El golpe de junio de 1943 se preparó y se llevó a cabo en forma bastante apresurada. El levantamiento de las fuerzas armadas no se debió tanto al deseo o al temor de que el gobierno tomara partido en el conflicto mundial, como a la convicción de que, ante la precaria situación política interna y externa de la Nación se requería una conducción política más eficiente. Las primeras proclamas del gobierno militar estaban concebidas en un enfático tono nacionalista, pero decían poco y nada acerca de sus planes políticos concretos. Sólo trasuntaban desdén por la política partidaria y por los políticos. Ese desdén parecería haber sido el único vínculo que unió a los diferentes grupos de oficiales que participaron en el golpe.
Desde 1930, las FFAA se habían fijado como objetivo la superación de esa debilidad esencial del sistema político, de la crisis de legitimidad. Los jefes militares se mantuvieron fieles a este objetivo mientras fue posible, mientras Perón con su estilo de gobierno, no se colocó en abierta contradicción con los principios políticos y morales de la revolución.
El aporte de Perón a la solución de los problemas a los cuales se vio enfrentado el gobierno militar fue decisivo. Estos problemas eran: conferir a la revolución un contenido, un programa; establecer quién se haría cargo de la ejecución de tal programa, a quién delegarían su representación política; cómo se obtendría el apoyo de las fuerzas civiles para el logro de los objetivos políticos perseguidos. En el proceso de selección que realizaron las FFAA para resolver estos problemas Perón se destacó como el oficial de mayor talento político entre los que competían por el poder y no tardó en convertirse en figura dominante dentro del gobierno militar.
Fueron iniciativas de Perón: la confección de amplios informes acerca de la situación de las diferentes ramas de la economía y la aplicación de una política de estímulo y protección a la industria nacional; reforma de la legislación social, con la creación de una serie de nuevas instituciones en el ámbito del trabajo y la salud pública y se dictaron numerosas leyes de protección a los estratos más bajos de la población; se procuró un mayor cercamiento con las potencias aliadas cuya victoria sobre el Eje se insinuaba cada vez con mayor claridad.
El enfrentamiento de las FFAA en torno a la conducción política no se prolongó demasiado, terminó a mediados de junio de 1944. Esta pugna puede dividirse en dos claras fases: una primera etapa en la que Perón no tenía la suficiente influencia para compensar su grado militar no muy alto (Coronel), entonces se tuvo que conformar con posiciones de segundo orden, y esforzarse por ganar más poder dentro del GOU (Grupo Oficiales Unidos). En un principio trató de sumar la mayor cantidad de oficiales al GOU en favor de la revolución, más tarde el GOU se convirtió en un órgano de control del gobierno militar e intervino cada vez más frecuente y decididamente en los procesos de decisión política, hasta que llegó a hacerse cargo prácticamente del poder. Así llega la segunda fase, en la que gracias a su habilidad táctica y al apoyo de numerosos y leales partidarios entre la oficialidad, Perón pudo definir esa lucha a su favor. Se convirtió entonces en 1944 en Ministro de Guerra, Vicepresidente de la Nación y Presidente del Consejo de posguerra.
Después de dos años en los cuales los militares gobernantes sólo habían chocado contra una ocasional resistencia, en la primavera del 1945 se constituyó una sólida oposición que exigió su retiro y la inmediata convocatoria a elecciones libres. El movimiento opositor no sólo estaba apoyado por la clase alta tradicional, sino que incluía fuerzas tan diversas como las universidades, los consorcios económicos y la totalidad de los partidos políticos.
La reacción de las FFAA ante esas exigencias no fue uniforme. Muchos jefes y oficiales comenzaron a distanciarse del gobierno. Las fuerzas más influyentes dentro del ambiente militar, en cambio, buscaron apoyo en la población para neutralizar la presión opositora. La base de apoyo debía buscarse en el plano de los obreros y los empleados de baja categoría. Perón no tardó en cimentar la relación de lealtad con esa clase y en convertir a ésta en un sólido respaldo del gobierno.
Pero los ataques de la oposición prosiguieron y hasta se intensificaron cuando el gobierno cedió ante algunas de sus exigencias, dejó en libertad a presos políticos, autorizó nuevamente la actividad de los partidos y presentó un plan para un retorno gradual a la situación política constitucional. El enfrentamiento alcanzó su culminación en octubre de 1945, cuando ante la presión conjunta de sus opositores civiles y militares, Perón debió renunciar a todos sus cargos y fue sometido a arresto.
La oposición exigía el inmediato retiro de todo el gobierno que sería reemplazado por la Corte Suprema de Justicia. Las FFAA no podían ni querían someterse a esa exigencia. La masa trabajadora que invadió el centro de Buenos Aires el 17/10 les evitó la necesidad de encarar esa situación, y les abrió una posibilidad de proseguir la revolución en forma legal, apoyando la candidatura de Perón para las próximas elecciones.
Con la elección de Perón como presidente en febrero de 1946, la influencia de las fuerzas armadas se redujo, pero siguió siendo considerable. Perón no podía esperar que las fuerzas armadas se sometieran por completo a su gobierno; tuvo que conformarse con aislarlas y neutralizarlas políticamente, en la medida de lo posible. Por una parte, se esforzó por satisfacer las exigencias profesionales de los militares. Por otra mejoró de manera decisiva las condiciones de vida de todos los cuadros de las FFAA. Además aprovechó las rivalidades entre las diferentes armas y entre los diferentes grupos de jefes y oficiales y, finalmente, apeló a la esencia apolítica de las instituciones militares, para mantenerlas apartadas del proceso político.
La concesión más importante hecha por Perón a las FFAA para satisfacer sus exigencias profesionales, fueron las grandes compras de armamento del período de posguerra. Al mismo tiempo se aumentó la tropa en forma considerable. Durante su gobierno, las fuerzas armadas amplían además su competencia. Ya en 1944 se creó un Consejo Nacional de Defensa, entre cuyas amplias facultades figuraba la organización de departamentos consagrados a los fines de la defensa en los diferentes ministerios. En 1947 se dictó una ley muy importante, por la que se confiaba la ejecución del primer plan argentino de producción de hierro y acero a una repartición militar: la Dirección General de Fabricaciones Militares.
