Por cuanto: El Plan de los 100 Días para la Reestructuración del Gobierno propone operar el gobierno como si fuera un negocio, principio empresarial ajeno al servicio público cuya aplicación tendrá serias consecuencias sobre los empleados de las agencias del gobierno y el servicio de calidad que debe recibir nuestro pueblo.

Por cuanto: La reestructuración planteada es parte de un proceso de privatización que incluye entre otras cosas:

A. Despido de miles de empleados públicos y la pérdida de derechos laborales de aquellos que mantengan su empleo.

B. Que las escuelas sean administradas y operadas por empresas privadas.

C. Que el mantenimiento de los edificios, parques, carreteras y líneas eléctricas, se ponga en manos de los municipios para facilitar su privatización mediante la subcontratación de estos servicios a empresas privadas.

D. Transferir los servicios de colecturía y pago de utilidades a la banca privada.

E. Consolidar y relocalizar agencias para forzar la renuncia de cientos de empleados.

Por cuanto: El Plan de los 100 Días responde a las exigencias de los bonistas, la Asociación de Industriales, la banca, el megacomercio y a otros poderosos intereses empresariales que controlan la economía de Puerto Rico. El Plan persigue, entre otras cosas, el despido de trabajadores, garantizar las ganancias de los bonistas y privilegiar a los inversionistas al facilitar los permisos de proyectos y aumentar los incentivos empresariales.

Por cuanto: La implantación de este Plan constituye una violación de las leyes del trabajo. Es un ataque al derecho de los trabajadores y trabajadoras a organizarse sindicalmente y a negociar convenios colectivos pues se ha impuesto unilateralmente, sin consulta ni negociación con los representantes exclusivos de los trabajadores de las agencias afectadas, a pesar de que altera los términos y condiciones de trabajo.

Por cuanto: El gobernador, Aníbal Acevedo Vilá, está traicionando su compromiso programático de rechazar la imposición de un "sales tax" y la privatización o municipalización de servicios públicos. La entrega del patrimonio público a la empresa privada demuestra que el Gobernador está al servicio de los grandes intereses económicos y que le ha dado la espalda a nuestro pueblo.

Por cuanto: El gobierno-patrono se niega a negociar de buena fe y desarrolla una campaña de represión y hostigamiento contra los servidores públicos, cuyo propósito es atemorizar y reprimir los justos reclamos de los trabajadores en las negociaciones colectivas.

Por cuanto: Operar el gobierno como si fuera un negocio es antagónico al derecho del pueblo a disfrutar de unos servicios públicos de calidad pues con la privatización la ciudadanía pierde todo control sobre el servicio y, dado que el afán de lucro es lo que guía al empresario, la calidad pasa a un segundo plano.

Por cuanto: Experiencias recientes de privatización, particularmente a través de la subcontratación, han causado una ola de sobornos, desvío de fondos públicos, fraudes y otras modalidades de corrupción que han afectado seriamente al erario y los servicios al pueblo, confirmando que la privatización es sinónimo de corrupción.

Declarar que los servicios básicos en manos del estado son una importante conquista del pueblo para procurarse su bienestar social frente a la voracidad de los ricos empresarios que sólo le interesa llenarse los bolsillos.

Repudiar y combatir con todas nuestras fuerzas la ofensiva privatizadora y de municipalización del Plan de los 100 Días pues sus consecuencias previsibles serán despidos masivos, incremento en la explotación de los trabajadores, el empeoramiento de los servicios a todos los niveles y el aliciente a la corrupción.

Exigir y promover que se detenga la implantación del Plan de los 100 Días; establecer que toda propuesta que se quiera implantar sea discutida y negociada con los sindicatos que representan a los empleados públicos y se garantice que no va a haber privatización de los servicios públicos.

Reafirmar que el movimiento obrero lucha por el desarrollo y fortalecimiento del servicio público de excelencia y condiciones de trabajo justas y dignas para todos los empleados públicos.

Hacer un llamado a los sindicatos, a las organizaciones sociales, estudiantiles, cívicas, culturales, comunales y al pueblo trabajador en general, a coordinar esfuerzos y movilizarnos para detener los planes privatizadores y defender nuestro derecho a unos servicios públicos de calidad.

Aprobada en San Juan, Puerto Rico, hoy 3 de noviembre de 2006.