuesta, la Corte emitió una inmediata orden de suspensión de ese tipo de precaución, pues lo que precisamente caracteriza a la incomunicación es la prohibición de visitas.

La Corte preguntó también al ministro del Interior la autenticidad del télex que el 24 de mayo había emitido la Dirección de Informaciones del gobierno difundiendo la aprehensión de los acusados. A la Suprema le interesaba aclarar el punto, pues revelaba desdén hacia los tribunales de Justicia por parte de las autoridades, que habían informado primero y más extensamente a los medios de comunicación que a quienes sustanciaban los amparos. Era también una prueba de que se estaba usando la vía administrativa para indagar delitos comunes.

El gobierno negó la autenticidad del comunicado, con lo cual la Suprema rechazó definitivamente los recursos.

Una vez que Carlos VelosoVeloso, Carlos y su hijo fueron liberados –y pudieron por primera vez comunicarse libremente sus experiencias–, la Corte recibió una declaración notarial en que ambos narraban su odisea y explicaban que habían sido obligados a inculpar a sus vecinos. La Corte rechazó el recurso, pero dictó dos medidas: que se interrogara el obispo Alvear, EnriqueAlvear (diligencia que jamás llegó a realizarse) y que el ministro Marcos AburtoAburto, Marcos tomara declaración al niño.

El fiscal militar Juan Carlos LamaLama, Juan Carlos, quien procesaba a los presuntos autores del secuestro, en cuanto se enteró de que el ministro Aburto interrogaría a los Veloso, ordenó que padre e hijo fueran detenidos. Aburto, MarcosAburto debió cumplir su cometido en un Cuartel de Investigaciones, pero eso no impidió que los Veloso ratificaran ante el magistrado la verdadera versión de los hechos y exculparan a sus vecinos.

El proceso en la fiscalía militar se había iniciado por un requerimiento del Ministerio del Interior, que intentaba, sin rodeos, vincular a la Iglesia Católica con los presuntos delitos. El escrito ministerial, firmado por el general César BenavidesBenavides, César, es muy claro a este respecto:

El texto sostenía que los procesados consideraban a Carlos VelosoVeloso, Carlos un infiltrado y por esa razón raptaron a su hijo. Los acusaba de asociación ilícita, tenencia ilegal de armas de fuego, organización para derrocar al gobierno constituido, incitación a la formación de grupos armados, atentados o privación de libertad a las personas, usurpación de funciones, abusos deshonestos y lesiones.

Los familiares cuestionaron que los detenidos estuvieran siendo juzgados según las normas de Tiempo de Guerra, en circunstancias que ese estado había cesado jurídicamente, y pidieron al fiscal Lama su inmediata liberación. El fiscal no respondió.

Los familiares presentaron un recurso de queja en contra del fiscal en la Corte Suprema, alegando que puesto que el país vivía ya en estado jurídico de paz, el tribunal supremo estaba facultado para corregir los abusos de la justicia militar.

La Corte tardó varios meses en dar a conocer su respuesta y en ella repetía el argumento de que el Código de Justicia Militar no menciona a la Corte Suprema como tribunal superior en Tiempo de Guerra, ignorando simplemente que ese estado jurídico había cesado.

En el marco de esta situación absolutamente insólita –porque el menor era la víctima del delito, no el acusado– se practicaron nuevos careos entre él y los detenidos. No hubo contradicciones. Víctima y acusados concordaron en que ninguno de ellos participó en el secuestro.

El 21 de junio, el fiscal alzó las incomunicaciones de los procesados, que se habían extendido por más de 40 días. Al día siguiente, puso término también a la incomunicación y detención de Carlos y dejó en libertad incondicional a Figueroa, De la Fuente y Mardones.

Lamas no pudo acreditar que los detenidos hubieran participado en el secuestro del joven, pero mantuvo en prisión a Drouillas y Zuleta, por los supuestos explosivos encontrados en sus casas.

Las familias Veloso, De la Fuente, Mardones y Figueroa huyeron al exilio.

En Chile, los intentos por obtener la libertad de Zuleta y Drouillas se hacían difíciles en el ámbito de la justicia castrense. El fiscal Lama, Juan CarlosLama había propuesto una pena de cinco años y un día para cada uno y citado a un Consejo de Guerra para el 26 de octubre. Sólo entonces los abogados de la defensa pudieron conocer el expediente, tras lo cual le pidieron al ministro de turno, Ricardo GálvezGálvez, Ricardo, que reclamara el caso, pues en las nuevas condiciones jurídicas del país, el proceso no le correspondía a la justicia militar. Ante el rechazo de Gálvez, apelaron a una sala de la Corte.

El caso llegó a manos de los ministros Germán ValenzuelaValenzuela Erazo, Germán, Servando JordánJordán, Servando y el abogado integrante José Bernarles.Bernarles, José

El expediente, que ya quemaba las manos de todos los que debían ocuparse de él, se perdió antes de que hubiera fallo. Nunca apareció.

La defensa intentó una última movida para impedir el Consejo de Guerra: un recurso de protección, sobre la base de la normativa dictada por la propia Junta Militar: el Acta Constitucional Nº 3. Pero nada pudo impedirlo. El Consejo aplicó las penas propuestas por el fiscal, pero considerando la irreprochable conducta anterior de los acusados y el tiempo que llevaban privados de libertad –seis meses– les remitió la pena y dispuso su libertad condicional, bajo control del Patronato de Reos por tres años.

Zuleta y Drouillas también partieron al exilio.

Comenzaba 1978. En el proceso iniciado en contra de los autores de los secuestros de los procesados no se pudo identificar a los culpables. En parte, porque el ministro EyzaguirreEyzaguirre se negó a informar al Séptimo Juzgado lo que había visto en Cuatro Alamos, cuando los visitó, argumentando que formaba parte de un informe "confidencial". La justicia militar, que debía también investigar los apremios ilegítimos en contra de los encausados, a denuncia del propio Eyzaguirre, nunca practicó las diligencias que se le solicitaron. El Primer juzgado del Crimen calificó las lesiones al menor Veloso como "clínicamente leves" y constitutivas de una mera falta y tampoco identificó a los verdaderos autores de su secuestro y torturas.

El Decreto Ley de Amnistía, dictado en abril de 1978, puso fin a los procesos incoados en la Justicia Militar y dejó durmiendo, con sobreseimiento temporal, el caso del detenido Troncoso.

Lo vivido por las familiares de los Veloso, los pobladores injustamente acusados y el infortunado Jorge TroncosoTroncoso, Jorge, que se convirtió en desaparecido, es una de las pruebas más flagrantes de la debilidad –por decir lo menos– del Poder Judicial ante las violaciones a los derechos humanos.

Esta actitud de la judicatura en los primeros años de dictadura tiene, para algunos, explicación en las actitudes humanas que es dable esperar bajo un régimen de fuerza.

Para otros, la respuesta está en un compromiso ideológico de la magistratura, especialmente del tribunal superior, que se aferró a un excesivo y dogmático formalismo:

Según Roberto GarretónGarretón, Roberto, ni siquiera es cierto que se hayan aplicado las leyes.

Pero al comenzar los ´80 el republicano Ronald ReaganReagan, Ronald ganó las elecciones en Estados Unidos. Su política hacia los gobiernos militares en latinoamérica dejó de lado la línea de severidad –bastante moderada, por lo demás– de la administración Carter. A la semana de haberse instalado en la Casa Blanca el nuevo presidente, en Santiago se registró el caso del secuestro realizado por el grupo de Investigaciones conocido como Covema.

Se acercaba la era Rosende.

Notas: