Un juez federal de Estados Unidos declaró ayer inconstitucional la pena de muerte, porque “crea un riesgo indebido de ejecutar a personas inocentes”. La decisión, que sin duda será sometida a una apelación, constituye la primera declaración de ese tipo emitida por un juez federal y echará más leña al debate sobre la pena capital. Si es mantenido por la Corte de Apelación, el fallo detendrá las ejecuciones federales dentro del circuito del juez –Nueva York, Connecticut y Vermont–, pero no afectará casos de los 38 estados que tienen pena capital. El juez de distrito Jed Rakoff, de una corte federal de Manhattan, dijo que la actual pena de muerte “le quita a gente inocente una significativa oportunidad de probar su inocencia”, violando así los requisitos para un debido proceso que marca la ley.

 Según el magistrado, pruebas disponibles en la actualidad sugieren que personas inocentes son sentenciadas a muerte más frecuentemente de lo que antes se creía. Rakoff considera que un fallo de la Corte Suprema de 1993 –según el cual era remota la posibilidad de que un inocente sea ejecutado– ya es obsoleto, por los avances de la ciencia moderna, en particular el uso de exámenes de ADN. “Lo que probó el examen de ADN es el considerable grado de falibilidad en los procesos de búsqueda de datos en los cuales nos apoyamos en casos criminales”, indicó.
El controvertido fallo surge después de que trascendiera que el fiscal general, John Ashcroft, estuvo empujando agresivamente a sus fiscales para pedir la pena de muerte en casos donde se había recomendado la prisión perpetua.
Desde que asumió el cargo el año pasado, Ashcroft revirtió las recomendaciones de los fiscales federales doce veces, ordenándoles que pidan la pena de muerte en casos donde ellos habían recomendado no hacerlo, según las estadísticas federales publicadas por el diario Washington Post. También impulsó la pena de muerte para casos de estados como Michigan y Vermont, donde ya no se aplica, pero puede ser excepcionalmente dictada en algunos casos federales.
Desde la asunción de Ashcroft, el Departamento de Justicia pidió, con una frecuencia tres veces mayor, la pena de muerte para hombre negros que habían matado a personas blancas que por sospechosos negros que supuestamente habían matado a no-blancos, según el Proyecto del Consejo sobre la Pena de Muerte, que monitorea esos casos. Las personas no-blancas constituyen el 80 por ciento de los acusados a nivel federal en casos de pena capital.
El fiscal general, cuyo nombramiento fue visto como un gesto del presidente Bush hacia los cristianos conservadores, revirtió el pedido de los fiscales en casos en Nueva York, Maryland, Michigan, California, Vermont, Florida, Illinois, Indiana y Tennessee. Su intento por imponer la pena de muerte se produce en un momento en que los juzgados norteamericanos están restringiendo cada vez más su aplicación. El mes pasado, la Corte Suprema emitió un fallo según el cual las personas con dificultades de aprendizaje no pueden ser ejecutadas y otro por el cual la pena capital puede ser impuesta sólo por un jurado y no por un juez que toma la decisión solo, luego de que el acusado fue condenado por el jurado.