Durante la década del 30 tiene vigencia en la Argentina políticas y reagrupamientos de fuerzas sociales centrados en el intento de dar respuesta a ese hecho nuevo que es el acelerado crecimiento industrial y sus consecuencias sociales. El supuesto de nivel general es que todo proceso de industrialización por sustitución de importaciones, del mismo modo que plantea caacterísticas diferentes a las de los modelos clásicos en la estructura económica, promueve también alternativas particulares en la dimensión sociopolítica, sea en el tipo de estratificación, en los reagrupamientos y alianzas de las clases propietarias, en la forma movilización de las clases no propietarias, en el papel del Estado y d elos grupos políticos, etc.
Afirmar que el paríodo abierto en 1930 representa una primera respuesta a ese proceso puede tener consecuencias tanto para el análisis de la Argentina como para la aplicación de modelos teóricos para el análisis de los procesos sociales durante el creimiento industrial.
La teoría más habitual propone un presunto modelo clásico descriptivo:
En un primer paso retengamos de esta caracterización sólo la aceptación o el rechazo de las actividades industriales. Diversas modificaciones de este modelo simplificado aparecen en la literatura:
Nuestro examen rechaza todas las versiones del modelo que se centran sobre una oposición más o menos expresa entre grandes terratenientes y burguesía industrial, incluyendo aquella según la cual no se daría una alianza sino una coincidencia coyuntural entre ambos grupos.
Con los enfoques c) y d) compartiríamos, en cambio, la imagen de una comunidad de intereses entre ambos sectores en esta etapa y también la suposición acerca de las limitaciones que presentaba su propuesta de industrialización. Nos acercaremos a d) en lo que se refiere la ausencia de un proyecto alternativo de industrialización más profundo dentro de las clases dominantes, pero diferimos de este en tanto señalaremos que, incluso ese proyecto limitado, no era percibido desde un comienzo como el proyecto hegemónico indiscutido de la clase dominante. El proceso no podría, por lo tanto, conceptualizarse como una fusión de intereses, sino de alianza entre fracciones de clase.
Encontraremos la oposición más decidida al proyecto de industrialización en un sector subordinado de los terratenientes y una clara expresión de esta actitud en la Unión Civica Radical. Nuestra imagen es la de un proyecto que no es el indiscutido de la clase dominante. Su puesta en marcha y su posterior mantenimiento exige la constitución de alianzas entre sectores de la clase dominante. No se trata de una situación en que la clase dominante quiere comparar la pasividad de la clase dominada, sino de una situación en la cual la permanencia de uno u otro proyecto está aún en cuestión.
Lo que el análisis de esta década pone de manifiesto es que el apoyo a la industria no puede identificarse ingenuamente con la adopción simultánea de orientaciones sociales y políticas también "progresistas". El corte en cuanto al apoyo o rechazo de la industria no coincide necesariamente con el corte entre fuerzas representantes de un orden nuevo globalmente "progresista" y un viejo orden globalmente retardatario, sino que dentro de los partidarios de la industrialización se darán cortes fudamentales en cuanto a orientaciones sociopolíticas, introduciendo el concepto de alianza de clases, como condición para hacer posible el estudio de las relaciones de la fuerza en la sociedad y de la hegemonía en el Estado.
El caso argentino, a partir de los años 30´nos servirá como ejemplo de configuración temprana de esta línea de alianza de clase. En lo que sigue trataremos de demostras:
Desde 1933 la industria argentina entra en una etapa de cricimiento durante la cual, de una situación postergada, se transformará, en un decanio, en sector líder de la economía. La originalidad del caso argentino consiste en que, precisamente a partir de 1930, quienes controlas en el aparato del Estado son, indiscutiblemente, las fuerzas conservadoras "oligarcas", tras el intervalo abierto en 1916 por el radicalismo y a ellas deben atribuirse, por lo tanto, las medidas y propuestas estatales que favorecieron, de hecho, el progreso de la industria. Esas fuerzas no variaron, por ello, su contenido de clase: siguieron siendo representativas de los hacendados más poderosos, tradicionales beneficiarios de la economía agroexportadora.
Una alternativa para esta constatación sería que las fuerzas conservadoras no hubiese podido resistir las presiones de una oposición marcadamente favorable a los cambios de dirección industrialista, pero como veremos en el trabajo, ello no ocurrió entre 1933 y 1943: durante esos años, ningún grupo social o político poderoso agitó un programa de crecimiento industrial más radical que el de la élite oficialista.