El tercer método por el cual Perón procuró neutralizar a las FFAA consistió crear rivalidades entre las distintas armas y los distintos grados. Las diferencias entre el ejército y la marina siempre habrán sido bastante notables, pero en la época de Perón adquirieron un matiz político. La marina se mostró desde el principio hostil a Perón y nunca se apartó de esa actitud. Como es lógico, Perón se inclinó en favor del ejército y dejó de lado la marina. Dentro del ejército, a su vez, concedió preferencia a la infantería, que era el arma a la cual él pertenecía. El intento de Perón de enfrentar a los diferentes grados, comenzaba con la suboficialidad. La mayoría de los suboficiales procedían de clase baja, de modo que Perón podía partir de la base de que ellos apoyaban a su gobierno. Otorgó a los suboficiales el derecho al sufragio y los incluyó en la obra social del ministerio de guerra, lo cual significaba una importante ventaja financiera. Al mismo tiempo facilitó el acceso de sus hijos a la carrera militar, mediante la creación de becas.
Al aplicar la cuarta estrategia, la de acentuar la esencia apolítica de las FFAA, Perón sacó provecho de su profundo conocimiento de la mentalidad y de la ideología militar. Constantemente les señalaba su deber de obediencia al Presidente, como autoridad elegida por el pueblo, y las instaba a permanecer al margen de la política. Pero también se esforzaba por presentarles estas ideas de una manera halagadora, destacando su misión especial como élite moral de la Nación. Siendo la encargada de custodiarlos bienes más sagrados, debía mantenerse al margen de los conflictos políticos partidarios. Por lo demás, procuraba demostrarles con sus actos multitudinarios, que la mayoría de la población estaba detrás de su gobierno y lo defendería en caso de un golpe militar.
Las ambiciones de poder y el compromiso político de las FFAA eran tan grandes que Perón no podía contar con mantenerlas totalmente alejadas del proceso de toma de decisiones políticas. Por eso complementó sus esfuerzos por neutralizarlas en el aspecto político, con providencias que le aseguraran su aprobación y su apoyo. La razón más importante de la conformidad política de las FFAA está en el rasgo fundamentalmente militarista del gobierno peronista.
La importancia concedida por Perón a los problemas de seguridad estaba determinada esencialmente por su concepción de la defensa: “la Nación en Armas”. La tesis central de esta estrategia establece que una nación debe movilizar todos sus recursos, todo su potencial humano, económico e ideológico, para poder imponerse en una contienda bélica moderna. Esto significa que el límite entre la guerra y la paz, entre el ámbito militar y el civil, desaparece. Si un país quiere evitar que otro estado lo ataque o derrote, debe estar siempre preparado para la guerra. Dada la importante posición que ocupaban las FFAA en la Argentina, esta fusión de la esfera militar con la civil llevó a que se concediera creciente importancia a la defensa del país dentro del proceso de decisiones políticas.
Una de las metas de la política en materia de salud pública era la reducción del número de individuos no aptos para el servicio militar. La emancipación social y legal de la mujer fue fomentada, en vista del papel clave que desempeñó la mano de obra femenina en la Segunda Guerra Mundial. Hasta la política religiosa estuvo en gran parte condicionada por la convicción de que la potencia defensiva nacional aumenta cuando todos los ciudadanos tienen en común determinadas creencias y principios.
Concepciones militares fueron decisivas para la mayoría de las medidas políticas de control merced a las cuales se fueron descartando las instituciones liberales y democráticas, para ser reemplazadas por un sistema jerárquico centralista. El Presidente, que estaba al frente del sistema era, en el fondo, un supremo comandante político.
Pero el sistema peronista de gobierno no tenía una estructura tan coherente y uniforme como pretendían hacer creer Perón y sus seguidores, sino que evidenciaba pluralismo de fuerzas y considerables tensiones internas. En la práctica, Perón debía tomar en cuenta esas situaciones. No podía limitarse a impartir órdenes; debía esforzarse por persuadir a los diferentes factores de poder que lo apoyaban de que sus ideas debían ser aplicadas.
La relación entre el gobierno y las FFAA hasta el año 1951 puede definirse como un gran pacto en el cual ambas partes hacían concesiones de poder e intereses: Perón satisfizo las exigencias profesionales, económicas y sociales de las FFAA y tomó en cuenta las ideas políticas de éstas en su concepción de gobierno; a cambio de eso exigió de ellas una conducta que él definía como apolítica, aunque de hecho no lo era, pues significaba un renunciamiento a todas sus pretensiones de voz y voto, equivalente a un apoyo al gobierno. Después de 1951 ambas partes perdieron interés en el mantenimiento de este pacto. Las FFAA no querían dejarse atar por su obligación de mantenerse al margen de la política como en los años anteriores e intentaron ejercer mayor influencia sobre el proceso político. Perón, por su parte, ya no parecía conformarse con la pasividad de las FFAA y exigía de ellas una franca toma de decisión a favor de su persona y de su régimen. Y así se estableció entre ambos factores de poder una lucha encubierta, que afloró en el año 1955 y culminó con la caída de Perón.
Uno de los primeros síntomas del enfriamiento fue el golpe del general B. Menéndez, en septiembre de 1951. La causa decisiva de este descontento eran los métodos cada vez más represivos de la pareja gobernante y sus esfuerzos por dividir a la población en dos frentes cívicos opuestos. Así como al comienzo habían apoyado las reformas sociales de Perón, pues esperaban que éstas contribuyeran a aliviar las tensiones sociales y a cimentar la unidad nacional, ahora contemplaban con creciente disgusto el tono polémico, de lucha de clases, que se incorporaba a la política, especialmente a través de los discursos de Eva Perón.
Además, la situación económica contribuía al creciente descontento de las FFAA; el paulatino estancamiento de la economía había hecho que las compras de armamentos se redujeran en forma drástica y que los aumentos de sueldo se detuvieran.
Entre las medidas inmediatas figuran algunas leyes de extrema severidad como por ejemplo, la ley N°14.062, por la cual se declaraba el estado de guerra interno. Esta ley merece atención, pues en ella se aplicaban normas y pautas militares a la persecución de enemigos políticos. A pesar de las amplias dificultades que le fueron concedidas, la primera operación de limpieza de Perón distó mucho de verse coronada por el éxito. La Ley 14.062 debía ser aplicada por primera vez al propio Menéndez, para quien los partidarios de Perón pedían la pena de muerte. Pero ese pedido, como otros, , se estrelló contra la resistencia del Consejo Superior de las FFAA.