La consideración de estos hechos abre un interrogante acerca de si el creimiento industrial fue concientemente impulsado por la elite conservadora o si se desarrolló a pesar de ella, como consecuencia no deseada de medidas que buscaban otro fin. Suponiendo la primera de estas dos alternativas cabe preguntarse cuál fue el contenido de la industrialización promovida, a fin de determinar si la misma afectaba de por sí a privilegios fundamentales de los propietarios terratenientes. En este caso se hubiera planteado una contradicción entre orientaciones de la élite política e intereses de la clase dominante, posibilidad que no parece corresponder al desarrollo real del proceso teniendo en cuanta que la única fuente de legitimidad para el poder político de esa élite estuvo en el consentimiento expreso de la "oligarquía" tradicional.
| El núcleo de este trabajo tiende a presentar el supuesto de que no hubo en el período contradicción entre una orientación por crecimiento industrial expresada en el Estado, y los intereses de la fracción más poderosa de los terratenientes, aunque sí la hubo con los de un grupo subordinado de propietarios rurales. |
La facción más poderosa dentro de la oligarquía mantuvo el cotrol hegemónico dentro de una alianza de clases propietarias, en la que se incluían, por primera vez, los intereses de los grupos industriales. La posibilidad de esta articulación de intereses requería ciertas formas limitadas de industrialización y ellas fueron promovidas a través de una coherente política oficial que hizo crecer enormemente las esferas de la actividad del Estado en la estructura social. Se trata de un claro ejemplo de crecimiento a partir de la sustitución de importaciones. Su resultado será una economía industrial, pero "no integrada", basada en una industria liviana, productora de bienes de consumo no durables.
El proceso se basará en la expansión de una industria preexistente más que en un fomento deliberado de una diversificación que hubiera debido apoyarse sobre una coherente política de inversiones. Las transformaciones se operarán sólo en el sector industrial, manteniéndose inmodificada la estructura agraria, rasgo señalado como característico de la ISI.
Durante el período se intensificaron las inversiones extranjeras, especialmente norteamericanas, en actividades de transformación, lo que aseguró a gruipos industriales locales una "protección" especial de sus intereses frente a eventuales medidas del gobierno que pudieran tender a drenar el proceso de creimiento.
La crisis de 1929 marcará para la Argentina un cambio de rumbo trascendental en su situación económica, al afectar su privilegiado status de país agroexportador. El modelo dejará ya de tener vigencia frente a las respuestas proteccionistas que los países centrales pondrán en práctica como alternativa a la crisis. Un ciclo parecía concluido: el de la economía primaria exportadora como excluyente núcleo de la economía argentina. En medio de ua crisis que iluminará crudamente la vulnerabilidad extrema de la Argentina frente al exterior, las élites tradicionales, que han recuperado el control de Estado, se ven favorecidas por la posibilidad de una limitada industrialización, en tanto el desarrollo de ciertas ramas de la manufactura es capaz de permitir un reajuste del sistema a los nuevos términos en que se plantea el comercio mundial.
La oposición principal que enfrentaba a agrarios e industriales alrededor de las políticas de libre cambio o de proteccionismo, pasa a tener una importancia secundaria para la fracción dominante de los terratenientes que no rechazará las medidas tendientes a controlar los importaciones, favoreciendo así el crecimiento de ciertas ramas de la manufactura. En un punto en el que anteriormente se ubicaba el centro del conflicto se establece una posibilidad de coincidencia.
El desarrollo más o menos sostenido de una nueva política sólo puede ubicarse hacia finales de 1933, con el ascenso al poder de un equipo político, encabezado por Federico Pinedo, que influirá decisivamente hasta 1943 y que prolongará su gravitación en los primeros actos del gobierno militar surgido del movimiento del 4 de jnuio.
Desde 1933 Federico Pinedo y Luis Duhau ocupan los ministerios de hacienda y de agricultura. Su gestión marcará las pautas iniciales para cambios en la política que el Estado propone a las clases dominantes y abrirá, específicamente, un período en el que habrán de articularse nuevas orientaciones. Para la definición de esta nueva política él flamante Pacto Roca-Runciman, suscripto por el gobierno argentino con el de Gran Bretaña en 1933, adquirirá una influencia determinante como nudo central: el sector agrario más poderoso definirá su nuevo ajuste frente a la irreversible situación creada por el Tratado de Ottawa, que firmaron Inglaterra y sus dominios. Esta nueva situación hará participar más al sector industrial, y hará que el papel del Estado sea, a la vez, más importante y también más complejo.