El espíritu de cuerpo de los militares y la solidandad de sus instituciones se convirtió en un serio escollo para los esfuerzos de Perón por someterlos, y tal escollo no podía hacerse desaparecer de golpe, sino que exigió, en 1951, una estrategia de control a largo plazo. Entre las medidas figuraba el intento de adoctrinar a las FFAA. En los centros de educación militar comenzaron a repartirse manuales y libros de texto peronistas, que debían proporcionar a los reclutas el bagaje ideológico para su carrera militar. El órgano teórico del ejército, la Revista Militar, debió cambiar su presentación y su contenido, para asemejarse más a la prensa diaria, sometida a las directivas políticas del gobierno. Además las FFAA tuvieron la obligación de hacerse presentes, en número proporcional, en las manifestaciones de masas y demás actos del régimen. Para asegurar el éxito de sus planes de integración, Perón prosiguió al margen de todo esto su política de depuración de las filas. Las posiciones militares clave sólo eran ocupadas por candidatos sobre cuya lealtad al régimen no cabía la menor duda.
Sin embargo, la mayoría de esas medidas produjeron un efecto contrario a lo previsto: no aumentaron la identificación con el gobierno, sino que intensificaron la solidaridad con el opositor; no crearon una complacencia política sino que generaron irritación ante el avasallamiento de la autonomía se las instituciones militares.
Las razones que finalmente fueron decisivas para que una parte de las FFAA se rebelara abiertamente y derrocara a Perón, pueden agruparse en dos categorías. Por un lado, las instituciones militares veían cada vez más amenazada su existencia. Tarde o temprano perderían por completo su independencia, para convertirse en una de las organizaciones del sistema peronista de gobierno. Por otro lado, la orientación global de la política peronista, a partir de 1950, provocaba a las FFAA al golpe de Estado. El estilo de gobierno representativo y personalista de Perón hacía que muchos oficiales lo consideraran como un dictador obsesionado por el poder, que no vacilaba ante nada con tal de materializar sus ambiciones. Había traicionado la revolución de junio y al hacerlo había perdido todo derecho a mantener sus pretensiones de liderazgo político ante los ojos de las FFAA.
La integración de los estratos más bajos del engranaje social de la Nación fue uno de los primeros méritos del régimen. Esto fue resultado de las reformas sociales aplicadas por Perón. La acción estatal se concentró en hacer desaparecer el abismo existente entre la clase alta y media por un lado, y la baja por otro. Perón procuró despertar en los estratos bajos un sentido de nacionalidad y de identidad mediante la difusión de su doctrina y la ayuda del estilo plebiscitario. Por eso, la elevación del nivel de vida y la mejora del status social de los estratos más bajos constituyeron el centro de sus esfuerzos reformistas.
La comprensión y el interés de Perón por los problemas de la clase trabajadora le permitió convertir en pocos meses a la Secretaría de Trabajo y Previsión en un centro de decisión de todos los problemas y conflictos vinculados al derecho laboral.
Entre sus iniciativas para mejorar el status político y social de los estratos sociales más bajos, cabe mencionar la creación de una serie de instituciones consagradas a defender los intereses de la clase trabajadora. Además de la ampliación de la Secretaría de Trabajo y Previsión, más tarde elevada a la categoría de ministerio, figuraban entre tales instituciones tribunales del trabajo y una universidad obrera. Pero ninguna de estas instituciones estatales demostró la toma de partido del gobierno en favor de los estratos bajos con tanta claridad como una organización del derecho privado: la Fundación Eva Perón.
Otra importante medida que posibilitó la unión de la clase trabajadora y por consiguiente su representación, fue el decreto sobre “asociaciones profesionales de trabajadores”. Este decreto neutralizó a los sindicatos su tradicional tendencia a la discordia y a la atomización, cimentó su concentración y los convirtió en organizaciones con una sólida base masiva. Hasta 1943, los sindicatos sólo tuvieron una moderada influencia política; en tiempos de Perón, en cambio, se convirtieron en uno de los principales factores de poder del país, cuyas exigencias no puede pasar por alto ningún gobierno. Cobran sentido entonces, las numerosas proclamas de los derechos sociales emitidas durante los primeros años de gobierno de Perón. Entre las más importantes figuran los Derechos del Trabajador y los Derechos de la Ancianidad. También aparecieron catálogos similares respecto a los niños y a las mujeres.
Entre las disposiciones más importantes tendientes a asegurar y elevar el nivel de vida de los estratos bajos figuran las de control de los alquileres y de los precios. El salario real medio del obrero argentino había permanecido estable, y por momentos hasta había retrocedido un poco, entre 1929 y 1942; a partir de ese año, en cambio, ascendió en forma continua siendo el índice del aumento del obrero no especializado incluso superior al del especializado. Ambos grupos alcanzaron su nivel de salarios más alto en 1948, sin embargo, al año siguiente experimentaron un deterioro.
Una de las medidas que más sensación causaron fue aquella que obligaba a los empleadoras a pagar al obrero un sueldo anual complementario, el aguinaldo.
Si tenemos en cuenta la actitud de rechazo con la cual la élite tradicional había acogido las tentativas de integración de las clases bajas, entre 1930 y 1943, y la comparamos con la plétora de reformas sociales que mejoraron en forma decisiva el status social y la situación económica de los obreros en un lapso de apenas 2 años, comprenderemos que la toma de posición de los obreros respecto a Perón estuvo en un todo de acuerdo con sus intereses y puede calificarse de racional y realista.