El convenio Roca-Runciman traía aparejado el predominio del grupo ganadero más privilegiado en la orientación de la economía argentina. Se trataba de la consolidación de la supremacía del grupo social que había sido desplazado del poder político en 1916. Esta situación suscitó grandes recelos en la Unión Industral. El temor más serio derivaba de los compromisos acerca de rebaja de aranceles para la importación de manufacturas inglesas. En mayo del 33 la UIA advertía en un manifiesto sobre "una tendencia económica que sólo contempla los intereses agropecuarios". Un mes después organiza un acto público intentando apmpliar las bases para un frente de defensa de la industria.
Hacia fines de 1933, un esbozo de política orgánica comienza a ser elaborado por el nuevo equipo económico que reemplazó a Hueyo. En diciembre se anuncia un Plan de Reestructuración Económica, el primero posterior al replanteo obligado por el Pacto Roca-Runciman. El mismo incluye, básicamente, el Control de Cambios, la creación de Juntas Reguladoras de la Producción y el Desarrollo de un plan de obras públicas. Las medidas propuestas motivan de la UIA "su más cordial apoyo".
El plan traía aparejada una devaluación del peso argentino, pero junto a esa medida se instrumentaba un control de las divisas para la importación. Aquí aparece clara una clara caracterización de la necesidad de la industria, a la que no se postula como enfrentada a la hegemonía "oligárquica". Durante todo el período que arranca a fines de 1933 y culmina con el derrocamiento de los conservadores diez años después, esta solidaridad de orientaciones entre los industriales y el Estado, sometido a la hegemonía del sector más privilegiado, se mantiene.
Al menos hasta la segunda guerra mundial, no se producen fragmentaciones significativas en el seno de los industriales y que, en caso de hacerlas en gérmen, los industriales pequeños y medianos concentran tan poco poder económico y tan escasa fuerza de presión, que la hegemonía dentro del bloque industrial se mantiene, sin alteraciones, vinculados con el capital financiero nacional e internacional, cuya representación corporativa inviste la UIA.
En el sector agrario, el panorama es otro. Allí se produce una diferenciación o, más adecuadamente, se acentúan los términos de una división de interese ya anticipada en la década anterior. En 1927, los "invernadores" logran el control de la Sociedad Rural Argentina, rubricando institucionalmente lo que ya era un dato de la realidad económica: el predominio de sus intereses sobre los de otras capas ganaderas. A partir de ese momento, la subordinación de los "criadores" no hará más que acentuarse. La crisis y sus consecuencias para el comercio exterior argentino rubricadas en los Tratados de Ottawa y en el Pacto Roca-Runciman, gravarán todavía la diferenciación.
Los "invernadores", ligados al frigorífico y dependientes de la venta de "chilled" a Gran Bretaña, consiguen privilegios a través del pacto Roca-Runciman, que les asegura una cuota estable de exportación y los mantiene así integrados a su tradicional fuente de recursos. Pero este reajuste no se produce sin el brusco desplazamiento del grupo de los "criadores" que deben subordinarse totalmente a los acuerdos a que llegan los "invernadores" con los mercados tradicionales.
En lugar de la vieja divisa de los grandes hacendades ligados a Inglaterra que definirían los circuitos necesarios del comercio exterior argentina a partir del "comprar a quien nos compra", el grupo subordinado de los ganaderos levanta una alternativa: "vender a quien nos vende", poniendo el eje de sus objetivos en la ampliación del comercio a nuevos mercados, especialmente a los EEUU, quien podía transformars een el proveedor del consumo nacional de manufacturas.
En el juego de presiones económicas sobre el Estado los hacendados subordinados individualizan a los industriales como sus principales rivales, quienes "tienen en la metrópoli la suficiente fuerza para pensar en las decisiones del gobierno", provocando así el cierre de "los mercados extranjeros naturales y en potencia de la producción rural, a quienes no se les permitirá cobrar el precio de su trabajo, aunque fuera con artículos superfluos importados".
Hacia fines de 1937, los índices de la economía argentina, que parecían indicar un restablecimiento del equilibrio en el nuevo nivel propuesto por la élite hegemónica, comenzaron a caer nuevamente. Las cosechas fueron excepcionalmente malas, los precios de los productos agropecuarios cayeron y las exportaciones bajaron un 44%. En 1938 la balanza de pagos en cuenta corriente arrojó un déficit de 379 millones de pesos: las condiciones de la crisis parecían volver a repetirse. La respuesta elaborada entonces por la élite puede servir como un nuevo indicador del sentido de su estrategia.
Por un lado se devalúa nuevamente el peso y la actitud se encuadra absolutamente dentro de los marcos de una orientación estrechamente "agroexportadora". Pero además se establece por primera vez el requisisto de cambio previo para las importaciones. Esta expresa restricción cuantitativa a las importaciones significaba el paso más decidido dado por la élite dentro de una estrategia proteccionista. Para algunos autores, la agudización del sistema de control de cambios a fines de 1938 "representa la supresión de los últimos vestigios del comercio libre".
Salvar la industria, entonces, supone contribuir a mantener el sistema. Este caracter permisivo con que la élite ampara el crecimiento industrial, sin poner en discusión el control del proceso, es la base objetiva de la alianza en la que se integra una clase industrial que no reclama más que su supervivencia.
TRas una apreciable disminución del déficit en 1939, el año 40 se presentaba otra vez particularmente difícil por el cierre de los mercados europeos a las exportaciones argentinas, derivado de la guerra. En esas condiciones el Ministerio de Hacienda elabora un Plan de Reactivación Económica. Desde septiembre de ese año, Federico Pinedo, redactor del proyecto, ocupaba otra vez el ministerio. El plan articulaba una serie de medidas para superar la recesión, contenía disposiciones para la defensa del sector industrial.
El objetivo del plan era mantener a un nivel satisfactorio la actividad económica. Su punto de partida era la compra por el Estado de los excedentes agrícolas que no podían colocarse, medida reclamada unánimemente por las organizaciones de los propietarios rurales.
Aquí vuelve a resumirse con suma presición el sentido de una política, que manteniéndose dentro de los marcos hegemónicos de la "oligarquía" tradiconal convocaba a una ampliación de sus límites para permitir la incoporación de la industria. El "Plan Pinedo" , intentando legislar sobre todo aquello que el grupo representativo de los industriales reclamaba sin haber sido oído, aparece como el mejor testimonio de ese procedimiento de movilización de la manufactura bajo control de la élite tradicional que se produce entre 1933 y 1943. Este plan, que incluía las reivindicaciones largamente reclamadas por los industriales, significaba en realidad un lúcido intento de reforzamiento de la hegemonía "oligárquica".
La Sociedad Rural Argentina, por su parte, no rechaza el plan, pero considera neceario reafirmar la premisa de que "la prosperidad de nuestro país está supeditada a la marcha de los negocios agropecuarios". Lo principal, entonces, para la SRA, es la compra de las cosechas.
Frente a la alianza entre los ganaderos privilegiados y los industriales, cuyos intereses el Estado intenta amortizar, la alternativa que parece promover la UCR es la de una alianza en la que participen los grupos agrarios subordinados y las capas medias urbanas no ligadas a la industria. Así, el eje central de las críticas de la UCR al plan Pinedo está centrado en lo que éste tiene de proteccionista.
Uno de los rasgos salientes de la etapa es el crecimiento de los roles asumidos por el Estado en la estructura social. El Estado pasará a ser expresión de la creciente complejidad de las relaciones económicas, reflejando así la diferente articulación de la estructura de ésas, a partir del crecimiento de la industria.
La homogeneidad de la entigua estructura de poder tiende a quebrarse después del 30, arrastrada por las modificaciones que el equilibrio del sistema requiere en el nivel de la estructura económica, como consecuencia de la crisis. El Estado se realiza así como equilibrador dentro de un bloque de pocer más complejo; como moderador de una alianza objetivamente estructurada alrededor de los intereses comunes de distintas clases.
Este factor constitutivo de una orientación "universalista" que sintetiza tendencias parciales, es el Estado, controlado por la élite política tradicional que sustituye el yrigoyenismo.
Los mecanismos de esa proyección "universalista" que puede soldar el bloque de poder operan en dos dimensiones: en primer lugar, a través de la instrumentalización de políticas de corto plazo, reservadas a la iniciativa directa del Poder Ejecutivo y cuya dirección es hacia la viabilización de cierto crecimiento industrial, en tanto acentúa barreras de tipo proteccionista. En segundo lugar, por medio del intento de implementar políticas de largo plazo, más integrales (como el Plan Pinedo y sus antecedentes) que necesitan el complicado apoyo legislativo.