Ni Perón tuvo desde el principio la intención de crear un sistema de gobierno que se apoyara más que nada en las clases bajas, ni los sindicatos se mostraron inicialmente dispuestos a aceptar la pretensión de liderazgo absoluto de Perón. La unilateral dependencia de las organizaciones sindicales respecto a Perón fue el resultado de una larga y compleja pugna política. La parte más interesante de dicha pugna fue el pasajero intento de los sindicatos, de movilizar políticamente a la clase trabajadora y procurarle una posición dominante dentro del sistema parlamentario de gobierno, mediante la creación de un partido político propio. El partido laborista encontró enorme eco en los sectores más amplios de la población y, con una existencia de apenas 4 meses, logró la mayoría absoluta en las elecciones de febrero de 1946. Pero a continuación, Perón lo disolvió y muy pronto lo incorporó al partido oficialista recién fundado por él: el partido peronista. Perón no pensaba en despojar a las clases acomodadas de sus bienes y de su poder para instaurar el dominio de la clase trabajadora, su intención era contribuir a la estabilización del orden social vigente, corrigiendo la excesiva falta de privilegios de los trabajadores. Esos planes fueron arruinados por la creciente violencia de las ataques de la oposición, que lo obligaron a buscar apoyo de las masas obreras y de los sindicatos en una medida superior a la prevista.
Hacia mediados del año 1945 las organizaciones empresariales se dirigieron a la opinión pública en un manifiesto, en el cual criticaban la política de reformas sociales emprendida por el gobierno y exigían la revisión de todas las disposiciones legales. Los sindicatos reaccionaron con gran rapidez y energía a ese desafío.
Y poco después se presentó una oportunidad así en las decisiva semana del 9 al 17 de octubre, cuando Perón se vio obligado a retirarse de todos sus cargos, ante la presión de las fuerzas opositoras, y debió cumplir un arresto militar. En respuesta, los sindicatos declararon una huelga general de dos días de duración y organizaron una demostración de protesta, tan imponente que el gobierno terminó por ceder y dejó en libertad a Perón. Este hecho convenció a muchos dirigentes sindicales aún indecisos a sumar sus fuerzas a una amplia iniciativa política de la clase trabajadora: la creación de un partido propio.
El programa del partido coincidía en muchos puntos con las ideas políticas rectoras de Perón y sólo difería de las mismas en un punto (fundamental) la aceptación del sistema de gobierno parlamentario y democrático. El énfasis recaía sobre la necesidad de reformas sociales. La parte sociopolítica de ese programa contenía algunas exigencias que ya habían sido satisfechas por Perón el año anterior. Eso se debió a que muchos empresarios aplicaban una táctica de demora en la aplicación de las disposiciones de la Secretaría de Trabajo y Previsión.
A pesar de esa situación bastante definida, hubo una serie de sindicatos que no se adhirieron al partido laborista y que apoyaron a sus contrarios, la Unión Democrática. Entre ellos figuraba La Fraternidad. Las objeciones de estos sindicatos no estaban referidas al programa del partido laborista, sino al candidato a presidente por ese partido, a Perón. Le echaban en cara su estilo de gobierno antidemocrático, su desprecio por los derechos fundamentales y por la libertad, señalaban que las concesiones socioeconómicas hechas por el Gobierno a las organizaciones gremiales habían costado a éstas su autonomía. Entonces, la plataforma de la Unión Democrática, no era más que una versión ampliada y sistematizada de estos reproches. Lo más cuestionable en ese programa era que se orientaba sólo por los sucesos políticos de Europa, por la lucha de las democracias occidentales contra el fascismo y el nacionalsocialismo. Sólo así se explica que el embajador de los EEUU, Braden (quien consideraba como su misión derrocar al gobierno militar y, sobre todo a Perón) se constituyera por momentos en vocero extraoficial de la coalición de partidos.
Perón, en los últimos discursos pronunciados antes de las elecciones, no presentaba ya como su adversario a Tamborini, candidato de la Unión Democrática, sino a Braden, a quien señalaba como un representante de los intereses norteamericanos, que en combinación con las fuerzas reaccionarias de la oligarquía estaba a punto de socavar la independencia nacional e instaurar un régimen contrario a la clase trabajadora. La fórmula “Braden o Perón” causó su efecto en los sectores más amplios de la población y es posible que hasta haya aportado a Perón y su partido los votos decisivos para su victoria electoral.
En mayo de 1946, Perón anunció en un discurso radial la unificación de todas las fuerzas que lo habían respaldado, en un nuevo partido, el Partido único de la Revolución, al cual poco después denominaría simplemente “partido peronista”. Al comienzo, los laboristas se opusieron a esa reorganización, pero luego designaron un nuevo comité central que accedió a la incorporación del partido y con ello a su disolución.
Perón y los laboristas compartían la idea de que era necesaria una ampliación del sistema político, pero su enfoque respecto de quién sería el encargado de promover esta evolución expansiva era distinto. Los laboristas consideraban urgente abrir el sistema político a los estratos populares. Perón pretendía extender la esfera de influencia estatal a partir de la cabeza política. La creciente concentración de poder en manos del gobierno no armonizaba con los principios democráticos de los laboristas. Disolvió el partido y lo incorporó a una organización partidaria cuya estructura jerárquica centralista estaba de acuerdo con sus ideas de orden y eficiencia.
Existen indicios de que en el año ’46, luego de disolver el partido laborista, Perón tuvo intenciones de moderar su actitud favorable a las clases sociales más bajas y de retornar a su proyecto inicial, el de imponer exigencias parejas a todos los estratos de la sociedad. Con motivo de la presentación del Primer Plan Quinquenal (10/46) declaró ante los diputados que el 1er ciclo de la revolución (el de las reformas sociales) quedaba así cerrado y sería seguido por el del aumento de la producción y el acrecentamiento de las riquezas. Este intento de Perón por desligarse de los estratos sociales más bajos fracasó. La alianza entre la cabeza del Estado y la clase baja no se diluyó entre 1946 y 1950, sino que se volvió más firme.
La estructura interna del pacto entre gobierno y clase trabajadora muestra una innegable similitud con las concesiones en materia de poder y de intereses que unieron a aquél con las FFAA. Pero las compensaciones exigidas superaron en mucho a las impuestas a las FFAA. En el caso de estas últimas, se conformaba con una conducta política pasiva, aparentemente neutral ; en el caso de los sindicatos, exigía una abierta toma de posición en el terreno político y una expresa aprobación de todas sus medidas y decisiones.
Esta actitud generosa del gobierno con respecto a los trabajadores debe ser considerada en función de la situación económica de los años de posguerra. Uno de sus factores más importantes fue el rápido crecimiento de algunas ramas de la industria, por la aparición de nuevas empresas y la expansión de las ya existentes. El consiguiente aumento en la demanda de mano de obra no podía ser satisfecho por la permanente afluencia de pobladores del interior ni por la inmigración europea. Las consecuencias de esta situación fueron un descenso de los índices de producción y un general aflojamiento de la moral del trabajo. El gobierno no sólo se negó a emprender algo para conjurar esta tendencia, sino que hasta la apoyó con su sistemática toma de partido en favor del trabajo en todos los litigios laborales.
Perón concedió particular atención a la implantación de organizaciones laborales y al perfeccionamiento de las mismas. Las organizaciones sindicales ya no necesitaban de los partidos de izquierda para llevar sus exigencias e ideas al terreno de la confrontación política. El contacto directo con el gobierno abría ahora para ellos una legítima posibilidad de defensa de sus intereses. El precio exigido por Perón por sus concesiones fue el intensivo apoyo político por parte de las clases trabajadora.
Perón no se mostró dispuesto a tolerar los esfuerzos de los sindicatos más antiguos por conservar su autonomía y su libertad de acción política y trató por todos los medios de someterlos. Perón no podía contar con su apoyo mientras les hiciera generosas concesiones económicas y financieras. Durante los primeros años de posguerra eso le resultó relativamente fácil, pues el país se encontraba en una situación económica muy favorable y las arcas del estado estaban aún colmadas desde los tiempos de guerra. Pero la experiencia de la Primera Guerra Mundial había demostrado que esa situación coyuntural se mantiene durante un lapso limitado, transcurrido el cual sería necesario pasar a una política restrictiva en materia de gastos. Perón temía que en ese caso los sindicatos le retiraran su apoyo y se adhirieran a la oposición o intentaran ejercer mayor influencia sobre el gobierno y hasta apoderarse de él. Previno ambas contingencias aprovechando la fase de prosperidad económica para colocar a los sindicatos bajo su control.
Para ejercer desde la cúspide una mayor presión sobre las representaciones de los diferentes gremios, comenzó por adueñarse de la CGT. Transformó a dicho órgano, descentralizado y dependiente de las decisiones de las agrupaciones miembros, en una institución semiestatal de rígida estructura jerárquica. Luego procedió a someter a todos los sindicatos autónomos al control del nucleamiento central y del Ministerio de Trabajo. Los dirigentes gremiales particularmente rebeldes fueron desplazados merced a medidas policiales persecutorias. Otros fueron despojados de su poder mediante la creación de nuevas organizaciones dentro de la correspondiente rama laboral, con un cuerpo directivo adicto al régimen, al cual Perón concedía luego autonomía tarifaria. Los dirigentes gremiales que pretendían conservar la independencia política de sus organizaciones se encontraron ante un dilema insoluble, por efecto de las hábiles maniobras de Perón, que logró desgastar este grupo descargando sobre él la tensión entre el principio de legitimidad autoritario y el democrático, generada en su sistema.
Luego de la violenta expansión de la economía, durante los años de preguerra, hacia 1949 se comienza a insinuar un estancamiento. Este no tardó en convertirse en recesión cuando el mercado mundial para las exportaciones del país se restringió, las reservas de divisas comenzaron a declinar y la agricultura debió soportar varias cosechas malas. El gobierno hizo esfuerzos por evitar que la recesión hiciera sentir sus efectos sobre la situación económica de las capas bajas, pero fueron menores de lo que Perón pretendió hacer creer merced a una costosa campaña propagandística. No consiguieron disimular el hecho de que el gobierno estaba a punto de modificar su actitud respecto a la clase trabajadora.
Cada vez que se prestaba más oídos a los reclamos del empresariado acerca de la moral y la disciplina laborales. Más o menos por la misma época, en las discusiones sobre el derecho laboral de nuevo se le consagrara mayor importancia al tema de las obligaciones del trabajador. El número de días feriados no volvió a ser aumentado (más adelante se lo redujo) y los tribunales del trabajo pasaron de una actitud favorable al trabajador, a una postura neutral, cuando no más favorable al empresario.
En 1946, cuando Perón intentó por primera vez aflojar su estrecha ligazón con las capas sociales bajas, se estrelló contra la resistencia que los sindicatos opusieron a ese propósito. Pero ahora, no protestaron ni ejercieron presiones sobre el gobierno para que éste continuara tomando partido por los trabajadores; atacaron de buen grado las directivas de Perón. Y eso ocurrió porque ya habían perdido toda autonomía y se habían convertido en parte integrante del sistema de poder peronista.
Durante los años anteriores, las acciones de lucha emprendidas espontáneamente por los obreros habían sido bien recibidas por el gobierno, el cual incluso llegaba a provocarlas. Ahora, la reacción a la protesta de los trabajadores era en extremo violenta y rigurosa; la huelga era declarada ilegal y se la reprimía.
El viraje de Perón sólo era de naturaleza transitoria. Duró hasta 1952, mientras el país atravesó una crisis económica. A medida que se fue recuperando, el gobierno volvió a tratar de mejorar la situación de los trabajadores.
Después de 1952, año en el cual la crisis económica alcanzó su punto culminante y los ingresos de los trabajadores su nivel más bajo, el salario real volvió a experimentar un alza continua. También la participación de los sueldos y salarios en el ingreso bruto nacional fue aumentando hasta volver a la proporción óptima de 1949.
Por eso no se puede afirmar que, después de 1949, Perón abandonó a los obreros. En el fondo siguió la misma política que desde el comienzo había sido objetivo de su acción: una política que imponía exigencias parejas a todos los sectores económicos y sociales, y que debía garantizar una evolución social continua y, en lo posible, libre de tensiones. Desde que la participación en la lucha social no sólo costaba la pérdida de trabajo, sino también la persecución policial, la masa trabajadora ya no se mostraba tan dispuesta a correr el riesgo. Sólo a partir de 1954 se observan indicios de la formación de un nuevo estrato dirigente, surgido directamente de las bases, que comenzó a disputar sus puestos a los funcionarios protegidos por el gobierno.
La convicción de que Perón era irremplazable, de que no existía más alternativa que su gobierno, se tiende como un hilo conductor a través de todas las manifestaciones de los sindicatos y de los obreros, desde 1944 hasta 1955. A pesar de sus visibles debilidades, el régimen seguía siendo para los obreros el primero que había encarado con seriedad el problema social. Sólo su continuidad podía evitar una revisión de la obra reformatoria, podía impedir que las clases media y alta volvieran marginar a los estratos más bajos de la sociedad.
Por eso es sorprendente que los obreros no hayan defendido el gobierno de Perón con más energía cuando éste fue atacado en 1955 por los factores en pugna con él. Sabemos que los representantes de los sindicatos reclamaron la entrega de armas y la formación de milicias obreras. Pero cuando Perón se opuso a esta exigencia y exhortó a los trabajadores a conservar el orden y la calma, ellos lo obedecieron, como habían obedecido sus órdenes desde hacía años. Este último acto de obediencia demuestra hasta qué punto los trabajadores y los sindicatos dependían de Perón en las postrimerías del régimen. Su sometimiento fue el resultado de 12 años de permanente e intensa influencia del gobierno sobre las clases bajas.
Ninguno de los economistas importantes creía conveniente romper por completo las relaciones de la economía nacional con los mercados exteriores. Se pretendía fortificar la estructura de la economía y diversificarla, para que Argentina se liberara grado de las fluctuaciones del tráfico internacional de bienes de capitales.
La empresa era ardua, puesto que hasta ese momento económico del país había dependido casi exclusivamente de la relación complementaria entre capital extranjero y mano de obra argentina, entre exportación de productos agropecuarios e importación de productos industriales. Para forzar un cambio en la economía que permitiera iniciar un proceso de desarrollo autónomo era necesario quebrantar los tradicionales vínculos entre la clase alta nacional y el capital extranjero, y remplazarlos por una nueva fuerza económica conductora. Como ninguno de los restantes grupos y estratos estaba en condiciones de desplazar a la clase alta de su posición dominante, el impulso decisivo debía partir del sistema político, es decir del gobierno. Esto explica la intensa intervención estatal en el proceso económico durante los primeros años del gobierno de Perón.
Este cambio de orientación se puso de manifiesto con particular claridad en las medidas de protección y estímulo a la industria nacional. La industria argentina experimentó un considerable impulso al interrumpirse las importaciones de los países industrializados durante la guerra mundial. Sin embargo, influyentes grupos del sector agropecuario exigían que al término de la guerra se desmontara la industria y que todas las fuerzas productivas se concentraran nuevamente en la explotación de las riquezas “naturales” del país, la agricultura y la ganadería. Pero el gobierno no cedió ante esas exigencias y protegió a la industria contra la competencia extrajera que había vuelto a fortificarse al terminar la guerra.
Las medidas de defensa y estímulo de la industria no favorecieron a todas las empresas por igual. Se dio preferencia a aquellas que elaboraban materia prima nacional. Finalmente se concedió la protección estatal a las empresas que fabricaban material bélico.
Uno de los principales argumentos en favor de la protección a la industria nacional era el temor de que la rescisión del sector industrial trajera aparejado un brusco aumento de los índices de desocupación y el peligro de trastornos sociales de gran trascendencia.
Por eso, la creación de un mercado nacional estaba destinado a aflojar los estrechos lazos de la economía con otros países e inducir un desarrollo económico autónomo, basado en las materias primas nacionales, impulsado por fuerzas nacionales y controlado por instancias nacionales.
De esa manera se rectificaría la orientación unilateral de la economía hacia una centralización en torno a Buenos Aires, hacia la producción de bienes agropecuarios y hacia la concentración en grandes empresas, y se favorecería a las provincias mediterráneas, a los restantes sectores de la economía y a la pequeña empresa. Finalmente, la industria se aseguraría la ocupación de las clases bajas, en rápido crecimiento, cuyas necesidades de consumo beneficiarían a la industria. Estos fueron los objetivos esenciales que persiguió el estímulo del mercado interno por parte del gobierno. ¿Cómo reaccionaron los representantes de los diferentes sectores de la economía ante esta política?
La UIA recibió con beneplácito las leyes de protección y fomento de la industria, pues éstas satisfacían reclamos expuestos en vano por ella durante muchos años. Por fin el Estado concedía al desarrollo industrial esa atención que, a juicio de los dirigentes de la UIA, ya debería habérsele concedido desde la crisis mundial de 1930. Pero, por otro lado, existían una serie de razones por las cuales la Unión no podía ponerse abiertamente de parte del régimen. La más importante de estas razones era la política social progresista de Perón. La UIA no cuestionaba la necesidad de las reformas sociales. Las objeciones estaban dirigidas fundamentalmente contra el estilo con el cual se aplicaban las reformas sociales y contra el reparto de los costos que ellas significaban. Los obreros, soliviantados por los discursos de Perón, ya no se darían por satisfechos con las concesiones soportables para la economía, sino que exigían cada vez más.
Así como la UIA adoptó una actitud mezcla de moderada aprobación y de reserva crítica ante la nueva política económica y social, los grandes propietarios rurales la rechazaron sin reservas. La Sociedad Rural discutió la necesidad de mejorar la situación de los colonos y de los trabajadores rurales. Consideraba que al encasillar en leyes las relaciones de trabajo se rompería la tradicional armonía entre terratenientes y peonada, y señalaba que -a diferencia del trabajo industrial- las tareas rurales no pueden medirse en horas sino que suponen una cierta flexibilidad por parte del trabajador. Los estancieros veían en el gobierno a su principal enemigo, al cual sólo hacían concesiones cuando se veían forzados a ello.
La resistencia de las organizaciones empresariales contra la nueva política social fue moderada durante los años 1943/44 y, algunas medidas de gobierno fueron incluso muy bien recibidas, pero las objeciones contra los procedimientos del Estado se acumularon en el año 1945. Existieron motivos económicos y sociales que indujeron a las organizaciones a oponerse cada vez más abiertamente a las medidas y disposiciones del gobierno. Las críticas estaban dirigidas contra el estilo de gobierno dirigista cada vez más evidente que limitaba de manera sensible la libertad de acción del empresario; y a la política social progresista del gobierno, en la cual las clases acomodadas veían una amenaza de su patrimonio.
Las quejas más enérgicas partían de la asociación de los industriales. Durante todo el año 1945, la revista de la UIA no contuvo más que objeciones a la política social del Estado (contínuos aumentos de salarios decretados y otros beneficios concedidos a los trabajadores, fijación estatal de precios máximos para las mercaderías de primera necesidad, en defensa del consumidor, conceder a los trabajadores un sueldo complementario a fin de año). Las críticas de la UIA culminaron con el reproche de que el gobierno estaba descuidando la industria e infligiendo así grandes daños a todo el país. Entre las quejas de la UIA asomaba también a cada paso el tema de los recargos a la exportación, destinados a defender el mercado interno. La Bolsa de Comercio, que trabajaba en estrecha colaboración con la organización de los grandes agricultores, protestaba sobre todo por la creación del IAPI, un instituto que desde 1945 controlaba la exportación de trigo, maíz y lino. También protestaba contra la creciente influencia ejercida por los organismos oficiales sobre el comercio interior, a través de la fijación y control de precios máximos.
Las objeciones de los terratenientes al monopolio estatal de las exportaciones de cereales eran más enérgicas, declaraban que los precios pagados por el IAPI apenas si alcanzaban a cubrir los costos de producción. También se resistía a aceptar la prórroga forzosa de los contratos de arrendamiento que impedía el ajuste de los arriendos. La Sociedad Rural advertía al gobierno que con esa nueva limitación del derecho de propiedad estaba imponiendo una carga adicional a la producción agropecuaria, que hacía imposible una explotación rentable. A esto se sumaba la politización de los trabajadores rurales, que había destruido la relación solidaria entre el propietario y sus empleados. El estatuto del peón de campo también contribuiría a endurecer las relaciones sociales en el campo y dadas las diferencias existentes entre las diversas regiones del país su aplicación indiscriminada pondría en peligro la existencia de muchos establecimientos pequeños. Estas organizaciones no hablaban en nombre de la mayoría de los integrantes de un sector de la economía, sino que solo hacían pública la opinión de una minoría. Esa limitada representatividad de las organizaciones, y su resistencia al régimen fueron la razón por la cual Perón no demostró interés en resolver su conflicto con ellos.
A fines de 1945, el enfrentamiento alcanzó su punto culminante, cuando las organizaciones empresariales, a la espera de un pronto cambio de gobierno -dada la proximidad de la elecciones- se permitieron protestas cada vez más violentas contra las medidas de Perón. Al triunfar Perón, por estrecho aunque claro margen, estas organizaciones debieron renunciar a sus esperanzas de un gobierno más inclinado a tener en cuenta sus intereses. Luego de la victoria electoral de Perón, las organizaciones empresariales inician un paulatino viraje político.
Cada vez se van afirmando más las fuerzas que pugnan por una normalización de la relaciones con el gobierno. La razón decisiva del cambio de actitud de los grupos económicos más poderosos parecería haber sido, también en este caso de naturaleza económica. En caso de un aislamiento voluntario, las organizaciones económicas habrían perdido toda posibilidad de ejercer alguna influencia sobre los centros estatales de decisión. Eso no sólo habría significado quedar excluidos de las subvenciones y de los patrocinios que Perón había distribuido con tanta generosidad durante sus primeros años de gobierno; tampoco habrían podido exponer al gobierno sus preocupaciones ante determinadas medidas que ponían en peligro sus derechos y sus intereses. El cambio de actitud no resultó muy difícil, ya que Perón no impuso exigencias demasiado grandes a las agrupaciones económicas.
El vínculo entre esos elementos y las altas esferas gubernamentales se fue extrechando luego de la victoria electoral de Perón, sin que por eso se constituyera inmediatamente una nueva organización en reemplazo de la UIA que había sido intervenida.
Lo más arduo fue la conciliación entre los terratenientes y el gobierno. La irritación de los productores agropecuarios era muy lógica puesto que su rama de la economía era la única sistemáticamente descuidada por el gobierno. La tensiones entre Perón y la SR se mantuvieron mientras el gobierno insistió en su política perjudicial para los productores agropecuarios, hasta 1948/49 cuando el gobierno revió poco a poco su política de apoyo unilateral a la industria y volvió a conceder atención al sector agropecuario.
La llamada burguesía internacional por su estrecha vinculación ideológica y económica con el exterior siempre había mantenido una actitud hostil al gobierno de Perón. Aparte de ese grupo dominante, existía un sector minoritario, la llamada burguesía nacional, que recibió con beneplácito la política económica de Perón y la apoyó sin reservas.
Las medidas de estímulo y protección adoptadas por Perón no favorecieron a todos los industriales en la misma medida; beneficiaron sobre todo a los propietarios de establecimientos medianos y pequeños, instalados en las provincias cuyos productos satisfacían las necesidades urgentes del mercado interno. La protección brindada por el estado a la pequeña y mediana empresa del interior no se debió tanto a la política de ese sector, como a la inciativa del gobierno que buscó el asesoramiento de algunos empresarios.
Luego de varios años de prosperidad económica, hacia 1949 comienza a insinuarse una paralización de la economía. Por primera vez después de mucho tiempo, el país tenía dificultades en su balanza de pagos y debió solicitar un crédito considerable a los EEUU para saldar sus deudas por importaciones norteamericanas. Este proceso alcanzó su máxima gravedad en el año 1952. A partir de entonces, el gobierno consiguió dominar poco a poco la crisis, y en 1955, al ser derrocado Perón, la situación se había normalizado ya en gran parte.
Según las publicaciones oficiales, la causa de esta peligrosa tendencia en la economía fueron factores ajenos ala influencia del gobierno. Se citaba el empeoramiento de los terms of trade para los productos agropecuarios en el mercado mundial; la exclusión de la Argentina del programa de ayuda a Europa organizado por los EEUU, el Plan Marshall; la inconvertibilidad del saldo activo en libras respecto a Gran Bretaña en un saldo activo en dólares respecto a los EEUU, país que por ese entonces era el principal proveedor de los bienes de importación requeridos por la Argentina; el boicot a la Argentina de los centros económicos y financieros internacionales; y las repetidas sequías que habían perjudicado en gran medida a la agricultura del país. El gobierno exageró la importancia de tales factores para disimular su propia responsabilidad.
Sólo una parte de los fondos destinados al fomento de la industria llegaba a emplearse para esos fines; así la mitad se utilizaba para otros objetivos, sobre todo, para cubrir el déficit de las empresas del Estado. Esto era por la ausencia de instancias de control que vigilaran el mantenimiento y la aplicación consecuente de las directivas emanadas de la cúspide política.
El principal reproche que se formulaba a Perón es que su gobierno practicó una política de gastos que superaba en mucho las posibilidades económicas y financieras del país, que el aumento de consumo inducido por ella no respondía a un aumento de la producción, que solo contemplaba la distribución de la riqueza nacional y descuidaba el crecimiento económico. Otra de las críticas formuladas al gobierno peronista fue que había empleado los recursos estatales en forma unilateral para el fomento del consumo de la industria liviana y había omitido crear el factor más importante para la independencia económica: la industria pesada nacional. En lugar de utilizar la divisas para saldar las deudas con el exterior y dedicarlas a comprar los anticuados ferrocarriles británicos, el gobierno debió haberlas empleado en mejorar la provisión de energía, en mantener y mejorar la red de comunicaciones y en acelerar el desarrollo de la industria química metalúrgica.
Alrededor de 1950 se dio por terminada la primera fase de la sustitución de importaciones, en la cual se fomentó de manera especial la producción nacional destinada a satisfacer las necesidades de consumo internas. Al comprender que de esa manera no se podía alcanzar la independencia económica, del gobierno se había visto enfrentado a una tarea mucho más dura, la de desarrollar una industria pesada nacional y una provisión autónoma de energía. La crisis económica sufrida por el país entre 1949 y 1952 habría sido, fundamentalmente consecuencia de este paso de la primera a la segunda fase de la sustitución de importaciones.
En contraste con su anterior toma de partido en favor de la clase obrera, a partir de 1949 se inicia una política salarial restrictiva, y se exhortó constantemente al obrero a elevar la productividad y se procede son enorme rigor contra los huelguistas. Superado el punto más crítico, Perón mostró mayor comprensión y abertura hacia las demandas y aspiraciones de la clase baja; sin embargo, ya nunca volvió a aquella defensa unilateral de sus intereses, que había sido el rasgo característico de su política antes de la crisis económica.
Con respecto a la agricultura, ya en el ’49, el gobierno intentó recuperar la confianza de ese sector y estimular su productividad. Fijó de antemano los precios para la adquisición por parte del Estado de los productos agropecuarios, con el fin de permitir una planificación racional de los cultivos; destinó fondos especiales para la importación de maquinaria agrícola; otorgó créditos a los productores rurales; organizó un servicio técnico especial para éstos y derogó gran parte de las disposiciones que limitaban la participación del trabajador de campo en las tareas rurales. Durante los últimos años del gobierno de Perón, el IAPI terminó por convertirse en una institución protectora de los establecimientos del campo. Junto con el estímulo del sector agropecuario se inició una política más selectiva de apoyo a las empresas industriales.
El nuevo rumbo de la política económica quedó resumido en el plan de emergencia de 1952, el plan estaba determinado por dos tendencias complementarias: por el objetivo de limitar en lo posible el consumo nacional; y por la disposición a estimular y apoyar alas fuerzas sociales productivas con mayor capacidad de rendimiento.
El Segundo Plan Quinquenal, demostraba que entre 1953 y 1957, el gobierno estaba dispuesto a desarrollar una industria pesada nacional y fuentes de energía independientes del exterior y a fomentar la producción de materia primas necesarias para una mayor expansión económica. En adelante el estado dejaría de intervenir en el proceso económico y confiaría el futuro desarrollo a la libre iniciativa de las fuerzas privadas. Sin embargo, Perón no parecía muy convencido de que las fuerzas productivas del país pudieran acelerar por si solas la expansión económica en la medida deseada.
Al analizar la estrategia de los grupos empresariales después de 1950, es preciso establecer una distinción entre los tradicionales dirigentes de la economía, representados sobre todo por las organizaciones más antiguas, como la Sociedad Rural y la Bolsa de Comercio, y el sector minoritario de la burguesía nacional que en esa época comenzaba a articular sus intereses.
La actitud de los 2 primeros sectores se caracterizaba por un creciente optimismo y una conciencia cada vez más clara de su importancia. Su comportamiento, con posterioridad a 1951, permite reconocer cuán poco se había modificado su actitud básica liberal durante la fase dirigista del gobierno. Sólo había variado el tono con el cual exponían sus argumentos. Pues así como antes de 1950 no veían posibilidad alguna de evitar el control autoritario del gobierno, el viraje político que siguió despertó en ellos la esperanza de que a la revisión de la política económica siguiera un cambio fundamental de la situación política, es decir, la caída de Perón.
La situación después del ’51 se caracteriza por el renovado triunfo de la burguesía internacional y la pérdida de influencia del empresariado que tenía por meta el mercado interno. Pero, por otra parte, no debemos olvidar que durante los últimos años de gobierno peronista, la burguesía nacional constituyó por primera vez una organización propia, la CGE (Confederación General Económica), a través de la cual podía hacer llegar al gobierno y a los demás sectores de la economía sus exigencias y sus ideas. Pero las resoluciones de la CGE no se diferencian mucho de las aspiraciones y pretensiones expuestas al gobierno por la Bolsa de Comercio. El único punto en el cual sus ideas se apartan claramente de los puntos de vista de los círculos económicos tradicionales, es el referente a la descentralización de la estructura económica, punto sobre el cual la CGE insistía a cada paso.
Con posterioridad a 1952 se produjo un entrenamiento entre las fuerzas de la burguesía nacional y las de la burguesía internacional, que concluyó con la victoria de estas últimas. La influencia de Perón sobre las instancias estatales decisivas, lo mismo que su prestigio y su capacidad de imponer sus aspiraciones en contra de la influencia de otros sectores de la economía no tuvo en ningún momento la importancia que algunos autores le atribuyen. Lo que determina el curso de las relaciones entre el gobierno y los grupos de intereses económicos es, más bien, la conducta de las fuerzas tradicionales, las cuales luego de una actitud inicial indecisa, declaran la guerra al régimen en 1945, celebran un armisticio con éste luego de la victoria electoral de Perón y, a partir de 1952, no ven la hora de que el cambio en la política económica sea seguido por un cambio en el poder, es decir por la caída de Perón.